Tag

diputados

Browsing

La Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para que sus funciones sean transferidas a los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).

Los diputados aprobaron, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con la finalidad de regular el Sistema de Salud para el Bienestar.

La iniciativa, “considerada de urgente y obvia resolución”, fue avalada en lo general por 267 votos a favor, 222 en contra y una abstención, y en lo particular recibió 266 votos en pro, 222 en contra y cero abstenciones.

El dictamen expone que los servicios de salud del IMSS-Bienestar colaborará con la Secretaría de Salud en lo que respecta a la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social.

Además, en el Sistema de Salud para el Bienestar queda prohibido el cobro de cuotas de recuperación por la prestación de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social.

La Secretaría de Salud, en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto, emitirá las disposiciones que establezcan los términos, plazos y condiciones para llevar a cabo la transferencia de los recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales.

Recordemos que el Insabi sustituyó, con la llegada de la autollamada 4T, al Seguro Popular a inicios de 2020.

El diputado Emmanuel Reyes, de Morena, expuso que el objetivo es contribuir a crear un sistema de salud único, ya que está fragmentado. Recordó que el Insabi desaparece y sus funciones se integran al IMSS-Bienestar para que sea un solo organismo descentralizado el operador de la Federación para la prestación de los servicios de salud en concurrencia con los estados.

Además, dijo, se fortalece la rectoría de la Secretaría de Salud, especialmente, en materia de salud pública, con la creación del Servicio Nacional de Salud Pública, y se eliminan las cuotas para acceder a los servicios de salud.

Sin embargo, la oposición lamentó esta aprobación fast track de la iniciativa. La bancada del PRI acusó que “los fracasos en el sistema de salud han sido muy obvios y la población es la que más ha sufrido por la creación de una institución que no ha servido”, esto al recordar que desde 2018 se incrementó la falta de atención médica y el desabasto de medicamentos.

El diputado Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano (MC), consideró que la peor decisión del actual Gobierno fue desaparecer el llamado Seguro Popular, cuando tenía las bases y era perfectible. “Se creó el Insabi y ahora se busca trasladar sus facultades al IMSS-Bienestar y volverá a fracasar, porque las mismas fallas y vicios se están trasladando. Será una nueva y trágica etapa para la salud de los mexicanos”.

La Cámara de Diputados aprobó, con 470 votos a favor, cero en contra y una abstención, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputado del PAN, Víctor Manuel Pérez Díaz, mencionó que hace dos años el país perdió la categoría 1 en seguridad aérea que otorga la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA).

En ese sentido, apuntó que se habla de 35 millones de pasajeros afectados y la merma del mercado por haber bajado a categoría 2. Dijo que las aerolíneas de Estados Unidos han anunciado 35 nuevas rutas, mientras que México no puede abrir ninguna por la incapacidad y por la calificación.

Como primer punto, y el más relevante dentro del dictamen, fue la necesidad de recuperar la categoría 1, fortalecer a la Agencia Federal de Aviación Civil, hacer de la industria la más segura, tener personal más capacitado y atender las observaciones que se encontraron en las inspecciones que se hicieron.

Sin embargo, sí aprobaron la autorización para que una paraestatal pueda administrar aeropuertos y aerolíneas a la vez. Con estos cambios, aprobados en una segunda votación, se abre la puerta a la creación de la aerolínea administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que propuso el presidente López Obrador.

Se indicó que con el dictamen, se busca dotar legalmente a la Agencia Federal de Aviación Civil, para expedir disposiciones técnico-administrativas en materia aeroportuaria, con la finalidad de que el país recupere la categoría 1 que otorga la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), y añade la figura de asignación, la cual permitirá que las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal reciban en asignación la administración de aeropuertos y la operación de aerolíneas, lo que favorecerá una mayor conectividad aérea.

La diputada Yeidckol Polevnsky de Morena señaló que los cambios a la Ley de Aviación Civil y a la Ley de Aeropuertos han “sido hechos para poder recuperar la categoría 1 que es de suma importancia para el país, para las líneas aéreas, para los pilotos y, sobre todo, para la seguridad de todos los viajeros”.

La morenista aclaró que en este dictamen quedó fuera el tema del cabotaje, algo que había generado mucha polémica.

En ese sentido, el diputado del PAN, Armando Tejeda Cid, celebró que se eliminara del dictamen el tema del cabotaje “porque era un golpe a nuestras aerolíneas mexicanas”.

El diputado Francisco Favela Peñuñuri del PT subrayó que el objetivo principal del dictamen es facultar legalmente a la Agencia Federal de Aviación Civil para expedir disposiciones técnico-administrativas en materia aeroportuaria de la administración, construcción y certificación de aeropuertos.

“Con su aprobación se acabarán también los abusos de las aerolíneas mexicanas e internacionales hacia la sociedad mexicana”.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Pablo Gil Delgado Ventura, indicó que el dictamen incorpora la figura de asignación, lo que significa la entrada de operaciones de una aerolínea oficial, con reglas totalmente distintas a las que hoy se someten las aerolíneas nacionales, mismas que operan bajo los esquemas de concesión y permiso.

En ese sentido, resaltó que la asignación a empresas estatales sin licitación representa una amenaza para la transparencia, la equidad y la libre competencia.

La diputada del PRD, Edna Gisel Días Acevedo, puntualizó que hubo temas que no deberían estar en el dictamen, y cuya finalidad es esencial para el desarrollo del país. “La inclusión de disposiciones que priorizan la construcción de un monopolio de Estado en materia de aviación y podría tirar por la borda los esfuerzos emprendidos. El PRD reitera su disposición de trabajar a favor de recuperar la categoría 1”.

De manera sorpresiva, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.

