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La bancada de Morena en la Cámara de Diputados insistió en que la elección de las y los consejeros electorales se deberá hacer por insaculación, ya que es un método ampliamente democrático, aunque se dijeron abiertos a impulsar un acuerdo siempre y cuando no sea motivo “de cuotas y cuates”.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada, dijo que junto a las fracciones del PT y el PVEM, no avalarán “un reparto de cuotas y cuates; mil veces mejor la insaculación que un procedimiento que vulnere la dignidad de los legisladores y del Pleno al llegar a un acuerdo de cuotas, eso sí no”.

Adelantó que hoy se reunirá nuevamente la Jucopo para dialogar y buscar la posibilidad de llegar a un acuerdo o, en su caso, “el acuerdo puede ser la insaculación”.

Reiteró que están abiertos a escuchar a los grupos parlamentarios acerca de darle cumplimiento a lo que establece la Carta Magna e impulsar un consenso, pero que no signifique cuotas.

“Cuotas no. Que se pueda impulsar un acuerdo con base en todos aquellos que logren por sus méritos, habilidades, cualidades, experiencia, que emanó de las evaluaciones de las cuatro etapas del Consejo Técnico, sí; pero presionarnos para cuotas, eso si no”, reiteró.

Agregó que a la reunión de hoy se invitará al presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, “para que cumpla con su chamba y no sé dejé llevar solo por la filia”.

Lo anterior ya que “el día domingo, aun cuando no se había publicado, ya estaba descalificando el procedimiento, el proceso y el trabajo del comité. Nuevamente, con todo respeto, el presidente de la Mesa Directiva se deja llevar por sus ansias de precandidatos y desconoce totalmente la responsabilidad que tiene.

El coordinador parlamentario insistió en que, si se opta por la insaculación, ésta debe ser en el Poder Legislativo y no en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recordemos que el Comité Técnico Evaluador entregó las quintetas el pasado domingo, con los 20 nombres de quienes podrían ocupar una de las cuatro posiciones que se renovarán del Consejo General del INE, incluida la presidencia.

Los cuatro consejeros tendrían que ser votados a más tardar mañana jueves 30 de marzo o, de lo contrario, serán elegidos por insaculación el viernes 31.

Y es que recordemos que entre los 20 nombres que integran las quintetas, aparecen nombres nombres como el de Bertha Alcalde, la hermana de la secretaria de trabajo; Netzaí Sandoval, hermano de la ex Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; Guadalupe Álvarez Rascón, hija de un senador de Morena, y Zircey Bautista Arreola, esposa del subsecretario de SEDATU.

También están Guadalupe Taddei Zavala, tía del director de LitioMx y prima del Secretario de Bienestar de Sonora; Víctor Humberto Mejía y Jorge Montaño, ambos tabasqueños, cercanos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y Bernardo Valle, cercano a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Por esa razón, la oposición ha anunciado su voto en contra de las quintetas, pues acusan la cercanía de los perfiles, principalmente en la quinteta para elegir a la nueva consejera presidenta del INE, a Morena y al gobierno federal.

Ayer domingo, durante la Sesión del Comité Técnico de Evaluación, y luego de un acuerdo interno de sus integrantes, Enrique Galván Ochoa entregó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputado, los sobres con los nombres de las cuatro quintetas para la designación de las y los Consejeros y la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las quintetas se conforman de la siguiente manera:

  1. Diego Forcada Gallardo, Luis Alberto Hernández Morales, Jorge Montaño Ventura, Bernardo Valle Monroy y Netzaí Sandoval Ballesteros, quien destaca por ser hermano de la extitular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
  2. Arturo Castillo Loza, Armando Hernández Cruz, Víctor Humberto Mejía Naranjo, César Ernesto Ramos Mega y Luigui Villegas Alarcón.
  3. Nayma Enríquez Estrada, Claudia Arlett Espino, Jessica Jazibe Hernández García, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck y Rita Bell López Vences.

Sin embargo, la quinteta que llamó la atención es la llamada “dorada”, de donde saldrá la próxima consejera presidenta del INE, en sustitución de Lorenzo Córdova. Todas las integrantes de este quinteta guardan relación con Morena y con el gobierno federal.

La quinteta está conformada por: Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador morenista José Álvarez Lima; Rebeca Barrera Amador, exconsejera presidenta del Instituto Electoral en Baja California Sur, cerca al gobernador morenista, Víctor Manuel Castro; Guadalupe Taddei Zavala, hija del superdelegado del Bienestar en Sonora, Jorge Taddei, y Lulisca Zircey Bautista Arreola, esposa del subsecretario de la Sedatu, Daniel Fajardo.

