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La Corte Suprema de Estados Unidos votó este jueves a favor de ampliar los criterios de deportación de residentes legales permanentes que hayan cometido crímenes, lo que de acuerdo a diversos analistas sería una victoria para el gobierno del presidente Donald Trump.

El máximo tribunal votó por 5 contra 4 a favor de mantener el criterio fijado por una corte inferior en un caso que involucra a Andre Martello Barton, un residente legal originario de Jamaica.

Esta decisión puede afectar a miles de personas con condenas, incluso por delitos menores, que viven legalmente en Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, hay más de 13 millones de residentes permanentes legales.

Estos delitos incluyen faltas relativamente menores que no implican tiempo de cárcel como delitos por abuso de sustancias o una acumulación de más de un cargo por hurto en tiendas.

La lucha contra la inmigración tanto legal como irregular fue un tema recurrente en la campaña de Trump en 2016 y un eje de su gobierno. La decisión de la corte llega luego de que se anunciara la suspensión por 60 días de la entrega de la “green card”, que otorga residencia legal.

El magistrado Brett Kavanaugh, que redactó la posición que prevaleció en el alto tribunal, indicó que los contraargumentos presentados por Barton son “poco convincentes”.

El juez señaló que durante el tiempo que Barton vivió en Estados Unidos fue condenado por crímenes en tres ocasiones diferentes en un periodo de 12 años incluyendo delitos por armas de fuego, portación de drogas y un cargo de agresiones con agravantes.

Kavanaugh admitió que deportar a un residente permanente es un proceso “desgarrador”, especialmente por las consecuencias para su familia y que es especialmente difícil cuando involucra a alguien como Barton “que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos”.

Sin embargo, se alineó con la posición del gobierno a favor de la deportación.

Recordemos que en Estados Unidos, los residentes permanentes pueden apelar una orden de deportación, si han estado viviendo de forma continua en Estados Unidos.

La jueza progresista Sonia Sotomayor, que redactó la argumentación minoritaria en contra, dijo que Barton tuvo problemas de adicción y por eso fue condenado dos veces por posesión de drogas, pero que tras rehabilitarse no volvió a ser arrestado, fue a la universidad y tuvo cuatro hijos.

Con la opinión expresada hoy por la Corte, aquellos residentes legales que no tienen ciudadanía pueden ser tratados, a efectos de la regla, como quienes no gozan de la residencia legal, concluyó la jueza.

El INEGI presentó esta mañana los resultados del vigésimo séptimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondientes a la primera quincena de marzo, en donde se indica que el 73.4% de la población, de 18 años y más, consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Se indicó que dicho porcentaje no representa un cambio estadísticamente significativo, pues en diciembre pasado, cuando se presentó la ENSU, se registró un porcentaje de 72.9%. Sin embargo, respecto a marzo de 2019, se registra una disminución pues el año pasado se registró un porcentaje de 74.6%.

La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 78.6%, mientras que para los hombres fue de 67.2%.

Las ciudades con mayor porcentaje de percepción de inseguridad fueron: Ecatepec de Morelos (94.4%); Uruapan (94.1%); Coatzacoalcos (92.1%); Fresnillo (91.4%); Iztapalapa (91.3%) y Villahermosa (91.1%).

Las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García (24%); Mérida (24.8%); Puerto Vallarta (31.8%); Saltillo (35.5%); San Nicolás de los Garza (36.5%) y Los Cabos (39.7%).

En específico, 80.8% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 73.5% en el transporte público; 67.4% en el banco y 64.7% en las calles que habitualmente usa.

“La sensación de inseguridad por temor al delito y las expectativas que tiene la población sobre la seguridad pública se generan por la influencia de diversos factores, como la atestiguación de conductas delictivas o antisociales que ocurren en el entorno donde se desenvuelve la población. Asimismo, el temor al delito puede hacer cambiar las rutinas o hábitos de la población, así como la percepción que se tiene sobre el desempeño de la policía”, indicó el INEGI.

34.5% de la población consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal; 32% de la población refiere que la situación empeorará en los próximos 12 meses.

Durante el primer trimestre de 2020, el porcentaje de la población que refirió haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda fue: consumo de alcohol en las calles (62.3%), robos o asaltos (60.6%), vandalismo en las viviendas o negocios (46.3%), venta o consumo de drogas (42.9%), disparos frecuentes con armas (41%), bandas violentas o pandillerismo (30.2%), robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol) (4.4 por ciento) y por primera vez, se mide la atestiguación sobre la existencia de tomas irregulares de luz (energía eléctrica) o diablitos (16.5%).

