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La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló este miércoles que durante la anterior administración del gobierno de la Ciudad de México, que encabezó Miguel Ángel Mancera, utilizó 12 empresas fantasma para lavar cerca de 1,000 millones de pesos.

MCCI señala cuatro contratos con un valor conjunto de 976 millones de pesos adjudicados por la Secretaría de Finanzas (Sefin) a cuatro empresas entre los años 2017 y 2018 para funciones que la dependencia realizaba sin costo desde 2014. Los servicios consistían en realizar la solicitud de devoluciones del pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a los trabajadores del gobierno local.

En la investigación, se encontró que las compañías beneficiadas se relacionaron a su vez con otras ocho por medio de direcciones, socios y números telefónicos. “Las 12 empresas movieron en 2018 más de 1,500 millones de pesos entre ellas con transferencias en dólares y depósitos a varias cuentas, una de ellas en Ginebra, Suiza”, dijo MCCI.

La investigación detalla que el primero de los contratos se firmó cuando Mancera todavía era el Jefe de Gobierno,  y cuando el subsecretario de Desarrollo y Capital Humano en la Sefin era Miguel Ángel Vásquez, quien hoy está en prisión, acusado de desvío de fondos.

Los otros tres contratos se firmaron cuando José Ramón Amieva sustituyó a Mancera, cuando comenzó su campaña para un curul en el Senado. “Los mismos documentos federales, parte de una investigación abierta sobre este caso, señalan que este patrón es propio de ‘esquemas para lavar dinero, posiblemente derivado del desvío de recursos públicos'”.

No es la primera vez que hay acusaciones contra funcionarios de la pasado administración capitalina. El lunes pasado, la Fiscalía local informó sobre una solicitud para desaforar al diputado Mauricio Toledo, al que acusa de “enriquecimiento ilícito” cuando era delegado de Coyoacán. En febrero pasado, la FGJ-CDMX informó sobre el arresto de Miguel Ángel Vásquez, operador financiero del gobierno local durante el mandato de Mancera por un presunto caso de corrupción valorado en 293 millones de pesos.

Al respecto, esta tarde en su conferencia de prensa diaria, la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay distintas órdenes de aprehensión, derivadas de la investigación que se realiza. Adelantó que “pronto” se exhibirá el vínculo con empresas fantasmas asociadas a dicho fraude.

“Entonces hay diversos actos de corrupción que están vinculados con servidores, bueno, no son servidores públicos, son delincuentes que trabajaron en la administración anterior”, dijo la morenista.

Investigación completa en MCCI

Luis Videgaray, excanciller y exsecretario de Hacienda, envió esta tarde un mensaje a su excompañera de gabinete, Rosario Robles. Le dijo que la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar inocentes. “Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad”.

El mensaje de Videgaray llega luego de que se confirmara que Robles Berlanga buscará acogerse al criterio de oportunidad y ser testigo protegido de la FGR en relación al caso de la ‘Estafa Maestra’.

Con esto, la exfuncionaria busca recuperar su libertad y reducir las penas que se le pudieran imponer por su presunta participación en el desvío de recursos.

El abogado de Rosario Robles, Sergio Arturo Ramírez, indicó que su clienta tomó la decisión de “ir contra con quien realmente pudiera tener algún tipo de participación o responsabilidad en la parte, sobre todo de las campañas, que es Luis Videgaray; en la parte electoral, en la parte de la campaña, en los fondos que se utilizaron en la campaña, en los cuales Luis Videgaray tuvo injerencia, y fue quien dio instrucciones expresas para que se utilizaran recursos para la campaña del expresidente Peña Nieto”

El abogado descartó que dentro de las declaraciones que hará Rosario Robles ante la FGR se pretenda buscar al expresidente Peña Nieto, ya que dijo no hay ningún tipo de vinculo que llegue por parte de su clienta al exmandatario, pues todo fue directamente con Videgaray.

Sobre la información compartida por el equipo legal de Rosario Robles, Videgaray emitió un comunicado en el que dijo que lamentaba que se optara por acusarlo sin fundamentos con la intención de librar su situación legal.

Negó los dichos del abogado de la también exjefa de gobierno del Distrito Federal. Dijo que por más cosas que diga Robles, lo que no podrá hacer es probar mentiras. “Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada ‘Estafa Maestra’, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, sostuvo Videgaray.

Añadió que como servidor público siempre actuó dentro del marco legal; recordó que las únicas pruebas que han surgido en su contra respecto al supuesto desvío de recursos son los dichos de personas que quieren eludir su responsabilidad.

