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La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dio positivo este martes a una prueba de COVID-19, pero es asintomática y no se considera un contacto cercano actual del presidente Joe Biden, dijo La Casa Blanca.

“Hoy, la vicepresidenta Harris dio positivo al COVID-19 en pruebas rápidas y de PCR. No ha presentado síntomas, se aislará y continuará trabajando desde la residencia de la vicepresidenta”, dijo la secretaria de prensa de Harris, Kirsten Allen.

“Ella no ha sido un contacto cercano con el presidente o la primera dama debido a sus respectivos cronogramas de viaje recientes”, explicó Allen, y agregó que Harris “regresará la Casa Blanca cuando dé negativo”.

Harris, de 57 años, recibió su primera vacuna, de Moderna, poco antes de tomar el cargo. Recibió la segunda poco después de ser juramentada en enero de 2021. Recibió una dosis de refuerzo a fines de octubre y otra el 1 de abril.

Quienes están vacunados por lo general están bastante protegidos de morir o de enfermarse gravemente de COVID-19, particularmente de la contagiosa variante Ómicron.

La vicepresidenta pasó casi toda la semana pasada en California, de donde regresó este lunes por la noche.

Harris tenía previsto reunirse con Biden este martes para recibir juntos el informe diario que las agencias de inteligencia y seguridad nacional del país elaboran para el presidente. Sin embargo, La Casa Blanca no aclaró qué ocurrió con ese encuentro.

En el último mes, han crecido los casos de COVID-19 en el entorno de Biden: varios miembros de su gabinete se contagiaron tras asistir a la cena del club periodístico Gridiron a principios de abril, y las dos principales portavoces de La Casa Blanca también han dado positivo recientemente.

Sin embargo, la Casa Blanca no ha cambiado sus protocolos ante ese aumento de contagios en Washington y ha mantenido varios actos en interiores y sin apenas mascarillas, al considerar que las cosas no son tan graves como a principios de enero, cuando se registró el pico de contagios por la variante Ómicron.

Biden, de 79 años, no ha dado positivo por COVID-19 hasta ahora, y después de evitar las grandes aglomeraciones durante casi toda la pandemia, no ha ocultado su deseo de volver a mezclarse con multitudes, uno de los aspectos que más disfruta de su vida política.

La extradición a Estados Unidos del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández inició este jueves con su traslado, esposado de manos, a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en el sur de Tegucigalpa, de donde será llevado en un avión hacia Nueva York, para ser enjuiciado por tres cargos asociados al narcotráfico.

El helicóptero que trasladó a Hernández a la Base Aérea despegó hacia las 11:30 hora local desde una unidad especial de la Policía Nacional, donde el exgobernante permanecía recluido desde el pasado 15 de febrero, cuando fue capturado frente a su residencia, un día después de que Estados Unidos le solicitó a Honduras su detención provisional con fines de extradición.

En la “Operación Liberación” para extraditar a Hernández, bajo rigurosas medidas de seguridad, participan entre 800 y 1,000 miembros de la Policía Nacional, según dijo hoy el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.

Cinco minutos después, el helicóptero de la FAH llegó a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, donde Hernández fue llevado al interior de esa instalación militar.

El avión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que llevará a Hernández llegó a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía al rededor de las 12:00 hora local.

Hernández, de 53 años y quien gobernó entre 2014 y 2022, pasa hoy a la historia como el primer expresidente del país centroamericano en ser requerido por Estados Unidos y llevado en extradición a ese país, para enjuiciarlo por narcotráfico.

Estados Unidos acusa a Hernández de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas para introducir droga a ese país, según informó la Embajada estadounidense en Tegucigalpa el 15 de febrero. En total, desde aproximadamente 2004, la conspiración transportó más de aproximadamente 500,000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos”.

El primer cargo contra Hernández que le imputa EUA es por conspiración para importar una sustancia controlada a ese país, con el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a territorio estadounidense, a aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos.

