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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Congreso de la Unión ha sido omiso en expedir la Ley Reglamentaria en Materia de Revocación de Mandato, por lo que lo vinculó a que, en un plazo de 30 días naturales a partir del 1 de septiembre, emita la legislación respectiva.

Recordaron que el 20 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución, vinculadas con la consulta popular y revocación de mandato. Dicha reforma entró en vigor el 21 de diciembre de 2019 y estableció en sus transitorios la obligación del Congreso de la Unión de emitir la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato dentro de los 180 días siguientes a su publicación.

Y es que Morena, la asociación civil Consejo Nacional de Litigio Estratégico y un ciudadano impugnaron la omisión del Congreso de la Unión de emitir la ley reglamentaria, ya que a la fecha en que presentaron sus demandas no había ni siquiera alguna iniciativa vinculada con aquella.

Entre las razones para impugnar la ausencia de la legislación, mencionaron que se violaba el derecho legítimo a participar en el procedimiento de revocación de mandato; dejaba sin efecto un mecanismo de democracia participativa directa reconocido a favor de la ciudadanía, y generaba incertidumbre sobre la posibilidad de iniciar este procedimiento en noviembre.

Así, la Sala Superior coincidió en que el ciudadano podía impugnar la omisión legislativa, por estar relacionada con mecanismos de participación ciudadana directamente vinculados con el ejercicio de sus derechos.

Además, señaló que el decreto constitucional: impuso un mandato al poder legislativo (emitir la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato dentro de los 180 días siguientes a su publicación), y reconoció una nueva forma de participación política a través de la cual la ciudadanía puede expresar libremente su voluntad sobre la conclusión de un servidor público en el cargo.

El Congreso de Veracruz aprobó este martes la interrupción legal del embarazo hasta las doce semanas, con lo que se convierte en la cuarta entidad del país en en despenalizar el aborto.

Con 25 votos a favor, la mayoría de la banca de Morena, 13 en contra y una abstención, los diputados de Veracruz aprobaron el dictamen que permite el aborto hasta la semana 12 de gestación.

El Congreso de Veracruz señaló que el aborto seguirá siendo delito de acuerdo al Código Penal estatal si es realizado después de la decimosegunda semana. Sin embargo, antes de las doce semanas, las mujeres podrán decidir si quieren o no continuar con el embarazo de manera voluntaria.

Con el cambio que se avaló, la redacción del artículo 149 queda de la siguiente manera: comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.

La diputada Mónica Robles Barajas, autora de la iniciativa, declaró que este día se aprobaba una reforma trascendental para la vida de las mujeres y hombres veracruzanos, para bien de todas y todos. “Así lo creemos en Morena y por eso lo apoyamos, no solo lo creemos nosotros, sino es lo que nos mandata el máximo tribunal del país y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que no estamos legislando en contra de la ley, sino a favor”.

La diputada resaltó que esta reforma no es inconstitucional, en clara referencia a la supuesta violación al artículo 4 de la Constitución ocal que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, toda vez que este mismo artículo expone la exclusión de su aplicación, salvo las excepciones previstas en las leyes. “Nuestro marco jurídico prevé que puede haber excepciones, por lo que no estamos contraviniendo la Constitución”, argumentó.

“¡Veracruz despenalizó el aborto!”, celebró en Twitter la organización GIRE, que promueve el derecho al aborto legal.

GIRE destacó que al ser Veracruz el tercer distrito más poblado del país, con dicha decisión se garantizaba autonomía y libertad para más mujeres, niñas y adolescentes.

La legislación es “una de las más progresistas en México”, señaló de su lado la organización Católicas por el Derecho a Decidir, quien destacó que con esta reforma también se elimina el plazo para abortar en caso de violación y disminuye las penas por aborto.

Recordemos que a principios del mes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condenó la decisión de la justicia de Veracruz de acusar a una mujer de homicidio tras haber sufrido un aborto espontáneo. La joven actualmente se encuentra encarcelada.

Y es que el aborto por violación está despenalizado en los 32 estados de México y en el código penal federal, pero en al menos ocho estados se impone un límite de tiempo, en general de 12 semanas o 90 días.

La Ciudad de México fue la primera entidad del país, y la primera jurisprudencia de América Latina en despenalizar el aborto en 2007. A la capital del país le siguieron Oaxaca en 2019, Hidalgo, apenas el pasado 30 de junio pasado y ahora Veracruz.

Según datos de GIRE, el aborto clandestino es la cuarta causa de muerte materna en México, donde mujeres siguen siendo criminalizadas por esta causa.

El Congreso de Hidalgo aprobó este miércoles una iniciativa de ley que permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, con lo que se convierte en el tercer estado en el país en permitir esta práctica.

“Con 16 votos a favor y 1 abstención de 28 representantes presentes, aprobado el dictamen de la interrupción legal del embarazo (ILE)”, la LXIV Legislatura de Hidalgo en Twitter.

