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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió este martes que “no son chatarra” las 13 plantas que compró a la empresa española Iberdrola por casi 6,000 millones de dólares, esto ante las críticas del sector privado y analistas.

“No son chatarra (las plantas de Iberdrola compradas). Hay una buena caricatura, pero no voy a ponerla aquí, de quiénes son los chatarras. Por eso fue muy buena la operación, si nosotros nos proponemos construir estas 13 plantas, nos lleva 10 años”, argumentó el mandatario.

AMLO dijo que, él y su gobierno, consideran que fue una muy buena decisión y se dijo convencido de que fue conveniente para las dos partes.

Sus declaraciones se producen después de que López Obrador anunciara la semana pasada una “nueva nacionalización” de la industria eléctrica tras comprar 12 plantas de ciclo combinado y una eólica a Iberdrola, empresa española a la que ha denunciado de forma constante y ha acusado de “saquear al país”.

López Obrador justificó llamar “nacionalización” a la adquisición porque crecerá de 39% a 55% la participación en generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Por eso hablo de nacionalización y, con lo que estamos haciendo, para el año próximo calculamos que vamos a tener, aun con la antigüedad de algunas plantas de la Comisión Federal, vamos a llegar al 65% en toda la generación de energía eléctrica”, expuso.

Pero la compra ha despertado críticas de diversos analistas e instituciones, tales como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp),  que este lunes llamó “mala decisión” a la adquisición de las plantas porque “conlleva gastos de mantenimiento a futuro, que serán difíciles de solventar”.

El Ceesp, que depende de la cúpula empresarial del país, también consideró “una señal negativa hacia la inversión” en México que la operación ocurra después de los “ataques verbales del propio presidente a Iberdrola sin ninguna prueba objetiva”.

En cambio, analistas del sector privado, como la agencia Fitch, consideraron positiva la operación para Ibedrola porque le permite avanzar en sus metas de descarbonización.

Aún así, López Obrador señaló que estas plantas “tienen un promedio de vida útil tres veces superior al promedio de vida útil de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad”.

“Cuando hablan de chatarras, tomemos en cuenta que estas plantas, las más antiguas, se construyeron hace 40 años. El promedio son 18 años de vida de estas plantas”, sostuvo.

El mandatario, quien ha implementado una política energética nacionalista, reiteró que los antiguos gobiernos querían que las plantas de la CFE “se volvieran chatarra” para que la empresa del Estado “abandonara el mercado eléctrico y todo el mercado quedara en manos de particulares”.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Gonzalo Monroy, director general de la Consultoría Especializada GMEC, sobre el acuerdo que el gobierno de López Obrador cerró con Iberdrola, el cual presume como un logro.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) indicó a pesar de contar con financiamiento público, legalmente la propiedad de las centrales que México compró a Iberdrola, así como la gestión del fideicomiso seguirá siendo privada, ajena al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Es decir, la CFE no está incrementando su participación de mercado en la generación eléctrica como el gobierno ha asegurado, añadió el IMCO.

Recordemos que ayer, Iberdrola anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España la venta de 13 centrales de generación eléctrica en México por un total de $6 mil millones de dólares a un fideicomiso privado con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y otras instituciones públicas mexicanas, gestionado por Mexico Infrastructure Partners (MIP), una administradora de fondos mexicana enfocada en inversiones en infraestructura y energía.

Y es que todavía no es público a cuánto ascenderá la participación de las entidades públicas. El IMCO dijo que hasta el momento se desconoce la composición del capital del fideicomiso que gestionará estas centrales.

Del total de activos en la transacción, 12 centrales son de ciclo combinado (gas natural y vapor) equivalentes a 8,436 MW, y una es eólica por 103 MW. Asimismo, 10 operan bajo la figura de Productores Independientes de Energía (PIEs), que son las centrales privadas que venden toda su producción a la CFE en contratos de hasta 30 años instaladas previo a la apertura del sector energético en 2013/14- y tres lo hacen de forma privada, es decir, participan directamente en el Mercado Eléctrico Mayorista.

El Instituto destacó que para Iberdrola, esta transacción se da en un contexto que busca  reducir gradualmente la huella de carbono en su matriz de generación eléctrica y centrar sus inversiones en tecnologías bajas en emisiones.

Recordó que en noviembre de 2022, la empresa anunció el objetivo de invertir 51 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura de redes y generación renovable en un plazo de tres años.

En ese sentido, destacó que la venta le permite liberar capital invertido en proyectos fósiles de mayor antigüedad a nuevos proyectos de energías limpias.

Ante la afirmación del gobierno federal sobre  que el porcentaje de generación eléctrica bajo control de la CFE se incrementará de 39.6% a 55.5%, el IMCO indicó que es necesario subrayar que la mayor parte de esta generación ya está bajo control de CFE, dado que los PIEs ya forman parte de la matriz de generación de la empresa a través de la subsidiaria CFE Generación V, encargada de administrar los contratos con estas centrales, de representarlas en el mercado y de reportar su estado de resultados ante la Cuenta Pública.