Este viernes se informó de la detención de María Maricela “S” y Alan Omar “F”, reguladora de línea del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y conductor del convoy que originó el choque de dos trenes el pasado 10 de marzo en la estación Tacubaya de la Línea 1.

Sobre ambas personas había una orden de aprehensión por los delitos de homicidio culposo; lesiones culposas y daños en la propiedad ajena.

Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron las aprehensiones la tarde de ayer, jueves 09 de abril. Maricela fue detenida en la colonia Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Venustiano Carranza; mientras que Alan Omar fue detenido en Tlalnepantla, Estado de México.

Se espera que este mismo viernes se lleve a cabo la audiencia inicial en la que un juez de Control de la Ciudad de México calificará la detención y resolverá la situación jurídica de los acusados.

Recordemos que de acuerdo con el peritaje dado a conocer por la Fiscalía capitalina el pasado 31 de marzo, el accidente derivó de una serie de errores humanos y consideró que éste hecho pudo evitarse.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, explicó que al salir de la estación Tacubaya con rumbo a la estación Observatorio, el conductor del convoy 33 recibió alertas en su tablero de control. Ante esta situación, el sistema de seguridad del tren actuó, bloqueándose en automático.

“De acuerdo con los manuales operativos en el STC, el conductor estaba obligado a aplicar el frenado del convoy, mediante la maniobra de estacionamiento de emergencia en rampa. La reguladora de la línea no instruyó al conductor a realizar esas medidas, que implicaban mantener el convoy detenido de forma segura, sino por el contrario, le instruyó a que avanzara”.

El gobierno de la Ciudad de México informó este lunes que de acuerdo con cifras del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, de diciembre de 2018 a febrero de 2020, los delitos de alto impacto disminuyeron 36.83% en la Ciudad de México.

De estos delitos, el homicidio doloso disminuyó 34% y el robo de vehículo 29.72%.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la presente administración implementa la Estrategia de Fortalecimiento de la Seguridad en la capital del país que consiste en cinco ejes fundamentales: Atención a las Causas que generan delincuencia y violencia; Más y Mejor Policía; fortalecimiento de las áreas de Inteligencia y Justicia; mayor coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia; y diversas modificaciones en el marco legal local para incrementar las sanciones a delitos como la reincidencia y feminicidio.

“Es el trabajo que hemos venido realizando con consistencia y una estrategia de seguridad en la ciudad que, obviamente quisiéramos que fuera más rápido esta reducción, pero lo importante es que hay una tendencia en la reducción”, dijo.

En diciembre de 2018 se presentaron en total más de 5 mil delitos de alto impacto y hasta febrero de 2020 se registraron 3 mil 206, lo que representó una reducción del 36.83%.

Con relación a las cifras de homicidio doloso, al inicio de la presente administración se registraron cerca de 125 carpetas de investigación, mismas que disminuyeron en febrero a 99, lo que significa una reducción del 34%.

Sobre el robo de vehículo, se registraron alrededor de mil 356 casos en diciembre de 2018, mientras que en febrero se registraron 953, lo que significa 29.72% menos; esta última cifra es menor a la que hubo en enero de 2015 (mil 161 casos).

Sheinbaum Pardo también informó que durante los próximos días se reforzarán medidas de vigilancia y seguridad en la Ciudad de México, por parte de mujeres y hombres policías de la SSC, con el propósito de salvaguardar la integridad de la población capitalina que se encuentra en sus casas debido a la medida preventiva para evitar la posible propagación del Coronavirus (COVID-19).

A fin de prevenir el saqueo de comercios, como ha sucedido en el Estado de México, el gobierno capitalino incrementará la vigilancia en las calles con más patrullajes y revisión permanente de las cámaras de seguridad.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, no hay ningún reporte de saqueo a comercios establecidos y tampoco han recibido alguna denuncia de que se estén organizando en redes sociales para perpetrar algún atraco, como ha sucedido en el Estado de México.

Las autoridades capitalinas se han reunido con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y con Walmart, que no pertenece a dicha agrupación, además de que hay trabajo de inteligencia para revisar si en algún momento hubiera una convocatoria por redes para delinquir.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, encabezó esta mañana el reporte en materia de seguridad en el país actualizado al mes de febrero, en el que resaltó el punto de inflexión en el delito de homicidio doloso con el cual aseguró, “se rompe la tendencia histórica”.

