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La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este viernes al Congreso que adelante las elecciones generales a diciembre de 2023, para salir del “atolladero” que sufre el país desde hace siete semanas tras la destitución del presidente Pedro Castillo.

“Pusimos a consideración de los ministros este proyecto de ley para adelantar a diciembre de 2023” los comicios en “fecha y hora que el Congreso diga”, afirmó Boluarte en un acto de gobierno en el aeropuerto militar de Lima.

“Si (los partidos) Fuerza Popular y Alianza para el Progreso están pidiendo lo que ellos ya habían presentado (un adelanto de elecciones a 2023), que se retome en ese sentido esa propuesta que no tiene ningún condicionamiento y nos va a sacar del atolladero en el que estamos”, agregó la mandataria.

La propuesta comenzará a ser debatida este mismo viernes en el Congreso.

El legislativo ya había aprobado en primera votación el adelanto de los comicios a abril de 2024, pero “las protestas continúan, hay más bloqueos y violencia”, reconoció Boluarte.

Y es que desde hace siete semanas, Perú es escenario de manifestaciones que piden la dimisión de Boluarte, quien asumió en su calidad de vicepresidenta tras la destitución y detención del mandatario Pedro Castillo el 7 de diciembre por haber intentado disolver el Parlamento.

Las protestas y bloqueos de ruta en reclamo de la renuncia de Boluarte, adelanto de comicios y convocatoria de asamblea constitucional no dan tregua y generan escasez de combustible, alimentos e insumos médicos.

Tan pronto el Congreso fije el adelanto de los comicios “inmediatamente nosotros, desde el Ejecutivo, estaremos convocando a esas elecciones”, dijo Boluarte.

“Nadie tiene ningún interés de aferrarse al poder, nadie tiene ese interés. Y yo, Dina Boluarte, no tengo ningún interés en quedarme en la Presidencia. Si estoy aquí es porque asumí mi responsabilidad constitucional y estaremos acá hasta que el Congreso (…) diga tal día las elecciones”, sostuvo.

Los ministerios de Defensa y del Interior anunciaron ayer que la Policía y las Fuerzas Armadas desbloquearán las carreteras del país tomadas por los manifestantes.

“La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia”, dijo un comunicado de ambos ministerios.

Mientras tanto en el centro histórico de Lima, continúan convocándose manifestaciones pacíficas en plazas mientras grupos de encapuchados, armados con piedras y explosivos, enfrentan a la policía antimotines que responden con bombas lacrimógenas y perdigones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que existan riesgos para la organización de las elecciones en 2024, tras la aprobación del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que su gobierno impulsó, tal como acusa el Instituto Nacional Electoral (INE).

El mandatario respondió a las acusaciones de los consejeros del INE, que ayer anunciaron que impugnarán la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque “dinamitará” la democracia.

“Están usando esto de bandera para hacer politiquería porque no hay ningún problema”, contestó enfáticamente López Obrador.

El mandatario defendió su proyecto de reforma, con el que el asegura podrán ahorrar 3,500 millones de pesos, además de eliminar las prestaciones para trabajadores del INE, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y facultades para sancionar a partidos y funcionarios que violen leyes electorales.

El presidente había presentado una reforma constitucional que fracasó en diciembre por no alcanzar los votos necesarios para modificar la Constitución. Fue entonces que envió una reforma legal que solo requería mayoría simple, por lo que logró ser aprobada en la Cámara de Diputados.

Ahora, el ‘Plan B’ del gobierno federal está pendiente de aprobarse por completo en el Senado. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ha indicado que este será un tema prioritario en el arranque del nuevo periodo de sesiones.

“Se presentó una ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público, también eso les molesta”, defendió López Obrador.

Y es que los consejeros del INE han alertado de riesgos para las elecciones de 2024 porque la reforma contempla reducir su plantilla laboral en un 85 %, se eliminarían 300 juntas distritales y se afectaría la operación de módulos de atención que reciben a 120,000 ciudadanos al día.

Ante estas denuncias, el mandatario acusó al INE de permitir el relleno de urnas, la falsificación de actas, el hurto de paquetes electorales y la compra del voto.

“¿Cómo se va a poner en riesgo una elección, si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos? Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre”, manifestó.

Las críticas de López Obrador al INE han despertado preocupación en la oposición, quien ya anunció una nueva marcha para finales de febrero, donde se exigirá respetar y fortalecer a la autoridad electoral.

Pero el mandatario afirmó que sus detractores “están inflando el supuesto problema” y se dijo a favor de que sea el Poder Judicial quien resuelva la controversia.

“Que se vayan a engañar a otra parte, lo que quieren es seguir atacándonos”, remató López Obrador.

El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Luis Felipe Puente Espinosa, presidió el arranque formal de las Actividades del Mecanismo de Atención a las Expresiones Políticas, que participará en el próximo proceso electoral, que busca dar certeza jurídica y política a dicha jornada en que se elegirá al nuevo titular del Ejecutivo.

“La herramienta central para atender esta prioridad se basa en el despliegue de capacidades para la comunicación y conciliación con los actores políticos; de esta forma, se contribuye a la consolidación de la vida democrática”, dijo el funcionario, quien estuvo acompañado por los representantes de los partidos políticos con registro en la entidad.

