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Mientras el auditor superior de la Federación, David Colmenares, se encontraba fiscalizando las gestiones financieras de Segalmex correspondientes a los años 2019 y 2020, su hermano Rogelio Colmenares ocupaba puestos gerenciales en dicha dependencia.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), revela que a pesar de que el auditor tenía a su cargo fiscalizar el área y la dependencia, ni él ni su hermano dejaron constancia de su relación familiar en sus declaraciones patrimoniales y de intereses.

Segalmex es la dependencia que mayores irregularidades ha registrado de todo la Administración Pública Federal, superan incluso a las de llamada Estafa Maestra, por la que Rosario Robles permaneció tres años en prisión.

Recordemos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado un faltante por casi 13 mil millones de pesos en Segalmex, pero hasta la fecha únicamente ha presentado dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades que suman 149 millones de pesos, equivalentes apenas al 1.1% del total de anomalías.

En su paso por Segalmex, Rogelio Colmenares ocupó un puesto en la Dirección de Coordinación y Seguimiento de Órganos de Gobierno de esa dependencia, la cual según el Manual de Organización tiene entre sus funciones coordinar, por conducto de la Gerencia de Planeación Social, actividades para atender peticiones y requerimientos de información de entes fiscalizadores como la ASF.

MCCI recuerda que de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se deberá entender como conflicto de interés la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

Investigación completa en MCCI

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impidió a la ministra Loretta Ortiz analizar una controversia de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre un caso de presunta corrupción del hermano del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El Supremo aprobó por unanimidad el impedimento de Ortiz, quien asumió en enero pasado nombrada por el presidente, ya que su esposo es José Agustín Ortiz, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), con competencia en el caso de Pío López Obrador, quien aparece en un video recibiendo dinero.

“En este caso podría darse un aparente conflicto de interés en relación a la función del esposo de la señora ministra en atención al asunto”, reconoció Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte.

El asunto se refiere a una controversia constitucional que presentó la FGR en enero pasado contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó a la Fiscalía y a la FEDE entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) datos de la investigación sobre Pío.

Recordemos que el hermano del presidente apareció en agosto de 2020 en un video grabado en 2015 mientras recibe dinero en efectivo por parte de David León, exdirector de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del gobierno federal, que en ese entonces trabajaba para el gobierno estatal de Chiapas.

Los partidos de oposición denunciaron a Pío porque el presidente aceptó que eran «aportaciones» para el movimiento cuando su partido, Morena, fundado en 2014, compitió por primera vez en las elecciones legislativas.

Al haber sido la propia Ortiz quien pidió no analizar este caso para evitar un posible conflicto de interés, la presidenta de la Primera Sala de la Corte, Margarita Ríos-Farjat, destacó el acto de la ministra, quien consideró que pudiera verse afectada la imparcialidad por el interés de su cónyuge en el asunto y que eso se pudiera alegar como algo trasladado a ella.

“Me parece que el que la ministra planteara el impedimento por estos motivos abona a la transparencia de las resoluciones de esta Suprema Corte porque no oculta ni invisibiliza su vínculo conyugal», concluyó.

