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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se sumó a los reclamos en torno al rediseño que se hizo a los Libros de Texto Gratuitos (LTG), que han sido señalados de contener errores y tener una fuerte carga política e ideológica.

A través de un comunicado emitido este miércoles, el CCE señaló que no se cumplieron con los procedimientos para la elaboración de los Libros de Texto establecidos en la Constitución y la ley de educación.

Y es que dijo, no están basados en planes y programas de estudio, y no consideraron la opinión de los gobiernos estatales ni de los diversos actores sociales involucrados en educación.

Acusó que los LTG están plagados de omisiones y errores que ya han sido identificados y difundidas por diferentes expertos y pedagogos, y publicados por los medios de comunicación.

“Promueven sin razón la violencia, el encono y la animadversión en contra de empresas y empresarios que operan en el marco de la ley, y que con sus inversiones generan empleos, contribuyen al desarrollo del país con inclusión y equidad, como lo ha reconocido el Presidente de la República en varias ocasiones”, enfatizó el CCE.

En ese sentido, exhortó a las autoridades educativas del país a “enseñar historias sin intentar reescribirla”; reconoció que es relevante dejar constancia de los sucesos históricos y llamarlos por su nombre, refiriéndose en particular al asesinato de los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando Arangurenpor parte de la “Liga Comunista 23 de septiembre” en 1973.

Finalizó enfatizando que la educación en nuestro país se centre en construir un sistema educativo de excelencia para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos, sin ideologías, sin distingos de razas, género y posición social.

“Que la revisión de los libros de texto gratuitos se apegue al marco legal vigente en la materia”, remató.

En medio del debate en relación a los LTG, el director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, dijo que los “errores” que se han detectado en los nuevos libros de texto, a los que se refirió como “áreas de oportunidad”, son máximo 20, que equivalen al 0.09% del total de los contenidos en las páginas de los libros.

“Las áreas de oportunidad que tenemos no suman más de 20 y estoy siendo muy generoso”, sostuvo el funcionario, que  defendió con el argumento de que este tipo de errores se han presentado con anterioridad.

Pero, ¿qué hay en torno a los nuevos libros de texto gratuitos? En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Marco Fernández, profesor-investigador del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, sobre el rediseño que se hizo de los materiales y el nuevo plan de estudios.

 

Las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que pretenden restringir las concesiones en la industria minera son contrarias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió este miércoles el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el T-MEC y otros instrumentos comerciales, incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos”, expuso el CCE en un comunicado.

El Consejo consideró que tanto la reforma minera como la de distintas leyes en materia administrativa sobre las contrataciones en el rubro de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, ambas en proceso legislativo en el Congreso, están vinculadas directamente con el desarrollo del país.

“Esta reforma va en sentido contrario a lo que se requiere para impulsar el mayor desarrollo de la industria minera y de la infraestructura pública, en perjuicio del país”, expuso la cúpula empresarial.

Esta valoración se sustenta, aseguró el comunicado, en análisis jurídicos y técnicos de especialistas del organismo y de su experiencia en la minería, que representa el 2.5% de la economía nacional, y la infraestructura.

Por su “intensa actividad en ambos temas” y “la relevancia de los mismos para el desarrollo del país y para la certeza de la inversión”, el CCE solicitó que se abra en el Congreso una discusión al respecto en el que esté incluido.

Y es que la reforma de la Ley Minera, presentada por López Obrador el pasado 28 de marzo, propone otorgar concesiones de minas solo mediante concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de acortar la duración de los permisos de los 50 años actuales a 15 con posibilidad de una sola prórroga.

Los riesgos que el presidente niega han sido señalados no solo por la CCE, sino también por la Cámara Minera de México (Camimex), que argumentó que la reforma afectaría a un sector que invierte más de 4,000 millones de dólares al año con 406,000 empleos directos.

“Si se aprueban como están propuestos, los cambios serán negativos a nivel crediticio para el sector minero, lo que incrementaría la carga regulatoria de los productores y elevaría el riesgo de la terminación temprana de sus actuales concesiones”, expuso por su parte un reporte de la agencia Moody’s Investors Service.

Al respeto, esta mañana el presidente López Obrador negó que existan riesgos para la inversión por la reforma que propone para restringir los permisos para la minería.

“No hay ningún problema, es buscar que se cuiden los recursos naturales, que se cuide el futuro de las nuevas generaciones, no se trata de destruir el territorio, (sino de) cuidar el medio ambiente, pero de manera auténtica, no de forma simulada”, expuso en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario insistió en que “no hay ningún riesgo, no existe ningún problema con las mineras”.

“Vamos a suponer que con esta iniciativa se fueran la mitad de los concesionarios que hay en la industria minera, o para decirlo de otra manera, que se cancelaran la mitad de las concesiones, con esa mitad alcanzaría para explotar la industria minera más de 1,000 años”, añadió AMLO..