Además, se le acusa de fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. El segundo cargo, es por usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

El cargo tres se refiere a una conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos, según la acusación de Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este jueves que hace un año se disolvió una unidad antinarcóticos  de alto nivel en la que colaboraron por más de 20 años el gobierno federal y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

“Ya tiene tiempo que se tomó la decisión de deshacer este grupo, sigue habiendo cooperación, pero ese grupo que supuestamente era de muy alto nivel, estratégico, estaba infiltrado y sus jefes están siendo investigados y hay presos de ese grupo”, explicó.

El mandatario hizo estas declaraciones luego de que trascendiera esta semana que México disolvió la unidad antinarcóticos, en la que había más de 50 agentes que participan en operativos especiales, como la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016.

El presidente cuestionó los reportes y las críticas de los opositores, quienes acusaron al gobierno federal de cerrar de forma repentina el grupo de cooperación.

“Les falta información, eso se hizo hace como un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos”, expresó, aunque evitó mencionar nombres y tampoco explicó por qué su gobierno no anunció la desaparición de la unidad en su momento.

López Obrador enmarcó la decisión en la nueva política de seguridad que existe entre México y Estados Unidos, cuyos gobiernos firmaron el Entendimiento Bicentenario en 2021 para acabar con el enfoque militarista de la Iniciativa Mérida.

También recordó que ahora México solo admite los agentes “que por ley se permiten” de la DEA y otras agencias extranjeras, tras la reforma a la Ley de Seguridad Nacional de diciembre de 2020 que restringe su presencia.

“Nosotros mantenemos cooperación con organismos internacionales encargados de seguridad, pero procuramos que se respete nuestra soberanía”, comentó.

López Obrador reiteró sus críticas a los agentes de la DEA y de otras organizaciones extranjeras, a los que acusó de que “antes entraban y salían por el país y hacían lo que querían, incluso fabricaban delitos”. Reafirmó su cuestionamiento a la DEA por la captura en 2020 en Los Ángeles del exsecretario, Salvador Cienfuegos.

Incluso, citó que en un nuevo libro de memorias, William Barr, fiscal general del gobierno de Donald Trump, reconoció que ellos desconocían la detención de Cienfuegos, entregado poco después a México, donde fue liberado, tras la presión del gobierno mexicano.

“Ahora que escribió sus memorias el procurador del presidente Trump habla de la detención del general Cienfuegos y sostiene que fueron agentes de abajo y que ellos no sabían. Imagínense detener al secretario de la Defensa de un país y que no se enteren de arriba”, subrayó.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, está más cerca de ser extraditado a Estados Unidos después de que un juez británico emitiera este miércoles la orden de entrega, que debe ser considerada ahora por el gobierno del Reino Unido.

Aunque el envío de esta instrucción marca un punto de inflexión en este caso, que empezó con la detención inicial del australiano en Londres en 2010, no supone su final, pues quedan opciones de recurso para las partes, al margen de la decisión que tome la ministra del Interior.

Al término de la breve audiencia de hoy en la Corte de Magistrados de Westminster, la esposa del periodista, Stella Assange, pidió a la multitud de simpatizantes reunida a las puertas del juzgado “seguir luchando por su liberación”.

Recordemos que Estados Unidos reclama a Assange para procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal, que, según su equipo legal, podrían significarle hasta 175 años de cárcel.

El juez principal de la Corte, Paul Golspring, fue el encargado de emitir la orden en una audiencia de apenas siete minutos a la que asistió por videoconferencia el acusado desde el centro de alta seguridad londinense de Belmarsh, donde continuará en prisión preventiva hasta que termine el proceso.

“En términos sencillos, tengo el deber de enviar su caso a la ministra para que tome una decisión”, dijo el magistrado, que cumplía así una instrucción del Tribunal Supremo.

Assange, de 50 años, solo habló para confirmar su nombre y fecha de nacimiento y durante la sesión pareció formar un corazón con sus manos, posiblemente dirigido a su pareja, que siguió la vista desde la galería del público.

La ministra del Interior, la conservadora Priti Patel, tiene ahora un plazo de dos meses prorrogable para decidir si confirma o rechaza la extradición, mientras que la defensa de Assange ya ha indicado que la impugnará la decisión dentro del periodo de cuatro semanas previsto, que vence el 18 de mayo.

