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Un grupo de congresistas estadounidenses enviaron una carta al presidente Donald Trump en la que denuncian al gobierno de México de violar el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, T-MEC, en materia
energética.

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Los congresistas, entre los que se encuentran John Cornyn y Ted Cruz, han señalado que dichas acusaciones se sostienen sobre el hecho de que México está otorgando un trato «preferencial» a las empresas energéticas estatales.

Los legisladores señalan en la carta que México es el mercado de exportación más grande de productores petrolíferos de Estados Unidos». Además, indican que las exportaciones estadounidenses de productos refinados a México «se han triplicado.

Sin embargo, han acusado a las autoridades de nuestro país de estar protegiendo a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al tiempo que han cancelado los contratos con las empresas energéticas estadounidenses.

«Un mercado energético integrado de América del Norte beneficia al combustible de Estados Unidos, fabricantes, trabajadores y, en última instancia, consumidores mexicanos. Tras las reformas constitucionales de 2014 en México, que permitieron la participación privada en el sector energético, las empresas estadounidenses invirtieron millones de dólares para desarrollar infraestructura energética en México», se lee en el texto.

Al respecto, afirman que estas inversiones dieron resultados «positivos», como el «desarrollo de infraestructura y empleos». Sin embargo, lamentan que, a pesar de este progreso, informes recientes indican que el gobierno mexicano «está otorgando tratamiento regulatorio para Petróleos Mexicanos (Pemex) y postergación o cancelación total permisos para empresas energéticas estadounidenses».

Los congresistas dicen estar «profundamente preocupados» por las acciones del gobierno de México, que demuestran un patrón de «obstrucción», por lo que han pedido «hallar una solución para mantener las condiciones actuales del mercado energético».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió este jueves su política energética luego de que la Suprema Corte ordenara la suspensión definitiva del decreto emitido por la Secretaría de Energía (Sener) y que modifica las reglas para las nuevas plantas privadas de energía renovable.

El mandatario advirtió que de ser necesario, se planteará una reforma constitucional para defender el interés público.

«No vamos a ceder en este asunto, porque tenemos que defender el interés público, del pueblo, de la nación», dijo López Obrador en su conferencia matutina.

Recordemos que el pasado 29 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de forma provisional la nueva política a cargo de la titular de Sener, Rocío Nahle, que entró en vigor desde el 15 de mayo, y que limitaba la producción eléctrica renovable de los privados y prohibía la emisión en pruebas de las centrales limpias que estuvieran por arrancar. Ayer, la Primera Sala de la Corte declaró infundado un recurso que presentó la Consejería Jurídica del gobierno federal, por lo que la suspensión tomó carácter de definitiva.

Cuestionado sobre la decisión de la Suprema Corte, López Obrador dijo que se está trabajando en una revisión de todos los ordenamientos legales pues insistió en que se «abusó mucho».

Reiteró que el propósito de las antiguas administraciones era dejar el mercado de los energéticos en manos del sector privado, tanto nacional como extranjero, lo que implicaba acabar y destruir a Pemex y a la CFE.

AMLO acusó que el propósito de la política económica en el periodo neoliberal no tiene cabida en su administración.

López Obrador advirtió que si no hay otra instancia para defender el interés público, propondría una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la Nación sobre los recursos naturales, y para que el interés del pueblo esté por encima de intereses personales o de grupos, por legítimos que sean.

Y es que empresas generadoras de energías renovables han promovido diversos recursos legales para frenar el llamado «Decreto Nahle» al considerarlo un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones.

Adicional, esta mañana AMLO se volvió a lanzar en contra de la empresa española Iberdrola, que dijo no está conforme con la política energética de su gobierno pues se opone al rescate de CFE y Pemex.

Acusó que los arreglos entre el gobierno y dicha empresa eran de tal tamaño que «la Secretaria de Energía pasó a ser funcionaria de Iberdrola». Como ejemplo dijo, el ex presidente Felipe Calderón fue nombrado consejero de la compañía.

En México tenemos a un presidente que dice que está transformando al país y una de sus palancas para hacerlo es inyectando miles de millones de pesos a Pemex para intentar lograr autonomía energética.

Varios conocedores de la industria han dicho que esto es un sueño guajiro, pero aún así, AMLO persiste. Qué maravilla sería que en lugar de querer importar el penacho de Moctezuma de Austria, el presidente quisiera imitar lo que está haciendo el CEO de una de las petroleras más grandes del mundo, British Petroleum (BP), Bernard Looney.

