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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el gobierno presentará denuncias contra algunas empresas energéticas por fraude.

El mandatario aseguró que alista las denuncias contra «los que resulten responsables» de dañar a la Hacienda Pública por contratos «fraudulentos» entregados en administraciones pasadas que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagarle una tarifa a los privados.

Al indicar que primero hablará con los privados, criticó que la opinión pública solo acepte la opinión de los particulares.

«Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la nación», dijo AMLO en la  mañanera.

El presidente se refirió a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes notificó de la suspensión provisional de la política que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este acuerdo, como explicó el propio mandatario este martes, pretende que la electricidad de generadores privados de viento y sol no tenga prioridad sobre la de plantas hidroeléctricas y otras fuentes de CFE.

«Como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están
subutilizadas», insistió López Obrador.

Aunque el presidente dijo que la SCJN otorgó un amparo a las empresas inconformes, en realidad la Suprema Corte concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien impugnó la semana pasada la política porque «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución».

«Somos respetuosos de la legalidad, hay en México Estado de derecho, esto también lo digo para que en otras partes, particularmente en España, en Estados Unidos, pues no se piense que se actúa de manera arbitraria», dijo López Obrador.

El presidente indicó que explicará a los empresarios de Estados Unidos y España «por qué están actuando así».  Aun así, adelantó que va «a defender el interés público» ante la Corte, aunque «lleve tiempo», pues se calcula que la SCJN podría tardar hasta un año en determinar la constitucionalidad de la política de Sener.

«Lo que hay es una campaña hablando de que no respetamos acuerdos, pues si ustedes se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues estamos obligados todos a denunciarlo, ¿o ya lo dejamos así? ¿que nos sigan robando?», remató.

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, dijo este jueves que cambiar las reglas en el sector energético en el país pueden tener efectos negativos para la inversión, pues los inversionistas buscan certidumbre.

Las declaraciones del embajador se producen a menos de una semana de que entre en vigor el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, el T-MEC.

Al participar en un foro virtual organizado por la CONCAMIN, que algunas de las acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de los últimos meses han dado paso a la incertidumbre sobre su promesa de respetar las leyes que se hicieron en el pasado, esto al referirse al sector energético.

«(El Gobierno) tiene el derecho de establecer o cambiar sus políticas económicas o sociales domésticas, pero también, a la vez, hay que reconocer que estos cambios puedan tener efectos muy negativos en cuanto a la inversión doméstica y extranjera», afirmó el diplomático.

Y es que recordemos que el Cenace frenó la apertura de nuevas plantas de energía renovable, misma que fue impugnada y hasta ahora no ha surtido efecto, mientras que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó una fuerte alza a las tarifas que deberán pagar empresas generadoras a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la transmisión de energía.

Adicional, a mediados de junio la mayor organización petrolera de Estados Unidos, el API, denunció en una carta la existencia de prácticas de discriminación contra inversionistas estadounidenses de crudo y gas por parte del gobierno mexicano que, dijo, violan el T-MEC.

«Para mí algunas de la acciones de estos últimos meses, sobre todo en el sector energético, han creado incertidumbre sobre esa promesa del Gobierno de respetar lo que se hizo en el pasado y de no cambiar las reglas del juego», aseveró Landau, por lo que afirmó no saber si están dadas las condiciones para invertir en México.

Al respecto, este jueves se dio a conocer otra carta mas, ahora de la American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM) que agrupa a casi todas las refinerías y petroquímicas de Estados Unidos, en la que denunció que varias acciones tomadas por el gobierno mexicano van en contra del T-MEC.

“El gobierno mexicano ha tomado múltiples medidas para restringir las inversiones actuales y futuras de Estados Unidos en el mercado energético mexicano. Estos incluyen retrasar los permisos para desarrollar infraestructura, cancelar los permisos de importación, crear vacíos y exenciones en las regulaciones que favorecen a las empresas estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex)”, refirió la AFPM en la carta que envió al presidente Donald Trump, a Robert Lighthizer, representante comercial de EUA, y a Mike Pompeo, secretario de Estado.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este miércoles a la compañía española Iberdrola de impulsar una campaña mediática en su contra, por no estar de acuerdo con los cambios en las reglas en el sector eléctrico que se han producido en los últimos días.

Desde hace varios días, el mandatario ha criticado en la mañanera a Iberdrola, el primer productor privado de electricidad en el país, así como los negocios realizados entre el anterior gobierno y empresas de España.

«En el caso de Iberdrola, ¿por qué habló así, con transparencia? porque tengo información de que son ellos los que están promoviendo esta campaña, nada más que encubiertos, porque el conservadurismo tiene esas dos características. No lo olviden, son muy corruptos, son muy hipócritas», amagó López Obrador.

Acusó que la empresa española cometió abusos, y como ejemplo recordó que se llevó a trabajar a su corporativo a una de las secretarias de Energía del gobierno en administraciones anteriores, además de que el mismo expresidente Felipe Calderón también se fue a trabajar como consejero de Iberdrola.

