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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 “no va a detenerse” ante el reciente reclamo de los familiares, que aún exigen presentarlos con vida.

“Ya está bastante avanzada la investigación, hay muchos elementos, de todas maneras se está pidiendo la opinión del grupo asesor, se están pidiendo otras consultas y no va a detenerse la búsqueda”, sostuvo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen tras la marcha del viernes pasado de los padres de los 43 jóvenes en la que exigieron pruebas “objetivas, científicas e indubitables” de que están muertos, como da por hecho el informe presentado hace dos semanas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

López Obrador, quien creó la Comisión para la Verdad al asumir la presidencia, prometió que “se le va a dar continuidad” a la investigación, porque “es un compromiso con los padres”, pero defendió los hallazgo de la investigación.

“Lo que nos interesa mucho mucho, desde luego a los padres, es saber dónde están los muchachos, sus restos, qué pasó con ellos. Sí hay en el informe evidencias, hay declaraciones de lo que hicieron con ellos, cosas muy crueles, pero tiene que tenerse certeza completa”, añadió.

Y es que la polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014 se ha reavivado tras el informe que presentó el 18 de agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.

El mandatario prometió que “de conformidad con la investigación, se sabe quiénes participaron”, por lo que “no va a haber impunidad y todos los que participaron van a ser juzgados”, tanto en su desaparición como en el presunto encubrimiento que hicieron las autoridades del caso.

“Esas órdenes de aprehensión ya se están tramitando ante los jueces y ya se están aplicado. Pero es lo que tiene que ver con los crímenes, sea desaparición, sea asesinato, eso es lo que sucedió con los muchachos, y luego es el encubrimiento”, manifestó.

Al respecto, este lunes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al gobierno federal garantizar la verdad y justicia en el caso de los 43 normalistas.

El organismo internacional solicitó en un pronunciamiento que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga “una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas”.

Esto, indicó, para determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares, involucrados por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas”.

Recordemos que hasta ahora, el detenido de mayor perfil es Jesús Murillo Karam, quien estaba al frente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante el caso, y quien desde el viernes pasado permanece en prisión y fue vinculado a proceso.

La ONU-DH coincidió con el informe en rechazar la llama Verdad Histórica, como se conoce la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, que afirmaba que policías corruptos entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Guerrero.

El gobierno federal negó que haya un uso político del informe que presentó la semana la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que concluyó que se trató de un “crimen de Estado”.

“Una de las afirmaciones que se han hecho frecuentemente del informe es que esta es una posición política del Gobierno, y nosotros queremos destacar que este informe es el resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico que contó con el apoyo y asesoría de un comité científico y de un grupo interdisciplinario integrado por personas de diversas instituciones públicas convencidas de que la ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la verdad”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

El subsecretario defendió el informe, que da por muertos a los 43 estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014 y derivó el viernes pasado en el arresto de Jesús Murillo Karam, entonces titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

El subsecretario reconoció que hay un “contenido político”, pero consiste en “esclarecer un crimen de Estado”. Detalló que las indagatorias se dividen en dos momentos: los antecedentes y hechos de la desaparición y la intervención de autoridades de diferentes órdenes de gobierno que encubrieron el crimen.

Explicó que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa cuenta con 41 mil 168 documentos proporcionados por instituciones como las secretarías de la Defensa Nacional, de Gobernación, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, además de testimonios de sobrevivientes.

Además se llevó a cabo el análisis de comunicaciones con integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos durante las horas críticas de la desaparición los días 26 y 27 de septiembre de 2014. El ejercicio permitió ubicar 206 mil registros y 116 números telefónicos de personas clave vinculadas a la red de autoridades y policías municipales.

Alejandro Encinas calificó de “absolutamente falso” el que el informe no diga “nada nuevo” y que solo se base en una fuente de información como los detractores del gobierno, incluido el propio Murillo Karam, han señalado.

Negó que el informe sea igual a la llamada Verdad Histórica, la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.

“La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo, era tomar camiones”, aseveró.

Señaló que han descubierto que la orden la dio José Luis Abarca, entonces alcalde del municipio de Iguala, y el grupo criminal Guerreros Unidos en colusión con otras autoridades.