Baker Hughes, empresa del sector energético en Estados Unidos, contratista de Pemex, informó que no encontró ningún conflicto de interés, luego de haber realizado una investigación interna por la llamada ‘casa gris’ en que vivió José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La compañía dijo que atender e investigar cualquier asunto relacionado con el área de compliance (cumplimiento de las normas éticas) es una prioridad, por lo que con motivo de la investigación relacionada a la casa en Houston, Texas, propiedad de un exejecutivo, abrió la investigación interna con el objetivo de esclarecer con total transparencia dicha situación. Dicho trabajo estuvo a cargo de Grupo R. McConnell.
«Baker Hughes solicitó una investigación a una firma independiente y especializada en investigaciones y cumplimiento normativo (compliance), la cual concluyó que Baker Hughes no tuvo participación alguna en dicha operación», señaló la empresa.Ante esto, Baker Hughes negó cualquier conflicto de interés en relación con información relativa al arrendamiento de la propiedad privada del exejecutivo y de sus operaciones en México.Enfatizó que Baker Hughes no tuvo ninguna participación en la transacción de arrendamiento mencionado a la esposa de López Beltrán, Carolyn Adams. «La residencia en cuestión nunca ha sido propiedad, ni ha sido gestionada directa o indirectamente por la empresa».Además, aclaró que la compañía nunca fue consultada ni tuvo conocimiento de la Transacción de Arrendamiento. «La empresa tuvo conocimiento de dicha transacción cuando ésta apareció en los medios de comunicación al ser una operación entre privados».Tal como lo han explicados los interesados, Baker Hughes detalló que la casa pertenecía a Keith Schilling, quien se incorporó a la empresa en 2016 y dejó la compañía el 31 de diciembre de 2019. Schilling nunca trabajó en ninguna área relacionada con México ni con o para clientes mexicanos. Keith Schilling fue el líder de Baker Hughes en Canadá en el año 2019. Anteriormente, fue director comercial y de ventas en la empresa para la región de Norteamérica, la cual, de manera interna, atiende exclusivamente a Estados Unidos y Canadá. Indicó que México no está incluido en la región de Norteamérica para Baker Hughes. Internamente, las ventas y operaciones en México están organizados dentro de la entidad separada denominada Latinoamérica y Sudamérica.
Recordó que el contrato de arrendamiento se firmó con un tercero, con el que Schilling no tuvo ningún contacto o relación previa. «La declaración del Sr. Schilling y la revisión de este asunto por parte de la empresa que realizó la investigación para Baker Hughes, indican que la transacción se celebró a través de un proceso de solicitud de arrendamiento convencional y en su momento, acorde a condiciones de mercado».Sobre los contratos que tienen en México, Baker Hughes coincidió con lo que ha expuesto Pemex con anterioridad, sobre cómo fueron licitados y adjudicados en pleno cumplimiento de las leyes. «Hemos completado de manera proactiva una revisión interna de nuestros contratos y tratos comerciales con PEMEX a partir de 2016, y no hemos encontrado registros de que Keith Schilling esté involucrado, nombrado o mencionado en ninguna documentación».Baker Hughes reiteró que tienen certeza de que no existe ningún conflicto de intereses o relación entre la empresa, Schilling, Pemex y un tercero.

El 56.3% de los mexicanos considera necesario investigar a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador, por el posible conflicto de interés en que pudo haber incurrido, al vivir en una casa ubicada en Houston, Texas en Estados Unidos, propiedad de un exfuncionario de una empresa contratista de Pemex.

Según un sondeo de Mitofsky, publicado este martes en el diario El Economista, un 56.3% de los mexicanos está «de acuerdo» con la investigación del caso, frente a un 30.7% que está en desacuerdo y un 13% que no respondió.

Además, el 47.1% consideró que la investigación dada a conocer por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus, reveló que el discurso del presidente es «incongruente» porque su familia «no es austera», mientras que el 25.6% se mostró en desacuerdo con dicha afirmación.

El 36.9% de los encuestados consideraron que el hijo de AMLO y su pareja están «involucrados en actos de corrupción o conflicto de intereses», mientras que el 42% está en desacuerdo.

Finalmente, el 55.8% de los consultados consideró que el presidente «no tiene la culpa», frente a un 32.5% que está en desacuerdo.

Y es que recordemos que a finales del mes pasado, la investigación de Latinus y MCCI reveló que López Beltrán y su pareja vivieron en Houston en una propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, contratista de Pemex. Esta semana, López Beltrán afirmó ser un «ciudadano privado» sin «injerencia alguna» en el gobierno mexicano, por lo que descartó cualquier conflicto de interés.

Sin embargo, el hijo del mandatario desató otro escándalo al revelar que desde el 2020 trabaja como abogado para KEI Partners, empresa de los hijos de Daniel Chávez, un empresario que asesora a López Obrador en el proyecto del Tren Maya.

El propio López Obrador lo reconoció, aunque descartó que se incurriera en otro conflicto de interés, pues a pesar de que Chávez es cercano a él, es un empresario que no tiene contratos con el gobierno y apoya sin cobrar nada. Chávez es fundador de Grupo Vidanta, un consorcio con 30 desarrollos turísticos de lujo, e integrante del consejo asesor del presidente.

En un intento por aclarar de qué vive y a qué se dedica, luego del escándalo generado a raíz de conocerse que habitó una casa en Estados Unidos, propiedad de un exfuncionario de la empresa Baker Hughes, contratista de Pemex, José Ramón López Beltrán emitió un breve comunicado que más que responder o despejar dudas, generó una nueva polémica.