Detenido inicialmente a instancias de Suecia por un caso de supuestos delitos sexuales hoy archivado, Julian Assange ha pasado más de una década confinado en Inglaterra sin ser convicto, primero bajo arresto domiciliario y entre 2012 y 2019 refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, para pasar después a Belmarsh tras ser aprehendido de nuevo a petición de Estados Unidos.

Entre 2010 y 2011, WikiLeaks expuso abusos de Estados Unidos en su centro de detención de Guantánamo (Cuba) así como presuntos crímenes de guerra en Irak y Afganistán, además de revelar cientos de miles de cables diplomáticos confidenciales que expusieron a gobiernos de todo el mundo.

Foto: Twitter @DefendAssange

El Gobierno de Estados Unidos anunció la celebración, el 12 de mayo, de la segunda cumbre global sobre la pandemia de COVID-19, luego de la celebrada en septiembre de 2021, donde los países podrán debatir también de futuras amenazas sanitarias.

Estados Unidos fue el anfitrión del primer encuentro y en esta segunda cita, también telemática, compartirá la organización con Alemania, Indonesia, Senegal y Belice, en calidad de responsables de foros como el G7, el G20, la Unión Africana y la Comunidad del Caribe (CARICOM), según un comunicado conjunto difundido por La Casa Blanca.

“La cumbre redoblará nuestros esfuerzos colectivos para terminar la fase aguda de la pandemia de COVID-19 y prepararnos para futuras amenazas sanitarias”, indicó la nota del gobierno, en la que invitaron a líderes políticos y organizaciones de la sociedad civil a aprovechar las próximas semanas para lanzar nuevos compromisos.

Entre los objetivos de esta nueva cumbre están la vacunación, el desarrollo de pruebas y tratamientos, la protección del sistema de salud y sus trabajadores o la financiación frente a posibles emergencias, añadió La Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha recibido cuatro dosis de la vacuna contra la COVID-19, ha hecho de la lucha contra la pandemia uno de sus principales ejes de gobierno, en gran medida como contraposición a su predecesor, Donald Trump, que desdeñó públicamente la importancia del coronavirus como emergencia de salud pública.

La Casa Blanca arremetió este miércoles contra el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, por haber ordenado un incremento de las inspecciones de camiones en la frontera con México.

Esas inspecciones están provocando retrasos en el tráfico e “interrupciones significativas” en las cadenas de suministro de alimentos y automóviles, afirmó en su comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Psaki tildó de “innecesarias” esas inspecciones de los camiones que transitan entre México y el estado fronterizo de Texas.

Aseguró que están provocando retrasos en fábricas y están teniendo un impacto negativo en los empleos, además de estar causando “un aumento de precios” para las familias de Texas y del resto de Estados Unidos.

La portavoz afirmó que algunos camiones están experimentando retrasos de hasta 5 horas para poder cruzar la frontera y explicó que, por esa razón, el tráfico de aquellos vehículos que transportan personas o mercancías se ha reducido hasta un 60%.

“Las acciones del gobernador Abbott están teniendo un impacto en los empleos de las personas y en el modo de vida de las familias estadounidenses trabajadoras”, aseveró Psaki.

Recordemos que Abott ordenó incrementar las inspecciones en la frontera después de que, con el visto bueno del presidente demócrata Joe Biden, los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EUA (CDC) anunciaran que acabarán con el “Título 42” en mayo.

Esta norma fue proclamada bajo el gobierno del republicano Donald Trump y había permitido deportar automáticamente a la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sin posibilidad de pedir asilo.

En concreto, Abbott ordenó a las autoridades estatales que detengan e inspeccionen todos los tractocamiones y autobuses que crucen desde México hacia Estados Unidos, argumentando medidas de control migratorio y seguridad fronteriza para prevenir el trasiego ilegal de migrantes y drogas.

El gobierno mexicano expresó ayer su rechazo a esas inspecciones al considerar que perjudican el flujo comercial entre los dos países.