Las quintetas fueron aprobadas por mayoría en el Comité Técnico de Evaluación. En el caso de la quinteta ‘dorada’, una de las integrantes del Comité, Maite Azuela, emitió un voto particular en contra de cuatro de las cinco mujeres que la integran, pues refirió, son perfiles cercanos al gobierno y Morena, lo que subrayó, afectaría la imparcialidad y autonomía de quien ocupe el cargo.

En el voto particular, Azuela, señaló el “conflicto de interés” de Alcalde Luján, Álvarez Rascón, Taddei Zavala y Bautista Arreola. Consideró que sus perfiles “no son idóneos, en razón de que no cumplen con los estándares de autonomía e independencia que requiere el cargo”.

Además, la integrante del Comité también mencionó los casos de Netzaí Sandoval y Víctor Humberto Mejía, quienes integran otras quintetas, y a quienes también señaló de ser cercanos a la 4T.

Y aunque no fueron señalados en el voto particular de Maite Azuela, otras voces señalan otros dos perfiles que integran las quintetas por sus cercanías con Morena: Jorge Montaño, por su relación con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández,  a Bernardo Valle, a quien identifican con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Ahora serán los diputados, a través de la Jucopo, quienes tendrá que buscar alcanzar un acuerdos para integrar una propuesta que incluya a quienes ocuparán los cuatro espacios en el Consejo General del INE, la cual se deberá someter a votación en el Pleno a más tardar el jueves.

Se requiere que dicha propuesta tenga el respaldo de la mayoría calificada, es decir, de las dos terceras partes de los legisladores. De no lograrse el acuerdo, se procederá a la insaculación, que no es más que una tómbola para elegir, entre los integrantes de las quintetas, a los elegidos, quienes también tendrían que ser respaldados por los diputados.

De no avanzar, se recurriría a la Suprema Corte, quien aplicaría de igual forma un método de de insaculación, para elegir a los nuevos cuatro consejeros, incluido el de presidente, los cuales tendría que remitir al INE.

Pero, ¿Qué hay detrás de todo el proceso de elección de los nuevos consejeros del INE? Ana Paula conversa con Miguel Ángel Lara Otaola, doctor en integridad electoral, sobre las irregularidades que se han presentado en el proceso y los riesgos que tiene la elección en medio de la desconfianza que ha prevalecido y los perfiles cercanos a la 4T que llegaron a la etapa final.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la iniciativa en materia de aviación civil que se presentó ante el legislativo se podría estar dictaminando la próxima semana, con cambios a su planteamiento original.

Y es que recordemos que la iniciativa que reforma la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca incorporar acciones correspondientes para recuperar la categoría 1 por parte de la Administración Federal de Aviación, que se perdió en mayo del 2021.

Además, plantea que el Estado cuente con una aerolínea, lo cual ha sido abordado por el presidente en sus conferencias matutinas, y que estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa, así como adicionar el artículo 17 Ter en materia de cabotaje.

Recordemos que el cabotaje permitiría a empresas extranjeras operar vuelos en rutas nacionales, algo que actualmente la ley solo da esta posibilidad a las aerolíneas mexicanas. AMLO ha dicho que el cabotaje serviría para disminuir los precios de los boletos de avión, algo que la industria descarta.

Ignacio Mier explicó que ante los señalamientos que se han hecho a algunos puntos de la iniciativa, específicamente a lo relacionado al cabotaje, se analiza la posibilidad de dictaminar por separado algunos de los elementos de la iniciativa.

Admitió que hay inquietudes respecto a la adición del artículo 17 Ter, por lo que se busca ampliar su revisión a fin de tener un dictamen que no esté sujeto a controversias.

“Para no confrontarnos y tener mayores elementos, el Grupo Parlamentario y la coalición solicitó al secretario de Gobernación que se tenga un periodo de pausa para realizar un proceso de reflexión profunda y de mayor acercamiento a la iniciativa de aviación”, comentó.

Sin embargo, reiteró la necesidad de que México regrese a la categoría 1, por lo que adelantó que, de llegar al acuerdo en la materia, y la nueva aerolínea que operaría el gobierno federal, “podríamos estar dictaminando la próxima semana, porque ya las tres comisiones que tienen conocimiento, hablé con sus presidentes, podrían dictaminar la próxima semana”.

Al respecto, el vicepresidente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para las Américas, Peter Cerdá, estimó que México podría recuperar la categoría 1 por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) en el último trimestre de 2023.

El gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, activó este jueves un polémico procedimiento para adoptar su impopular reforma de pensiones, evitando así el voto de los diputados, en medio de una sesión caótica en la Asamblea Nacional.

“No podemos hacer apuestas sobre el futuro de nuestras pensiones”, dijo la primera ministra, Élisabeth Borne, al activar en la cámara baja el artículo 49.3 de la Constitución.

Rápidamente, varios diputados anunciaron la presentación de una moción de censura contra el gobierno, la única forma ahora de impedir la aplicación de la reforma.