El funcionario federal señaló que en dicho delito se han registrado tres meses con una baja sostenida, aunque sea de manera marginal.

“No podemos sentirnos satisfechos con estos resultados, sin embargo, podemos afirmar que funciona la estrategia que se puso en marcha a partir del primero de diciembre de 2018 (…) la estrategia es correcta”, declaró Durazo.

Señaló que el delito de homicidio está concentrado en algunas entidades del país, por lo que destacó su disminución de manera considerable en algunas entidades federativas como Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Aguascalientes, Tlaxcala, Querétaro, Durango y Nayarit.

Respecto al robo de vehículo, el secretario señaló que la cifra correspondiente al mes de febrero de 2020 es inferior en 24.36% respecto a diciembre de  2018. Asimismo, la cifra es inferior en 8.13% respecto a enero de 2020. En materia de secuestro, indicó que a partir de diciembre de 2018 a febrero de 2020, se alcanzó una disminución del 45.34%.

Durante enero y febrero de 2020 en comparación con los mismos meses del año pasado, se logró una disminución del robo a vehículo en un 14.5%, además de la baja en robo a transeúnte un 17.3%. En ese mismo periodo se observó la disminución de robo en transporte público colectivo en 36.7% y en robo a casa habitación en 3.7%.

Por su parte el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó que en la meta de lograr las 266 coordinaciones de la corporación, este año se avanzará con 50, que aunadas a las 150 que se lograron en 2019, permitirían tener las primeras 200; en 2021 se concretaran las 66 restantes para así llegar a la meta establecida.

En cuanto a los efectivos desplegados en todo el país, se indicó que por la Guardia Nacional, que es policía militar y policía naval, hay 50 mil 349; de la expolicía federal son 18 mil 900, lo que hace un total de 69 mil 304. Por parte de Sedena y de Semar, que brindan personal en apoyo, hay 12 mil 400 de ambas corporaciones, por lo que el gran total de efectivos desplegados es de 81 mil 722.

Rodríguez Bucio informó que actualmente hay 12 mil 832 elementos en adiestramiento, además de los 4 mil 451 elementos que se pretende reclutar este año.

Informó que la Guardia Nacional, en coordinación con otras autoridades, ha logrado detener casi 20 mil personas por diferentes delitos del fuero federal, del fuero común, incluso por faltas administrativas.

Lo que a continuación se les va a explicar es el efectivo que tenemos desplegado en el territorio nacional para cumplir con todas las misiones que tenemos asignadas las fuerzas de seguridad del Estado.

Se detalló que para el plan de migración y desarrollo, hay 8 mil 882 elementos, mientras que en la parte de erradicación de enervantes, casi 5 mil. En instalaciones estratégicas, casi 5 mil 500 hombres, mientras que los efectivos que dan seguridad a los ductos de combustibles son 4 mil 700.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad, con 55 votos en favor, cero en contra y cero abstenciones, la iniciativa de Ley del Registro Público de Agresores Sexuales.

“Se pretende sentar las bases para la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales que permita contar con información de las personas con sentencia firme por la comisión de delitos de carácter sexual”, indicaron los legisladores.

Explicaron que la creación del Registro Público de Agresores Sexuales. traerá como consecuencias que las investigaciones de estos delitos sean más eficientes y se garantice el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de violencia.

Según el dictamen aprobado, el sistema de información contendrá los registros de las personas sentenciadas con ejecutoria por un juez penal y su consulta será pública.

El registro proveerá nombre, apodos y sobrenombres, fotografía actualizada y nacionalidad del agresor, pero también contempla la recopilación de información clasificada, como señas particulares, zona criminológica de los delitos, modus operandi, ficha signaléctica y perfil genético, que sólo estará disponible para el Ministerio Público.

Los delitos considerados son: feminicidio, trata de personas, agresiones a menores de 12 años de edad, turismo sexual. El registro tendrá una duración mínima de 10 años y máxima de 30 años.

De acuerdo con el dictamen aprobado, el juez será quien dicte la sentencia condenatoria y determine la pena y medidas de seguridad para cada delito, en base a la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agresor, a partir de la edad, el nivel de educación, costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, y misoginia.

