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Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles encontró pruebas suficientes para permitir que el caso por 36 cargos de abuso sexual y violación, entre otros, contra el líder de La Luz del Mundo, Naason Joaquín García, y dos miembros de dicha iglesia llegue a juicio.

El magistrado Ronald S. Coen dio la orden para que García sea juzgado por diversos cargos penales, incluida la violación forzada de un menor, delitos presuntamente cometidos en el sur de California.

La decisión fue tomada tras casi dos semanas de audiencia, en donde se presentaron varios testigos así como la información recolectada del teléfono celular que le fue confiscado a Joaquín García el día que fue detenido en Los Ángeles, el 3 de junio de 2019.

Joaquín García, de 51 años, está acusado de 23 delitos graves, incluida la violación forzada de un menor, copulación oral forzada de un menor, relaciones sexuales ilegales, acto lascivo con un niño, extorsión, conspiración y posesión de pornografía infantil.

El pasado 6 de agosto una corte de Los Ángeles impuso una fianza de 90 millones de dólares contra el líder religioso, para que pudiera seguir su proceso en libertad, un monto que fue calificado por la Iglesia como de “sentencia anticipada”.

La defensa de Joaquín García había tratado de que se anulara el caso por errores en el procedimiento llevándolo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California, que en abril pasado desestimó el proceso penal por una falla técnica y por lo cual sus abogados esperaban su liberación, teniendo como factor la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, la oficina del fiscal estatal Xavier Becerra presentó nuevamente la acusación elevando a 36 el número de cargos contra Joaquín Garcíay sus dos cómplices Alondra Ocampo, de 37 años, y Susana Medina Oaxaca, de 25 años.

La nueva acusación cita a cinco víctimas, una de ellas identificada como Jane Doe 5, que habría sido abusada sexualmente en febrero de 2016.

La denuncia también acusa a Ocampo de supuestamente pedir a menores de edad que se desnudaran y tomaran fotografías de sus genitales para enviarlas a Joaquín García.

Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, Ocampo llevó a tres niñas a un edificio de oficinas y “les proporcionó trajes de colegiala, les ordenó que se tocaran los senos y las nalgas, y se tomaron fotos de ellas al hacerlo”, asegura la denuncia.

Ocampo está acusada de 27 delitos graves, que incluyen violación forzada de un menor, penetración sexual forzada, tráfico de personas mediante la adquisición de un niño para que participe en un acto lascivo, producción y distribución de pornografía infantil, entre otros.

Por su parte, Oaxaca enfrenta dos delitos graves de copulación oral forzada.  Una cuarta acusada en el caso, Azalea Rangel Meléndez, enfrenta una orden de búsqueda y captura.

El próximo 1 de septiembre Joaquín García, Ocampo y Oaxaca regresarán a corte para su audiencia de declaración de culpabilidad.

Con cuatro votos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este miércoles el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, por el que buscaba que el Congreso de Veracruz modificará su código penal para despenalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.

La discusión y análisis del proyecto causó gran expectativa, pues por primera vez, la Suprema Corte haría que un Congreso estatal despenalizara el aborto, abriendo la puerta a una ruta jurídica pata que se pudiera alcanzar la despenalización en todo el país.

La ministra Margarita Ríos-Farjat explicó que su voto en contra es debido a que hay impedimentos técnicos-jurídicos para entrar al fondo que demanda el caso de amparo.

“No hay remisión legislativa porque la norma sí existe ese es el primero; el segundo es la norma no está impugnada como tal, sino por la vía de su omisión; el resultado de declarar la inconstitucional sin haberse impugnado me parece muy desbordado. Todo esto complica mucho el tercer problema, y es que no existe un mandato específico para legislar en un sentido determinado por mejor y más conveniente que este pudiera ser; este es un problema de técnica jurídica para mí, desafortunadamente esto me impide pronunciarme respecto al fondo del asunto y por tal razón no comparto el proyecto”, explicó la ministra.

Añadió que aunque la Corte tiene una encomienda de regularidad constitucional, necesita certeza técnica para que despliegue la encomienda que le corresponde.