El presidente Macron activó el polémico procedimiento para adoptar su impopular reforma de las pensiones sin el voto de los diputados, luego de que fracasara en su intento de asegurarse la mayoría necesaria.

La activación de esa herramienta legal, podría recrudecer la tensión con los sindicatos, que este jueves habían llamado a impedir esta reforma y que ya organizaron protestas masivas durante los últimos meses.

Apenas el pasado 7 de marzo, salieron a las calles cerca de 3.5 millones de personas, en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas.

Recordemos que Macron quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42 como hasta ahora, para cobrar una pensión completa. Dos de cada tres franceses se oponen, según los sondeos.

Más allá del proyecto, el mandatario de 45 años, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar la segunda economía de la Unión Europea (UE), se juega poder aplicar su programa durante su segundo mandato y amenazó con disolver la Asamblea en caso de revés.

A juicio del diario liberal L’Opinion, recurrir al artículo 49.3 “reforzaría la imagen de ‘brutalidad’ de su poder y alimentaría la crisis social”.

Los principales líderes sindicales se reunirán de nuevo tras el trámite parlamentario para analizar los próximos pasos.

En caso de adopción de la reforma, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría su promulgación y daría tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió y turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que deroga el párrafo tercero del artículo 33 de la Constitución Política, el cual prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en los asuntos políticos del país y permite al Ejecutivo expulsarlos.

Los cambios que propone al artículo 33 señalan que son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional (mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización) y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce la Constitución Política, “por lo que queda garantizado su derecho a la libre manifestación de las ideas”.

Esta es una propuesta que ha había adelantado esta semana el presidente en sus conferencias matutinas y que había puesto sobre la mesa meses atrás.

En la propuesta, se establece que el Congreso, previa audiencia y agotado el procedimiento administrativo que señale la ley, “podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras siempre y cuando se acredite que su estancia en el país constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional”.

El presidente de la República plantea derogar el párrafo tercero del artículo 33 de la Carta Magna, que a la letra dice: “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

El documento precisa que la redacción del artículo 33 constitucional, en el que se prevén los derechos reconocidos a las personas extranjeras, así como el procedimiento de ley en caso de expulsión, requiere de una actualización en congruencia con el marco constitucional, en el que la defensa y protección de los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas sea la regla, y en el que las excepciones que justifiquen su limitación deben estar perfectamente definidas, fundadas y motivadas.

Justifica que la modificación coincide con lo establecido en el artículo 1º constitucional, que expresamente dispone que en el país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Carta Magna establece.

Menciona que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes, “reconoce la obligación de los Estados de proteger los derechos y deberes de todas las personas, independientemente de su situación migratoria”, en atención a los principios que norman la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En ese sentido, el coordinador del Grupo Parlamentario de MC, Jorge Álvarez Máynez, dijo que la iniciativa del Presidente coincide con la que previamente presentó su bancada en la materia, en diciembre de 2022.

“La presentamos antes nosotros. Entonces, ojalá se dictaminen en conjunto y salgan en conjunto”, dijo.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, el diputado indicó que “es un anacronismo constitucional, un anacronismo jurídico; y nosotros creemos en los derechos humanos, y lo mismo que pedimos para las personas migrantes de México a Estados Unidos y de otros lugares, que se les respeten sus derechos humanos, es lo que debemos de garantizar”.

Sin embargo, el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, consideró que es una imprudencia del Presidente anunciar una iniciativa de reforma al artículo 33 constitucional.

“No me gusta mucho, y menos en el marco de lo que sucedió con estadounidenses en Matamoros (Tamaulipas); siempre ha sido una facultad de que las cuestiones políticas de nuestro país sean de los mexicanos, si no al rato tendremos dentro de nuestro país opiniones distintas. Más bien deberíamos garantizar la seguridad de extranjeros y nacionales”, dijo el perredista.

A pregunta expresa sobre si el anuncio del titular del Ejecutivo Federal resulta una imprudencia, Espinosa Cházaro respondió: “me parece que sí”. “La vamos a revisar (la eventual iniciativa), no la conocemos a detalle, pero de inicio me parece que no era el momento para presentar algo de esta naturaleza”, remató.

Luego de concluir la primera etapa de la convocatoria del proceso para elegir a los nuevos consejeros o consejeras del INE, los 531 aspirantes que avanzaron a la segunda etapa presentaron el examen de conocimientos.

El examen se aplicó en las instalaciones de la Cámara de Diputados, y de acuerdo al Comité Técnico Evaluador (CTE), de las 531 personas aspirantes que avanzaron a la segunda etapa del proceso, sólo 508 asistieron y realizaron la evaluación. 23 interesados no se presentaron a la prueba.

El Comité enfatizó que el examen cubrió las 4 áreas contempladas en la convocatoria: constitucional, gubernamental, electoral y derechos humanos y contó con 80 reactivos de opción múltiple.

