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La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió esta tarde una queja presentada en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por haber violado la veda que se impuso a raíz de la Consulta Popular del próximo 1 de agosto.

Y es que el Partido Acción Nacional (PAN) denunció a López Obrador o a quien resultara responsable, por las manifestaciones realizadas en la conferencia matutina del pasado 19 de julio en la cual, la Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer la nueva estrategia de incorporación de personas mayores de 65 años a la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

El PAN indicó que dichos declaraciones constituyeron difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.

Sobre ello, la Comisión estimó procedente el dictado de la medida cautelar toda vez que consideraron que las expresiones realizadas por la Subsecretaria podían constituir propaganda gubernamental, que en estos momentos se encuentra prohibida por la norma constitucional que obliga a todo ente público a respetar los principios de imparcialidad y neutralidad desde el 15 de julio y hasta el 1 de agosto en que se lleve a cabo la Consulta Popular.

Así, se ordenó a la Presidencia de la República, para que a través de la Consejería Jurídica, en un plazo no mayor a tres horas, realice todas las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar o modificar las publicaciones que contienen los videos y/o versiones estenografías de la conferencia matutina del pasado lunes, en cualquier plataforma oficial.

Asimismo, se ordenó a la Presidencia de la República; a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería, al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), así como a todos los servidores o servidoras públicas que participen en las mañanera, se abstengan de presentar, difundir, publicar y poner a disposición de la señal satelital, según correspondan sus funciones, cualquier propaganda gubernamental contraria a las disposiciones constitucionales o fuera de las excepciones que ella establece.

El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió este viernes «no confundir» a la ciudadanía respecto a la Consulta Popular que se realizará el próximo 1 de agosto, pues lo que se preguntará será relacionado a «esclarecer las decisiones políticas del pasado» y no directamente el enjuiciar a los expresidentes del país.

«Ojalá exista una convergencia de todos los actores políticos para que no se confunda a la ciudadanía. Si alguien espera que el INE pregunte otra cosa a los ciudadanos, no tenemos facultades para hacerlo», dijo el presidente del INE, Lorenzo Córdova, en rueda de prensa desde Mérida, Yucatán.

Y es que en un principio, la consulta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador preguntaba si enjuiciar por corrupción y otros delitos a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Pero la Suprema Corte la modificó de manera que se preguntará a los mexicanos si están de acuerdo en llevar a cabo «acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos».

«Lo que se va a preguntar es eso. No es otra cosa. Ojalá en este ejercicio no se genere confusión ni expectativas distintas de lo que se van a encontrar los ciudadanos», insistió Córdova ante la campaña que ha impulsado Morena sobre enjuiciar a los expresidentes.

Ayer arrancó oficialmente la campaña de difusión para promover la Consulta Popular, la primera de la historia del país, la cual requiere de la participación de al menos 40% de la lista nominal para ser vinculante.

Las autoridades electorales instalarán 57,000 mesas electorales en todo el país, número menor que las 163,000 que hubo en las elecciones intermedias de junio.

Córdova explicó que en el INE hubieran «querido más mesas» pero no pudo ser por cuestiones presupuestarias luego de que la Cámara de Diputados no les diera «ni un peso» de más para el referendo. De todos modos confió en que será una Consulta «exitosa» y «el primero de muchos» ejercicios de este tipo.

«Lo digo sin medias tintas, con toda claridad, con énfasis. Quien diga que el INE está boicoteando esta consulta, simplemente está mintiendo a la sociedad», dijo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes desconocer si podía hacer propaganda gubernamental durante la campaña de difusión de la consulta igual que ocurrió durante las elecciones intermedias de junio, cuando fue apercibido varias veces por la autoridad electoral.

«La Constitución es muy clara. Desde el día de ayer está prohibida todo tipo de propaganda gubernamental que no tenga que ver con cuestiones de protección civil y cuestiones de salud», respondió Córdova.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que A partir de este jueves 15 de julio inició a través de los tiempos oficiales en radio y televisión, la difusión de la Consulta Popular que se realizará el próximo 1° de agosto.

Señaló que a partir de hoy debe suspenderse todo tipo de propaganda gubernamental, por lo que hasta la conclusión de la Consulta Popular, sólo están permitidas las campañas de información de las autoridades electorales, las de servicios educativos, de salud y de protección civil.

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Durante los próximos 15 días, el INE promoverá la difusión y discusión informada de la Consulta Popular y es la única autoridad que puede administrar los tiempos de radio y televisión; por ello, los medios de comunicación no pueden permitir que se contrate, pacte o acepte la difusión de propaganda, porque pueden incurrir en responsabilidad.