Aseguró que las ampliaciones presupuestales que recibieron tanto la Sedatu como Sedesol (al igual que cualquier otra dependencia) cuando él estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda, se hicieron con estricto apego a la Ley.

Indicó que quererlo involucrar en presuntos desvíos de recursos cuando él estaba al frente de la cancillería, la cual afirmó no tiene nada que ver con el manejo de recursos públicos, pone en evidencia la falta de escrúpulos y lógica de los señalamientos hechos por su excompañera de gabinete.

Luis Videgaray aseguró que la nueva estrategia legal anunciada por el abogado defensor de Robles es errada e inmoral, además de que en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. “La corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables”.

El exfuncionario federal reiteró que está dispuesto a atender el llamado de la autoridad competente, y contribuir al esclarecimiento de la verdad.

“No voy a permitir que se me difame, y por ello habré de defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes. El mecanismo de moda de ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley”, concluyó.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo informó que se investigan varios casos de corrupción en la pasada administración en diversas dependencias como las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Turismo.

Después de participar en la reunión de gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, Nieto sostuvo que con la dependencia se rastrean casos de corrupción cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Estamos trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción con la anterior administración con OHL, también con la Secretaría de Turismo para temas de un posible desvío de recursos con el Consejo Mexicano de Promoción Turística, evidentemente de la mano con la Función Pública donde hemos detectado algún tipo de irregularidad”, detalló el funcionario.

De acuerdo con el funcionario federal, la investigación que realiza en el caso de la SCT también contempla a su extitular, Gerardo Ruiz Esparza.

Mario Delgado, actual coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó las versiones que circulan respecto a que está utilizando recursos del Congreso para hacer recorrer el país y afianzar su interés en ocupar la dirigencia nacional de Morena.

El legislador dijo que puede darle las garantías a la presidenta nacional del, Yeidckol Polenvsky, de que no se están desviando recursos de la Cámara de Diputados para hacer campaña y ocupar cargos en el partido ni para ninguna otra actividad.

Explicó que las giras que ha hecho han sido para asistir a los informes que lo diputados de su bancada están dando en sus estados, a un año de la LXIV Legislatura.

“De ninguna manera estoy usando recursos de la Cámara; no puedo hacer campaña para ser presidente del partido porque ni siquiera el partido arranca formalmente su proceso de renovación y yo no he dicho siquiera si voy a participar o no”, asentó.

Y aunque indicó que no ha habido un posicionamiento sobre si buscará la dirigencia de Morena, el pasado 25 de julio afirmó que sí le interesaría participar en el proceso, encabezando un proyecto claro de redefinición y reorganización del partido que provoque la unidad.

La declaración la hizo en el marco de la presentación del manifiesto ’12 desafíos para que siga la 4T’; ahí aclaró que por ahora no pedirá licencia a su encargo, pues aún no hay convocatoria para el relevo de la dirigencia, la cual se prevé se publique este mes.

Delgado añadió la tarde de ayer que el proyecto de transformación del país siempre va a ser más grande que cualquier proyecto personal.

La titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo, negó un amparo al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, con lo que se ratifica su vinculación a proceso por el delito de peculado por 220 millones de pesos.

La juez consideró que los datos de prueba expuestos por la Fiscalía General de Veracruz son suficientes para establecer la probabilidad de que Duarte de Ochoa y coacusados cometieron, cada uno por sí, un delito.

Robledo indicó que el juez de Xalapa actuó conforme a lo previsto en el artículo 19 Constitucional, porque es correcto que haya clasificado la intervención del exgobernador como autor material de un ilícito y lo haya vinculado a proceso con base en la ley local.

Según la carpeta de investigación, la Fiscalía General de Veracruz acusó a Duarte de haber desviado 220 millones de pesos del presupuesto de la Comisión del Agua local, dinero que nunca se devolvió.

Esto impactó en que no se concluyeran obras de agua potable, saneamiento de aguas y alcantarillado en zonas urbanas, con lo que se acreditó que los recursos no se utilizaron para lo que estaban destinados.

Por ello, se imputó a Duarte de Ochoa y otros coacusados, quienes fueron vinculados a proceso, dentro de la carpeta judicial 56/2017, por el juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa.

La juez Sandra Leticia Robledo Magaña ratificó dicha resolución, pues dijo que el juez en materia oral actuó de manera adecuada.

Estimó que la prisión preventiva es “revisable” en cualquier tiempo, por lo cual, de variar su situación jurídica y estar en aptitud de quedar libre, tiene acceso a solicitar una audiencia para debatir el cambio a otra medida cautelar.