Pese a los avances presumidos, reconoció que aún no identifican dónde están los cuerpos de las 43 víctimas. “¿Dónde están? Por supuesto, fueron objeto los muchachos de una labor cruel de desaparición y se está tratando de ubicar los sitios donde hay testimonios de algunas de las personas involucradas”, añadió.

El subsecretario aclaró que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que tiene acceso a toda la información recabada sobre el caso.

Un juez determinó esta tarde que existen elementos suficientes para procesar penalmente al extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo, por diversos delitos en relación a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con información difundida por el Consejo de la Judicatura Federal  (CJF), Murillo Karam fue vinculado a un proceso penal por los delitos de por desaparición forzada y tortura.

Además, el exfuncionario deberá responder en un juicio por delitos contra la administración de justicia, según decidió el juez en la audiencia que se celebró este miércoles en el Reclusorio Norte.

Durante la audiencia, que dio inicio poco después de las 09:00 horas, el excolaborador del sexenio pasado dijo que la llamada “Verdad Histórica” no había podido ser refutada. “Se pudieron cometer fallas, pudo hacerse mejor, puedo aceptar algunos errores,  pudo haber fallas, y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar”.

Murillo, quien también fue diputado, senador y gobernador de Hidalgo entre 1993 y 1998, fue detenido el viernes pasado, convirtiéndose así en la aprehensión del exfuncionario de más alto rango hasta el momento por el caso de la desaparición de los estudiantes.

Murillo Karam estuvo a cargo de la fiscalía general durante la primera mitad de la gestión del exmandatario Enrique Peña Nieto. En ese tiempo, encabezó los esfuerzos del gobierno federal por resolver lo sucedido.

Expertos independientes encontraron serias fallas en sus conclusiones, que sostenían que los normalistas de la escuela de Ayotzinapa habían sido incinerados en un basurero por órdenes de un grupo criminal. Ahora, fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de fabricar la Verdad Histórica.

Y es que dar con el paradero de los normalistas fue una de las promesas de campaña del presidente López Obrador, quien relanzó las investigaciones tras asumir el cargo a fines de 2018.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó esta mañañana que el extiular de la extienda Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, preso desde el pasado viernes por el caso Ayotzinapa, debe hablar, incluso bajo criterios legales que le beneficien.

Durante su conferencia matutina, AMLO consideró que Murillo Karam podría acogerse al llamado criterio de oportunidad, una figura legal que permite a un testigo declarar bajo protección o con negociación de penas más reducidas.

“Sí, todos (los involucrados en el caso). Inclusive sin acogerse (al criterio de oportunidad) este es un asunto de dignidad, si alguien está siendo acusado injustamente, tiene que hablar”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

López Obrador se refirió a la audiencia que tiene inició esta mañana en la que su defensa busca presentar las pruebas que demuestren su inocencia, aunque también podrían procesarlo por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Murillo Karam está acusado de ser uno de los fabricantes de la llamada Verdad Histórica, una versión del gobierno de Enrique Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.

En este contexto, López Obrador le pidió que en la audiencia ofrezca más detalles del caso. “Los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen, que todos hablen, si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden”, manifestó López Obrador.

La audiencia del exprocurador, que inició pasadas las 09:00 hrs en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, ocurre tras conocerse el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, además de que señala que no hay indicios de que los normalistas estén vivos.

Recordemos que el criterio de oportunidad fue otorgado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, con el objetivo de que revelara información sobre actos ilícitos cometidos por servidores públicos de más alto rango.

El arresto de Murillo Karam es el de mayor perfil del caso hasta ahora, mientras el gobierno busca la extradición desde Israel de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y acusado de irregularidades en el caso.

“El mismo procurador de entonces asegura que él es responsable con el señor Zerón, de acuerdo con la versión pública, y dada a conocer por la Fiscalía”, dijo el presidente, por lo que reiteró su llamado al gobierno de Israel para colaborar con la extradición de Zerón.

“No pueden estar protegiendo a personas así. El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta, diciendo que iban a cooperar, que iban a apoyar” dijo AMLO, aunque lamentó que ya se ha haya demorado mucho dicho proceso.