“En otras palabras, estas centrales operan legalmente en los términos impuestos por la empresa y forman parte jurídica, contable y económicamente de la CFE”, detalló el Instituto.

Finalmente dijo que esta venta no representa una nacionalización de la industria, ni cambia la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, únicamente cambia la propiedad de una canasta de centrales entre privados.

“El anuncio que CFE operará estas centrales no cambia este hecho, aunque abre la puerta a que la empresa estatal expanda las condiciones de su contrato colectivo de trabajo a los trabajadores de las nuevas centrales, y pone en riesgo su rentabilidad en el mediano y largo plazo, dadas las condiciones establecidas desde la renegociación de 2020 que redujo en 10 años la edad de retiro”, remató.

El Gobierno federal prometió esta mañana conectar para 2024, a los 20 millones de mexicanos que aún viven sin internet, mediante el programa “Internet para todos” a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Es un compromiso que hicimos de que al término de nuestra administración, de nuestro mandato, vamos a dejar conectadas con internet a todas las comunidades, a todos los municipios del país”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde Palacio Nacional.

Estas declaraciones llegan luego de que en su primer año de mandato, en 2019, López Obrador prometió cobertura universal para 2021, luego aplazó la fecha límite para 2022 y ahora, una vez más, recorre la fecha compromiso al prometer que se cumplirá en 2024.

En la conferencia matutina de hoy, se expuso que, por ahora, la empresa pública CFE Altán tiene una población cubierta con redes de internet de 91.48 millones de personas, el 72.6% de la población, y se espera que este 2023 haya una cobertura de más de 115.79 millones de habitantes, es decir, el 91.9%.

López Obrador recordó que al inicio de su gestión, en diciembre de 2018, había cerca de 500 municipios que no tenían conexión a la internet.

En ese entonces, CFE Altán solo tenía 2,675 torres, las cuales han crecido en 4,771, además de que proyectaron que al final de 2024 espera tener un total de 12,601.

El director general de la CFE, Manuel Bartlett, aseguró que se puede llevar internet con las redes de transmisión que ya se usan para la electricidad.

Detalló que CFE tiene 50,000 kilómetros de fibra óptica instalada y construirá 32,000 kilómetros más, además de hacer obras civiles para llevar la fibra óptica a torres de telecomunicaciones, que también pueden conectarse vía satelital.

Enfatizó que la tecnología disponible para los usuarios será la red 4.5 G.

Adicional, Manuel Bartlett indicó que la CFE se enfoca en conectar a comunidades con menos de 5,000 habitantes, pues refirió, las empresas privadas no las asisten porque “no es negocio”. Bartlett consideró “inaceptable” y una “injusticia” que casi una sexta parte de la población en el país permanezca desconectada.

“Esto implicaría aceptar que 20 millones de mexicanos queden sometidos a un retraso secular, a una severa marginación. Significa que millones de niños pueden para siempre quedar en desventaja”, sostuvo el director de CFE.

Los familiares de los 10 trabajadores que permanecen atrapados desde el pasado 3 de agosto en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, aceptaron el plan de rescate presentado por el gobierno federal, y que inicialmente habían rechazado porque tomaría hasta 11 meses.

“Ya hay un consenso, las 10 familias están de acuerdo en que se lleve a cabo este trabajo, y no aceptaban por el tiempo, porque nos va a llevar más tiempo el rescate”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este fin de semana desde Nuevo León.

El jueves pasado, la Coordinación Nacional de Protección Civil presentó el plan de rescate a los familiares de los mineros, lo que causó inconformidad pues podría tomar entre seis y once meses.

El viernes, el presidente defendió que los expertos que trabajan en el rescate buscarán acortar los tiempos en la medida de lo posible.

El derrumbe que dejó a los mineros atrapados desde el 3 de agosto de dio cuando se abrió un orificio en la mina El Pinabete, provocando que el agua acumulada en el vecino complejo Conchas Norte se desbordará hacia el lugar donde trabajaban.

Cinco obreros lograron salir, pero en todo este tiempo no ha sido posible establecer contacto con los 10 mineros atrapados, cuyo estado se desconoce.

En el acto público de este domingo, López Obrador dijo que buscarán “sacar los cuerpos” lo más pronto posible, sin hacer referencia a la posibilidad de que aún puedan estar vivos.

Los familiares temen que a medida que pase más tiempo hay menos posibilidades de volver a ver a sus seres queridos con vida.

Según explicó el jueves la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, se evalúan tres “opciones” para el rescate, una de las cuales consiste en abrir un túnel con “rampas de acceso inclinado” para alcanzar las galerías de la mina, además del bombeo de agua.

La estrategia inicial era que buzos militares intentaran descender verticalmente a través de los pozos por donde suelen acceder los obreros, cuando la inundación estaba a poco más de un metro. Pero el nivel del agua aumentó a más de 30 metros el 14 de agosto y se ha mantenido.

López Obrador instruyó al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a reforzar el apoyo en las tareas de rescate de 10 mineros, a la par que anunció que los familiares de las víctimas recibirán una indemnización superior a los montos que originalmente estaban establecidos.