La iniciativa, inscrita ayer de última hora en la orden del día, fue considerada de urgente y obvia resolución, es decir, se le dispensó de todos los trámites para que pudiera ser discutida y votada, fue avalada en lo general por 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, mientras que en lo particular se aprobó con 251 votos, 209 en contra y una abstención.

La oposición acusó que la iniciativa de Morena, no la conocían todos los diputados, y “ni siquiera ha sido analizada de manera puntual por los grupos parlamentarios porque no se ha circulado, porque no se ha presentado”, dijo el diputado de Movimiento Ciudadano, Manuel Jesús Herrera Vega, secretario de la Comisión de Energía.

Fue el legislador quien indicó que la iniciativa que subió al Pleno y fue aprobada, fue una distinta a la que había presentado el jefe del Ejecutivo, la cual confirmó, fue turnada a las Comisiones Unidas de Energía y de Economía, las cuales aún no sesionan.

De acuerdo a lo informado por la Cámara de Diputados, la iniciativa aprobada recupera la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo y que son del dominio directo de la nación.

También regula el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería, castiga la inactividad o la especulación con la cancelación de la concesión si trascurren dos años sin que se reporten trabajos en mina y considera el reúso del agua.

Además, señala que no se otorgarán concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas; crea el Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre y la Gestión de los Residuos Mineros y Metalúrgicos; prevé el cierre de las minas en casos de riesgo eminente de desequilibrio ecológico, contaminación o repercusiones peligrosas para los ecosistemas y la salud pública y establece una contraprestación a los pueblos y comunidades ubicados en las zonas mineras de al menos el 5% de las utilidades obtenidas por la actividad realizada.

Y aunque fue una iniciativa distinta a la que envió el presidente López Obrador al Congreso, los diputados de Morena que suscribieron el proyecto de dictamen, señalaron que tiene punto de partida la propuesta que presentó AMLO el mes pasado. Señalaron que la esencia es la misma.

La diputada Laura Patricia Contreras Duarte del PAN, bancada que votó en contra del dictamen, dijo que aunque la minería es un sector muy importante porque es generador de más de 417 mil empleos directos y dos millones y medio de empleos indirectos; la iniciativa merecía analizarse con tiempo, de “manera responsable”, considerando las voces de todos los involucrados, especialmente de los trabajadores de las minas, de las comunidades y de los expertos.

El diputado Ildefonso Guajardo del PRI reconoció que el proyecto tiene avances, pero “lamentablemente tiene un defecto central que va a ser que la minería en México termine en el suelo y pierda su potencial de crecimiento”.

Señaló que el problema se encuentra en los artículos 10 y 10 Bis, en donde se le da la responsabilidad al Servicio Geológico Mexicano y la condición monopólica de ser el único encargado de la exploración. Enfatizó que si no se corrigen dichos artículos “estamos destinando el futuro del sector al fracaso”.

Legisladores del Partido Verde y del Trabajo, se manifestaron a favor de la iniciativa. Fueron sus votos, juntos a los de Morena, los que lograron la aprobación del dictamen presentado.

El diputado Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, expresó que se violó el proceso legislativo impunemente con una iniciativa presentada de último momento.

Sin embargo, destacó algunas cosas positivas del proyecto, que es garantizar el derecho de consulta a las comunidades cuando se abre una concesión minera, la disponibilidad hídrica, que las concesiones se entreguen vía licitación, la reducción del plazo de las concesiones de 50 a 30 años y el establecer planes de regulación, entre otras.

Afirmó que no había manera de votar en contra de la ley, pese a que se violó el proceso legislativo, porque el tamaño del agravio y atraco es mayúsculo; recordó que entre 1988 y 2022 se entregaron más de 46 mil concesiones mineras que abarcan el 58% del territorio nacional.

La bancada del PRD denunció que la iniciativa presentada era la misma que el Ejecutivo Federal mandó a esta Cámara, “carente y sin sentido; sigue siendo una propuesta absurda y no ha sido construida desde la reflexión y análisis de la problemática nacional”.

Se pretende, dijo, a través de un albazo, cumplir los deseos de quien no escucha a los pequeños mineros.

La diputada Eufrosina Cruz del PRI dijo que el Congreso no es oficialía de partes, sino un Poder autónomo; acusó que se discutió un proyecto del cual no se conocía el contenido. “Se violenta el proceso legislativo. Estas leyes no pueden ser aprobadas al vapor y sin análisis previo”.

En el mismo sentido se manifestó su compañero de bancada, Pedro Armentía López, quien lamentó la discusión de una iniciativa incorporada de último momento, sin respetar los consensos ni el trabajo de las comisiones. “Puedo apostar que la mayoría desconoce lo que se votará en esta Cámara; es un debate fast track que implica daños irreparables”, dijo.

Incluso en votación económica, se desecharon mociones suspensivas presentadas por el PAN, MC y el PRD, en el sentido de detener el proceso de aprobación de la iniciativa, a efecto de emprender un Parlamento Abierto y de consulta a las comunidades mineras.

El dictamen se turnó a la Cámara de Senadores para su análisis, discusión y eventual aprobación.

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para sancionar el abandono y maltrato a las personas mayores.

En su iniciativa, que reformaría diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Código Penal Federal, se señala que quien abandone a una persona de la tercera edad, deberá recibir de un mes a cuatro años de prisión o de 180 a 360 días de multa, además de retirarle la tutela de adulto mayor.

El diputado Alan Castellanos Ramírez, de la bancada del PRI, señaló que entre las sanciones también estarían la privación de los derechos de familia, así como el pago en reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.

Argumentó que actualmente las leyes consideran delito el abandono de niños, niñas y adolescentes, así como de las personas que se encuentran enfermas, a pesar de que la edad adulta mayor implica vulnerabilidad; sin embargo, el marco legal permite la impunidad en el abandono de las personas mayores.