Texas y México son importantes socios comerciales y, solo en 2020, intercambiaron bienes y servicios valorados en 177,800 millones de dólares, de los que aproximadamente 89,000 millones fueron exportaciones de México a EUA y 88,7000 fueron importaciones procedentes de EUA, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Un hombre, que era buscado en relación con el ataque en una estación de metro de Brooklyn que dejó varias personas heridas fue arrestado este miércoles y acusado de cargos de terrorismo, informaron autoridades.

El fiscal federal para el distrito este de Nueva York, Breon Peace, anunció el cargo contra Frank R. James, de 62 años, en una conferencia de prensa. James fue detenido en el barrio de East Village de Manhattan.

James está acusado del ataque ocurrido ayer en un tren en plena hora pico. Cinco de las personas baleadas se encontraban en estado crítico, pero se espera que sobrevivan. Al menos una docena más fueron atendidas en hospitales por heridas de bala, inhalación de humo y otras afecciones.

Según las autoridades, el hombre publicó varios videos en las redes sociales donde criticó a Estados Unidos, señalando que era un lugar racista lleno de violencia, y relató su lucha con las enfermedades mentales.

La gobernadora Kathy Hochul confirmó el arresto mientras daba una conferencia de prensa sobre otro tema.

La policía dijo en un principio que buscaban a James para interrogarlo debido a que había rentado un camión que posiblemente estaba conectado con el ataque, pero las autoridades no estaban seguras de que fuera el responsable del incidente. Sin embargo, alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que los investigadores ahora consideraban a James como un sospechoso del incidente.

El atacante lanzó granadas de humo en un vagón lleno en el metro y luego realizó al menos 33 disparos con una pistola de calibre 9 mm, dijeron las autoridades.

El agresor huyó en medio del caos, dejando atrás varias pistas, como el arma, cargadores de alta capacidad, un hacha, granadas de humo detonadas y no detonadas, un bote de basura negro, un carro organizador, gasolina y la llave de un camión U-Haul que se utiliza en mudanzas.

Investigadores federales determinaron que la pistola utilizada en el ataque fue adquirida por James en una casa de empeño , con un comerciante de armas con licencia, en la zona metropolitana de Columbus, Ohio, en 2011.

El camión fue hallado, desocupado, cerca de una estación donde los investigadores determinaron que el agresor había ingresado al sistema de Metro. No se encontraron explosivos o armas de fuego en el camión, señaló un agente. La policía encontró otros objetos, incluidas almohadas, lo que indica que el hombre podría haber estado durmiendo en el vehículo o planeaba hacerlo, añadió el agente.

Los investigadores creen que James condujo desde Filadelfia el lunes y han revisado los videos de las cámaras de seguridad, y uno de ellos muestra a un hombre que coincide con su descripción física que sale del camión el martes temprano. Otro video muestra a James entrando a una estación de metro de Brooklyn con una mochila grande, agregó.

El presidente ruso, Vladimir Putin, pidió este miércoles que se desarrollen nuevas salidas para los combustibles fósiles producidos por su país, en un momento en que los países europeos están considerando ampliar sus sanciones contra sus hidrocarburos.

“Se abren a nosotros oportunidades, opciones y caminos alternativos. En cuanto al petróleo, el gas y el carbón rusos, vamos a poder aumentar su consumo en el mercado interior (…) e incrementar la entrega de recursos energéticos a las demás regiones del mundo que realmente los necesitan”, dijo Putin en un discurso.

“Debido a las acciones de países hostiles, las cadenas de transporte y de logística se han visto interrumpidas (…) Esto nos crea dificultades, pero tenemos los recursos y las oportunidades para encontrar rápidamente soluciones alternativas”, afirmó.

Putin no especificó a qué países hacía referencia, pero China, cuyas necesidades en hidrocarburos no dejan de crecer, es fronterizo con Rusia.

Estas declaraciones tienen lugar en un momento en que la Unión Europea (UE) está considerando la posibilidad de reforzar sus sanciones contra los sectores energéticos rusos, en respuesta a la intervención militar de Moscú en Ucrania.