También recordó que continúan los trabajos en la mina de Pasta de Conchos por respeto a la decisión de 11 de 65 familias que pidieron la recuperación de los restos de los mineros atrapados en 2006 en el municipio San Juan de Sabinas en Coahuila.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó este miércoles que destinarán 30,000 millones de pesos para conectar a todo el país a internet, con especial énfasis en las regiones más aisladas, tal como lo ha venido prometiendo desde su campaña.

“Ayer tuve una reunión para resolver en definitiva lo del internet, para que haya señal en todo el país”, aseveró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

Detalló que para ello se apoyará de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues tienen experiencia para realizar conexiones en todo el país.

Señaló que en la reunión que sostuvo ayer, acordó realizar una gira por las seis regiones del país donde el objetivo será convocar a los trabajadores electricistas sindicalizados para que se encarguen de la instalación de antenas que son necesarias para la conectividad.

La idea, dijo, es que hacia el primer semestre de 2023 los electricistas hayan colocado unas 2,500 antenas para llegar a los puntos más alejados de México.

“Vamos a incluir a los trabajadores actuales (…) me voy a reunir en seis regiones del país con los trabajadores porque necesitamos utilizar la infraestructura, la fibra óptica, toda la línea de transmisión para colocar los equipos, tener toda la red y luego lo que llaman la última milla y se va a garantizar la telefonía celular”, afirmó.

Y es que el presidente ha venido señalando en los últimos meses que en algunas comunidades, las más alejadas, ni siquiera se pueda hablar por teléfono porque no existe la infraestructura que se requiere y, por consecuencia, mucho menos llegue internet.

“Tenemos los fondos, los recursos, estamos pensando en una inversión de alrededor de 30,000 millones de pesos para montar toda la estructura y que se tenga el internet en todos lados”, enfatizó López Obrador.

Señaló que ya se venía trabajando con la empresa Altán, que avanzó en un 70% en la instalación de la red general, pero será la CFE la que se hará cargo de toda la instalación que falta en la última milla, con el fin de que la gente de las comunidades más apartadas “sobre todo los estudiantes” puedan utilizar el internet.

Recordemos que en diciembre pasado, López Obrador se comprometió a llevar internet a más de 7,500 comunidades que no cuentan con cobertura a través del programa “Internet para todos”. Y es que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha identificado más de 77.000 localidades sin cobertura en la que viven 8,3 millones de personas.

Jorge Suárez-Vélez

REFORMA

 

AMLO llama “traidores a la patria” a quienes no estemos de acuerdo con que Pemex y CFE recuperen su monopolio. Pero me pregunto por qué esa condición beneficiaría a María García, por ponerle nombre. Entre 2011 y 2021, Pemex perdió 4 millones de millones de pesos de nuestro dinero. Es decir, que a María le costó más de 30 mil pesos ser “dueña” de Pemex. Y sí le costó. Ese dinero pudo irse a construir escuelas, o se lo pudieron dar a ella, pero se fue a pagar las pérdidas de “su” empresa.

Exxon, la petrolera más grande de EU, privada como todo ese sector, generó en el mismo periodo utilidades (UAFIDA) por 12.3 millones de millones de pesos. Quizá Mary Smith, la prima gringa de María, también sea “dueña” de Exxon, pues muchos fondos de retiro y de pensiones tienen acciones, y Mary quizá lleva años recibiendo atractivos dividendos de esa empresa privada. A ella sí le ha convenido.

Exxon anunció en 2021 que invertiría 15 mil millones de dólares para eliminar emisiones de gas metano. También en 2021, una plataforma de Pemex liberó 40 mil toneladas de ese gas en la atmósfera. María García y sus hijos respirarán ese gas, 80 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Ella no puede oponerse, a pesar de ser “dueña”.

Por ser “del Estado”, a Pemex la manejan políticos. Hoy le toca a Octavio Romero, amigo cercano de AMLO, un agrónomo que nada sabe del tema. Le pagan 1.5 millones de pesos al año. El presidente de Exxon, Darren Woods, lleva 24 años en la empresa y le pagaron 23.6 millones de dólares en 2021. Se estima que Pemex vale 5,550 millones, aunque la empresa está quebrada: Exxon vale 372,000 millones de dólares (67 veces más que Pemex). Cualquier persona, sea o no de EU, puede comprar acciones de Exxon en la bolsa. ¿Cuál país es más soberano, México pagando las pérdidas de Pemex, que cada vez son mayores, o EU que recibe impuestos crecientes y se beneficia de la tecnología que desarrolla su empresa, que además invierte por todo el mundo? Por cierto, los consumidores de EU también se benefician de que Exxon sí tenga que competir, pues eso la fuerza a ofrecer mejores productos y servicios.

