El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, entregó a la Cámara de Diputados el primer informe parcial sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2018.
El documento está conformado por 268 informes individuales, correspondientes al 17 por ciento de las mil 572 auditorías programas para dicha Cuenta Pública.
Fue recibido por el presidente en funciones de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Marco Antonio Andrade Zavala en reunión de trabajo de esta instancia legislativa.
El informe expone que se emitieron mil 497 observaciones, de las cuales 629 son recomendaciones. También 13 solicitudes de aclaración, 392 pliegos de observaciones, 28 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 435 de responsabilidades administrativas sancionatorias.
Colmenares Páramo apuntó que durante su gestión se han presentado 56 denuncias ante las autoridades correspondientes, a fin de que valoren la existencia de probables responsabilidades.
El auditor destacó tres temas: la fiscalización de la rehabilitación de las plantas fertilizantes nitrogenados en Veracruz, donde se identificó la pérdida de 212.6 millones de dólares.
El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, donde de los 4 mil 935. 2 millones de pesos que lo componen, alrededor del 50 por ciento se destinó a Oaxaca y Chiapas.
Y la revisión del proceso de reconstrucción de las afectaciones provocadas por los sismos de 2017, en la cual se observó que el Estado no garantizó que los donativos fueran entregados a los afectados por el fenómeno natural.
Detalló que “(El Estado) careció de un mecanismo ágil, transparente y efectivo para su recepción, administración, control, distribución y supervisión, en cumplimiento de la Ley General de Protección Civil”. Al respecto, indicó que en lugar de apegarse a lo establecido en dicha legislación,se creó el Fideicomiso Fuerza México sin que se justificara esa decisión.
Respecto a los donativos internacionales, la ASF indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en ese tiempo a cargo de Luis Videgaray, no llevó a cabo un registro de los mismos, aun cuando la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo marca que se debe realizar.
En un recuento de las notas diplomáticas, la ASF identificó que se donaron 3 millones 234 mil 169.5 millones de dólares americanos, 600 mil dólares canadienses, 48 mil 494 euros y 20.16 millones de pesos; pero estos datos no aparecieron en el Rencid.
La ASF también detectó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuya titular era Rosario Robles, “careció de un padrón confiable sobre las viviendas afectadas”, dado que en sus bases de datos tenían cifras distintas; en una se contabilizaron 170 mil 199 viviendas y en otra 170 mil 871.