Un posible embargo sobre el gas ruso es objeto de acaloradas discusiones entre los Estados miembros de la UE, siendo Alemania uno de los principales opositores a un cese inmediato de estas importaciones de las que es muy dependiente.

La UE, Estados Unidos y Japón han anunciado un embargo sobre el carbón ruso, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó que propondrá el objetivo de una independencia de la UE respecto a los combustibles fósiles rusos de aquí a 2027.

Adicional, el Kremlin afirmó que era “inaceptable” que el presidente estadounidense Joe Biden acuse a las fuerzas rusas de cometer un “genocidio” en Ucrania.

“Estamos completamente en desacuerdo y consideramos inaceptable cualquier intento de distorsionar la situación de esa forma”, dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, a la prensa.

Y es que ayer, Biden acusó al presidente Vladimir Putin de cometer un “genocidio” en Ucrania, en la primera vez que usa esa palabra para describir la situación en el país invadido por Moscú.

Biden aclaró que la última palabra la tendrían las cortes para determinar si las acciones de Rusia en la antigua república soviética, que incluyen acusaciones sobre atrocidades cometidas contra civiles, constituyen un genocidio. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también ha empleado el término.

Este cruce de acusaciones se produce tras las masacres de Bucha y otras ciudades ucranianas, donde han aparecido más de 400 cadáveres, muchos de ellos de civiles maniatados, y en la estación de Kramatorsk, donde perdieron la vida más de 50 personas.

Hace una semana, cuando la prensa preguntó a Biden si creía que lo ocurrido en Bucha era un genocidio, el mandatario respondió que no. “No, creo que es un crimen de guerra”, dijo.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó este martes su informe anual sobre Derechos Humanos, en el que señaló que el crimen organizado es el principal perpetrador de violencia en México, además de que aseguró que las autoridades de  nuestro país no investigan “la gran mayoría de crímenes”.

Para Estados Unidos, la impunidad durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue siendo un “problema” que abarca a todos los delitos que se cometen en el país, incluidas las violaciones de derechos humanos y la corrupción.

El informe señaló que el crimen organizado es el principal perpetrador de los crímenes violentos en México, como homicidios, torturas, secuestro, extorsiones y tráfico de personas, además de que algunas autoridades son cómplices de las bandas criminales.

“El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la gran mayoría permaneció sin investigar ni enjuiciar”, indica el reporte.

Sobre la libertad de expresión en nuestro país, Estados Unidos recordó que en 2021 el gremio periodístico fue víctima de asesinatos, ataques, acosos e intimidaciones, especialmente por parte de funcionarios y del crimen organizado.

Aunque dijo que no existen restricciones para que la prensa critique abiertamente al gobierno, destaca que “los políticos desacreditan públicamente a los periodistas” que lo hacen. “Los altos niveles de impunidad, incluido en los asesinatos de periodistas, generan autocensura y reducen la libertad de expresión de la prensa”, añade.

Recordemos que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, denunció en febrero pasado a través de sus redes sociales que el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan eran preocupantes.

En ese momento, López Obrador respondió a Blinken que estaba “mal informado” y defendió que en México “no hay impunidad”.

A la par de la presentación del informe del gobierno de EUA, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pidió al gobierno de nuestro país una política de prevención de este fenómeno generalizado, que incluya atajar la impunidad y establecer un plan “ordenado e inmediato” de retirada de los militares de las tareas de seguridad pública.

Según el organismo, la actuación de los militares ha sido señalada por graves violaciones a los derechos humanos.

Al presentar un informe en conferencia de prensa desde Ginebra, Suiza, Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité, enfatizó que para empezar a combatir una impunidad que es “casi absoluta” y “estructural”, las autoridades deben reconocer todas las formas de responsabilidad del estado, incluidas la complicidad u omisión, en casos de desapariciones efectuadas por el crimen organizado.

Asimismo, abogó por abandonar la “política de militarización” de la seguridad pública porque según señaló se ha demostrado “insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de los derechos humanos” e instó a que la Guardia Nacional se convierta en un cuerpo civil.