Rodrigo Martínez-Celis, Secretario de Seguridad de la entidad, informó que la dependencia a su cargo implementará un despliegue operativo antes, durante y después del próximo 4 de junio, con un estado de fuerza de 4 mil 405 elementos efectivos, mil 658 unidades, 94 semovientes equinos, 74 binomios caninos y 5 ambulancias.

Asimismo, adelantó que se dispondrá del reforzamiento de seguridad durante el conteo de votos y publicación de resultados; acompañamiento durante el traslado de paquetes electorales; fortalecimiento y blindaje en las juntas distritales para la recepción de paquetes electorales; seguridad durante el recuento y validación de la elección; y resguardo durante la entrega de constancia al Gobernador electo.

El Vocal Ejecutivo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Joaquín Rubio Sánchez, señaló que estarán atentos en los diferentes distritos y módulos electorales ante cualquier movimiento atípico, esperando una cantidad importante de observadores electorales para el día de la elección y para los cómputos distritales en coordinación con el IEEM; al momento, se proyectan 20 mil 400 casillas electorales.

La entrada en marcha de este mecanismo llega luego de que la semana pasada, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral, ambos del Estado de México, así como partidos políticos locales y el gobierno de la entidad, firmaran el Acuerdo por la Integridad Electoral para el Proceso Electoral 2023.

Los firmantes se comprometieron a respetar las leyes; apegarse a los principios democráticos; contribuir a la celebración de procesos electorales auténticos, profesionales, imparciales y transparentes, así como a procesar las diferencias a través de los cauces institucionales y pacíficos; tutelar el voto como el principio bajo el cual se expresa la voluntad ciudadana; garantizar reglas equitativas y abstenerse de realizar actos que afecten las condiciones de libertad.

Durante el evento, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que para que las elecciones sigan siendo creíbles y cumplan con su función civilizatoria es indispensable que las autoridades gubernamentales, instituciones públicas y los medios de comunicación se comprometan a respetar las reglas y no enrarezcan el contexto de las contiendas electorales.

“Con este acuerdo buscamos que quienes están involucrados en las elecciones en el Estado de México: contendientes, autoridades e integrantes de los poderes locales, se comprometan públicamente a respetar las reglas del juego democrático y honren sus convicciones democráticas, además de que, quienes compitan por la gubernatura, lo hagan sin trampas, sin enrarecer la contienda con información falsa y respetando la voluntad de las y los votantes emitida en las urnas”, sostuvo Córdova Vianello.

El Magistrado Presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, sostuvo que el Tribunal Electoral resolverá oportunamente, con imparcialidad e independencia, las controversias que resulten del proceso electoral en el Estado de México, además de que protegerá en todo momento el voto libre de la ciudadanía.

Leticia Victoria Tavira, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, destacó que en el proceso electoral más de 12.5 millones de mexiquense serán convocados a asistir a las urnas para renovar la gubernatura.

Carlos Puente, coordinador de la bancada del Partido Verde (PVEM) en la Cámara de Diputados, afirmó que, a nivel Federal y legislativo, la alianza entre Morena, PT y PVEM es sólida y no existe ninguna división como mucho se ha comentado a raíz de que en Coahuila competirán separados en las elecciones de junio próximo.

El diputado aclaró que se decidió ir por separado pues cada partido lleva una oferta propia que pondrán a consideración de los coahuilenses.

Explicó que en Coahuila no se concretó una alianza con Morena, por lo que el postularán como candidato a Evaristo Lenin Pérez Rivera, en coalición con el partido local Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

“Sabemos y entendemos que, en política, como en todo en la vida, no es todo o nada, hay puntos de coincidencia y otros en los que no”, manifestó el líder parlamentario.

Asimismo, externó el respeto a sus aliados de Morena, y dijo que “mantienen un proyecto conjunto en común, una alianza legislativa (en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República); acompañamos el proyecto de gobierno del presidente López Obrador”.

Reconoció que en Coahuila hay algunos matices; no obstante, “no hay división, simplemente son opiniones; además, la historia te lo dice, en Coahuila cada vez que el PVEM ha competido solo y no coaligado, tiene un mucho mejor resultado”.

Puente Salas consideró que los buenos resultados del PVEM en Coahuila “tiran por la borda todas las descalificaciones que hacen para nuestro partido y los demás, quieren seguir viviendo del grande”.

Externó que las alianzas “cuestan, quitan votos, pero fortalecen un proyecto de gobierno”.

Adelantó que su virtual candidato logrará restar votos a la alianza de “Va por México”, en una zona importante de la entidad, que es la zona norte, más no al proyecto de la Cuarta Tranfromación.

En un encuentro con organizaciones de la sociedad civil, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ratificó la apertura del tricolor para impulsar la unidad de toda la oposición de cara al 2024 y promover la más amplia inclusión y debate en la definición del método para la elección del candidato presidencial. En la reunión, celebrada en la sede nacional del PRI, participaron Guadalupe Acosta Naranjo, del Frente Cívico Nacional; Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, de Sí por México; Marco Antonio Adame, de Unidos por México; Leopoldo Hernández, de UNE México; Ana Lucía Medina, de Sociedad Civil México, y Andrés Carral, de Poder Ciudadano.