Actualmente, Duarte se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México donde cumple una sentencia de nueve años de prisión que un juez federal le dictó el 26 de septiembre de 2018 por el delito de asociación delictuosa y lavado de dinero.

De los dos mil 51 millones 420 mil pesos que recibió la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en el penúltimo año de gestión de Alfredo Castillo Cervantes como su titular, en el Presupuesto de Egresos 2017, 262 millones 142 mil 300 pesos se canalizaron a 21 proveedores a los que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no encontró registro, es decir, a “empresas fantasma”.

A esos 262 millones 142 mil 300 pesos habría que sumar 72 millones 292 mil 500 del programa “Atención al Deporte”, que serían para adquirir y contratar bienes y equipos para deportistas, que la institución tampoco pudo comprobar.

De acuerdo con el Informe de Resultado de Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Conade tampoco presentó el soporte documental de los 498 contratos o requisiciones del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y sólo documentó 25.

Las irregularidades no son nuevas en la Conade. En la Cuenta Pública de 2016, año de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil, la Auditoría también detectó malos manejos presupuestales por mil 159 millones 590 mil 100 pesos, que sumados a los 334 millones 434 mil 800 pesos de la cuenta de 2017, suman mil 494 millones 24 mil 900 pesos en los dos años.

En aquella ocasión, la ASF señaló que “los beneficiarios de los apoyos de Conade administraron recursos por 213 millones 921 mil 900 pesos, en cuentas distintas de las notificadas a la institución; mezclaron recursos federales de los convenios con otros recursos; mantuvieron ociosos 266 millones 771 mil 100 de pesos y comprobaron extemporáneamente 565 millones”.

“Hubo falta de comprobación de 113 millones 894 mil 700 pesos de convenios para modernización o construcción de instalaciones deportivas”, reveló la ASF el año pasado.

Ana Gabriela Guevara, actual titular de Conade, calificó de “lamentables” las irregularidades, aunque señaló que colaborará con las autoridades competentes en lo que le soliciten a la nueva administración.

Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto se abrió una licitación para comprar 700 pipas, tras lo cual, el gobierno entregó un anticipo de alrededor de 400 millones de pesos, mismos que desaparecieron.

“Mucha corrupción. Un Gobierno plagado de corrupción en todo sentido y en todas áreas. Hablando de Pemex, nos entregaron información de que en el Gobierno anterior se licitó para comprar 700 pipas. Se da el anticipo a una empresa, esa empresa entrega el anticipo a otra. No hacen nada y no entregan las unidades. Estamos hablando como de mil 300, mil 400 millones y el anticipo como de 400 millones. Es un asunto judicial que nosotros vamos a revisarlo”, señaló el mandatario.

Y preguntó a los periodistas si sabían sobre el tema, a lo que los presentes responsieron que no.

“¿Sabían ustedes algo de eso? ¿Y que se dio el anticipo, y que no se regresó el anticipo y que no se entregaron las pipas? No tengo duda de que el principal problema es la corrupción”, aseveró el Presidente.

Luego de esto, López Obrador no abundó más en el tema.

Un juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en la ciudad de Chihuahua, ordenó vincular a proceso a Jesús Manuel Esparza Flores, ex auditor superior del Estado, en la administración de César Duarte, por peculado agravado.

Con esta orden, Jesús Manuel Esparza suma cinco procesos penales por presuntos actos de corrupción durante la administración de Duarte, exgobernador de Chihuahua. Tras una audiencia realizada este miércoles 3 de octubre, se decidió que Esparza enfrente un proceso por su presunta intervención en el desvío de dos millones 331 mil 600 pesos.

Según los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, cuando Manuel Esparza fungía como auditor superior, entre febrero y noviembre de 2013, participó en el desvío de un millón 461 mil 600 pesos y 870 mil pesos, posteriormente.

De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía General, las áreas de fiscalización y estrategias digitales fueron utilizadas para cubrir el desvío del erario que llegó a las cuentas bancarias de Jesús Manuel Esparza.

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, fue directamente señalado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz por el desvío, sólo en el primer año de gobierno, de 338 millones de pesos.

De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2017, diversas dependencias reportaron daño patrimonial, como la Secretaría de Desarrollo Social, Protección Civil, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, y Espacios Educativos, reportó el diario Reforma.

El auditor general del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, señaló que las investigaciones siguen y dijo que también se han detectado desvíos de los recursos otorgados a los municipios.