Dentro de la iniciativa se indica que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez personas mayores han sido víctimas de abandono, maltrato físico y psicológico, e incluso abuso sexual.

De igual modo, se menciona que existen cifras que muestran que en México se estima una prevalencia de entre 8.1% y 18.6% de adultos mayores que sufren algún tipo de maltrato o abuso familiar.

“Las personas adultas mayores constituyen un importante grupo de población, de manera que los objetivos que se logren para estas personas eventualmente representarán beneficios en la sociedad”, concluyó el legislador.

Foto: Reinserta

Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, indicó que su bancada tiene como prioridad, en estos últimos días del periodo ordinario de sesiones, impulsar la aprobación de las reformas a la Ley de Aviación Civil y a la Ley Minera.

La Constitución prevé dos periodos de sesiones ordinarias por año legislativo: del primero de septiembre al 15 de diciembre, y el segundo del primero de febrero al 30 de abril.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que en el dictamen de reformas a la Ley de Aviación Civil será principalmente para que México recupere la categoría uno, quedando excluido el asunto relativo al cabotaje.

Recordemos que esta propuesta había generado polémica, pues permitía la participación de aerolíneas extranjeras para ofrecer el servicio en algunas rutas domésticas. Esta propuesta había surgido desde Palacio Nacional, pues fue el presidente López Obrador quien lo puso sobre la mesa.

“Como lo comenté desde el principio, íbamos a hablar con el gobierno y con los otros actores, especialmente por lo que hace a los trabajadores de la aviación, y decidimos que eso se va a separar del dictamen, y sólo vamos a trabajar lo que tiene que ver con las acciones para recuperar la categoría uno en materia de aviación, que es un compromiso que tiene México, antes de que termine el mes de abril”, manifestó Mier Velazco.

El morenista adelantó que también se va a impulsar algo que consideran “necesario para el país, que tiene que ver con parte de lo que es la Cuarta Transformación, recuperar el patrimonio nacional”, por lo que se va a impulsar la Ley Minera.

Mier Velazco informó que la Jucopo sesionará este martes, para analizar un tema “fundamental que se vino trabajando de manera colegiada, tanto con el Senado de la República como con colegios y asociaciones: la minuta que expide el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”.

Sobre la iniciativa de reforma constitucional relativa a las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), suscrita por seis de los siete coordinadores parlamentarios, comentó que esperarán qué es lo que resuelve Acción Nacional y su dirigencia, que son quienes sabotearon el dictamen. Sin embargo advirtió que “nosotros haremos valer lo que firmamos”.

Los diputados Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), junto al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, informaron que todos los coordinadores parlamentarios, con excepción del de la bancada de MC, indicaron que no existe un consenso respecto a la reforma relativa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En conferencia de prensa, los morenistas señalaron que luego de tres días de “revisión puntual” del anteproyecto de dictamen relativo a la reforma de dicho Tribunal, se acordó dar unos días a las bancadas para que puedan socializar el documento con sus respectivas dirigencias partidistas y grupos parlamentarios en el Senado de la República.

“No queremos que sea frenada (la eventual reforma) en el Senado por dudas que han expresados algunos senadores de diferentes fracciones parlamentarias”, subrayó Mier Velazco.

Precisó que una vez que finalice el espacio de deliberación, los coordinadores de los grupos parlamentarios se reunirán, el próximo lunes por la tarde o, a más tardar, el martes por la mañana, para abordar la iniciativa.

Por su parte, el diputado Robledo Ruiz explicó que se propone ordenar a los partidos políticos, en la Constitución, que deberán respetar plenamente en su vida interna el principio de paridad de género. “También quedan obligados a postular cuando menos 10 por ciento en acciones afirmativas de entre todos sus candidatos”, agregó.

Abundó que se enfatiza que los partidos políticos “tienen la facultad de autorregular sus tiempos, procedimientos y manera de resolver sus diferendos internos en primera instancia y de elegir a sus dirigentes”.

“Quedan intocadas las facultades del Tribunal Electoral, para que cualquier persona, cualquier militante que se inconforme con alguna decisión interna del partido pueda acudir a la justicia electoral. Eso no está tocado, nunca fue parte de la iniciativa, nunca fue parte del sistema. En otras palabras, hay un grado de autonomía para los partidos, pero justicia electoral por encima de ellos”, aseveró.

Sin embargo, las y los diputados de la bancada del PAN indicaron que “frente a las dudas e inquietudes de la sociedad civil y nuestra militancia, se tomó la decisión de no acompañar la reforma electoral y posponer su discusión en parlamento abierto hasta después de la elección 2024”.

A través de un comunicado, señalaron que México siempre contará con el PAN, “por eso no acompañaremos ninguna reforma que pueda generar dudas o fisuras a nuestras libertades, democracia e Instituciones electorales”.

“En Acción Nacional queremos dejar absolutamente claro que nunca apoyaremos una propuesta que atente contra las instituciones electorales o los derechos políticos de cualquier mexicana o mexicano”, señaló la dirigencia del partido y la bancada en la Cámara de Diputados.

En el mismo sentido se expresó la bancada del PRI, quien dijo que no promovería una iniciativa de reforma que vulnere al TEPJF.

Los diputados Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Moreira Valdez señalaron que cualquier reforma de carácter electoral, debe ser avalada por todas las fracciones parlamentarias.

Moreira Valdez subrayó que, en un ánimo de construir consensos, un acuerdo fue firmado por todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, pues recalcó que cualquier reforma en materia electoral tiene que salir con la venia de todos los grupos parlamentarios y no, por una parte.

El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, sostuvo que pese a que no puede dar por muerta la reforma constitucional relativa a las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no se alcanzaron los acuerdos para que avance.

“Hoy no hay un consenso, no puedo adelantarme porque eso no acordamos y sería faltar a la verdad si dijera que la doy por muerta, pero yo no veo condiciones. Durante todo este tiempo que tratamos de concentrar los textos, no se logró”, señaló.