El resto de los ministros expusieron criterios parecidos, por lo que indicaron que su voto también era en contra del proyecto.

El ministro González Alcántara Carrancá aseguró que no compartía la determinación de sus compañeros acerca de que el asunto no sea procedente.

“Estimo que la legislación aplicable permite que sean reclamables en amparo omisiones legislativas (…) Considero que la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria al umbral de protección que corresponde a todas las mujeres en su derecho a la salud”.

Ahora, el asunto se remitirá a otro ministro o ministra, quien deberá elaborar otro proyecto para discurtirse próximamente.

En nuestro país, solo la Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por violación y en casi todos por riesgo a la salud y muerte de la madre.

Recordemos que la Suprema Corte ya ha fallado a favor de los derechos reproductivos de las mujeres al validar en 2008 la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y al validar en 2019 la Norma Oficial Mexicana (NOM) 46, que permite a cualquier víctima de violación abortar sin tener que presentar pruebas.

El exgobernador de Chihuahua César Duarte, detenido el pasado miércoles en Miami y pedido en extradición por nuestro país, acudió este viernes a su primera audiencia en la que se le leyeron los delitos que enfrenta: malversación de fondos agravada y conspiración agravada.

En la audiencia, que fue vía retoma debido a la pandemia, se acordó una “conferencia de estatus” para el próximo martes, en la que se definirán los plazos y fechas para la audiencia en la que se evaluará la petición de extradición.

Los abogados de Duarte pidieron tiempo a la jueza para preparar las mociones, la primera de ellas, una que busca la libertad bajo fianza de su cliente.

Al postergarse dicha audiencia, César Duarte permanecerá en prisión. Se le explicó que dado los cargos que enfrenta, no es común que se otorgue la libertad bajo fianza.

La jueza Lauren F. Louis, del Distrito Sur de Florida, también le explicó a Duarte sus derechos y los procedimientos de un juicio de extradición. El exgobernador le respondió a través de una intérprete que entendía lo expuesto.

La defensa subrayó que necesitaba reunir la información, por lo que acordaron tentativamente con la jueza para el 23 o 24 de julio la próxima audiencia.

Por su parte, Tom Heinemann, consejero legal y de inteligencia del Departamento de Estado, señaló en un documento judicial archivado hoy en el expediente, que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos está “en plena vigencia”.

Agregó que él representará los intereses del Gobierno de México, autorizado por el secretario Mike Pompeo, en el juicio de extradición de Duarte.

El exgobernador de Coahuila, Jorge Torres, se declaró culpable por lavado dinero tras haber ocultado sobornos cobrados a cambio de contratos de construcción de carreteras en la entidad.

Torres se desempeñó como gobernador interino de la entidad en 2011, y fue arrestado en México a principios del año pasado y extraditado a Estados Unidos en octubre para enfrentar un juicio en un tribunal federal del Distrito Sur de Texas.

Los fiscales estadounidenses en Texas acusaron a Torres y a Héctor Villarreal, exsecretario de hacienda de Coahuila, de fraude, robo y transferencia ilegal de fondos en 2013.

El priísta se declaró culpable por su participación en un plan de lavado de dinero que incluía delitos contra una nación extranjera que involucraban el soborno de un funcionario público, dijo el fiscal federal Ryan Patrick en un comunicado del Departamento de Justicia.

Ahota, Torres enfrenta hasta 20 años de prisión y una posible multa de 500,000 dólares. Como parte de su declaración de culpabilidad, acordó renunciar a una propiedad en Estados Unidos vinculada a los sobornos, según la autoridad local.

La jueza de distrito estadounidense Nelva González fijó la sentencia de Torres para el 10 de septiembre.

La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció este jueves contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba poner final al programa para proteger a los dreamers.

El alto tribunal consideró que sería “caprichoso” y “arbitrario” poner fin al programa adoptado por el expresidente Barack Obama que da protección contra las deportaciones y permisos de trabajo a los jóvenes, principalmente originarios de México y otros países América Latina, y muchos de los cuales no recuerdan su país de origen.

El programa de  Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia (DACA, por sus  siglas en inglés), protege a cerca de 700,000 jóvenes llegados a Estados Unidos sin papeles acompañando a sus padres cuando eran niños.