Los legisladores aprobaron el proyecto de decreto que reforma los artículos 154, 155, 156, 157 y 158 del Código Penal para el estado, así como modificaciones y adiciones a la Ley de Salud para el estado.

La ley, que había sido rechazada en 2019, permitirá ahora que las mujeres que así lo deseen puedan interrumpir el embarazo hasta la semana 12 de gestación, por lo que abortar fuera de ese periodo se considerará un delito que conllevará a una pena de entre seis meses y un año de prisión y una multa.

Además, se contemplan penas de prisión a quienes, contra la voluntad de las mujeres, las obliguen a abortar o les induzcan la interrupción del embarazo.

Mientras que los médicos tienen el derecho a argumentar una objeción de conciencia y excusarse de realizar la intervención, pero sí tienen la obligación de referir a la mujer a otro doctor no objetor.

“Saludamos la aprobación en el estado de Hidalgo de la iniciativa de ley que despenaliza la interrupción legal del embarazo. Por el derecho de mujeres a decidir libremente sobre sus cuerpos”, señaló en su cuenta oficial de Twitter, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración tras conocer la decisión.

La aprobación de esta iniciativa se dio en medio de protestas tanto de mujeres activistas en favor del aborto como representantes provida, quienes se pronunciaron por sus causas afuera del Congreso hidalguense.

Con la aprobación de esta reforma, Hidalgo se convirtió en el tercer estado en el país en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación sin importar causa; hasta ahora solo Oaxaca y la Ciudad de México permitían legalmente esta práctica.

En el resto del país está permitido el aborto cuando hay una violación a la mujer, además de que algunos estados tienen causales por viabilidad del feto, salud de la madre y pobreza extrema.

En Ciudad de México, donde el aborto es legal desde 2007, hasta el 2020 se habían realizado 231,191 de ellos lo cual, según especialistas, ha incidido en la disminución de muertes maternas por esta causa.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se unió a la celebración de la despenalización del aborto en Hidalgo, y reconoció que con este tipo de acciones, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siguen avanzando. “La maternidad debe de ser deseada”, indicó el Instituto.

Foto: Twitter @susana_lunar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de marihuana en nuestro país, luego de que el Congreso no lograra aprobar una ley para regular el cannabis recreativo.

La declaración de inconstitucionalidad fue apoyada por ocho de los once magistrados de la Suprema Corte en lo general y por nueve en las especificaciones, con lo que se alcanzó en ambos casos la mayoría calificada suficiente para anular los cinco artículos de la Ley General de Salud que impiden el consumo lúdico.

Y es que el pasado 30 de abril venció por tercera vez el plazo que la Corte había puesto al Congreso para que regulara el consumo lúdico de marihuana en el país, pero los legisladores no alcanzaron ningún acuerdo para legalizarlo en dicho plazo.

Con el levantamiento de la prohibición por parte de la Corte, los mexicanos podrán solicitar permisos para consumir, portar y consumir marihuana a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), organismo de la Secretaría de Salud.

La magistrada Norma Lucía Piña, ponente del proyecto, aclaró que “no se autoriza en ningún caso importar, comerciar o suministrar” marihuana, con lo que no se creará por ahora un mercado de cannabis recreativo. Subrayó que el consumo no podrá afectar a terceros ni llevarse a cabo en espacios públicos ni tampoco frente a menores de edad.

Estas directrices estarán vigentes desde que se publique la declaración de inconstitucionalidad en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y mientras el Congreso no legisle al respecto.

Piña consideró que con esta declaración “se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC (Tetrahidrocannabinol) con fines recreativos respetando el libre desarrollo de la personalidad”.

Tras varios amparos de consumidores, la Suprema Corte consideró inconstitucional el consumo recreativo por violar “el libre desarrollo de la personalidad” y ordenó en 2019 a los legisladores regular el consumo recreativo.

Una primera versión del texto fue aprobada por el Senado el 19 de noviembre del año pasado, pero el 10 de marzo fue modificada por la Cámara de Diputados, mismo que regresó de nuevo al Senado, instancia en donde se dejó vencer el plazo definitivo del 30 de abril sin ratificarla.

El dictamen buscaba convertir a México en el tercer país de América en legalizar a nivel nacional la marihuana recreativa, tras Uruguay y Canadá. Permitía portar hasta un máximo de 28 gramos de cannabis y preveía un sistema de licencias para cultivar hasta ocho plantas en casa, fundar asociaciones de fumadores, así como producir y vender marihuana y cáñamo industrial.

Sin embargo, asociaciones de consumidores criticaron que el texto seguía criminalizando el consumo al establecer multas a quienes portaran entre 28 y 200 gramos y penas de cárcel a quienes superaran los 200 gramos.

Aunque la sesión de los magistrados fue vía remota, integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano se plantaron frente a la Suprema Corte para pedir el fin de la prohibición tras un año y medio acampados ante el Senado.

A diferencia de lo que ha dicho por años el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), uno de los que es considerado aliado de la 4T, José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que en las últimas tres décadas no se han producido “fraudes masivos” en el país.