Looney encabeza hoy en día la mayor transformación de la industria energética en sus 160 años de historia. En septiembre dio a conocer el plan de transformación de BP de una industria de petróleo y gas a una de energías renovables. Es el plan más agresivo que se ha visto en la industria. Lo que pretende BP es, para 2030 recortar en un 40 por ciento su producción de petróleo y gas y aumentar el gasto en energías renovables de $500 millones de dólares anuales actualmente a 5 mil millones de dólares. Y para el año 2050 la petrolera británica buscará que todas sus operaciones emitan cero emisiones.

Además, los cien millones de dólares al año que gasta BP en mantener su reputación como empresa de petróleo y gas se irán reduciendo y ese dinero se invertirá para apoyar políticas en favor del medio ambiente alrededor del mundo. La empresa ya está invirtiendo $6.5 millones de dólares en Estados Unidos para iniciativas en favor de las energías limpias en este 2020, a pesar del durísimo golpe económico que ha sufrido por la caída en la demanda de energías fósiles por la pandemia. Han anunciado su apoyo a la política climática de la Unión Europea y al plan de Reino Unido de prohibir para el año 2035 autos con motores de combustión interna.

Nótese la diferencia entre este propósito y el que acaba de presentar el gobierno de la Cuarta Transformación, que pretende incrementar la producción de petróleo en 101 mil 700 barriles diarios para un total de un millón 944 mil 400 barriles diarios en el 2021. Vamos en sentido contrario de lo que el mercado mundial de energéticos nos está diciendo y lo estamos haciendo cuando no tenemos ni siquiera la liquidez suficiente para estarla desperdiciando. ¡Qué frustrante!

En entrevista para el portal político Axios, Looney dijo dos cosas que me llamaron la atención. La primera fue entender que la transformación de la empresa se hace en el interés de ésta. No están tratando de proteger un negocio – el del petróleo y gas – que ya va de salida porque saben que esto significaría su quiebra. “Estamos haciendo que BP pase de ser la compañía petrolera internacional que hemos sido durante 111 años a convertirnos en una compañía de energía integrada”.

Lo segundo fue que ante la pregunta sobre el pasado de la empresa en el que defendió a quienes dudaban del cambio climático, Looney dijo algo clave: “no sirve de nada envolvernos en lo que ocurrió en el pasado ante los enormes retos que tenemos frente a nosotros.” Esta frase suena como música a los oídos ante un presidente en México que se empeña en justificar lo injustificable de hoy con base en el pasado, en lo que ha ocurrido antes de él y su fallida transformación.

Columna completa en El Universal

El paso del huracán ‘Delta’, categoría 2, por Quintana Roo no ha dejado víctimas mortales ni heridos, según el saldo preliminar dado a conocer este miércoles por el gobernador Carlos Joaquín González.

‘Delta’ entró como huracán categoría 2 por el norte de la isla de Cozumel a las 5:45 horas, con vientos de hasta 160 kilómetros por hora.

«No, ningún herido, no tenemos ningún reporte de alguna muerte, el saldo es blanco hasta este momento luego de que todos los municipios han reportado esta situación», afirmó el mandatario estatal en una conferencia telefónica.

Dijo que la Fiscalía estatal reportó la misma situación, de saldo blanco, aunque dijo que ahora se procederá a las labores de limpieza, fundamentales para retomar actividades como el retiro de cientos de arboles que fueron derribados por los vientos.

Joaquín González informó que saldrá a hacer algunos recorridos por varios municipios de la zona norte, en especial Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cozumel e Islas Mujeres, y posteriormente evaluará la posibilidad de anunciar un regreso este mismo día a las actividades.

Precisó que se está trabajando en la reanudación del servicio de energía eléctrica, para lo cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició actividades de inspección de la infraestructura eléctrica. La CFE apuntó que el arribo del huracán ocasionó afectaciones a al menos 266,000 usuarios en la región.

También expuso que las asociaciones hoteleras le reportaron que no tienen grandes daños y los establecimientos ya están trabajando en labores de limpieza y arreglos de desperfectos para que los turistas evacuados regresen tan pronto como sea posible.

El gobernador indicó que las labores de limpieza y reapertura de calles e infraestructuras durará entre uno y dos días, e instó a la población a buscar el «equilibrio» entre salud y recuperación económica.

