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El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espríu, indicó que de acuerdo con las investigaciones, el 13 de diciembre del año pasado, 11 días antes del accidente aéreo donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla, su esposo y tres personas más, el helicóptero ya presentaba fallas.

Al presentar el informe final sobre el accidente, el funcionario federal comentó que la empresa operadora Servicios Aéreos del Altiplano continúo con la operación del helicóptero a pesar de las fallas presentadas, por lo que habría violado la normatividad.

De acuerdo con el informe, las fallas que se detectaron en la aeronave donde viajaban Martha Érika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, fueron en uno de los actuadores lineales que mueven las aspas del motor principal.

Indicó que tras concluirse las investigaciones, se descartó alguna falla en el motor, sabotaje o explosión. “El helicóptero debía estar en tierra. No debía volar”, precisó.

Adicional, mencionó que las investigaciones arrojaron que antes del impacto “no hubo desprendimiento alguno del helicóptero, ninguna de sus piezas se desprendió”.

Con esto, la causa probable del accidente  fue la pérdida de control del helicóptero. “La causa probable del accidente fue la pérdida del control del helicóptero debido a un alabeo repentino hacia la izquierda, que no fue recuperado por el piloto al mando, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno”, explicó Jiménez Espriú al participar en la conferencia matutina del presidente López Obrador.

Se mostró un correo electrónico que el taller Rotor Flight Services envió al Taller Precision Accesories & Instruments, en el que se informaba que  “el actuador que nos repararon, me lo está  reportando mantenimiento que está fallando, por lo que van a bajarlo de la máquina, aquí quiero saber para aplicar la garantía y poder proceder con la misma, ya que si sería un poco urgente por que la máquina tiene vuelos comprometidos y no podemos parar”.

Jiménez Espriú indicó que las carpetas de la investigación serán remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), ante aparentes causas constitutivas de delito. Adelantó que se iniciarán auditorías técnicas y administrativas integrales a la empresa Servicios Aéreo del Altiplano, S.A de C.V., dueña del helicóptero accidentado, y al taller de mantenimiento Rotor Flight Service, S. de R.L. de C.V., que era la encargada del mantenimiento de la aeronave.

 

Independientemente de los protocolos que cada empresa aplique, El Consejo Coordinador Empresarial emitió una serie de recomendaciones a todas las empresas, sobre las buenas prácticas de prevención ante la emergencia sanitaria que se vive en México por el Covid-19.

La primera acción que señaló fue suspender, reprogramar o hacer vía remota toda actividad no esencial que implique contacto de muchas personas, incluyendo eventos masivos, conferencias, foros, capacitaciones, cursos, etc.

Reagendar las reuniones no prioritarias. Realizarlas vía conferencia telefónica o de manera virtual cuando se pueda, y evitar asistir a reuniones, foros, capacitaciones externas de más de 20 personas.

Sugirió no compartir teléfonos ni herramientas de trabajo; evitar usar escritorio u oficinas de otros compañeros.

Recomendó cancelar todos los viajes institucionales al extranjero, y en caso de haber viajado en los últimos 15 días a uno de los países afectados, avisa inmediatamente a la Dirección de Administración y no acudir a trabajar si es que se presentan síntomas de enfermedad respiratoria (fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar). Además de solicitar atención médica inmediata y autoaislarse en casa.

“Recomiende a los colaboradores que tienen síntomas de enfermedad respiratoria aguda que se queden en casa y no vengan a trabajar por al menos 14 días. Asegúrese de que sus políticas de licencia por enfermedad sean flexibles y consistentes con las recomendaciones de salud pública y que los empleados conozcan estas políticas”.

El CCE exhortó a no solicitar comprobante oficial de enfermedad a los empleados que presenten enfermedades respiratorias agudas para validar su condición o para su regreso al trabajo, ya que las instituciones de salud pueden estar saturadas y no ser capaces de emitir los justificantes de manera expedita.

En ese sentido, subrayó que los empleadores deben mantener políticas flexibles que permitan a los colaboradores quedarse en casa para cuidar a un familiar enfermo. Recordó a los empleadores estar conscientes de que más empleados de lo habitual deban quedarse en casa para cuidar a los niños enfermos u otros familiares enfermos.

Recomendó que los colaboradores que parecen tener síntomas agudos de enfermedad respiratoria al llegar al trabajo o que se enfermen durante el día, sean separados de otros empleados y enviados a casa de inmediato.