La tasa interanual de inflación en Estados Unidos se disparó en marzo hasta el 8.5%, seis décimas por encima de la de febrero, informó este martes la Oficina de Estadísticas Laborales.

Se trata del mayor aumento interanual desde diciembre de 1981, es decir, desde hace más de 40 años, y viene impulsada sobre todo por el encarecimiento de la energía, los alimentos y la vivienda.

El aumento mensual de los precios de consumo (de febrero a marzo) fue del 1.2 %. Los precios de la energía, que incluyen gasolina, crudo, electricidad y gas natural, subieron en los últimos 12 meses un 32%, empujados por el encarecimiento del crudo, del 70.1%, mientras que la gasolina subió un 48%.

En cuanto al aumento mensual, los precios de consumo energético subieron en marzo un 11% respecto a los de febrero, según los datos revelados por la oficina de gobierno,

Los precios de los alimentos subieron un 8.8% en un año, especialmente los relativos a compras en el supermercado, que aumentaron un 10%, mientras que los de la comida en restaurantes se incrementaron en un 6.9%. Si se excluyen los precios de alimentos y combustibles, que son los más volátiles, la inflación subyacente fue del 6.5% en tasa interanual.

El precio de la vivienda, uno de los que más peso tiene en el cálculo de la inflación subyacente, subió un 5% en un año, y su incremento mensual fue del 0.5%.

El gobierno de Estados Unidos había anticipado ayer que el dato de inflación iba a ser “extraordinariamente elevado”, y culpó de ello fundamentalmente a la invasión rusa de Ucrania.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, se refirió en todo momento a la alta inflación como “el aumento de precios de Putin”, en referencia al presidente de Rusia, y a la invasión de Ucrania que su país empezó el pasado 24 de febrero.

Sin embargo, especialistas indican que los precios ya estaban disparados en Estados Unidos antes de que Rusia iniciara la invasión de Ucrania.

Los principales fabricantes de armas de Estados Unidos tienen previsto solicitar este martes a un juez federal de Boston, que desestime una demanda del gobierno mexicano que les acusa de facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga, lo que ha provocado miles de muertes en México.

Se espera que los abogados de esas compañías, entre ellas Smith & Wesson y Sturm, Ruger & Co, pidan en una audiencia virtual al juez de distrito F. Dennis Saylor que deseche la demanda que nuestro país presentó en agosto pasado por 10,000 millones de dólares.

Recordemos que México acusó a las empresas de socavar las leyes en materia armamentística al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar sabiendo que equiparían a los cárteles de la droga, estimulando asesinatos, extorsiones y secuestros.

La demanda argumenta que cada año se trafican a nuestro país más de 500,000 armas desde Estados Unidos, de las cuales más del 68% son producidas por las firmas demandadas, entre las que también se encuentran Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.

Las compañías argumentan que el demandante no ha podido demostrar que el gasto financiero en que incurrió para la atención sanitaria, la aplicación de la ley y otros esfuerzos para hacer frente a la violencia con armas de fuego sea atribuible a la acción de los fabricantes.

Las firmas también argumentan que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos les protege de las demandas por el mal uso de sus productos.

México, sin embargo, dice que esa ley sólo excluye las reclamaciones por lesiones en Estados Unidos y no protegería a las compañías de las acusaciones por el tráfico de armas a delincuentes mexicanos.

Los fiscales generales demócratas de 13 estados junto con el Distrito de Columbia presentaron en enero escritos de apoyo a México, al igual que los países Antigua y Barbuda y Belice, que dijeron que los delitos violentos con armas habían perjudicado a América Latina y a las naciones del Caribe.

El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves el nombramiento de Ketanji Brown Jackson, nominada por el presidente Joe Biden para la Corte Suprema, con lo que se convierte en la primera mujer afroamericana en llegar a la máxima corte en sus 232 años de historia.

Jackson, conocida coloquialmente como “KBJ”, superó la prueba del Senado con 53 votos a favor: los 50 demócratas y 3 republicanos moderados (Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y Mitt Romney de Utah). Los otros 47 senadores republicanos votaron en contra.