Recordemos que estas organizaciones se agruparon en noviembre pasado bajo un frente amplio civil opositor bajo el nombre de UNID@S. Durante el diálogo, el líder nacional del PRI y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil destacaron la necesidad de hacer el más amplio llamado a la unidad ciudadana y partidista, a fin de consolidar los triunfos electorales de la alianza “Va por México” en 2023, en Coahuila y el Estado de México, así como en el 2024. Además, acordaron continuar con la permanente defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante los ataques del gobierno federal.  Alejandro Moreno y los representantes de las organizaciones acordaron llevar a cabo reuniones con los virtuales candidatos a las gubernaturas del Estado de México, Alejandra del Moral, y de Coahuila, Manolo Jiménez, con el propósito de proponerles que incluyan sus planteamientos en las plataformas que presentarán a la ciudadanía.

Además, en dichas reuniones se les planteará a los precandidatos la organización de la defensa del voto ante la batalla contra Morena.

Las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD confirmaron este jueves que se presentarán en coalición en las elecciones, las de este año en Estado de México y Coahuila, y en las de 2024, que incluye la sucesión presidencia.

La coalición dijo que la unidad pactada no será solo en material electoral, sino que se daría un relanzamiento a la coalición legislativa.

“Vamos a redignificar la investidura presidencial, hablándole con la verdad a la gente, evitando división y polarización, regresando la paz y la tranquilidad a las familias, combatiendo la violencia sin pactos con el crimen, aplicando y respetando el Estado de derecho”, declaró el dirigente nacional del PAN.

En un primer momento, Marko Cortés reveló que será el PAN será quien “encabece y defina” las candidaturas a la presidencia de la República y a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, esto al acordar con el PRI que sea él quien defina las candidaturas en el Estado de México y Coahuila.

Acción Nacional “será el responsable de determinar estas candidaturas, bajo sus reglas democráticas estatutarias y garantizando la posibilidad de que participen todos los interesados, con independencia de que tengan o no alguna filiación partidista”, con lo que abrió la puerta a que participe alguien independiente o de la sociedad civil en dicha contienda.

En tanto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, defendió el air en coalición, pues dijo, es un acto de congruencia de su partido, que desde sus orígenes ha estado abierto a procesos democráticos y unitarios.

“Aplicamos encuestas para medir e ir con quien tenga las mejores condiciones para ganar el Estado de México y Coahuila de la mano de la gente que no quiere la consolidación del proyecto autoritario que representa Morena. No importa de qué partido provengan las candidaturas de la alianza, lo importante es que sean, estoy seguro que lo son, los mejores perfiles para alzarnos con el triunfo con una plataforma democrática y progresista que atienda los problemas y necesidades de la gente”, sostuvo el líder perredista.

De cara al 2024, Zambrano dijo que en el PRD proponen conformar un Comité de expertas y de expertos para que diseñen un sistema innovador con el que se establezca cómo sería el proceso de selección, las reglas de participación, garantizando la transparencia, contar con un manifiesto de principios y postulados básicos, elaborados de manera conjunta con todas y todos los que conforman la coalición Va por México.

Finalmente, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que

El frente opositor no contempla a Movimiento Ciudadano (MC), partido que se promueve a sí mismo como una “tercera vía”, y que según algunos expertos, podría ser decisivo en los resultados electorales.

“Va por México” afronta retos como la popularidad del presidente López Obrador, que se mantiene por encima del 60% según diversas encuestas, y el hecho que ahora Morena tiene gobernadores en cerca de dos tercios de los estados.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró que la coalición ‘Va por México’ está más fuerte que nunca, confirmando que el PRI, el PAN y el PRD irán juntos en el 2023 en las elecciones a gobernador en Coahuila y Estado de México, donde afirmó, el tricolor encabezará las candidaturas de las dos entidades.

“El proyecto en Coahuila y Estado de México está más firme que nunca, más sólido. Se fortalece con los acuerdos aprobados en el Consejo Político y hoy en esta Comisión Política Permanente”, expresó el priísta después de que se aprobaron los acuerdos para la alianza en ambas entidades por parte de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional (CPN) del partido.

Recordemos que en el caso del Estado de México, el PRI ha confirmado a Alejandra del Moral como Coordinadora por la Defensa del Estado de México, es decir, quien buscará encabezar la candidatura de Va por México y que hoy se formalizó.

Del Moral, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Alfredo del Mazo hasta octubre del año pasado, disputaba la candidatura contra Enrique Vargas del Villar del PAN, y con Omar Ortega del PRD.

Ha trascendido que como parte de las negociaciones de la coalición, el PAN optó por ceder ambas candidaturas, a cambio de que sea él quien tenga prioridad en la definición del o la abanderada presidencial para 2024, así como a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Recordemos que en la Ciudad de México y a nivel nacional, el PAN y sus perfiles están mejor posicionados que sus aliados.

En ese sentido, esta mañana, Enrique Vargas del Villar, informó que tomó la decisión de no participar en el proceso de selección de candidatos a la gubernatura del Estado de México, con lo que dejaría el camino libre para que sea Del Moral la candidata de la oposición.

En el caso de Coahuila, todo indica que Manolo Jiménez será el candidato de Va por México en la elección de Coahuila, dejando en el camino a quienes alzaron la mano por parte del PAN (Guillermo Anaya) y del PRD (Mary Thelma Guajardo).