CFE tuvo sus mejores años, llegando incluso a tener utilidades, cuando se permitió que empresas privadas generaran, y que grandes usuarios autogeneraran. Esto permitía que CFE comprara energía barata, generada con tecnología de punta; para luego ganar dinero al venderla a precios de mercado. La ley obligaba a que CFE comprara primero la energía más barata, sin importar quién la producía. Ahora se le da prioridad a la que genera CFE, aunque sea mucho más cara y provenga de fuentes muy contaminantes, como el carbón o el combustóleo. María García pagará más por la luz, o subsidiará ineficiencias con sus impuestos, y respirará partículas contaminantes que le pueden causar muchos males. A María y a sus hijos les costará más trabajo encontrar chamba, pues muchas empresas que querrían invertir en México no lo harán si no tienen abasto confiable de electricidad barata y limpia. ¿En qué le beneficia ser “dueña” de la empresa?

El sector energético es estratégico. El mundo intenta una transición hacia energías limpias. La guerra en Ucrania, y las elevadas temperaturas que vivimos, la vuelven urgente. México puede ser muy competitivo por su potente irradiación solar y por los fuertes vientos en muchas regiones. Inversionistas, de México y otros países, querrían desarrollarla. Esa inversión generaría empleos, haría más competitiva a nuestra industria al ofrecerle energía barata y limpia, y le daría a este gobierno recursos fiscales que le urgen. ¿Es traidor a la patria quien propone que nos subamos a tan vital transición o quien lo evita?

Hace 30 años México firmó un acuerdo comercial que nos abría la puerta para integrarnos a la región más potente del mundo. Este gobierno lo ratificó en 2018. Cuando AMLO firmó, lo hacía en nombre de María García y de todos los mexicanos. Violar ese acuerdo, nos afecta a todos. ¿No leyó lo que firmaba? ¿Faltar a nuestra palabra no es traición a la patria? Yo tengo otros datos.

Los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ubicados en la Península, sufrieron este miércoles un apagón de varias horas debido a la salida de operaciones de seis líneas de alta tensión, por lo que más de un millón de personas se quedaron sin servicio eléctrico.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo en un comunicado que pasadas las 8:30 de la mañana “salieron de operación seis líneas de alta tensión”, incidente que afectó el servicio eléctrico en tres de los 32 estados del país.

La falla, explicó, fue originada por el accidente que sufrió un trabajador de la CFE cuando realizaba labores de mantenimiento a una de las líneas de alta tensión. Detalló que el empleado implicado en el hecho ya se encuentra bajo cuidados médicos y su condición es estable.

El apagón afectó a 1.3 millones de usuarios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que representan 62% de los usuarios totales de esa región.

Alrededor de medio día, la CFE precisó que ya se había logrado restablecer el servicio eléctrico. “La CFE ejecutó maniobras de restablecimiento en plena coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y ya restableció el suministro eléctrico a los usuarios afectados”, precisó la Comisión.

Reportes señalaron que las mayores afectaciones se presentaron en Yucatán y Quintana Roo donde más de un millón de usuarios quedaron temporalmente sin electricidad.

John Kerry, el encargado de La Casa Blanca para asuntos del clima, visitó al presidente López Obrador ayer y dijo que está convencido de que México abrirá las puertas a la inversión privada en el sector energético.

“El presidente ha sido muy claro, la decisión es tratar de facilitar que esas compañías [las estadounidenses del sector energético] sean capaces de avanzar para hacer negocios y además enviar un mensaje de que el sector privado podrá formar parte de muchas maneras para invertir.”

Esto ocurre cuando hay un serio problema en el funcionamiento de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que es un árbitro disfuncional y es completamente parcial. Es como si en un partido de soccer, pongamos el Atlas contra Pachuca, el árbitro hubiese sido impuesto por el Atlas y anunciara que su silbato tiene fallas y casualmente solo funciona cuando tiene que marcarle faltas al Pachuca. Además, es un árbitro que no está de acuerdo con las reglas de la Federación Mexicana de Fútbol y por ello decide que le da igual y va a aplicar sus propias reglas.

La CRE está actuando como si trabajara para CFE y Pemex, obligando a los consumidores a comprarles a estas dos empresas en lugar de impulsar la competencia para lograr el principal objetivo: la generación de energía limpia y a los mejores precios.

¿Qué es lo que preocupa en el sector energético actualmente?

Primero, que la CRE no respeta el orden en el que se solicitan permisos para nuevas inversiones o nuevos negocios. El principio jurídico de primero en hecho, primero en derecho, la CRE se lo pasa por el arco del triunfo. Si la CFE o Pemex solicitan algún permiso, por ejemplo para poner una gasolinera, la CRE le resolverá y dará esa autorización antes que los permisos solicitados a privados aunque estén primero en ‘la fila’.

Segundo, cuando hay un fallo del poder judicial, permite que CFE y/o Pemex no acaten la orden, no la respeten. Para ello usa hasta el COVID de excusa. Las oficinas de la CRE siguen prácticamente cerradas con la excusa de la pandemia para que no cuenten los días que transcurren de un fallo jurídico.

Además, la CRE se ha dedicado a negar permisos de generación de energía en el centro del país con la excusa de que no hay capacidad de transmisión. Increíble que sea así cuando la regulación de la transmisión es del CENACE y no de la CRE, pero negando permisos garantiza que la CFE sea la única que genere electricidad en la zona centro, en su refinería en Tula que puede utilizar el combustóleo sucio y caro que genera Pemex y que no tiene a donde más enviarlo.