El Supremo, de mayoría conservadora, determinó que los planes del presidente Trump eran ilegales.

Gracias a este fallo, adoptado por cinco votos contra cuatro, los beneficiarios del programa DACA podrán seguir renovando su afiliación y, con ella, poder seguir optando a permisos de trabajo sin miedo a ser deportados de Estados Unidos.

Trump sufre así su segunda derrota judicial en menos de una semana, después de que el Supremo validase la protección laboral a personas de la comunidad LGBT.

La Corte Suprema de Estados Unidos incluyó este lunes a millones de trabajadores homosexuales y transgénero en el amparo de una ley contra la discriminación laboral, a pesar de la oposición del gobierno de Donald Trump.

“Hoy tenemos que decidir si un empleador puede despedir a alguien solo porque es homosexual o transgénero, la respuesta es clara”, la ley “lo prohíbe”, dijo el máximo tribunal en un fallo decidido por una mayoría de seis jueces de los nueve que lo conforman.

Una ley federal de 1964 prohibió la discriminación “por razones de sexo”, pero ciertos tribunales, así como la administración del presidente Trump, consideraban que aplicaba solo a la distinción hombres/mujeres y no a las minorías sexuales.

Los defensores de los empleados homosexuales, lesbianas y transgénero, apoyados por legisladores y ejecutivos demócratas, así como por varias grandes empresas como Apple, General Motors o Walt Disney, pidieron a la Corte que aclarara quiénes estaban protegidos por esta norma.

En 2015, el máximo tribunal había ampliado el derecho al matrimonio a personas del mismo sexo, pero los defensores de las minorías sexuales temían que los dos jueces nombrados por Trump posteriormente hubieran tornado la corte más conservadora.

Sin embargo fue uno de ellos, Neil Gorsuch, quien redactó la decisión mayoritaria, agregando su voz a la de los cuatro jueces progresistas y al jefe de la corte, John Roberts.

Los autores de la ley de 1964 “sin duda no anticiparon que su trabajo llevaría a esta conclusión”, escribió. “Pero los límites de su imaginación no son una razón para ignorar las exigencias de la ley”, continuó el magistrado.

Brett Kavanaugh, el otro juez elegido por Trump por sus puntos de vista conservadores, se opuso a esta decisión, considerando que era competencia del Congreso y no del sistema de justicia actualizar la ley.

“A pesar de mi preocupación por la transgresión de la separación de poderes por parte de la Corte”, la decisión representa una “importante victoria lograda hoy por los homosexuales y lesbianas estadounidenses”, subrayó Kavanaugh.

Por su parte James Esseks, uno de los líderes de la poderosa organización de derechos ACLU,  celebró la “gran victoria para la igualdad” que se consiguió este lunes.

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, dijo que se trataba de un “significativo paso adelante”. Hasta ahora, las personas homosexuales “podían casarse un día y ser despedidas al día siguiente”, dijo, y prometió continuar “la lucha por la igualdad” si era elegido el 3 de noviembre.

Foto: Twitter @katieleebarlow

De acuerdo al proyecto presentado por el ministro Fernando Franco González Salas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría declarar inconstitucionalidad la llamada ‘Ley Bonilla’.

Recordemos que la ‘Ley Bonilla’ amplió de, 2 a 5 años, el periodo de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California, una vez que ya había sido declarado como gobernador electo.

Según lo que se ha informado, el proyecto del ministro Franco indica que la reforma que amplió el periodo de gobierno de Bonilla viola los principios democráticos de la Constitución, ya que fue electo popularmente para gobernar dos años y no cinco.

Para poder invalidar la reforma se necesita el voto de por lo menos ocho ministros de la Suprema Corte. Hasta ahora no hay fecha de cuando se discutirá el tema en el Pleno.

En ese sentido, el Partido Acción Nacional (PAN) confió en que la Suprema Corte actuará con absoluto apego a la Constitución.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, hizo un llamado a que lo ordenado en las urnas por los ciudadanos sea respetado por el bien de México, del Estado de Derecho, de la democracia y del equilibrio de poderes.