Por la mañana, autoridades de la Secretaría de Marina informó que se evacuó a 39,290 personas y se desplegó a más de 10,000 autoridades civiles y militares en la península de Yucatán.

En Yucatán, se activó alerta roja en 61 municipios, debido al paso de ‘Delta’, pues el ciclón se localiza en aguas del Golfo de México a 45 kilómetros al noroeste de Dzilam y a 110 kilómetros al noroeste de Progreso.

Tras su paso por Quintana Roo, ‘Delta’ ingreso a Yucatán a las 08:30 horas por Tizimin.

El gobernador Mauricio Vila informó que 7 mil 116 personas de comunidades costeras del estado se mantienen en refugios temporales que se habilitaron en la entidad. Informó que al menos 7 mil 800 usuarios se han quedado sin energía eléctrica debido a los vientos que ocasiona el huracán.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana que se está trabajando en un acuerdo de proyectos de infraestructura en coordinación con la iniciativa privada, el cual está a cargo del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo.

«Con el COVID quedaron pendientes obras que se van a realizar con inversión del sector privado. Alfonso Romo está viendo esto y hay relación con el Consejo Coordinador Empresarial», dijo el mandatario al ser consultado sobre obras que están pendientes.

Precisó que el plan busca impulsar la industria de la construcción, además de que se planea incluya proyectos del sector energético. Adelantó que el plan se estaría presentando en 15 días.

Al respecto, dijo que ya se demostró que funcionó la estrategia que implementó el gobierno federal, de no atender primero, como era antes, a las clases altas, «rescatar a los de arriba», pues dijo, cuando se hacía eso nunca llegaban los apoyos a abajo.

Y aunque dijo que se molestaron «algunos», se etendió que la mejor forma de apoyar la economía del país es ayudar de «abajo hacia arriba, rescatar al pueblo primero».

Explicó que la estrategia de inyectar recursos en las clases menos favorecidas, fortalece al consumo y fortalece la economía popular; además de que también se  garantiza la paz y la tranquilidad.

Descartó también que su gobierno vaya a recurrir a deuda, tal y como lo han planteado algunos intelectuales de izquierda.

«¡Cómo vamos a endeudar al país si ya lo que tenemos que pagar de deuda nos limita mucho y nos impide ayudar a la gente! Entre más deuda, más pago de intereses y menos presupuesto para el pueblo», sostuvo el mandatario.

Añadió que pese a que periodistas o expertos financieros han advertido que el peso se va a depreciar, eso no ha sucedido hasta ahora. Afirmó que ahora los inversionistas saben que en México, por primera vez en mucho tiempo, hay un auténtico Estado de derecho y hay confianza para invertir, además de que no hay corrupción.

Finalmente dijo, a pesar de los pronósticos que había, la Inversión Extranjera Directa (IED) no se desplomó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habría fijado un plazo de dos meses a reguladores para que le respondan si es posible llevar a cabo su política energética nacionalista antes de contemplar una contrarreforma constitucional.

Dicho plazo fue fijado por el mandatario en la reunión que sostuvo con los reguladores e institutos públicos del sector energético, tales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el 22 de julio en Palacio Nacional, de acuerdo a tres fuentes presentes en el encuentro, en el que participaron entre 20 y 30 funcionarios, según relata la agencia Reuters.

Las respuestas, junto con propuestas para implementar los 17 puntos del memorándum que López Obrador leyó a los funcionarios pero que no les entregó en un documento, deberán presentarlas en una nueva cita el 22 de septiembre.

El memorándum, que se hizo público hace una semana, fija directrices para «una nueva política» con la que López Obrador busca «recuperar» el dominio del Estado sobre las industrias petrolera y eléctrica, que asegura se perdió con la reforma energética constitucional implementada por el gobierno anterior.

El mandatario ha dicho que quiere apuntalar a Pemex y CFE, para que no pierdan terreno frente a otras firmas competidoras asegurando que la reforma energética sólo las debilitó y empeoró su desempeño.

De acuerdo a las fuentes, el presidente afirmó en la reunión que en caso de que su plan energético no pueda ser llevado a cabo sin modificar el actual marco legal energético habría que pensar en un nuevo cambio constitucional para que sea posible.

Tras la reforma energética, se entregaron en licitación más de 100 contratos de exploración de exploración y extracción de hidrocarburos y se incentivó la generación de electricidad de fuentes renovables a través de empresas privadas.

