JORGE ALCOCER
REFORMA
De manera insólita 6 de los 7 magistrados de la Sala Superior del TEPJF ayer dieron conferencia de prensa para acusar al INE y a sus consejeros de graves errores y omisiones en la revisión de los apoyos ciudadanos a los aspirantes a candidato presidencial sin partido. Insólito fue también que a la conferencia de prensa asistieran, y por ende convalidaran lo ahí dicho, 2 de los 3 magistrados que en la sesión nocturna en que se ordenó al INE registrar a Jaime Rodríguez (a) El Bronco argumentaron y votaron en contra de la sentencia.
La respuesta de los consejeros del INE a las acusaciones de que fueron objeto es insuficiente; minimizar ese conflicto, así como la gravedad de la sentencia que lo provoca, sería una irresponsabilidad. Es un asunto de la mayor importancia asumir que, si el INE tiene razón, por primera vez en la historia un presunto delincuente electoral está en la boleta y tiene abierta, al menos en hipótesis, la posibilidad de convertirse en presidente de la República. Señalar lo anterior no es una exageración; el INE ha presentado ante la FEPADE formal denuncia contra Rodríguez Calderón, y también contra Ríos Piter.
Si los magistrados electorales tienen la razón, los consejeros del INE deben renunciar, o ser removidos, conforme a cualquiera de los procedimientos previstos por la Constitución y las leyes; pero si los que han incurrido no solo en una grave distorsión de la justicia, sino en acusaciones falaces en contra de la máxima autoridad electoral administrativa, son los magistrados electorales, son éstos los que deben renunciar o ser separados, cuanto antes, de sus cargos. Alguien tiene que responder por el daño causado. Alguien tiene que irse.
Se dirá que la jornada comicial está demasiado cerca como para pensar siquiera en relevos de ese calibre. Yo digo que sería peor que quienes han causado tan grave daño al proceso electoral siguieran en sus puestos, como si nada hubiera pasado. No se requiere acudir a la fantasía para anticipar el conflicto que estallará la noche del próximo 1o. de julio si uno o más de los perdedores se niegan a reconocer su derrota acusando a los consejeros electorales por errores y omisiones como las que hoy se les señala, o por la desconfianza generalizada que provocará el sólo hecho de que la decisión final sobre la validez de la elección presidencial quede en manos de magistrados electorales que permitieron a un presunto delincuente electoral entrar a la contienda.
Para dirimir la controversia que enfrenta a magistrados y consejeros es necesario que una instancia imparcial y con el más alto prestigio emita una opinión jurídica y técnica sobre el motivo de la diferencia, en el menor plazo posible. Esa instancia podría ser una comisión informal integrada por tres constitucionalistas de reconocido prestigio que revisen tanto la sentencia como lo actuado por el INE.
Subrayo el carácter informal y el peso intelectual que debe tener una comisión como la sugerida, a fin de que su integración no tenga que recorrer los vericuetos y laberintos de los órganos legislativos, dominados por la pasión partidista, o quedar determinada por los intereses y complicidades que cruzarían a la Corte si se le involucra en este asunto.
Una iniciativa así puede encontrar cobijo en la UNAM, en específico en su Instituto de Investigaciones Jurídicas, como un ejercicio cívico que contribuya a lo más importante: dotar de confianza a la ciudadanía.
En 1994 el ex rector de la UNAM Jorge Carpizo supo conducir el proceso electoral para sortear una crisis política de enormes dimensiones. Entre las medidas adoptadas se incluyó la remoción de los consejeros magistrados del entonces IFE y su sustitución por consejeros ciudadanos, que asumieron el cargo el 3 de junio de ese año, faltando apenas 79 días para el de la elección, que tuvo lugar el 21 de agosto.
Más vale enfrentar la crisis de hoy removiendo a quienes hayan incumplido con su responsabilidad que dejar que se convierta en conflicto irresoluble por los cauces institucionales. Aún hay tiempo.
