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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana jueves que se va a investigar al gigante Vitol, con sede en Suiza, que recientemente admitió haber pagado millonarios sobornos a funcionarios en Petróleos Mexicanos (Pemex), tanto de la anterior administración, como de la autodenominada 4T.

La semana pasada, la subsidiaria de Vitol en Estados Unidos acordó desembolsar 164 millones de dólares para resolver las investigaciones de la justicia estadounidense de que el mayor comerciante independiente de petróleo del mundo pagó más de dos millones de dólares en Brasil, Ecuador y México.

“Se investiga y, de ser cierto, se castigará a los responsables”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina refiriéndose a Vitol, un socio habitual de la estatal Pemex. “Nosotros no somos tapadera de nadie”.

Tras el escándalo, la estatal Petroecuador decidió excluir a Vitol de su lista de proveedores y clientes. En México, sin embargo, no ha habido un anuncio público de Pemex a pesar de las sospechas de irregularidades.

En abril de 2018, Pemex lanzó una licitación para importar etano líquido por primera vez a fin de cumplir con un contrato de suministro a una sociedad entre la brasileña Braskem y el local Grupo Idesa.

A fines de mayo de ese año, la oferta de 231.3 millones de dólares de la saudí SABIC ganó el concurso para suministrar el hidrocarburo hasta 2020, según el fallo de la licitación-

Pero según reportes de mercado, el trato con SABIC no se llegó a firmar y Pemex se decidió por el segundo postor, Vitol, que pidió 6.3 millones de dólares más por enviarle la misma cantidad de etano a Pemex Etileno, según un acta de la evaluación técnica a la que la agencia Reuters tuvo acceso.

Al respecto, esta tarde se informó que PMI-Pemex suspendió temporalmente sus relaciones comerciales con Vitol.

“Conforme a las políticas de debida diligencia y anticorrupción aplicables, PMI ha tomado la decisión de suspender temporalmente las relaciones comerciales de las empresas a la que les presta servicios con Vitol, hasta en tanto no se esclarezca su situación actual”, sostuvo la filial comercial de Pemex.

Otro tema que AMLO dijo se investigará, fue lo dado a por El Universal, acerca de la empresa Decoaro y Supervisión SA de CV, que está a cargo de la limpieza en Palacio Nacional, y que se encuentra bajo el esquema de outsourcing con al menos mil 500 trabajadores. A dicha empresa se le han entregado más de 183 millones de pesos en contratos en el gobierno federal y que tiene denuncia de violaciones laborales.

López Obrador dijo que si hay alguna irregularidad se revisará, e indicó que su gobierno debe de dar el ejemplo. “Si hay alguna irregularidad se va a revisar, que bien que lo estás denunciando y ahora que se decida sobre la eliminación de la subcontratación y el ejemplo lo tiene que dar el gobierno, que se investigue todo”.

Incluso agradeció al diario, pues dijo: “ayudan, esto es lo que debemos hacer, que no haya corrupción que no haya impunidad”.

Este jueves, El Gran Diario de México informa que el actual gobierno federal ha pagado 185 millones de pesos para la subcontratación  de limpieza a través de Decoaro y Supervisión SA de CV, una compañía de outsourcing que aportó como su domicilio fiscal un mini-departamento en Iztacalco en el que según los vecinos nunca ha existido una empresa.

En una nueva entrega, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que Benefak SA de CV, una empresa que el SAT incluyó en su lista definitiva de empresas fantasma, dio servicios a Morena para la impresión del periódico Regeneración, que fue fundado y dirigido por el actual vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

En junio de 2018, el propio Ramírez Cuevas difundió en su cuenta de Twitter copia de la factura emitida por Benefak, así como un cheque que Morena de Tabasco expidió a favor de la mencionada empresa fantasma.

MCCI localizó en la región de la Cañada de Oaxaca a la supuesta dueña de Benefak, y constató que se trata de una prestanombres, pues es una mujer de bajos recursos que vive en una casa de láminas y cartón, que antes de la pandemia trabajaba vendiendo dulces afuera de una escuela y productos por catálogo a sus vecinas.

El SAT había iniciado a mediados de 2018 una investigación en torno a Benefak por las sospechas de que los comprobantes fiscales emitidos desde 2016 correspondían a operaciones comerciales inexistentes o simuladas. Fue así que el SAT determinó el pasado 18 de marzo de 2020 que Benefak simulaba operaciones comerciales y al mes siguiente, el 16 de abril, publicó su resolución en el Diario Oficial de la Federación y la incluyó en el listado definitivo de empresas fantasma.

En junio de 2018, el periódico Reforma publicó que Morena había pagado 58 millones de pesos en el primer semestre de 2016 por la impresión del periódico Regeneración, cuyo editor era Jesús Ramírez Cuevas, vocero del entonces candidato presidencial.

Para intentar desmentir la nota, Ramírez Cuevas difundió en Twitter copias de documentos en los que consta que Morena había pagado por los servicios de Benefak, pero por un monto muy inferior al difundido por Reforma.

El entonces candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció que se habían pagado los servicios de esa empresa, hoy identificada como fantasma por el SAT, pero que el pago no había sido de 58 millones, sino de 58 mil pesos.

