Jorge Suárez-Vélez

El Financiero

La principal amenaza para México está en casa. Esta crisis externa podría haber llegado con México creciendo a tasas de 5.0 por ciento o más, con un peso fuerte, con finanzas públicas sanas, tasas de interés bajas, y un país que estuviera cosechando la inversión proveniente de reformas estructurales que fueron históricamente relevantes. Pero no fue así.

Tenemos un gobierno debilitado por mano propia. La corrupción a todos los niveles e impunidad flagrante le quitan toda credibilidad. El manejo de las finanzas públicas ha sido el peor en una generación. Esta administración comenzó con un gobierno que tenía deuda pública de alrededor de 30 por ciento del PIB y lo dejará cerca de 50 por ciento; y con deuda pública de sólo 10 por ciento en dólares, proporción que se ha triplicado.

La inversión pública como proporción del PIB está en su nivel más bajo en casi 70 años, pero el gasto público ha aumentado. Después de la peor reforma fiscal de que tenga recuerdo, las transferencias a estados y municipios estrangulan las cuentas federales, y sólo se ha logrado recaudar más, pero no mejor, ni con intención alguna de ganar competitividad para atraer inversión o de ensanchar la base de recaudación. La promesa de austeridad y disciplina en el gasto ha sido una burla. Se gasta menos en salud o en capacitación a maestros, pero La Presidencia de la República casi duplicó su gasto el año pasado.

La caída de 18 por ciento en el índice de confianza del consumidor en enero no tiene precedente. Hubo una tormenta perfecta de gasolinazo-Trump-devaluación. Considerando que la inversión privada caerá (tanto local como extranjera) y que el gasto público ‘en teoría’ también lo hará, el crecimiento sólo podrá provenir de exportaciones (probable, pero insuficiente) y de consumo, el componente más grande de nuestra economía, equivalente a dos tercios del PIB. El año pasado crecimos gracias a que éste aumentó más de 3.0 por ciento; pero, si este año no se recupera, estaremos en recesión.

Ahora el gobierno enfrenta decisiones complejas. ¿Seguirá o no el ajuste al precio de la gasolina? Si sigue, su popularidad continuará en picada, lo cual les hace la vida difícil en las elecciones del Estado de México este año y presenta un escenario complejo al acercarse la sucesión presidencial. Si no sigue, pondrán aún más presión en las vapuleadas finanzas públicas y forzarán a Banco de México a ser más agresivo en el aumento en tasas de interés. Eso impactará directamente al consumo (y crecimiento) e incluso al crédito, que ciertamente estará menos disponible en las condiciones actuales.

Deben de darse topes contra la pared por una decisión que fue el epítome de la irresponsabilidad, cuando cambiaron las fórmulas para ajustar el precio el año pasado, porque había elecciones. Las perdieron, y ahora se ven forzados a hacer el ajuste en el peor momento posible.

Creo que optarán, equivocadamente, por postergar el ajuste. En mi opinión, eso forzará a las calificadoras a dar el paso de reducir la nota crediticia de México. Después de décadas de mejorar nuestra reputación y credibilidad internacional, sería dolorosísimo ver ese retroceso.

¿Qué queda? Queda mostrar que sí aspiramos a ser un país serio. Dejemos de hacer tan fácil el ataque de quienes nos hacen ver como el país de instituciones frágiles, plagado de corrupción y profundamente desigual, terreno fértil para malos ‘hombres’ y organizaciones criminales.

A todos los políticos y presidentes de partidos políticos que de repente están indignados por lo que les pasa a nuestros migrantes, como si no llevara décadas pasándoles lo mismo, les recuerdo que nada pueden hacer al norte del río Bravo, pero que sí podrían empezar por poner la casa en orden.

Quizá la delicada situación logre galvanizar a los diferentes jugadores cuya interacción requerimos para finalmente entrarle al tema de corrupción. Uno de los elementos que más credibilidad nos daría sería, además de fortalecer el incipiente Sistema Nacional Anticorrupción, adoptar una legislación paralela al Foreign Corrupt Practices Act estadounidense en México. Podríamos empezar por hacer que las empresas mexicanas que compiten en licitaciones públicas tengan que cumplir con los mismos estándares legales que sus pares estadounidenses, imposibilitadas para dar ‘mordidas’, so pena de cárcel y multas del doble del beneficio esperado a quien las ofrezca, pero además vetándolas de por vida de cualquier licitación posterior.

¿Podríamos dar jurisdicción a Cortes estadounidenses en casos donde se compita con empresas internacionales sujetas al FCPA en Estados Unidos?

En un país donde la ‘mordida’ es el modus operandi, y hasta los sindicatos extorsionan exigiéndola, ganaríamos mucho al incrementar dramáticamente el costo de corromper, incluso corriendo el riesgo de demandas internacionales.

Ojalá el equipo de Peña entienda que si no meten a la cárcel a gobernadores corruptos, incrementan exponencialmente la probabilidad de ser ellos quienes acaben tras las rejas el próximo sexenio. Vean lo que está pasando en Brasil y pongan sus barbas a remojar.