Para la creación del registro se modificaron el Código Penal local, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta ley nace a partir de dos iniciativas: el 19 de noviembre de 2019 el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez presentó la propuesta para crear la Ley del Registro de Ofensores Sexuales de la Ciudad de México. Además el 2 de diciembre del mismo año el Gobierno de la Ciudad de México planteó la Ley del Registro de Agresores Sexuales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó este viernes la reunión del Gabinete de Seguridad en San Luis Potosí, estado que aseguró, mantiene una baja incidencia con relación a otros estados, gracias a la labor dedicada y coordnada que realiza el gobernador Juan Manuel Carreras.

Indicó que la baja incidencia delictiva se logra a pesar de que San Luis Potosí colinda con otras entidades que presentan mayor delincuencia.

“Es una isla que ha podido mantener la paz y la tranquilidad. Esto no significa que sea un paraíso en materia de seguridad pública pero no hay un desbordamiento desmesurado en delitos que afecten a la población”, subrayó el mandatario.

Resaltó que Carreras es uno de los tres gobernadores que atienden todos los días, de manera personal, el tema de la inseguridad al sesionar con el gabinete de seguridad local. Dijo que asumir directamente el tema y no delegarlo ha sido fundamental.

“Se trabaja de manera coordinada. Quiero agradecer al gobernador Juan Manuel Carreras por esta participación. El problema es grave y amerita atención permanente, perseverancia, no delegar a funcionarios de menor nivel o rango sino asumir este asunto desde los puestos más elevados de la administración”.

Por su parte el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, precisó que en San Luis Potosí todos los delitos van a la baja, con excepción del robo a transportistas, concentrándose principalmente en las carreteras federales.

Reconoció que en periodo dos años sólo se han registrado 522 homicidios en el estado, lo que lo pone en una posición aceptable en incidencia delictiva.

En este periodo, explicó el mando militar, se han registrado 18 ataques contra las fuerzas de seguridad. Los municipios de Matehuala y Ébano son los que mayores índices delictivos presentan.

De acuerdo con datos de la Marina, el Cártel de Jalisco, Cártel del Golfo, Los Zetas y Los Talibanes, son los grupos delictivos que operan en la red carretera para el trasiego de drogas.

Para atender esta problemática, abundó Ojeda Durán, se tienen desplegados en el estado a 7 mil 910 agentes federales. Expuso que recientemente se incorporaron a la vigilancia carretera, 322 expolicías federales, que se suman a los 540 efectivos del Ejército y 673 de la Guardia Nacional, para tareas de procuración de la seguridad pública.

Ojeda Durán también reconoció que el estado presenta un déficit del 51% en policías. Actualmente, San Luis Potosí cuenta con poco más de 3 mil agentes y necesita 4 mil para atender la demanda.

De acuerdo a información dada a conocer por el periodista Alan Feuer de The New York Times, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, se encuentra en negociaciones para declararse culpable.

“Los documentos judiciales presentados hoy (este lunes) en la Corte del caso de Genaro García, acusado de tomar millones del cártel de Sinaloa, confirman que participa en negociaciones de declaración de culpabilidad para resolver su caso con los fiscales federales en Brooklyn”, señaló el periodista en su cuenta de Twitter.

En el documento que compartió, se lee que el gobierno de Estados Unidos y el excolaboador del presidente Felipe Calderón “están celebrando negociaciones sobre la declaración de culpabilidad, que pueden dar lugar a una resolución de este caso sin juicio”.

La filtración del documento llega luego de que el viernes pasado, García Luna se declarara no culpable de los cargos que se le imputan: conspiración para traficar cocaína, ayudar al Cártel de Sinaloa a enviar toneladas de drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios entre 2001 y 2012, y por hacer declaraciones falsas en 2018, en las que ocultó su pasado criminal.

Un juez negó la petición de continuar su proceso en libertad, y ordenó su permanencia en prisión, al considerar que existe un “riesgo inaceptable de fuga” en caso de ser liberado.

García Luna fue arrestado el pasado 9 de diciembre en Grapevine, Texas, en los Estados Unidos. Será el próximo 21 de enero cundo se lleve a cabo una nueva audiencia.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley de Amnistía, en favor de las personas a las que se les haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal, por delitos menores, sean grupos vulnerables y no sean reincidentes.

