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El Instituto Nacional Electoral (INE) ha comenzado con la discusión sobre los topes de gastos de precampaña y campaña a los que que los candidatos de la elección del 2018 tendrán que ajustarse.

 

  • Campaña presidencial: 429 millones 633 mil 325 (los tres meses de duración)
  • Precampaña presidencial: 67 millones 222 mil 417 pesos.
  • Campaña para diputaciones federales: millón 432 mil 111 pesos
  • Precampaña a diputaciones federales: 252 mil 8 pesos

 

En el caso de los topes para las campaña a un escaño en el Senado, variarán de acuerdo a las entidades: México, Veracruz, Jalisco y la Ciudad de México, 28 millones 642 mil 220 pesos. Colima, Campeche y Baja California Sur 2 millones 864 mil 222 pesos.

 

Se espera que el proyecto sea aprobado durante la próxima sesión de Consejo General, y partirían del financiamiento público que se entregará a los partidos y que asciende a 2 mil 148 millones 166 mil 623 pesos.

 

 

Con información de Milenio / Foto: Archivo APO

Aprovechando la emergencia que se vivía  tras el sismo del 19 de septiembre que azotó el centro del país, el PRI lanzó la propuesta de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y destinar dichos recursos a la reconstrucción del país, aunque también se propuso reducir la Cámara de Diputados de 500 legisladores a 300 y el Senado de 128 representantes a 64.

 

Sin embargo, los estragos políticos que dejó el sismo, preocupan al Presidente Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien en entrevista con el diario El País, advierte que “no es pertinente” cambiar las reglas del juego en pleno proceso electoral. “El cambio solo debe hacerse cuando haya un consenso unánime de todos los jugadores y cuando sea absolutamente necesario para la viabilidad democrática de las elecciones”. ¿Ve la autoridad electoral este escenario tras los seísmos? “La respuesta es evidente: no”, sostuvo el Consejero.

 

El también académico reconoció que “hemos llegado a unos excesos en los montos que se destinan a financiar la política”, aunque consideró que hay una sobre reacción. “Parece que los políticos están asumiendo un sentimiento de culpabilidad y esta propuesta tiene una buena dosis de demagogia”.

 

Dentro de la propuesta que presentó el PRI, se abre la puerta a que intereses económicos interfieran en las campañas de 2018. César Camacho, coordinador del partido en la Cámara de Diputados, sostienen que deben ser “militantes, simpatizantes o personas morales de nacionalidad mexicana” quienes aporten a los políticos para que realicen sus campañas. “En este país hay muchos dispuestos a financiar la política. Desde intereses criminales a corporativos. Nadie puede negar el riesgo que esto supone… Lo planteo con exceso y mucha preocupación: ¿De veras queremos que el narco financie las campañas?”, se cuestiona Córdova.

 

El Consejero Presidente recordó que la campaña a la presidencia tendrá un tope de gasto de 430 millones de pesos, del cual, el límite de dinero público que puede recibir un candidato son 100 millones de pesos. “Sin financiamiento público, ¿de dónde va a salir el resto del dinero? (…) Tengamos cuidado. El remedio, cuando es malo, puede ser más caro que la enfermedad”.

 

 

 

Con información de El País / Foto: Archivo APO

El Presidente Enrique Peña Nieto recorrió hoy el municipio de Tlayacapan en el estado de Morelos, que resultó afectado por el sismo del pasado 19 de septiembre, en donde anunció que como parte de las formas de ayudar a las distintas zonas afectadas, se llevará a cabo campañas de promoción turística para aquellos lugares que dependen de ello.

 

 

 

 

“Promovamos el turismo, porque la mejor manera de ayudar a estos lugares es visitándolos; es visitando estos lugares que tienen la capacidad, que están afectados, pero que están en posibilidad de recibir turismo”, agregó.

 

En compañía del Gobernador de la entidad, aseguró a los pobladores de Tlayacapan: “Tengan la certeza de que estas campañas las van a ver ustedes en televisión, en radio, para promover la actividad turística y la reactivación de la economía de estos lugares”.

 

El Titular del Ejecutivo Federal puntualizó que, una vez que se concluya el censo de damnificados en el estado de Morelos, habrá apoyos económicos y con materiales de construcción para la reconstrucción de las viviendas afectadas con daños parciales o totales. “Mucha de la reconstrucción de la vivienda va a requerir y demandar que los afectados participen en esa etapa, que además va a ser asesorada y verificada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)”.