“Les vamos a enviar (a Reforma) la copia de la factura y el cheque”, ofreció López Obrador el 21 de junio de 2018 en su cuenta de Facebook. Casi a la par, Jesús Ramírez, vocero del candidato, escribió en su cuenta de Twitter: “Aquí las facturas originales que desmienten la primera plana de Reforma”. Y anexó a su mensaje el comprobante fiscal de Benefak expedido a Morena por concepto de “impresión de Periódico Regeneración Tabasco”.

Además, compartió el cheque a favor de Benefak y copia del estado de cuenta de Morena en el que consta el pago a la mencionada empresa que el SAT ha declarado oficialmente simuladora de operaciones comerciales.

Investigación completa en MCCI

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no es ni rentable ni competitiva, según el reciente análisis que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó sobre la actividad de la compañía en 2019.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 asegura que los subsidios dados por la CFE para abaratar la electricidad en el sector doméstico y agrícola, unidos a sus tarifas poco competitivas, al envejecimiento de su estructura y a la mala gobernanza, provocaron que la empresa “no fuera rentable ni generara valor económico para el Estado” en 2019.

Detalla que las pérdidas integrales en 2019 de la CFE fueron de 40 mil 382 millones de pesos.

“Cabe señalar que, aun cuando la CFE presentó algunos indicadores por encima del promedio de sus pares de mercado (como el de liquidez), la rentabilidad y la eficiencia de sus activos no son los óptimos cuando se comparan con el mercado, como resultado de las ineficiencias”, señala el informe.

Pese a su buen nivel de liquidez, la empresa estatal aumentó su endeudamiento y disminuyó su rentabilidad, a la vez que mostró un mal comportamiento en las pruebas para conocer sus posibilidades de quiebra, debido a que sus “resultados financieros no son los óptimos para considerarse una empresa con solidez financiera”.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha insistido desde el principio de su administración que los actores privados en el sector de la energía firmaron contratos “leoninos” con el gobierno para perjudicar a la CFE.

La Auditoría Superior de la Federación lo desmintió al afirmar que los “contratos legados tienen como finalidad minimizar los costos de suministro básico”. El informe asegura que “en general los costos de las empresas públicas subsidiarias de la CFE no son competitivos respecto de los costos de los productores externos de energía”.

El coste más bajo en el kWh lo consiguió la subsidiaria de la CFE Generación V, que incluyó la energía procedente de las 32 centrales de los productores privados, con un costo promedio ponderado de 0.82 pesos por kWh.

La ASF también señala la renegociación de cinco contratos de alquiler de gaseoductos con empresas privadas, que según el Gobierno debían implicar a la CFE un ahorro de 4,500 millones de dólares hasta 2025.

El ahorro que la revisión pudo documentar hasta 2025 es de 4,342 millones de dólares, pero estos se consiguieron aumentando diez años la vigencia de los contratos, lo que provocará que al final la CFE acabe pagando 6,836 millones de dólares adicionales a los estipulados antes de la renegociación de los gasoductos.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió al robo de más de 37 mil medicamentos oncológicos que supuestamente tenían que haber estado distribuidos desde hace tres meses en las instituciones de salud públicas para atender principalmente a niños con cáncer.

AMLO calificó los hechos como “lamentables”; adelantó que ya se están haciendo las investigaciones correspondientes, y se está avanzando en saber qué fue lo que pasó.

El presidente dijo que costó trabajo conseguir los medicamentos, confirmando que se trajeron desde Argentina. Señaló que “está esto muy raro” que se haya robado toda una bodega de los medicamentos.

“Decirles a los padres de las niñas, de los niños con cáncer, que permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud, a todos los hospitales; que no somos inhumanos, que tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos”, dijo el mandatario dirigiéndose a los padres de los niños con cáncer.

Como se ha vuelto costumbre, AMLO señaló a sus adversarios de aprovechar la situación para proyectar una imagen del gobierno que no corresponde a la realidad, “como si fuésemos insensibles, como si no nos importara el problema y no es así”.

Sostuvo que algunos de las empresas que distribuían los medicamentos, que por cierto dijo lo hacían mal e incluso los adulteraban, están enojado con los cambios que se están haciendo en el país, pues estaban acostumbrados a hacer negocios debido a la corrupción que existía.

Y es que el pasado viernes, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), confirmó el robo ocurrido en las instalaciones de la empresa NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V., de diversos productos, entre ellos
medicamentos oncológicos fabricados por la empresa LABORATORIO KEMEX, S.A., y distribuidos por la empresa NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V.

Entre los medicamentos que fueron robados a la empresa NOVAG INFANCIA, S.A. DE C.V., se encuentran: FLUOROURACILO 500 mg; DAUNORUBICINA 20 mg; MITOMICINA 5 mg; IDARUBICINA 5 mg, entre otras.

La COFEPRIS se limitó a decir que los medicamentos oncológicos deben ser recetados y aplicados bajo la supervisión y control de los profesionales de la salud; añadió que dichos medicamentos oncológicos son para uso exclusivo del sector salud (Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, SEMAR, SEDENA) por lo que no pueden adquirirse en farmacias particulares, hospitales privados o a través de internet y redes sociales.

Una compañía de Dakota del Norte obtuvo la hasta ahora mayor licitación para construir un tramo del muro fronterizo con México, por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

El senador federal republicano Kevin Cramer confirmó el contrato por 1,300 millones de dólares para la construcción de un tramo de 67.5 kilómetros del muro en “terreno realmente agreste en las montañas” de Arizona. El monto representa alrededor de 19 millones de dólares por cada kilómetro.