Los ataques del mandatario no fueron exclusivos para Iberdrola, pues se lanzó contra el periódico El País, al decir que defiende a las empresas españolas.

«Pero pueden estarnos cuestionando un día sí y el otro también y no vamos nosotros a seguir permitiendo el robo y el saqueo. Todo lo que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con el combate a la corrupción, es señalado, es cuestionado por El País. Callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando se trata de defender intereses de grupos, intereses económicos, intereses políticos».

Las declaraciones del mandatario son parte de una confrontación con empresas privadas generadoras de electricidad, principalmente renovables, desatada tras una serie de cambios a las normas del sector eléctrico, que ha enojado a los inversionistas y algunos países aliados de México.

El mandatario ha dicho que defenderá en tribunales las nuevas reglas, que han sido impugnadas por afectados, y que incluyen el freno al inicio de operaciones de nuevas plantas de energía renovable argumentando que su intermitencia amenaza la confiabilidad del suministro eléctrico nacional, durante la pandemia del coronavirus.

Además, también están las disposiciones de la Secretaría de Energía para dar al Estado más poder para decidir quién puede generar electricidad y en qué cantidad, así como nuevas tarifas para que puedan usar la red de transmisión de la estatal Comisión Federal Electricidad (CFE).

El Juez Primero Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, suspendió de manera indefinida, el acuerdo por el que Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), busca controlar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y frena las inversiones de energía limpia y renovable.

Con la resolución del juez, quedan anuladas las medidas contenidas en la política de confiabilidad publicada en mayo pasado por la Sener y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La suspensión se debe a que fue concedió un amparo a favor de Defensa Colectiva, A. C, asociación que interpuso el recurso en contra el acuerdo publicado.

“Al establecerse barreras de entrada al mercado eléctrico mayorista, éste no podrá servirse de los beneficios de la libre concurrencia y competencia económica, pues podría generarse una barrera de entrada a las centrales generadoras de energía limpia, y un fortalecimiento anticompetitivo de las centrales convencionales, que ya tienen determinada posición en el mercado o que, a diferencia de las eólicas o fotovoltaicas, sí podrán entrar en operaciones o permanecer en el mercado durante la vigencia de los actos reclamados, al menos con mayor facilidad”, señaló el juez Rodrigo de la Peza.

Con esto, el acuerdo no podrá entrar en vigor hasta que el juez dicte su sentencia de amparo o, si la Sener impugna, hasta que un Tribunal Colegiado resuelva si la confirmará o no.

Recordemos que el acuerdo del Cenace fue publicado en abril pasado, y suspendía de manera indefinida las pruebas necesarias para que las plantas de generación eólicas y solares entraran en operación, argumentando de que ponen en peligro la estabilidad del sistema eléctrico durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

Según especialistas en la materia y asociaciones de compañías energéticas, los acuerdos de Sener y Cenace ponían en peligro 44,000 millones de dólares de inversión y 81,500 empleos en el país.

La nueva política ha desatado una batalla legal entre empresarios y el gobierno, quien primero justificó los lineamientos para garantizar el suministro ante la crisis de COVID-19, pero después admitió buscar «un trato justo» para CFE frente a los privados.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunció este jueves un aumento «ilegal» e «inadmisible» de entre 500% y 900% de las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables.

El CCE acusó al gobierno de ignorar la ley en lo que llamó el «electrolinazo», aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) «de acuerdo con las exigencias» de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

«Las autoridades nuevamente han ignorado la evidencia sobre los impactos y repercusiones que se manifestarán sobre la economía nacional en general y los consumidores en particular. También han atropellado la Ley de la Industria Eléctrica y tratados internacionales», sostuvo el Consejo en un comunicado.

El CCE se refirió al aumento, que antes de la inflación es de 775% en las tarifas de porteo de baja tensión, en 407% las de media tensión y en 446% las de alta tensión, y que deberán pagar las centrales renovables instaladas previo a la reforma energética de 2013.

El informe anual sobre inversiones en energías renovables del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP), que se publicó este miércoles, exhibe la preocupación de la comunidad internacional por la política energética de México y la incertidumbre que está causando en el sector.

El informe señala que aunque en 2019 en México se invirtieron 4,300 millones de dólares en proyectos de energías renovables, un 17% más que el año anterior, la cifra está lejos de los 6,100 millones invertidos en 2016.

Refiere que las inversiones en energía eólica en México cayeron el año pasado un 15%, a 887 millones de dólares, aunque las de energía solar aumentaron un 31% a 3,400 millones de dólares.

En el informe «Global Trends in Renevable Energy Investment 2020», en el que además del UNEP también han participado Frankfurt School y BloombergNEF, hace referencia a la «incertidumbre sobre la política energética bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador» y que en 2019 no se produjeron nuevas subastas de proyectos.

La aparición del informe se produce pocas semanas después de que el gobierno de la ‘Cuarta Transformación’ decidiera de forma inesperada y unilateral cambiar las normas sobre los proyectos privados de generación de energía renovable que en la práctica bloquea los proyectos de energía limpia.