Alito Moreno también indicó que hoy México demanda certeza, algo que las dirigencias nacionales de los partidos de la coalición le darán a los mexicanos.

Sobre los ataques que recibió del gobierno federal, y ante el nuevo proceso electoral, Morena dijo que no lo van a intimidar “menos me van a doblar, y menos nos vamos a echar para atrás. Vamos de frente y les vamos a ganar en el 2023 y vamos a recuperar la Presidencia de la República en el 2024”.

Alejandro Moreno finalizó afirmando que 2023 será para el PRI, un año de victorias contundentes, que constituirán “el pilar, la fortaleza y la piedra angular” para triunfar en el 2024.

El Congreso de Perú rechazó este viernes un proyecto que pretendía adelantar las elecciones generales para diciembre de 2023, en medio de la grave crisis política y social que atraviesa el país  tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.

El proyecto de ley, presentado por el presidente de la Comisión de la Constitución, el fujimorista Hernando Guerra, recibió 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, por lo que no recibió el apoyo necesario de 87 votos que exige la ley.

La propuesta de elecciones anticipadas era apoyada por la presidenta Dina Boluarte, quien ante el descontento social que se registran en Perú, ofreció adelantar elecciones, pues una de las principales exigencias en las protestas que hay en diversos puntos del país, es la renuncia de la mandataria.

Al respecto, Boluarte hizo este viernes un llamado al diálogo a los manifestantes que, además de su renuncia, piden el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente.

La presidenta llamó al cese de la violencia tras la muerte de 18 personas en las protestas, 10 de ellas en las últimas 24 horas.

Indicó que convocó a los líderes de la iglesias católica, cristiana y evangélica para instalar una mesa de diálogo en cada una de las regiones donde se registran movilizaciones, para escuchar demandas de los dirigentes y “canalizarlas”.

“Este Gobierno de transición que presido entiende y sigue reconociendo las demandas de los peruanos y peruanas que han salido legítimamente a levantar su voz, la misma que seguimos respaldando, ratificando que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen claras instrucciones para salvaguardar la vida y los derechos humanos de los manifestantes”, sostuvo Boluarte.

Y es que ayer entró en vigor el estado de emergencia en todo Perú que, entre otros puntos, autoriza a las Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía en el control de las manifestaciones.

Los ministros peruanos de Educación, Patricia Correa, y de Cultura, Jair Pérez, presentaron su renuncia este viernes, apenas seis días después de asumirlos bajo la nueva presidencia de Boluarte, al considerar “desproporcionada” la respuesta que se ha dado a las manifestaciones.

Al ser cuestionado sobre la selección del senador Armando Guadiana como abanderado para defender los trabajos de Morena en Coahuila, que es la antesala para la candidatura a gobernador, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió la realización de encuestas para definir a quienes competirán en los procesos electorales.

“No me implicó en estos asuntos que tienen que ver con la decisión que está haciendo Morena, que es mi partido pero tengo licencia. Estoy ocupado en cumplir con mi responsabilidad como presidente de México”, dijo en un primer momento.

Sin embargo, dijo que está enterado de los procesos que se llevan a cabo para definir a los candidatos, pues conoce lo que establecen los estatus del partido.

“Yo cuando fui dirigente de Morena, procure que se estableciera en los estatutos la selección de candidatos mediante encuestas, porque tiene ventajas; si se hace bien la encuesta, la gente que es consultada expresa libremente lo que siente, su punto de vista”, defendió el mandatario.

Precisó que cuando se llevan a cabo elecciones de cualquier tipo, con métodos como las convenciones o el voto directo en casillas, se corren muchos riesgos de fraude, de compra de delegados o acarreo de gente. Dijo que esto es parte de la subcultura política de nuestro país, de la a herencia antidemocrática que viene de tiempo atrás.

AMLO afirmó que conoce a quienes se hacen cargo de levantar las encuestas de Morena, refiriéndose a ellos como gente “incorruptible y honesta”; ejercicio que además se acompañan de dos o tres encuestas espejo.

Recordó que Morena ha resuelto todas sus candidaturas a gubernaturas a través de las encuestas, y enfatizó, “no le ha ido mal a Morena, quiere decir que la gente no se equivoca o se equivoca menos que los dirigentes o los que se consideran grandes electores. Hay que tenerle confianza a los ciudadanos”.

Destacó se está contento por las expresiones que ha escuchado sobre los posibles candidatos de Morena a la presidencia de la República.

Dijo que hay mucha gente que dice que aunque está con Claudia (Sheinbaum), han señalado que si gana Marcelo (Ebrard) votarían por él, y viceversa. Mencionó ese caso con quienes apoyan a Adán (Augusto López).

“Lo más importante es el proyecto; y hay quienes dicen, y son los más avanzados, los verdaderos demócratas que están pensando en la transformación, en el pueblo, que dicen ‘yo voy a votar independientemente del candidato por la transformación’, porque lo otro sería votar por el retroceso”.

Le sirvió el tema para cuestionar quién va a votar por la corrupción, por quienes se sienten dueños de México, por quienes desprecian al pueblo, por el racismo, por el clasicismo y la discriminación, esto en referencia a sus adversarios.