López Obrador también se comprometió a entregar “toda la información, completa” de la Comisión de la Verdad que él ordenó crear en 2018 al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Un juez mexicano ordenó garantizar la salud física y mental, así como las comunicaciones de Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), quien fue detenido por su presunta participación en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia penal, en la Ciudad de México, Antonio González, señaló en su resolución judicial que la salud del exprocurador debe ser cuidada en un contexto en el que todavía persiste la pandemia de COVID-19.

El juez indicó que Luis Ángel Hernández, director del Reclusorio Norte, donde se encuentra Murillo Karam desde el sábado, “queda obligado a garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica” del detenido.

“Por lo que de manera inmediata deberá tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio”, añadió.

González también le concedió a Murillo una “suspensión de plano para el efecto de que cesen los actos de incomunicación”, aunque eso no implica su libertad porque se mantiene una orden de prisión preventiva por alto riesgo de fuga.

Además, se ordenó permitir el acceso de familiares, abogados y autorizados.

Fue el pasado viernes, cuando la Fiscalía General de la República y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) arrestaron a Murillo Karam por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, todos relacionados con el caso Ayotzinapa, así como por la fabricación de la llamada Verdad Histórica.

El exprocurador enfrentó su primera audiencia el sábado, en donde se le concedió una segunda audiencia para el mañana a las 08:00 horas, con el fin de que su defensa presente las pruebas que lo deslinden del “crimen de Estado”.

Recordemos que el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la polémica primera versión que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la que habría intervenido Murillo Karam, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 normalistas fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, y no hay indicios de que estén vivos.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con el periodista Jorge Fernández Menéndez sobre la detención Murillo Karam en relación al caso Ayotzinapa, su relevancia e implicaciones políticas, y qué se podría esperar; además del proceso que se le sigue a Rosario Robles.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue respaldado este lunes por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de que su nombre se mencionara como parte de la audiencia contra el extitular de las PGR, Jesús Murillo Karam, debido a su presunta participación en un encuentro para crear la llamada verdad histórica de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Es un hombre íntegro (…), ha desempeñado un papel sumamente importante para beneficio de las familias en la ciudad”, dijo Sheinbaum en un evento al confirmar a la prensa que García Harfuch seguirá al frente de la dependencia.

Y es que un informe de la Secretaría de Gobernación (Segob), difundido el pasado jueves, señala a diversas autoridades de haber entorpecido las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Tras conocerse el informe, el viernes fue capturado el exfiscal general Jesús Murillo Karam, responsable de las indagaciones, acusado de “desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia”.

En la acusación contra el exfuncionario, la FGR señaló a García Harfuch de haber participado, junto con una treintena de autoridades, en una reunión en Guerrero el 7 de octubre de 2014 en la que se habría acordado una línea de investigación que excluía la supuesta responsabilidad de militares.

“Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica'”, aseguró en Twitter García Harfuch, uno de los funcionarios mejor evaluados y con más notoriedad en la administración de Sheinbaum, y quien en aquel momento era comisionado de la Policía Federal en Guerrero.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se limitó al decir que “van a salir muchos nombres y eso no responsabiliza a nadie”, al ser consultado sobre el funcionario capitalino.

En el mismo sentido se expresó Claudia Sheinbaum, quien defendió que en varias veces ocasiones, su colaborador ha dado la explicación de que él no estaba en Guerrero cuando sucedieron los hechos.

“Entonces, ahora ha hecho una opinión y además es muy importante decir que en la Ciudad de México y desde que él integra, porque él es un hombre íntegro, nosotros ponemos siempre por encima de todo el respeto a los Derechos Humanos y el trabajo que hacemos siempre es con base en las condiciones que tenemos, que es respeto a los Derechos Humanos, seguridad a la población, pero por encima de todo, siempre la verdad y la justicia”, añadió la mandataria capitalina.

Recordemos que el 26 de junio de 2020, García Harfuch sobrevivió a un atentado del cártel Jalisco Nueva Generación en Ciudad de México, en el que murieron tres personas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este lunes que no habrá impunidad para las personas que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, e indicó que todos están siendo juzgados, esto tras la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam.

“Estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó, ahora el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos”, apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador aseguró que existe una “gran corresponsabilidad” de muchas personas en la desaparición de los estudiantes, ocurrida en Guerrero el 26 de septiembre de 2014, pero dijo que quienes participaron de manera directa “son los que están siendo juzgados, la investigación no se cierra”.