Cuando el TEPJF se prepara a revisar cerca de 25,000 impugnaciones de las elecciones del pasado 6 de junio, el magistrado presidente reconoció que la democracia mexicana sufriría un retroceso “gravísimo” si desaparecieran las instituciones electorales, en referencia al Tribunal y al Instituto Nacional Electoral (INE), los dos principales garantes del proceso electoral mexicano y de la salud democrática del país.

“Nuestro sistema electoral ha demostrado desde 1994 que está a prueba de fraudes masivos, lo que no quita que pueda haber trampas, compra de votos, pero hacerlo a gran escala es prácticamente imposible”, afirma Vargas Valdez en entrevista con la agencia EFE.

El magistrado presidente  refiere que el exceso de polarización política es resultado de las reiteradas declaraciones en favor de una reforma electoral, o incluso a los llamados que han aparecido sobre la desaparición de las instituciones autónomas electorales.

Dijo que esos llamados, que reconoció han surgido incluso del propio presidente López Obrador, darían pie a “un proceso gravísimo para México” porque desde hace tres décadas “los problemas políticos se dirimen en las urnas” y ya no hay fraudes como “a los que estábamos acostumbrados” en el pasado.

Vargas Valdez calificó como un retroceso lamentable que políticos ataquen a las instituciones electorales, y estimó que “hay muchos aspectos en materia electoral que se pueden mejorar y modernizar, como encontrar fórmulas mixtas de financiación” para que el gasto no dependa solo del sector público, o mejorar el marco normativo, todo lo que tenga que ver con redes sociales y “fake news”.

El problema, advirtió, es que la posible reforma electoral se convierta en un asunto “entre vencedores y vencidos para ajustar cuentas”.

Recordemos que antes de las elecciones del pasado 6 de junio, e incluso luego de conocerse los resultados, López Obrador ha venido criticando al INE y abogó incluso por la desaparición de las instituciones electorales que actúan de manera autónoma desde 1994.

Ante las presiones recibidas por el INE y el Tribunal Electoral, Vargas Valdez asegura que no teme que los dos organismos desaparezcan.

“La ciudadanía no lo permitiría. El marco constitucional nos da la protección. Hemos vivido momentos complejos y tensos. Creo que quien se cree su autonomía la tiene. No es que haya presiones es que hay quienes se dejan presionar. Quienes componen el INE o el Tribunal gozamos de la plena credibilidad para juzgar conforme a derecho”, indicó el magistrado.

Vargas Valdez asegura que el tribunal es un “órgano imparcial” sin “filias ni fobias”, y resaltó que México tiene un sistema electoral sólido, que es reconocido a nivel internacional.

El ministro se dijo “aliviado” de que el resultado de las elecciones no hayan dado a ningún partido, incluso junto a sus aliados, la mayoría necesaria para imponer reformas constitucionales.

“Hoy los escenarios están claros. Hay dos coaliciones fuertes, sabemos que no hay mayorías absolutas para promover una reforma constitucional y eso genera tranquilidad. Los partidos tienen la obligación de negociar para llegar a acuerdos parlamentarios que beneficien al país”, destacó.

Sobre la consulta que se realizará el próximo 1 de agosto, para decidir si se enjuicia a los expresidentes del país por supuestos delitos, y que fue propuesta de López Obrador y Morena, Vargas Valdez dijo que no comulga con que se consulte lo obvio. “En este caso lo obvio es que si hubiera delitos que perseguir el Ministerio Público está obligado a perseguirlos”, afirmó.

Respecto a las impugnaciones que tendrá que resolver, adelantó que el periodo más crítico será septiembre, octubre y mediados de noviembre, que es cuando se produce la homologación de los calendarios electorales de los estados. Destacó que los casos más delicados en cuanto a las impugnaciones se concentran en tres estados: Campeche, Michoacán y Aguascalientes porque las diferencias porcentuales de los votos están por debajo del 5%.

“En esos tres estados hay por tanto incentivos para judicializar el sistema electoral. En el resto de los estados las diferencias son tan amplias que las posibles anomalías no afectarán a los resultados ya estimados”, aseguró el magistrado presidente  del TEPJF.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ofreció esta noche el tercer mensaje en cadena nacional, para actualizar sobre los resultados preliminares de la jornada electoral de este domingo 6 de junio.

“Hoy fuimos testigos de una jornada electoral histórica, millones de mexicanas y mexicanos ejercimos nuestro derecho al voto de manera pacífica y ordenada, refrendando así la voluntad de contar con un país democrático, plural y con un pleno Estado de derecho”, inició el consejero presiente.

Tal como se había adelantado, el tema central de este tercer mensaje sería dar a conocer las tendencias de votación que el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido para las diputaciones federales entregó al INE.

El reporte que habría entregado el Comité se integraría de tres datos: el porcentaje estimado de participación en la jornada electoral federal a nivel nacional; segundo el rango estimado de votación que obtuvo cada partido para la elección de diputaciones federales, y el número estimado de diputaciones que obtendrá cada partido político en la Cámara de Diputados.