“No es el tiempo de los de los conservadores corruptos, ya pasó, tuvieron muchos años, décadas. Arruinaron el país y empobrecieron al pueblo, y a la gente no quiere eso, no quiere más de lo mismo; quiere cambio, que continúe la transformación”, sostuvo el mandatario.

Negó que con la selección del senador Armando Guadiana vaya a haber una ruptura o fracaso de Morena en Coahuila. Dijo que eso es lo que quisieran sus adversarios.

Fue en ese punto donde dijo que aunque se presentara el caso de qué alguien se inconformara y anunciara su salida del partido, no pasaría nada.

“Para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa. No se puede ser rebelde sin causa; si no hay elementos o pruebas, sino solamente es porque ‘yo quería y yo soy muy importante y como no me tomaron en cuenta me voy'” estarían cometiendo un error.

Además, señaló que quienes podrían optar por ese camino, podrían ver que les “están tirando un lazo los del bloque conservador”. En ese sentido, les mandó un mensaje: “yo les diría a los que podrían tomar este camino, que son muy pocos, tengan cuidado, porque qué les pueden asegurar en el bloque conservador, si ahí hay anarquía política, no tienen ni programa ni dirigentes. No tienen lo principal: no tiene un pueblo”, remató.

Los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia expresaron este lunes su respaldo al expresidente de Perú Pedro Castillo, en momentos en que se registran importantes manifestaciones contra su destitución y arresto, así como la designación de Dina Boluarte en sustitución.

“El Presiente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio (…) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, indica el comunicado suscrito por los cuatro países y divulgado este lunes por respectivas cancillerías.

Recordemos que el exmandatario peruano, elegido en 2021, fue detenido la semana pasada por orden judicial y enfrenta cargos de rebelión y conspiración, luego de un fallido intento para disolver el legislativo.

“Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, añaden los gobiernos en el comunicado conjunto.

Castillo gobernó menos de un año y medio en un periodo marcado por una profunda crisis política. Al momento de su arresto se dirigía a la embajada de nuestro país donde pretendía solicitar asilo.

La madrugada de hoy, el Congreso, dominado por la derecha, aprobó una norma que permite acelerar un juicio penal en su contra al retirarle la inmunidad que el cargo le daba.

La vicepresidenta Dina Boluarte denunció a Castillo por intentar perpetrar un “golpe de Estado” y lo reemplazó en el poder. Ahora enfrenta multitudinarias protestas de gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas, sectores afines a Castillo que exigen su renuncia.

Y aunque Boluarte ha anunciado que se adelantarían las elecciones de 2026 a 2024, eso no ha tranquilizado a los seguidores de Castillo que se movilizan por todo el país, y cuyas protestas han dejan hasta el momento cuatro civiles muertos.

Por su parte Pedro Castillo utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje. Recordó que hace 16 meses fue elegido por el pueblo peruano para ejercer como presidente constitucional de la República.

“Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno: humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la confianza y lucha de ustedes”, añadió.

En su mensaje aseguró que es “incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional” que ostenta cómo presidente, por lo cual adelantó que no renunciará ni abandonará sus “funciones”.

Se refirió a Dina Boluarte como una “usurpadora”, a quien acusó de repetir “los mismos mocos y babas de la derecha golpista”. Llamó a la ciudadanía a no caer en el juego sucio que se propone, en referencia a nuevas elecciones.

“¡Basta de abusos! ¡Asamblea Constituyente ahora! ¡Libertad inmediata!”, remató Castillo.

Sobre la detención del exmandatario, a Defensoría del Pueblo de Perú anunció que las condiciones en las que se encuentra detenido Castillo, son “adecuadas” y que este recibe las visitas que permite.

Luego de una visita al penal del distrito limeño de Ate en el que el exmandatario permanece detenido, la institución dijo que “al término de la gestión se pudo verificar que el exmandatario, detenido por orden judicial de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, recibe un trato adecuado, conforme a lo regulado en el ordenamiento jurídico, no evidenciándose vulneración a sus derechos como una persona detenida, desde hace cinco días”.

La defensoría detalló que la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional ha acondicionado ambientes conformados por una habitación, un cuarto adyacente con una mesa y cuatro sillas, y un baño completo con dotación de agua potable permanente.

Además, las autoridades policiales le brindan alimentación tres veces por día, permitiendo que su familia directa le provea también alimentos, de forma complementaria. También señaló que Castillo ha recibido desde el miércoles 139 visitas de sus familiares, congresistas, dirigentes sociales, abogados y amigos.

El Congreso peruano aprobó en la madrugada de este lunes una resolución que autoriza levantar un fuero especial al expresidente Pedro Castillo que evitará que tenga que pasar por un antejuicio político, un proceso en el que se levanta la inmunidad de los funcionarios, lo que abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por el delito de rebelión.

La resolución, aprobada por 67 votos a favor y 45 en contra, propuso levantar la prerrogativa de antejuicio político a Castillo y dar lugar a una causa penal, en vista a que el destituido exmandatario tiene vigente una detención preventiva por siete días, que vence el próximo miércoles.

El Legislativo puso a debate el oficio del Ministerio Público en el que informaba sobre las diligencias preliminares contra Castillo, la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta.