Cuestionado sobre si debería detenerse al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), el mandatario indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) o los jueces los que determinarán si hay otros involucrados.

“Lo van a decidir en absoluta libertad, lo mismo si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables aparecen nuevas versiones más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces”, apuntó el mandatario.

Negó que las órdenes de aprehensión hayan tardado en presentarse, pues aseguró que se hizo una “investigación minuciosa” y que se actuó “con mucho profesionalismo”, refiriéndose así al informe presentado el pasado jueves por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que concluyó que el acto fue un “crimen de Estado”.

“Fueron muchos expertos nacionales y extranjeros, y se hizo una investigación a fondo, y ellos sin injerencia de ningún funcionario público, ni del presidente, elaboraron el informe, y ellos sin injerencia de nadie, ni del presidente, hicieron la lista de los que consideraban responsables, tanto de la desaparición de los jóvenes, como del ocultamiento de los hechos”, sostuvo.

El presidente hizo estas declaraciones cuestionado sobre la detención del extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) Murillo Karam, el pasado viernes acusado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.

López Obrador indicó que más allá de las pruebas que se presenten, el exfuncionario reconoció ser el responsable de la investigación que derivó en la “verdad histórica”.

“En el caso del procurador Murillo Karam, su detención independientemente de las declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la fiscalía”, dijo López Obrador al presentar un fragmento del mensaje que ofreció el ahora titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero en una reunión con los padres de los normalistas.

Recordemos que el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a la Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada Verdad Histórica, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, y no hay indicios de que estén vivos.

El presidente López Obrador adelantó que pedirá al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que comparta mayores detalles, lo “sustancial” del caso, para que no quede “ninguna duda” sobre la investigación de lo ocurrido con la desaparición de los normalistas.

Durante la presentación del caso en contra del extitular de las PGR, Jesús Murillo Karam, este fin de semana la Fiscalía General de la República (FGR) dio indicio de la probable participación del actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch en la fabricación de la llamada “Verdad Histórica”.

Las autoridades mexicanas presentaron el testimonio de Bernardo Cano, quien fuera el director general adjunto, con adscripción al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces PGR.

Según lo presentado por la FGR, Cano optó por un criterio de oportunidad para colaborar en las pesquisas, al ser quien grabó las entrevistas y torturas a cuatro supuestos integrantes de Guerreros Unidos y que fueron utilizadas para sustentar la primera versión de lo ocurrido a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Según Cano, la elaboración de la “verdad histórica” se planeó con anticipación en una reunión en la que participarían altos mandos, entre ellos, Harfuch, quien entonces era el encargado de la Policía federal en Guerrero.

Al respecto, el funcionario capitalino utilizó sus redes sociales para rechazo los señalamientos que se han hecho en su contra, y calificó como “absurdo” el que se le intente vincular con la reunión que se ventiló se dio para “fraguar la Verdad Histórica”.

“Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días”.

En diversas entrevistas, García Harfuch ha precisado que cuando ocurrió la desaparición de los normalistas él se encontraba en una asignación en Michoacán. “Es muy importante precisar que cuando suceden esos hechos (…) es muy importante en dónde estaba yo. Estaba en Buenavista Tomatlán, estaba en Nueva Italia”, ha señalado.

“No estábamos solos, o con tres compañeros que pueden testificar, eran operativos muy grandes, de cientos de personas. Pueden corroborar el hotel en donde yo vivía en Nueva Italia, yo ya no estaba en Guerrero. Si hubiera estado, por supuesto que sales a asumir y eso no te hace responsable de ningún delito. Esas cosas no se pueden ocultar”, añadió.

Otro implicado que fue mencionado durante la audiencia de Murillo Karam es Tomás Zerón, quien fuera el titular de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), y quien enfrenta un proceso de extradición hacia México desde Israel, por presuntas torturas para confirmar la entonces “Verdad Histórica” presentada por el gobierno en 2015.

También el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aseguró no haber colaborado en la creación de la Verdad Histórica, y reiteró en un mensaje público que él y sus excolaboradores están dispuestos a declarar las veces que sean necesarias ante las autoridades judiciales.