Las autoridades de nuestro país han justificado su decisión sobre los proyectos de energía renovable porque su generación de electricidad es «intermitente» y depende de condiciones meteorológicas y que la crisis causada por la pandemia de COVID-19 obliga a contar con fuentes fiables de energía.

La situación de México contrasta con la del resto de Latinoamérica. El informe de la UNEP destaca que Latinoamérica tiene tres ventajas particulares sobre algunas partes del mundo en lo que respecta a la atracción de inversiones.

En primer lugar, señala, tiene excelentes recursos para la generación eólica, solar y de biomasa. En segundo lugar, destaca su desarrollo de políticas que han puesto el énfasis en el papel de las subastas para distribuir nueva capacidad. Y finalmente, la confianza de promotores internacionales como Enel, EDF y Mainstream Renewable Power así como los prestamistas internacionales.

Pero los expertos temen que estos dos últimos aspectos estén en peligro con las acciones del gobierno de López Obrador.

El informe señala que las inversiones globales en renovables sumaron 282,200 millones de dólares en 2019, un 1% más que en el año anterior, y que se añadieron 184 GW de capacidad eléctrica limpia.

El informe añade que los compromisos existentes de inversiones en energía renovables de aquí al año 2030 suman alrededor de 1 billón de dólares y crearán 826 GW de capacidad de generación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que se defenderá en tribunales la decisión que se tomó en su administración de suspender la operación de centrales privadas de energías renovables, pues aseguró que es necesario poner orden en el sistema eléctrico nacional.

«Tienen instrucciones ya los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía, para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas», declaró.

López Obrador enumeró los cuatro elementos que componen su política en materia de energía eléctrica: el respeto al Estado de Derecho, la postura a favor de energías limpias, no aceptar la corrupción en el sector, y la defensa jurídica de la postura gubernamental.

“No hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, lo que se está haciendo es que no haya corrupción, que no haya sobreprecios, que significa que el pueblo pague más; lo que estamos garantizado es que haya pecios justos y que no se afecte a los ciudadanos”, señaló el mandatario.

Precisó que su gobierno no está en contra de la generación de energías limpias como lo han acusado sus detractores; y dijo que por el contrario, se impulsarán cada vez más las energías alternativas. Dijo que de lo que sí está en contra es de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante el periodo neoliberal en la industria eléctrica. «Ese es el fondo del asunto».

Al ser cuestionado sobre los amparos que se han otorgado luego del acuerdo publicado por la SENER, AMLO dijo que serán respetuosos de las decisiones de los jueces. «Vamos a ser respetuosos de la legalidad como lo hemos demostrado. El Poder Judicial es autónomo e independiente y vamos a respetar las decisiones de los jueces», afirmó.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México ordenó la reactivación de pruebas preoperativas en las centrales de energía renovable, después de que varias empresas operadoras presentaran sus amparos al acuerdo que las prohibía.

El Cenace había prohibido estas prácticas con un acuerdo en vigor desde el 1 de mayo, según el cual las centrales renovables suponían un peligro para la seguridad energética en el país durante la pandemia por su intermitencia en la generación.

Ayer, el Cenace había informado, como resultado de la nueva política, de la suspensión de este tipo de actividades en 17 centrales, 7 eólicas y 10 fotovoltaicas.

Sin embargo, según un documento emitido por el regulador, el regulador autorizó la reactivación de las pruebas preoperativas en 23 parques.

Esa rectificación, recoge la notificación del Cenace, responde a «la finalidad de dar atención a lo determinado por los órganos jurisdiccionales» y solo afecta a las empresas amparadas judicialmente.

La resolución legal a la que hace referencia el Cenace argumenta que no se puede aplicar el acuerdo del 1 de mayo a las compañías quejosas «en tanto no afecten a la confiabilidad» del sistema energético. La notificación también establece que «deberá otorgarse la licencia correspondiente» a aquellas centrales que no hubieran empezado con las pruebas pero que ya las tuvieran programadas para «un futuro inmediato».

Esto contradice también al acuerdo impugnado legalmente, que contemplaba no dar nuevas licencias a las centrales que todavía estuvieran por arrancar sus pruebas.

“Todos aquellos generadores que a la entrada en vigor del acuerdo impugnado, ya se encontraban en pruebas preoperativas, deberán reanudarse las mismas; así mismo, aquellos generadores que se encuentren en el listado que se adjunta y que durante la vigencia del acuerdo impugnado, tengan programadas pruebas preoperativas a ejecutarse en el futuro inmediato, deberá otorgarse la licencia correspondiente, previo al análisis de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo la autoridad.