Sostuvo que el propósito inicial de la iniciativa era sólo delimitar al TEPJF porque hay un vacío en la parte técnica, pero no debilitarlo, ni tampoco se pretendía inmunidad para los partidos políticos, ni lastimar la paridad, ni a los grupos vulnerables.

“Se habló mucho de esta iniciativa, se espéculo mucho, pero en realidad lo que está en el texto no es lo que se estaba planteando, pero lo que tratamos de consensar en los textos no nos permitió llegar a un acuerdo y eso pues es natural si no hay un acuerdo, no hay una modificación”, indicó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió reformas a la Cámara de Diputados para eliminar el organismo público descentralizado, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), por considerarla “atrofiada” e “incapaz de impulsar el desarrollo rural”.

La propuesta del mandatario también busca derogar la ley orgánica de la FND, encargada de apoyar con recursos presupuestales a organizaciones de productores en el medio rural del país.

“Al día de hoy la FND es un organismo atrofiado, incapaz de cumplir su objeto de impulsar el desarrollo rural, elevar la productividad y mejorar el nivel de la población a través de los créditos al sector”, señaló López Obrador en su iniciativa.

De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo “es eficientar los recursos públicos dirigidos al sector agrícola, rural, forestal y pesquero”. Por ello, impulsa que los recursos de este fondo “se entreguen directamente a las personas beneficiarias, sin intermediarias y sin gastos en infraestructura administrativa innecesaria”.

El documento también expone que a 21 años de su creación, luego de sustituir, en diciembre de 2002, al Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), solo ha otorgado créditos a un número reducido de productores agrícolas, forestales y pesqueros.

Y como ha señalado en otras ocasiones a programas e instituciones, AMLO acusa que la FND ha operado con intermediarios financieros y bajo un “diseño que ignoró mecanismos de cobro eficaces”. Se detalla que en las últimas dos décadas estas ineficiencias han provocado que su cartera vencida ascienda los 26,703 millones de pesos.

Lo anterior, acusó el mandatario, también ha implicado la contratación de despachos y abogados externos para llevar a cabo una cobranza judicial a nivel nacional con un “alto costo y escasa efectividad en la recuperación de los créditos”, entre 28,621 asuntos registrados en cartera vencida de la FND.

El texto menciona que el desequilibro de la Financiera Nacional de Desarrollo se agrava por sus pasivos contraídos con organismos financieros internacionales, los cuales ascienden a 16.509 millones de pesos.

Asimismo, expone que los gastos fijos por servicios de mantenimiento, vigilancia, pago de contribuciones, seguros patrimoniales, y de bienes muebles e inmuebles que deben de efectuarse “independientemente de la eficacia financiera de las agencias de la FND”.

La iniciativa presidencial fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y posible dictaminación.

De ser aprobada en dicha comisión legislativa de la Cámara de Diputados, se procederá a su discusión y posible aprobación ante el pleno de legisladores para ser enviada al Senado, donde continuaría el trámite.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que se continúa confeccionando la reforma constitucional relativa a las atribuciones del TEPJF, con el fin de que se pueda reanudar la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales y se dictamine.

“Se integró un grupo de trabajo para hacer una revisión a la redacción de los tres artículos que se reforman y esperamos que en el transcurso de las próximas horas ya se tenga un anteproyecto y se pueda reanudar la sesión de la Comisión”, señaló en un breve encuentro con los medios de comunicación.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) indicó que se acordó que habría un posicionamiento de los grupos parlamentarios para aclarar los “mitos y mentiras” que se han dado en torno a la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El morenista reiteró que el falso que en esta reforma se le quiten atribuciones al TEPJF, pues lo único que se le estipula es que las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, establecidas en la Constitución, no sean invadidas.

“Se refiere a las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, como también nosotros respetamos las exclusivas del Poder Judicial, y sólo es un tema de la interpretación de la ley, pero es sólo eso”, precisó.

Además, dijo, no se violenta ningún derecho de procuración y administración de justicia, como lo ha dicho algunas voces.

En línea con el discurso de Morena, Mier Velazco apuntó al Claudio X. González, de querer frenar la reforma constitucional al TEPJF.

“Él tiene miedo a la transformación, es un opositor a la transformación, es un cuadro que quiere retornar a los viejos privilegios, a utilizar los instrumentos del Estado mexicano a su antojo, en función del dinero, de corromper conciencias, voluntades y manipularlas con el uso del dinero”, remató.

Y es que la reforma, que sigue analizándose, ha generado polémica pues es un proyecto que cuenta con el apoyo de todos los partidos, incluidos los de oposición (PAN, PRD, PRI); el único partido que se ha posicionado en contra es Movimiento Ciudadano.

Al respecto, el diputado y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que el anteproyecto de dictamen relativo a la reforma del Tribunal Electoral está siendo modificado con la finalidad de tener un documento de consenso.

“Se está trabajando (el anteproyecto de dictamen) porque va a sesionar la Comisión de Puntos Constitucionales. Se está haciendo un documento de consenso. Están todos participando en ese dictamen, y va a ser un buen dictamen. Va a ser un dictamen que genere certeza, certidumbre, tiempos, participación, competencias”, dijo el priista.

Cuestionado sobre si al interior del Grupo Parlamentario del PRI hay diputadas y diputados que estén inconformes con el anteproyecto de dictamen, como señaló la diputada de Morena Irma Juan Carlos, el líder del PRI indicó que “yo no veo ninguna inconformidad. Para nada. Hemos escuchado a todos. Es un tema de precisiones, y hay mucha desinformación”.

Moreno Cárdena subrayó que la eventual reforma al TEPJF “en nada atenta” contra esta institución.