En su mensaje, el hijo mayor del Presidente de la República indicó que en el año 2018, tomó la decisión seguir ejerciendo su profesión de abogado, hasta que decidió junto con su pareja, mudarse a los Estados Unidos.

 

«En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners, una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo TN. Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia», explicó el hijo de AMLO.

Con esto, intentó dar una respuesta a una de las preguntas que más se han hecho en los últimos días: de qué vive el hijo del presidente, esto ante el posible conflicto de interés y tráfico de influencias en que se habría incurrido con el tema de la propiedad que habitó.

Sin embargo, con lo expuesto en su breve mensaje surgió otro escándalo.

El 1 de junio de 2020, el presidente López Obrador nombró al fundador de Grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán, su representante en la supervisión del Tren Maya. Al inicio de su gobierno, López Obrador nombró al empresario turístico integrante de su consejo asesor de negocios.

La amistad entre López Obrador y el fundador de Vidanta quedó de manifiesto cuando en julio de 2020 lo invitó a una cena en la Casa Blanca ofrecida por Donald Trump, a la que acudió una reducida comitiva de empresarios.

A la par de que los lazos de amistad y colaboración entre AMLO y Chávez Morán se estrechaban, sus hijos iniciaron en 2020 una relación laboral. El hijo del presidente se volvió aquel año asesor legal del hijo del empresario turístico que supervisa el Tren Maya.

Ese año, José Ramón López Beltrán obtuvo visa de trabajo en Estados Unidos, con la intermediación de una empresa en Houston propiedad de un hijo del dueño de Vidanta, consorcio turístico con 30 desarrollos de lujo en el país, tal y como lo confirmó López Beltrán en su propio mensaje.

Según datos de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el registro mercantil de Texas se indica que KEI Partners LLC fue creada el 15 de octubre de 2018, dos meses antes de que López Obrador asumiera la presidencia, y tiene como directores a Iván y Ericka Chávez, así como a Karla Wiedemann.

Los nombres completos de dos de los directores y accionistas de KEI Partners son Iván Octavio Chávez Saúl, Ericka Paola Chávez Campero, quienes han sido accionistas de empresas del Grupo Vidanta. Iván es hijo del fundador de Vidanta, nació el 16 de julio de 1985 y se ha desempeñado como vicepresidente del grupo turístico que será beneficiado con la obra del Tren Maya.

Es decir, la empresa en que labora el hijo del presidente es propiedad de los hijos de un empresario ligado al gobierno federal.

Además, las visas de trabajo TN, como la que en 2020 obtuvo el hijo del Presidente, fueron creadas en 1994, para facilitar el traslado de profesionistas entre México, Estados Unidos y Canadá. Para gestionar la visa, un empleador debe entregar al solicitante una carta de oferta de empleo. En este caso, KEI Partners fue quien dio la carta a José Ramón.

Otro dato que llamó la atención fue que la página de internet de KEI Partners, indicada en el mensaje de López Beltrán, surgió prácticamente a la par de la carta pública emitida la noche de ayer por el hijo del presidente, de acuerdo con los metadatos de la página y diversos registros de dominios web.

Al respecto, el presidente respaldó esta mañana a José Ramón López Beltrán.

“José Ramón está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene nada que ver con Pemex, ni con ninguna empresa vinculada al gobierno, pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso, el asunto es golpear», dijo AMLO en Palacio Nacional.

Sobre la nueva «bomba» de KEI Partners, despacho propiedad de los hijos de Daniel Chávez, empresario cercano a él, López Obrador dijo que en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que reconoció le ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya. Sin embargo, justificó de esta manera la relación-

«No cobra absolutamente nada ni tenemos una relación de negocios, él no tiene negocios con el Gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayudan”.

El senador e Morena, Ricardo Monreal, aseguró que una regulación a las agencias calificadoras como Standard & Poors, Moody’s y Fitch Ratings, tendrá que llevarse a cabo tarde o temprano, pues señaló, operan con conflicto de interés.

El legislador indicó que las calificadoras de riesgo son entidades privadas que pueden ser contratadas para evaluar la solvencia económica de empresas, privadas o públicas, de Estados, de entidades territoriales, de instituciones bancarias y de seguros por medio de una calificación, es decir, dichas firmas miden el riesgo de no reembolso de las deudas que presenta el deudor mediante una evaluación de la capacidad de pago.

El morenista reflexiona que dichas calificaciones se han convertido en la posibilidad, o no, para dichos Estados o empresas de contratar un crédito, de contar con mejores condiciones de financiamiento o de atraer inversiones.