Cramer, senador por Dakota del Norte, dijo que Fisher Sand and Gravel Co. ofreció el precio más bajo para la construcción del proyecto; afirmó desconocer cuántas compañías presentaron propuestas.

Recordemos que Trump ha prometido construir 724 kilómetros de muro en la frontera con México antes de que concluya este año.

Hasta el momento, el gobierno ha otorgado contratos de varios millones de dólares para la construcción de barreras de 9 metros de altura, alumbrado, tecnología e infraestructura. La administración de Trump asegura que ya se han erigido 300 kilómetros de barreras.

Sin embargo, algunas partes del muro son nuevas; la mayoría son reemplazos de divisiones más viejas y de menor altura que, según las autoridades, resultaban insuficientes.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército señaló este miércoles que no se ha fijado una fecha para iniciar o completar la obra de la licitación más reciente. La construcción se realizará cerca de Nogales y Sasabe, en Arizona.

Cramer dijo que el muro llevará pintura negra porque “es lo que el presidente quería, así de simple”. La idea es que el muro de color negro absorba el calor y dificulte que las personas intenten escalarlo, declaró.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, responsable de otorgar las licitaciones, dijo que Fisher fue una de varias compañías seleccionadas en mayo de 2019 para participar en la construcción del muro fronterizo, con un valor total de 5,000 millones de dólares. El contrato de este mes a la compañía es parte de dicha licitación.

Llama la atención que durante la jornada electoral de 2018, el propietario de la compañía Tommy Fisher y su esposa donaron 10,800 dólares a Cramer, quien promovió la capacidad de la empresa para construir el muro e invitó a Fisher al discurso del Estado de la Unión de Trump en 2018.

Legisladores demócratas expresaron su inquietud en diciembre, después de que Fisher obtuviera un contrato por 400 millones de dólares para la construcción del muro. En cuestión de dos semanas, la inspección general del Departamento de Defensa inició una investigación, la cual sigue abierta, según el representante federal demócrata Bennie Thompson, un firme crítico que cuestionó si el contrato había sido licitado adecuadamente.

El diario El Universal reveló este miércoles que una empresa fundada por la familia del expresidente Enrique Peña Nieto, Plasti-Estéril, S.A. de C.V., de la que él aparece como socio fundador, fue beneficiada con millonarios contratos otorgados a Baxter International Inc.

Actas notariales dan cuenta de que Plasti-Estéril, S.A. de C.V., es “empresa hermana” perteneciente al Grupo Corporativo Baxter, así como Baxter, S.A. de C.V., y Plasti-Estéril Servicios, S.A. de C.V.

Plasti-Estéril, S.A. de C.V. se fusionó con la compañía beneficiada, e incluso cedió derechos a la estadounidense Baxter.

Dichos contratos alcanzan los 12 mil 170 millones 104 mil 242 pesos , tan solo durante su sexenio.

El negocio familiar de plástico estéril, usado como material médico, fue fundado en Atlacomulco, Estado de México, de donde Peña Nieto es originario. En el registro de comercio, con el folio mercantil 104, aparece que los fundadores son el expresidente Enrique Peña Nieto, su padre Enrique Peña del Mazo, su tío Arturo Peña del Mazo, su hermano Arturo Peña Nieto y el ingeniero químico petrolero Víctor Manuel Monroy Naime.

Plasti-Estéril, S.A. de C.V., cuenta con 52 movimientos registrales ante el Registro Público de Comercio del Estado de México, aunque en ninguno manifiesta modificación, integración o transferencia de acciones a otras personas.

El objeto social primordial de la compañía es la fabricación, distribución, comercialización e importación de productos plásticos estériles para hospitales e industria farmacéutica.

El Universal accedió a diversos documentos como registros públicos comerciales, de marca y notariales, en los que se encontró que Baxter, S.A. de C.V., obtuvo cada año decenas de contratos que sumados arrojaron más de mil millones de pesos anuales con dependencias federales entre los años 2013 y 2018.

En 2015, año de elecciones federales y estatales, la cantidad se multiplicó: la empresa ganó 5 mil 669 millones de pesos.

El diario relata que, según la plataforma Compranet, existen contratos a favor de Baxter, S.A. de C.V., desde 2002; fue 10 años después que la empresa tomó notoriedad con el otorgamiento de contratos que ascienden a miles de millones de pesos a partir de 2012 como proveedor de dependencias federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y hospitales dependientes de la Secretaría de Salud, Sedena y Petróleos Mexicanos, entre otros.

Ya con EPN en el poder, en 2013, el emporio farmacéutico obtuvo 84 contratos por mil 025 millones 274 mil 919 pesos; en 2014, mediante 210 contratos, sumó mil 695 millones 964 mil 070 pesos. En 2015, cuando el país vivió elecciones intermedias, Baxter, S.A. de C.V., obtuvo 190 contratos por la suma de 5 mil 669 millones 019 mil 444 pesos.

Con 125 contratos en 2016 obtuvo mil 149 millones 671 mil 265 pesos, en tanto en 2017 con 288 contratos alcanzó un monto de mil 159 millones 982 mil 506 pesos y en la recta final del sexenio, es decir, 2018, con 150 contratos consiguió mil 470 millones 192 mil 038 pesos.