“Esto es un ejemplo de fortaleza en apoyo y respaldo total a las mujeres, a las acciones afirmativas. Lo que hay es progresividad. Es dar certeza y certidumbre en los temas que quedarán plasmados en la Constitución. Es un tema de garantía, de certeza, de certidumbre, de definir facultades y competencias”, finalizó.

Con 438 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que reforma la fracción II del artículo 55 y el artículo 91 de la Constitución Política, en materia de edad mínima para ocupar un cargo público.

El dictamen establece en el artículo 55, que para ser diputado se requiere tener 18 años cumplidos el día de la elección, actualmente la edad es de 21 años.

En el caso del artículo 91, se precisa que para ser secretario de Estado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 25 años cumplidos; a la fecha, se fija una edad de 30 años.

En lo particular, el dictamen fue avalado por 439 votos a favor, en sus términos.  El documento fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La diputada Andrea Chávez de Morena, expresó que el dictamen proviene de una serie de iniciativas de legisladoras y legisladores de distintos grupos parlamentarios, con la finalidad de reducir la edad mínima para ser diputada o diputado federal, de 21 y 18 años, así como bajar la edad mínima para ser integrante del gabinete federal, de 30 a 25 años.

Indicó que se busca abonar a los principios de no discriminación establecidos en la Constitución Política y de igualdad, “ya que no es posible que de las 500 diputadas y diputados que somos, no seamos ni diez con menos de 30 años; estamos excluyendo a casi 30 por ciento de la población mexicana por ese mosaico de representatividad, por un elemento discriminatorio que no tiene razón científica ni argumentación lógica”.

En los posicionamientos, la diputada Ali Sayuri Núñez Meneses del PAN afirmó que se garantizan los derechos de las juventudes a no sólo ejercer el voto sino aspirar a un cargo público y ser votados sin discriminación alguna por razón de edad.

“Se trata de avanzar en los derechos políticos de los jóvenes, abonar en su inclusión y fortalecer la cultura de su participación política. Más jóvenes tendrán la oportunidad de expresarse aquí y representar a un sector que tiene mucho que aportar”, sostuvo.

Rommel Pacheco Marrufo, también diputado del PAN, mencionó que hoy se defendió a las juventudes para que ese 30% que no está representado en la Cámara tengan un espacio y representatividad.

“Las y los jóvenes son el presente que está construyendo y trabajando para tener un mejor México. Esperamos que las juventudes tengan la responsabilidad de prepararse y que la edad no sea una condicionante”.

La diputada Karla Ayala Villalobos del PRI afirmó que esta reforma es un hecho histórico porque los jóvenes podrán ejercer sus derechos políticos sin simulaciones y sin mentiras.

Agregó que la ciudadanía decidirá si los perfiles de los jóvenes son con los que se siente más identificados. “En la Cámara de Diputados están representados diversos sectores de la población, pero pocos jóvenes. Algo que le hace falta a la política es perspectiva nueva y revolucionaria”.

Del Partido Verde, el diputado Kevin Angelo Aguilar Piña consideró pertinente la modificación a la Carta Magna para disminuir la edad mínima para ocupar el cargo de diputado federal y el de secretario de Estado para que la juventud tenga más oportunidad de ser escuchada.

El diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro de Movimiento Ciudadano afirmó que la juventud importa porque representa la innovación y defensa de las causas. “Hoy se están poniendo los guantes para organizarse y señalar lo que está mal para exigir soluciones. Hoy está en tendencia que participen, pero no se trata sólo de contar con una población de nuevas generaciones, sino de que tengan convicciones”.

Finalmente, la diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia del PRD dijo estar a favor de la reforma porque tiene el objetivo de ayudar a hacer efectivo el goce de un derecho de las juventudes.

“Es tiempo de saldar una deuda histórica, demostrar que la juventud no es sinónimo de incapacidad o de inexperiencia, sino de rebeldía, de cambio, de capacidad de sumar y proponer. Tienen la capacidad para asumir y afrontar con responsabilidad los cargos públicos de representación”, remató.

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, informó que la reunión que se tenía prevista para ayer, donde se discutiría el dictamen a la iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia electoral, se pospuso para hoy.

El morenista explicó que la decisión se debió a que los grupos parlamentarios solicitaron más tiempo para revisar los alcances del documento y construir consensos al interior.

Sin embargo, rechazó que haya resistencia de las bancadas por lo que pueda pasar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y adelantó que si hoy se vota se buscará que se lleve inmediatamente al Pleno.

“Yo no diría que hay resistencia al interior de las bancadas, lo que puedo decir es que en varios grupos parlamentarios necesitan explicar de una manera detallada el alcance de la propuesta de reforma porque se agregaron al texto principal, que proponía establecer criterios jurídicos para que el Tribunal dictara y determinara el perfil de los actos parlamentarios, aquellos que no se consideran de materia electoral, cuestiones que tiene que ver con acciones afirmativas y paridad de género”, indicó el legislador.

Subrayó que no se merma para nadie la posibilidad de impugnar cualquier afectación en materia político-electoral en la Cámara de Diputados o fuera de ella, en los partidos políticos o en cualquier agencia. “Son recursos y la manera de defenderse y plantearla ante los tribunales, eso queda inamovible”, aclaró.

El diputado destacó que en el dictamen se mandata a los partidos políticos a que establezcan sus propias reglas para asegurar el respeto al principio de paridad de género y a las acciones afirmativas en favor de los grupos vulnerables.

Además, enfatizó, se resalta de manera explícita la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de acciones afirmativas y cumplimiento del principio de paridad de género.