Fiel a su discurso, denunció que durante el periodo neoliberal entregaron concesiones a diestra y siniestra para la explotación minera.

Señaló que, durante un momento, el 60% del territorio nacional, 120 millones de hectáreas, estaba concesionado para alguna actividad extractiva.

“Con esas concesiones no invertían nada, ni exploraban nada, ni explotaban nada, especulaban, como no pagaban impuestos porque Salinas les quitó el impuesto de extracción de mineral, algo que no pasaba en ningún país del mundo”, reclamó.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a los senadores que lleguen a un “consenso” respecto al llamado “Plan B”, la polémica reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que fue apoyado por Moena y aliados en la Cámara de Diputados.

“La relevancia de la elección federal en el año 2024 en la que se elegirá presidente de la República, y de los procesos locales que se llevarán a cabo este año, precisa de un marco electoral que otorgue certidumbre y, sobre todo, que sea producto del diálogo y el acuerdo entre las fuerzas políticas”, dijo el organismo en un comunicado.

Y es que la iniciativa que se discute en el Senado incluye reformas a leyes electorales con las que, según el presidente López Obrador, se pretenden ahorrar 3,500 millones de pesos, eliminar facultades para sancionar partidos y funcionarios, así como desaparecer el conteo rápido que se da inmediatamente después de una elección.

Estos cambios, conocidos como el “Plan B”, llegó luego de la reforma constitucional que López Obrador presentó al Congreso y que fracasó al no alcanzar los apoyos necesarios para aprobar los cambios constitucionales.

La oposición y el Instituto Nacional Electoral (INE) han presentado ya impugnaciones en contra de la reforma, argumentando que pone en riesgo la autonomía y la confiabilidad de las elecciones en beneficio del gobierno y del partido en el poder.

El CCE recordó que en 2024 se efectuarán comicios “de suma importancia” como la renovación de la totalidad de los integrantes del Congreso Federal, ocho gobiernos estatales y el Gobierno de la Ciudad de México, entre otros puestos.

Por ello, dijo, se requieren instituciones “fuertes y de un marco de convivencia política que privilegie los acuerdos y la construcción de consensos, a fin de consolidar los avances democráticos logrados en las últimas décadas, que han permitido la organización de elecciones libres y transparentes en México”, apuntó el CCE.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) prevé que el próximo año sea “complicado” para la economía, pero descartó una recesión en Estados Unidos y México, como pronostican algunos analistas privados.

“El 2023 se estima complicado, (pero) no creo que lleguemos a una recesión, sobre todo por todo lo que está llegando de inversión, no solo a México, sino también a Estados Unidos y Canadá”, declaró Francisco Cervantes, presidente del CCE.

El líder del la cúpula del sector privado destacó el crecimiento de la economía mexicana del tercer trimestre del año, cuando el PIB avanzó un 0.9% trimestral y un 4.3% interanual, con lo que acumula un crecimiento de 2.9% en los primeros tres trimestres de 2022.

“En México, a pesar de esta crisis económica que estamos pasando, que además es global, creo que vamos a tener un buen cierre de año”, comentó el presidente del CCE, que agrupa a 12 organizaciones empresariales que representan 80% del PIB.

Cervantes resaltó “un fin de año con muchas sorpresas buenas, sobre todo en los temas de inversión, la generación histórica de empleos; sin embargo, reconoció retos, como la alta inflación.

El también empresario indicó que el CCE avala el incremento del 20% al salario mínimo solicitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto luego de que otras voces del sector privado han sugerido un aumento menor.

“No es que lo apoyemos (el 20 %), lo que queremos evitar es que el salario vaya por las escaleras y la inflación por el elevador, entonces tenemos que equilibrar muy bien esto”, argumentó Cervantes.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) debate estos días el incremento que habrá el próximo año en medio de la inflación general más alta en dos décadas, que alcanzó en septiembre una tasa anual de 8.7%, el índice más alto desde el año 2000. La decisión se habría de conocer el próximo jueves.

Incrementar el salario mínimo ha sido una de las principales políticas de López Obrador, quien afirmó este lunes que desde su primer año completo de gobierno, en 2019, ha crecido un 62% términos reales y en los municipios de la frontera con Estados Unidos el aumento ha sido del doble.

Antes de que López Obrador asumiera la Presidencia, había un salario mínimo de 88.36 pesos diarios en 2018 mientras que ahora es de 172.87 pesos.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de la Cumbre de las Américas, que inició esta semana en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, al señalar que su asistencia hubiera permitido interlocución directa con los Jefes de Estado y de Gobierno que estarán presentes.