Firmas como Eni, BP, Royal Dutch Shell PLC y Total tienen contratos y actualmente algunas ya exploran y producen en aguas mexicanas del Golfo.

López Obrador se ha comprometido a no hacer nuevos cambios en reglas del sector energético durante sus primeros tres años de gobierno. Sin embargo, se han suspendido las subastas de contratos de crudo y gas y ha tratado de evitar que nuevas centrales eléctricas privadas entren en funcionamiento.

Una de las fuentes reveló que López Obrador dijo expresamente que no enviaría «ya» una propuesta de reforma energética, refiriéndose a hacerlo tan pronto como el próximo periodo de sesiones en septiembre, pero que sí afirmó que podría hacerlo después de los comicios intermedios del próximo año.

Otra de las fuentes coincidió en que una propuesta de contrarreforma no se tendría muy pronto pues aún se necesita trabajar en una iniciativa legislativa y «eso lleva tiempo», aunque reconoció que está en la mente del mandatario.

El memorandum firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el que pide a los reguladores autónomos de México alinearse con su política energética contraviene los tratados comerciales, alertó este lunes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La Coparmex indicó que este memorándum, divulgado a principios de agosto y fechado el 22 de julio, «pone en entredicho la autonomía de estas instancias reguladoras».

Mediante este texto, el mandatario pidió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) seguir su política energética para fortalecer Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Para la Coparmex, este documento pone en «entredicho el Estado de Derecho» en el país y además genera un desequilibrio que perjudicaría a la empresas privadas «justo en el momento en que se necesita confianza para invertir», ya que el texto «atenta contra la competitividad y el libre mercado».

«En último término, y quizá el más importante: de hacerse realidad el memorándum se violarían preceptos contenidos en tratados comerciales que buscan proteger las inversiones en el país», denunció la Coparmex.

Finalmente, el organismo, que agrupa a unos 36,000 empresarios que representan el 30% del Producto Interno Bruto (PIB), señaló que, en el «complejo» panorama actual, el texto puede generar un «diferendo» con los principales socios comerciales del país y «pondría en riesgo la nota soberana de inversión».

«Lo que se desprende del memorándum es que el presidente López Obrador ha diseñado una estrategia para hacerse del control total del sector energético. En última instancia, el Ejecutivo busca regresar a un modelo de estatización energética», alertó.

Recordemos que en el memorándum, López Obrador plantea «regresar, sin ignorar las nuevas realidades» a la política de los expresidentes Lázaro Cárdenas (1934-1940) y Adolfo López Mateos (1958-1964), quienes nacionalizaron el petróleo y la electricidad, respectivamente.

Aunque AMLO ha prometido respetar el marco jurídico, en el documento pide a los reguladores «avanzar hasta el
límite que permita el actual marco jurídico», sin descartar una nueva reforma constitucional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) considera que los órganos reguladores del sector energético deben participar en la «nueva política» económica y del sector, y sumar esfuerzos con su gobierno para «recuperar el pleno dominio público» de las industrias petrolera y eléctrica nacionales.

En un memorándum enviado a los titulares de los reguladores, tales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), entre otros, con fecha del 22 de julio, el mandatario señala que «todavía es tiempo de corregir el rumbo de la política entreguista que se ha venido imponiendo en el sector energético».

El presidente ha impulsado y apostado para que Pemex y CFE recobren un papel preponderante en el sector, pues asegura que quedaron debilitadas tras la profunda reforma energética llevada a cabo en el anterior gobierno.

Hace unos días, AMLO dijo que no se descartaba el proponer, a mediados de su mandato, una nueva reforma energética si considera que es necesaria para fortalecer a Pemex y la CFE.

En el documento, el mandatario reiteró que se respetarán los más de 100 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos asignados tras la reforma energética, pero confirmó que no se licitarán más.

«El potencial que quedó fuera de tales concesiones sólo podrá ser explotado por Pemex», dice en el documento en el que sin embargo dijo que no descarta asociaciones con inversores privados en extracción de crudo y refinación siempre y cuando se trate de acciones «complementarias».

Recientes cambios en la política de electricidad, que han llevado a ajustes en tarifas por la transmisión de energía, ha enfrentado a los empresarios con el gobierno.

López Obrador dijo en el documento que se debe acabar con los subsidios a empresas particulares del sector energético.