Para sumarle a lo anterior está el director de la CFE, Manuel Bartlett, que busca acabar con la figura del autoabasto. Ante ello, las empresas que presentan sus documentos para mudarse al mercado eléctrico se topan con que sus permisos de modificación son negados y así se quedan en el limbo, sin poder operar.

Todas estas acciones de la CRE suceden porque el presidente López Obrador está empeñado en que la CFE y Pemex pueden solas. Es un tema ideológico que nos está costando billones de dólares en pérdida de inversiones y generará precios más altos de energéticos y limitará el crecimiento y la competitividad del país. El presidente no cambió de opinión ayer que vio a Kerry y le dijo que se respetarán las inversiones estadounidenses en el sector. Simplemente le dio atole con el dedo.

Apostilla: En la mañanera del lunes, el presidente criticó a Gabriel Contreras por haber pasado de estar al frente del Instituto Federal de Telecomunicaciones a un cargo directivo en AT&T. “No es ilegal, pero es inmoral”, dijo. ¿Cuál es la diferencia entre esta inmoralidad y que, por ejemplo, José Alberto Celestinos Isaacs, quien salió de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de ahí se fue a la Sener? Celestinos pasó de regulador a un regulado, sin que eso le pareciera “inmoral” al presidente.

Columna completa en El Universal

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, aseguró que no se han podido refutar los argumentos de la iniciativa presidencial que reforma la Constitución en materia eléctrica, pese a que durante los cinco foros que se han desarrollado hasta el día de hoy, como parte del Parlamento Abierto, se le han manifestado los contra de la reforma y se han cuestionado algunos de los conceptos que la CFE ha presentado.

Las declaraciones de Bartlett se dieron en el marco del encuentro con las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena en su reunión plenaria, celebrada ayer en el recinto legislativo de San Lázaro.

“Son malísimos, son muy mentirosos. La iniciativa del Presidente es muy clara en la exposición de motivos, y no han hecho la menor crítica a ella, se van a decir que ‘la energía sucia’, son mentiras, no han podido de ninguna manera refutar los argumentos del Presidente de la República”, dijo el funcionario.

Por otro lado, el funcionario señaló que la Cámara de Diputados tiene amplia apertura para que los sectores interesados participen en los foros del Parlamento Abierto sobre la citada reforma.

“De verdad hay toda clase de posibilidades de participación y está abierta a todos los sectores, a todos los interesados; es un Parlamento Abierto de verdad”, remató.

Y mientras Bartlett asistía a la plenaria de Morena, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el Foro 5º del Parlamento Abierto en torno al análisis de la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo Federal, denominado “Creación de la CFE y electrificación nacional, nacionalización de la Industria Eléctrica, liberalización de la generación y comercialización eléctrica; participación del sector privado en la Industria Eléctrica”.

La jornada inició con el tema “El Papel del Estado en la Construcción del Sistema Eléctrico Nacional”, con la participación de especialistas.

El presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez de Morena, resaltó que se trata de un tema sumamente interesante, con visiones amplias y distintas. Calificó este ejercicio como positivo y constructivo; “va a ser de mucha utilidad para las tres comisiones que vamos a intervenir en el dictamen y, por supuesto, posteriormente, en caso de llegar al Pleno, para los 500 diputadas y diputados que integramos la Cámara de Diputados”.

Francisco José Barnés de Castro, ex rector de la UNAM y socio director de Cifra2 Consultores, firma especializada en energía y medio ambiente, afirmó que la reforma propuesta por el Ejecutivo debe ser rechazada en todos sus términos por el grave daño que causaría al sector eléctrico, a la CFE, a las finanzas públicas, a la confianza de los inversionistas y a la economía nacional.

Señaló que es mucho más restrictiva para el sector privado, cancela el derecho de los usuarios calificados de contratar y recibir electricidad de otras fuentes de suministro diferentes a la CFE, a las inversiones existentes en más de 800 centrales eléctricas se les impone un cambio radical en su modelo de negocio, lo cual es violatorio de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, y cancela todos los permisos de generación y los contratos de la CFE con el sector privado.

Por su parte Óscar Moreno Silva, abogado o especializado en infraestructura y proyectos de energía, calificó como preocupante que en los transitorios se cancelen los permisos de generación el día que entre en vigor la reforma, ya que tiene una afectación grave a inversionistas, pues es una expropiación de facto, debido a que estos permisos habían sido otorgados mediante proceso de ley.

Mónica Rodríguez Díaz, consultora senior y encargada de las cuentas para el sector energético en la firma Integralia Consultores, enfatizó que “no requerimos una hipercentralización de la industria eléctrica, sino herramientas regulatorias y políticas en manos de todos los participantes de la industria que ayuden a mitigar la crisis climática”.

La reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe atender las “áreas de oportunidad existentes” sin por ello afectar al sector productivo con sus “desventajas”, pidió este lunes la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

“La industria automotriz está interesada en contar con un sistema eléctrico nacional transparente, eficiente, competitivo y progresivamente más sustentable. Estamos seguros de que todos los actores involucrados tienen el mismo interés. (…) Por lo que creemos que se encontrará la manera de atender las áreas de oportunidad del sector eléctrico sin afectar otros sectores industriales”, compartió José Zozaya, presidente de la AMIA.