También se indicó que el examen se aplicó utilizando una plataforma de educación virtual.

Uno de los aspirantes a consejero electoral, Javier Aparicio, compartió a través de sus redes sociales detalles del examen y los temas que abordó.

El CTE precisó que los resultados de la evaluación estarán disponibles para su consulta hoy a través del micrositio que se habilitó.

Ahora, el comité sesionará el próximo viernes para dar a conocer la lista de las personas aspirantes que pasan a la siguiente etapa.

Recordemos que serán cuatro las posiciones dentro del Consejo General del INE los que se renovarán, incluido el del consejero presidente.

El proceso de selección llega pues el próximo 3 de abril finaliza el periodo del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova; y de los consejeros Adriana Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que como presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, está a favor de que una mujer presida el Instituto Nacional Electoral (INE),aunque dijo, se debe hacer sin violentar los derechos de los demás.

“Es mi convicción y la de nuestro movimiento darles a las mujeres la mayor oportunidad y garantizar la igualdad sustantiva, sin embargo, lo que nos preocupa es el camino jurídico y lo que está haciendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”, sostuvo el morenista.

Y es que recordemos que la Jucopo se declaró imposibilitada para cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respecto a que una mujer ocupe la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los diputados argumentaron que el proceso de inscripción ya se concluyó, por lo que acatar la sentencia del Tribunal Electoral violarían los derechos de quienes se registraron para la quinteta de Presidente del INE.

En ese sentido, Mier Velasco subrayó que incluso al inicio la propuesta iba a ser que fueran cuatro mujeres las que se integraran al Consejo General del INE, pero el Tribunal insistió en que quedara especificado que sólo dos nuevos consejeros serían mujeres.

Mier Velazco advirtió que la sentencia del TEPJF donde se pide que el próximo presidente del INE sea mujer, provocaría que se presenten juicios de protección de los derechos políticos de los demás aspirantes y lo más grave, “que se rompa la certeza jurídica del proceso de selección”.

“El problema es la certeza jurídica y desde la Cámara debemos saber cómo poder garantizar este proceso que ya inició. Principio (el de certeza) que debe velar el Tribunal y que ya nos echó a nosotros el tema que tienen que resolver ellos”, apuntó.

En este contexto, aseguró que el TEPJF invocó el principio de alternancia y en la Constitución no está establecido, “está el principio de paridad y de igualdad sustantiva, pero el de alternancia no está contemplado”.

“Lo que vamos a hacer de manera cuidadosa, en estricto apego a la ley y sin renunciar al derecho y a la convicción de que las mujeres cada vez tengan más posiciones por merecimiento y su capacidad, es dar una respuesta satisfactoria”, indicó.

Reiteró que lo que no quieren es romper la certeza del proceso de selección para que mañana le “lluevan juicios al TRIFE” y en “20 días se va para atrás todo”.

“Por último, espero que haya una presidenta del INE a partir de un proceso de selección que se privilegie la certeza jurídica para que a su vez haya una presidencia fuerte y consistente”, aseguró.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados estaría declarándose imposibilitada para cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respecto a que una mujer ocupe la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los diputados argumentan que el proceso de inscripción ya se concluyó, por lo que acatar la sentencia del Tribunal Electoral violarían los derechos de quienes se registraron para la quinteta de Presidente del INE.

Señalaron que fue hasta este lunes 27 de febrero cuando la Mesa Directiva fue formalmente notificada sobre dicha resolución, cuatro días después de que venció el plazo de inscripción.

El morenista indicó que la segunda razón para declararse imposibilitados es que el propio Tribunal ordenó a la Jucopo, no intervenir en la vida interna del Comité Técnico.

“Estamos imposibilitados por el propio Tribunal, y por convicción, a no intervenir de ninguna manera en la organización en la vida interna del Comité Técnico”, añadió.

Mier Velasco adelantó que se hará del conocimiento del Pleno y a la Mesa Directiva sobre la decisión,  para que una vez notificados se turne nuevamente a la Jucopo y de manera oficial se proceda a emitir la resolución el próximo jueves.

Al respecto, el diputado Leonel Godoy Rangel, afirmó que la segunda resolución del Tribunal Electoral refleja una falta de seriedad en ese organismo.

“Yo creo que la calificación para eso sería falta de seriedad en la toma de decisiones del TEPJF, actuando a mansalva. Ahora ellos mismos se enredaron”, dijo el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en conferencia de prensa.

Recordemos que la Jucopo informó que se recibieron más de 1000 registros para ocupar uno de los cargos en el INE, de los cuales 664 aspirantes reunieron los requisitos establecidos en la convocatoria.

Diputados del PRI presentaron una iniciativa para tipificar y sancionar el cambio de domicilio en forma dolosa, con el fin de votar en otro lugar, lo que es mejor conocido como “turismo electoral”.