De acuerdo a la Ley Federal de Consulta Popular, ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos.

El INE detalló que se tendrán 377 mil 606 impactos a nivel nacional en radio y televisión durante el periodo del 15 de julio al 1° de agosto, en 3 mil 492 emisoras. 

Además, el Instituto realizará 335 Jornadas de Diálogo a nivel nacional, estatal y distrital con el objetivo de promover la participación ciudadana en la Consulta Popular, así como la discusión informada y razonada entre la ciudadanía, academia y organizaciones de la sociedad civil. Se celebrarán tres jornadas nacionales, 32 estatales y 300 distritales, las cuales se difundirán a través de las redes sociales del INE y de las Juntas Locales.

El INEA añadió que durante los tres días naturales anteriores a la jornada (1 de agosto) y hasta el cierre oficial de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular queda prohibida la publicación o difusión, total o parcial de encuestas, que tengan por objeto dar a conocer las preferencias de los ciudadanos o cualquier otro acto de difusión.

Recordemos que la Consulta Popular pretende que la ciudadanía manifieste su aprobación o rechazo a que sean llevadas acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado. De manera específica, la pregunta sometida a consideración, y que fue aprobada por la Suprema Corte, será la siguiente:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Para la Consulta Ciudadana, se instalarán 57 mil 124 Mesas Receptoras que serán operadas por 286 mil 380 funcionarias y funcionarios, para recibir la opinión de 93 millones 489 mil 989 ciudadanas y ciudadanos en la Lista Nominal, con derecho a participar en la Consulta Popular.

Los diputados del PRI pidieron que la ciudadanía opine respecto a la estrategia del gobierno federal en el combate al COVID-19 y las deficiencias en la construcción de la Línea 12 del Metro en la consulta ciudadana que se celebrará el próximo 1 de agosto.

Los legisladores del tricolor señalaron que es legal y legítimo que se opine sobre dichos temas, ya que forman parte de decisiones políticas tomadas en el pasado y que deben esclarecerse para garantizar justicia y salvaguardar los derechos de posibles víctimas.

Señalaron la importancia de opinar sobre las decisiones políticas tomadas en materia de salud en el combate al COVID-19, ya que cifras oficiales reportan poco más de 233 mil personas fallecidas a la fecha, cantidad que se presume podría ser mucho mayor, además de que actualmente México ocupa el decimoquinto lugar mundial en el número de contagios y el cuarto puesto con más muertes, sólo detrás de Estados Unidos, Brasil y la India.

Respecto a la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, apuntaron que el gobierno de la Ciudad de México la presentó en 2012, como un regalo en el Bicentenario de nuestra Independencia, que ampliaría la cobertura de uno de los Metros más transitados del mundo, con alrededor de seis millones de pasajeros al día.

Los diputados del PRI proponen, mediante un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente, que se haga un exhorto al Instituto Nacional Electoral (INE) para que en las papeletas de la consulta popular se incluyan, en el espacio reservado a la descripción del tema de trascendencia nacional, estos dos asuntos (pandemia y línea 12).

Anticiparon que la pregunta de la consulta no define un periodo específico, por tanto, en una interpretación de la ley cabe la posibilidad de abarcar actos políticos del sexenio en curso, es decir, del gobierno que encabeza eel Presidente López Obrador.

Las y los diputados del PRI puntualizaron que la pregunta de la consulta no cambiaría en caso de agregar estos temas; sin embargo, en el formulario impreso la ley establece como requisito hacer una breve descripción del tema de interés nacional, por lo que sí es factible mejorar el texto, el cual incluiría las referencias a estos dos sucesos de gran trascendencia.

Recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) redactó la pregunta que se realizará en la consulta, por lo que el INE debe acatar el mandato; indicó que los ministros modificaron la interrogante propuesta por el presidente López Obrador, al considerar la propuesta inicial tendenciosa y con juicios de valor.

Recordemos que la consulta ciudadana tiene como objetivo conocer si la ciudadanía quiere «el esclarecimiento de hechos pasados en México”, de acuerdo a lo que resolvió la SCJN, aunque en un inicio fue planteada para definir si se enjuiciaría a expresidentes.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que en la consulta sobre el posible juicio a expresidentes del país, actuarán con total transparencia, esto mientras ha comenzado a preparar los detalles del ejercicio.

A pesar de que el gobierno, a través del Congreso, ha rechazado hacer dotar de mayores recursos al INE para sacar adelante la consulta, Córdova afirmó que el INE está en condiciones de llevar a cabo el «más profesional y amplio» ejercicio de consulta ciudadana de la historia de México.