Sin embargo, los beneficios para la empresa no acabaron con el fin de la administración de Peña Nieto; en 2019, ya con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al frente del gobierno, se le asignaron 132 contratos por un monto de mil 136 millones 374 mil 018 pesos.

Sobre el tema, fue cuestionado esta mañana el presidente López Obrador; señaló que se debe de investigar si está involucrado el exmandatario, además de que pidió revisar desde cuándo está operando la empresa y qué contratos ha recibido en la presente administración.

“Hay que investigar si está involucrado el expresidente Peña Nieto, y hay que ver desde cuándo está operando la empresa, qué contratos ha recibido (…) ver en la administración actual qué contratos ha recibido y por qué, si fueron asignaciones directas, si fueron licitación, ver todo esto”, respondió AMLO.

Al preferir no profundizar en el tema, López Obrador recordó que “venimos de un régimen caracterizado por la corrupción y lleva algún tiempo limpiar. Estamos barriendo las escaleras, se está limpiando, se está barriendo de arriba para abajo, estamos poniendo bastante cloro y jabón, y desinfectante y todo, limpiando, limpiando, saneando”.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) levantó un acta de rechazo para devolver los 20 ventiladores que compró a León Manuel Bartlett, hijo del actual director de la CFE, en 1. 5 millones de pesos cada uno, los más caros de cuantos había comprado el gobierno federal hasta el 1 de mayo, ya que presentaban características distintas a las contratadas.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia explicó que el 8 de mayo, el órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Hidalgo, y luego de una revisión física, detectó que además los ventiladores no contaban con pantalla táctil, es decir no cumplían con los requerimientos funcionales acordados.

En la carta invitación que el IMSS envió el 16 de abril a Víctor Hugo Pérez Solares, representante legal de Cyber Robotics, para la adquisición directa de los ventiladores, se precisó que el equipo solicitado debería contar con «pantalla táctil a color que muestra gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento».

Ahora, el 8 de mayo pasado, el responsable del Hospital General de Zona 1, el subdirector médico, el jefe de Conservación y el de Control de Bienes de esa institución levantaron un Acta de administrativa de Rechazo de Bienes por las fallas, los daños y porque el equipo no correspondía con las características técnicas acordadas.

Fuentes en el IMSS confirmaron a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que se entregó el producto pero cuando se inició el proceso de revisión detectaron que los ventiladores no cumplieron al 100 por ciento con las especificaciones técnicas, por lo que los 31 millones de pesos aún no se pagaban.

Recordemos que fue MCCI quien dio a conocer que el pasado 30 de abril el IMSS firmó un contrato para la adquisición de 20 ventiladores a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett.

Comuneros y abogados del poblado Salazar, en el Estado de México, aseguran que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), intentó extorsionarlos para que le permitieran tomar posesión de terrenos a cambio de la libertad de ocho personas de la comunidad, que más tarde fueron consideradas presos políticos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de una nueva investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se obtuvo los testimonios de cinco personas que estuvieron presentes en dichas reuniones en el 2018.

Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, sus abogados y otros compradores de predios se reunieron con ellos en 2018 para intentar dirimir una controversia sobre tierras comunales en el Estado de México. La oferta del hijo del director de CFE, aseguran esos testigos, era despojarlos de sus tierras a cambio de que los comuneros quedaran libres.

“Nos citaron para llegar a un convenio que nosotros les firmáramos, pobladores de Salazar, las tierras que ellos habían comprado a cambio de que les daban la libertad a los presos que tenían allá en Almoloya de Juárez”, contó Maribel Becerril, madre de Daneyra Kikey y Yuriko Maribel Becerril, dos de las presas de la comunidad de Salazar.

“Decían que si les dábamos las tierras, si los dejábamos bardar nuestras tierras, él (Bartlett Álvarez) les daba la libertad. que porque él tenía contacto directo con la persona indicada, que tenía detenidas a las personas que estaban allá”, añade el testimonio.

Una de las abogadas del caso Salazar, Esther Goujón, lo recuerda así: “Nos chantajeaban, les dejamos libres a su gente a cambio de que nos dejen las tierras. ¿Por qué te vamos a dejar las tierras?”.

Salazar es una zona boscosa en el municipio de Lerma, a 20 kilómetros de Santa Fe en la Ciudad de México, dedicada a la siembra.  La disputa por las tierras empezó en los años setenta cuando la comunidad de Salazar y el Ejido San Mateo Atarasquillo iniciaron un proceso judicial agrario para dirimir a cuál de esas poblaciones corresponden 217 hectáreas.

Sin embargo, no es la única información que este fin de semana salió a la luz sobre los Bartlett. El periodista Carlos Loret de Mola publicó en The Washington Post que, la casa  que fungió como sede del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue propiedad de la empresa Top Real Estate Company, siendo el socio mayoritario de dicha empresa José de Jesús Hernández Torres, colaborador cercano desde hace 49 años de Manuel Bartlett Díaz.

Hernández Torres resulta también ser socio de León Manuel Bartlett Álvarez, en una empresa hotelera llamada Xibalba Resorts ubicada en Cancún, Quintana Roo.