La propuesta que busca reformar el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, plantea imponer sanciones de 60 a 200 días de multa y de tres a siete años de prisión para quien notifique al Instituto Nacional Electoral (INE) su cambio de domicilio y proporcione documentación o información falsa con la intención de votar en una elección que no le corresponde.

Los priístas señalaron que el “turismo electoral” constituye una práctica nociva para la democracia porque altera de forma premeditada el padrón electoral, comprometiendo el desarrollo de los comicios y, sobre todo, poniendo en entredicho los resultados.

Refirió que en 2018 el entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) señaló que el ilícito con mayor incidencia fue el cambio de domicilio en forma dolosa, con el fin de votar en otro lugar, el cual representaba el 60% de los asuntos de investigación.

Cabe destacar que actualmente el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales prevé sanciones de multa y prisión para quienes promuevan esta práctica, pero no así para los ciudadanos que realizan la acción.

La iniciativa llega en medio del proceso electoral en el Estado de México y Coahuila, luego de que terminaron las precampañas y se está próximo a iniciar el periodo de campañas, .

Por ello, los legisladores del tricolor informaron que han solicitado al INE información sobre los movimientos electorales de las listas nominales, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, así como de los primeros meses de este año y hasta el corte que se da para la lista definitiva de la votación electoral.

La diputada Ana Lilia Herrera, quien antes de que la coalición Va por México definiera a Alejandra del Moral como su abandera aspiraba a quedarse con la candidatura,  comentó que en política los verdaderos enemigos no están en otro partido, sino en la triple A: el atraso, el autoritarismo y la apatía.

“Debemos defender con uñas y dientes lo que son nuestras libertades y queremos que las y los mexiquenses elijan en libertad y en secrecía como mandata la ley”, expresó la recién nombrada delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el Estado de México.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Ignacio Mier,  informó que por el bien y estabilidad de la Cámara de Diputados, se acordó junto a la Mesa Directiva, que encabeza Santiago Creel, privilegiar el diálogo, garantizar la unidad, el respeto a la pluralidad y una actuación apegada a ordenamientos que rigen la función legislativa.

Este acuerdo pone fin al pleito que surgió entre el bloque oficialista y el opositor Santiago Creel, por la actuación en la ceremonia de apertura de las sesiones, por la presencia de miembros del Ejército armados.

“Tenemos que garantizar que se preserve la unidad de la Cámara de Diputados respetando las diferencias, los puntos de vista que cada grupo parlamentario tiene, o en lo individual diputadas y diputados, sin limitar el derecho que ninguno de los grupos y las diputadas y los diputados tienen, pero velando por que prevalezca la unidad en la diferencia en la Cámara de Diputados”, afirmaron ambos órganos.

En conferencia de prensa, el morenista sostuvo que después de escuchar lo expuesto por el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, se llegó a un acuerdo entre los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios en San Lázaro.

“Hicimos una revisión cronológica de lo sucedido en el marco de lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General y lo que corresponde a las sesiones del Congreso General, las atribuciones de la Mesa Directiva y la coordinación que debe de existir con las fuerzas armadas a través de la Secretaría de la Defensa Nacional”, añadió Mier Velasco.

El acuerdo, expuso el legislador de Morena, contempla la coordinación que debe existir entre la Mesa Directiva y la Jucopo. Además, dijo que se antepondrá la supremacía de la práctica parlamentaria, sin alejarse del marco jurídico que regula la vida interna y organización de la Cámara de Diputados.

“Se va a privilegiar la política como un instrumento para dirimir posibles desencuentros que se presentan en la práctica cotidiana, en la tarea legislativa y de construcción de consensos”, sostuvo.

Ignacio Mier informó que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), desistieron de su solicitud de iniciar un procedimiento de destitución contra el presidente de la Mesa Directiva, como se había solicitado un día después del desencuentro.

“Confirmamos que por el bien de la Cámara y por el bien de la estabilidad, vamos a fortalecer los trabajos en conferencia tanto de la Mesa Directiva como de la Junta de Coordinación Política y los mecanismos de coordinación y de comunicación que hemos tenido”, remató Ignacio Mier.

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, indicó que se atenderá, el próximo martes o miércoles, la solicitud expresa de la bancada del PT para remover al diputado Santiago Creel Miranda (PAN) como presidente de la Mesa Directiva.

“Lo va a retomar la Jucopo, porque se tiene que atender la solicitud que hacen dos grupos parlamentarios, que son parte de nuestra coalición, y lo vamos a llevar a la sesión de la Jucopo para el día martes por la tarde o miércoles muy temprano”, dijo el morenista en conferencia de prensa.

Y es que en la sesión de este jueves, diputados del PT, desde su curul, solicitaron la remoción de Creel Miranda como presidente de la Mesa Directiva, por su actuación durante la sesión de Congreso General, del 1 de febrero.