Los proyectos son a los que se autoriza son: Recursos Solares PV de México IV; Akin Solar; Eólica Tres Mesas 4; Fuerza Eólica de San Matías; Fuerza Eólica del Istmo; Versalles de las Cuatas Uno; Versalles de las Cuatas Dos; Tai Durango Cuatro Neo; Eoliatec del Pacífico; Eoliatec del Istmo; Versalles de las Cuatas Tres; Mitre Calera Solar; Eléctrica del Valle de México; FV Mexsolar XI; Kenegreen; X-Elio FV Conejos Médanos; X-Elio FV Xoxocotla; ENR AGS; Parque Amistad II; Parque Salitrillos; EGP Magdalena Solar; Dolores Wind, y FRV Potosí Solar.

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Al presidente no le gustan ni las energías limpias ni las inversiones privadas. Las primeras quizás porque no las entiende, las segundas porque ve cualquier inversión privada como la mano del cerdo capitalista que abusa del pueblo y se enriquece a su costado.

Por ello hemos visto como su gobierno ha cometido tres atropellos concretos, tres strikes, en contra de las energías limpias y la inversión privada en el sector que, por el momento, las tiene ponchadas.

STRIKE 1: Resolución que modificó los términos para la estricta separación legal de la CFE que se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2016. Con esta separación legal se lograba dividir subsidiarias y filiales de la CFE para que financieramente se supiera en donde tenía pérdidas, en donde utilidades y pudiera participar en el mercado en igualdad de circunstancias. En marzo del 2019 se modifican estos términos y así la CFE, bajo la batuta de Manuel Bartlett, puede auto regularse, ósea, hace opaco en donde hay pérdidas; en donde ganancias y permite manipular los precios del recientemente creado mercado eléctrico mayorista.

STRIKE 2: Facilitar a la CFE que su generación hidroeléctrica y nuclear obtuvieran CELs (Certificados de Energía Limpia) a pesar de no ser inversiones nuevas. En octubre del 2019, la SENER publicó reglas para que las hidroeléctricas y centrales nucleares de la CFE obtuvieran CELs aun sin ser inversiones nuevas. Los CELs fueron hechos para impulsar inversión en nuevas centrales limpias y así asegurar el cumplimiento de los acuerdos internacionales en cuanto a reducción de emisiones, bajando y estabilizando el precio de la energía eléctrica en el largo plazo. La necesidad de generar certificados les dio un valor de mercado. Al hacer el cambio la SENER, desvirtuó el propósito de estos certificados y los devaluó en beneficio de la CFE y en perjuicio de los inversionistas.

STRIKE 3: Cambios regulatorios al uso de energías.

Éste último strike que ocurrió el viernes pasado ponchó la posibilidad de que en México se utilicen las energías más limpias y de mejor precio en el mercado de un plumazo. Es un cambio que primero es ilegal, porque no cuenta con la revisión y visto bueno de la COFECE ni de la COFEMER.

En segundo lugar, es un documento que se soporta en una enorme mentira. SENER y CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) argumentan que las empresas de energía solar y eólica generan energía de manera intermitente y por ello hay alteraciones en la red de suministro, lo que genera inestabilidad. Esto es una enorme mentira porque las empresas que obtienen su contrato de interconexión para proveer energía al Sistema Eléctrico Nacional lo reciben una vez que el CENACE se los otorga habiendo cumplido con tres estudios que demuestran que han invertido en equipo de protección a la red que hacen que la corriente sea asíncrona, lo que elimina estas oscilaciones.

Es además una manipulación del mercado que, en lugar de favorecer primero a las energías más baratas y limpias como suministro para el sistema eléctrico nacional en beneficio de los usuarios finales, como son la eólica y la solar, da prioridad a la más cara y sucia, que es el combustóleo que le suministra Pemex a la CFE para que sean sus centrales las primeras en ser despachadas, no importando si utilizan insumos caros y sucios.

Por último, es la forma más clara en que México como país está decidiendo incumplir con sus compromisos ambientales pactados y firmados, como el Acuerdo Climático de Paris. En las refinerías en donde se produce combustóleo, un residuo de la refinación de petróleo que contiene más de 4% de azufre, que cuando es quemado para generar energía se ha documentado un impacto en la salud de los habitantes que viven en sus alrededores.

Y por si fuera poco, en este tercer strike el gobierno quizás no se ha dado cuenta (o si sí, no le importa) que se está dando un balazo en el pie porque varias de las empresas que han invertido en energías renovables tienen créditos con la Banca de Desarrollo. Si estas empresas quiebran, no le van a pagar a Banobras; Nafin, etc.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, solicitó el reemplazo inmediato del gabinete energético del gobierno federal, encabezado por la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, y los directores generales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Octavio Romero Oropeza y Manuel Bartlett Díaz, respectivamente.

A nombre de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks indicó que el reemplazo de los funcionarios es necesario “ante la incompetencia, el manejo ideológico y tratar de rescatar por decreto a Pemex y CFE de sus muy serios problemas económicos”.

Los panistas calificaron el acuerdo de la Sener por el que emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, como “la primera auténtica estatización” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dado que frena la inversión privada en energías limpias o renovables.

El diputado panista indicó que más allá de la cadena de irregularidades para la entrada en vigor de la medida, una de las más graves y directas afectaciones sobre la población mexicana es el desplazamiento de la generación limpia de electricidad para regresarnos al carbón y el combustóleo, altamente contaminantes”.