Finalmente, dijo que México debería alcanzar una producción petrolera de 2.2 millones de barriles diarios (bpd) de petróleo al 2024, desde unos 1.8 millones en 2020, y un procesamiento en sus refinerías de 1.2 millones de bpd al 2022.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abrió la posibilidad de presentar una nueva iniciativa de reforma en materia energética, que busque fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En su conferencia matutinaJ López Obrador explicó que no se buscará por el momento revertir la reforma energética que se aprobó en la pasada administración, y que abrió la puerta a los privados, ni cancelar los contratos existentes, que son más de 100.

«Vamos a mantener el compromiso de no hacer ninguna modificación al marco legal del sector energético hasta que podamos demostrar que es posible fortalecer a Pemex y a la CFE» y así «hacer valer el interés nacional, sin modificación a la ley», dijo el mandatario.

No obstante, agregó que si no se lograra rescatar a Pemex y CFE en primera instancia, se evaluará presentar una «iniciativa de reforma constitucional».

Aunque al momento no se está contemplando dicha reforma, «sería regresar a lo que había con ajustes y con la nueva circunstancia al dominio de la nación sobre los recursos naturales y a considerar como empresas estratégicas a Pemex y la CFE».

El mandatario remarcó que el propósito de la anterior reforma era «destruir» a estas dos compañías estatales.

Aclaró que que con el actual marco jurídico se puede rescatar a estas dos empresas y revisar contratos de energía
con «subsidios» y sobrecostos.

«Pero es probable que no se modifique la Constitución. Ahora, si necesitamos hacerlo para consolidar a Pemex y la CFE no descartamos la posibilidad de que enviemos una iniciativa de reforma a la Constitución», añadió.

Precisó que en caso de que se decida presentar la iniciativa, sería después del 2021, cuando se cumplan tres años de gobierno.

«No lo haríamos ahora, hasta el tercer año, que es mi compromiso. Yo dije, vamos a trabajar con el marco jurídico actual tres años, y si hace falta hacer la reforma constitucional la emprendemos en lasegunda mitad del Gobierno», subrayó.

Además, recordó que el próximo año hay elecciones intermedias y en 2022 una consulta sobre la revocación del presidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el gobierno presentará denuncias contra algunas empresas energéticas por fraude.

El mandatario aseguró que alista las denuncias contra «los que resulten responsables» de dañar a la Hacienda Pública por contratos «fraudulentos» entregados en administraciones pasadas que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagarle una tarifa a los privados.

Al indicar que primero hablará con los privados, criticó que la opinión pública solo acepte la opinión de los particulares.

«Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la nación», dijo AMLO en la  mañanera.

El presidente se refirió a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes notificó de la suspensión provisional de la política que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este acuerdo, como explicó el propio mandatario este martes, pretende que la electricidad de generadores privados de viento y sol no tenga prioridad sobre la de plantas hidroeléctricas y otras fuentes de CFE.

«Como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están
subutilizadas», insistió López Obrador.

Aunque el presidente dijo que la SCJN otorgó un amparo a las empresas inconformes, en realidad la Suprema Corte concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien impugnó la semana pasada la política porque «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución».

«Somos respetuosos de la legalidad, hay en México Estado de derecho, esto también lo digo para que en otras partes, particularmente en España, en Estados Unidos, pues no se piense que se actúa de manera arbitraria», dijo López Obrador.

El presidente indicó que explicará a los empresarios de Estados Unidos y España «por qué están actuando así».  Aun así, adelantó que va «a defender el interés público» ante la Corte, aunque «lleve tiempo», pues se calcula que la SCJN podría tardar hasta un año en determinar la constitucionalidad de la política de Sener.

«Lo que hay es una campaña hablando de que no respetamos acuerdos, pues si ustedes se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues estamos obligados todos a denunciarlo, ¿o ya lo dejamos así? ¿que nos sigan robando?», remató.

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, dijo este jueves que cambiar las reglas en el sector energético en el país pueden tener efectos negativos para la inversión, pues los inversionistas buscan certidumbre.

Las declaraciones del embajador se producen a menos de una semana de que entre en vigor el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, el T-MEC.

Al participar en un foro virtual organizado por la CONCAMIN, que algunas de las acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de los últimos meses han dado paso a la incertidumbre sobre su promesa de respetar las leyes que se hicieron en el pasado, esto al referirse al sector energético.