El diputado Leonel Godoy Rangel de Morena también anunció que su bancada hacía suya la solicitud de remoción, aunque más tarde se informó que se analizaría si se presentaría o no una solicitud en el mismo sentido.

Mier Velasco afirmó que la manera de conducir la sesión de Congreso General, por parte del diputado Santiago Creel, “no fue cosa menor”.

“En la Cámara de Diputados, (Creel Miranda) agravió. No notificó sobre el protocolo ni cómo lo iba a realizar, abusó de la práctica parlamentaria para unas cosas, pero fue omiso en otras. No fue institucional. Agravió los símbolos que nos dan identidad y unidad nacional: la bandera, el escudo y el himno. Rompió la institucionalidad, porque él representa la unidad de la Cámara de Diputados, que es la expresión de la representación popular, pero no conforme con eso, hizo un carrusel de medios y llamó ‘palero’ al Partido Verde”, dijo el legislador.

Al respecto, el vocero del PAN, Marcos Aguilar Vega, aseguró que Santiago Creel ha hecho y hará valer la ley en todo momento para salvaguardar la seguridad y los reglamentos del recinto Legislativo.

En defensa del diputado federal, Marcos Aguilar estimó que Morena es quién desprecia la ley militarizando todo, incluso abogando para que personal de la Secretaría de la Defensa entrara armado al salón de Pleno de San Lázaro, siendo que está expresamente prohibido esto por la ley.

Marco Aguilar señaló que Morena lo único que intenta es hacer show y pasarse la ley por alto.

“Esto no es más que un ataque político contra quien el Presidente López Obrador y Morena ven como un adversario que representa una amenaza a su sistema autoritario y al México sin ley que impera actualmente y que quieren perpetuar los morenistas”, sostuvo el panista.

Diputados del PAN, PRI y PRD presentaron conjuntamente, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una nueva acción de inconstitucionalidad en contra las reformas secundarias en materia electoral, impulsadas por el Presidente y aprobadas por Morena y aliados a finales del año pasado.

“Las y los legisladores que integran las bancadas del PRI, PAN y PRD consideran que el ‘Plan B’ de la reforma electoral viola el federalismo y la libertad hacendaria, al impedir que estados y municipios decidan sobre su presupuesto en la materia”, indicaron los coordinadores parlamentarios.

Señalaron que la demanda de acción de inconstitucionalidad busca la declaración de invalidez del decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidad Administrativa, “por el atropello a principios y disposiciones constitucionales”.

Advirtieron que las reformas faltan a la equidad en los procesos electorales, toda vez que permite a servidores públicos pronunciarse en favor de determinado candidato, y atentan contra la transparencia en la rendición de cuentas, ya que ahora los servidores públicos podrán presentar en el momento que decidan sus informes, incluido durante un proceso electoral.

Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada del PAN, destacó que se presentó la acción de inconstitucionalidad porque en los partidos de la coalición ‘Va por México’ se está a favor de la defensa a las instituciones democráticas que tantos años costó construir, además de que están “en contra del autoritarismo del presidente y funcionarios de su partido que con sus intervenciones ilegales realizan actos simulados de comunicación”.

Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que en el ‘Plan B’ electoral se exhiben violaciones al proceso legislativo y no se respetan los principios democráticos que deben regir el debate parlamentario.

Recordó que, durante el proceso legislativo para su aprobación, se impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido y alcance.

También refirió que es inconstitucional que se eliminen las restricciones a la difusión de propaganda por parte de los servidores públicos y al ejercicio del gasto público y difusión de contenidos gubernamentales.

Finalmente, Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD, hizo un llamado respetuoso a la SCJN para que dé trámite a la mayor brevedad a estas acciones de inconstitucionalidad, toda vez que sería indispensable contar con el fallo antes de que inicie el proceso electoral 2024.

El diputado federal de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, presentó una iniciativa para reformar la ley reglamentaria del artículo 5º de la Constitución, relativos al ejercicio de las profesiones en el Ciudad de México, a fin de castigar el plagio académico.

En un comunicado, el diputado refirió que es necesario legislar en esa materia, pues existe un vacío legal que da lugar a incertidumbre e inseguridad jurídica en torno a este tema que ha cobrado especial relevancia en los últimos días, a raíz del caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Sin embargo, también recordó casos como los de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Vicente Fox Quezada, que con su Plan de Gobierno, al que sólo le hizo adecuaciones de tipo “académico”, lo presentó como su tesis profesional.

El legislador indicó que se plantea que en el artículo 74 “se entenderá por plagio la apropiación indebida que se realice de ideas, manifestaciones, escritos u obras ajenas con el fin de presentarlas como propias.”