Aguirre Rivero precisó que nunca se reunió con Murillo para construir la versión del asesinato y calcinamiento de los jóvenes en el basurero de Cocula, versión que, dijo, fue “desechada porque fue creada”.

El exgobernador aseguró tener la conciencia tranquila y dijo que, desde las investigaciones en 2014, cortó su relación con el gobierno guerrerense para colaborar, cuando se separó por decisión propia, y la presión mediática en torno a las fallas en la atención de la inseguridad en el tiempo que administró el estado.

Consideró que no es momento de especular en las investigaciones que lleva a cabo la ahora Fiscalía General de la República (FGR) sobre la desaparición de los estudiantes en 2014, luego de versiones que lo señalan como uno de los participantes en la reunión donde se fraguó la versión.

“Reitero que nunca sostuve reunión alguna para planear la Verdad Histórica, nunca celebré ninguna reunión con Murillo en Iguala y en ninguna otra parte”, manifestó.

Aguirre expresó que es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones y quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia, y dijo que, de acuerdo con el informe de la propia Comisión de la verdad, participaron elementos de instituciones federales y municipales.

Abundó que tras el informe contactó al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para expresarle su disposición de colaborar en la investigación del caso hasta que concluya.

El extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, permanecerá en prisión hasta el próximo miércoles 24 de agosto, fecha que se definió  para la segunda audiencia, luego de que fuera detenido por su presunta participación el “crimen de Estado” en el que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La segunda audiencia fue programada por el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, a las 8:00 horas del próximo miércoles, tras más de 12 horas de duración de su primera comparecencia ante el Poder Judicial este fin de semana, en la que se concedieron tres recesos.

Durante la audiencia se informó de que el exfuncionario, a cargo de la entonces PGR durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, deberá permanecer en prisión preventiva, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que hay un elevado riesgo de fuga, al contar con una cuenta con más de 85 millones de pesos y múltiples propiedades en los estados de Hidalgo y Guerrero.

La defensa del exprocurador pidió la ampliación o “duplicidad” del plazo establecido para ofrecer pruebas en descargo de su defendido, razón por la cual la audiencia de “vinculación a proceso” se efectuará hasta el miércoles.

Recordemos que el pasado viernes, la FGR y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), arrestaron a Murillo Karam por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, todos relacionados con el caso Ayotzinapa, así como por la fabricación de la llamada “Verdad Histórica”.

El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre. Según la polémica primera versión que presentó el gobierno de Peña Nieto, la llamada Verdad Histórica, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, además de que señaló que no hay indicios de que estén vivos.

La Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desmentido la Verdad Histórica al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en dicho basurero.

Su llegada al Reclusorio Varonil Norte se dio la mañana del sábado, luego de permanecer en las instalaciones de la FGR en Tacubaya, desde donde fue trasladado en una camioneta gris, escoltada por elementos de las fuerzas armadas.

Murillo Karam es hasta ahora el más alto exfuncionario detenido por la desaparición de los normalistas.

Además de la detención del extitular de la PGR, la Fiscalía informó que obtuvo órdenes de captura contra 20 militares, 44 policías y cinco funcionarios estatales igualmente vinculados al crimen de los 43 normalistas. Adicionalmente, se autorizó la captura de 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, presuntos ejecutores del asesinato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este viernes que no está cerrado el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, esto luego de que ayer se presentara el informe de la Comisión de la Verdad del caso que concluyó que se trató de un “crimen de Estado” y que descartaba que los estudiantes estén vivos.

“Desde luego el caso no está cerrado, ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo, y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la Justicia”, manifestó López Obrador desde Tijuana.

Ayer, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, encabezó la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que López Obrador creó en 2018 para resolver el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

El reporte, el primero en su tipo, concluye que el acto fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles, incluyendo al Ejército.

López Obrador, quien prometió resolver el caso cuando asumió la presidencia en diciembre de 2018, insistió en que “no se termina el proceso, es un informe” y que “además este tipo de delitos no prescriben”.

Sobre la actuación del Ejército, el mandatario argumentó “que debe tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables”.

Recordó que él sostuvo que “si miembros del Ejército habían participado en actos ilícitos, en vez de debilitarlo, dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecía la institución”.