De los más de 93 millones de mexicanos que estaban llamados a votar, el rango de participación fue de entre 51.7% y 52.5%.

En cuanto a los rangos de la votación obtenida por cada partido político, las estimaciones fueron:

 

Así, las estimaciones del Comité Técnico orientadas a determinar el número aproximado de diputaciones tanto de mayoría relativa como de representación proporcional que obtendrá cada partido político en la Cámara de Diputados fue:

Y aunque Lorenzo Córdova precisó que la información presentada es de carácter preliminar, ya que los resultados definitivos de las elecciones federales serán los que surjan de los cómputos que iniciarán el próximo miércoles 9 de junio en los 300 consejos distritales, las cifras muestran que Morena se quedaría lejos de la mayoría calificada, pues en conjunto con sus partidos aliados tendría entre 265 y 298 curules. Por su parte la oposición obtendría entre 181 y 213 espacios.

Recordemos que para contar con mayoría calificada un partido o bloque tiene que contar con 333 espacios, mientras que para contar con mayoría absoluta son necesarios 250+1 curules.

Morena y sus partidos aliados (PT-PVEM) mantendrían su mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de este domingo, según la más reciente encuesta de Parametría.

La firma estimó que Morena obtendría 239 de los 500 escaños en la cámara baja, frente a los 253 que tiene actualmente. No obstante, Morena y sus aliados alcanzarían en conjunto 315 curules.

En esta nueva composición, el Partido del Trabajo (PT) tendría 31 espacios y el Partido Verde se quedaría con 45, siendo este su mayor crecimiento en su historia.

En tanto, Acción Nacional se estaría alistando para emerger como la fuerza opositora más fuerte con 77 escaños, seguido del PRI con 67 asientos y el PRD con 23 curules; Movimiento Ciudadano sumaría 18 espacios, con lo que la oposición sumaría un total de 167 diputaciones.

La encuesta de Parametría adelanta que Morena obtendrá el 40% de los votos en la elección para diputados federales, seguido del PRI con un 16% y del PAN con 15%. Movimiento Ciudadano y el PVEM obtendrían el 7% cada uno; mientras que el PT se quedaría con el 4% y el PRD con el 3%. Los partidos Encuentro Solidario y Fuerza por México se harían del 2% de los votos, y finalmente Redes Sociales Progresistas apenas alcanzaría el 1%.

El director de Parametría, Francisco Abundis, adelantó que es muy probablemente por primera vez la participación ciudadana rebasará el 50%, probablemente llegando al 55%.

“Con casi 95 millones de ciudadanos registrados (94 millones 700 mil) una participación media de 53% implica más de 50 millones de electores saliendo a las urnas. Cada punto porcentual serían 500 mil votos”.

Por otro lado, según la encuesta de Reforma y Latinus, la coalición oficialista Morena-PT-PVEM obtendría entre 261 y 311 de los 500 escaños de la Cámara Baja. De conseguir este resultado, la coalición “Juntos Hacemos Historia” podría aprobar leyes y dar luz verde a los presupuestos, aunque no alcanzaría la mayoría calificada de 334 diputados para reformar la Constitución.

En contraste, la coalición opositora “Va por México”, conformada por el PAN-PRI-PRD tendría entre 142 y 197 escaños, mientras que Movimiento Ciudadano (MC), no adscrito en ninguna de las dos coaliciones, funcionaría como partido bisagra con una bancada de entre 17 y 32 diputados.

En cuanto al voto por partido, Morena es el favorito con el 43% de preferencia, seguido del PRI (20%), el PAN (18%), el MC (7%), el PVEM (3%), las candidaturas independientes (3%), el PRD (2%) y el PT (2%).

Una tercera encuesta publicada este miércoles, fue la de El Financiero, que apunta que Morena y aliados atraerían el 46% de la intención del voto a nivel nacional, mientras que PAN-PRI-PRD captarían juntos el 44%.

 

Gráfico: Parametría vía Milenio

Ante la orden de aprehensión en contra del Gobernador de Tamaulipas, el Congreso del Estado interpuso una controversia Constitucional contra la Fiscalía General de la República (FGR) y del Juez de Distrito que la concedió.

El Congreso local manifestó que se trata de un acto que afecta la esfera constitucional del Poder Legislativo local.

La orden de aprehensión, dijeron los legisladores, afecta la esfera constitucional del Congreso y contraviene a la Constitución Política Mexicana, respecto a la resolución que con base en el párrafo quinto del artículo 111 Constitucional se emitió el pasado 14 de mayo por el ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá.

El Congreso recordó que se determinó en su momento, no homologar la declaración de procedencia aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Con dicha decisión, se determinaba que el Gobernador del Estado mantenía su fuero y por lo tanto no se podía girar, ni ejecutar ninguna orden de aprehensión en su contra.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que en evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, se giró una orden de aprehensión en su contra, a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que se mantiene vigente e intocable el fuero que la ley le otorga.