Afirmó que “una vez más se vuelve a atropellar el Estado de derecho y la certidumbre para los inversionistas nacionales y extranjeros que enfrentan la incongruencia de que todo lo que acuerdan en un contrato se puede venir abajo de la noche a la mañana».

Acusaron que por si fueran suficientes los casos del aeropuerto de Texcoco y de la cervecera Constellation Brands, ahora se elimina la posibilidad de instalar plantas de energía limpia como la eólica y la solar, que resultan más baratas y sin impacto al medio ambiente.

SERGIO SARMIENTO

REFORMA

«Sostengo que lo justo no es

otra cosa que lo que conviene

al más fuerte».

Trasímaco

La secretaria de energía, Rocío Nahle, compartió ayer por Twitter «el último reporte de los avances de la construcción» de la refinería de Pemex en Dos Bocas. En un video mostró la cimentación de las áreas de proceso, lo que sin duda ha generado envidia en muchas empresas de construcción cuyas obras han sido detenidas porque el gobierno las consideró «no esenciales». La ley no se aplica a todos por igual en nuestro país.

Son muy extraños los criterios con los que se definen en esta emergencia sanitaria las actividades esenciales y las no esenciales. La producción de tequila, por ejemplo, es esencial, pero no la de cerveza. La industria farmacéutica o la de alimentos son esenciales, lógico, pero no la de empaques y envases, lo cual hace cada vez más difícil enviar los medicamentos y alimentos a los puntos de venta. Muchas fábricas deben seguir ofreciendo productos de todo tipo, entre ellos instrumentos médicos, pero las minas están cerradas, lo cual deja a muchas sin insumos básicos. Si llegamos a tener desabasto será por ineptitud, por falta de conocimiento sobre cómo funcionan las cadenas de producción y de distribución.

El gobierno de López Obrador se ha preocupado mucho por atender las exigencias del gobierno de Estados Unidos para que se abran las actividades que se encuentren en las cadenas de producción de las empresas estadounidenses, pero no muestra el mismo interés por atender los reclamos de las empresas mexicanas que han visto cerradas sus actividades a pesar de que podrían estar trabajando con las adecuadas medidas de salud.

Los criterios de cierre de empresas o tiendas son en buena medida irracionales. Favorecen a algunas firmas y consumidores, pero castigan a otras sin razón. Esto me quedó claro hace unos días cuando decidí comprar una bicicleta para trasladarme en estos días en que las restricciones a la circulación y al transporte público hacen más complicado de lo necesario acudir todos los días a mis programas informativos de radio y de televisión (clasificados como actividades esenciales). Quise primero adquirirla en una tienda especializada en bicicletas, pero estaba cerrada, porque no es un producto esencial. Busqué una en un Elektra cercano, que sí estaba abierto (aclaro interés: colaboro con TV Azteca, una empresa propiedad del mismo grupo corporativo), pero me dijeron que no podían vendérmela porque las autoridades dijeron a la tienda que podía mantener sus actividades esenciales, pero no las no esenciales, y la venta de bicicletas no lo es. Fui después a un Walmart y ahí sí había esas bicicletas no esenciales, solo que no me gustaron. Al final compré una en Amazon, pero nunca entendí los criterios para que en algunos lugares se pudiera vender una bicicleta y en otros no.

Las decisiones de las autoridades sobre qué actividades o productos son esenciales representan enormes diferencias en las posibilidades de supervivencia de un negocio en esta crisis. Las tiendas de electrónicos no telefónicos, por ejemplo, han tenido que cerrar ya que sus productos no se consideran esenciales, por lo que muchas pueden quebrar, pero los supermercados sí venden pantallas en lo que constituye un caso de competencia desleal.

Tenemos también el cierre forzoso de muchas empresas de construcción mientras que se exenta a las que están trabajando en los proyectos favoritos del presidente, como la refinería de Dos Bocas. Por eso resulta tan insultante el video de la secretaria de energía para todos aquellos que laboraban en obras que han tenido que cerrar.

Infodemia

Hemos pasado de las «benditas redes sociales» al cuestionamiento de la «infodemia» de las redes. Todo el que aplauda al presidente es bendito, quienquiera que lo cuestione es generador de pandemias informativas.

Twitter: @SergioSarmiento

Una de las industrias más afectada a nivel mundial por el coronavirus es la energética. Gigantes como Exxon Mobil tuvieron pérdidas en el primer cuarto del año por primera vez en tres décadas. Mientras el año pasado, Exxon tuvo ganancias por $2.4 mil millones de dólares en los primeros tres meses del 2019, en el mismo periodo ahora tuvo $610 millones de dólares de pérdidas atribuibles principalmente al área de refinación.

Por esta razón, el CEO de Exxon, Darren Woods, ha decidido hacer un recorte en los gastos de capital que tenía proyectados la empresa por unos $10 mil millones de dólares en el 2020. Esto significa un recorte del 30 por ciento en el presupuesto de la empresa petrolera más grande de todo Estados Unidos que quiere adaptarse a la contracción de la demanda.