El documento aprobado por 306 votos a favor, 129 en contra y cuatro abstenciones, precisa que los posibles beneficiados de la amnistía deben cumplir con tres condiciones: que la sentencia en firme que tenga el inculpado sea la primera; que no se haya cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personal y, no se hayan utilizado o empleado armas de fuego.

Los delitos susceptibles son: aborto, que incluye a la mujer que interrumpió el embarazo, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, practicantes del procedimiento; los delitos contra la salud, por posesión y transporte de narcóticos en los casos que se trate de personas en estado de vulnerabilidad; los cometidos por integrantes de los pueblos indígenas a quienes no se haya garantizado el debido proceso.

Por el robo simple sin violencia y no reincidente; la sedición y delitos políticos, con excepción del terrorismo, y el delito de homicidio por razón de parentesco, cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.

El dictamen precisa que no se concederá el beneficio de esta ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, salvo lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Amnistía, fracciones I y II; ni a quienes cometieron el delito de secuestro, o cuando se hayan utilizado armas de fuego en la comisión del delito.

Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política, o cometido otros delitos graves del orden federal.

La ley señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) integrará una comisión que coordinará los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la ley.

La persona interesada o su representante legal podrán solicitar a dicha comisión la aplicación de la ley. Esta comisión determinará la procedencia del beneficio y someterá su decisión a la calificación de un juez federal para que la confirme.

Las personas a quienes beneficie la ley no podrán ser en lo futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos. La Secretaría de Gobernación coordinará las acciones para facilitar la reinserción social de las personas beneficiarias de esta ley, en términos de la legislación aplicable.

Adicional, señala que la solicitud de amnist%A

El robo sigue siendo el delito más frecuente en México, al representar el 21.9% de las 112 mil 917 averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas en 2018.

Le siguieron los delitos en materia de hidrocarburos, con 13.9%, y de armas, explosivos y otros materiales explosivos, con 12.3%, de acuerdo con el Sexto Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal del El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El INEGI indica que en ese año también se identificaron en menor medida los delitos a instituciones de crédito, con 9.1%, y fraudes, con 7.5%.

El Instituto indicó que en la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz se concentra el mayor número de delitos cometidos, al reportar 17 mil 569; siete mil 746; y seis mil 972 casos, respectivamente.

El año pasado, se aseguraron 242 mil 041 kilogramos de narcóticos, de los cuales 85.4% fueron de cannabis sativa o mariguana, 7.2% de metanfetamina y 6.8% de cocaína.

Por otra parte, el INEGI expone que en 2018 laboraban 22 mil 825 servidores públicos en la Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR). De ellos, 57.5% fueron hombres y 42.5% mujeres.

Además, al menos ocho mil 029 (35.2%) se encontraban incorporados al Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y/o Pericial. En el mismo periodo, en las 202 agencias del Ministerio Público Federal trabajaban 11 mil 579 personas, de los cuales 26.7% eran Agentes del Ministerio Público y 23.2% personal administrativo y de apoyo.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer esta tarde que ha integrado una carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada y otros, por parte de Genaro García Luna.

Indicó que a dicha carpeta ha incorporando las investigaciones y las pruebas que han diligenciado las autoridades de los Estados Unidos, donde este martes fue detenido el exfuncionario federal.

La FGR señaló que pondrá a disposición las probanzas que las autoridades estadounidenses soliciten legalmente con el objetivo de fortalecer ambos procedimientos.

Enfatizó que una vez que la carpeta de investigación termine de integrarse, se le solicitará al Juez de Control competente la orden de aprehensión con fines de extradición en contra de esta persona.

Añadió que la documentación correspondiente se hará llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cumpliendo así los requisitos legales que habrán de presentarse ante las autoridades de EUA para obtener la extradición correspondiente.

Y es que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue detenido este martes en Texas, Estados Unidos. La Fiscalía de los Estados Unidos indicó que la detención responde a los delitos de «conspiración con el narcotráfico y falsas declaraciones».

El magistrado presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, informó esta tarde sobre la determinación de suspender a los jueces de Control del Sistema Penal Acusatorio, Federico Mosco González, quien están relacionado con el feminicidio de Abril Pérez Sagaón.

Se indicó que ante la lamentable cadena de hechos que culminaron con el feminicidio de Abriol, el Poder Judicial de la Ciudad de México se suma a la indignación social y ratifica su compromiso de actuar con perspectivas de género y contra toda violencia contra la mujer, sin menoscabo de la independencia judicial y la autonomía de las y los juzgadores.

Señalaron que independientemente de la queja que interpuso la Procuraduría General de Justicia capitalina, el Consejo de la Judicatura ha iniciado una “profunda investigación” sobre lo actuado en torno al caso que ha levantado polémica e indignación.

También se informó que fue suspendido el juez Luis Alejandro Díaz Antonio, vinculado al mismo caso, e indicaron que la suspensión será hasta que concluya el análisis de lo actuado, con el fin de no entorpecer el desarrollo de la investigación.

Y es que Mosco Gonzalez fue quien reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa que mantenía en prisión a Juan Carlos “N”, esposo de Abril, y quien ahora es el principal sospechoso de haber ordenado y planeado su asesinato.  El juez reclasificó el delito al de “lesiones y violencia familiar”.

La Cámara de Diputados avaló la minuta que recibió del Senado que reforma la Constitución para establecer que el Presidente de la República pueda ser acusado por diversos delitos graves, entre ellos actos de corrupción y delitos electorales.

El Pleno la aprobó por mayoría calificada, en lo general y en lo particular, con 420 votos a favor, 29 en contra y cinco abstenciones. El documento fue devuelto al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Se establece que el jefe del Ejecutivo federal podrá ser acusado y procesado penalmente por actos de corrupción, delitos electorales y los señalados en el artículo 19 constitucional: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación (genocidio, financiamiento a organizaciones terroristas, bloqueo de actividades de inteligencia, entre otros), del libre desarrollo de la personalidad (por ejemplo, corrupción de menores de edad, turismo sexual en contra de menores de edad) y de la salud (narcotráfico).

Recordemos que el Senado de la República aprobó la minuta el pasado 26 de marzo, y la turnó a la Cámara de Diputados, donde fue dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual modificó la minuta para dejarla en los términos de la iniciativa del Ejecutivo federal.

El Senado, en el artículo 108, había establecido que los integrantes del Congreso de la Unión también podían ser acusados por estos mismos delitos, lo cual se eliminó.

Esta mañana, en la conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se presentó un informe en materia de seguridad, en la que hablaron los titulares de la SSPC, Sedena y el subsecretario de Gobernación.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, admitió esta mañana que se mantiene “alto” el número de homicidios en el país, aunque dijo que ya registra un punto de inflexión y disminución en dicho delito de diciembre de 2018 a agosto de 2019.

Durazo aclaró que todavía no hay nada qué celebrar en el combate a la inseguridad, pero presentó un informe de acciones y resultados en los que la Guardia Nacional tiene 70.9% de aceptación.

Dijo que se recibió una administración inmersa en una crisis de inseguridad crónica, con 33 millones de delitos cometidos en 2018 asociados a 24 millones de víctimas.

Indicó que el 67.2% de los mexicanos considera que seguridad es el principal problema que aqueja al país.

Detalló que Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua concentran el 41.5% de los homicidios dolosos en el país, de diciembre de 2018 a agosto de este año. Puntualizó que si bien a nivel nacional en nueve meses de la administración, hay una tendencia de estabilización en los delitos, no se puede festejar nada.

Precisó que en los últimos nueve meses del gobierno, en las principales ciudades del país, destacan: mil 430 homicidios dolosos en Tijuana, Baja California; 678 en Juárez, Chihuahua; 189 en Monterrey, Nuevo León; y 17 en la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México.

Detalló que en un comparativo, en 2015 el aumento de estos ilícitos fue de 1.1%; en 2016 de 2.8%; en 2017 de 1.9%, mientras que en 2019 de 0.4%.

Por su parte el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que 70% del tráfico de armas que ingresan a México proviene de Estados Unidos y el resto de España, Italia, Austria y otros países. El responsable de las Fuerzas Armadas dijo que éste es uno de los principales problemas en materia de seguridad.

Detalló que de las armas involucradas en crímenes en México, 41% provenían de Texas, 19% de California; 15% de Arizona y 25% del resto de Estados Unidos.

Mencionó que los principales puntos de trasiego son: San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa; y Brownsville-Matamoros.

Finalmente, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, informó que del 1 de diciembre de 2018 al 23 de agosto pasados se han identificado 352 sitios de inhumación ilegales y 594 fosas clandestinas.

Al presentar el Informe sobre el Registro nacional de fosas clandestinas y verificación de cuerpos, dijo que 706 cuerpos han sido exhumados, de los cuales 206 ya fueron entregados a sus familiares. En ese sentido, adelantó que se darán 266 millones de pesos de subsidios a los estados para las omisiones locales de búsqueda.

En tanto, dijo que hay mil 039 personas que están inscritas en el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; detalló que han sido asesinados 23 defensoras y 15 periodistas, de los cuales, sólo tres estaban incorporados en el mecanismo.

Adicional, Encinas Rodríguez agregó que el actual gobierno ha emitido dos Alertas de género: en Puebla y en el Estado de México, mientras que ya está en proceso la emisión de esa alerta en la Ciudad de México.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que gracias a la Estrategia de Fortalecimiento de la Seguridad, se ha logrado disminuir el número de carpetas de investigación en delitos de alto impacto, delitos con baja cifra negra y delitos con alta incidencia como son: el homicidio doloso, robo de vehículos con y sin violencia, robo a pasajeros en el Metro y Metrobús, robo a casa-habitación y robo a cuentahabiente, entre otros.

De acuerdo con el reporte mensual de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), en el periodo julio-agosto, se observó una diminución en el número de carpetas de investigación de 10 de los 16 delitos que fueron analizados, entre los que se encuentran delitos de alto impacto como:

  • Homicidio doloso, que tuvo una reducción de -16.6%;
  • Robo a vehículo con violencia con -8.1%
  • Robo a vehículo sin violencia con -4.5%
Estos delitos, están considerados como los que históricamente han tenido la cifra negra más baja por lo que son usados frecuentemente como indicadores para medir los cambios en incidencia delictiva.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la estrategia de Proximidad por Cuadrantes, se fortaleció la presencia y capacidad de respuesta a emergencias de tal forma que en agosto se realizaron al menos 3 mil 800 puestas a disposición de probables responsables en la comisión de delitos, entre los que destacan 919 detenciones por robo a negocio con y sin violencia y 360 presuntos implicados en robo a transeúnte.

En cuanto a la Procuraduría General de Justicia, destacó que uno de los logros en la administración ha sido la vinculación a proceso de cuatro sujetos acusados de feminicidios, además de que se puso a disposición a otros dos sujetos relacionados con la comisión de este mismo delito.

Como parte de la reorientación de la Policía del Transporte Público en la Ciudad de México, a fin de reforzar la presencia de elementos de las diferentes corporaciones que resguardan las instalaciones de este sistema de transporte, señalaron una reducción en el número de carpetas de investigación, pues en julio se registraron 200 por el delito de robo a usuarios del Metro mientras que 144 en agosto, es decir una disminución de -28 %.

De igual forma, entre julio y agosto también se observó una reducción en otros delitos de alto impacto como:

  • Robo a negocio con violencia (-12.5%),
  • Robo a transportista (-11.1%),
  • Robo a casa habitación con violencia (-8.2%),
  • Robo a cuentahabiente (-3%) y
  • Robo a pasajero o conductor de vehículo (-2.8%).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó esta mañana la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

Indicó que el propósito de la encuesta es generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2018, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el periodo marzo-abril de 2019.

La ENVIPE estima 24.7 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 28,269 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2018, cifra estadísticamente inferior a la estimada en 2017.

La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2018 fue de 37,807, cifra estadísticamente menor a la estimada en 2017 que fue de 39,369.

El delito de extorsión presentó una reducción en su frecuencia, al pasar de 19.6% del total de los delitos ocurridos durante 2017 a 17.3% en 2018. Dicha reducción tiene un impacto en la disminución de la incidencia delictiva total durante 2018.

En cuanto al pago o la entrega de lo solicitado en dichas extorsiones, pasó de 6.8% de los casos en 2017, a 7.1% en 2018, cifra estadísticamente equivalente.

En 2018, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 286.3 mil millones de pesos, es decir, 1.54% del PIB. Lo anterior equivale a un promedio de 6,468 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

La cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o denunciados que no derivaron en averiguación previa o carpeta de investigación, fue de 93.2% a nivel nacional durante 2018.

La ENVIPE 2019 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son por circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 31.7% y la desconfianza en la autoridad con 17.4%.

La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas al momento del levantamiento de la encuesta (marzo-abril 2019) se ubicó en 78.9%. Asimismo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas en marzo y abril de 2019, fue de 70.5% y 50.6% de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o demarcación territorial y en su colonia o localidad, respectivamente.