A través de un posicionamiento público, el mandatario denunció que no se le ha dejado defenderse, pues no se le ha permitido conocer y comparecer a la carpeta de investigación.

El panista sostuvo que la orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR) demuestra que se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del gobierno federal, y de su partido.

Añadió que todo coincide con que la preferencia electoral de los ciudadanos a favor de Morena va en “franco declive”.

“No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el gobierno. Eso solo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional”, enfatizó el mandatario estatal.

Adelantó que como lo ha hecho desde que que iniciaron los ataques en su contra, se defenderá de “frente” a las falsas imputaciones, pese a reconocer que el piso no es parejo y que la ley ha quedado “sepultada por el capricho”.

Sobre los señalamientos que hizo el gobernador, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que es una cuestión que está tratando la Fiscalía, que recordó, es autónoma; se deslindó de las acciones que se han emprendido.

“Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores. que esa es su doctrina, la hipocresía”, sostuvo AMLO.

Al decir que como titular del poder Ejecutivo no puede encubrir a nadie y actuar como tapadera, pidió dar a conocer el oficio que el gobierno de Estados Unidos envió a México solicitando información del gobernador en relación a una investigación que llevan a cabo por el posible delito de lavado de dinero.

Explicó que si no compartía el oficio, los adversarios tendrían elementos para decir que todo se trata de una persecución política, lo cual negó; aunque dijo que si se llegaba a dar el caso de que al gobernador se le detuviera en EUA, cómo iba a quedar México, “como tapadera”.

Finalmente, se informó que el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria a nombre de García Cabeza de Vaca, a solicitud de la Fiscalía.

“Con el propósito de verificar, registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación -aéreos, marítimos o terrestres- del territorio nacional”, indicó el INM.

Morena, partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se perfila para perder la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en las elecciones del próximo 6 de junio, según una encuesta publicada por el periódico El País.

No obstante, el sondeo realizado por SIMO Consulting reveló que al partido oficialista le bastará con sus aliados políticos: Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para retener la  mayoría absoluta.

Morena pasaría de tener los 256 escaños actuales a 230, de los 500 curules que conforman la Cámara baja; para tener la mayoría absoluta se necesita tener 250 posiciones.

El PVEM mejoraría sustancialmente sus resultados, al subir de 11 diputados a 53, mientras que el PT pasaría de 46 a 32.

Por lo tanto, la coalición gubernamental “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT y PVEM) tendría una holgada mayoría de 315 escaños.

Lo proyectado para el bloque de la llamada Cuarta Transformación estaría muy por encima de los 175 escaños que tendría la oposición, aglutinada en la coalición “Va por México”, y que integran Acción Nacional, el PRI y el PRD.

Según el sondeo, el PAN subiría de los 77 escaños actuales a 79, pero el PRI le arrebataría el liderazgo de la oposición al pasar de 48 escaños a 82, mientras que el PRD subiría de 12 a 14.

Movimiento Ciudadano (MC), que decidió no sumarse a ninguna de las coaliciones, bajaría de 25 a 10 diputados.

Recordemos que el próximo 6 de junio, más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos; serán los comicios más grandes de la historia de nuestro país.

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La diputada del PRI, Dulce María Sauri, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a que se investigue y aclare, de manera pronta y expedita, el derrumbe ocurrido en la Línea 12 del Metro.

La propuesta busca que se finquen las responsabilidades conducentes a los funcionarios y exfuncionarios por su posible responsabilidad en las fallas que ha presentado el servicio.

En el punto de acuerdo también se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a que destituya a la titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, debido a las fallas recurrentes que se han presentado durante su gestión.

“Esta es la mayor tragedia sucedida en la historia de la capital del país, desde el terremoto de 2017; sólo que esta vez no fue un desastre natural, sino un accidente por el fallo de una estructura”, dijo la diputada.

La propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Adicional, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Kenia López Rabadán presentó un punto de acuerdo para crear una comisión especial plural que investigue, de manera objetiva, lo sucedido en la línea 12 del Metro.

También propuso la comparecencia del ex jefe de gobierno y actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que explique los señalamientos que se han hecho a la construcción de esa obra.

La legisladora expuso que en la construcción de la línea 12 hubo “peculado, pagos indebidos, retrasos en la entrega, fraude, tráfico de influencias, uso indebido del ejercicio público y desvío de recursos”.

Sin embargo, con 13 votos a favor y 20 en contra, los legisladores de Morena y bancadas aliadas frenaron la propuesta, al considerar que es “carroñera” y no es un tema de “urgente y obvia resolución”.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el Congreso estatal, donde el PAN, partido del mandatario estatal tiene mayoría, determinó que no procedía la homologación de la declaración de procedencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los legisladores del estado ‘protegieron’ al gobernador.

El Congreso de Tamaulipas indicó el viernes pasado que García Cabeza de Vaca, en su calidad de gobernador constitucional, debía seguir fungiendo en el cargo público para el que fue electo en 2016, por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de la entidad.