Por otro lado, se propone que el artículo 75 establezca que tratándose de plagio en los trabajos de investigación que se realicen con motivo de obtener el título profesional y la cédula de ejercicio con efectos de patente que señalan los artículos primero y tercero respectivamente de la presente ley, será causal de anulación del registro del título profesional y revocación de la cédula de ejercicio con efectos de patente que se le hayan otorgado a la persona que actualice la hipótesis normativa enunciada en el presente artículo.

Tal como se ha hecho desde el gobierno federal, Robles Gómez salió en defensa de la ministra de la Suprema Corte; sostuvo que en su iniciativa cobra especial relevancia hacer valer el derecho de audiencia del acusado de plagio, cosa que con la ministra Esquivel Mossa no ha sucedido y ha sido víctima de un linchamiento mediático con claros tintes misóginos y machistas.

El morenista precisa en su iniciativa que, con el fin de dar certeza y seguridad jurídica, las facultades de la Dirección General de Profesiones y de las autoridades universitarias que emitieron el título profesional para llevar a cabo la anulación del registro del título profesional y revocación la cédula de ejercicio con efectos de patente, prescriben en un periodo de cinco años contados a partir de la obtención de la cédula profesional con efectos de patente.

Esto ayudaría que en casos como el de la ministra Yasmín Esquivel, esta adecuación a la ley resulte inaplicable, pues el tiempo en que presentó su tesis y cuando se destapó el plagio en que incurrió, son mayores a los cinco años que se proponen.

La bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados, planteó formar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con el fin de que el Buró de Crédito borre la información negativa de una persona, a más tardar en dos años y no en seis, como lo establece la ley vigente.

“El objetivo es que el historial crediticio de quienes tienen un informe negativo por pagos atrasados pase de 72 a 24 meses y ello, les permita obtener un nuevo financiamiento que ayude a tener finanzas personales sanas”, señala la propuesta hecha por el Partido Verde.

A nombre de la bancada, la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos, resaltó que la medida legal apoyará a quienes durante estos años complejos de la pandemia pasaron por dificultades económicas, por falta de empleo u otros motivos y vieron mermada su capacidad de pago.

“Es una iniciativa que busca democratizar el acceso al financiamiento de las familias mexicanas, a partir de que las personas no estén boletinadas durante un largo periodo como acreedores, sobre todo, cuando son deudas menores por servicios básicos” puntualizó la legisladora.

Admitió que, si bien las sociedades de información crediticia no autorizan o niegan créditos, sí influyen determinantemente en las decisiones que toman las instituciones que los otorgan, debido a que el historial crediticio es reflejo fiel de los pagos puntuales y los atrasados, y una forma confiable de avalar que se es cumplido en sus adeudos.

Precisó que además de bancos y empresas, que recurren al Buró de Crédito para tomar la decisión de dar o negar financiamiento a los ciudadanos;  la información también es solicitada en algunas dependencias de la función pública como uno de los requisitos para ingresar y es útil, porque permite identificar riesgos y reducir las posibilidades de contar con acreditados incumplidos, y así manejar finanzas sanas.

Foto: Twitter @BurodeCreditoMX

La Segunda Comisión de la Permanente: Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública aprobó con 11 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención, el dictamen que ratifica la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el nombramiento del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador de México en Canadá.

El ahora embajador aseguró que su trabajo se enfocará en fortalecer el esquema de diálogo en temas como movilidad de personas, derechos humanos y el impulso de la cooperación trilateral, así como promover el diálogo sobre política de drogas y el grupo de trabajo respecto a la violencia hacia mujeres indígenas.

Además, dijo que se centrará en adoptar posiciones que abonen en rubros como cambio climático, derechos humanos e igualdad de género; todo ello con el fin de fomentar el intercambio comercial y la inversión.

La presidenta de la Segunda Comisión de la Permanente, la senadora Beatriz Paredes, destacó la importancia de la presencia de una embajada de México en Canadá, que sea vigorosa, activa y eficiente. “Esperamos que ese desempeño sea acorde con el perfil de quien hoy analizamos”, dijo.

La legisladora apuntó la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se celebrará en México la próxima semana, donde junto a Estados Unidos se dialogará y establecerán mecanismos de cooperación en áreas como seguridad, comercio, la relación económica y el medio ambiente, con el propósito de crear una economía de la región de América del Norte más “integrada, sostenible y competitiva”.

Recordó que México es el tercer socio comercial en importancia para Canadá, solo detrás de Estados Unidos y China, y precisó que Canadá es una de las fuentes más importantes para el sector turístico de nuestro país, así como uno de los principales orígenes en la atracción de inversión extranjera directa.

Durante la comparecencia con el ahora embajador, diputadas del PAN y PRI señalaron que el representante de México en Canadá requiere de experiencia sobre temas de relaciones internacionales y ser liderado por profesionales en materia de política exterior, cuestionado así a Carlos Joaquín González sobre su experiencia en la materia.

Los legisladores del PAN y PRD votaron en contra del dictamen, mientras que del PRI los votos se efectuaron divididos.