Al asegurar que las agencias calificadoras requieren un contexto determinado para funcionar, Monreal Ávila dijo que es en doctrina neoliberal la que permite su funcionamiento.

«La globalización de los mercados financieros y su dinámica interconectada condiciona los movimientos del capital, las monedas, el crédito y, en consecuencia, de las economías de los países y el bienestar de las y los ciudadanos. Aquí es donde las calificadoras de riesgo pueden incidir en algunos objetivos de la política económica de los Estados y de los gobiernos a pesar de que, como ellas mismas señalan, solo emiten opiniones», indicó el morenista en un texto presentado este fin de semana.

Menciona que aunque existen alrededor de 150 calificadoras en el mundo, solo algunas tienen alcance mundial, y acusa que tres de ellas cuentan con más del 92% del mercado global: Moddy’s, Standard & Poor’s y Fitch Rating. Dicha situación, aseguró, les permite ejercer el poder de mercado debido a este oligopolio prevaleciente de facto.

Detalla que la dinámica de calificación supone que las empresas públicas o privadas o los Estados que busquen inversiones o préstamos, solicitan ser calificados con el fin de poseer una buena nota de solvencia. De esta manera, dichas empresas o Estados brindan la información financiera a las calificadoras, las cuales examinan esos datos y emiten su nota. Dicha situación ha dado lugar a críticas negativas hacia las calificadoras por el hecho de que puede existir conflicto de intereses entre éstas y sus clientes ya que si, por ejemplo, los calificaran mal, éstos no volverán a requerir de sus servicios de calificación.

Y es que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las tres principales calificadoras han reducido la calificación a México. Moody’s pasó de una calificación A3 a Baa1, es decir, dejó la calificación crediticia del país a tres niveles de estar en grado especulativo. Standard and Poor’s pasó de una calificación BBB+ a BBB, a dos niveles del grado especulativo. Fitch Ratings pasó de BBB+  a BBB-, a un nivel de grado especulativo.

El planteamiento de Monreal rápidamente levantó críticas, e incluso se le acusó de ser resultado de trabajos que se han elaborado previamente.

«CTRL-C, CTRL-V… quién lo iba a decir: Ricardo Monreal legisla al estilo copy-paste. Resulta curioso que la propuesta del morenista para regular a las calificadoras internacionales tenga párrafos muy parecidos (por no decir idénticos) a los de una tesis de 2014», se indicó en el espacio Templo Mayor

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, anunció una sanción de 10 años de inhabilitación al extitular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, al acreditarse que incurrió en conflicto de interés durante su desempeño al frente de la Comisión.

«Para la Función Pública es prioritaria la erradicación de los conflictos de interés, sobre todo alrededor de la mal llamada Reforma Energética que buscó que unos cuantos se llenaran los bolsillos desviando los recursos públicos», indicó la dependencia en un comunicaco.

Explicaron que la sanción al titular de la CRE es resultado de una detallada investigación y procedimiento sancionatorio en el que se constató que el ex servidor público participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo.

Precisó que al participar en este tipo de trámites sin excusarse, como lo exige la norma, se violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos. Esta disposición, desde luego, aplicaba para todas las personas que se desempeñaban en la Administración Pública Federal, incluidos los órganos reguladores de energía.

La SFP indicó que a lo largo de todo el procedimiento, García Alcocer tuvo derecho a una defensa adecuada, al tener la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas.

En línea con el discurso que ha sostenido el presidente López Obrador, Sandoval Ballesteros aseguró que en el periodo neoliberal, instituciones como la CRE fueron usadas para privatizar las industrias del sector y debilitar a las empresas públicas, lo que puso en riesgo la soberanía energética de la nación.

Recordemos que durante sus primeros meses de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que existía un probable conflicto de intereses con García Alcocer, debido a que algunos de sus familiares trabajaban en el sector energético.

El 18 de febrero de 2019, Irma Eréndira Sandoval expuso que García Alcocer había reconocido un probable conflicto de intereses respecto a su cuñado Mario Barreiro y un primo-hermano de su esposa Santiago García, quienes trabajan para dos empresas: Eólica Vestas y  Santa Fe Natural Gas, respectivamente, esta última filial de Fermaca, empresa permisionada de la CRE.