Por su parte, Chevron ha reportado que va a reducir su producción petrolera entre 200 mil y 300 mil barriles al día durante mayo y entre 200 mil y 400 mil barriles al día en junio. A ello va a agregar un recorte en su gasto corriente de miles de millones de dólares. El director de Chevron, Mike Wirth, declaró que la industria y el mundo se encuentra en una situación demasiado complicada, con baja demanda de energéticos que no se espera se revierta.

En el mismo canal está Royal Dutch Shell, que decidió recortar dividendos por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial; British Petroleum y Shell. De ese tamaño es el problema en el sector.

Y mientras estos gigante energéticos hacen ajustes y recortes, en México el gobierno decide doblar la apuesta con Pemex y seguir adelante con sus planes pre-COVID, como si nada estuviera ocurriendo; como si la empresa no estuviera perdiendo 23 mil millones de dólares trimestrales. Se le está metiendo dinero bueno al malo.

Todo esto tiene una explicación que ha repetido una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador: se busca que México logre autonomía e independencia energética. Que dejemos de requerir importar energéticos y que aquí, en el país, se extraiga el petróleo necesario para nuestra demanda y se refine lo suficiente para no tener que importar gasolinas. Pemex es, a ojos de AMLO, el símbolo de la soberanía del pueblo mexicano.

Hay dos grandes problemas con esta premisa del presidente. El primero es que ningún país que se ha propuesto dicha independencia energética, ni siquiera Estados Unidos que logró en 2018 ser el principal productor de petróleo de todo el mundo, lo ha logrado. EUA, bajo la presidencia de Nixon vio como los países árabes le recortaron el suministro de petróleo por el apoyo a Israel en la guerra de Yom Kipur. Desde ese año, 1973, se propuso lograr independencia energética cosa que hoy no ha logrado. Basta con ver que en estos momentos hay buques provenientes de Arabia Saudita esperando en sus costas para la entrega de petróleo que se había comprado antes de que llegara el virus. Ni siquiera Estados Unidos con todo y el revolucionario descubrimiento del shale gas/oil ha logrado en más de 40 años esa soberanía energética.

 

Columna completa en El Universal

Como parte del plan para enfrentar la crisis sanitaria y económica que se vive en el país a raíz de la pandemia de Covid-19 y de la caída en los precios del petróleo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que no se cancelará las obras de infraestructura prioritarias de su gobierno.

Entre estos se encuentran los proyectos «estrella» del gobierno, como lo son el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, Tabaco y el Tren Maya.

En el punto 5 del plan, anunció que se pospondrían las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los programa prioritarios.

El gobierno difundió la lista de los 35 programas y obras que se contemplan sigan adelante:

• Pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad
• Sembrando Vida
• Apoyo para el Bienestar de los Hijos de Madres Trabajadoras
• Becas para el Bienestar Benito Juárez
• Construcción de 100 universidades públicas
• Programa de rehabilitación de infraestructura escolar La Escuela es Nuestra
• Jóvenes Construyendo el Futuro
• Tandas para el Bienestar
• Banco del Bienestar
• Atención médica y medicamentos gratuitos
• Producción para el Bienestar
• Precios de Garantía
• Distribución de fertilizantes
• Apoyo a pescadores
• Guardia Nacional
• Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (Santa Lucía)
• Producción petrolera
• Rehabilitación de las seis refinerías existentes y construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco
• Generación de energía eléctrica con la modernización de plantas e hidroeléctricas
• Mantenimiento y conservación de carreteras
• Caminos de mano de obra y caminos rurales
• Carreteras en proceso de construcción
• Sistema aeroportuario de la Ciudad de México
• Terminación del tren interurbano México-Toluca
• Terminación de presas y canales
• Parque Ecológico Lago de Texcoco
• Programa de Mejoramiento Urbano
• Programa Nacional de Reconstrucción
• Tren Maya
• Tren de Guadalajara
• Internet para todos
• Desarrollo del Istmo de Tehuantepec
• Zona Libre de la Frontera Norte
• Espacio Cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec
• Defensa de los derechos humanos

Analistas y políticos de oposición, confiaban en que el presidente pospusiera dichos proyectos (Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya), para canalizar recursos al sector salud y hacer frente a la pandemia de Covid-19.

En especial, se pedía la suspensión de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, considerando la situación actual del mercado petrolero y la viabilidad que el proyecto tiene.

Al respecto, el presidente López Obrador informó que el próximo viernes presentará el plan energético para enfrentar la crisis económica y la caída internacional de los precios del petróleo.

Adelantó que el plan energético contempla aumentar la refinación y poner en funcionamiento nuevos pozos petroleros.

«Sobre la política energética por la caída de los precios del petróleo se va a presentar hasta el viernes (…), estamos preparando una estrategia que consiste en refinar más petróleo crudo para comprar menos gasolina en el extranjero», señaló.