“La asistencia del Presidente López Obrador hubiera permitido una interlocución directa con los Jefes de Estado y de Gobierno que estarán presentes para consolidar relaciones clave, empezando por nuestros dos principales socios económicos, Estados Unidos y Canadá, los países con los que integramos la Alianza del Pacífico, así como con los demás países del continente con quienes tenemos tratados comerciales y acuerdos de cooperación”, señaló el CCE.

Los empresarios aglutinados en el CCE indicaron que los acuerdos de los Jefes de Estado y de Gobierno del continente americano que se den en el marco de la Cumbre de las Américas, serán de la mayor importancia para las relaciones de México con Estados Unidos y todos los países del hemisferio.

En ese sentido, expresaron el apoyo de la Iniciativa Privada (IP) a los integrantes de la delegación del gobierno de México, encabezada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a fin de promover la inversión, el comercio internacional, la seguridad, la sustentabilidad y la prosperidad.

Se informó que el presidente del CCE, Francisco Cervantes, participará en la IV Cumbre de CEO’s de las Américas. Esta cumbre reunirá a líderes empresariales, incluidos aquellos que representan a pequeñas y medianas empresas de todo el hemisferio, y uno de sus objetivos es crear sinergias entre sector privado y gobierno para establecer acciones conjuntas que permitan superar los estragos de la pandemia de COVID-19, lograr una reactivación plena de las economías y asegurar un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible.

“Desde el sector empresarial compartimos y promovemos el respeto por la democracia, las libertades fundamentales, la dignidad del trabajo y la libre empresa, por lo que nos complace participar en esta Cumbre, que promueve la cooperación entre gobiernos, sociedad civil y el sector privado en beneficio del crecimiento económico de la región”, concluyó el CCE.

Representantes de la Iniciativa Privada (IP) acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el gabinete, en la presentación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) que busca garantizar precios justos en los productos de la canasta básica.

Participaron Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD); Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA); Mauricio García Muñoz, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico); José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Gregorio Gómez Sanz, integrante de la Mesa Directiva de Concamin; José Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco) y Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Acompañados de productores y representantes de tiendas de autoservicio, la IP celebró que las acciones anunciadas para aliviar los efectos de la inflación se hayan dado a partir del diálogo con las empresas, para que estas participen de acuerdo con sus posibilidades y de manera voluntaria.

“Desde el sector privado reconocemos la atención prioritaria del gobierno federal a la grave situación de carestía; y su disciplina fiscal, la cual también juega un papel importante en la moderación de las presiones sobre los precios en general”, indicó el CCCE.

El Consejo Coordinador Empresarial aclaró que el PACIC no intenta establecer un control de precios, además de que es un instrumento temporal.

Coincidió con lo expuesto por el presidente y secretario de Hacienda, respecto a que es de vital importancia contener la inflación mediante acciones razonadas y eficaces. En ese sentido dijo que los objetivos del sector privado están alineados a su dimensión social y son claros, y mencionó: proteger el poder de compra de la población, en especial de los más vulnerables, y concentrarse en las cadenas de alimentos de la canasta básica y otros similares, de manera temporal.

Francisco Cervantes, presidente del CCE, dijo que el mejor antídoto frente a la presión inflacionaria es la inversión y el crecimiento, asegurando que se requiere una economía que no esté sujeta a costos injustificados que encarezcan las fases de la producción, distribución y comercialización de mercancías.

“Juntos, sociedad, gobierno y sector privado, podremos hacerle frente a esta crisis global”, remató.

En tanto, la Coparmex calificó como positivo que el PACIC, reconociendo las 15 medidas divididas en producción, distribución, comercio exterior y otras; dijo que se pensaron para cumplir tres propósitos: mayor oferta, menor costo y menor tiempo, con los que se busca apoyar de manera decidida a las familias mexicanas más vulnerables para que no pierdan su poder adquisitivo.

“Confiamos en que las acciones anunciadas serán efectivas, toda vez que están planeadas en un escenario de corto y mediano plazo que las hace viables para apoyar la economía familiar; mientras que el elemento de libre adhesión, permite a las empresas, sumarse sin imposiciones de acuerdo con su esquema de reestructuración y recuperación post pandemia”, añadió la Coparmex.

La Confederación destacó que la simplificación regulatoria y la reducción de costos de transacción, como la exención de Carta Porte por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) a básicos e insumos en sus transportes y la reducción de costos y tiempo de despacho aduanal.

Reafirmó el propósito del PACIC, que es lograr que la canasta básica por familia de cuatro personas, tenga un costo promedio de mil 129 pesos con incentivos como el arancel cero a la importación de básicos e insumos.