Se informó que tras una revisión, se encontró un permiso para transporte de gas natural otorgado a Fermaca, vinculada al entonces titular de la CRE. El 3 de junio de 2019, Guillermo García Alcocer presentó su renuncia.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, presentó esta tarde los resultados de la investigación iniciada en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel  Bartlett, sobre quien se concluyó que no incurrió en ningún conflicto de interés.

La funcionaria señaló que se recibieron diversas denunciar por posibles faltas administrativas sancionables atribuibles a Bartlett Díaz, tales como: conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto u ocultamiento del conflicto de interés.

Sandoval enfatizó que la dependencia a su cargo unicamente tiene facultades para investigar al Director General de la CFE, a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando asumió el cargo.

Indicó que los particulares sólo pueden ser investigados en virtud de su vinculación con servidores públicos a quienes se le atribuyan faltas administrativas graves y con relación a los hechos que presuntamente constituyen estas faltas, durante el periodo comprendido desde el nombramiento del servidor público y hasta la presentación de la denuncia.

Adicional, señaló que la pareja sentimental del director de la CFE, Julia Abdalá Lemus, no se encuentra en los supuestos jurídicos de cónyuge, ni concubina en términos de las disposiciones civiles aplicables, aunado a que ni ella ni sus respectivos hijos son dependientes económicos y por consecuencia no está obligado a proporcionar información de ellos en su declaración patrimonial.

Irma Eréndira detalló que en los tres meses que duró la investigación, se realizaron alrededor de media centena de diligencias ante 15 instancias públicas y privadas de los órdenes federal y estatal con el fin de obtener la información necesaria para completar la carpeta.

Sostuvo que la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la SFP solicitó la copia certificada de las declaraciones patrimoniales de Bartlett correspondiente al periodo 2018-2019, aunado a que requirió a la Contraloría
Interna del Senado la copia certificada de las declaraciones patrimoniales correspondientes al periodo 2014-2018, a fin de establecer una línea base para el análisis de situación patrimonial.

La colaboradora del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que también se recabó información fiscal y patrimonial de los allegados a Bartlett, a fin de confirmar o descartar posibles irregularidades; en ese sentido, se requirieron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) las declaraciones fiscales del investigado, su pareja y sus respectivos hijos.

También se realizaron requerimientos de información sobre participación en sociedades mercantiles y propiedades inmobiliarias a los registros públicos de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Quintana Roo y Tabasco, que son las entidades en las que Bartlett ha tenido alguna presencia profesional, familiar o comercial.

Entre los elementos que permitieron establecer que no se incurrió en conflicto de interés, la SFP señaló que el artículo 291 Bis del Código Civil para el Distrito Federal establece que el concubinato se actualiza con la unión de dos personas, que han establecido una vida en común de forma constante y permanente por un periodo mínimo de dos años o bien, que procrearon juntos un hijo; al investigar este hecho, no encontraron pruebas de que Barlett y Abdalá haya cohabitaron u ostentado en algún momento un mismo domicilio particular con el propósito de establecer una vida en común.

«Sobre la participación de Manuel Bartlett Díaz en sociedades mercantiles, esta autoridad tuvo a bien verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por el servidor público ante la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, se comprobó que no existen indicios de que sus hijos León Manuel y Alejandra Bartlett Álvarez, sean dependientes económicos; mientras que la señora Julia Elena Abdala Lemus, si bien es su pareja sentimental, entre ambos no existe un vínculo legal de matrimonio o concubinato», indicó la SFP.

La dependencia precisó que Manuel Bartlett proporcionó información verídica sobre su patrimonio, al declarar ser titular de cuatro cuentas bancarias cuyo activo suma 51.1 millones de pesos, además de ser propietario de cinco inmuebles con valor total de compra de 8 millones de pesos.

A la acusación de que a través de familiares, empresas y presuntos prestanombres, Manuel Bartlett se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades con valor aproximado de más de 800 millones de pesos, la dependencia concluyó que «el investigado no tiene injerencia como propietario en los inmuebles de su pareja ni de sus respectivos hijos. Por lo que sería falsa la afirmación de que el servidor público acumula un patrimonio de 800 millones de pesos en inmuebles».

En entrevista para Xacto en XFM 92.1, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, habló sobre la reunión que los legisladores de Morena sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Padiera indicó que ante los conflictos que se han presentado en la bancada de Morena en el Senado, AMLO les dejó en claro que él no se iba a meter en los asuntos internos del partido.