Se trata de la casa ubicada en Chihuahua 216, en la colonia Roma; la empresa Top Real Estate Company, de Hernández Torres, rentó en 2017 la propiedad  a Morena, partido que llevó a triunfo a López Obrador. El contrato fue por un año cuatro meses, fijando un precio de 130,000 pesos mensuales. Posteriormente, el contrato se renovó en 2019 y la renta aumentó a 138,000 mensuales.

Cuando AMLO trasladó sus oficinas a Palacio Nacional al tomar posesión al cargo, el inmueble quedó como centro de operaciones del partido (Morena). La dirigencia de Yeidckol Polevnsky la ocupaba como oficina y después anunció que, para no seguir pagando renta, Morena compraría la propiedad dado el valor simbólico que tenía, “eran las oficinas de López Obrador”.

“Este episodio no es una casa más ligada a un funcionario muy cuestionado. El inmueble era la casa de campaña de López Obrador, fue la sede del gobierno electo de México, la oficina del presidente entrante donde se tomaron decisiones centrales sobre el destino del país y se hicieron reuniones de impacto internacional”, publica Loret de Mola.

De acuerdo a una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el dueño de la empresa que fue contratada por el IMSS para surtir 2,500 ventiladores, es de un mexicano residente en Houston, que fue sentenciado en julio de 2017 por haber servido de supuesto testaferro en el fraude millonario de una compañía “fantasma” que engañó a inversionistas estadounidenses e intentó estafar a Pemex,

El pasado 3 de abril, MCCI informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social había contratado a la empresa Levanting Global Servicios SA LLC para surtir miles de ventiladores con los que se atenderá a los enfermos de Covid-19.

Con el argumento de que se vive una emergencia de salud, se realizó una adjudicación directa por un monto de 93 millones de dólares, equivalente a unos 2 mil 223 millones de pesos.

La empresa, que ahora proveerá equipo médico, es una empresa de servicios petroleros que fue constituida el 24 de febrero de 2015 en Missouri City, en la zona conurbada de Houston.

En los registros hasta 2018 de la oficina texana de finanzas aparece como director de la empresa Baldemar Pérez Ríos (también mencionado como Baldemar Ríos), un ingeniero químico que en su currículum asegura que durante varios años trabajó para Petróleos Mexicano, aunque según los registros públicos en nuestro país, no se tiene registro de relaciones comerciales.

Además de Levanting Global, Baldemar Ríos tiene registradas en Texas al menos otras seis empresas de servicios petroleros, la mayoría de las cuales han tenido como domicilio su propia casa en la calle Cedar Creek, en un barrio residencial de Houston.

Una de las empresas ligadas a Baldemar fue inhabilitada en México en 2010 acusada de haber falsificado documentación para obtener un contrato millonario en Pemex.

El 10 de octubre de 2012, Baldemar fue nombrado director ejecutivo de Chimera Energy Corp., la cual resultó ser una empresa presuntamente “fantasma” que había sido creada en Texas para engañar a inversionistas con la mentira de que la compañía estaba cerca de desarrollar una revolucionaria tecnología de extracción de petróleo, según se asienta en la acusación que sobre el caso formuló la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

De acuerdo con la acusación de la SEC, Chimera Energy tenía como único dueño a un empresario de nombre Andrew I. Farmer, quien obtuvo en secreto el control de todas las acciones emitidas en una oferta pública a fines de 2011, luego de lo cual lanzó una agresiva campaña a mediados de 2012 en la que aseguraba que la nueva tecnología permitiría extraer petróleo mediante la tecnología fracking, pero sin dañar el ambiente ni desperdiciar agua.

Esa campaña buscaba elevar el valor de las acciones y, por tanto, sus ganancias.

Según el expediente del caso, Chimera emitió alrededor de tres docenas de comunicados de prensa en un período de dos meses sobre el supuesto desarrollo de la nueva tecnología. Eso permitió que se elevara el valor de las acciones y que Farmer obtuviera ganancias ilícitas por más de 4.5 millones de dólares, refieren los documentos del caso.

Baldemar jugó un papel clave en este fraude. Cuando fue nombrado director ejecutivo de Chimera Energy, en octubre de 2012, aseguró que en los últimos meses había trabajado como consultor de la empresa “para promover nuestra tecnología exclusiva de extracción no hidráulica”.

En uno de los comunicados de prensa, Baldemar dijo que tenía 30 años de experiencia en la industria petrolera, “incluidos varios años como ingeniero químico en Pemex”, y que ya había hecho contactos para aplicar la nueva tecnología en México.

Pemex desmintió los comunicados de Baldemar y negó que estuviera en negociación con Chimera Energy. Con ello, la petrolera mexicana contribuyó en poner al descubierto el engaño. La SEC intervino a finales de 2012 para suspender la negociación de acciones de Chimera e inició una investigación contra el dueño y sus directivos por presunto fraude.

“Charles E. Grob Jr. (uno de los ex directivos) y Baldemar Ríos aprobaron los comunicados de prensa engañosos y operaron Chimera Energy al nivel mínimo necesario para otorgarle a la compañía una apariencia de legitimidad y ocultar la participación de Farmer por completo”, menciona la acusación formulada por la SEC en agosto de 2014 ante una corte federal en Houston.