“En todos los casos en los que sea posible, se recomienda establecer esquemas de trabajo flexible (por ejemplo, teletrabajo) y horarios de trabajo flexibles (por ejemplo, turnos escalonados), para aumentar la distancia física entre los empleados y entre los empleados y terceros. Asegurar que se tienen la tecnología e infraestructura necesarias para que múltiples empleados puedan trabajar desde casa”, indicó el Consejo.

Finalmente, pidió a las empresas estar preparadas para un posible aumento en el número de ausencias de empleados debido a enfermedades en los empleados y sus familiares, suspensión de programas para la primera infancia y escuelas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en su administración se valora la posibilidad de crear un cuerpo de seguridad para cuidar las oficinas de gobierno.

Durante su conferencia matutina, el mandatario explicó que esta mañana, en la reunión del Gabinete de Seguridad, se abordó el tema sobre el resguardo de oficinas, que eran vigiladas, y en algunos casos siguen, por policías privados.

“Tratamos en la mañana lo de el tener ya, un órgano para dar seguridad a las oficinas federales, una policía federal sólo para dar servicio de vigilancia a oficinas del gobierno”, refirió el mandatario desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

Aseguró que en el resguardo de los edificios se llegó “al colmo” que la Secretaría de Gobernación, quien anteriormente se encargaba de la extinta Policía Federal, contrató servicio de seguridad privada.

“Se tenían contratos de 50 mil elementos de policías particulares privadas. Se llegó al extremo, al colmo, de que la Secretaría de Gobernación, que manejaba la Policía Federal contrataba servicios particulares, a policías para vigilar sus oficinas. Eso ya no se permite, hay contratos vigentes que poco a poco se van a ir cancelando, es poner orden en la administración, indicó el presidente

Al respecto, informó que la empresas que obtienen contratos en la actual administración son analizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para evitar que se cometan ilegalidades como sucedió en gobiernos pasados.

AMLO dijo que se revisa que las compañías a las que se les otorga alguna licitación, no estén señaladas por malos manejos, incluso si son extranjeras.

“Ahora estamos revisando, en todos los casos se hacen las licitaciones y si ganan empresas, de todas maneras, Inteligencia Financiera (revisa); a ver, quiénes son, de dónde vienen, si se trata de empresas extranjeras, si están acusadas de malos manejos o no”.

El presidente aseguró que ahora ya no se pagan excesos, por ejemplo, como sucedía con la adquisición de medicinas en donde tres empresas controlaban la venta de medicamentos y materiales de curación y eso elevaba los costos, o se adquirían, dijo, “productos chatarra y caros”.

“Ya no hay el moche, el 10 por ciento: ‘Te doy este contrato, pero te mochas’. A ver, que nos digan, el que venga aquí y diga: Tuve que mocharme para tener la obra, lo protegemos y le damos un premio, y siempre va a tener oportunidad de participar en licitaciones”, afirmó el mandatario.

López Obrador hizo un llamado para que las compañías no den “moches” y hacer frente a sobornos, pues dijo que todas las empresas que estén interesadas en obtener algún contrato, lo pueden hacer sin necesidad de entrar a un proceso de corrupción.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo público este lunes su apoyo a mujeres que quieran participar en el paro nacional llamado “Un día sin nosotras” a celebrarse el próximo 9 de marzo, y pidió solidaridad de las empresas para este movimiento, pero también acciones.

El CCE dijo ser sensible a la grave crisis de violencia que viven las mujeres en el país, donde “los crecientes índices de abuso, acoso y feminicidios cada vez son más generalizados, y que llegan ya a menores de edad, y son absolutamente inaceptables.

En ese sentido, aseguró que la respuesta de las autoridades en los últimos años no ha sido adecuada, ni suficiente.

Sin embargo, reconoció que “todos fallamos como sociedad en nuestra parte de responsabilidad, mientras seamos omisos ante la vulneración de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en México”.

Por ello, aseguró que gobierno y sociedad deben garantizarles el derecho a la vida, una vida digna y libre de violencia.

La cúpula empresarial confió en que las empresas serán empáticas con las mujeres que decidan ausentarse de sus puestos de trabajo el día 9 de marzo, al facilitar todos los elementos necesarios para su participación en el paro convocado.

Adicionalmente, relató que trabajan en conjunto con empresas y organismos empresariales para avanzar en medidas concretas que permitan proteger a las mujeres al interior de las organizaciones, convirtiéndolas en espacios seguros y libres de violencia.