«(El Gobierno) tiene el derecho de establecer o cambiar sus políticas económicas o sociales domésticas, pero también, a la vez, hay que reconocer que estos cambios puedan tener efectos muy negativos en cuanto a la inversión doméstica y extranjera», afirmó el diplomático.

Y es que recordemos que el Cenace frenó la apertura de nuevas plantas de energía renovable, misma que fue impugnada y hasta ahora no ha surtido efecto, mientras que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó una fuerte alza a las tarifas que deberán pagar empresas generadoras a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la transmisión de energía.

Adicional, a mediados de junio la mayor organización petrolera de Estados Unidos, el API, denunció en una carta la existencia de prácticas de discriminación contra inversionistas estadounidenses de crudo y gas por parte del gobierno mexicano que, dijo, violan el T-MEC.

«Para mí algunas de la acciones de estos últimos meses, sobre todo en el sector energético, han creado incertidumbre sobre esa promesa del Gobierno de respetar lo que se hizo en el pasado y de no cambiar las reglas del juego», aseveró Landau, por lo que afirmó no saber si están dadas las condiciones para invertir en México.

Al respecto, este jueves se dio a conocer otra carta mas, ahora de la American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM) que agrupa a casi todas las refinerías y petroquímicas de Estados Unidos, en la que denunció que varias acciones tomadas por el gobierno mexicano van en contra del T-MEC.

“El gobierno mexicano ha tomado múltiples medidas para restringir las inversiones actuales y futuras de Estados Unidos en el mercado energético mexicano. Estos incluyen retrasar los permisos para desarrollar infraestructura, cancelar los permisos de importación, crear vacíos y exenciones en las regulaciones que favorecen a las empresas estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex)”, refirió la AFPM en la carta que envió al presidente Donald Trump, a Robert Lighthizer, representante comercial de EUA, y a Mike Pompeo, secretario de Estado.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este miércoles a la compañía española Iberdrola de impulsar una campaña mediática en su contra, por no estar de acuerdo con los cambios en las reglas en el sector eléctrico que se han producido en los últimos días.

Desde hace varios días, el mandatario ha criticado en la mañanera a Iberdrola, el primer productor privado de electricidad en el país, así como los negocios realizados entre el anterior gobierno y empresas de España.

«En el caso de Iberdrola, ¿por qué habló así, con transparencia? porque tengo información de que son ellos los que están promoviendo esta campaña, nada más que encubiertos, porque el conservadurismo tiene esas dos características. No lo olviden, son muy corruptos, son muy hipócritas», amagó López Obrador.

Acusó que la empresa española cometió abusos, y como ejemplo recordó que se llevó a trabajar a su corporativo a una de las secretarias de Energía del gobierno en administraciones anteriores, además de que el mismo expresidente Felipe Calderón también se fue a trabajar como consejero de Iberdrola.

Los ataques del mandatario no fueron exclusivos para Iberdrola, pues se lanzó contra el periódico El País, al decir que defiende a las empresas españolas.

«Pero pueden estarnos cuestionando un día sí y el otro también y no vamos nosotros a seguir permitiendo el robo y el saqueo. Todo lo que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con el combate a la corrupción, es señalado, es cuestionado por El País. Callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando se trata de defender intereses de grupos, intereses económicos, intereses políticos».

Las declaraciones del mandatario son parte de una confrontación con empresas privadas generadoras de electricidad, principalmente renovables, desatada tras una serie de cambios a las normas del sector eléctrico, que ha enojado a los inversionistas y algunos países aliados de México.

El mandatario ha dicho que defenderá en tribunales las nuevas reglas, que han sido impugnadas por afectados, y que incluyen el freno al inicio de operaciones de nuevas plantas de energía renovable argumentando que su intermitencia amenaza la confiabilidad del suministro eléctrico nacional, durante la pandemia del coronavirus.

Además, también están las disposiciones de la Secretaría de Energía para dar al Estado más poder para decidir quién puede generar electricidad y en qué cantidad, así como nuevas tarifas para que puedan usar la red de transmisión de la estatal Comisión Federal Electricidad (CFE).

El Juez Primero Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, suspendió de manera indefinida, el acuerdo por el que Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), busca controlar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y frena las inversiones de energía limpia y renovable.

Con la resolución del juez, quedan anuladas las medidas contenidas en la política de confiabilidad publicada en mayo pasado por la Sener y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La suspensión se debe a que fue concedió un amparo a favor de Defensa Colectiva, A. C, asociación que interpuso el recurso en contra el acuerdo publicado.