Así, ha confirmado que ya se ha habilitado un sitio web para revisar la información al respecto de cara a la consulta, prevista para el 1 de agosto. Se indicó que este fin de semana, se comenzó a trabajar para ubicar, invitar y capacitar a quienes actuarán como funcionarios de las casillas.

Detallaron que para este ejercicio, se elegirá a más de 287,000 personas, quienes participaron a su vez como funcionarios de casilla en las elecciones pasadas. También se instalarán 57,000 mesas de votación en la consulta popular, «lo que lo hace del evento un ejercicio democrático e inédito».

Añadió que cada distrito contará con unas 200 mesas receptoras y cada una de ellas tendrá 2,000 papeletas.

Córdova Vianello sostuvo que existen condiciones plenas de «legalidad, equidad, certeza y transparencia» para esta consulta y ha asegurado que este ejercicio es el primero que se realizará a nivel federal con los estándares de «calidad técnica y profesionalismo».

Será el próximo 15 de julio cuando el INE iniciará la difusión de la consulta popular en radio y televisión, a través de los tiempos oficiales ordinarios con que cuenta la autoridad electoral.

Recordemos que el 19 de noviembre de 2020, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló modificar la convocatoria de la consulta popular, aprobada el 7 de octubre por el Senado y el 22 de octubre por la Cámara de Diputados, para que la difusión de la consulta popular iniciara el 15 de julio del 2021 y no el 28 de octubre de 2020, como originalmente se planteaba.

El INE también emitió la convocatoria para que la ciudadanía interesada participe como observadora de la consulta popular, misma que estará abierta hasta el 15 de julio de 2021.

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de ayer minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución, en materia de consulta popular y revocación de mandato. El dictamen se avaló en lo general con 372 votos a favor y 75 en contra.

El documento señala que las consultas populares podrán ser sobre temas de trascendencia nacional y regional. Se establece que se realizarán el primer domingo de agosto. Para temas nacionales tendrán que ser respaldadas por al menos dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Las consultas de trascendencia regional competencia de la Federación, tendrán que impulsarse por los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan.

Aclara que no podrá ser objeto de consulta popular la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni las obras de infraestructura en ejecución.

También se establece que el INE promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de su difusión.

En lo que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: será convocado por el INE a petición de la ciudadanía, en número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.

Además, el INE, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer periodo constitucional. Los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación durante el mes previo a la fecha señalada, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.

Dicha consulta se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación sólo procederá por mayoría absoluta.

Igualmente, el INE tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Sala Superior del TEPJF realizará el cómputo final del proceso de revocación, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitiría la declaratoria de revocación.

En caso de haberse revocado el mandado del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la Presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional.

El documento también indica que el mandato de los gobernadores de los estados podrá ser revocado; por ello, las constituciones locales establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador. También será sujeto de la revocación de mandato el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La Constitución de esta entidad establecerá las reglas para ese proceso.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, confió en que los senadores analizarán la minuta de consulta pública y revocación de mandato que se aprobó la semana pasada, y podrán realizar los cambios que contribuyan a fortalecerla.

Acusó que el pasado 14 de marzo, durante el debate de dicha minuta en la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena evidenciaron desconocimiento sobre su sentido y su aplicación, y “aun cuando se ganó el debate, se perdió en la votación frente” al partido mayoritario

Romero Hicks dijo que no descarta que en el Senado de la República se abran los canales de intermediación y se acepte la propuesta que él hizo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para que el tema se desahogara en Parlamento Abierto.

Señaló que la preocupación respecto al tema no es menor, pues afirmó que la revocación de mandato es la antesala para la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el proceso electoral de 2021.

«Le permite también, de manera abierta, ser el beneficiario de la revocación de mandatado, que no es otra cosa que la puerta a la reelección», acusó el panista.

Finalizó indicando que espera que la Cámara de Senadores no tenga que volver a repetir la función de enmendar el error como ocurrió en el caso de la aprobación de la Guardia Nacional.

En medio de reclamos por parte de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en lo general, el dictamen de reforma constitucional en materia de revocación de mandato y consulta popular.

El dictamen fue aprobado por mayoría calificada, es decir con 328 votos a favor, 153 en contra y dos abstenciones. Una vez aprobado, se procedió a su discusión en lo particular.

Entre otros puntos, el dictamen establece el derecho y la obligación de los ciudadanos de votar en los procesos de revocación de mandato del Presidente de la República. Asimismo, reduce el porcentaje del número de electores requerido para que éstos puedan solicitar al Congreso de la Unión la realización de consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.

La oposición acusó que se estaba avalando una reforma que podría abrir la puerta a la reelección y que Morena quiere hacer historia como Venezuela y Bolivia. Morena y sus aliados les pidieron no temer ir a las urnas en 2021.