“Desde el primer momento el PAN ha dado la batalla para que el gobernador Bonilla no trasgreda la Constitución. Desde diciembre pasado la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció la inconstitucionalidad, ahora solo falta el último paso que recae en la Suprema Corte”, dijo la dirigencia nacional de partido.

La Corte Suprema de Estados Unidos votó este jueves a favor de ampliar los criterios de deportación de residentes legales permanentes que hayan cometido crímenes, lo que de acuerdo a diversos analistas sería una victoria para el gobierno del presidente Donald Trump.

El máximo tribunal votó por 5 contra 4 a favor de mantener el criterio fijado por una corte inferior en un caso que involucra a Andre Martello Barton, un residente legal originario de Jamaica.

Esta decisión puede afectar a miles de personas con condenas, incluso por delitos menores, que viven legalmente en Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, hay más de 13 millones de residentes permanentes legales.

Estos delitos incluyen faltas relativamente menores que no implican tiempo de cárcel como delitos por abuso de sustancias o una acumulación de más de un cargo por hurto en tiendas.

La lucha contra la inmigración tanto legal como irregular fue un tema recurrente en la campaña de Trump en 2016 y un eje de su gobierno. La decisión de la corte llega luego de que se anunciara la suspensión por 60 días de la entrega de la “green card”, que otorga residencia legal.

El magistrado Brett Kavanaugh, que redactó la posición que prevaleció en el alto tribunal, indicó que los contraargumentos presentados por Barton son “poco convincentes”.

El juez señaló que durante el tiempo que Barton vivió en Estados Unidos fue condenado por crímenes en tres ocasiones diferentes en un periodo de 12 años incluyendo delitos por armas de fuego, portación de drogas y un cargo de agresiones con agravantes.

Kavanaugh admitió que deportar a un residente permanente es un proceso “desgarrador”, especialmente por las consecuencias para su familia y que es especialmente difícil cuando involucra a alguien como Barton “que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos”.

Sin embargo, se alineó con la posición del gobierno a favor de la deportación.

Recordemos que en Estados Unidos, los residentes permanentes pueden apelar una orden de deportación, si han estado viviendo de forma continua en Estados Unidos.

La jueza progresista Sonia Sotomayor, que redactó la argumentación minoritaria en contra, dijo que Barton tuvo problemas de adicción y por eso fue condenado dos veces por posesión de drogas, pero que tras rehabilitarse no volvió a ser arrestado, fue a la universidad y tuvo cuatro hijos.

Con la opinión expresada hoy por la Corte, aquellos residentes legales que no tienen ciudadanía pueden ser tratados, a efectos de la regla, como quienes no gozan de la residencia legal, concluyó la jueza.

Autoridades sanitarias federales informaron que de acuerdo al último corte, en México se registran 2,439 casos confirmados de Covid-19 y 125 muertes.

Adicional se da seguimiento a 6,295 casos sospechosos, y se han descartado 11,741 casos más. Del total de casos confirmados, el 74% han sido no graves y se recuperan en sus domicilios, mientras que el 26% sí ha requerido hospitalización.

Los pacientes graves, que han requerido cuidados intensivos y/o conexión a ventiladores, es del 3.65% del total de contagios, es decir, 89 pacientes que se encuentran en estado crítico de salud. 

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell indicó que desde que se iniciaron los protocolos sanitarios por la aparición del nuevo coronavirus, en total se ha estudiado a 20,475 personas en el país.

Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del IMSS, pidió a la población apoyar y confiar en el personal médico, y dejar las agresiones contra ellos a causa del Covid-19 y el temor de contagios. Señalaron que el personal médico son el primer contacto de pacientes con coronavirus.

López-Gatell se sumó al mismo llamado y afirmó que el miedo no tiene justificación para violentar al personal médico. Adicional, informó que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el acuerdo que detalla las actividades esenciales de sectores industriales específicos. 

“Es importante que las empresas contribuyan en la reducción de labores. No debemos relajar el cumplimiento de las Medidas de Seguridad Sanitaria”, dijo el subsecretario.