Y para ello propuso un manual de prevención y combate a la violencia de género en los lugares de trabajo, además de un protocolo base para establecer un sistema interno de denuncia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó esta mañana que además del gobierno de Estados Unidos, el avión presidencial también se le ofreció al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario reconoció que se está complicando la venta del avión presidencial, aunque dijo que no se puede “malbaratar, ni lo podemos entregar a un precio por debajo del avalúo”.

Añadió que para el día 15 de febrero se tendrá que definir lo que pasará con la aeronave, que también fue ofrecida al gobierno de Canadá, debido a que se dañó el avión que transporta al primer ministro de ese país.

Sobre el tema de la venta, López Obrador presentó el diseño de los cachitos para la rifa de la aeronave, y justificó que se contempla dicha alternativa de venta pues la gente quiere ayudar.

Incluso dijo que para que se pudiera llevar a cabo la rifa se tendría que modificar el marco legal de la Lotería Nacional, que hoy en día especifica que los sorteos que realiza son para la entrega de dinero en efectivo, no en especie.

“Se tendría que hacer todo un ajuste al marco legal para proceder, resolver el pago de los impuestos, qué se hace con determinada empresa que compra determinado número de boletos. Hay muchos, no diría obstáculos, sino procedimientos legales que se tienen que resolver”, comentó el mandatario.

López Obrador refirió que ayer se reunió con varios servidores públicos, entre ellos de Hacienda, el director de Banobras, el general de la Fuerza Aérea, los encargados de otras secretarías, Consejero Jurídico, quienes dijo serán los encargados de resolverán el tema.

López Obrador expuso que se tiene contemplado el 5 de mayo para que el avión presidencial sea devuelto a México, una vez que la empresa Boeing termine la certificación del mismo.

Explicó que de llevarse a cabo la rifa, a quien resulte ganador se le daría un año de mantenimiento para el avión y el estacionamiento sería en la Base Aérea Militar de Santa Lucía o en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”.

Asimismo, se crearía un esquema de fideicomiso para que quien gane la rifa decida qué hará con el dinero que obtenga de vender la aeronave.

Y aunque se tiene contemplado que la venta de 6 millones de cachitos, AMLO indicó que 4 millones de boletos se podrían vender a empresas y solo 2 millones se pondrían a la venta a través de la Lotería Nacional, reiterando que cada uno tendrá un costo de 500 pesos.

En ese sentido, recordó que con la venta de los cachitos se obtendrían 3 mil mdp, 500 mdp por encima del avalúo.

Aunque no se especificó el nombre y el número, un grupo de empresas publicarán en los próximos días un desplegado en un medio de circulación nacional, donde reconocerán públicamente que presentaron facturas falsas ante las autoridades fiscales durante las pasadas administraciones.

Así lo informó Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aludiendo a un acuerdo que se tuvo con dichos empresarios.

Recordemos que en diciembre pasado, López Obrador informó que un grupo de empresas había devuelto al Sistema de Administración Tributaria (SAT) alrededor de 3 mil millones de pesos y reconocieron que habían cometido irregularidades fiscales.

En ese sentido, el procurador fiscal expuso que las compañías se acercaron a las autoridades y decidieron regularizar su situación, firmaron acuerdos reparatorios; sin embargo, debido a que cometieron la ilegalidad antes de la entrada de las nuevas reformas no se puede ejercer acción penal.

“Se comprometieron en próximos días a hacer una declaración en un medio de circulación nacional donde reconozcan que cometieron estas irregularidades y que van a cumplir debidamente con sus obligaciones fiscales”, detalló Romero Aranda.

El presidente señaló que fue gracias a las reformas que se realizaron en esta administración a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, la de Seguridad Nacional, al Código Fiscal de la Federación y al Nacional de Procedimientos Penales, que se logró recuperar los recursos.

En este contexto, el procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda pidió a las empresas regularizar su situación ante el SAT y que paguen todo lo que deben, “a cambio de eso, no se va a ejercer acción penal, por eso es muy importante que se presenten regularicen su situación”.

El Gobierno de México informó esta mañana que se detectó un total de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a 862 mil 489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se explicó que se investiga a las compañías que violan la ley. Además se refirió que en el último mes de 2019 despidieron de manera masiva a miles de trabajadores.