La congresista Adriana Tudela, del partido derechista Avanza País, pidió al pleno autorizar a la mesa directiva para proponer un proyecto de ley que autorice el levantamiento del fuero a Castillo, dado que, en su opinión, “amenazó con la destrucción del Estado de derecho” al plantear un autogolpe de Estado.

Con esta resolución se elimina el antejuicio que es un procedimiento político-jurídico a través de cual se levanta la inmunidad a los altos funcionarios por la presunta comisión de delitos de función, con el fin de que sea la judicatura ordinaria la que establezca la responsabilidad penal de los funcionarios acusados.

La medida legislativa se aprobó en momentos que la defensa del exmandatario ha presentado varios recursos de amparo contra la detención de Castillo.

Los legisladores de Perú Libre, el partido marxista-leninista por el que Castillo llegó a la presidencia de la República el año pasado, y otros grupos políticos afines, han cuestionado la destitución y detención del expresidente, llegando a afirmar que Castillo es un perseguido político y que la actual mandataria, Dina Boluarte, debe renunciar al cargo por estos hechos.

Paralelamente, la madrugada de este lunes la presidenta Boularte anunció que propondrá al Congreso el adelanto de elecciones generales para el 2024, en vista a las protestas y movilizaciones sociales que se han agudizado en las últimas horas.

Las marchas ya han dejado un saldo de dos personas muertes y decenas de heridos. Las principales demandas son el cierre del Congreso y la convocatoria a un nuevo proceso electoral.

A todo esto, habría que sumarle que el gobierno de México confirmó la semana pasada que se encuentra trabajando con las autoridades peruanas la solicitud de asilo que recibió de Castillo.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con el periodista Diego Salazar, columnista en el Washington Post, sobre la destitución de Castillo y lo que sigue con el nuevo mandato a cargo de Dina Boluarte.

Human Right Watch (HRW) advirtió este martes que la propuesta de reforma constitucional presentada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia electoral, podría socavar “gravemente” la independencia de las autoridades electorales, poniendo en riesgo elecciones libres y justas.

Y es que señaló que la propuesta del presidente eliminaría muchas de las salvaguardas destinadas a preservar la independencia de las dos autoridades electorales a las que se le encarga la tarea de supervisar todas los comicios, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Se espera que el Congreso, específicamente la Cámara de Diputados, discuta y vote la reforma electoral esta misma semana, aunque si análisis se podría alargar a antes de que finalice el periodo ordinario, que es el próximo 15 de diciembre de 2022.

“Los cambios propuestos por el presidente López Obrador al sistema electoral harían que sea mucho más fácil para cualquier partido en el poder cooptar las instituciones electorales del país para permanecer en el poder”, dijo el investigador sobre México de HRW, Tyler Mattiace.

“Dada la larga historia de gobierno de partido único de México mantenido a través de elecciones cuestionables, es extremadamente problemático que los legisladores consideren una propuesta altamente regresiva que debilitaría la independencia de la autoridad electoral”, agregó Mattiace.

Según la propuesta del López Obrador, se eliminarían todos los institutos electorales estatales y los tribunales electorales estatales, autoridades independientes que administran la mayoría de las elecciones estatales y locales y que hacen cumplir las reglas de campaña además de resolver disputas electorales.

Sus responsabilidades serían transferidas al INE y al TEPJF, que se convertirían en los únicos árbitros de todas las elecciones en el país.

La propuesta también cambiaría la forma en que se nombran a los consejeros y magistrados del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Federal Electoral, eliminando salvaguardas destinadas a asegurar su independencia del gobierno.

Y aunque el presidente ha negado que se busque desaparecer al INE, éste se transformaría al Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), dándole mayores atribuciones y nuevas funciones.

La propuesta acortaría y unificaría los mandatos de los integrantes, de modo que todos los presidentes de ambas autoridades electorales fueran designados a la vez, en el mismo proceso, durante cada mandato presidencial de seis años. Actualmente, estos funcionarios cumplen mandatos escalonados de nueve años y son designados en procesos de selección separados por diferentes funcionarios en diferentes años.

“Reducir el número de autoridades responsables de administrar las elecciones y hacer posible nombrar a todos los funcionarios electorales a la vez facilitaría mucho que el gobierno influyera en el proceso de selección, lo que podría socavar la independencia de las autoridades electorales”, añadió Human Right Watch.

Para la ONG, el sistema electoral actual de nuestro país, que incluye “muchas salvaguardas para proteger la independencia de las autoridades electorales”, es el resultado de décadas de reformas que comenzaron con la creación del INE en 1990 y llevaron al fin del gobierno de partido único en el 2000.

Recordó que durante la gran parte del siglo XX, un partido político controlaba casi todas las instituciones públicas de México. El gobierno organizó elecciones periódicas, que en general no se consideraban libres ni justas, y casi siempre mantuvo el poder.

Alertó que la propuesta del presidente también eliminaría el mandato constitucional para que el Instituto Nacional Electoral, en lugar del gobierno, administre el registro electoral así como la lista oficial de votantes registrados.

“La posibilidad de que el registro electoral pueda ser transferido al control del gobierno podría contravenir la legislación mexicana y las normas internacionales de protección de datos personales. Estos estándares prohíben que las organizaciones que tienen información personal, como nombres, fotos y huellas dactilares, compartan esa información sin el permiso expreso de las personas cuyos datos podrían transferirse”, apunta.