“Según estas disposiciones, cuando se trate de servidores públicos del ámbito local, corresponde en última instancia al Congreso del estado determinar si procede la homologación de la declaración de procedencia realizada por la Cámara y, en su caso, el retiro del fuero, ya que la declaratoria federal tiene un efecto puramente declarativo”, justificaron los legisladores locales.

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien deberá resolver el desafuero del gobernador.

“No tiene fuero, pero el Congreso de Tamaulipas lo protegió, es un proceso legal, yo creo que va a ser resuelto por la Corte, van a decidir cuál es el procedimiento adecuado, correcto y no nos adelantemos, ni en favor de una opción o de otra”, dijo AMLO al ser cuestionado sobre el tema..

Tras lo expresado por el mandatario, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, consideró de igual forma que el gobernador ya no tiene protección legal. “La Cámara de Diputados ya votó la declaración de procedencia, por lo tanto en mi opinión efectivamente ya no tiene fuero”, afirmó este lunes Sánchez Cordero.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Pero el caso ha tomado notoriedad debido a que falta poco más de un mes para las elecciones del próximo 6 de junio.

El PAN, principal opositor del gobierno federal, y el propio García Cabeza de Vaca, han insistido en calificar los hechos como una persecución política.

Ayer, el panista publicó en sus redes sociales un video en el que muestra el certificado fiscal que expidió un notario público con su declaración patrimonial y el pago de los impuestos correspondientes, esto ante las acusaciones de la UIF en relación a la compra-venta de un inmueble en la Ciudad de México.

“Ante las falsas acusaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en relación a la compra-venta de un departamento en la CDMX”, dijo García Cabeza de Vaca en su mensaje, quien aseguró que declaró y pagó los impuestos correspondientes a dicha transacción.

En el video se observa un documento, mientras una voz explica que, “aquí se muestra el certificado fiscal emitido por el notario público, de la compra-venta del departamento, donde se reporta el pago de los impuestos correspondiente.

El presidente Joe Biden, quien este jueves cumple 100 días en el poder, ofreció la noche de ayer su primer discurso ante las dos cámaras del Congreso, en el que defendió su ambicioso proyecto de gobierno, destacando que Estados Unidos “está de vuelta otra vez”.

El demócrata pidió una y otra vez a los republicanos, cuyo voto necesita para sacar adelante muchas de las propuestas que ha presentado, que le apoyen en sus planes económicos y sociales.

Durante poco más de una hora, Biden habló de la vacunación contra la COVID-19, de sus planes de infraestructuras y gasto social y de política exterior, así como temas que han tomado importancia en sus primeros 100 días de gobierno: la inmigración, los tiroteos y la brutalidad policial contra las minorías.

“Estamos vacunando a la nación, creando cientos de miles de trabajos, entregando resultados reales que la gente puede ver y sentir en sus vidas”, dijo el mandatario.

Gran parte de su discurso lo dedicó a promover su plan de inversiones en infraestructuras por valor de 2.25 billones de dólares, acompañado por otro plan dirigido a ayudar a las familias y los ciudadanos en situación más vulnerable, por un importe de 1.8 billones de dólares.

Para financiar ambos proyectos el presidente defendió que hay que subir los impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas. En ese sentido consideró que “ya es hora” de que las grandes corporaciones y los más ricos del país, que son un 1% , “paguen su parte justa” de impuestos.

Biden citó un estudio reciente que apunta que el 55% de las grandes empresas pagó “cero” impuestos federales el año pasado, y lograron 40,000 millones de dólares en beneficios, mientras que muchas evadieron los pagos y se acogieron a beneficios y deducciones por emplear a sus trabajadores en otros países.

En ese sentido aseguró que el gobierno acabará con los vacíos que permiten a los más ricos pagar muy por debajo de lo que deberían según sus ganancias y advirtió de que el gobierno actuará con mano dura contra los millonarios que pretendan “engañar” sobre sus ganancias.

Recordó que tanto el rescate aprobado en marzo pasado por un valor de 1.9 billones de dólares, así como los proyectos de gasto social y en infraestructura, están dirigidos a frenar el deterioro económico ocasionado por la pandemia de COVID-19.

En ese tema, el mandatario pidió todos los estadounidenses que superen las dudas y se vacunen cuanto antes, porque “cada pinchazo es una dosis de esperanza”. “Nuestro progreso de estos últimos cien días contra una de las peores pandemias de la historia es uno de los mayores logros logísticos que ha visto jamás nuestro país”, afirmó Biden.

De acuerdo a datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el 43% de los estadounidenses ya han recibido al menos la primera dosis de la vacuna; mientras que el 29.5% de los adultos están completamente inmunizados.

Biden prometió, además, que su país será un “arsenal de vacunas” para el resto del mundo y jugará un papel de liderazgo similar al que desempeñó durante la Segunda Guerra Mundial.