“Fueron 380 mil trabajadores despedidos en diciembre y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar impuestos. Queremos informar sobre este tema porque ya se modificó la ley, por lo cual ya es un delito la evasión de impuestos. Vamos a actuar y se aplica la ley, no se pueden permitir estos casos”, dijo el mandatario.

Por su parte la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Maria Alcalde, explicó que las prácticas de subcontratación ilegal han ido creciendo en el país, pues para el 2019 se contabilizan 5 millones de trabajadores en este esquema y 6 mil empresas que realizan subcontratación abusiva.

En tanto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, aseguró que las prácticas agresivas de subcontratación afectaron a más de 64 mil trabajadores en México, y refirió que las grandes empresas que operan en este esquema son mineras, de servicios informáticos, call centers y producción de alimentos, entre otras.

Robledo indicó que dichas prácticas ilegales afectarán a las empresas que las realizan, porque se someterán a revisiones dentro de los operativos organizados por dependencias como la Secretaría del Trabajo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal.

En ese sentido, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, exhortó a las empresas a no hacer uso del outsourcing o subcontratación ilegal y a que se acerquen a las autoridades correspondientes para regularizar su situación, pues ahora la ley permite castigar a quienes lleven a cabo esta práctica.

Indicó que luego de las reformas hechas, ahora es posible perseguir como delincuencia organizada a todas aquellos empleadores que mantengan esquemas de subcontratación ilegal para evadir impuestos.

Romero Aranda mencionó que quien contrate servicios de outsourcing ilegal o de compra de facturas falsas, incurrirá en el delito de delincuencia organizada y puede tener una condena de hasta 14 años de prisión.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que con una derrama de 120 mil millones de pesos, la edición 2019 del Buen Fin mostró su mejor rendimiento desde su arranque en 2011.

El presidente del organismo, José López Campos, señaló que está derrama representa un 7% de las ganancias estimadas, por lo que se superan los resultados previstos para este año, el cual era del 5%.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el empresario destacó el uso de tarjetas de crédito representó el 25% de las formas de pago disponibles.

Indicó que fueron 96 mil 177 empresas las que solicitaron su registró para la edición 2019 del programa, por lo que fueron más de 200 mil establecimientos participantes.

“Los afiliados nos indican que los pagos con tarjeta de crédito se incrementaron 25 por ciento en los centros comerciales, esta es otra apuesta del Buen Fin, fomentar la inclusión financiera y el año que entra haremos una nueva meta con el uso del CoDi”.

López Campos explicó que en esta edición el comercio electrónico fue un factor importante para superar las expectativas, al igual que las redes sociales.

Agregó que los productos más buscados fueron pantallas electrónicas, electrodomésticos, la línea blanca en general y otros artículos como juguetes y herramientas, lo que habla de la cultura de la prevención.

Adelantó que en la siguiente edición del Buen Fin, se espera la participación de más ciudades fronterizas para garantizar que más mexicanos que vienen en Estados Unidos tengan la oportunidad de venir a realizar compras a su país.

Por su parte Surit Romero Domínguez, subprocuradora de servicios de la Profeco, dio a conocer que se atendieron 661 reclamaciones, de las cuales el 88.4% fueron conciliadas de manera rápida y expedita con resultados favorables a la población consumidora. Como resultado de las conciliaciones, los consumidores del Buen Fin recuperaron más de dos millones 230 mil pesos.

La funcionaria indicó que de los productos sobre los que se hicieron más reclamaciones, que fueron los más vendidos, fueron sobre ropa, calzado, electrodomésticos y electrónicos. Los principales motivos de reclamación fueron: incumplimiento de ofertas y promociones, publicidad engañosa y negativa a la entrega del producto, bien o servicio.

En ese sentido detalló que los proveedores con más reclamaciones fueron las tiendas de Grupo Walmart que ocuparon durante ya el quinto año consecutivo el primer lugar, sumando el 28% del total de las reclamaciones ante la procuraduría; así como las tiendas de Liverpool, Soriana y Elektra.

Las entidades con más reclamaciones en relación al tamaño de su población y de la actividad comercial fueron: Morelos, Oaxaca y Coahuila.

Sobre los resultados que obtuvieron a partir de una encuesta, la Profeco indicó que el 40% de los consumidores compró algún producto o servicio durante el Buen Fin. El 88% realizó compras en tiendas físicas y el 12% en tiendas en línea.