Y aunque el propio presidente ya ha dicho que la reforma electoral no pasará, debido a que Morena y aliados no cuentan con los  votos suficientes para aprobarla, y la oposición ha rechazado cualquier apoyo a la propuesta, Morena y el gobierno federal ya preparan un ‘Plan B’ con el fin de reformar la Ley Electoral (reforma a las leyes secundarias), y así lograr algunas de las iniciativas planteadas en la reforma constitucional.

La capital cumple este lunes 25 años de libertad política, después de que en 1997 Cuauhtémoc Cárdenas venciese en las primeras elecciones a Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

El 5 de diciembre de 1997, Cárdenas tomó posesión como Jefe de Gobierno de la capital, un cargo hasta entonces designado directamente por el Presidente de la República durante más de 70 años.

El político, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, se presentó a los comicios como líder y fundador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), formado 8 años antes y que consiguió así su primer gran triunfo electoral.

Desde ese momento, la capital del país ha sido gobernada por partidos considerados de izquierda, cuatro veces por el PRD y una por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido al que pertenece la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Tras la reforma electoral de 1996, la posibilidad de que los habitantes del D.F. pudiesen elegir libremente a su mandatario supuso el fin de una anomalía democrática y culminó una transformación política alejada de la corrupción y con vocación social.

“Formalizó una evolución sociopolítica y sociocultural importante que había en la Ciudad de México”, expuso Ariel Rodríguez, historiador del Colegio de México (Colmex) y coordinador del libro “Historia política de la ciudad de México (desde su fundación hasta el año 2000)”.

Rodríguez consideró que la reforma electoral fue importante para la progresión democrática tanto de la ciudad como del país. Una progresión que, dijo, fue coronada con la Constitución Política de la Ciudad de México en 2017, en la que participó en su redacción.

La reforma electoral de 1996 se comenzó a gestar, subrayó Rodríguez, con la movilización popular derivada del terremoto que azotó al país en 1985 y el presunto fraude en las elecciones a nivel nacional de 1988, a las que contendió Cuauhtémoc Cárdenas y ganó Carlos Salinas de Gortari, del PRI.

Con su victoria electoral, Cárdenas logró el primer triunfo de su partido y abrió la puerta a los partidos de izquierda en la capital.

A Cárdenas le sucedieron el ahora Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); el actual canciller, Marcelo Ebrard; el ahora senador Miguel Ángel Mancera, y Claudia Sheinbaum, quien se mantiene en el marco desde 2018.

Además, el historiador del Colmex aseguró que la capital es un buen trampolín para postularse a la Presidencia de la República pues transmiten al electorado el mensaje de que saben como administrar “una masa de millones de habitantes con todos sus problemas, a veces apocalípticos”.

Por ello, valoró que Ebrard y Sheinbaum, dos de los posibles candidatos para las elecciones presidenciales de 2024, contarán con cierta ventaja sobre sus competidores.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, reiteró que, en caso de que la oposición continúe negándose a votar a favor de la reforma electoral, optarán por un ‘Plan B’, que busca una democracia más eficiente y sin despilfarros.

Explicó que el ‘Plan B’ de Morena tiene la intención de aprobar una reforma a las leyes secundarias en materia electoral, a fin de evitar que las elecciones sigan costando tanto dinero al pueblo y para que el INE y los organismos locales tengan perfectamente definidas sus atribuciones sin que eso signifique un incremento en los costos, la operación, la organización ni en la capacitación.

“Queremos fortalecer al organismo electoral. Nos anima que no haya duplicidad de funciones, que no se resquebraje el sistema electoral mexicano y con ello que haya perfectamente una definición de las atribuciones del organismo ciudadanizado electoral a nivel nacional”, argumentó el legislador.

Acusó que la reforma electoral de 2013-2014 provocó un crecimiento exorbitante del Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual ocasionó que el gasto operativo hoy sea de casi 13 mil millones de pesos y que el costo de los organismos operadores electorales en los estados cueste otros 13 mil millones de pesos.

Agregó que “‘ante el ojo del amo, engorda el caballo’ y de ahí se agarraron los consejeros para incrementarse los sueldos”. Recriminó que más de 200 funcionarios del INE tienen salarios del doble de lo que gana el Presidente de la República, mientras que los consejeros ganan poco más de 400 mil pesos mensuales si le incorpora el aguinaldo, la doble prima vacacional y en algunos casos hasta un apoyo matrimonial.

A través de un video publicado en redes sociales, el morenista lamentó que Lorenzo Córdova Vianello, tras su nombramiento como presidente del INE, haya hecho lo contrario a lo que proponía a finales de diciembre de 2013, cuando analizó la minuta de la reforma constitucional electoral de 2013-2014.

“Qué pena que una vez que lo nombraron presidente hizo exactamente lo contrario a lo que él proponía en esa reflexión, en ese análisis que le hizo a la minuta de la reforma constitucional electoral del 2013-2014. Y no fue el único, lo acompañaron muchos consejeros o exconsejeros en esta reflexión y luego salieron a marchar y a decir que el INE no se toca”, criticó.