“Al establecerse barreras de entrada al mercado eléctrico mayorista, éste no podrá servirse de los beneficios de la libre concurrencia y competencia económica, pues podría generarse una barrera de entrada a las centrales generadoras de energía limpia, y un fortalecimiento anticompetitivo de las centrales convencionales, que ya tienen determinada posición en el mercado o que, a diferencia de las eólicas o fotovoltaicas, sí podrán entrar en operaciones o permanecer en el mercado durante la vigencia de los actos reclamados, al menos con mayor facilidad”, señaló el juez Rodrigo de la Peza.

Con esto, el acuerdo no podrá entrar en vigor hasta que el juez dicte su sentencia de amparo o, si la Sener impugna, hasta que un Tribunal Colegiado resuelva si la confirmará o no.

Recordemos que el acuerdo del Cenace fue publicado en abril pasado, y suspendía de manera indefinida las pruebas necesarias para que las plantas de generación eólicas y solares entraran en operación, argumentando de que ponen en peligro la estabilidad del sistema eléctrico durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

Según especialistas en la materia y asociaciones de compañías energéticas, los acuerdos de Sener y Cenace ponían en peligro 44,000 millones de dólares de inversión y 81,500 empleos en el país.

La nueva política ha desatado una batalla legal entre empresarios y el gobierno, quien primero justificó los lineamientos para garantizar el suministro ante la crisis de COVID-19, pero después admitió buscar «un trato justo» para CFE frente a los privados.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunció este jueves un aumento «ilegal» e «inadmisible» de entre 500% y 900% de las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables.

El CCE acusó al gobierno de ignorar la ley en lo que llamó el «electrolinazo», aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) «de acuerdo con las exigencias» de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

«Las autoridades nuevamente han ignorado la evidencia sobre los impactos y repercusiones que se manifestarán sobre la economía nacional en general y los consumidores en particular. También han atropellado la Ley de la Industria Eléctrica y tratados internacionales», sostuvo el Consejo en un comunicado.

El CCE se refirió al aumento, que antes de la inflación es de 775% en las tarifas de porteo de baja tensión, en 407% las de media tensión y en 446% las de alta tensión, y que deberán pagar las centrales renovables instaladas previo a la reforma energética de 2013.

El informe anual sobre inversiones en energías renovables del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP), que se publicó este miércoles, exhibe la preocupación de la comunidad internacional por la política energética de México y la incertidumbre que está causando en el sector.

El informe señala que aunque en 2019 en México se invirtieron 4,300 millones de dólares en proyectos de energías renovables, un 17% más que el año anterior, la cifra está lejos de los 6,100 millones invertidos en 2016.

Refiere que las inversiones en energía eólica en México cayeron el año pasado un 15%, a 887 millones de dólares, aunque las de energía solar aumentaron un 31% a 3,400 millones de dólares.

En el informe «Global Trends in Renevable Energy Investment 2020», en el que además del UNEP también han participado Frankfurt School y BloombergNEF, hace referencia a la «incertidumbre sobre la política energética bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador» y que en 2019 no se produjeron nuevas subastas de proyectos.

La aparición del informe se produce pocas semanas después de que el gobierno de la ‘Cuarta Transformación’ decidiera de forma inesperada y unilateral cambiar las normas sobre los proyectos privados de generación de energía renovable que en la práctica bloquea los proyectos de energía limpia.

Las autoridades de nuestro país han justificado su decisión sobre los proyectos de energía renovable porque su generación de electricidad es «intermitente» y depende de condiciones meteorológicas y que la crisis causada por la pandemia de COVID-19 obliga a contar con fuentes fiables de energía.

La situación de México contrasta con la del resto de Latinoamérica. El informe de la UNEP destaca que Latinoamérica tiene tres ventajas particulares sobre algunas partes del mundo en lo que respecta a la atracción de inversiones.

En primer lugar, señala, tiene excelentes recursos para la generación eólica, solar y de biomasa. En segundo lugar, destaca su desarrollo de políticas que han puesto el énfasis en el papel de las subastas para distribuir nueva capacidad. Y finalmente, la confianza de promotores internacionales como Enel, EDF y Mainstream Renewable Power así como los prestamistas internacionales.

Pero los expertos temen que estos dos últimos aspectos estén en peligro con las acciones del gobierno de López Obrador.