El Presidente Peña Nieto mencionó que otro objetivo es la reactivación económica en los municipios afectados por los sismos pues reconoció que muchos comercios tuvieron pérdidas por el sismo, por lo que se les apoyará para que puedan recuperar sus inventarios y la mercancía que perdieron.

 

 

Dada la fuerte campaña que se ha generado a través de las redes sociales bajo el hashtag #PartidosDenSuDinero, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Baños, sostuvo que “donar dinero de partidos a afectados del sismo es causa noble. INE no se opone”.

 

 

Sin embargo, los cuestionamientos al organismo electoral no se han hecho esperar, pues recordemos que desde el pasado 14 de septiembre, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador propuso destinar un porcentaje de su gasto de campaña a los damnificados del sismo que afectó a Oaxaca y Chiapas, a lo que el consejero del INE, Benito Nacif Hernández señaló que la medida sería ilegal

 

 

“Los partidos sólo pueden usar sus prerrogativas para los fines establecidos en la ley, si se apartan de esos fines incurren en una falta que, en su momento, al revisar los informes de los gastos, el INE está obligado a sancionar (…) ellos tienen que entregar comprobantes de a qué lo destinaron (el dinero) y si no acreditan el destino a un fin partidista, a una de las finalidades que como partido político tienen, el INE les observa y les sanciona”, sostuvo el también presidente de la Comisión de Prerrogativas del organismo.

Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado luego de que otros líderes políticos se unieran al llamado.

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, hizo un llamado al INE y a la Secretaría de Hacienda para “resolver” la vía en cómo se podría donar el dinero de las campañas “sin simulación ni oportunismo”.

 

 

Por su parte la perredista Alejandra Barrales también se unió al llamada y expresó su disposición para que los partidos “destinen recursos ante la emergencia”.

 

 

El que también reafirmó el compromiso de donación fue el panista Ricardo Anaya, quien indicó que “SÍ deben destinarse recursos de Partidos y campañas para apoyar a los damnificados”.

 

 

 

 

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la realización del monitoreo de las transmisiones sobre precampañas y campañas electorales del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en los diferentes medios de comunicación, pues asegura, se ofrecerá “información transparente sobre el comportamiento de los medios de comunicación en las tendencias informativas”, con el fin de garantizar equidad en la contienda.

 

De acuerdo al instituto, el monitoreo “coadyuvará al ejercicio del derecho que tienen las y los ciudadanos a la información, el cual se hace efectivo siempre que ésta, en el ámbito político electoral, sea veraz, objetiva, equilibrada, plural y equitativa”.

 

El Consejero Benito Nacif, Presidente del Comité de Radio y Televisión del INE, señaló que el INE pondrá a disposición de la ciudadanía los resultados a través de un sitio de Internet que especialmente se destinará a ello. “Se podrán consultar de forma regular los resultados, los indicadores que arroja el ejercicio del monitoreo, emisora por emisora, noticiero por noticiero, entidad por entidad, cadena por cadena, grupo radiofónico y grupo televisivo por grupo televisivo, es decir, con un nivel de desagregación muy alto y de acuerdo con los intereses de quien estén haciendo la consulta”.

 

El Comité de Radio y Televisión presentará la propuesta de la institución de educación pública o privada que realizará el monitoreo, y será la instancia encargada de elaborar la metodología para el monitoreo y el catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias, con motivo de las precampañas y campañas del Proceso Electoral Federal 2017-2018.

 

 

 

 

Foto: Archivo APO

Luego de que el INE diera a conocer el presupuesto que aprobó para en el Proyecto de Financiamiento Público para las actividades ordinarias y de campaña de partidos políticos y candidatos independientes para la jornada electoral del próximo año, que asciende a 6 mil 788 millones de pesos, te presentamos los presupuestos que reciben las secretarías de Estado.

 

Secretarías como las de Turismo (3,900 mdp),  Energía (2,300 mdp), Trabajo (3,500 mdp) e incluso la oficina de la Presidencia de la República (1,800 mdp) representan un costo menor para las finanzas del país.

 

 

El presupuesto autorizado por el INE para la elección del 2018 es casi la mitad de lo que en 2017 solicitó el propio instituto, pues la propuesta de presupuesto operativo que hizo en 2016 para ejercer en 2017 ascendió a a 11 mil 232 millones 449 mil 787 pesos, además de un monto de prerrogativas para los partidos políticos de 4 mil 138 millones 727 mil 87 pesos.