Mier Velasco presentó el texto “Análisis de la reforma electoral. Observaciones a la minuta de reforma electoral”, en el que el hoy consejero presidente del INE hizo una reflexión profunda sobre el costo de las elecciones en el país, así como diversas cuestiones de funcionamiento, tareas, atribuciones, etc.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en la CÁmara de Diputados (Jucopo) leyó parte del análisis escrito por Lorenzo Córdova:

“La falta de claridad en la distribución de competencias creará duplicidad de estructuras o procedimientos redundantes entre el INE y los órganos locales, incrementando el costo de los procesos electorales (…) Esto ocurre, por ejemplo, en temas como capacitación electoral, documentación e impresión de materiales electorales, designación de funcionarios de casillas, entre otros. Además, se pronostican pérdidas de recursos y parálisis derivadas de las complicaciones presupuestales de la atracción o delegación de funciones entre INE y órganos locales. Se requiere, por tanto, que la legislación determine con claridad los procedimientos administrativos que acompañarán a la delegación o atracción de funciones”, leyó el legislador.

El jefe de la autoridad electoral de Brasil rechazó la solicitud del presidente Jair Bolsonaro y su partido político de que anularan los sufragios emitidos en la mayoría de las máquinas de votación electrónica, lo que cambiaría el resultado de los comicios del pasado 30 de octubre.

Alexandre de Moraes había emitido un fallo previo que planteaba implícitamente que el Partido Liberal, al que pertenece Bolsonaro, podría salir perdiendo con la impugnación que presentó.

De Moraes había condicionado el análisis de la petición a que los inconformes presentaran un nuevo informe que incluyera los resultados de la primera vuelta electoral, realizada el 2 de octubre, en la que el Partido Liberal ganó más escaños en ambas cámaras legislativas que cualquier otro partido, y les dio un plazo de 24 horas.

Horas antes de que venciera el plazo, el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa, y el abogado Marcelo de Bessa, dijeron en conferencia de prensa que no presentarían ningún nuevo informe.

“La absoluta mala fe de la extraña e ilícita petición del demandante… quedó demostrada, tanto por la negativa a enmendar la petición inicial como por la total ausencia de evidencia alguna de irregularidades y la existencia de una narrativa totalmente fraudulenta de los hechos”, escribió De Moraes en su fallo.

Sin embargo, no solo fue un rechazo a la petición hecha, sino que también ordenó la suspensión de los fondos federales para la coalición del Partido Liberal hasta que se pague una multa de 23 millones de reales, cerca de 4.3 millones de dólares, por emprender un litigio de “mala fe”.

El martes pasado, De Bessa presentó una solicitud de 33 páginas a nombre de Bolsonaro y de Costa en la que se mencionaba un error de software en la mayoría de las máquinas en Brasil, que apuntaba que carecían de números de identificación individuales en sus registros internos.

De Bessa dijo que eso daría a Bolsonaro el 51% de los votos válidos restantes, con lo cual el triunfo sería de él y no de Lula da Silva.

En su fallo, De Moraes señaló que la impugnación de la votación parecía dirigida a alentar movimientos antidemocráticos de protesta y crear desórdenes, y ordenó que se investigue a Costa y al consultor contratado para que efectuara la evaluación.

Si hoy fueran las elecciones para Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, bastión del movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Morena ganaría pero con una ventaja mínima, la cual se ha venido reduciendo en los últimos meses.

Según la más reciente encuesta de El Financiero, al preguntar a los capitalinos, ¿por cuál partido votaría?, Morena lidera las preferencias efectivas con un 45% de ellas. Le siguen el PAN con 25%, el PRI con 14%, Movimiento Ciudadano con 6% y el PRD con 4%. El Partido Verde se queda con 2% y el PT con 1%.

Y aunque Morena mantiene la ventaja, si la intención de voto se mide por alianzas, Morena-PVEM-PT sumarían 48%, mientras que el PAN-PRI-PRD se quedarían con 43%.

Eso llama la atención pues apenas en octubre pasado, la diferencia que había entre el oficialismo y la oposición era de 10 puntos (47% vs 37%). Ahora, esa ventaja ha disminuido a solo cinco puntos.

Al medir a los principales perfiles que podrían abanderar las alianzas en 2024, aparecen seis nombres: por parte de Morena se mide al actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; a la delegada de Iztapalapa, Clara Brugada; a la Secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez; al secretario de gobierno local, Marí Batres; al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y encargado de despecho de la Procuraduría de Hidalgo .

De ellos, García Harfuch es el mejor evaluado,  aunque el secretario de seguridad no se ha manifestado sobre alguna intención política. Santiago Nieto es el menos conocido.

Por parte de la oposición, aparecen la senadora Xóchitl Gálvez; el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada; la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón; el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava; la senadora Kenia López Rabadán y el diputado Jorge Romero.

De ellos, la mejor evaluada es Xóchitl Gálvez, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de contender por la Jefatura de Gobierno, El menos conocido es el diputado Jorge Romero.

Al preguntar a los ciudadanos, quién debería encabezar ambas alianzas, Omar García Harfuch y Xóchitl Gálvez obtienen el mayor respaldo.

Al pasar a los ya famosos careos, con todos los posibles candidatos de Morena, a excepción de Santiago Nieto, Morena ganaría; aunque la ventaja dependería de quién fuera el abanderado.