Al fundamentar el dictamen Miroslava Carrillo Martínez, diputada de Morena, expresó que la consulta popular con carácter revocatorio será la herramienta del pueblo para evaluar y, en su caso, cambiar a gobernantes, aquellos que desde el poder del Estado no cumplieron con su mandato constitucional.

María Muñoz, diputada del PRI, criticó el dictamen al considerar que Morena está dando a México un instrumento para una ratificación de mandato y no una revocación, lo que es problema conceptual porque están confundiendo una consulta con una elección.

«No caigamos en simulaciones disfrazadas de democracia participativa», planteó la legisladora. Advirtió que de aprobarse la reforma, debería entrar en vigor a partir de 2024 y aplicarse al Presidente que resulte electo a partir de ese año.

Por su parte Hector Yunes del PRI, sostuvo que la reforma no trata de abrir canales de participación a la sociedad, sino de pervertir a la democracia, institucionalizar el culto a la personalidad y perpetuar a una persona en el mando de la nación.

JOSÉ WOLDENBERG

REFORMA

 

 

El anuncio nebuloso de una eventual consulta sobre el destino del aeropuerto de la Ciudad de México, programada para octubre próximo, ha generado múltiples dudas y reservas. ¿Es pertinente el ejercicio dada la materia que se pretende examinar? ¿Una obra en construcción debe y puede ponerse a consulta o ese es un mecanismo adecuado antes de que las obras inicien? ¿Por qué ese tema y no otros? ¿Es suficiente la voluntad del Presidente electo para que la consulta sea legítima? ¿Se trata de una consulta o de una encuesta? Total: puras interrogaciones adecuadas y puntuales.

Pero un asunto de igual o mayor envergadura no ha sido subrayado suficientemente. Y es que en la Constitución sí existe la posibilidad de llevar a cabo consultas populares y las mismas deben cursar un trayecto, y lo que Andrés Manuel López Obrador y los suyos proponen será en todo caso un ejercicio realizado por particulares… con todo lo que eso significa. Empecemos por ahí.

En octubre, López Obrador seguirá siendo Presidente electo, es decir, todavía no será el Presidente del país, y aquellos que lo acompañarán en su gestión como secretarios, subsecretarios y asesores, en octubre seguirán siendo ciudadanos sin ninguna investidura, sin ningún cargo. No es solo una formalidad. Sino el reconocimiento de un hecho del tamaño de la Catedral Metropolitana. Por supuesto, los particulares pueden realizar las consultas que gusten y manden, pero no pueden solicitar a ninguna autoridad estatal que los acompañe en sus afanes y menos aún darle a su ejercicio el estatuto de una genuina consulta popular.

Si se pretende hacer una auténtica consulta el artículo 35 de la Constitución señala la ruta. Establece que es un derecho de los ciudadanos mexicanos «votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente: Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: a) el Presidente de la República, b) el equivalente del 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras o c) los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores…». Hay limitaciones por supuesto: «No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos… los principios consagrados en el artículo 40 (de la Constitución); la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada…». Además, la Suprema Corte debe resolver, antes de que el Congreso emita la convocatoria, sobre la constitucionalidad «de la materia de la consulta». Es el INE el encargado de organizar la misma y la consulta debe realizarse el mismo día de la jornada electoral federal. Y la propia Constitución establece que solo si participa al menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado sería «vinculante» para los poderes Ejecutivo y Legislativo y «las autoridades competentes».

Es decir, no cualquiera puede llamar a una consulta popular con fines «vinculatorios». No todos los temas pueden ser puestos a consulta. Para que no resulte un ejercicio vano se requiere una especie de dictamen de la Corte (imagine usted que luego de la votación la Corte resuelve que lo que se puso a consideración es anticonstitucional). Para que concurra el mayor número de ciudadanos posible y para recargar de sentido los procesos comiciales, se establece que las consultas deben ser el mismo día de una elección federal. Y para que los resultados resulten obligatorios para las autoridades se requiere de un mínimo de participación ciudadana.

Es posible que sea farragoso, pero se trata del procedimiento diseñado por la Constitución de la República, aquella que los funcionarios están obligados a cumplir. Y no parece conveniente, por lo menos para generar certeza jurídica, que aquellos que ocuparán sus cargos 6 o 7 semanas después del ejercicio, se adelanten realizando una consulta al margen de la Constitución y en su carácter de simples ciudadanos.

No faltará quien diga: puras formalidades quisquillosas. Pero las formalidades de la Constitución y las leyes están ahí precisamente como un dique a los caprichos y ocurrencias de las autoridades (y de las que van a serlo).