Incluso dijo les recordó que una solución para que el conflicto interno no se presente y no haya problemas entre los aspirantes a presidir la Mesa Directiva en el Senado, podría ser la encuesta, con lo que los legisladores estuvieron de acuerdo.

Sobre la iniciativa que presentó en Diputados para que Morena mantenga la presidencia de la Mesa Directiva, Padierna señaló que actualmente la Ley establece una rotación entre las tres principales fuerzas políticas, sin embargo acusó, es una Ley de 2006 cuando se hizo un proceso viciado y respondía a otra situación.

La legisladora señaló que la ley se debe modificar de acuerdo a un contexto determinado, de acuerdo a la realidad que se viva.

«Ahora que ganamos con amplia mayoría (…) se debe modificar la ley; ese ha sido mi llamado, a que la ley de actualice y se ajuste a la nueva realidad y la nueva realidad», sostuvo Padierna.

Afirmó que busca la modificación de la Ley Orgánica para que el diputado Porfirio Muñoz Ledo siga ocupando la presidencia de la Mesa Directiva, a quien describió como un político de alto nivel que puede dirigir a la cámara baja a «buen puerto».

Dolores Padiera dijo que el PAN no debe presidir la Mesa Directiva, pues «ellos litigan todo, impugnan todo, se amparan por todo, las estancias infantiles, el presupuesto (…) si ponemos a alguien del PAN, ya perdimos todos los amparos, y eso es poner un grave conflicto de interés, una inestabilidad a la Cámara».

Al tocar dicho tema, la morenista fue consultada sobre el supuesto conflicto de interés en que incurre al ser la tía del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien llevó los procesos de Rosario Robles y la esposa de Carlos Ahumada.

«Pues eso no lo determinas tú, ni yo, ni nadie, eso lo determina la Ley», respondió la legisladora, quien prefirió cambiar el tema al decir que «ese tema se lo dejo a otras personas, no quiero hablar de ese tema».

Retomando el tema de la actividad legislativa y la reunión que se tuvo con el presidente de la República, Padierna relató lo que AMLO les habló respecto al futuro del partido. Dijo que los invitó a cuidar a Morena para que de ninguna manera se corrompa, pues fue el partido que les dio la oportunidad de construir la Cuarta Transformación.

AMLO les dijo que Morena no debe desencantar a la gente, por lo que los invitó a los militantes del partido a tener una conducta intachable con respeto a los principios que promueve el partido desde su fundación.

Padierna confirmó la advertencia que el mandatario les hiciera sobre que si algún funcionario público se presta a meterse en temas internos de Morena, él mismo lo denunciaría ante las autoridades correspondientes, pues fue tajante en que no se permitirá la corrupción ni la intromisión del gobierno en los procesos electorales.

La Secretaría de la Función Pública informó esta tarde que abrió, en recientes días, tres expedientes de investigación por presuntos hechos de corrupción que se habrían venido realizando desde administraciones anteriores por parte de servidores públicos de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

El Órgano Interno de Control (OIC) en Notimex inició las investigaciones por presunto uso indebido de recursos públicos, probable conflicto de interés y posible tráfico de influencias, que habrían sido cometidos por servidores públicos de la agencia informativa.

«En apego a las facultades de investigación y autonomía de gestión que tienen los OICs, los expedientes fueron abiertos a partir de información publicada en distintos medios de comunicación», informó la SFP.

Añadió que una vez concluida la etapa de rigurosa investigación, el OIC podrá determinar si es posible fincar responsabilidades en contra de los servidores públicos presuntamente involucrados, y será cundo la dependencia esté en posibilidades de dar a conocer los resultados obtenidos.

La dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval, indicó que dichas investigaciones se siguen en cumplimiento al compromiso del residente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de acabar con la corrupción y la impunidad, así como de transparentar la vida pública.

El anuncio se da, cuando se tiene contemplado que la nueva directora de Notimex, Sanjuana Martinez, acuda a la conferencia de prensa matutina del presidente , para responder sobre los despidos y ajustes que se han hecho en la agencia. Previamente López Obrador anunció que la funcionaria acudiría entre «jueves y viernes».

Luego de la conferencia de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, ofreció un mensaje sobre las investigaciones que se siguen respecto al presunto conflicto de interés en que habría incurrido Carlos Lomelí.