De la misma forma aplaudió que el PACIC reafirma el compromiso y estrategia de seguridad en carreteras para que existan menos robos de mercancías, incluyendo apoyos a combustibles, el subsidio a la electricidad doméstica, congelar los costos de ferrocarril y no incrementar el peaje en las autopistas de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

“Reconocemos la disposición del Gobierno de México para no implementar un control de precios como estrategia principal para combatir la inflación, impulsada principalmente por factores internacionales, como la pandemia, el rompimiento de las cadenas de suministros, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y el colapso del puerto de Shanghái, que es la terminal de mercancías más importante del mundo”, remató la Coparmex.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó esta mañana la presentación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), con el que se busca hacer frente a la elevada inflación, y el cual fue pactado con la Iniciativa Privada (IP), específicamente con las principales empresas de alimentos del país.

El PACIC incluye un aumento en la producción de granos como maíz, frijol y arroz, y descarta la aplicación de controles de precios, según indicó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

“Planteamos ahora un aumento en la producción de granos. Este aumento en la producción de granos lo estamos presentando a las empresas privadas como otra contribución por parte de los programas que ya están en el presupuesto del gobierno federal. Y estamos centrándolo en maíz, frijol y arroz”, dijo el secretario al intervenir en la mañanera.

Ramírez de la O detalló que las medidas tendrán una duración inicial de seis meses, que pueden ser prorrogables.

El plan, dijo, tiene cuatro ejes que contemplan la producción, distribución de los alimentos, comercio exterior y otras medidas.

Detalló que la iniciativa busca aumentar unas 4.8 millones de toneladas en la producción de granos básicos, con medidas como reforzar el apoyo a programas gubernamentales, la entrega de fertilizantes para el campo y la eliminación de la cuota compensatoria para la importación de sulfato de amonio.

Además, se fortalecerá la estrategia de seguridad en las carreteras para evitar el robo de alimentos, se mantendrán las tarifas en los peajes de carreteras y en rutas de tren, y se suprimirá la contraprestación por interconexión entre una línea ferroviaria y otra.

“Todas estas medidas, en gran medida, son oferta, reducción de costos, no estamos incidiendo sobre programas de control de precios ni ninguna otra medida directa”, aclaró el funcionario, quien agregó que se creará una reserva estratégica de granos básicos y leche.

Y es que en medio de una espiral inflacionaria agudizada por la invasión de Rusia a Ucrania, el índice de precios en el país se aceleró más de lo previsto en la primera quincena de abril a un 7.72% a tasa interanual, superando el objetivo de Banxico que es de un 3% más menos un punto.

“Quiero agradecer la colaboración de los productores, empresarios, comerciantes porque han aceptado participar de manera voluntaria y esto nos ayuda a todos”, dijo por su parte el presidente López Obrador al señalar que el plan busca garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un “precio justo”.

Añadió que a estas medidas se unieron empresarios como Carlos Slim, quien se ofreció a no subir el precio de las tarifas telefónicas; además de que otras empresas como WalMart y Bimbo, dieron su apoyo al PACIC, comprometiéndose a mantener el precio de algunos de sus productos, que forman parte de la canasta básica.

La Iniciativa Privada (IP) está abierta al diálogo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para revisar los permisos de autoabastecimiento eléctrico y llegar a acuerdos, dijo este jueves el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.

“Ha sido siempre la apuesta de nosotros, el diálogo y llegar a los mejores acuerdos paro lo que mejor convenga a México. Entonces sí celebramos esta propuesta”, dijo Cervantes en entrevista con Radio Fórmula.

Y es que esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un “llamado” a las empresas para “dialogar” acerca de los permisos de autoabastecimiento, que el mandatario considera “ilegales”, y bajo el cual operan.

López Obrador recalcó que la Suprema Corte declaró a comienzos del mes, constitucional la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que entre otros puntos contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”.

Y aunque se mostró más conciliador que en otras ocasiones, el mandatario no descartó llegar a las denuncias penales hacia las empresas que a su modo de ver cometieron fraude. Dijo que si no se llegaba a acuerdos, no encubriría a nadie y aplicaría la ley como corresponde.

Cuestionado sobre la posibilidad de demandas e incluso de cárcel para empresarios, Cervantes dijo que cada mensaje puede tener “distintas interpretaciones”. “Estoy seguro de que nosotros estamos en la mejor disposición de plática. Tuvimos ya reunión con las empresas”, explicó.

El también empresario indicó que la IP se siente “tranquila” y que se busca apostar por las “energías limpias” sin descartar el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tal y como quiere el gobierno federal.

Pese a la invitación a negociar, Cervantes reconoció que todavía se está esperando la configuración de una “mesa de diálogo”. Consideró además que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sería la persona ideal para encabezar estas negociaciones por parte del Ejecutivo.