Finalmente, el funcionario sostuvo que no se descarta aceptar apoyo internacional para fortalecer equipos de profesionales de la salud en algún punto de la pandemia si así se requiere.

Un jurado en Nueva York declaró este lunes a Harvey Weinstein culpable de violación en tercer grado y lo absolvió de los otros dos más graves, dos horas después de comenzar su quinta jornada de deliberaciones.

El jurado halló a Weinstein culpable de un acto sexual criminal en primer grado contra la asistente de producción Mimi Haley, en 2006, y de violación en tercer grado contra la aspirante a actriz Jessica Mann, en 2013, pero ha descartado la violación en primer grado de esta última y los dos cargos que incluían la supuesta violación de la actriz Annabella Sciorra hace casi 30 años.

Queda que el juez James Burke fije una fecha para la sentencia, en la que Weinstein se puede enfrentar a un máximo de 25 años por el delito de acto sexual criminal y a 4 años por el de violación en tercer grado, evitando así las penas más graves, de cadena perpetua, que acarreaban los dos cargos referentes a Sciorra, de agresión sexual depredadora.

Durante el proceso, que ha despertado el interés internacional por la relevancia del magnate de Hollywood y porque las denuncias contra él enmarcaron el movimiento feminista del #MeToo, también testificaron otras cuatro mujeres, cuyos testimonios tenían como objetivo apoyar las evidencias presentadas por esas dos mujeres.

El juicio arrancó el pasado 6 de enero con la elección del jurado que está compuesto por siete hombres y cinco mujeres. El 22 de enero, Fiscalía y defensa presentaron sus argumentos iniciales y comenzaron a llamar a los testigos.

El jurado se retiró a deliberar el pasado martes, después de que los pasados días 13 y 14, los abogados y los fiscales presentaran sus alegatos finales en favor y en contra del rey midas del séptimo arte.

Un juez español dictó este jueves prisión provisional a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien fue detenido ayer en Málaga, ciudad al sur de España.

El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, alta jurisdicción a cargo de las extradiciones, “ha acordado la prisión provisional incondicional y comunicada del exdirector de la compañía Pemex”, indicó la corte en un comunicado.

Sobre Lozoya, un muy cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, pesa una solicitud de “extradición cursada por las autoridades de nuestro país por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que en España se corresponde con blanqueo de capitales.

El tribunal dio 45 días a México para presentar formalmente “la solicitud de extradición por vía diplomática”, durante los cuales Lozaya permanecerá detenido.

El de Lozoya es el primer arresto de un funcionario mexicano de alto nivel en torno al caso del grupo brasileño Odebrecht, un amplio esquema de corrupción que salpicó a varios países latinoamericanos, entre ellos Perú, donde tres expresidentes están bajo investigación y otro, Alan García, se suicidó en abril al ser detenido.

Una orden de captura pesaba sobre Lozoya y tres de sus familiares desde julio de 2019 y se presumía que permanecía prófugo en Alemania.
Es señalado por haber recibido sobornos millonarios de Odebrecht, que habrían sido destinados a la campaña presidencial de Peña Nieto, donde se desempeñaba como encargado de asuntos internacionales.

También se le acusa de haber autorizado, cuando ya era director de Pemex, la compra de una planta de fertilizantes con sobreprecio.

Por este último caso fue detenido en mayo de 2019 en Palma de Mallorca (este) el empresario mexicano Alonso Ancira Elizondo, por presuntamente estar involucrado con la venta de la planta de fertilizantes en desuso por casi 500 millones de dólares.

Lozoya, quien renunció en 2016 a Pemex presionado por las crecientes denuncias en su contra, ha rechazado todas las acusaciones.

Cuestionado sobre la detención del exfuncionario, el presidente López Obrador dijo que “no se debe de dar tregua a la corrupción”.

Un excomandante de la policía federal mexicana fue arrestado este viernes por presuntamente haber aceptado cientos de miles de dólares en sobornos de cárteles mexicanos para ayudarlos a enviar cocaína a Estados Unidos, en un caso relacionado al capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, dijeron los fiscales.