Son 153 los municipios afectados, los que presentan los mayores desvíos son: Coatzacoalcos con 142.2 millones de pesos, San Andrés Tuxtla con 56 millones de pesos, Emiliano Zapata con 50 millones de pesos e Ixhuatlán de Madero con 34.5 millones de pesos.

De acuerdo con el Orfis las inconsistencias en municipios son en anticipos de salarios, traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen, saldos de deudores diversos cancelados sin evidencia documental.

Igualmente se detectaron operaciones irregulares como erogaciones sin comprobación documental, gastos y/o donativos sin evidencia de que hayan sido recibidos por los beneficiarios, adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa aplicable, y falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes.

El Senado de la República estima presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por el desvío de 700 millones de pesos en efectivo realizado en la gestión de Rosario Robles al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, señaló además que se creará una comisión especial para que investigue este caso que ha sido documentado por la Auditoria Superior de la Federación.

Asimismo, confirmó que llamarán a comparecer a Rosario Robles, actual titular de la Sedatu, para que explique estos desvíos realizados durante su administración en dichas dependencias.

Tras una investigación, La ASF detectó el desvío de 700 millones de pesos de la Sedatu y la Sedesol, los cuales fueron transferidos en efectivo a diez domicilios de empresas fantasma.

“Nos reservamos el derecho de presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República para que con los elementos de la Auditoría se inicie una indagatoria. No puede mantenerse en una anecdótica mediática. No lo merece el pueblo de México”, dijo Monreal a medios de comunicación.

Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, quien es señalada por el desvío de 415 millones de pesos a través de 33 empresas fantasma fue captada en el Metro de Londres, mientras leía tranquilamente el semanario The New Yorker.

La foto de la cónyuge del ex gobernador preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por lavado de dinero y asociación delictuosa, fue compartida en redes sociales.

El mandatario de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, reveló en mayo pasado, a través de fotografías y videos que Macías Tubilla vivía a todo lujo en un barrio exclusivo de Londres.

El 7 de septiembre pasado, los padres de Karime Macías reclamaron ante un juez federal el descongelamiento de sus cuentas bancarias, argumentando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya invalidó la norma que permitía este tipo de aseguramientos sin orden judicial.

Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez décimo de distrito en amparo penal de la Ciudad de México, admitió a trámite la denuncia de los suegros de Javier Duarte, a quienes les congelaron sus cuentas en una indagatoria por defraudación fiscal.

La Auditoría Superior de la Federación detectó un desfalco en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante las gestiones de Rosario Robles por un monto de más de 700 millones de pesos.

De acuerdo con el periódico Reforma, el dinero asignado a esas secretarías fue triangulado en efectivo a través de empresas de valores como Tameme, Cometra y Panamericano, hacia diez domicilios.

Este desfalco, se suma al hallazgo de los contratos de servicios otorgados por las dependencias para beneficiar a 76 empresas, dado a conocer en febrero pasado, y donde participaron Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la Televisora de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo, entre otras instituciones.

Muchas de las direcciones de los domicilios a donde llegó el dinero son consultorios o casas abandonadas, así como negocios ajenos a los institutos gubernamentales o simplemente sitios que no existen.

Es el caso de Servicios Empresariales Helte, que cuenta con una oficina registrada en Sócrates 128-3 en Polanco. La investigación de Reforma comprobó que esta empresa nunca ha tenido domicilio en el edificio que ocupa ese número.

Según los registros, entre el 7 de diciembre de 2015 y el 22 de diciembre de 2017, personal de Tameme y del Servicio Panamericano entregó un total de 493.7 millones de pesos en las supuestas oficinas de Helte de Polanco donde en realidad hay un consultorio psicológico.

Otros de los domicilios son en realidad una casa-habitación abandonada, un consultorio de rehabilitación, un despacho de fiscalistas, una casa de cambio, una oficina de ADO y la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.

En el esquema del desfalco, la Radio y Televisión de Hidalgo fue el punto de partida de las transferencias de dinero, una vez que recibió los recursos directamente de Sedesol.

Esta repartición comenzó el 23 de mayo de 2014, dos meses después de que Desarrollo Social firmara un convenio de colaboración de prestación de servicios con RTH.

 

 

Con información de Reforma

Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como ‘Layín’, el exalcalde de San Blas quien en un evento admitió que “robó poquito” durante su gestión, fue vinculado a proceso por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y fraude, reportó la Fiscalía de Nayarit.

La decisión del juez incluyó también a la exsíndico, Armida Silvestre Juárez, y al exsecretario general del ayuntamiento, Mario Vázquez Flores, de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

La autoridad fijó el pago como garantía de un millón 200 mil pesos para el exedil y 120 mil pesos para los otros dos imputados. Con el pago de las multas, los imputados enfrentarían el proceso en libertad.