Sin embargo, la posición más crítica se tuvo por parte de la diputada del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, quien refirió que el gobierno de Joaquín González en Quintana Roo ha sido el principal deudor de empresas canadienses por trabajos de promoción turística, lo que aseguró, da a entender que la representación de México estará manchada por intereses particulares en las que está involucrado.

“Amén de carecer de las credenciales y requisitos para cumplir dicha misión, defraudó la confianza de la ciudadanía y de la coalición opositora que lo postuló hace seis años para gobernar el estado de Quintana Roo”, expresó la vicecoordinadora de la bancada perredista.

Pérez Valdez acusó que el exmandatario debió tener, igual que otros de sus pares que recién dejaron los cargos, acuerdos con el gobierno federal para mantenerse en la vida política del país, aunque con ello hayan “traicionado a quienes les otorgaron su confianza”.

“Carlos Joaquín viene emanado de un gobierno de coalición que le otorgó la confianza para ser gobernante del estado de Quintana Roo, y esa confianza, hoy más que nunca, se ve total y absolutamente defraudada; pero también, se ve que hubo ahí, por llamarlo de alguna forma, algún tipo de ‘acuerdo’, como hemos visto con otros exgobernadores al concluir su mandato. Eso habla del tipo de persona y de la calidad de embajador que tendrá nuestro país, de manera desafortunada, en Canadá”, expuso.

Finalmente, la legisladora sostuvo que el nombramiento de Carlos Manuel Joaquín González representa la deslealtad a la alianza que lo llevó al poder, y sobre todo, al pueblo de Quintana Roo.

El nombramiento del exgobernador debe ser aprobado por el Pleno de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se llevará a cabo este jueves, aunque al requerirse mayoría simple, se espera que se lleve a cabo sin problema alguno.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados acordó suspender todo el proceso para la selección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) debido a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que revocó el acuerdo sobre dicha materia.

Ignacio Mier Velazco, presidente de la Jucopo, indicó que aunque la sentencia del TEPJF está dirigida al Pleno de la Cámara de Diputados, y no a la Jucopo, será el Pleno el encargado de resolver sobre el tema en el siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo 1 de febrero.

“Le estamos dando seguimiento básicamente a la sentencia que le impuso el TEPJF al Pleno de la Cámara de Diputados, por ello será el Pleno quién lo determina una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones, en tanto quedan suspendidas todas las etapas consideradas tanto en la convocatoria, como el proceso de integración del Comité Técnico de Evaluación”, indicó.

Mier Velazco explicó que normalmente el proceso de renovación de las vacantes de consejeros electorales, una vez que se concluye su periodo, se llevan de 42 a 46 días y si se toma en cuenta que la Cámara baja sesionará a partir de febrero, tendrá aún 58 días para poder atender el requerimiento.

Sin embargo, tal como lo ha señalado en diferentes ocasiones, el diputado de Morena sostuvo que el actuar del TEPJF constituye una violación sistemática a la Constitución Política y una intromisión al Poder Legislativo y responde a que se privilegian los intereses que van, incluso, más allá de los partidos políticos, sobre los interesados en que se tenga una democracia en México, por lo que buscarán emprender acciones jurídicas.

“El TEPJF hizo acciones que constituyen una violación sistemática a la Constitución y una violación e intromisión al Poder Legislativo, por eso también vamos a iniciar el camino jurídico que nos permita que se le ponga un límite al Tribunal”, indicó.

Expuso que se instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos presentar una ruta que puede ser desde el amparo indirecto a la controversia y en el caso de encontrar otro tipo de delitos de orden penal como el prevaricato, se podría también recurrir a la Judicatura Federal para sanciones de carácter administrativo o, en su caso, juicio político.

Y es que recordemos que el pasado 23 de diciembre, el TEPJF revocó el acuerdo de la Cámara de Diputados relativo al proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación y la Convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del INE.

Entre las razones que el Tribunal dio para revocar el acuerdo, mencionó que éste establecía una intervención inconstitucional de la JUCOPO, pues indicaba que el Comité Técnico de Evaluación debía presentarle dos informes sobre el cumplimiento de requisitos de los aspirantes y aquellos que considerara mejor calificados. Sin embargo, conforme el artículo 41 constitucional el Comité no está obligado a ello, sino únicamente a informarle las personas mejor evaluadas por cada consejería a elegir.

También señaló que en el acuerdo se debe distinguir entre el cargo de consejero o consejera presidente y el cargo de consejero electoral, por lo que adelantó que el Comité debe presentar una lista específica con una quinteta para el cargo de consejero presidente y tres quintetas para las consejerías.

Adicional dijo que en el acuerdo se deberá determinar de manera puntual y específica los mecanismos de paridad que serán implementados para la conformación de las quintetas, a fin de garantizar una integración paritaria del Consejo General del INE.