La oficina del fiscal Richard Donoghue dijo que el acusado, Iván Reyes Arzate, fue encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, donde cumplía una pena de 40 meses por cargos de obstrucción en un caso en Illinois.

Reyes iba a ser puesto en libertad el 27 de enero y luego deportado a México, antes de que un gran jurado federal lo procesara ayer por tres cargos de conspiración, dijo la oficina de Donoghue.

Reyes compareció esta misma tarde en un tribunal de Brooklyn, en donde se declaró inocente de los cargos que se le imputan. Cada cargo conlleva una pena mínima de prisión obligatoria de 10 años, y los fiscales quieren que sea sometido a detención permanente, tras calificarlo de “riesgo de fuga significativo”.

Según la oficina de Donoghue, Reyes recibió sobornos del cártel “El Seguimiento 39”, formado por un supuesto ciudadano estadounidense conocido como “Zeta 39”, a cambio de ayudar a proteger sus actividades de tráfico de drogas.

Varios testigos que cooperaron dijeron que otros cárteles, incluido el de los hermanos Beltrán Leyva, también pagaron sobornos a Reyes por su ayuda, dijo la oficina de Donoghue.

Según los fiscales, Reyes trabajó de 2003 a 2016 en la Unidad de Investigación Sensible de la policía federal mexicana, y de 2008 a 2016 fue su oficial de mayor rango, lo que lo convirtió en el principal contacto para compartir información con la fuerza pública estadounidense.

Los fiscales dijeron que el caso de Reyes está “presuntamente relacionado” con otros también en Brooklyn contra “El Chapo” Guzmán y Genaro García Luna, exsecretario de seguridad, porque los hechos surgieron de los mismos esquemas, transacciones y eventos criminales.

Guzmán está cumpliendo cadena perpetua sin libertad condicional tras ser condenado el año pasado. Y, a principios de enero, García Luna se declaró inocente de aceptar millones de dólares en sobornos para permitir que el cártel de Sinaloa, de Guzmán, opere impunemente

Foto: Twitter

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, se declaró hoy inocente de los cargos que se le imputan en una corte de Estados Unidos.

El exfuncionario federal fue enviado de vuelta a la cárcel, mientras sus abogados negocian una fianza.

“La acusación de García Luna ha terminado. Se declaró inocente y fue enviado de vuelta a la cárcel mientras sus abogados trabajan en la negociación de la fianza”, adelantó Alan Feuer, periodista de The New York Times.

 

Se indicó que los fiscales afirmaron que buscarán resolver el caso sin ir a juicio, “lo cual es rutinario en asuntos criminales”, pero un tanto improbable ahora que García Luna se declaró no culpable de ninguno de los cuatro cargos en su contra.

Según trasciendió, la próxima audiencia quedó programada para el 21 de enero.

El periodista reportó en su cuenta de Twitter que no hubo nada nuevo respecto a los cargos imputados previamente y que los fiscales pidieron mantener tras las rejas a García Luna debido a su “gran fortuna personal”, su viaje reciente a México en noviembre de 2019 y sus conexiones con funcionarios mexicanos de alto rango, todo lo cual eleva los riesgos de que se fugue para huir del proceso.

Recordemos que García Luna fue arrestado el 9 de diciembre pasado en la localidad texana de Grapevine bajo acusaciones de corrupción, narcotráfico y falsas declaraciones. Se le vincula al Cártel de Sinaloa.

Tras su detención, fue trasladado a una cárcel de Texas, pero el pasado 17 de diciembre se le negó el derecho a libertad bajo fianza y se ordenó su traslado a Nueva York, donde está siendo juzgado para determinar su culpabilidad o no de cada uno de los cargos que pesan en su contra.

Al inaugurar el Primer Periodo de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) correspondiente al año 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que su independencia y autonomía están garantizadas.

En sesión solemne de apertura, el presidente Arturo Zaldívar aseguró que a lo largo del año habrán de resolverse asuntos de la mayor relevancia para la vida de las personas y para la democracia del país, lo que se hará con independencia y responsabilidad.