 

La pregunta ahora es si lo aprobado por los consejeros del INE va en concordancia con las medidas de austeridad a las que se ha apegado gran parte del gobierno en el 2017.

 

 

Foto: Twitter

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que concluyó la fiscalización de las campañas correspondientes a las elecciones locales del pasado 4 de julio en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, cuyos resultados serán del conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para los efectos que la ley marca.

 

Al respecto indicó que la institución acatará las sentencias que emita dicha autoridad jurisdiccional, cuyos fallos son definitivos e inatacables.

 

Reiteró que el Consejo General del instituto electoral analizó y aprobó los dictámenes y resoluciones derivados de la revisión de los ingresos y gastos de campaña de candidatos y partidos políticos, a través de una “deliberación pública, abierta y transparente, con apego a las atribuciones y responsabilidades que en materia de fiscalización le confieren la Ley y en atención a la normatividad vigente”.

 

Indicó que si bien los partidos y actores políticos tienen derecho a impugnar ante el TEPJF cualquier decisión del INE, se debe seguir lo estipulado por la ley y retieró que por encima de las polémicas y los puntos de vista de todos los actores afectados por sus decisiones, el INE “tiene un compromiso con los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad en las funciones que tiene encomendadas”.

 

Foto: Archivo APO

El senador Miguel Barbobsa indicó que  la investigación en contra de Javier Duarte carecen de requisitos técnicos para lograr una sentencia definitiva, lo cual es una burla a la sociedad y a los veracruzanos.

 

“El proceso inició mal, en su primera audiencia, los ministerios públicos encargados del caso evidenciaron su falta de preparación y de conocimiento”, sostuvo.

 

Barbosa indicó que los rumores sobre que Duarte conseguiría su libertad la tarde de ayer era desde un inicio algo inimaginable, pues sería “un escándalo mayúsculo para la maltrecha credibilidad del Gobierno federal”; aseguró que “es un hecho que desde el Ejecutivo federal han decidido administrar políticamente la detención de este ex gobernador”.

 

“Está claro que lo mantendrán en prisión hasta después de las elecciones del 2018. Lo necesitan tener controlado para evitar que comience a declarar cosas que comprometan al Gobierno federal y al PRI como partido”, sostuvo.

 

El vicecoordinador del grupo parlamentario PT-Morena sostuvo el Gobierno federal utilizará a Javier Duarte, valiéndose del interés mediático que este caso ha despertado, para que declare en contra de Andrés Manuel López Obrador. “Desde el año pasado quedó claro que una variable en la estrategia gubernamental para tratar de frenar a López Obrador y a MORENA en el proceso de sucesión del siguiente año consiste en utilizar a este ex gobernador. Esto ya lo intentó hacer el PRI en el contexto de las elecciones del año pasado y ahora con Duarte en prisión resulta obvio que lo volverán a utilizar”, indicó.

 

Foto: Twitter

JOSÉ WOLDENBERG

REFORMA

 

 

 

 

Vivimos en el reino de la opinión. Cada quien tiene una. Y los comentaristas políticos no somos una especie ajena a ello. No podemos serlo, el oficio, al parecer, demanda veredictos sucintos y contundentes. El “pequeño” problema es que los hechos han empezado a ser prescindibles y las percepciones ocupan su trono. La “realidad” -lo que a estas alturas quiera decir- con sus complejidades, pliegues, embrollos, dificultades, puede ser exorcizada del discurso siempre y cuando uno tenga adjetivos suficientes para conjurarla. Es más sencillo reforzar prejuicios que intentar explicar o siquiera narrar lo que sucede. Malos tiempos, como quizá lo sean todos.

 

Vayamos al espinoso tema de la fiscalización de los recursos de los partidos durante las campañas electorales. Solo, por lo pronto, a las cifras que ilustran la magnitud y complejidad del asunto. Un piso de información (creo) necesaria. 3,254 campañas debieron ser fiscalizadas: 335 de diputados locales por el principio de mayoría relativa, 51 de diputados de representación proporcional, 22 gobernadores, 1848 presidentes municipales y 998 regidores. Esa fiscalización de campañas locales es una nueva encomienda para el INE fruto de la reforma del 2014. ¡Y prepárense para lo que viene!: en junio hubo elecciones en 4 estados, el próximo año además de las federales, habrá votaciones en 30 entidades.