El informe se presenta a un mes de que se cumplan 8 años de los hechos. El 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, mejor conocida como la “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador desmintió dicha versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Quién en ese momento estaba al frente de la entonces te PGR era Jesús Murillo Karam, a quien se le ha considerado como el defensor de la llamada verdad histórica.

Este viernes, la Fiscalía General de la República informó sobre su detención, cuando iba saliendo de su domicilio en un inmueble ubicado en Lomas de Chapultepec.

Y es que según la carpeta de investigación Murillo Karam estaría entre los funcionarios públicos que incurrieron en ma alteración de los hechos, por lo que se estaría señalando como presunto responsable de la fabricación de la versión anterior del caso Ayotzinapa.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de Estado en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles y no hay indicios de que estén vivos, concluyó este jueves de forma preliminar la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso.

“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, en una conferencia de prensa.

El funcionario presentó las primeras conclusiones preliminares de la comisión que creó en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Guerrero.

La comisión también concluyó que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes e, incluso, las acusó de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad.

“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas”, mencionó Encinas sobre las autoridades, incluyendo miembros del Ejército y de las policías locales.

En ese sentido, se reveló que el Ejército tenía infiltrado a un soldado en la normal, con el fin de conocer las acciones que realizaban los estudiantes para la conmemoración de la marcha del 2 de octubre de 2014, lo que habría permitido que las autoridades supieran lo que ocurría en la escuela.

Señaló que el militar infiltrado, de nombre Julio César López, también desapareció, aunque los mandos no emprendieron acciones para buscarlo; reclamó que en caso de que se hubiera intentado localizarlo, se pudo haber evitado la desaparición y el asesinato del resto de los estudiantes.

El funcionario también reconoció que “no hay indicios” de que ninguno de los estudiantes esté vivo y que “nunca estuvieron juntos” desde que se separan en la estación de autobuses de Iguala esa noche.

Recordemos que según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Encinas anunció que México ofreció a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso, un acuerdo para que colabore con la justicia a cambio de información que pueda esclarecer los hechos y el destino de los jóvenes.

Zerón, que se encuentra prófugo en Israel acusado de tortura y desaparición forzada, no aceptó la oferta de inmediato pero el gobierno sigue en contacto con sus abogados. El exfuncionario es considerado el artífice de la versión oficial del gobierno de Peña Nieto.

El subsecretario ofreció también datos que reavivan la hipótesis de que el tráfico de heronia que se realizaba en esa región pudo estar en el centro del crimen. Según explicó, se confirmó que un autobús sin pasaje libró esa noche al menos 16 retenes y “nunca fue detenido” aunque, según los mensajes interceptados, ahí se encontraba “la mercancía”. “Y la mercancía es o droga o dinero”, indicó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que el informe del gobierno sobre el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa “no va a ocultar nada” y esclarecerá las verdaderas motivaciones de la versión del anterior sexenio conocida como la ‘verdad histórica’.

“Vamos a tener ya una primera información pública con todos los elementos. No se va a ocultar nada”, dijo López Obrador. “Estamos avanzando y estamos avanzando bien pero falta. Es un compromiso y los compromisos se cumplen y no hay impunidad”.

En mandatario indicó que se trata de una investigación en curso que va a tener resultados. Dijo que hay más elementos y pronto vamos ya a dar a conocer lo que se considera que sucedió realmente y quienes son los responsables. Prometió que se va a conocer todo lo relacionado con el lamentable asunto,

López Obrador ha insistido que tienen un “compromiso” tanto con las familias de las víctimas como con la sociedad mexicana, y aprovechó para denunciar los “obstáculos” a los que ha hecho frente su gobierno para llegar al fondo del asunto.

“Esto no les gusta a nuestros adversarios pero es cierto, si no hubiésemos ganado, ya hubiesen cerrado el caso Ayotzinapa, pero como la gente votó por una transformación, este caso y otros se van a aclarar”, enfatizó.

En ese sentido, explicó que la investigación “no se está viendo de manera aislada”, pues además del móvil y la identidad de los responsables, se está estudiando por qué se mintió dando a conocer una versión que no corresponde con lo que sucedió y lo más importante, saber dónde están los jóvenes.