Entre los temas que serán discutidos enumeró la objeción de conciencia, la #LeyBonilla, la gestación subrogada, el matrimonio de personas con discapacidad intelectual, la igualdad de género y el indulto a padres y madres privadas de libertad.

Garantizó que estos asuntos serán decididos con absoluta libertad , argumentación y votos de los ministros: “lo que determina la independencia de un Tribunal no es en sentido de la sentencia”.

Añadió que la independencia y la legitimidad de un tribunal constitucional está en los argumentos y razones que justifica la resolución. En ese sentido dijo que las resoluciones que dicte la Suprema Corte podrán ser opinables y discutibles, y podrán no gustar a todos, pero las argumentaciones de los ministros sostendrán la legitimidad de que están cumpliendo con su obligación de respetar la Constitución y de proteger los derechos de las personas.

En su discurso, el ministro presidente sostuvo que “en un Tribunal como el nuestro, que debate públicamente, serán los argumentos que den los ministros para sostener su voto los que determinarán la legitimidad de la decisión”.

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, seguirá en una prisión de Texas en Estados Unidos, desde donde será trasladado a Nueva York, para enfrentar tres cargos en una corte federal de distrito.

El exfuncionario que colaboró en el gabinete del expresidente Felipe Caderón, compareció este martes en una corte local tras su detención hace una semana por agentes de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA).

En la audiencia de este martes, a García Luna se le negó la posibilidad de seguir en libertad su proceso, por lo que deberá esperar en prisión su traslado a Nueva York, donde iniciará el proceso.

García Luna enfrenta tres cargos de conspiración para tráfico de cocaína así como por falsas declaraciones.

El derecho a fianza le fue negado luego de que los funcionarios judiciales estadounidenses encargados del caso, alegaron ante el juez que representaba un peligro de fuga por la posible protección de funcionarios, exfuncionarios y miembros del cartel de Sinaloa.

Su traslado será a la corte del distrito este de Brooklyn, misma donde se enjuició a Joaquín “El Chapo” Guzmán este mismo año, y que fue encontrado culpable y condenado a cadena perpetua.

Será el juez Brian Cogan, quien llevó el juicio contra Guzmán, el que ahora se haga cargo de este proceso.

Una corte de apelaciones estadounidense falló este lunes que el presidente Donald Trump debe difundir ocho años de declaraciones de impuestos, un golpe a sus intentos de mantener sus ganancias personales en secreto.

El fallo es el último desarrollo en el esfuerzo por obtener copias de los impuestos de Trump, que durante su campaña electoral prometió publicarlos, aunque nunca lo ha hecho.

Un comité integrado por tres jueces de Manhattan rechazó la apelación de los abogados del presidente, que se oponen a un pedido del fiscal a la empresa contable de Trump, Mazars, para que ésta revele sus impuestos entre 2011 y 2018.

Los jueces federales, no obstante, no adoptaron una posición sobre la afirmación de los abogados de Trump de que como presidente éste cuenta con inmunidad ante cualquier investigación penal.

“Esta apelación no requiere que consideremos si el presidente es inmune a una acusación y proceso mientras ocupa el cargo, ni que consideremos si el presidente puede ser legalmente obligado a entregar documentos para ser utilizados en un procedimiento penal estatal”, dijeron los jueces en su fallo.

El fiscal Cyrus Vance pidió estos documentos en el marco de una investigación sobre un pago efectuado a la actriz pornográfica Stormy Daniels para comprar su silencio por una supuesta relación con Trump.

La investigación, que examina cómo Trump y su empresa reembolsaron este pago de 130,000 dólares efectuado durante la campaña presidencial de 2016 por un abogado de Trump, Michael Cohen, no ha llevado aún a ninguna inculpación.

Cohen cumple actualmente una pena de tres años de cárcel tras admitir que hizo un pago para comprar el silencio de Daniels y de otra mujer, en violación de las leyes de financiación electoral, así como por fraude impositivo y mentir al Congreso.

Los jueces decidieron que la inmunidad de Trump no está en cuestión, porque los fiscales pidieron los documentos a la empresa contable de Trump, no al presidente.

Trump es el primer presidente desde Richard Nixon que se niega a difundir sus declaraciones de impuestos.