 

El tope de gastos de campaña que no fija el INE -sino que se encuentra establecido en una fórmula en cada legislación local-, fue para los candidatos a gobernador en Coahuila de 19.2 millones de pesos, en el Estado de México de 285.6 y en Nayarit de 20.5. Si tomamos en cuenta que el número de electores en cada uno de esos estados era, respectivamente, de 2.1 millones, 11.3 millones y 814 mil, el gasto por elector autorizado era de 9.32, 25.24 y 25.13 pesos en cada uno de esos estados. No resulta extraño entonces que el rebase del tope fuera más probable en Coahuila que en los otros dos.

 

En Coahuila los partidos reportaron como gastos las siguientes cifras (para todas las elecciones: gobernador, Congreso y presidencias municipales): Coalición PAN 39.8 millones de pesos (todas las cifras han sido redondeadas); Coalición PRI 32.1 y PRI solo 17.3; PRD 4.4 y Morena 12.2. Pero el INE detectó que la coalición en torno al PAN había omitido gastos por 6 millones de pesos; la coalición en torno al PRI 4.6 y el PRI 2.3; PRD 101 mil pesos y Morena 2.6 millones.

 

En el Estado de México, donde solo hubo elección para gobernador, los partidos reportaron como gasto lo siguiente: PAN 95.8 millones; Coalición PRI 116.1; PRD 56.3; PT 18.0 y Morena 122.3. No obstante, el INE encontró gastos no reportados por los siguientes montos: PAN 59.2 millones; Coalición PRI 52.1; PRD 71.4; PT 10.8 y Morena 16.1.

 

Si uno suma los resultados de gastos no reportados de todas las elecciones -aquí solo hemos presentado una pequeña muestra- el monto crece hasta 270 millones de pesos que los partidos no incluyeron en sus informes y que el INE -auxiliado por los institutos locales- encontró y puede documentar (no a “ojo de buen cubero”). ¿Cómo lo hizo? Monitoreando la publicidad en la vía pública, en los medios impresos, realizando visitas de verificación a los eventos de los partidos, a sus respectivas casas de campaña y atendiendo quejas de los partidos.

 

La tarea de fiscalización -en su nuevo formato- no es sencilla. Los legisladores decidieron centralizar en una sola institución (INE) lo que en el pasado realizaban 33 institutos (el Federal y 32 locales). Esa tarea debe hacerse en un tiempo muy ajustado (45 días) porque además la misma reforma (2014) estableció como causal de nulidad de la elección el rebase del tope de gasto de campaña en un cinco por ciento, siempre y cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar no fuera superior al 5 por ciento de los votos.

 

Leo una conmovedora novela de Ian McEwan, La ley del menor (Anagrama, 2015). El personaje central es una juez del Tribunal Superior británico que desahoga conflictos familiares. Es una mujer sabia, sensible, con temple, acostumbrada a lidiar con las contrahechuras de la existencia, y sabe por experiencia propia que la ley, a la que rinde tributo -porque sin ella la vida en sociedad sería una jungla-, en ocasiones es también una “serpiente venenosa”.

 

El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) Horacio Duarte, señaló que Eduardo Gurza, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del instituto, fue miembro del consejo directivo de Banobras durante la gestión de Alfredo del Mazo.

 

“El contador Eduardo Gurza fue miembro del consejo directivo de este banco, siendo titular el director general el señor Alfredo del Mazo (…) Ese es un tema relevante, saber cómo el que encabeza la fiscalización y que va proponiendo exonerar a Alfredo del Mazo, forma parte del consejo directivo de Banobras, donde el titular era Alfredo del Mazo, me parece un dato revelador”, sostuvo Duarte.

 

Sin embargo la revelación de vínculos del funcionario del INE no pararon ahí, pues el morenista indicó que la hija de Gurza, Alejandra Gurza, quien fue diputada local del PRI, está casada con León Gálico Korenfeld, sobrino del ex titular de Conagua, David Korenfeld, quien se vio obligado a dejar la dependencia luego de saberse sus prácticas de abuso del poder al usar un helicóptero oficial para asuntos personales.