Sobre las formas de pago, coincidieron con lo expuesto por el presidente de la Concanaco; el 29% compró usando tarjetas de crédito; 29% pagó con dinero de su ingreso mensual y el 23% utilizó dinero que ahorró específicamente para comprar durante el Buen Fin.

Finalmente, Romero Domínguez indicó que tres de cuatro consumidores encuestadores dijeron haber gastado entre mil y 10 mil pesos durante el pasado fin de semana.

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, negó que esté siendo protegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto ante la acusaciones de omitir propiedades y empresas en sus declaraciones patrimoniales.

Al respecto, negó tener inversiones en empresas o posesiones más de lo declarado.

En conferencia de prensa, señaló que el titular del Ejecutivo federal tiene como bandera la lucha contra la corrupción, lo cual no solo tiene que ver con las compras, sino con lo moral, con las cualidades de los funcionarios.

Bartlett Díaz expuso que desde hace más de 10 años sus hijos son económicamente independientes, y sin ser servidores públicos han construido y construyen su propio patrimonio, razón por la que no los incluyó en su declaración patrimonial, lo mismo que a Julia Elena Abdala Lemus, de quien negó fuera su concubina.

“En relación con el patrimonio de la señora Abdala y el de un servidor, son totalmente independiente. No existe dependencia económica alguna entre ella y un servidor. No vivimos bajo el mismo techo, eso es del dominio público”, aclaró el titular de la CFE.

De acuerdo con el funcionario, al inicio de su función como titular de la empresa productiva del Estado declaró no tener cónyuge, ni dependientes económicos. “Lo que he declarado ante la autoridad es lo que poseo, ni un peso más, ni un peso menos”, señaló.

En ese sentido, expresó su respeto a las autoridades que habrán de analizar las denuncias que se han presentado y estudiarlas con base en la ley.

Expuso que ha estado al servicio de México durante muchos años y está orgulloso de su desempeño. “Mi honorabilidad está por encima de cualquier manejo publicitario o de cualquier campaña, porque son muchos años en los que he estado bajo el escrutinio público”, concluyó.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que en la presente administración se han congelado más de 5 mil millones de pesos en cuentas de personas físicas y morales relacionadas con corrupción, narcotráfico o lavado de dinero.

Explicó que dicha cantidad corresponde a 130 acuerdos de bloqueo, que han derivado, hasta este momento, en 127 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 61 vistas a distintas autoridades administrativas.

Indicó que el dinero permanece en los bancos, en espera de lograr las reformas legales para que pueda ser utilizado por el Estado mexicano en programas sociales.

Comentó que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que, si la investigación es de sede nacional y no internacional, pueden los jueces de distrito dictar suspensiones provisionales y, por tanto, en realidad estar liberando las cuentas”.

Detalló que con la reforma al artículo 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, que ya fue avalada en el Senado de la República y que será discutida en la Cámara de Diputados, “podemos librar la inconstitucionalidad señalada por la Corte y fortalecer nuestro sistema financiero a fin de evitar que este tipo de recursos no sigan utilizándose en el marco del Estado de derecho de México”.

Añadió que en el Senado se discute un paquete de reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita , al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la materia.

Remató señalando que la UIF está trabajando “muy de cerca con la Cámara de Diputados para lograr una reforma legal que permita mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), detectó inscripciones en las que se él y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müeller, aparecen como socios de 26 empresas que fueron creadas en Veracruz.

El mandatario indicó que de acuerdo con información que le proporcionó el mismo SAT, todas las empresas están inscritas el 11 de agosto de 2019 en Boca del Río, y en ellas registraron como socios a él y a su esposa. “Me rayé! Me convertí en empresario”, dijo entre risas.

Sin embargo, aclaró que no es empresario, “soy servidor público, no tengo empresas, no tengo propiedades bienes, apenas tengo la cuenta donde me depositan, nunca he tenido tarjeta de crédito, nunca me ha interesado el dinero aunque no pienso que todo el que lo tiene es malvado”.

López Obrador refirió que si bien apenas supo de la situación, y que dichas empresas están canceladas en el SAT al constatarse que no han hecho operaciones, decidió informarlo hoy mismo “para que no vaya a ser que ya se estén cometiendo ilícitos utilizando estas empresas”.

López Obrador indicó que el SAT ya investiga el registro de dichas empresas, y aprovechó para felicitar al personal del Servicio “porque tiene un sistema para advertir cuando hay operaciones raras y este fue el caso y ya se indaga, cuando sepamos más les informamos, esto fue apenas ayer”.