Recordemos que en días recientes, el ingeniero y empresario Régulo Salinas asumió la Presidencia de la Comisión de Energía del CCE, en sustitución de Roger González.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) confirmó esta tarde que Francisco Cervantes Díaz se convirtió en su nuevo presidente, para el periodo 2022-2023, en sustitución de Carlos Salazar Lomelí, quien tras dos años al frente del organismo, dejó el cargo.

Tal como ya se venía venir, los 14 organismos empresariales que lo componen votaron y apoyaron a Cervantes Díaz para dirigir a la cúpula empresarial.

“Estamos seguros que bajo su liderazgo trabajaremos en construir un futuro de bienestar económico y social para los empresarios y los mexicanos. ¡Enhorabuena! CCE con México”, dijo el CCE sobre el expresidente de la Concamin.

El CCE también agradeció a Salazar Lomelí por su liderazgo “basado en una visión con #DimensiónSocial que permitió que se concretaran varias de las reformas que ahora benefician a los mexicanos”,

Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), uno de los organismos empresariales asociados, celebró la renovación de la presidencia del Consejo. Indicó que en la elección de Cervantes Díaz imperó la unidad en la pluralidad.

“Estamos convencidos que la unidad nos hace más fuertes en un entorno que exige la suma de capacidades, voluntades y esfuerzos para enfrentar los desafíos internos del país en materia económica, de seguridad, Estado de Derecho y salud; así como las posibles afectaciones ocasionadas por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania”, indicó la Coparmex en un comunicado.

Señalaron que, tal como el CCE lo ha manifestado, las empresas son el motor de cambio y del desarrollo social y económico del país.

El resto de las cámaras como la Canaco, la AMDEE, la CONCAMIN, la CANILEC, la CANACAR, entre otras, se sumaron a las felicitaciones al nuevo presidente.

Recordemos que el Consejo Coordinador Empresarial es el órgano de representación empresarial más grande del país. En ese sentido, sus asociados coinciden en que su función debe ser la de representar a los empresarios de México desde la unidad en la pluralidad.

Bosco de la Vega, quien buscaba encabezar al CCE, indicó en sus redes sociales que agradecía la oportunidad de contender en la elección, aunque señaló que en este momento lo que más se necesita es unidad, diálogo y trabajo en el sector empresarial por el bien del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció esta tarde una comida en honor al aún presidente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, que dejará su puesto a inicios del próximo mes.

“Hoy ofrecimos una comida para Carlos Salazar, quien termina su periodo como presidente del CCE. Él ayudó en las negociaciones del T-MEC; aceptó los incrementos al salario mínimo y de cuotas para las pensiones y otros acuerdos que logramos junto con el sector obrero y empresarial”, expresó el presidente en un mensaje en Twitter.

Además, añadió que, aunque no todo “fue miel sobre hojuelas”, fueron más los puntos de coincidencia que las diferencias.

Con eso estuvo de acuerdo Salazar, quien al salir de la comida en Palacio Nacional, declaró a los medios que en la recepción se ofrecieron alimentos típicos de Tabasco, además de que detalló que los asistentes hablaron sobre lo que le conviene a México y las “cosas que se han logrado juntos”, es decir, entre empresarios y gobierno.

“Hay que creérnosla los mexicanos, podemos crecer más, podemos vivir mejor, podemos tener mayor bienestar como país. Es todo lo que platicamos con el presidente, yo creo que en los próximos tres años vamos a tener una conducción donde vamos a ir más unidos para tratar de lograr lo que nos conviene a México”, añadió Salazar.

El presidente del CCE detalló que durante la comida todos los empresarios hablaron “claramente” de los temas en los que no están de acuerdo con el gobierno federal y también de los puntos de acuerdo, como la voluntad de que “haya certeza, que se movilice la inversión” y que se incrementen la inversión pública y el gasto social.

Sobre la reforma eléctrica Salazar dijo que, junto con el gobierno, el sector empresarial tratará de “cortarle las aristas” y de buscar si hay una solución, aunque detalló que no se habló específicamente del tema durante la comida en la que estuvieron presentes representantes de 14 organizaciones.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunció este miércoles que hay 150 proyectos de energía limpia detenidos con un valor de 40,000 millones de dólares, ante la incertidumbre de la política energética que impulsa el gobierno federal.

“El sector privado está comprometido con México y con asegurar que las y los mexicanos tengamos suficiente energía barata y limpia. Hay más de 150 proyectos a futuro que equivalen a más de 40.000 millones de dólares de inversión que están ahora detenidos, y que el país necesita”, declaró Carlos Salazar, presidente del CCE.

El líder de la cúpula empresarial participó en el foro “Impactos económicos y financieros para la CFE y la hacienda pública de las reformas eléctricas” en el marco del Parlamento Abierto que se realiza en la Cámara de Diputados, donde se discute la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Recordemos que la propuesta de reforma de AMLO limitaría a un máximo de 46% la participación privada en generación eléctrica para favorecer a CFE. Además, eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados.