“No se le está quitando a nadie nada, sucede que la materia por la cual un asunto como este pueda ir al TEPJF es exclusivamente lo que tiene que ver con asuntos con derechos políticos-electorales, pero no es nada tiene que hacer el Tribunal en paridad de género o en acciones afirmativas o en los otros extensísimo y variados ámbitos de la vida social, por ejemplo, las escuelas, las oficinas de trabajo, las fábricas y tantos otros lugares donde el tema de la paridad de género y la necesidad de impulsar acciones afirmativas debe corresponder a la ley”, aclaró.

El diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, celebró que se haya dado más tiempo para revisar el dictamen, algo que calificó como un “nuevo triunfo de la ciudadanía”.

Se refirió a la propuesta como una “regresiva iniciativa, que fortalece a las dirigencias partidistas y debilita a la militancia”.

El coordinador parlamentario indicó que la iniciativa debilita a las ciudadanas y ciudadanos sin partidos que tienen una legítima aspiración a que los partidos se democraticen, a que la ley se haga valer, y a que las contiendas sean equitativas, que exista un árbitro electoral fuerte, vigilante y que garantice la imparcialidad y la certeza en los procesos electorales.

A diferencia del resto de los partidos que apoyan la iniciativa, Movimiento Ciudadano ha acusado que los dos principales bloques: Morena y Va por México, quieren un Tribunal a modo.

Y es que mucho se ha señalado que la reforma busca limitar las facultades del Tribunal Electoral. Busca modificar los Artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, al indicar que el TEPJF se ha excedido en sus responsabilidades, invadiendo las competencias del poder Legislativo.

En Broojula, Javier Martín, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, conversa con Ana Paula Ordorica sobre esta iniciativa, y sus efectos de cara a la elección presidencial de 2024.

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados propuso reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de que en periodos vacacionales y en fines de semana largos, el peaje que cubran los automóviles compactos de uso particular sea del 50% de las tarifas vigentes en periodo regular.

La propuesta de la diputada María Josefina Gamboa Torales, indicó, busca fomentar el turismo interno. Por ello, se señal que de acuerdo con el plan de implementación que haga la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes​ (SICT) en coordinación con la Secretaría de Turismo, se podrían establecer los puntos turísticos a fomentar durante los periodos vacacionales.

Será la SICT quien tendría bajo su responsabilidad aplicar los mecanismos para ejecutar dicha política, ya sea estipulando una libre circulación para todo aquel vehículo que entre en las clasificaciones que haga, o generando guías de paso.

En la exposición de motivos, la propuesta del PAN precia que el turismo no sólo genera estabilidad económica para las familias que tienen su fuente de ingreso en él, sino que también es un medio para sanar la salud mental de todos aquellos que se vieron afectados por la pandemia de COVID-19 y los meses de estrés, miedo y zozobra.

Refiere que, en el primer fin de semana largo del 2022, la Secretaría de Turismo proyectó una derrama económica de 35 mil millones de pesos, cifra que se superó con lo estimado para el primer fin de semana largo de 2023, donde se espera una derrama económica de 47 mil 219 millones de pesos por consumo de servicios turísticos.

“Si esto continúa y se incentiva, muy pronto podremos recuperar los números que venía teniendo nuestro país antes de la pandemia”, señala.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Comunicaciones y Transportes, para dictamen, y de Turismo, para opinión.

Una iniciativa que busca la anulación de las elecciones en las que se confirme la intervención de la delincuencia organizada es impulsada por la bancada del PRI en la Cámara de Diputados.

Mediante un comunicado, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, señaló que actualmente “el narcotráfico es el mayor enemigo de la democracia en México”.

“Se asesina a candidatos, se les amedrenta, se realizan atentados contra ellos e incluso se financian campañas electorales, desde hace varios sexenios”, apuntó.

El priista aseguró que muchos municipios del país “están pagando piso” y que el narcotráfico se adueña de las participaciones, “tiene información privilegiada y sabe cuándo llegan los recursos a los ayuntamientos y se apersonan”.

Y es que según organizaciones, los más recientes procesos electorales en México han sido impactados por la presencia del crimen organizado.

Moreira acusó que “no son pocos los territorios en donde la obra pública ya es concesionada a bandas delincuenciales, sobre todo del centro y occidente del país”.

Reprochó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no haya tomado cartas en el asunto y que no se pronuncie con firmeza sobre el tema.

“Las autoridades electorales hacen cientos de foros, estudios y publicaciones sobre diversos temas, pero nunca para abordar el del narcotráfico”, señaló.

Además dijo que “esta terrible situación, que tiene una monumental importancia, no está siendo reconocida, y lo que no se reconoce no se puede cambiar”.

Moreira recordó que, de acuerdo con la consultora DataInt, en el proceso electoral de 2020-2021 fueron asesinados 32 aspirantes, precandidatos y candidatos, titulares o suplentes. Además, de que en las pasadas elecciones se registraron 782 hechos delictivos contra políticos y aspirantes.

Por ello, pidió a los legisladores discutir y votar pronto su propuesta, ya que, consideró, “hoy, el narcotráfico amenaza las elecciones”.

La propuesta se conoce cuando este fin de semana iniciaron en Coahuila las campañas a gobernador, mientras que el primer minuto de este lunes comenzaron en el Estado de México. Ambas entidades renovarán la gubernatura el próximo 4 junio.

A las urnas están llamados casi 15 millones de votantes, 2.3 millones en Coahuila y 12.5 millones en el Estado de México.

Tal como se preveía, y en un acto inédito, la Cámara de Diputados declaró electos a los nuevos cuatro consejeras y consejeros que integrarán el Consejo General del INE por medio de insaculación.

Los nuevos consejeros, que incluye a la quien reemplazará a Lorenzo Córdova, asumirán su nuevo encargo el próximo 4 de abril, por un periodo de 9 años, es decir, finalizarán sus funciones el 3 de abril de 2032.

El acuerdo relativo al procedimiento de insaculación para la elección de consejeras y consejeros electorales se aprobó con 460 votos a favor, 24 en contra y cero abstenciones.