AMLO recriminó que “están muy mal acostumbrados a hacer esto, o sea si fue por venganza de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT o alguien que en efecto constituye estas empresas, que puede hacer negocio engañando que soy miembro de la empresa o mis adversarios políticos para que mañana aparezca que estoy yo haciendo negocios chuecos”.

El SAT por su parte informó que los registros de las 26 inscripciones fueron hechos por la usuaria Claudia Olivia Martínez Rodríguez, asesor fiscal integral perteneciente a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracuz “2”.

El domicilio que se habría manifestado en los registros es el de dicha Administración Desconcentrada, ubicada en Paseo de la Niña 150, Boca del Río, Veracruz.

Y aclaró que aunque las operaciones ante el SAT se registraron el 15 de agosto, el inicio de operaciones fue el 12 de mayo. Además de que en todas las empresas aparece como representante legal Oscar Manuel Montoya Landeros, Coordinador Nacional de las Administraciones Desconcertadas de Servicios al Contribuyente.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, afirmó que en la sesión del Pleno de hoy, se discutirá y votará la reforma constitucional al artículo 28, a fin de terminar para siempre con la condonación de impuestos a grandes empresas.

“La bancada de Morena dará su voto mayoritario para aprobar la reforma al artículo 28 constitucional, tal como la propuso el presidente, Andrés Manuel López Obrador”, indicó el legislador.

Delgado Carrillo explicó que con esta reforma nunca más un presidente de la República “podrá andar dando favorcitos especiales, condonando impuestos (y) haciendo excepciones fiscales a los grandes empresarios”.

Señaló que se perdían miles de millones de pesos por esta facultad discrecional que tenían los presidentes en turno.

En otro tema, destacó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 se respetarán los compromisos que hizo el presidente de no aumentar impuestos, no endeudar al país y no aumentar el precio de los energéticos.

“Se destinarán más recursos a lo que verdaderamente importa, como los programas sociales, la inversión en la gente y a los proyectos de infraestructura y el rescate energético que van a incrementar el potencial de crecimiento económico de nuestro país”, detalló.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos circulares por las que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con las empresa Lomedic, S.A. de C.V. y Laboratorios Solfrán, S.A.

La dependencia señaló que la sanción para ambas empresas, propiedad de Carlos Lomelí, exsuperdelegado del gobierno federal, será la inhabilitación por un plazo de 2  años y 6 meses.

Aclararon que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con las empresas no quedarán comprendidos en la aplicación de la inhabilitación.

Adicional, la circular hace mención de una multa que las empresas deberá pagar a más tardar el día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, ya que en caso de no cubrir dicho monto, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente.

Según la SFP, la multa a cada una de las empresas asciende a 1 millón 51 mil 500 pesos.

“Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, dijo la Secretaría a través de un comunicado.

Recordemos que investigaciones periodísticas revelaron que las empresas, propiedad del exfuncionario federal, pretendía participar en la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de 2019 del gobierno federal; y aunque Lomelí Bolaños negó la información, la presión y polémica lo llevó a renunciar argumentando que con dicha decisión la SFP podría llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional al Consejo de la Comunicación para su ceremonia de cambio de presidente. Ahí, el Ejecutivo federal destacó que mientras en otras partes del mundo hay inmovilismo y decadencia, en México “estamos saliendo de la crisis.

Aseguró que el país deja atrás un proceso de degradación por el cambio de mentalidad que hay en la sociedad en pro de una cultura de la honestidad y para desterrar flagelos como la corrupción.

AMLO dijo que si bien “no todo ha sido malo, es precisó que, si exaltamos los valores culturales, morales y espirituales, vamos a llevar a cabo el renacimiento de México”.

Ante los presidentes entrante y saliente del Consejo de la Comunicación, José Carlos Azcárraga Andrade y Federico López Otegui, respectivamente, López Obrador celebró la campaña en pro de la honestidad que impulsa este organismo, pues  dijo que si se sigue con dicho  propósito, se va a dejar una buena herencia a las nuevas generaciones.

El presidente se dijo partidario de la creación de conciencia a partir de la información y de la orientación, y señaló que dentro de la nueva etapa de la vida del país está en proceso un camino de mentalidad, pues millones de mexicanos están tomando conciencia, participando en la transformación que requiere el país.