“Que todos los mexicanos tengan acceso a suficiente energía barata y limpia. Queremos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, vigorosa, eficiente, productiva y competitiva, pero esta propuesta de reforma no logra lo que el presidente quiere para México”, dijo Salazar.

En el foro, Miguel Reyes, director de CFE Energía, respondió que la empresa del Estado “subsidia”, según él, a los generadores privados con 490,000 millones de pesos y alegó que los privados producen 82% de su energía con fuentes fósiles y son responsables del 52% de las emisiones nacionales de dióxido carbono en el sector eléctrico.

En tanto, el presidente del CCE sostuvo que la CFE no ha hecho inversiones necesarias pese a recaudar 46,000 millones de pesos tan solo de la tarifa de transmisión en 2021, y reprochó que la reforma del mandatario pretende regresar a México “a un modelo que ya está rebasado”, pues la población casi se ha triplicado en las últimas décadas y la economía ha crecido al menos ocho veces.

Sobre las denuncias del gobierno, que ha acusado a las empresas de “operar ilegalmente”, Salazar contestó que no se requiere una reforma constitucional para aplicar la ley. “Un sistema eléctrico eficiente, que combine bien la rectoría del Estado con el mercado y la inversión privada, requiere de una regulación firme, pero justa e independiente, que impida abusos y resarza pérdidas injustificadas a los participantes”, remató.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aceptó hacer ajustes al Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica para que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, tenga una segunda oportunidad de participar, de manera presencial, en los foros.

Según lo informado por el secretario técnico de la Jucopo, el presidente del CCE asistirá al Palacio Legislativo de San Lázaro el próximo miércoles 2 de febrero.

“La vez anterior, hay que recordar, (Carlos Salazar) nos solicitó personalmente que cambiáramos el día y la hora, y lo cambiamos; implicó un esfuerzo muy grande de conciliación porque son acuerdos del Pleno de la Cámara de Diputados, pero con el propósito de escuchar todos lo hicimos, y no vino. Quería, ese día, 10 minutos antes de iniciar, que fuera remota (su participación), y le dijimos que no”, comentó.

Ayer se llevó a cabo el Foro 7: Sistema Eléctrico, Seguridad Energética y Seguridad Nacional, como parte del ejercicio de análisis de la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente López Obrador.

Luis Serra Barragán, director ejecutivo de la Iniciativa de Energía del Tecnológico de Monterrey en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, señaló que el Estado tiene como función operar en condiciones de continuidad, seguridad, sustentabilidad y eficiencia dicho sistema. Consideró que un sistema eléctrico moderno es complejo, pero es flexible y eso significa que tienen que adecuarse y hacerse inversiones para el acoplamiento de esas tecnologías a la red eléctrica.

Por su parte Fernando Zendejas Reyes, exsubsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, señaló que de acuerdo a la ley corresponde exclusivamente a la nación la planeación y control del sector eléctrico, “en ningún lado dice sector privado”.

Otra de las participantes, Karla Cedano, responsable de Gestión de Tecnología del Instituto de Energías Renovables (IER), consideró que para alcanzar la seguridad energética se requiere la colaboración de todos, gobierno, academia, industria y sociedad; “es responsabilidad del Estado, pero tenemos todos responsabilidad en eso”.

El diputado del PAN, Santiago Torreblanca, sostuvo que la falta de inversión en generación, transmisión y distribución es lo que pone en riesgo la seguridad energética “y sin un esquema en el que participemos de manera ordenada todas y todos, va a ser imposible dar cumplimento a esto”.

De la misma bancada, el diputado Gabriel Quadri, hizo notar que el Estado nunca ha perdido el control del Sistema Eléctrico, por lo que se tienen todos los mecanismos para regular y operar al sector. “Los cambios que expresan los funcionarios de la CFE no requieren una reforma constitucional”. Añadió que lo que hay detrás de esta contrarreforma es una ambición monopólica, retrógrada y extemporánea que está fuera de lugar en el mundo moderno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió ayer con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, con quien abordó los planes y prioridades del sector empresarial para 2022.

En un mensaje en Twitter, el CCE dijo que López Obrador y Salazar celebraron un reunión de trabajo. “En un ambiente de cordialidad, conversaron sobre los planes y prioridades del CCE para el 2022, así como de las opciones de colaboración entre el sector público y privado para lograr una pronta reactivación de la economía”, apuntó el organismo.

Antes de que se diera la reunión, ayer en su conferencia matutina, AMLO agradeció al sector empresarial su apoyo para impulsar el desarrollo del país.