La funcionaria indicó que tan pronto lo ordenó el presidente López Obrador, la dependencia comenzó, a través de sus diversas áreas, las investigaciones correspondientes.

Sandoval Ballesteros dijo que al abordar el caso Lomelí, se dejaba en claro que con el gobierno que encabeza AMLO, hay un antes y un después en la aplicación de la justicia administrativa y la construcción la nueva ética pública.

Enfatizó que en la 4T no hay cabida para privilegios y para todo caso de conflicto de interés.

La titular de la SFP citó el Artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que indica que para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e Intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de Interés conforme a lo establecido en lo Ley General de Responsabilidades Administrativas. Adicional señala que los servidores públicos que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de los cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.

Luego de hacer referencia al artículo, Irma Eréndira Sandoval detalló los avances de la investigación.

  • Se tienen en curso siete investigaciones que arrojan posibles conductas irregulares por parte de Carlos Lomelí.
  • De las siete, cuatro se realizan sobre empresas relacionadas con Carlos Lomelí, y tres más se realizan sobre las conductas de Lomelí.
  • Se ha informado permanentemente al presidente.
  • El 8 de julio, se informó a Gabriel García, coordinador de Programas Integrales de Desarrollo de Bienestar, de la “necesidad y conveniencia de tomar medidas preventivas” para permitir el curso de las investigaciones, es decir, la separación del cargo de Lomelí.

Sandoval Ballesteros indicó que, tras los avances y acciones relacionadas con la investigación, recibieron con “beneplácito” la carta de renuncia de Lomelí.

Finalizó indicando que se llevarán las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, ya que el gobierno de la 4T no se tolerarán los conflictos de interés, y que quien los tenga, no podrá trabajar en el gobierno.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si se puede confiar en el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, luego de que se revelara que tiene el mismo abogado que Emilio Lozoya.

“¿Hay un conflicto de interés si el mismo que representa al prófugo es el mismo que representa a quien lo persigue?”, se le preguntó al presidente.

En respuesta, el mandatario indicó que le tiene confianza plena al Fiscal, y pidió considerar que en la pasada administración no se había dictado orden de aprehensión en contra del ex director de Pemex, cosa que ya se realizó ahora.

Mencionó que el hecho de que no se le haya podido detener, y que esté prófugo, “ese es otro asunto, pero sí esto marca la diferencia, no hay impunidad tolerada”.

Sobre el posible conflicto de interés que se le señala a Gertz Manero, AMLO dijo que es un hombre recto y que no va a proteger a grupos de intereses creados.

Respecto a la labor de la Fiscalía, el presidente reconoció que todos los mexicanos quisieran que se fuese más eficaz en la impartición de justicia, pero dijo son procesos que se tienen que llevar a cabo y se tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos, incluso los de los presuntos delincuentes.

“Yo creo que Alejandro Gertz está haciendo una buena labor y vamos a esperar”.

Sin embargo, ante la insistencia de la prensa, reconoció que si bien tener a Javier Coello como representante legal no es un acto ilegal, sí podría ser un acto inmoral, aquellos que él tanto ha cuestionado.

El delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, emitió un comunicado en el cual habla sobre los señalamientos en su contra, por incurrir en supuestos conflictos de interés, al tener participación en una red de empresas farmacéuticas, en especial con Abisalud.

El delegado afirmó que persisten quienes buscan ensuciar la exitosa ruta de la Cuarta Transformación(4T) que ha trazado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aprovechó su comunicado para insistir que ni él ni algún miembro de su familia forma parte de la empresa Abisalud. «Nadie de nosotros, participa de forma alguna en licitaciones o ventas para gobiernos».

Reiteró que está dispuesto a colaborar con las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones necesarias.

«Rechazo tajante las intenciones de desacreditar a mi persona, a mi familia y al proyecto de nación por el que luchamos» añadió Lomelí.

Sin embargo, fue este mismo jueves que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló una nueva relación del delegado federal con la empresa farmacéutica.

Señalan que Juan Carlos Tadeo Martínez Ramírez, esposo de una diputada de Morena, es accionista mayoritario de Abisalud, y quien además funge como apoderado legal en cuatro empresas que Carlos Lomelí reconoce como propias.

Tadeo Martínez, esposo de la diputada local en Jalisco por Morena, Érika Pérez García, recibió las acciones de Abisalud tras la renuncia de José Hiram Torres Salcedo, quien actualmente se desempeña como regidor de Morena en Zapopan.