Zozaya reconoció que el sistema eléctrico nacional y su marco normativo tienen áreas de mejora que podrían solucionarse modificando la legislación secundaria.

Pero a su vez, compartió “las desventajas que tendría la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo Federal”.

Ello debido a los efectos negativos que esta puede traer para la planta productiva de la industria automotriz mexicana y los compromisos internacionales suscritos por México en acuerdos como el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, o el Acuerdo de París.

Las empresas afiliadas a la AMIA enumeraron algunas de sus principales preocupaciones sobre la reforma eléctrica, que propone que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) genere por los menos un 54% de la energía, y para las empresas privadas el porcentaje restante como máximo.

“Vemos con preocupación que pudiera no haber financiamiento disponible, ni infraestructura ni generación de energía eléctrica limpia que permitan atender el incremento en la demanda en el futuro cercano, tanto por la inercia económica existente como por los compromisos planteados con anterioridad”, indicó la AMIA.

La asociación consideró que, por la “capacidad limitada de fuentes renovables” con las que cuenta la CFE, para alcanzar dicha proporción en la generación de electricidad se tendrían que usar combustibles fósiles, lo cual señalaron, podría incrementar el costo de la electricidad hasta en un 31%.

Asimismo, en caso de limitar la modalidad de autoabastecimiento, habrá una parte significativa de la demanda de electricidad que tendría que cubrir inmediatamente la CFE y “su capacidad para lograrlo se verá retada”, advirtió la AMIA.

Finalmente, advirtió de los problemas internos y también externos de no producir utilizando energía renovables. “Al no promover energías renovables, nuestras exportaciones podrían estar sujetas a represalias comerciales, como impuestos al carbono a manufacturas, haciendo menos atractivo a México como destino de inversiones y afectando la generación de empleos”, agregó.

Durante su participación en el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, Manuel Bartlett , director general de la CFE, acusó que los privados pretenden apropiarse del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y de la CFE, sin generar un mercado de competencia y estableciendo monopolios.

Durante el Foro 2, “Redes eléctricas, Generación: Sociedades de Autoabastecimiento, PIES (Productores Independientes de Energía), Subastas de Largo Plazo y Proyectos de Generación posteriores a la Reforma de 2013”, organizado por la Cámara de Diputados, el titular de la CFE habló sobre los mecanismos donde empresas privadas, particularmente extranjeras, participan en detrimento de las finanzas de la empresa. 

Dijo que  las sociedades de autoabastecimiento, figura que acusó de constituir un esquema ilegal al simular múltiples socios que en realidad son clientes de un dólar, cuestan 10 mil mdp al año a la CFE. Señaló que cuentan con un despacho privilegiado, que no se sujeta a criterios de costos, y pagan menos porteo, a costa del resto de generadores, lo mismo que sucede con los generadores independientes, que también representan pérdidas al pagarles supuestos excedentes de energía.   

Bartlett Díaz enfatizó que la CFE no es enemiga de las energías limpias. Indicó que tan solo en 2021 generó el 38.2% de su energía con fuentes limpias y 61.8% con fósiles, mientras que los privados el 20.5% con fuentes limpias y el 79% con fósiles.

Pese a que se había anunciado la presencia en este foro de diversos líderes del sector privado, con figuras como Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cambio de día y hora inicialmente planteados influyeron en que fuera el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, el único que acudiera al diálogo con el fin de servir como contrapeso a Bartlett.

Pese a los planteamientos del director de CFE, Abugaber afirmó que la participación de los particulares evitó apagones, además de que defendió que el autoabastecimiento de energía eléctrica es totalmente legal. “El 70% del crecimiento de generación fue hecha por el sector privado, si lo hubiera hecho CFE no sé si tuviéramos luz en este momento”.

A este reclamó Bartlett contestó que no había ningún peligro de que no se tenga electricidad en este momento, y para ello le dijo “déjennos a nosotros hacer la reforma constitucional (…) y daremos la electricidad que necesita México para el desarrollo”. En ese sentido dijo que fortalecer a la CFE, mediante la iniciativa de reforma que presentó el presidente López Obrador, es un asunto de seguridad nacional.

Abugaber negó que el sector privado no pague la electricidad. “Sí pagamos. Tan sí pagamos que CFE Transmisión y Distribución tiene utilidades, imagínese las pérdidas que tendría si no pagáramos”. Acusó que con las descalificaciones que se hace a los privados, se manda una mala señal a la inversión, necesaria para la CFE y para el gobierno federal.

El presidente de la Concamin indicó que si bien están en contra de la reforma, están conscientes de que pueden realizarse ajustes al esquema actual con el que opera la industria eléctrica. “El empresariado quiere construir con el sector público (…) queremos construir con CFE, no queremos destruir”.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que gracias a la estrategia implementada para prevenir, detectar, combatir y erradicar la corrupción durante la presente administración, se logró un ahorro de 24 mil 983 millones de pesos.