El 24 de julio de 2017, la SEC informó que el juez del tribunal del distrito sur de Texas había sentenciado a los involucrados en este fraude. Al dueño de Chimera lo condenó a pagar 9 millones de dólares en multas y reparación del daño. Por haber servido como testaferro en Chimera, a Baldemar lo sentenciaron con la prohibición de no volver a desempeñarse como funcionario o director de cualquier empresa emisora de valores.

En México, en otro litigio, la empresa Multiva demandó a Centex Global Energy, por una deuda. En el expediente de este caso de 2012, Baldemar Pérez Ríos aparece como representante legal de esa empresa texana.

En otro procedimiento legal, la empresa Projects and Industrial Products LLC, también dirigida por Baldemar, fue requerida en enero de 2010 a pagar 46 mil 219 dólares por el incumplimiento en que incurrió en la entrega de bienes de un contrato que le había asignado Pemex.

Pese a los antecedentes, el IMSS asignó el contrato a la empresa de Baldemar Pérez, Levanting Global Servicios SA LLC.

“El IMSS los contactó porque ellos (Levanting Global) son representantes de la empresa china Aeonmed”, explicó Carlos Olmos Tomasini, vocero de la empresa y quien fue titular de Comunicación en la Secretaría de Salud en 2009, cuando ocurrió la pandemia de la influenza H1N1.

Beijing Aeonmed Co. es el nombre completo del proveedor chino, uno de los principales fabricantes de ventiladores de uso médico a nivel mundial.

¿Por qué eligieron a Levanting Global si su especialidad son los servicios petroleros?, se le preguntó a Baldemar, a lo que su vocero respondió: “No fue el tema de que sean petroleros, sino que se dio la coyuntura de que ellos trabajan como representantes de empresas chinas, y tenían los contactos para conseguir los ventiladores”.

Aseguró que ya están en proceso de la firma de fianzas y garantías, para que los ventiladores sean entregados a partir de la próxima semana.

“El viernes llega el primer embarque, la próxima semana mil y la próxima mil (más)”, dijo Olmos. “El retraso es porque el IMSS no ha dado el anticipo, porque las afianzadoras están en cuarentena y no hay registro público para las garantías”.

Tras difundirse la investigación de la organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), donde señalaban que la filial del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) encargada de la construcción de una obra emblemática de este sexenio, el Tren Maya, reportó gastos en bebidas alcohólicas, cortes finos y hasta mantenimiento de albercas, fue el Fonatur quien desmintió y aclaró dicha información.

La dependencia indicó que su filial, Fonatur-Tren Maya S.A. de C.V., existe desde que Fonatur Operadora Portuaria decidió llevar a cabo un cambio de nombre a Fonatur-Tren Maya S.A. de C.V. ante la Notaría Pública 227 de la Ciudad de México.

Señaló que desde 1992, Fonatur Operadora Portuaria S.A. de C.V. (ahora Fonatur-Tren Maya S.A. de C.V) provee servicios de restaurante y bar en los diversos hoteles que administra en el municipio de Loreto.

“Para llevar a cabo la operación de estos hoteles, Fonatur-Tren Maya S.A. de C.V. procura de los materiales que sirven en los restaurantes y bares que administra. Uno de ellos es el Hotel Desert Inn San Ignacio, que como bien expresa Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en su nota del 24 de marzo, adquirió alimentos y bebidas para dar servicio a sus más de 15 mil huéspedes anuales”.

Negó que MCCI haya solicitado un comentario o aclaración para su nota, y aseguró que nunca fueron contactados por el reportero que firma la investigación o por alguna otra persona de la organización.

“Desde Fonatur lamentamos que una institución con fines tan nobles como el combate a la corrupción y a la impunidad se preste a sembrar calumnias y esparcir mentiras que pudieron ser evitadas aplicando estándares periodísticos mínimos”, indicó.

Y es que la tarde de ayer, MCCI publicó una investigación en la que afirmó que Fonatura través de una empresa del Estado para el Tren Maya, proyecto prioritario del gobierno federal y que todavía no opera, ha adquirido, entre otras cosas, 80 litros de tequila blanco, 144 botellas de vino tinto cabernet, 144 botellas de vino blanco, y mil 800 cervezas.

Indicó que Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., empresa encargada de las contrataciones para la construcción del Tren Maya, otorgó dos contratos para el “suministro de bebidas alcohólicas para el servicio de bar”.

Los contratos, firmados en mayo y noviembre de 2019, fueron por 102 mil y 115 mil pesos respectivamente, ambos servicios brindados por Rodrigo Martínez Zapien.

Reportó que en mayo de 2019, Fonatur Tren Maya también gastó 242 mil pesos en “suministro de alimentos para el restaurante”, sin especificar a qué restaurante se hace referencia. Se compró Rib Eye, T-Bone, arrachera, callo de hacha, camarón, filete miñón, filete de pescado, 200 kilos de pollo y 250 kilos de tortillas, entre otros productos.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) revelaron este lunes la existencia de una entidad mercantil en Londres de la cual el exdirector de Pemex se hizo accionista mayoritario en plena campaña electoral del 2012.

El hallazgo de una nueva empresa en un lujoso edificio en Londres pone en duda, una vez más, la declaración patrimonial de Emilio Lozoya Austin.

Cuando tomó posesión de su cargo al frente de Petróleos Mexicanos, en diciembre de 2012, declaró ser cofundador de JF Holding SA, una empresa afincada en Luxemburgo, y poseer títulos en tres organizaciones privadas, de las que no aportó nombres.