De la cuarta quinteta, siendo esta la que corresponde a la consejera presidenta, se insaculó a Guadalupe Taddei Zavala.

A pesar de la experiencia que demostró durante el proceso de selección a cargo del Comité Técnico Evaluador(CTE), Taddei Zavala fue una de los seis perfiles que Maite Azuela, integrante del Comité, cuestionó dada la cercanía con Morena.

Es prima del delegado de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal en Sonora, Jorge Luis Taddei Bringas. Además es tía de Pablo Daniel Taddei, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció como el director de Litio por México (LitioMX).

De la primera quinteta, como nuevo consejero electoral, se insaculó a Jorge Montaño Ventura, quien es señalado por su cercanía con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En esta quinteta estaba Netzaí Sandoval, hermando de la Exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

De la segunda quinteta se insaculó a Rita Bell López Vences, quien asumirá el próximo martes como nueva consejera electoral.  Destaca en su trayectoria el haberse desempeñado como consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

Finalmente, de la tercera quinteta, se insaculó a Arturo Castillo Loza, completando así las cuatro posiciones que se renovarían en el Consejo General del INE. Tras su insaculación, algunos legisladores de la oposición celebraron su elección. Recordemos que Castillo Loza promovió la campaña #ElINEnoSeToca.

Así, analistas hablan de que Morena logró obtener dos consejeros afines a su movimiento.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, hizo la declaratoria de la consejera, consejeros y consejera presidenta, y precisó que: las consejeras y los consejeros electos mediante insaculación rendirán protesta ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión que se convoque para tal efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sin embargo, fue ayer cuando el Consejo General del INE sesionó, por lo que Lorenzo Córdova advirtió que aunque convocará a nueva sesión, no estarán presentes por lo que los nuevos consejeros se tomarán protesta a sí solos.

Entre las reacciones llamó la atención la del coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien consideró que “se ha manchado un proceso que era de las grandes responsabilidades que teníamos cuando llegamos a esta Cámara. No estamos de acuerdo con la insaculación porque es renunciar a la política”.

En tanto, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, afirmó que la elección mediante insaculación es un proceso constitucional que desde la oposición respetaban. “Va por México no manchará el proceso ni va a desacreditar a los insaculados”.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, dijo que las consejeras y consejeros insaculados tendrán toda la legalidad, legitimidad y respaldo  para conducir los procesos electorales, particularmente los presidenciales de 2024.

Finalmente, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, dijo que corresponderá a los electos “hacer lo propio y ganarse la confianza de las y los mexicanos”.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados insistió en que la elección de las y los consejeros electorales se deberá hacer por insaculación, ya que es un método ampliamente democrático, aunque se dijeron abiertos a impulsar un acuerdo siempre y cuando no sea motivo “de cuotas y cuates”.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada, dijo que junto a las fracciones del PT y el PVEM, no avalarán “un reparto de cuotas y cuates; mil veces mejor la insaculación que un procedimiento que vulnere la dignidad de los legisladores y del Pleno al llegar a un acuerdo de cuotas, eso sí no”.

Adelantó que hoy se reunirá nuevamente la Jucopo para dialogar y buscar la posibilidad de llegar a un acuerdo o, en su caso, “el acuerdo puede ser la insaculación”.

Reiteró que están abiertos a escuchar a los grupos parlamentarios acerca de darle cumplimiento a lo que establece la Carta Magna e impulsar un consenso, pero que no signifique cuotas.

“Cuotas no. Que se pueda impulsar un acuerdo con base en todos aquellos que logren por sus méritos, habilidades, cualidades, experiencia, que emanó de las evaluaciones de las cuatro etapas del Consejo Técnico, sí; pero presionarnos para cuotas, eso si no”, reiteró.

Agregó que a la reunión de hoy se invitará al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, “para que cumpla con su chamba y no sé dejé llevar solo por la filia”.

Lo anterior ya que “el día domingo, aun cuando no se había publicado, ya estaba descalificando el procedimiento, el proceso y el trabajo del comité. Nuevamente, con todo respeto, el presidente de la Mesa Directiva se deja llevar por sus ansias de precandidatos y desconoce totalmente la responsabilidad que tiene.

El coordinador parlamentario insistió en que, si se opta por la insaculación, ésta debe ser en el Poder Legislativo y no en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recordemos que el Comité Técnico Evaluador entregó las quintetas el pasado domingo, con los 20 nombres de quienes podrían ocupar una de las cuatro posiciones que se renovarán del Consejo General del INE, incluida la presidencia.

Los cuatro consejeros tendrían que ser votados a más tardar mañana jueves 30 de marzo o, de lo contrario, serán elegidos por insaculación el viernes 31.

Y es que recordemos que entre los 20 nombres que integran las quintetas, aparecen nombres nombres como el de Bertha Alcalde, la hermana de la secretaria de trabajo; Netzaí Sandoval, hermano de la ex Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; Guadalupe Álvarez Rascón, hija de un senador de Morena, y Zircey Bautista Arreola, esposa del subsecretario de SEDATU.

También están Guadalupe Taddei Zavala, tía del director de LitioMx y prima del Secretario de Bienestar de Sonora; Víctor Humberto Mejía y Jorge Montaño, ambos tabasqueños, cercanos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y Bernardo Valle, cercano a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Por esa razón, la oposición ha anunciado su voto en contra de las quintetas, pues acusan la cercanía de los perfiles, principalmente en la quinteta para elegir a la nueva consejera presidenta del INE, a Morena y al gobierno federal.