Rubén Cuevas Plancarte, Director de Administración de la CFE, señaló que lo ahorrado por CFE es un monto superior al presupuesto asignado a las secretarías de la Función Pública, Economía, Gobernación y Relaciones Exteriores para el próximo año.

El funcionario destacó que gracias a la implementación de medidas concretas, se redujeron las contrataciones realizadas a través de adjudicaciones directas, las cuales alcanzaron un 78% durante administraciones anteriores, mientras que este año, al 3er trimestre, ese número se redujo a menos del 5%, ya que el 95.4% de las contrataciones se realizaron a través de la figura de concurso abierto y simplificado.

Roberto Chaparro Sánchez, Coordinador de Control Interno de CFE, señaló que, en el periodo neoliberal y con la aprobación de la reforma energética de 2013, fueron desmanteladas las áreas encargadas de prevenir y combatir la corrupción al interior de la CFE.

Por ello dijo, cuando la nueva administración llegó, fueron detectadas irregularidades como los contratos leoninos, proyectos abandonados, riesgos de corrupción no reconocidos y servidores sin facultades que firmaban contratos. “Buscaban lograr un objetivo criminal: privatizar a la CFE”, advirtió.

La CFE recordó que su Programa Anticorrupción fue aprobado por el Consejo de Administración en febrero de 2019, en el que se establecen principios, estrategias y acciones que tienen como finalidad prevenir, detectar, combatir y erradicar la corrupción.

Detallaron que el programa está integrado por tres principios generales: Política de Tolerancia Cero a la Corrupción; Desempeño honesto y transparente en el desempeño de funciones, y Promoción del respeto a los derechos de todas las personas y la equidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró el miércoles que su gobierno seguirá respaldando a Pemex, esto al ser consultado sobre si su administración continuará asumiendo las amortizaciones de deuda de la petrolera, como lo ha hecho este año.

Recordemos que el presidente anunció este año que la Secretaría de Hacienda asumiría las amortizaciones del 2021, equivalente a unos 6,300 millones de dólares, para permitir que la firma tuviera más recursos libres.

“Estamos nosotros apoyando a Pemex, apuntalando a Pemex, como estamos apoyando a la Comisión Federal de Electricidad. El plan de los tecnócratas corruptos y de sus jefes era destruir a Pemex y destruir a la Comisión Federal de Electricidad, arruinarlos, arruinar a estas empresas públicas; entonces, nosotros estamos ayudando”, respondió el mandatario.

Este tema sirvió para que asegurara que si no hubiera ganado la elección presidencial de 2018, y no se hubiera optado por un cambio, Pemex estaría ahora en bancarrota al igual que la CFE; sin embargo, fue más allá al asegurar que si no estuviera él en el poder, habría un caos en el país.

“No soy adivino, pero tengo sensibilidad. Si no hubiese cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido, no hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimo más vidas, estaría el país destrozado”, sostuvo el morenista.

Justificó asegurando que con su gobierno hay estabilidad económica y financiera pese a la situación que se vive en el mundo. Además, dijo que no se ha endeudado al país ni se ha empobrecido al pueblo a pesar de la crisis económica. También dijo que con su gobierno, el prestigio de México está “por lo alto”.

“También para ubicarnos, porque ustedes imaginen si se hubiesen continuado con los mismos planes, esto que hicieron”, remató el mandatario.

La reforma eléctrica que propone el gobierno federal desatará arbitrajes internacionales por las afectaciones a la inversión privada que ya está hecha, advirtió este lunes la agencia Fitch.

“Inversionistas extranjeros de países con tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio con México podrían impugnar la ley en cortes de arbitraje internacional en un esfuerzo para proteger sus inversiones y recibir compensación monetaria”, indicó la firma en un reporte.

La calificadora recordó que la iniciativa constitucional busca limitar a 46% la participación privada en la generación de electricidad, que ahora es de cerca del 60%, lo que “añadiría incertidumbre a la futura demanda y precio”.

También desaparecería a los reguladores autónomos de energía como la CRE o la CENACE, cancelaría todos los contratos de autoabastecimiento y priorizaría el despacho de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las renovables de privados.

“La propuesta podría debilitar aun más el Estado de derecho de México y podría desincentivar futuras inversiones privadas en el sector”, consideró Fitch.

La agencia señaló que la propuesta también pondría bajo control de la CFE “toda la cadena de suministro eléctrico”, incluyendo la generación, transmisión, distribución y suministro, lo que “acabaría con la autonomía del operador independiente del sistema”.

Para satisfacer la demanda eléctrica del país, la CFE tendría que incrementar su ritmo de inversión y desarrollo, apuntó la calificadora.

“Si la iniciativa pasa, Fitch cree que la capacidad del sistema estaría presionada a partir de 2024, y que la participación privada sería necesaria para ejecutar los nuevos proyectos de generación que se necesiten”, argumentó en su reporte.