En registros públicos consta que, además de la compañía de Luxemburgo, Lozoya ha participado en tres empresas más en Alemania, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) le atribuye otra en las Islas Vírgenes Británicas, que supuestamente fue utilizada para la triangulación de sobornos.

La investigación periodística localizó una nueva empresa en Londres, Inglaterra, que no se conocía, y en la que Lozoya se hizo accionista mayoritario en plena campaña presidencial de 2012, cuando fungía como coordinador de vinculación internacional del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

En su declaración patrimonial, Lozoya aseguró que en diciembre de 2012 poseía 4,151 títulos en tres organizaciones privadas, pero tan sólo en la compañía de Londres era poseedor en esos días de 84 mil 825 acciones, según revela la investigación.

Se identificó que la compañía en Londres tenía como domicilio el primer piso del Royal Exchange, el edificio de la antigua bolsa de comercio británica, construido en 1565, y que hoy es uno de los centros comerciales más lujosos del Reino Unido, con joyerías y tiendas exclusivas, como Mont Blanc, Omega, Tiffany, Gucci, Hermés y Bulgari.

Junto a esos establecimientos de lujo se ubicaba la empresa de divisas “Royal Exchange (TEG Capital) Limited”, en la que Lozoya era accionista mayoritario, asociado con empresarios ingleses.

La mencionada empresa se fundó el 8 de agosto de 2011, pero fue hasta el 6 de junio de 2012 cuando Lozoya se incorporó como accionista, de acuerdo con los documentos obtenidos por MCCI y OCCRP.

Aquel día, los socios de la compañía acordaron ampliar a 100 mil el número de acciones clase A, de las cuales Lozoya adquirió el 84% con valor de sólo 100 libras esterlinas (unos 2,100 pesos de entonces), con lo que se convirtió en el dueño mayoritario.

Grupo Vitalmex aclaró que el procedimiento administrativo impuesto por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la empresa Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. no recae en ellos, pues no guardan ninguna relación con la sancionada.

“Rechazamos categóricamente que la empresa sancionada sea matriz, filial o subsidiaria de Grupo Vitalmex. De las estructuas corporativas y de capitales de las sociedades que integran Grupo Vitalmex, no existen ni se derivan vínculos o relaciones que pudieran ejercer un control directo o indirecto en la toma de decisiones de la empresa Aplicaciones Médicas Integrales S.A. de C.V.”, indicó el Grupo a través de un comunicado.

Señaló que Aplicaciones Médicas Integrales, S.A. de C.V. es una organización independiente con quien Grupo Vitalmex no comparte accionistas, representantes o equipo administrativo.

Y es que la tarde de ayer, se informó que la SFP prohibió a las dependencias de la actual administración, tanto federales como locales, celebrar contratos con la empresa Aplicaciones Médicas Integrales, la cual se dijo en su momento que era filial de Vitalmex.

La sanción impuesta a la empresa fue de un año y seis meses, aunque se aclaró que los contratos que tuvieran vigencia serían respetados.

Grupo Vitalmex reiteró su esfuerzo por fortalecer el sector salud en México a través de la prestación de servicios bajo los más altos principios de profesionalismo, ética y transparencia.

El Gobierno de la Ciudad de México informó esta tarde sobre la asignación de un contrato de 3 mil 299.7 millones de pesos a la empresa Total Parts and Componentes S. A. de C.V. para el arrendamiento por tres años de mil 855 patrullas.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que a través de las Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), y de Administración y Finanzas (SAF), se llevó cabo un concurso, por medio de la figura de invitación restringida para asignar el contrato.

Detallo que en el concurso participaron 11 empresas y después de tres rondas de propuestas, en las que se mejoraron subsecuentemente los precios ofertados, se adjudicó el contrato por tres años a la firma ganadora.

Sheinbaum Pardo explicó que, por ley, en los procesos de las licitaciones que lleva a cabo el Gobierno de la Ciudad de México, primero se efectúa una licitación que, en caso de declarase desierta, se convierte en una invitación restringida. Sin embargo, si los precios se mantienen altos, se realiza una asignación directa por medio de una puja o subasta entre las empresas participantes para garantizar un servicio de calidad, buenas adquisiciones y los mejores costos.

Por su parte la secretaria de Administración y Finanzas (SAF), Luz Elena González Escobar, explicó que derivado del análisis de los antecedentes de compras y arrendamientos de patrullas realizados en años anteriores por la propia SSC y de no sólo contemplar el costo de los bienes y su equipamiento, sino el de los servicios asociados a los mismos como cambio de neumáticos, hojalatería, pintura y aseguramiento, se determinó que resultaba favorable para las finanzas del gobierno el arrendamiento de las unidades modelo 2019.

La entrega de unidades comenzará el próximo 7 de julio y se hará de forma gradual en los 60 días subsecuentes. Se trata de mil 105 sedanes charger tipo patrulla, 270 camionetas RAM V6, 200 camionetas tipo patrulla Jeep Wrangler, 155 camionetas pick up tipo patrulla RAM V8, 100 camionetas tipo patrulla Journey, 13 camionetas pick up civil RAM V8, 12 camionetas pick up civil RAM V6.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció este viernes que la empresa Doppelmayr será la encargada de construir la primera línea del Cablebús en la Alcaldía Gustavo A. Madero, que conectará Cuautepec con Indios Verdes.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, precisó que en aproximadamente dos meses iniciará la construcción y estimó que a finales de 2020 el transporte elevado inicie operaciones.