 

“Es inaudito que se pretenda declarar la improcedencia y con eso abrir la cadena de impunidad de un candidato”, afirmó Duarte previo a la sesión en que se declaró improcedente la acusación sobre un presunto financiamiento ilícito de la empresa OHL a la campaña de Alfredo Del Mazo en las pasadas elecciones del Estado de México.

 

 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

El Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría los lineamientos que regulan la aparición de dirigentes y voceros partidistas en tiempos de radio y televisión, los cuales serán puestos a consideración del Consejo General en su próxima sesión.

 

A través de estos lineamientos, el INE establece diversos criterios a los que deben sujetarse los promocionales de los partidos políticos, entre los que destaca la utilización de distintivos propios que identifiquen al partido y a sus candidatos, y se abstengan de utilizar elementos que los asemejen a otro instituto político.

 

 

Asimismo, permiten la aparición de sus dirigentes partidistas siempre que su participación se acompañe de elementos que ayuden a la ciudadanía a identificarlos plenamente con ese carácter, así como al partido al que pertenecen o representan.

 

 

“Quiero expresar con absoluta claridad que el Instituto Nacional Electoral en ningún momento ha tenido la intencionalidad de limitar la presencia de los dirigentes de los partidos políticos en los spots. Estamos en presencia de un acatamiento a dos ejecutorias específicas del Tribunal Electoral”, destacó el consejero Marco Antonio Baños, Presidente del Comité de Radio y Televisión del instituto.

 

 

El ordenamiento aprobado por el Comité establece que el contenido y la aparición de dirigentes o voceros partidistas deberán ajustarse al tipo de propaganda y tiempos electorales:

 

  • En periodo ordinario se admitirá una mayor y más constante participación o aparición de dirigentes y voceros partidistas, siempre que se cumpla con la finalidad de este tipo de mensajes.
  • En periodo de precampaña o campaña se debe privilegiar y anteponer la exposición de precandidaturas derivado de un contexto de equidad interna.
  • En periodo de intercampaña, se podrá incluir la participación o aparición de dirigentes o voceros partidistas, siempre que no afecte la naturaleza genérica de la propaganda de ese tipo.

 

A partir del inicio del proceso electoral y hasta que empiece la etapa de precampañas, los dirigentes y voceros de los partidos políticos que aspiren a un cargo de elección popular, no podrán aparecer o participar con ese carácter o cargo partidista en la propaganda electoral que se difunda a través de radio y televisión, a fin de evitar que su presencia en dichos medios de comunicación les represente un posicionamiento o ventaja indebida en menoscabo de la equidad en la contienda electoral, y en consecuencia, tampoco podrán aparecer en los spots de intercampaña.

 

Sin embargo, al interior del INE hubo oposición a dicha aprobación, pues la consejera Pamela San Martín y el consejero José Roberto Ruiz, anunciaron que no acompañarán los lineamientos. “Ninguna de las dos sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prohíbe la aparición de los dirigentes partidistas”, señaló la Consejera San Martín.

 

Con información de INE / Foto: Archivo APO

LUIS RUBIO

REFORMA

 

 

 

El país lleva décadas confrontando el pasado con el futuro sin querer romper con el primero para abrazar decididamente al segundo. La evidencia es abrumadora y particularmente visible en la interminable colección de acciones gubernamentales orientadas a pretender cambiar sin querer que haya cambio alguno.

 

En los dos ámbitos en que mayor ha sido el activismo político-gubernamental de las últimas décadas -lo electoral y lo económico-comercial- el país se ha caracterizado por enormes reformas con relativamente pobres resultados. Dudo que haya muchos países en el mundo que hayan experimentado tantas reformas electorales en tan pocos años y, a pesar de que éstas han arrojado un sistema extraordinariamente ejemplar y profesional, imitado alrededor del mundo, seguimos viviendo una incontenible disputa electoral y, sobre todo, de credibilidad, cada que hay elecciones. En la economía, el país se ha desvivido por concertar acuerdos comerciales a lo largo y ancho del mundo y ha llevado a cabo ambiciosas reformas que nunca acaban de aterrizarse o implementarse a cabalidad.