Hilario Ramírez acudió la semana pasada a comparecer ante la autoridad por la acusación del desvío de 12 millones de pesos tras la venta de un terreno para el aeropuerto municipal.

Este miércoles, el Instituto Nacional Electoral aprobó, por unanimidad, multar al PRI en Chihuahua con 36.5 millones de pesos por desviar 14.6 millones de pesos del erario público de la entidad en 2015, durante el Gobierno de César Duarte.

Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, informó que las investigaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización concluyeron que el PRI recibió recursos de un ente prohibido por la ley, es decir, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.

El consejero electoral informó que de acuerdo con testimonios obtenidos por las indagatorias de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el dinero era recibido por Pedro Mauli Romero Chávez, secretario de Finanzas del PRI en Chihuahua.

El desvío se realizó mediante un esquema de triangulación en el que se hacían pagos a trabajadores de varias dependencias a través de cheques a los que se les adjuntaba una carta de ‘consentimiento’ para aplicarles un descuento.

Los recursos por ese concepto se depositaban en una cuenta bancaria del Servicio Panamericano de Protección que después canalizaba los recursos.

“De acuerdo con doce recibos firmados por Romero Chávez, son aportaciones en total por 14.6 millones de pesos que fueron entregados por concepto de aportación del Ejecutivo al PRI de enero a diciembre del 2015. Del dictamen se concluye que las firmas tienen un mismo origen: el secretario de finanzas del PRI”, afirmó el consejero.

Muna Dora Buchahin, una de las directivas de la Auditoría Superior de la Federación involucrada en el descubrimiento del esquema de defraudación que dio pie a la investigación periodística “La Estafa Maestra”, fue requerida a separarse de su cargo por un supuesto tema de conflicto de interés.

En una carta difundida por el portal Aristegui Noticias, Buchahin, titular de Auditoría Forense, informó que el pasado 23 de mayo, el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano, le notificó que tenía que abandonar su puesto a más tardar este pasado 31 de mayo.

De acuerdo con Buchahin, el anuncio le resultó sorpresivo debido a que tiene 13 años trabajando en la institución y a que la determinación se atribuyó a una decisión exclusiva de David Rogelio Colmenares Páramo, recién nombrado titular de la ASF. La funcionaria reiteró que su labor al frente de la Auditoría Forense permitió el descubrimiento de esquemas de defraudación y simulación que incluso alcanzaron reconocimiento internacional.

“Por ello me extraña que, en los hechos, mi labor no sea reconocida y valorada en su dimensión y sea tratada de manera poca digna por esta institución que, desde su creación, se ha caracterizado por un trato respetuoso a su estructura”, se lee en un fragmento de la misiva.

De acuerdo con la funcionaria, quien decidió formalizar su salida hasta el próximo 21 de junio, reportes elaborados desde 2012 por su dirección evidenciaron el modus operandi de esquemas de defraudación que involucraron a funcionarios de Sedesol, Sedatu, universidades públicas y proveedores externos. Los montos detectados en esas operaciones superan los 7 mil 700 millones de pesos.

Posteriormente, la ASF indicó en un comunicado que la solicitud de renuncia obedece a un presunto caso de conflicto de interés, pues se detectó que una empresa encabezada por Buchahin prestó servicios para la dependencia y otras entidades públicas. Además, otras empresa de la que sería socia también se encargó de asesorías a empresas auditadas por la dependencia.

Esta mañana Javier Nava Soria, contador de varias de las empresas que sirvieron para lavar los más del mil 600 millones de pesos de Javier Duarte, ingresó esta tarde a los juzgados del Reclusorio Norte en la Ciudad de México, así lo confirmó la Agencia de Investigación Criminal (AIC) perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR).

 

Luego de que se cumplimentara su extradición de España donde se encontraba desde meses atrás, Nava Soria pasó la noche en la Subdelegación de la PGR en Azcapotzalco, y esta mañana fue custodiado por un fuerte dispositivo de seguridad que lo traslado al centro penitenciario.

 

Se espera que sea en las próximas horas finalice la primera audiencia que enfrente ante la justicia mexicana, la cual comenzó esta mañana luego de su arribo a los juzgados.

 

Recordemos que Nava Soria es acusado de haber sido el responsable de constituir y operar varias de la empresas fantasmas con las que Javier Duarte simuló contratos para desviar mil 670 millones de pesos del erario público cuando el priísta encabezaba el gobierno de Veracruz.

 

Con información de Medios / Foto. Archivo APO