“El mensaje a los empresarios es también agradecerles por su apoyo en el desarrollo del país. No podríamos sacar adelante a México sin la participación de los empresarios, de los pequeños, de los medianos y de los grandes”, dijo López Obrador.

En ese sentido afirmó que los empresarios han tenido de parte de su gobierno “facilidades para invertir, para crear empleos y para obtener ganancias lícitas, razonables. No se pueden quejar de que se les ha afectado a los empresarios. Una cosa es lo político, lo ideológico, y otra muy distinta es la realidad económica”.

En su conferencia de fin de año, Salazar Lomelín aceptó que la economía mexicana creció, aunque dijo que fue a tasas pequeñas. “(Vemos) una economía creciendo a tasas relativamente pequeñas. Una inversión que no se alcanza a recuperar”, dijo a medios.

Sin embargo, ha habido algunos roces entre el gobierno federal y los empresarios; entre las más recientes, a inicios de noviembre pasado, el CCE consideró que el gobierno federal “ataca sin razón” al sector privado y calificó de “práctica perversa” denostar a las empresas que invierten en México y generan empleos.

Hoy, el presidente López Obrado confirmó que en la reunión de ayer se habló sobre un nuevo paquete de inversión público-privada; adelantó que la Secretaría de Hacienda y el CCE ya están trabajando en ello, el cual se conocerá antes de que finalice este mes.

“Estamos preparando paquete de inversión con participación pública y privada y lo está trabajando la Secretaría de Hacienda con CCE, Carlos Salazar, ese fue el motivo del encuentro de ayer, porque en unos días más se va hacer presentación de esta propuesta”, declaró AMLO.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estimó este jueves un crecimiento de entre 5.6% y 5.7% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2021, por debajo de la meta oficial de más de 6% que espera el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Se nos ha caído el crecimiento del PIB comparado con el año anterior y al caerse hace que el 6.2% (esperado) sea insostenible. ¿Y entonces qué estamos viendo? Un crecimiento, el mismo que ya pronóstico el Banco de México, más del orden del 5.6% o 5.7%”, expresó Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE.

El líder de la cúpula del sector privado empresarial lamentó que el crecimiento sea “insuficiente” para recuperar lo perdido en 2020, cuando la crisis de la pandemia dejó una contracción histórica de 8.2% del PIB.

Para 2022, el CEE prevé un crecimiento del 3% del PIB, similar a lo que espera el Banco de México, aunque por debajo del 4.1% que proyecta el presupuesto oficial del gobierno federal.

“Entonces (vemos) una economía creciendo a tasas relativamente pequeñas. Una inversión que no se alcanza a recuperar. No esperamos llegar, ni por mucho, a los niveles del famoso 25 % (de inversión) con respecto al PIB”, indicó en una reunión con medios de comunicación.

Como reflejo de esta desaceleración, el PIB de México decreció un 0,4 % trimestral entre julio y septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El presidente del CCE también expresó que le “preocupa enormemente la inflación”, que alcanzó en noviembre una tasa general interanual superior al 7 %, su mayor nivel en dos décadas.

El representante empresarial rechazó que todo corresponda a una inflación “importada”, como ha argumentado el Gobierno.

“Es preocupante ver que los productos agrícolas traen un crecimiento muy alto, esto no es importado, esta no es una inflación importada”, manifestó.

Salazar también enunció como una de las principales preocupaciones la reforma constitucional del sector eléctrico que propone el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que comenzará a discutirse el próximo enero en el Congreso.

La reforma prevé limitar al 46 % la participación del sector privado en la generación eléctrica y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa del Estado, tenga garantizado el resto.

En este contexto, el presidente del CCE recordó que el sector privado ha invertido 44.000 millones de dólares en el ramo, mientras que solo ha habido 13.000 millones de dólares de inversión pública.

“En los últimos cuatro o cinco años en nuestro país, no se ha invertido en una nueva generadora de electricidad pública, ha habido inversión privada, pero no ha habido pública”, manifestó.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó este lunes los señalamientos hechos por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, quien el pasado viernes afirmara que el actual sistema “es un atraco contra el pueblo de México”, esto, en medio del debate de la polémica reforma eléctrica del presidente López Obrador.

En sus declaraciones, Bartlett amenazó con cancelar los contratos de los privados y rechazó indemnizarlos si se aprueba la reforma, que limita a 46% la participación privada en la generación eléctrica.

“Con las recientes declaraciones es evidente que el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en nuestro país están en grave riesgo y la solución no es que un grupo de personas dicten normas inconstitucionales”, manifestó el CCE en un comunicado.

Y es que los choques entre el empresariado y el gobierno federal se han incrementado desde que el presidente envió el pasado 1 de octubre al Congreso una iniciativa de reforma eléctrica, que revierte la apertura del sector a la inversión privada que inició en 2013.