AMLO sostuvo que su gobierno tiene dos aciertos que ayudan al país en esta circunstancia: que se inició el trabajo de exploración en 19 campos nuevos, y se logró perforar más de 200 pozos nuevos que ya están prácticamente terminados; lo segundo, que desde que llegó al poder, decidieron rehabilitar las refinerías.

Ante la información que comenzó a circular en medios y redes sociales sobre un aumento del 4% en las tarifas eléctricas para el sector doméstico en el mes de abril, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclaró que sí había un incremento, equivale a la inflación anual, pero no del porcentaje reportado.

La empresa productiva el Estado indicó que los cargos de las tarifas finales de suministro básico para uso doméstico son determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con base en la metodología publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre 2018.

Tomando en cuenta eso, mencionó que las tarifas domésticas de bajo consumo aumentan mensualmente con un factor que, al término de 12 meses, equivale a la inflación anual observada en el mes de noviembre de cada año. Aclaró que ni la CFE, ni los costos de combustibles intervienen en su determinación.

En ese sentido, precisó que la SHCP notificó a CFE los cargos para el año 2020 de las tarifas finales de bajo consumo para uso doméstico el día 19 de diciembre de 2019, donde determina un factor de ajuste mensual de 1.00245, equivalente a la inflación anual al mes de noviembre del 2019 de 3%; «no el 4 % directo en el mes abril, ni en ninguno de los meses de este año».

Explicó que la cuota de bajo consumo fue en el mes de marzo de $0.835 pesos (0.84 centavos), pasando a $0.837 (0.84 Centavos) en el mes de abril de este año, lo que representa un incremento directo de un mes a otro únicamente de $0.002 pesos respecto al mes previo; lo que resulta un impacto porcentual de 0.23% de incremento de un mes a otro.

«La CFE desmiente la información sobre el supuesto aumento al costo de la energía eléctrica y exhorta a no difundir noticias falsas que ponen innecesariamente en alerta a la población», indicó la Comisión.

Al respecto, el titular de la CFE, Manuel Bartlett, señaló a través de sus redes sociales que la información que circulaba era falsa, y dijo que «no me mando solo, el Presidente ordenó que la tarifa no subiera por encima de la inflación, y así ha sido».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que la próxima semana el Gabinete Económico presentará la segunda etapa del «Plan de Proyectos de Inversión en el Sector Energético», donde afirmó participarán los sectores público y privado de manera coordinada.

En su conferencia de prensa matutina, AMLO refirió que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera y “los encargados del crecimiento de la economía», harán la presentación de la segunda etapa del plan, en donde se incluyen proyectos fundamentalmente del sector energético.

El mandatario recordó que ya hubo una etapa de proyectos de inversión entre iniciativa privada y el sector público; la primera fase fue sobre proyectos de infraestructura en comunicación.

«Ahora viene lo relacionado con el sector energético, hoy les va a hablar de eso el secretario de Hacienda, y la próxima semana espero que ya esté terminado el programa integral para el crecimiento de la economía», indicó López Obrador.

En días pasados, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, dijo: “este anuncio es muy importante, ya que lo más importante que necesita un país para crecer es certidumbre legal y normativa, por supuesto la seguridad, pero déjenme dejarla aparte».

El colaborador de AMLO dijo que la energía se convierte en una gran oportunidad para mandar un gran mensaje, no solo al sector energético, sino también a los demás sectores de que en México son bienvenidos todos los que quieran invertir, a quienes se les darán reglas claras.

El anuncio llega después de que la agencia Reuters diera a conocer que autoridades de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y seis países europeos sostuvieron conversaciones conjuntas para discutir las preocupaciones sobre la política energética en México.

Reuters señaló que el encuentro diplomático es una muestra de cómo la actual política sobre energía del gobierno de López Obrador, opuesta a la del gobierno anterior, inquieta a economías que tradicionalmente han sido algunos de los mayores inversionistas en México.

Los funcionarios presentes en dicho encuentro expresaron su preocupación de que la postura energética de México está erosionando las bases legales de contratos de miles de millones de dólares firmados bajo la administración previa.

Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y seis países europeos sostuvieron conversaciones conjuntas para discutir sus preocupaciones sobre la política energética de México, dijeron fuentes allegadas a la agencia Reuters.

Reuters señala que el encuentro diplomático es una muestra de cómo la actual política sobre energía, opuesta a la del gobierno anterior, inquieta a economías que tradicionalmente han sido algunos de los mayores inversionistas en México.

Funcionarios de Estados Unidos, Canadá y Europa expresaron en privado su preocupación de que la postura energética de México está erosionando las bases legales de contratos de miles de millones de dólares firmados bajo la administración previa.

El gobierno de AMLO niega que esté socavando esos acuerdos, pero ha insistido en que los contratos firmados en la pasada administración han dañaron al país, por lo que ha tratado de renegociar los términos de algunos de ellos.

En una reunión organizada el viernes en la mañana en Ciudad de México por la embajada estadounidense, diplomáticos de Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España y los Países Bajos abordaron sus inquietudes y la mejor manera de transmitírselas a López Obrador, según personas familiarizadas con el encuentro.