MCCI destaca que Torres Salcedo fue secretario particular de Carlos Lomelí y compitió como candidato para alcalde de Zapopan en los comicios de 2018.

Los coordinadores parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados pidieron que las autoridades investigar, de forma inmediata, la presunta red de empresas que venden medicamentos de forma directa a gobiernos estatales y dependencias federales, relacionadas a Carlos Lomelí, delegado del Gobierno federal en Jalisco.

El llamado llega luego de que se diera a conocer la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y que fue difundida en medios, donde se señala dicha red de empresas y su relación con el funcionario estatal.

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC solicitaron que “el Gobierno Federal explique el eventual conflicto de interés entre ser funcionario federal y proveedor del gobierno en varias entidades de la República”.

Indicaron que el tema no es partidista, ni de grilla o politiquería, como ha sido calificado por el propio presidente, sino que requiere respuesta inmediata, debido al cargo que actualmente desempeña Lomelí Bolaños.

Destacaron que, de acuerdo a la investigación, Lomelí Bolaños reconoció a las empresas: Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra; sin embargo, también se le relacionó con cuatro empresas más: Grupo Quiropráctico del Bajío, Lo Vending, MC Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri, que no fueron reconocidas.

La empresa restante con la que se vinculó en su venta, es: Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), que desde diciembre de 2018 a la fecha, la actual administración le otorgó ocho contratos por 164 millones de pesos debido a la venta de medicamentos.

De estos contratos, “seis fueron otorgados mediante adjudicación directa, como el caso del gobierno de Veracruz, quien asignó directamente un contrato por 36 millones”.

En ese sentido, los coordinadores de oposición exigieron que se investigue a los gobiernos que otorgaron dichos contratos: Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Sonora, Michoacán, Aguascalientes y Nayarit.

Asimismo, al Instituto Nacional de Pediatría, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado este martes sobre las acusaciones a su delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, por presuntos conflictos de interés.

Lomelí es señalado por estar en el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas controladas por 11 familiares, dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.

Ese grupo farmacéutico ha vendido miles de millones de pesos en contratos gubernamentales en siete años (2012-2019). Tan solo una de esas compañías, Abastecedora de Insumos para la Salud, Abisalud, ganó, en lo que va de 2019, más de 164 millones de pesos, adjudicados por el Gobierno Federal encabezado por López Obrador.

“Es parte de una confrontación política que existe. ¿Saben cómo se le llama a esto? Coloquialmente grilla o más elegantemente politiquería”, minimizó AMLO el tema.

Sin embargo, insistió que su gobierno no va a permitir la corrupción de nadie, sea quien sea. Dijo que no va a haber impunidad, aunque dijo, “a nosotros no nos importa” que haya encarcelados.

Al ser cuestionado sobre la pérdida de registro del Partido Encuentro Social (PES), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su agradecimiento a los militantes y dirigentes del partido que formó parte de la coalición que lo llevaron a ganar la presidencia de la República.

«Yo tuve de parte de ellos un gran apoyo, los respeto mucho, tengo buena relación con militantes, con dirigentes de ese partido y ahora que se les canceló el registro pienso que tienen opciones, tienen alternativas en el marco de la legalidad, volver a insistir, volver a hacer los trámites y seguir adelante», dijo AMLO.

Respecto a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que pese a las más de 200 impugnaciones que presentó el partido decidió retirarles el registro como partido político nacional, AMLO dijo que no podía ir en contra de dicha decisión.

«Es una decisión que tomaron y afortunadamente hay libertades y hay posibilidades de reponer el procedimiento para volver a tener una organización política, un partido», señaló.

Al respecto, el mandatario fue cuestionado sobre si creía que deberían de haber más partidos en México. AMLO dijo que sí: todos los que cumplan con los requisitos legales. Reflexionó sobre que si bien en México hay varios partidos, y dijo que no son tantos si se compara con lo que sucede en otros países, países con menos población que llegan a tener hasta 30 o 40 partidos.

También fue cuestionado sobre si dentro de su gobierno había la posibilidad de ostentar dos cargos, como es el caso de Hugo Eric Flores, quien además de ser presidente del ahora extinto partido PES, es delegado federal en Morelos y si eso no implicaba un conflicto de intereses.

«No sé si haya conflicto de intereses, lo voy a revisar (…) sí hay conflictos de intereses no puede estar trabajando en el gobierno, pero lo tenemos que ver», finalizó.