“Estamos muy contentos porque por fin movimos al elefante reumático de la burocracia y hoy anunciamos la asignación del contrato del Cablebús, el transporte por aire de la Ciudad de México, el transporte más moderno donde más se necesita”, enfatizó.

La mandataria local detalló que el Cablebús en Cuautepec podrá trasladar a alrededor de 160 mil pasajeros al día, es decir, 6 mil pasajeros por hora en ambos sentidos.

Por su parte el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, explicó que el procedimiento que se realizó para seleccionar a la empresa ganadora tuvo el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), además de que estuvo apegado a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras.

Lajous detalló que tras declarar desierta la licitación pública internacional, principalmente por los altos costos ofrecidos por las empresas interesadas, se hizo una invitación restringida, donde compitieron cuatro empresas: Poma, Bartholet, Leitner y Doppelmayr, la cual también se declaró desierta. Al no contar con una firma, se siguió con el procedimiento para adjudicar de manera directa el contrato, por lo que se solicitó a dos compañías presentar una propuesta económica en sobre cerrado en el mismo lugar, fecha y hora.

Al revisar las dos últimas propuestas, resultó ganadora la firma Doppelmayr sobre Leitner, al ofertar el proyecto en 2 mil 925.5 millones de pesos con IVA incluido.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este viernes sobre la adjudicación de un contrato por hasta 48.6 millones de dólares para la empresa Veridos México, S.A. de C.V., quien se encargará de producir y entregar 80.6 millones de credenciales para votar con fotografía.

Veridos obtuvo el contrato en participación conjunta con Veridos GMBH, Veridos Canadá LTD, Veridos América INC, Giesecke + Devrient GMBH, IECISA México, S.A. de C.V., Seguridata Privada, S.A. de C.V. e Informática El Corte Inglés, S.A.

Según lo informado, en caso de no haber inconformidades, el contrato se firmará el próximo 12 de julio.

Veridos obtuvo una evaluación integral de 99 puntos de los 100 posibles, por arriba de otras empresas que participaron en la licitación, tales como Idemia Identity & Security France, S.A.S.; Cosmocolor, S.A. de C.V. y Formas Inteligentes, S.A. de C.V.

“Producto de este concurso, el INE contará con una credencial con mecanismos de seguridad actualizados e innovadores y a un menor precio, ya que costará $0.6032 dólares americanos, incluyendo el IVA; es decir, aproximadamente $11.58 pesos, lo que representa una reducción de cerca de 9.6% respecto al precio anterior de $0.6674 dólares americanos por credencial”, detalló el INE.

Aclararon que, la producción de credenciales se fijó entre 74.7 y 80.6 millones de unidades. En caso de producir el máximo de credenciales, el INE pagará los 48.6 millones de dólares, pero de producir el número mínimo, el monto pagado será de 45 millones.

En la evaluación, aclaró el Instituto, se consideró la experiencia, especialidad, capacidad, recursos humanos, técnicos y financieros de cada licitante, así como la evaluación integral de los aspectos técnicos requeridos que incluyeron las pruebas de laboratorio de la UNAM y las pruebas aplicadas por parte del Instituto a las muestras genéricas de la Credencial para Votar, entregadas por cada una de las empresas participantes.

Con esto, la empresa será la responsable de fabricar las credenciales para votar en los próximos cinco años, a partir del 2 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2024.

Luego de la columna publicada este miércoles en el diario El Universal (Carlos Lomelí, ¿no que no?), el delegado federal en Jalisco emitió un comunicado respondiendo a los señalamientos.

Lomelí insistió en que refrendaba su palabra y compromiso con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre que sus empresas no venderán ningún medicamento al Gobierno Federal.

Indicó que su empresa: Laboratorios Solfran S.A. no participó en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-012000991-E82-2019, y que tampoco estaba en el interés de la empresa competir en dicho proceso. “En ningún momento se presentó propuesta de venta ni se presentará, por lo que es falsa su afirmación”.

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Sin embargo, el Acta de Junta de Aclaraciones emitida por la Secretaría de Salud, y de la cual www.anapaulaordorica.com tiene copia, señala que “se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, 45 fracción II de su Reglamento, así como al numeral 3.2 de la Convocatoria, las solicitudes de aclaraciones a la convocatoria y el escrito de interés de participar, a través de CompraNet, de los siguientes licitantes“, en donde Laboratorios Solfran aparece en la posición 199.

En el campo de “ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR PRESENTADO A TIEMPO“, se señala que Solfran “Si lo presenta“.

Pese a ello, Lomelí explica que la Secretaría de Hacienda convocó a toda la industria farmacéutica para dar a conocer las demandas del Sector Salud para lo que resta del año, siendo una invitación abierta a todos los laboratorios del país.

Llama la atención el interés de la empresa a informarse, si como sostiene Lomelí, “mis empresas no venderán ningún medicamento al Gobierno Federal“.

El morenista añade en su escrito que un representante de su empresa asistió a la reunión informativa, aunque “jamás se oficializó en ningún escrito que la asistencia era una condición para participar en la compra consolidada. Al contrario, era una reunión sobre la industria nacional”.

Aquí el documento emitido por Carlos Lomelí

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