Cuando se le pidió un comentario, la embajada de Estados Unidos respondió a Reuters que no discute públicamente sus conversaciones diplomáticas. Las otras embajadas ni la oficina de la presidencia en Palacio Nacional contestaron a solicitudes de comentarios.

Los detalles de lo que sucedió en la reunión no fueron claros de inmediato, aunque hubo una discusión sobre si hacerlo público o no, dijo una persona. Todas las fuentes hablaron bajo condición de anonimato, debido a la sensibilidad del asunto.

Los diplomáticos dijeron que los distintos gobiernos difieren sobre cuán abiertamente deberían comunicar sus quejas al mandatario mexicano, para que no sienta que lo están presionando y termine adoptando un enfoque más rígido.

López Obrador se ha comprometido a fortalecer el papel del estado en el sector energético, argumentando que la liberalización del mercado y la privatización de otras industrias en el pasado profundizaron la desigualdad en el país y alentaron la corrupción.

Recordemos que empresas de todo el mundo se comprometieron a invertir miles de millones de dólares en México bajo cambios constitucionales que abrieron el mercado de la energía, en particular para el petróleo y el gas, promulgados por el expresidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, AMLO ha puesto un freno al proceso de liberalización, argumentando que no ha producido beneficios para México; ejemplo de ello es quién tiene actualmente el derecho de operar un importante descubrimiento de crudo en alta mar, cuyo depósito estaría compartido entre la estatal Pemex y un consorcio de inversionistas privados liderado por Estados Unidos.

El año pasado, el gobierno federal molestó a varios países al amenazar con romper contratos infraestructura por unos 12,000 millones de dólares firmados bajo la administración de Peña Nieto, argumentando que fueron dañinos para los contribuyentes.

Los pasos del gobierno para fortalecer la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) han reducido los incentivos para que el capital privado ingrese a proyectos renovables, lo que nubla aún más la confianza de los inversores en México.

Hay un dicho que se le atribuye a Winston Churchill que los grandes empresarios de México tienen muy presente desde que López Obrador se vio con grandes posibilidades de ganar la presidencia de México: “Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar; pero pocos lo miran como el caballo que tira la carreta.”

Lo tienen presente porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva años viendo a los empresarios como el lobo al que hay que abatir. Y ahora, con el Acuerdo de Infraestructura presentado en Palacio Nacional ayer, en el marco de la mañanera, parece que el presidente los quiere ver como una vaca a la que hay que ordeñar. Quiere que inviertan a pesar de que las señales que han recibido de parte de su gobierno no son alentadoras.

El peor enemigo de la inversión es la incertidumbre y el gobierno de la 4T le inyecta sus buenas dosis cada vez que denosta a los empresarios y cada vez que cambia las reglas del juego con la mano en la cintura. Lo hizo al cancelar el NAIM de Texcoco; lo quiso hacer modificando los contratos de gasoductos y lo llevó a cabo ahora, con la modificación que hizo la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, a las reglas para obtener Certificados de Energía Limpia, los famosos CELs.

Y aquí, en Rocío Nahle me detengo para mostrar, que si bien en Palacio Nacional se quiso mostrar que AMLO reconoce la importancia de la inversión privada y que los empresarios le van a meter su dinero a varios proyectos en México, las tensiones están tan a la vista que el documento que se presentó durante la conferencia en donde se enumeraron los 147 proyectos de infraestructura que equivalen a 859 mil 22 millones de pesos, venía con errores en donde los montos señalados no cuadraban con el total a invertir.

¿Por qué? Porque días antes de la presentación volvieron a aflorar los desencuentros entre, por un lado, los rudos y los técnicos del gabinete, y por el otro, entre los rudos del gabinete y los empresarios.

Del lado de los rudos, está Rocío Nahle; entre los técnicos están el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Herrera no tiene buena relación con Nahle por la necedad de construir la refinería de Dos Bocas. Basta recordar que Herrera fue quien declaró al Financial Times que en el 2020 no habría recursos para Dos Bocas, algo que al día siguiente le enmendó la plana el presidente López Obrador.

Alfonso Romo, por su parte, ha tenido que lidiar con el enojo de los empresarios por la modificación a las reglas de CELs que hizo Nahle, en beneficio de la CFE y en perjuicio de quienes invirtieron en el sector a partir de 2014 confiando en los incentivos que entonces les daban estos certificados.

Son varios los empresarios que le transmitieron a Romo que Nahle “ni picha; ni cacha; ni deja batear.” Con ella dentro del Acuerdo de Inversión en Infraestructura, los empresarios no estaban contentos. No le tienen confianza.

Así, al cuarto para las doce, el desencuentro con Nahle llevó a la decisión de sacarla del Acuerdo presentado ayer. Por eso, se modificaron las tablas con los montos a invertir en los distintos proyectos, dejando los sectores de energía en CEROS, pero omitieron hacer la corrección correspondiente en los totales.

 

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