Ayer domingo, durante la Sesión del Comité Técnico de Evaluación, y luego de un acuerdo interno de sus integrantes, Enrique Galván Ochoa entregó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputado, los sobres con los nombres de las cuatro quintetas para la designación de las y los Consejeros y la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las quintetas se conforman de la siguiente manera:

  1. Diego Forcada Gallardo, Luis Alberto Hernández Morales, Jorge Montaño Ventura, Bernardo Valle Monroy y Netzaí Sandoval Ballesteros, quien destaca por ser hermano de la extitular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
  2. Arturo Castillo Loza, Armando Hernández Cruz, Víctor Humberto Mejía Naranjo, César Ernesto Ramos Mega y Luigui Villegas Alarcón.
  3. Nayma Enríquez Estrada, Claudia Arlett Espino, Jessica Jazibe Hernández García, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck y Rita Bell López Vences.

Sin embargo, la quinteta que llamó la atención es la llamada “dorada”, de donde saldrá la próxima consejera presidenta del INE, en sustitución de Lorenzo Córdova. Todas las integrantes de este quinteta guardan relación con Morena y con el gobierno federal.

La quinteta está conformada por: Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador morenista José Álvarez Lima; Rebeca Barrera Amador, exconsejera presidenta del Instituto Electoral en Baja California Sur, cerca al gobernador morenista, Víctor Manuel Castro; Guadalupe Taddei Zavala, hija del superdelegado del Bienestar en Sonora, Jorge Taddei, y Lulisca Zircey Bautista Arreola, esposa del subsecretario de la Sedatu, Daniel Fajardo.

Las quintetas fueron aprobadas por mayoría en el Comité Técnico de Evaluación. En el caso de la quinteta ‘dorada’, una de las integrantes del Comité, Maite Azuela, emitió un voto particular en contra de cuatro de las cinco mujeres que la integran, pues refirió, son perfiles cercanos al gobierno y Morena, lo que subrayó, afectaría la imparcialidad y autonomía de quien ocupe el cargo.

En el voto particular, Azuela, señaló el “conflicto de interés” de Alcalde Luján, Álvarez Rascón, Taddei Zavala y Bautista Arreola. Consideró que sus perfiles “no son idóneos, en razón de que no cumplen con los estándares de autonomía e independencia que requiere el cargo”.

Además, la integrante del Comité también mencionó los casos de Netzaí Sandoval y Víctor Humberto Mejía, quienes integran otras quintetas, y a quienes también señaló de ser cercanos a la 4T.

Y aunque no fueron señalados en el voto particular de Maite Azuela, otras voces señalan otros dos perfiles que integran las quintetas por sus cercanías con Morena: Jorge Montaño, por su relación con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández,  a Bernardo Valle, a quien identifican con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Ahora serán los diputados, a través de la Jucopo, quienes tendrá que buscar alcanzar un acuerdos para integrar una propuesta que incluya a quienes ocuparán los cuatro espacios en el Consejo General del INE, la cual se deberá someter a votación en el Pleno a más tardar el jueves.

Se requiere que dicha propuesta tenga el respaldo de la mayoría calificada, es decir, de las dos terceras partes de los legisladores. De no lograrse el acuerdo, se procederá a la insaculación, que no es más que una tómbola para elegir, entre los integrantes de las quintetas, a los elegidos, quienes también tendrían que ser respaldados por los diputados.

De no avanzar, se recurriría a la Suprema Corte, quien aplicaría de igual forma un método de de insaculación, para elegir a los nuevos cuatro consejeros, incluido el de presidente, los cuales tendría que remitir al INE.

Pero, ¿Qué hay detrás de todo el proceso de elección de los nuevos consejeros del INE? Ana Paula conversa con Miguel Ángel Lara Otaola, doctor en integridad electoral, sobre las irregularidades que se han presentado en el proceso y los riesgos que tiene la elección en medio de la desconfianza que ha prevalecido y los perfiles cercanos a la 4T que llegaron a la etapa final.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la iniciativa en materia de aviación civil que se presentó ante el legislativo se podría estar dictaminando la próxima semana, con cambios a su planteamiento original.

Y es que recordemos que la iniciativa que reforma la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca incorporar acciones correspondientes para recuperar la categoría 1 por parte de la Administración Federal de Aviación, que se perdió en mayo del 2021.

Además, plantea que el Estado cuente con una aerolínea, lo cual ha sido abordado por el presidente en sus conferencias matutinas, y que estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa, así como adicionar el artículo 17 Ter en materia de cabotaje.

Recordemos que el cabotaje permitiría a empresas extranjeras operar vuelos en rutas nacionales, algo que actualmente la ley solo da esta posibilidad a las aerolíneas mexicanas. AMLO ha dicho que el cabotaje serviría para disminuir los precios de los boletos de avión, algo que la industria descarta.

Ignacio Mier explicó que ante los señalamientos que se han hecho a algunos puntos de la iniciativa, específicamente a lo relacionado al cabotaje, se analiza la posibilidad de dictaminar por separado algunos de los elementos de la iniciativa.

Admitió que hay inquietudes respecto a la adición del artículo 17 Ter, por lo que se busca ampliar su revisión a fin de tener un dictamen que no esté sujeto a controversias.

“Para no confrontarnos y tener mayores elementos, el Grupo Parlamentario y la coalición solicitó al secretario de Gobernación que se tenga un periodo de pausa para realizar un proceso de reflexión profunda y de mayor acercamiento a la iniciativa de aviación”, comentó.

Sin embargo, reiteró la necesidad de que México regrese a la categoría 1, por lo que adelantó que, de llegar al acuerdo en la materia, y la nueva aerolínea que operaría el gobierno federal, “podríamos estar dictaminando la próxima semana, porque ya las tres comisiones que tienen conocimiento, hablé con sus presidentes, podrían dictaminar la próxima semana”.

Al respecto, el vicepresidente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para las Américas, Peter Cerdá, estimó que México podría recuperar la categoría 1 por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) en el último trimestre de 2023.