Recordemos que el 28 de enero de 2015, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, aseguró que la “verdad histórica” consistía en que los 43 estudiantes de magisterio fueron asesinados, “incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula, por orden de autoridades locales que estaban en complicidad con el cártel Guerreros Unidos.

Sin embargo, en septiembre de 2020, una última investigación de la ya Fiscalía General concluyó que las autoridades del anterior gobierno, del expresidente Enrique Peña Nieto, habían cometido una serie de irregularidades al difundir que los jóvenes fueron asesinados por este grupo criminal al ser confundidos por una banda rival.

“Los jóvenes desaparecidos quedaron en medio de un choque de intereses del narcotráfico. Fue una coincidencia letal, enquistada en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos que tenían presencia en ese lugar”, denunció el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien habló de un “encubrimiento generalizado” por parte de las autoridades.

Las actuales autoridades han solicitado cerca de un centenar de nuevas órdenes de detención por ese caso, después de que fueron liberados al menos 70 imputados, que esgrimieron en su defensa haber sido torturados.

Sin embargo, recientemente, como parte del trabajo de investigación Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se ha conocido una grabación en la que se puede ver a personal de la Marina participar supuestamente en la manipulación de pruebas en el basurero de Cocula, escenario de la conocida como ‘verdad histórica’.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este martes que integrantes de alto rango de la Secretaría de Marina (Semar) involucrados en un operativo sobre el caso Ayotzinapa son investigados y ya han declarado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se dio la instrucción de que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía. Todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones del presidente llegan luego de que ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), divulgó un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa en el que se reveló un video del 27 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes, en el basurero de Cocula.

En las imágenes se muestra a miembros de la Marina siendo parte activa en la manipulación de pruebas durante la investigación de los hechos, específicamente en el basurero de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados los 43 estudiantes secuestrados, según la primera versión oficial del caso.

Al respecto, López Obrador dijo esta mañana que la investigación del caso sigue abierta. “Es un compromiso que tenemos, de dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, apuntó. Informó que los expertos del GIEI le presentaron el informe, incluido el video, previo a ser difundido a medios de comunicación.

“Se va a continuar con la investigación, ellos van a continuar un año más colaborando y se sigue haciendo la investigación”, agregó el presidente, quien prometió que se entregará toda la información que el gobierno y las Fuerzas Armadas tienen disponibles acerca del caso. “No se oculta nada”, subrayó.

“Toda la información del Ejército se ha puesto a disposición de la Comisión (para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa) y la Fiscalía especial, y esa es la instrucción que tienen y la están cumpliendo”, sostuvo López Obrador.

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre. Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, los estudiantes fueron entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Esta versión siempre fue cuestionada por los familiares de las víctimas y por el GIEI, que en los dos anteriores informes, presentados en 2015 y 2016, señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en el basurero.

El gobierno de López Obrador reabrió el caso en 2018 y tiró definitivamente la versión oficial del gobierno de Peña Nieto al identificar restos no calcinados de dos de los estudiantes, Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero. Estas dos identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.

Reportes pasados del GIEI y otras instituciones, así como algunos testigos, ya habían señalado en el pasado la participación de las Fuerzas Armadas en el caso, pero este nuevo informe reveló más vínculos con el suceso.

Estudiantes de Ayotzinapa que exigen encontrar a sus 43 compañeros desparecidos en 2014, se manifestaron este viernes en una caseta en Chilpancingo, Guerrero, donde se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional (GN).

Alrededor de 500 agentes de la Policía estatal y de la Guardia Nacional, cercaron a los estudiantes, quienes intentaban tomar la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, que conecta a Ciudad de México con Acapulco.

En medio de piedras, palos y golpes, los agentes de seguridad contuvieron a los manifestantes con escudos antimotines.

“Son estos los policías que siempre golpean a estudiantes, estudiantes que vienen exigiendo justicia, justicia por las caídas que hemos tenido”, denunció uno de los líderes de los estudiantes con el rostro cubierto a medios de comunicación.

Lo más impactante del enfrentamiento, fue cuando los supuestos estudiantes dejaron en marcha un tráiler sin conductor, el cual logró pasar la barrera de los elementos, para terminar estrellándose en unos puestos de comida que había al otro lado de la caseta.