Por su parte, Azcárraga Andrade afirmó que durante su periodo buscará la participación activa de todos los sectores de la sociedad y que sentará las bases para crear la visión 2030 del organismo cúpula, con la finalidad de continuar posicionándolo como una de las instituciones más relevantes del país.

En torno a los ejes estratégicos en los que se enfocará, resaltó el importante papel que juegan las empresas, toda vez que generan nueve de cada 10 empleos en el país.

Reafirmó el compromiso del Consejo para sumar esfuerzos con el gobierno, como en el caso de la Estrategia Nacional contra las Adicciones, y resaltó que para impulsar el crecimiento y el desarrollo del país es necesaria la participación activa de todos los sectores de la sociedad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer esta mañana en su conferencia de prensa,  que se logró un “muy buen acuerdo” con las empresas constructoras de gasoductos en el país, que permitirá un ahorro para la hacienda pública de 4 mil 500 millones de dólares en beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además del ahorro que representará, AMLO indicó que el acuerdo garantizará el abasto de gas y energía eléctrica en todo el país.

El mandatario sostuvo que con el acuerdo se garantiza el abasto de gas para la industria eléctrica, “para que no tengamos apagones en muchos años y para el fomento de la industria nacional; vamos a tener gas suficiente en México”.

Acompañado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, y el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, el presidente agradeció la voluntad de los empresarios para llegar a un acuerdo mediante el diálogo, “poniendo por delante el interés nacional y considerando también el interés legítimo de las empresas”.

Reconoció que hubo diferencias con las compañías que estuvieron a punto de orillarlos a acudir a tribunales internacionales por los contratos que se suscribieron en la construcción de los gasoductos.

Con la presencia de Carlos Slim, presidente de Grupo Carso; Carlos Salazar, titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Antonio del Valle, dirigente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), López Obrador agradeció la respuesta al llamado que hizo a los empresarios para buscar un acuerdo.

Dijo que en este tema “se habían acordado condiciones que nosotros consideramos dañinas para la hacienda pública, y por eso se acudió a los dueños de las empresas, para que haciendo a un lado los compromisos legales, se llegara a un acuerdo en beneficio de todos”.

AMLO hizo un reconocimiento especial al presidente de Grupo Carso, Carlos Slim, por haber sido el primero en llegar a un acuerdo con la CFE, lo que “marcó la pauta para lograr los acuerdos”, al tiempo que destacó la intermediación de dirigentes del sector empresarial del país, quienes estuvieron en todos los encuentros que se llevaron a cabo.

“Ganamos porque se reduce el costo de las tarifas en el transporte del gas y esto va a repercutir en que se produzca energía eléctrica a menores costos y no aumenten las tarifas”, remató el mandatario federal.

Luego de que esta mañana la Secretaria de la Función Pública (SFP) informara sobre las investigaciones contra el ex delegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dio a conocer cuáles son las conductas irregulares por las que podría ser sancionado el ex funcionario.

“Ya arroja indicios y datos de posibles conductas irregulares”, dijo la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sobre la investigación a Lomelí, quien renunció al cargo el viernes pasado.

La organización recordó que las investigaciones contra Lomelí arrancaron el 22 de mayo pasado, luego de que se diera a conocer que Lomelí, junto con familiares y amigos, forma parte de una red de empresas que venden medicamentos a gobiernos.

De diciembre 2018 a abril de este año, cuando Lomelí ya era superdelegado, la empresa Abisalud, parte de esa red, recibió contratos por 164 millones de pesos del gobierno federal y otro de 36 millones con el gobierno de Veracruz.

La Secretaria de la Función Pública informó hoy en conferencia que hay cuatro investigaciones sobre las empresas con las que tiene vínculo Lomelí y tres más sobre conductas contrarias a la legalidad en que incurrió el ex funcionario.

El empresario farmacéutico ha incurrido en conductas sancionadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por las que podría ser inhabilitado para ejercer un cargo público hasta por 20 años y los contratos de las empresas farmacéuticas con el gobierno podrían ser anulados.

Lomelí pudo haber incurrido en actos ilegales como cohecho al obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público;  actuación bajo conflicto de Interés; enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y  tráfico de influencias.

Podría, incluso, haber acciones penales contra Lomelí, dijo Sandoval Ballestero. “Se pueden aplicar estas penas que implicarían desde la destitución, sanción económica, inhabilitación del servidor público y dar vista a las autoridades penales competentes si es que la investigación arrojase en este sentido una línea de investigación”, remató.