Además de la pandemia y la recuperación económica, el presidente llamó a los republicanos para hacer frente a los grandes desafíos que afronta su país: la inmigración, las armas y el racismo.

Biden instó a poner fin a “la agotadora guerra” partidista sobre la política migratoria y pidió al Congreso que apruebe su reforma migratoria, que busca regularizar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país, un proyecto que está estancado en el Senado ante la falta de apoyo de los conservadores.

“Si creen que necesitamos una frontera segura, apruébenla. Si creen en una vía hacia la ciudadanía, apruébenla. Si realmente quieren resolver el problema, les he enviado el proyecto, ahora apruébenlo”, reclamó el mandatario a los republicanos,

Del mismo modo, urgió a la oposición a que se una a los demócratas para restringir el acceso a las armas de fuego e imponer una verificación de los antecedentes legales del comprador en las transacciones de armamento.

“No me digan que no se puede hacer. Lo hicimos en el pasado, y funcionó”, añadió Biden, quien también defendió prohibir los rifles de asalto y los cargadores de alta capacidad, armas y dispositivos habituales en los tiroteos masivos.

El líder estadounidense sostuvo que el problema de las armas no debería ser un asunto partidista.

Asimismo, instó a los republicanos a aprobar el proyecto de reforma de la Policía el mes siguiente, es decir mayo, que coincidiría con el primer aniversario del asesinato del afroamericano George Floyd. “La nación apoya esta reforma. El Congreso debe actuar”, aseguró.

Finalmente, el mandatario animó a las dos cámaras del Congreso que apoyen al gobierno en su empeño por proteger a la comunidad LGTBQ y también a las víctimas de la violencia de género, en este último caso restringiendo el acceso a las armas de sus atacantes

Posterior al mensaje de mandatario, el senador republicano Tim Scott, el único legislador afroamericano de su partido en la Cámara Alta, fue el encargado de dar respuesta al discurso del presidente Joe Biden, afirmando que el país no es racista, .

“Cuando Estados Unidos se une, hacemos avances tremendos, pero fuerzas poderosas quieren separarnos”, dijo Scott, que no precisó a qué fuerzas se refería.

Scott recordó que hace cien años los niños aprendían en la escuela que el color de su piel era su característica más importante y que si su apariencia era de una manera determinada eran considerados inferiores. Señaló que si actualmente ocurre lo mismo es porque “hay gente haciendo dinero y ganando poder fingiendo que no ha habido ningún progreso en absoluto y redoblando las divisiones”.

“Escúchenme claramente, EE.UU. no es un país racista”.

Asimismo, criticó el rescate económico de 1.9 billones de dólares impulsado por Biden y aprobado en el Congreso en marzo, sin un solo voto republicano. Scott calificó esa ley de “partidista” y acusó a la Administración de haber separado a los estadounidenses.

Además, acusó al presidente de incumplir su promesa de unir a la nación y de gobernar para todos los estadounidenses.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este lunes que está “pendiente” de las medidas de control de armas anunciadas por su homólogo estadounidense, Joe Biden, y deseó que el asunto sea abordado por el Congreso de ese país.

“Estamos muy pendientes de la propuesta del presidente Biden en el sentido del control en la comercialización de armas, muchas de las cuales se introducen en nuestro país. El tema se está conduciendo en Estados Unidos, ojalá vaya al Congreso”, expresó López Obrador en su conferencia matutina.

“Hay esa intención del presidente Biden, que celebro y apruebo”, enfatizó AMLO.

Recordemos que el presidente Biden anunció el pasado jueves una serie de medidas de alcance limitado para atajar la violencia con armas de fuego en su país, y exigió al Congreso que deje de tolerar un problema que describió como una “vergüenza a nivel internacional”.

Las acciones de la administración Biden llegan dos semanas después de los tiroteos masivos que dejaron 18 muertos en Georgia y Colorado; el demócrata desveló varias iniciativas para contener la violencia armada, pero reconoció que no podrá hacer demasiado por su cuenta si el Congreso no deja de bloquear cualquier intento de aumentar el control de armas.

Sobre el tema, López Obrador dijo este lunes que el tráfico de armas “ha disminuido” bajo su gobierno, porque “no hay tolerancia”.

Aseveró que se está investigando a quienes participan desde el gobierno en el tráfico de armas y aseguró que “ya no se aceptan programas con agencias extranjeras para introducir armas”, en alusión al operativo “Rápido y Furioso”, realizado entre 2009 y 2011, cuando el gobierno de Estados Unidos introdujo 2,000 armas a México para rastrear al crimen organizado, pero muchas de ellas acabaron siendo utilizadas en delitos.

El mandatario recordó que desde el año pasado el Ejército tomó el control de las aduanas y que, desde entonces, “se ha decomisado un número importante de armas”.

En su conferencia de prensa, AMLO aprovechó para señalar vínculos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el movimiento social de Chihuahua que a finales del año pasado se intentó oponer a la entrega de agua a Estados Unidos, en un caso que dejó a una manifestante muerta tras un choque con las fuerzas de seguridad.