 

No sería exagerado afirmar que, gracias al TLC norteamericano y a las oportunidades de empleo que la economía estadounidense aportó por décadas, la clase política mexicana no ha tenido que cambiar sus costumbres o disminuir sus privilegios. Si bien el desempeño económico promedio ha sido, por decir lo menos, mediocre, éste ha sido suficiente para mantener el bote a flote. En el ámbito político, las reformas electorales tampoco han cambiado la naturaleza de la interacción partidista, aunque la han hecho mucho más compleja: siguen fluyendo ríos de dinero, los gobiernos salientes y el gobierno federal siguen dedicados a manipular los resultados y los puestos de elección popular siguen siendo fuentes de enriquecimiento, no de buen gobierno. Todas esas reformas han fracasado en producir un sistema eficaz de gobierno, como ilustra la crisis de seguridad.

 

Otra manera de decir esto es que el país sigue viviendo en el pasado aunque le haga caravanas al futuro. Deirdre McCloskey expresó esta idea de una manera por demás explicativa: “la izquierda y la derecha se unen en oposición al futuro: la primera porque no es un futuro planificado y la segunda porque éste no es idéntico al pasado”. El futuro que todo mundo promete acaba siendo una quimera porque nadie tiene ni la menor intención de construirlo.

 

Hoy, día de elecciones, es necesario reflexionar sobre las promesas de candidatos en campaña frente a los rezagos, carencias, problemas y atrasos que persisten y que son producto de un pasado que los creó pero que es incapaz de resolver. ¿Cómo conciliar estas dos realidades, estas dos caras de una misma moneda?

 

Históricamente, el país ha sido un botín -para robar o para construir otro puesto, pero botín al fin- para los partidos y políticos, lo que obliga a preguntar si el ejercicio continuo e imparable de posponer soluciones es sostenible. Es decir, si bien la economía ha crecido a un ritmo de más o menos 2% en las últimas décadas, esa cifra, como todo promedio, esconde más de lo que revela. Algunas entidades y regiones crecen a tasas casi asiáticas en tanto que otras se contraen. El potencial de conflicto social en estas últimas es infinito y, en muchos sentidos, constante. A pesar de ello, gobiernos van y vienen pero los rezagos -y sus consecuencias- persisten.

 

Los mundos del pasado y del futuro no se comunican, pero uno depende del otro y es ahí donde choca la actividad gubernamental. Los problemas del pasado -inseguridad, mala educación, pésima infraestructura, ausencia de autoridad- impiden que se construya el futuro, ese que requiere condiciones idóneas para que los individuos puedan desarrollar sus capacidades al máximo. Parecería obvio que es necesario lidiar con el pasado para que sea posible construir el futuro, pero esa obviedad no lo es en el terreno de la acción gubernamental porque implica afectar intereses: la inseguridad o la mala educación se pueden resolver, pero la solución implica meter al redil a grupos políticos, sindicatos y, en general, intereses dedicados a depredar del statu quo. Así, el pasado -que sigue siendo presente- impide la construcción del futuro.

 

Un nuevo gobierno tendría que pensar en cómo transitar de un lugar al otro. No es posible proponerse atraer inversión -el Estado de México, por ejemplo, la ha venido expulsando- a menos que se atiendan los problemas de seguridad. La inseguridad, un rezago y resabio del viejo sistema político, sólo puede enfrentarse con un sistema de gobierno distinto, fundamentado en concepciones del siglo XXI, no las que el viejo priismo heredó del porfiriato. Sin seguridad, el futuro es inconcebible. Lo mismo sucede con la educación: la educación concebida para el control y el beneficio sindical es incompatible con la economía del conocimiento y es la principal causa de los malos empleos y bajos salarios. No es casualidad que sus baluartes sindicales sean los principales soportes de la convocatoria más reaccionaria y retardataria en la elección del Edomex de hoy.

 

Con Trump, el agua le llegó al tope al viejo sistema. La pregunta es quién ofrece una mejor alternativa.

 
@lrubiof

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reiteró que el organismo nacional y los órganos electorales estatales, llegarán este domingo a unas elecciones que son “antesala del gran proceso de 2018”, además de que la “mesa está puesta” para que se realicen los comicios, en donde “contarán y contarán bien” los votos de los ciudadanos.

 

Reiteró que el INE llega con una historia de aprendizajes, fortalezas, y de una colaboración “mejor aceitada”, con los órganos electorales locales, quienes apelan a la confianza de los ciudadanos para salir a a votar, pues el día de las elecciones es un momento cuando todos, “las y los ciudadanos somos iguales”, afirmó Córdova.