Recordemos que para aprobar la reforma, la alianza oficialista requiere dos tercios de los votos del Congreso, una mayoría calificada que perdió tras las elecciones intermedias del pasado del 6 de junio. En este contexto, Fitch consideró que la aprobación de la reforma “es improbable”, aunque dijo que “si pasa, las implicaciones al crédito serían significativas”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana que está abierto a cambios en su  iniciativa de reforma eléctrica, con la condición de mantener su “esencia”, como la rectoría del Estado del sector y la nacionalización del litio.

“Sí (se aceptan ajustes), siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? De que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos”, respondió a pregunta expresa en su conferencia matutina.

Y aunque la mayoría de los partidos de oposición ya anunciaron su voto en contra, el PRI ha pedido un diálogo y análisis profundo.

A diferencia de iniciativas anteriores, el presidente se ha mostrado abierto a cambios, lo que podría deberse a que Morena y aliados no cuentan con los votos suficientes para aprobarla. Aun así reafirmó su propuesta de “que la generación, la distribución de la energía eléctrica, no tenga propósitos de lucro”.

“Si eso se sostiene, la rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica, adelante (con los cambios)”, añadió a su respuesta.

Aprovechó para negar que sea cierto que México perderá 44,000 millones de dólares por indemnizaciones, como calculó esta semana la Cámara Internacional de Comercio de México (ICC). “Nosotros lo que queremos es que ya no sigan robando, tan sencillo como eso, y dicen que se va a ir la inversión, (pero) no se van”, defendió.

López Obrador reiteró que lo que se pretende con la reforma que propuso no es una nacionalización ni una expropiación, aunque insistió en que se necesita “fortalecer” a la CFE para garantizar precios justos en la energía eléctrica.

El mandatario dijo a los empresarios que “deberían estar agradecidos” porque la iniciativa contempla que conserven un máximo del 46% del mercado de generación eléctrica. Incluso ejemplificó que el 46% del mercado que podrían conservar es el equivalente a toda la electricidad que se consume en Argentina, un país de cerca de 60 millones de habitantes.

“Entonces deberían estar agradecidos, nada más que no tienen llenadera, se quedaron con la mala costumbre de robar a manos llenas”, declaró.

Además de la rectoría del Estado en el sector, el presidente indicó que la nacionalización del litio es otro de sus puntos firmes en la reforma. El mandatario acusó a los opositores de “no atreverse a hablar del litio” porque “no les conviene, no les gusta” la idea que este mineral sea propiedad de la nación.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó este lunes los señalamientos hechos por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, quien el pasado viernes afirmara que el actual sistema “es un atraco contra el pueblo de México”, esto, en medio del debate de la polémica reforma eléctrica del presidente López Obrador.

En sus declaraciones, Bartlett amenazó con cancelar los contratos de los privados y rechazó indemnizarlos si se aprueba la reforma, que limita a 46% la participación privada en la generación eléctrica.

“Con las recientes declaraciones es evidente que el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en nuestro país están en grave riesgo y la solución no es que un grupo de personas dicten normas inconstitucionales”, manifestó el CCE en un comunicado.

Y es que los choques entre el empresariado y el gobierno federal se han incrementado desde que el presidente envió el pasado 1 de octubre al Congreso una iniciativa de reforma eléctrica, que revierte la apertura del sector a la inversión privada que inició en 2013.

El CCE ha alertado de que inversionistas acudirán a paneles internacionales para proteger los cerca de 44,000 millones de dólares de inversión que consideran en riesgo de confiscación o expropiación indirecta. Así, los empresarios pidieron al gobierno no caer en “la provocación” ni “la polarización”.

“Los ciudadanos queremos impedir que desde el gobierno arbitrariamente se vulneren y se pasen por alto los diques de contención legales, porque entonces sería admisible que cualquiera lo haga”, sostuvo el CCE.

Recordemos que desde que asumió el poder en 2018, López Obrador se ha opuesto a la reforma energética de Peña Nieto, que abrió el sector a las empresas privadas, a las que acusa de “saqueo” y de ver a México como “tierra de conquista”.

En respuesta, en Conejo dijo que utilizar el nacionalismo como pretexto para atentar contra el Estado de derecho es realmente un ataque contra todos. Sostuvo que es un atentado contra el sistema que tantos años ha costado construir y contra los preceptos legales que protegen a todos los mexicanos de la arbitrariedad del autoritarismo.

“El propio Estado de Derecho no es inamovible, y proporciona los medios para defender cualquier idea y proponer las novedades que se quieran introducir en nuestro sistema constitucional. El problema es que respetando las normas de hoy, estas declaraciones y propuestas no tienen cabida. Reformar la ley con base en la ideología y la manipulación de los distintos sectores de la ciudadanía es totalmente inaceptable. Es una estrategia política que sólo genera, como resultado, el engaño y la división de la sociedad”, indicó el CCE.

La cúpula empresarial pidió “un voto sustentado y responsable” al Congreso, donde tanto el bloque afín al gobierno como la oposición han prometido un parlamento abierto ante la falta de consensos para alcanzar la mayoría calificada que permitirá la eventual aprobación de la iniciativa.

“No a la provocación y a la polarización, sí al diálogo respetuoso para mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva”, remató el CCE.