El presidente reveló que manifestantes que tomaron la presa La Boquilla, se llevaron armas de la Guardia Nacional, y que hace 20 días, algunas de esas armas fueron decomisadas en Jalisco.

“No se puede ser categórico, pero en el movimiento de Chihuahua había gente vinculada con los que operan en Jalisco en la delincuencia. El grupo de Jalisco”, expresó.

Como parte de su campaña electoral, donde busca un curul en el Congreso de Veracruz, Francisca Viveros, mejor conocida como Paquita la del Barrio, utiliza sus redes sociales para ofrecer consejos a sus seguidores de temas que poco tienen que ver con la política.

En su cuenta de Facebook, perfil que su equipo abrió distinto al que normalmente usa como cantante, hay una sección que se llama Los consejos de Paquita, que forma parte de su campaña política ‘Paquita en Movimiento’, en la que “recibe” llamadas de seguidores que le piden sus consejos sobre diversos temas.

En su más reciente edición, mismo que ya fue borrado de la página (lo que no evitó que se viralizara), Francisca Viveros explica cómo tratar a un niño que “está mal de su mollera”.

La cantante explica cómo empezar con unos chupetones en la cabeza del menor, para luego “echar un puñito de agua” y una poca de azúcar, lo que evitará que la mollera baje de nuevo.

Posteriormente, y con la ayuda de un muñeco, muestra cómo se debe agarrar al niño con la cabeza hacia abajo y darle “golpes” en las plantas de los pies.

“Hola, soy su amiga Paquita la del Barrio. Síganme en redes sociales para más consejos”, se despide la candidata de Movimiento Ciudadano.

En su página se observa como la cantante ha estado visitando algunos lugares de la región, además del acompañamiento que ha dado a compañeros candidatos en sus actos de campaña, en los que su participación ha sido para amenizar el evento con su música.

Ha raíz de las críticas que ha recibido el contenido de su campaña en redes sociales, la página de Facebook ha registrado problemas para ingresar.

En otro de los “Consejos de Paquita” (que todavía se encuentra disponible), la candidata aconseja sobre qué hacer en las vacaciones se semana santa: sugiere jugar lotería o pintar mandalas, y optar por no salir de casa.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este martes al Congreso de su país a prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad y a cerrar las lagunas existentes en el sistema de verificación de antecedentes para adquirir armas de fuego.

En un discurso pronunciado desde La Casa Blanca, después de que un hombre armado matara a diez personas en un comercio en la localidad de Boulder, en Colorado, Biden ha hecho hincapié en que “no necesita esperar un minuto más y mucho menos una hora” para tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro.

Así, ha reclamado al Senado que apruebe “inmediatamente” dos proyectos de ley, a los que la Cámara de Representantes ya ha dado luz verde, para ampliar los controles de antecedentes penales para la venta de armas de
fuego.

“Esto no es y no debería ser un asunto partidista, es un asunto estadounidense”, reiteró el mandatario.

El llamado del demócrata llega luego de los hechos que tuvieron lugar ayer cerca de las 15:00 horas, cuando un hombre armado irrumpió en el centro comercial King Soopers de Bounder. Diez personas, incluido el agente de Policía Eric Talley, de 51 años, uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos, fallecieron. El sospechoso de cometer el tiroteo, identificado como Ahmad al Aliwi Alissa, de 21 años, ha sido imputado con diez cargos de asesinato en primer grado.

Al respecto, el expresidente Barack Obama urgió también a superar “la oposición de los políticos cobardes” y aprobar medidas para reforzar el control de armas en Estados Unidos, al asegurar que el país “ya no puede permitirse” que sea “normal” experimentar regularmente tiroteos masivos.

“Ya es hora, desde hace mucho, de que aquellos que tienen poder combatan esta epidemia de violencia armada”, subrayó Obama.

El exmandatario reconoció que no será fácil erradicar la “animosidad, el racismo y la misoginia que nutren muchos de estos actos de violencia sin sentido”, pero sí es posible “dificultar que quienes tienen odio en sus corazones puedan comprar armas de guerra”.

Obama reconoció hace años que su mayor frustración como presidente fue el fracaso de sus esfuerzos por lograr un mayor control de la venta y posesión de armas en el país, después de la matanza de 2012 en la escuela Sandy Hook de Newtown, Connecticut, donde fueron asesinados a tiros 20 niños y 6 mujeres.

El gobierno de Obama impulsó entonces un conjunto de medidas para reformar la legislación de control de armas, pero el Congreso no aprobó siquiera la que generaba más consenso: un sistema de verificación de antecedentes para impedir que las armas llegaran a los criminales o a las personas con problemas de salud mental.

Al reaccionar al tiroteo de Boulder, Obama aseguró que sentía, “además de pena, una indignación profunda y familiar” por el hecho de que Estados Unidos “siga tolerando estos actos aleatorios y sin sentido, día tras día, sin tomar medidas significativas”.