 

 

Reconoció que la organización de las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, donde se elegirán 522 cargos de elección popular, implica una corresponsabilidad entre el INE y los Organismos Públicos Electorales (OPLEs).

 

Con información de 24 Horas / Foto: Archivo APO

Se ha dado a conocer que desde el pasado 4 de mayo, a través de un oficio dirigido a la empresa OHL México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó un informe que acredite que no existen acciones que puedan afectar activos públicos.

Esta petición se deriva luego de que el pasado 30 de abril, la empresa emitió declaraciones en las que informó la puesta en marcha de un proceso de auditoría interna para confirmar que no existe transferencia alguna de recursos para fines electorales.

Al saberse de movimientos financieros irregulares, la empresa indicó que las transferencias bancarias identificadas por las autoridades españolas no corresponden a OHL México, ni a ninguna de sus subsidiarias, lo cual, afirma la empresa, es coincidente con las auditorías internas practicadas.

Se espera que en los próximos días OHL México envíe el informe detallado que acredite que no existe transferencia de recursos de carácter ilícito que puedan afectar las concesiones públicas en las que participa.

 

 

Con información de SCT / Foto: Twitter

El pasado 4 de mayo se cumplió un mes exacto para que se lleven a cabo las elecciones en el Estado de México para definir al próximo gobernador, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) presento su reporte sobre operaciones en las campañas de la entidad.

En las cifras dadas a conocer por el INE, se detalla que la candidata panista Josefina Vázquez Mota es la que reportó la cifra más alta de gasto en proselitismo, alcanzando un monto de 49 millones 532, 774 pesos; en segundo lugar en el gasto se colocó el candidato del PRD, Juan Zepeda, quien reportó 29 millones 104 mil 588 pesos.

De acuerdo a cifras de la Unidad Técnica de Fiscalización del IN, el tercer sitio fue para Delfina Gómez, abanderada de Morena, con un gasto de 24 millones 317 mil 673 pesos; en cuarto lugar se ubicó el candidato de la alianza encabezada por el PRI, Alfredo del Mazo, con 7 millones 784 mil 192 pesos.

El consejero Ciro Murayama difundió dicho reporte a través de su red social, en donde indicó que “al 3 de mayo, los candidatos a gobernador del Estado de México en su conjunto han reportado 112.9 millones de pesos en gastos”; y aunque si bien el consejero difundió el gasto, el INE también dio a conocer que 40% de los candidatos y partidos políticos han incumplido en su reporte de sus operaciones de ingresos y gastos.

 

 

Con información de Animal Político / Foto: Archivo APO

En el marco del arranque de las campañas en el Estado de México, el gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, firmó el decreto 197, mismo que se publicó el pasado viernes, en el que se autoriza la operación de 64 programas de atención social en los 59 días que durará la contienda por la gubernatura.

 

El decreto proveniente de un gobierno del PRI, estipula que de acuerdo a las leyes nacionales en materia electoral, el gobierno del Estado de México mantendrá en operación 64 programas que, “por su naturaleza de atención a grupos vulnerables, deben continuar inclusive en tiempo de campañas”. Hace unos días, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), dio a conocer que en la entiendad se han acumulado 117 denuncias por condicionamiento de programas sociales.

 

Se especifica que los programas que podrán seguir activos, son:

  • El programa de desayunos escolares
  • Los programas de becas estudiantiles
  • Las acciones encaminadas a atender la alerta de género declarada en la entidad
  • Reparto de dinero en efectivo, bienes muebles y materiales de construcción

 

 

 

Sin embargo, el decreto del gobernador Eruviel Ávila autoriza también la operación del “Programa Integral de Desarrollo Rural”, diseñado para repartir dinero en comunidades campesinas, para la compra de maquinaria, regalar equipos a dueños de herrerías, carpinterías, estéticas, centros de servicios de cómputo y papelerías, regalar dinero para la adquisición de mobiliario y equipo doméstico, y material de construcción familiar.

 

Los “beneficios” se extienden a mujeres, estudiantes, niños que cursen la educación básica, familias mexiquenses que tienen integrantes en Estados Unidos y mexiquenses que habitan en colonias irregulares, a quienes resalta que el gobernador les podrá regalar en esta época electoral sus títulos de propiedad, y a los presos que no cuenten con dinero para salir bajo fianza, también les podrá pagar su fianza.

 

 

 

 

Con información de Animal Político / Foto: Archivo APO