El CCE ha alertado de que inversionistas acudirán a paneles internacionales para proteger los cerca de 44,000 millones de dólares de inversión que consideran en riesgo de confiscación o expropiación indirecta. Así, los empresarios pidieron al gobierno no caer en “la provocación” ni “la polarización”.

“Los ciudadanos queremos impedir que desde el gobierno arbitrariamente se vulneren y se pasen por alto los diques de contención legales, porque entonces sería admisible que cualquiera lo haga”, sostuvo el CCE.

Recordemos que desde que asumió el poder en 2018, López Obrador se ha opuesto a la reforma energética de Peña Nieto, que abrió el sector a las empresas privadas, a las que acusa de “saqueo” y de ver a México como “tierra de conquista”.

En respuesta, en Conejo dijo que utilizar el nacionalismo como pretexto para atentar contra el Estado de derecho es realmente un ataque contra todos. Sostuvo que es un atentado contra el sistema que tantos años ha costado construir y contra los preceptos legales que protegen a todos los mexicanos de la arbitrariedad del autoritarismo.

“El propio Estado de Derecho no es inamovible, y proporciona los medios para defender cualquier idea y proponer las novedades que se quieran introducir en nuestro sistema constitucional. El problema es que respetando las normas de hoy, estas declaraciones y propuestas no tienen cabida. Reformar la ley con base en la ideología y la manipulación de los distintos sectores de la ciudadanía es totalmente inaceptable. Es una estrategia política que sólo genera, como resultado, el engaño y la división de la sociedad”, indicó el CCE.

La cúpula empresarial pidió “un voto sustentado y responsable” al Congreso, donde tanto el bloque afín al gobierno como la oposición han prometido un parlamento abierto ante la falta de consensos para alcanzar la mayoría calificada que permitirá la eventual aprobación de la iniciativa.

“No a la provocación y a la polarización, sí al diálogo respetuoso para mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva”, remató el CCE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió esta mañana su polémica propuesta de reforma eléctrica, que según ha dicho tiene el objetivo de evitar aumentos del precio de la luz.

“La nueva iniciativa lo que busca es que no haya estos privilegios para que se pague lo justo para la energía eléctrica y no aumente el precio de la luz, ese es el objetivo principal, que no pase lo que está sucediendo en España”, dijo AMLO desde Puebla.

El presidente arremetió una vez más contra los gobiernos pasados que a su juicio favorecieron la entrada de empresas eléctricas extranjeras, las cuales actuaron en México como si fuera “tierra de conquista”.

“En España ellos dominan y miren cómo están los precios de la luz. Hay una crisis tremenda pero las autoridades españolas dependen mucho de estas empresas”, opinó.

López Obrador dijo que el gobierno de México tiene la gran ventaja” de que fue elegido por el pueblo: “somos libres y tenemos que defender la economía popular”, expresó.

Y es que el mandatario envió el pasado jueves al Congreso su iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico, que pretende establecer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el 54 % del mercado.

Al respecto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió que, de aprobarse la reforma constitucional en materia energética, podrían perderse inversiones y proyectos, sin que se alcanzara a cubrir la demanda nacional de electricidad.

“La reforma eléctrica es para garantizar que no aumente la luz. ¿Quiénes se beneficiarán? Todos nos beneficiamos. Los empresarios (también)”, respondió el presidente.

La reforma constitucional de AMLO requiere 333 votos en Diputados para poder ser aprobada; Morena y sus partidos aliados cuentan únicamente con 277, por lo cual estarían buscando 56 votos en los partidos de oposición, los cuales podrían darse especialmente en la bancada del PRI, reafirmando una vez más la alianza PRI-MOR.

López Obrador advirtió a los legisladores que van a tener que “asumir su responsabilidad”. “Que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va enterar”, reclamó.

“Aquí vamos a estar tratando el tema todos los días y de una vez les digo a los legisladores, no es amenaza ni mucho menos advertencia, nada más que no va a haber anonimato, aquí tenemos que dar la cara todos, porque se trata de los intereses de todos. No vayan a pensar que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar, si no somos tapaderas”, sostuvo el mandatario.

Se dirigió especialmente a los legisladores del PRI, a quienes les recordó que el presidente priista Adolfo López Mateos “nacionalizó la industria eléctrica”.

Quien también se manifestó sobre la reforma eléctrica del presidente fue el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), quien señaló que la iniciativa lastima profundamente la economía de las familias mexicanas y al medioambiente.

Alertó que la eventual aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medioambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país. Dijo que la iniciativa obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE, sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea.

Expuso que la imposición de esta reforma implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar, violando los tratados internacionales de los que México forma parte, contradiciendo los mandatos del poder judicial y violando el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes.