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Novak Djokovic llegó este lunes a Serbia, país natal del tenista, tras ser deportado de Australia por no haberse vacunado contra el COVID-19. La decisión de las autoridades australianas acabó con las esperanzas del tenista de defender su título del Abierto de Australia.

Su salida de Australia cerró al menos el primer capítulo de una novela que ha resonado en el mundo de los deportes de élite, la política australiana de pandemia y el polarizado debate sobre las vacunas contra el COVID-19.

Pero mientras se cerraba ese episodio comenzaba otro, entre dudas sobre si podría competir en el siguiente major del calendario, el Abierto de Francia.

El avión en el que viajaba el tenista masculino mejor clasificado del mundo llegó el lunes a la capital serbia, Belgrado, donde se esperaba que recibiera una bienvenida de héroe. Sus abogados habían alegado ayer en una corte australiana que se le debería permitir quedarse en el país y competir en el torneo debido a una exención médica porque dio positivo en coronavirus el mes pasado.

Djokovic ha ganado nueve títulos del Abierto de Australia, incluidos tres seguidos, y un total de 20 trofeos del Grand Slam. Eso le deja igualado con sus rivales Roger Federer y Rafael Nadal como los más premiados del tenis masculino. Federer se está recuperando de una lesión y Nadal es el único excampeón del Abierto de Australia que participa en la edición que inició este lunes en Melbourne.

La visa de Djokovic fue cancelada primero el 6 de enero luego de que un funcionario de aduana determinó que no calificaba para una exención médica bajo las reglas para visitantes no vacunados de Australia. Recibió una exención por parte del torneo debido a que padeció coronavirus en los últimos seis meses.

Ganó una apelación para quedarse en el torneo, pero el ministro de Inmigración le revocó la visa nuevamente. Tres jueces federales decidieron por unanimidad el domingo confirmar el derecho del ministro de inmigración a cancelar la visa de Djokovic.

Estar vacunado contra el COVID-19 era un requisito para cualquiera que acuda al Abierto de Australia, ya sea jugador, sus entrenadores o cualquier persona que ingrese al complejo en el que se lleva a cabo el torneo. Más del 95% de los jugadores que se ubican entre los mejores 100 de la gira masculina y femenina están inmunizados.

El intento de Djokovic de recibir una exención por no estar vacunado generó molestia en Australia, donde se han impuesto estrictas medidas de confinamiento en ciudades y restricciones de viaje para controlar la propagación del COVID-19 desde que inició la pandemia.

Mientras el tenista viajaba a su país natal circulaban dudas sobre si podría disputar el siguiente torneo del Grand Slam. Un parlamentario francés señaló que una nueva ley que excluirá a las personas sin vacunar de recintos deportivos, restaurantes y otros espacios públicos se aplicará a cualquiera que quiera jugar en Roland Garros. Los comentarios del lunes de Christophe Castaner y un tuit de la ministra francesa de Deportes el domingo por la noche apuntaban a un cambio de planes respecto al proyecto inicial de crear una «burbuja» en torno al Abierto de Francia, previsto para finales de mayo y principios de junio.

Sin embargo, eso no es lo único que enfrenta Djokovic; la marca de ropa Lacoste, patrocinador principal del número uno del tenis, le pedirá cuentas por la polémica de los últimos días en Australia.

«En cuanto sea posible contactaremos con Novak Djokovic para revisar los acontecimientos que han marcado su presencia en Australia», indicó en un comunicado la casa del cocodrilo, que el serbio luce en su pecho desde que en 2017 firmó un multimillonario contrato y abandonó la japonesa Uniclo.

Lacoste es el primero de los patrocinadores de Djokovic que muestra su descontento con la actitud del tenista, cuya negativa a vacunarse le ha impedido defender su título en el Abierto de Australia, donde aspiraba a lograr su 21 Grand Slam.

La marca francesa agradece sus esfuerzos a los organizadores del torneo para «asegurar su celebración en buenas condiciones para los jugadores, cuerpo técnico y espectadores».

El resto de los patrocinadores de Djokovic, por ahora, no se han pronunciado sobre esta polémica.

El gobierno de Australia canceló este viernes por segunda vez el visado del número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, que será detenido el sábado a la espera de que se celebre este fin de semana una audiencia judicial en la que intentará evitar su deportación.

Tras varios días estudiando el caso, el ministro de Inmigración, Alex Hawke, decidió hoy volver a cancelar el visado de Djokovic con la intención de expulsarlo del país, lo que también podría implicar la prohibición de volver durante tres años a Australia.

«Hoy he ejercido mi poder bajo la sección 133C(3) de la Ley de Inmigración para cancelar el visado del Sr. Novak Djokovic basado en razones sanitarias y del mantenimiento del orden por ser de interés público», señaló el ministro en un escueto comunicado al remarcar que sopesó «cuidadosamente» la información proporcionada por las partes.

El primer ministro australiano, Scot Morrison, defendió hoy la segunda cancelación del visado de Djokovic, al destacar los sacrificios realizados por los australianos durante la pandemia en el país, que ha sido uno de los más estrictos a la hora de aplicar restricciones.

«Los australianos han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia, y esperan con razón que el resultado de esos sacrificios sea protegido», dijo el mandatario.

Tras la anulación, un juez ordenó en una audiencia de emergencia que Djokovic no sea deportado «de manera inmediata» hasta que la justicia revise el domingo la decisión tomada por el ministro de Inmigración, que será impugnada por los abogados del tenista.

El juez Anthony Kelly también determinó que Djokovic permanezca en libertad hasta las 8 de la mañana del sábado cuando acuda a una cita con los funcionarios de inmigración en la ciudad de Melbourne, en donde será detenido. Sin embargo, dos agentes de aduanas trasladarán después a Djokovic hasta el lugar donde pueda reunirse con sus abogados para preparar el caso.

La audiencia se celebrará en el Tribunal Federal, una instancia superior, y se espera que comience y acabe el domingo, un día antes del inicio del Abierto de Australia, que se celebra entre el 17 y el 30 de enero en la ciudad de Melbourne.

Recordemos que Djokovic viajó el 5 de enero a Melbourne desde España con una exención médica para no estar vacunado al haber estado contagiado de COVID-19 recientemente, aunque a su llegada las autoridades de Inmigración le cancelaron el visado y lo detuvieron. El pasado lunes, un tribunal presidido también por el juez Kelly ordenó la liberación del tenista tras entender que no se le había tratado con «equidad».

Sin embargo, el miércoles, Djokovic admitió que sus representantes cometieron «errores humanos» en su declaración para entrar a Australia, ya que se indicó que no había viajado en los últimos 14 días previos, pero lo cierto es que se había desplazado de Serbia a España.

Además, reconoció un «error de juicio» tras haber acudido a una entrevista con el medio francés L’Equipe el 18 de diciembre en Belgrado, a pesar de saber que tenía la covid-19.

Eduardo Arellano Félix, exlíder del cartel de Tijuana, y condenado en 2013 a 15 años de prisión en Estados Unidos, no será deportado a México este miércoles como estaba programado, tras cambiar su «estatus» y posiblemente convertirse en «testigo protegido» de la justicia estadounidense, confirmó este martes el canciller Marcelo Ebrard.

«La información que tenemos es que se le cambió el estatus», indicó el secretario de Relaciones Exteriores al intervenir en la conferencia matutina de López Obrador.

El funcionario detalló que Estados Unidos «no tiene obligación» de explicar el porqué de un cambio de estatus de un detenido, aunque si bien lo más probable es que cambió la condición del testigo. «Pero sí cambiaron el estatus, y quiere decir que no va a ser deportado hacia México el miércoles», aseguró.

Ebrard recordó que en anteriores ocasiones ya ha cambiado el estatus de un criminal porque este se ha convertido en «testigo protegido», aunque en el caso de Eduardo Arellano Félix no hay confirmación todavía. Confió en que a lo largo de día se pueda tener más información oficial.

Indicó que, en caso de que se diera la deportación hacia México, dependerá de la Fiscalía General de la República (FGR) buscar imputarle nuevos delitos para evitar la liberación del narcotraficante.

Recordemos que el pasado 29 de abril se dio a conocer que Arellano Félix, condenado por delitos de lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas en Estados Unidos, sería liberado mañana miércoles 18 de agosto.

Arellano Félix, conocido como ‘El Doctor’, por haber cursado la carrera de Medicina, y que se declaró culpable de los cargos para evitar un juicio, está en una prisión federal de baja seguridad en Allentown, Pensilvania, según los datos del Departamento de Prisiones (BOP).

El cártel de los Arellano Félix monopolizó las rutas de tráfico de drogas durante más de 20 años a través de Tijuana.

Con ocho meses y medio de embarazo, una salvadoreña que presentaba contracciones tras cruzar el Río Bravo y ser aprehendida por la Patrulla Fronteriza fue obligada a regresar a México.

Los agentes la llevaron al hospital, donde los médicos le dieron un medicamento para detener las contracciones. Y luego, según la mujer y su abogada, fue enviada a México casi inmediatamente.

Así se convirtió en una de más de 38 mil personas obligadas a aguardar al otro lado de la frontera a ser convocadas para audiencias en tribunales de inmigración, según una política implementada por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Sus penurias ponen de manifiesto los riesgos para la salud y los peligros que representan para los inmigrantes el programa del gobierno de Estados Unidos para hacerlos esperar en México.

La mujer aguardaba el jueves con su hija de 3 años en un campamento improvisado en Matamoros, junto a un puente internacional, a punto de dar a luz cualquier día, señaló su abogada Jodi Goodwin.

“Le preocupa tener al bebé en la calle o tener que parir al bebé en un albergue”, agregó.

Las mujeres embarazadas enfrentan riesgos especiales en México, porque con frecuencia los sitios donde los inmigrantes aguardan a poder ingresar a Estados Unidos carecen de acceso a alimentos en forma regular, agua potable y atención médica.

Muchos albergues en la frontera con México ya operan a toda su capacidad o por encima de ella, y algunas familias han estado durmiendo en tiendas o sobre frazadas bajo el abrasador calor veraniego. Abundan los reportes de migrantes que son atacados o secuestrados en ciudades fronterizas mexicanas, en especial en el estado de Tamaulipas, limítrofe con Texas, donde la madre salvadoreña está aguardando una cita en un tribunal estadounidense programada para noviembre.

Un ciudadano mexicano murió el miércoles pasado en un hospital de Georgia, Estados Unidos, mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), informaron autoridades estadounidenses la noche de ayer.

El fallecido, identificado como Pedro Arriago-Santoya, de 44 años,  falleció en el Centro Médico Piedmont Midtown a causa de una paro cardiorespiratorio y un fallo multiorgánico.

El hombre, quien estaba detenido en el Centro de Detención Stewart,  se quejó el 20 de julio de un dolor abdominal, tras lo que fue  llevado de urgencia al Hospital Regional del Suroeste de Georgia, desde donde fue trasladado un día después al centro médico.

Según informes de la cadena CNN, Arriago-Santoya estaba bajo custodia del ICE desde el 24 de abril, a raíz de su arresto el 30 de marzo por consumo de alcohol y violaciones de la libertad condicional.

Un juez federal ordenó el 6 de junio su deportación a México y  permanecía bajo custodia del ICE a la espera de que se ejecutara la orden. Arriago-Santoya es el séptimo fallecido bajo custodia de este organismo en lo que va de 2019.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que tan solo 20 migrantes mexicanos fueron detenidos durante las redadas masivas que comenzaron este domingo en las ciudades de San Diego y Miami.

El canciller mexicano señaló que existen mil 807 connacionales en los centros de detención de Estados Unidos, que podrían ser deportados en los próximos días.

“Para los que tienen orden de deportación y están detenidos (mil 807) sí tenemos suficiente material de respaldo, pero si hay un aumento muy fuerte, vamos a tener los recursos para apoyar a los consulados”, expresó.

Asimismo, Ebrard Casaubón indicó que existe un fondo de atención para reforzar la estrategia jurídica para apoyarlos.

En Estados Unidos hay un millón 76 mil 688 indocumentados en libertad con una orden de deportación definitiva y que serán los principales afectados de las redadas implementadas por Trump, aunque se desconoce el número exacto de mexicanos.

Ebrard aseguró que de ser necesario, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, y él podrían trasladarse al vecino país del norte para defender a los mexicanos en el país norteamericano.

Un gran operativo que pretende deportar a familias recién llegadas que permanecen ilegalmente en Estados Unidos, se prepara desde las oficinas de inmigración, informó el diario The Washington Post citando a tres funcionarios estadounidenses que no identificó.

Se espera que la operación involucre hasta 2 mil familias que enfrentan órdenes de deportación en unas 10 ciudades de Estados Unidos como Houston, Chicago, Miami y Los Ángeles, según el Post.

«Debido a la sensibilidad de la policía, la seguridad y protección del personal de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), la agencia no ofrecerá detalles de las operaciones relacionadas antes de que concluyan», comentó ICE, la agencia encargada de los migrantes.

En una conferencia telefónica con periodistas a principios de esta semana, Mark Morgan, director interino de Inmigración y Control de Aduanas, dijo a reporteros que la agencia apuntaría a familias que habían recibido una orden de expulsión de un tribunal de inmigración.

Morgan añadió que ICE quería deportar a familias que recientemente habían llegado ilegalmente a Estados Unidos para desalentar la llegada de más centroamericanos.

La cantidad de migrantes detenidos que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México aumentó en mayo al nivel más alto desde 2006.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que este sábado llevó a cabo la deportación de 204 personas extranjeras a su país de origen; la mayoría eran familias que viajaban con menores de edad.

Aclaró que las más de 200 personas, de nacionalidad hondureña, tenían una condición de estancia irregular en México.

El traslado vía aérea se realizó de Minatitlán, Veracruz, a San Pedro Sula, Honduras, en acuerdo con las autoridades del gobierno hondureño, cumpliendo así con las normas y procedimientos migratorios vigentes entre ambos países.

Y es que la noche del martes y mañana del miércoles pasados, cerca de un millar de hondureños comenzaron a salir de San Pedro Sula, con la intención de llegar a Estados Unidos.

La nueva caravana echó por la borda las declaraciones de las autoridades hondureñas, quienes la semana pasada negaron que una nueva caravana migrante se estuviera formando en su país, incluso expresaron por la vía diplomática, un «malestar» por las afirmaciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sáchez Cordero, quien alertó sobre la «caravana madre» que se estaba formando en dicho país.

La administración del presidente Donald Trump deportó a un total de 141 mil 45 mexicanos en el año fiscal 2018, un aumento de 9.5% en relación con los 128 mil 765 casos que se registraron en 2017.

De acuerdo a información de la Oficina de inmigración y Aduanas (ICE), los mexicanos ocuparon el primer lugar en deportaciones, seguidos por los inmigrantes de Guatemala con 50 mil 390, los de Honduras con 28 mil 894 y los de El Salvador con 15 mil 445.

Sin embargo, enfatizaron que las deportaciones de mexicanos fueron menores que durante la administración del presidente Barack Obama.

En total, la administración Trump deportó a un total de 256 mil 085 inmigrantes en el año fiscal 2018, la mayoría (66%) criminales convictos, incluidos 5 mil 872 miembros de pandillas, particularmente de la MS-13, así como 42 sospechosos de terrorismo.

El informe llega en el marco de la muerte de una menor de origen guatemalteco que viajaba con un grupo de 163 personas quienes se entregaron a los agentes fronterizos. La niña murió tras ser detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza y se sabe que falleció por deshidratación y conmoción; sin embargo para La Casa Blanca su muerte pudo haber sido “evitable”.

«Si pudiéramos unirnos y aprobar algunas leyes de sentido común que desincentiven a la gente que llega de la frontera y les anime a hacerlo en la manera correcta, la manera legal, entonces ese tipo de muertes, ese tipo de asaltos, ese tipo de violaciones, el contrabando de menores, el tráfico de seres humanos, todo eso acabaría», dijo Hogan Gidley, portavoz del gobierno federal.

 

El Gobierno de México señaló que está analizando la propuesta del Departamento de Estado de Estados Unidos de aportar fondos al país para la repatriación de migrantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación señalaron en un comunicado que el Gobierno mexicano continúa evaluando una propuesta, pero todavía no la ha aceptado ni de manera verbal ni escrita.

«El Gobierno de México continuará con la cooperación que en materia de migración se tiene con el gobierno de Estados Unidos, buscando en todo momento y de manera constructiva promover una migración ordenada, legal, segura, con pleno respeto a los derechos humanos y al marco jurídico internacional,» afirmaron las dependencias en el comunicado conjunto.

Y es que, de acuerdo con información difundida por el diario ‘The New York Times’, la Administración de Donald Trump tiene la intención de invertir 20 millones de dólares en asistencia para ayudar a México a deportar a más de 17,000 personas que se encuentran actualmente en el país de forma ilegal. Este importe permitirá aumentar la deportación de ciudadanos procedentes de América Central, muchos de los cuales pasan por México para llegar a la zona fronteriza con Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que millones de latinos están convirtiendo en realidad el sueño americano, y pidió a esa comunidad que presione a la oposición demócrata para lograr una solución para cientos de miles de jóvenes indocumentados conocidos como «soñadores».

«Estamos siendo testigos de un renacer del sueño americano (…) y ustedes, junto con millones de latinos que trabajan duro, están convirtiendo ese sueño en realidad», dijo Trump en el primer discurso de su mandato ante un grupo hispano, en una conferencia de la organización empresarial The Latino Coalition.

El presidente también insistió en que quiere ayudar a los jóvenes indocumentados, y dijo a los empresarios latinos presentes: «Éste es nuestro momento. Consigan DACA. Presionen a esos demócratas».

Las declaraciones del mandatario surgen paralelamente a que el Departamento de Seguridad Nacional
de Estados Unidos reiterara que deportar a los jóvenes indocumentados beneficiarios de DACA no es su prioridad, esto después de que se cumpliera el plazo dado por el presidente.

En un comunicado, el portavoz interino del Departamento de Seguridad Nacional, Tyler Houlton, aseguró que los beneficiarios de DACA no son un «objetivo prioritario» para ser arrestados o deportados, salvo que presenten «factores negativos adicionales», en referencia a posibles crímenes.

«Salvo excepciones (…) un individuo que es portador de DACA, o que lo era pero ha solicitado la renovación, no será objeto de arresto ni será deportado de Estados Unidos mientras tenga la protección o su petición esté pendiente», subrayó Houlton.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

 

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, afirmó que su departamento y el de Seguridad  Nacional han alcanzado un acuerdo para evitar la deportación de aquellos jóvenes indocumentados, dreamers, que actualmente formen parte de las Fuerzas Armadas.

El secretario informó a un grupo de periodistas presentes en el Pentágono de que sostuvo una plática con su homóloga en el Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, para confirmar que «ningún militar en activo corre peligro» de deportación.

«Cualquiera que se haya alistado, que esté en servicio activo, en la reserva o que se haya licenciado con honores no será objeto de ningún tipo de deportación», aclaró el general retirado, aunque no quiso entrar en detalles sobre cuál será la vía para que puedan permanecer en el país ya que, según dijo, no es «especialista» en temas migratorios.

Mattis hizo ese comentario después de que la portavoz del Departamento de Defensa, Dana White, declarara en una rueda de prensa que el Pentágono está valorando «distintas opciones», pero «es una decisión que está en manos del Departamento de Justicia».

De acuerdo con los últimos datos oficiales, cerca de 690.000 «soñadores» son actualmente beneficiarias del  programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés), de los cuales unos 900 sirven actualmente en las Fuerzas Armadas, según datos del Pentágono.

El secretario explicó que sólo existirán dos excepciones por las que un «soñador» de las Fuerzas Armadas podría ser expulsado del país: que pesen sobre él cargos criminales «serios» o que un juez federal dicte una orden de deportación, en cuyo caso, el Pentágono «respetará» la decisión judicial.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

Durante su visita a Suffolk en New York, el Presiente Donald Trump reiteró su deseo de construir el muro fronterizo con México y amenazó con represalias comerciales si los países centroamericanos no aceptan a los inmigrantes que deporte su gobierno, e incluso amenazó con utilizar la brutalidad policial para «exterminar» a las pandillas callejeras.

 

Como parte de su discurso, el presidente aseguró que las organizaciones criminales acabando con la tranquilidad de todos los estadounidenses, razón por la que «tenemos que construir el muro”. “Le vamos a hacer un favor a México (…) porque saben que ya no van a poder entrar por ahí”.

 

Al referirse a la llama «Mara Salvatrucha», el mandatario indicó que la política de brazos abiertos a la inmigración ilegal “se acabó”, y llamó a las fuerzas policiales a que actúen «con dureza» frente a estos criminales, «no sean amables» pidió el republicano y sentenció:  “los encontraremos, los arrestaremos, los encarcelaremos y los deportaremos”.

“Van a ir directos de vuelta a sus países”, sobre los que indicó que si no aceptan a sus connacionales, provocarán que  Estados Unidos utilice su «poder económico”para hacerlos entrar en razón.

 

Con información de El País / Foto: Twitter

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dio a conocer que dejarán de lado la solicitud que realizó a las autoridades estadounidenses para la deportación de César Duarte, y la cambiará por una solicitud de detención, con fines de extradición.

 

“Hemos tomado la decisión de ir por el proceso de extradición, hemos abandonado de alguna manera la estrategia de la deportación, porque estamos viendo signos muy contradictorios en las autoridades norteamericanas, con relación al tema de César Duarte. Tienen elementos de sobra para saber que se trata de una persona con procesos penales acreditados en su contra, y sería información suficiente para que lo deportaran”, declaró el mandatario estatal ante los representantes de los medios de comunicación.

 

Corral señaló que el proceso migratorio es muy largo, por lo cual la administración estatal no esperará, y dará inicio al nuevo proceso en las próximas semanas, para lo cual acudirá a cerrar prácticamente todos los expedientes que se han abierto contra Duarte.

 

“Cuando se extradita a un presunto responsable de delitos, solo se le puede enjuiciar por los delitos que están acreditados en la solicitud de extradición, ya después no se le pueden incorporar nuevos cargos, porque hay un criterio de especialización en términos del Tratado de Extradición”, explicó.

 

El gobernador sostuvo que la intención de cerrar los expedientes de los distintos delitos, tanto de peculado como de enriquecimiento ilícito, para pedir la extradición de su antecesor es para que “no suceda exactamente lo que está pasando con el otro Duarte, que solo lo van a poder procesar por los delitos que vienen en la carpeta y que hizo valer el Ministerio Público local y federal”.

 

Foto: Gob. Chihuahua

Los abogados de Daniel Ramírez, dreamer que fue detenido la semana pasada, indicaron que el gobierno de los Estados Unidos está violando la constitución y los derechos de su cliente quien se encuentra protegido por el programa DACA, por lo que el juez federal que lleva el caso informó que se pospone una semana la audiencia para que se determine si la corte en cuestión tiene jurisdicción en el caso.

 

Será el 24 de febrero cuando se realice la siguiente audiencia y en caso de proceder, será el 8 de marzo cuando se resuelva su situación legal, si quedará en libertad o procederá su deportación.

 

El equipo de defensa del mexicano, aseguró que no había motivos que ampararan la detención de Ramírez y añadieron que ya se ha probado en ocasiones anteriores, cuando fue acogido por el programa migratorio, que Ramírez tiene la capacidad de integrarse a la vida laboral en los Estados Unidos y que no representa peligro alguno para la seguridad del país. Señalaron que no ha perdido su estatus migratorio en el programa DACA.

 

 

 

Con información de agencias / Foto: Twitter

Se ha informado que la semana pasada fue detenido el primer «dreamer» de origen mexicano que contaba con la protección contra la deportación otorgada en el gobierno de Obama.

 

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, según siglas en inglés) arrestaron el viernes a Daniel Ramírez Medina, de 23 años de edad, en el área de Seattle pese a que gozaba tenía un permiso de trabajo y su proceso de deportación estaba suspendido conforme al plan Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), según documentos presentados en corte. El plan para los llamados «dreamers» fue creado tras una orden ejecutiva de Obama.

 

El portavoz del ICE Rose Richeson dijo en un comunicado que el dreamer dijo a agentes que era un pandillero y fue arrestado en base a estas declaraciones, por ser un «riesgo a la seguridad pública».

 

El abogado de Ramírez, Mark Rosenbaum, aseguró que su cliente niega «categóricamente ser parte de una pandilla» y que la declaración de Richeson es errónea. «Mientras estuvo detenido, agente del ICE lo presionaron repetidamente para que admitiera falsamente que estaba afiliado (a una pandilla)», indicó.

 

 

 

 

 

Con información de AP / Foto: Archivo APO