Aunque las autoridades de federales aseguraron que intentaron llegar a un acuerdo con los estudiantes de la normal, algunos jóvenes denunciaron que hubo lesiones, lo que los llevó a tomar otras medidas, como la toma del tráiler o el uso de bombas molotov, piedras y cohetones.

En semanas recientes, los jóvenes han utilizado de forma creciente la toma de casetas para exigir justicia por los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014. Y aunque el gobierno federal ha prometido resolver el caso desde que llegó a la presidencia, aún se desconoce el paradero de los jóvenes.

“Nosotros somos una escuela de lucha, una escuela que no se queda callada, no se queda sumisa ante los atropellos del gobierno, un gobierno en turno que nos quiere callar, nos sigue tirando puras mentiras”, dijo otro de los estudiantes durante la manifestación.

En tanto, la gobernadora Evelyn Salgado ha afrontado crecientes presiones por la toma de casetas, por lo que este jueves pidió a las fuerzas federales resguardarlas de “vándalos” que las usan para adquirir dinero.

Luego del impacto del tráiler, el grupo de estudiantes se terminaron retirando de la zona. Se informó, preliminarmente, que al menos 5 manifestantes fueron detenidos.

Más tarde, la Guardia Nacional informó que al menos 14 elementos resultaron heridos, quienes fueron trasladados para su atención médica.

El gobierno federal han quedado a deber en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dijo  Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

“Aún existe la necesidad de verdad y justicia, de familias que no se cansan de luchar contra un sistema de procuración de justicia que, aún con la voluntad y valentía de funcionarios, incluso de oficinas gubernamentales completas, les queda mucho en deber”, declaró en un evento virtual.

El funcionario participó en la presentación del informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que se dedica a la defensa de derechos en Guerrero.

El reporte dedicó un espacio al caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, un hecho que aún no se esclarece pese a las promesas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“El caso ha cambiado al país, al estado de Guerrero, a las organizaciones acompañantes y a las familias de las víctimas a siete años de ocurridos los hechos”, indicó Fernández-Maldonado.

Recordemos que la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto promovió la “verdad histórica” que señalaba que policías corruptos en Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, quien los mató e incineró en un basurero de Cocula.

Sin embargo, tras la llega de López Obrador al poder, su gobierno reabrió la investigación y derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, que se encuentra lejos del basurero.

Aun así, el representante de la ONU-DH destacó la importancia de que la voluntad política vaya de la mano con resultados e información sustancial y relevante para la investigación.

El funcionario replicó las peticiones del informe, como el llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para garantizar que todo su personal y oficinas, más allá de la fiscalía especial, estén al servicio de la justicia y la verdad de este caso.

También pidió que que las autoridades utilicen todas las herramientas del sistema jurídico mexicano para identificar y erradicar la complicidad entre actores no estatales y estatales que obstaculizan el avance del caso. Exhortó a la Secretaría de la Defensa Nacional a contribuir mediante el acceso libre a toda la información relevante.

“Las omisiones o negligencias que dificultan o impiden el acceso a la información deben ser investigadas y sancionadas”, concluyó.

Un juez procesó a dos peritos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por “obstaculizar” en 2014 la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

“De acuerdo con la investigación, Mauricio ‘C’ y Patricia ‘G’, probablemente realizaron actividades en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, lo cual derivó en la obstaculización de la investigación acerca del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Los dos acusados, identificados por medios locales como Mauricio Cerón y Patricia Gómez, formaban parte de la Coordinación General de Servicios Periciales de la entonces PGR y fueron procesados por un juez de control de la Ciudad de México que fijó un plazo de seis meses para que sean investigados.

Los dos funcionarios, que afrontarán el proceso en libertad, habrían perdido restos óseos hallados en el río San Juan, zona donde se investigó la desaparición de los 43 estudiantes.

Y es que según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías en Iguala, Guerrero y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Este relato, conocido como la “verdad histórica”, fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

El actual gobierno echó abajo definitivamente esta versión al identificar restos no calcinados de Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.

Además de investigar el paradero de los jóvenes, las autoridades quieren juzgar a los responsables de la investigación en el gobierno anterior, liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.