El informe señala que las inversiones globales en renovables sumaron 282,200 millones de dólares en 2019, un 1% más que en el año anterior, y que se añadieron 184 GW de capacidad eléctrica limpia.

El informe añade que los compromisos existentes de inversiones en energía renovables de aquí al año 2030 suman alrededor de 1 billón de dólares y crearán 826 GW de capacidad de generación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que se defenderá en tribunales la decisión que se tomó en su administración de suspender la operación de centrales privadas de energías renovables, pues aseguró que es necesario poner orden en el sistema eléctrico nacional.

«Tienen instrucciones ya los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía, para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas», declaró.

López Obrador enumeró los cuatro elementos que componen su política en materia de energía eléctrica: el respeto al Estado de Derecho, la postura a favor de energías limpias, no aceptar la corrupción en el sector, y la defensa jurídica de la postura gubernamental.

“No hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, lo que se está haciendo es que no haya corrupción, que no haya sobreprecios, que significa que el pueblo pague más; lo que estamos garantizado es que haya pecios justos y que no se afecte a los ciudadanos”, señaló el mandatario.

Precisó que su gobierno no está en contra de la generación de energías limpias como lo han acusado sus detractores; y dijo que por el contrario, se impulsarán cada vez más las energías alternativas. Dijo que de lo que sí está en contra es de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante el periodo neoliberal en la industria eléctrica. «Ese es el fondo del asunto».

Al ser cuestionado sobre los amparos que se han otorgado luego del acuerdo publicado por la SENER, AMLO dijo que serán respetuosos de las decisiones de los jueces. «Vamos a ser respetuosos de la legalidad como lo hemos demostrado. El Poder Judicial es autónomo e independiente y vamos a respetar las decisiones de los jueces», afirmó.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México ordenó la reactivación de pruebas preoperativas en las centrales de energía renovable, después de que varias empresas operadoras presentaran sus amparos al acuerdo que las prohibía.

El Cenace había prohibido estas prácticas con un acuerdo en vigor desde el 1 de mayo, según el cual las centrales renovables suponían un peligro para la seguridad energética en el país durante la pandemia por su intermitencia en la generación.

Ayer, el Cenace había informado, como resultado de la nueva política, de la suspensión de este tipo de actividades en 17 centrales, 7 eólicas y 10 fotovoltaicas.

Sin embargo, según un documento emitido por el regulador, el regulador autorizó la reactivación de las pruebas preoperativas en 23 parques.

Esa rectificación, recoge la notificación del Cenace, responde a «la finalidad de dar atención a lo determinado por los órganos jurisdiccionales» y solo afecta a las empresas amparadas judicialmente.

La resolución legal a la que hace referencia el Cenace argumenta que no se puede aplicar el acuerdo del 1 de mayo a las compañías quejosas «en tanto no afecten a la confiabilidad» del sistema energético. La notificación también establece que «deberá otorgarse la licencia correspondiente» a aquellas centrales que no hubieran empezado con las pruebas pero que ya las tuvieran programadas para «un futuro inmediato».

Esto contradice también al acuerdo impugnado legalmente, que contemplaba no dar nuevas licencias a las centrales que todavía estuvieran por arrancar sus pruebas.

“Todos aquellos generadores que a la entrada en vigor del acuerdo impugnado, ya se encontraban en pruebas preoperativas, deberán reanudarse las mismas; así mismo, aquellos generadores que se encuentren en el listado que se adjunta y que durante la vigencia del acuerdo impugnado, tengan programadas pruebas preoperativas a ejecutarse en el futuro inmediato, deberá otorgarse la licencia correspondiente, previo al análisis de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo la autoridad.

Los proyectos son a los que se autoriza son: Recursos Solares PV de México IV; Akin Solar; Eólica Tres Mesas 4; Fuerza Eólica de San Matías; Fuerza Eólica del Istmo; Versalles de las Cuatas Uno; Versalles de las Cuatas Dos; Tai Durango Cuatro Neo; Eoliatec del Pacífico; Eoliatec del Istmo; Versalles de las Cuatas Tres; Mitre Calera Solar; Eléctrica del Valle de México; FV Mexsolar XI; Kenegreen; X-Elio FV Conejos Médanos; X-Elio FV Xoxocotla; ENR AGS; Parque Amistad II; Parque Salitrillos; EGP Magdalena Solar; Dolores Wind, y FRV Potosí Solar.

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