La votación duró más de lo previsto porque el senador republicano Rand Paul, de Kentucky, tardó más de 15 minutos en llegar al hemiciclo para emitir su voto, que fue en contra de Jackson.

Según informó la Casa Blanca, Jackson estuvo viendo la votación junto a Biden desde la sala Roosevelt en la Casa Blanca.

Presidiendo la sesión estaba la vicepresidenta Kamala Harris, que ejerce como presidenta del Senado, y quien también hizo historia al convertirse en la primera afroamericana y la primera estadounidense de origen indio/asiático en alcanzar la Vicepresidencia del país.

Harris leyó los resultados de la votación con una sonrisa y automáticamente el hemiciclo estalló en aplausos.

La confirmación en el Senado de Jackson, que desde el año pasado es jueza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, se daba por segura porque los demócratas contaban por sí solos con la mayoría simple necesaria.

“Este es un día maravilloso, este es un día lleno de alegría, este es un día que inspira”, dijo antes del voto y visiblemente alegre, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer.

La llegada de Jackson a la Corte Suprema no cambiará su composición ideológica, ya que con seis jueces de tendencia conservadora y tres progresista está más inclinado a la derecha que en ningún momento desde la década de 1930.

Sin embargo, Jackson tiene una experiencia diferente a la del resto de magistrados. Por ejemplo, será la primera jueza con experiencia como abogada de oficio para personas con pocos recursos. Jackson reemplazará al magistrado progresista Stephen Breyer, que ha anunciado su intención de jubilarse cuando concluya el curso judicial en junio o julio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó este jueves de mentirosos a los legisladores estadounidenses, que enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para acusar al Estado mexicano de perseguir a opositores a través de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Son, con todo respeto, mentirosos porque no es cierto”, indicó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina al ser consultado sobre el tema.

Ayer, en una carta dirigida a Blinken, y al procurador general Merrick Garland, varios legisladores demócratas expresaron su preocupación por señalamientos de que López Obrador y la FGR politizan la justicia y ponen en peligro la independencia de las instituciones democráticas.

Los senadores, encabezados por Bob Menéndez, denunciaron que el fiscal Alejandro Gertz Manero usaría el cargo para perseguir a opositores políticos y saldar cuentas.

Los demócratas también culpan a López Obrador de atacar públicamente a un juez que falló en contra de sus políticas energéticas, de promover un plan aparentemente inconstitucional para extender el periodo de un juez de la Corte Suprema y de plantear el desmantelamiento del máximo tribunal electoral del país. También expresaron sus preocupaciones por los cargos penales en contra de Ricardo Anaya.

“Les pedimos considerar seriamente el riesgo de un sistema judicial debilitado y politizado en México”, indica la carta, que también fue firmada por el senador por Vermont, Patrick Leahy, presidente de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, y los senadores Benjamin Cardin, por Maryland, y Jeffrey Merkley, por Oregon.

“Son mentirosos, no usamos a los aparatos del Estado para ello (perseguir opositores), yo no tengo ya ninguna relación, como (sucedía) antes, con el fiscal General de la República (FGR), esta instancia es autónoma”, reiteró López Obrador.

Como se ha hecho costumbre, justificó que los señalamientos que ahora se hacen se deben al proceso electoral estadounidense que está en marcha.

“Es la campaña, es que en Estados Unidos hay elecciones y que bueno que nada más son cuatro (los senadores), porque cuatro golondrinas no hacen verano. ¿pero qué voy a contestarles?, nada, y van a seguir así”, añadió.

López Obrador instó a los congresistas a que se informen y que si tienen pruebas que las presenten y agregó que “por lo general son denuncias sin sustento, es por la temporada (electoral)”.

Además, reveló que en este mes sostendrá un encuentro con senadores estadounidenses para tratar el desarrollo en el sureste de México y en Centroamérica y combatir la migración.

“Estamos invitando a senadores de Estados Unidos, de los dos partidos, para finales de abril para que podamos reunirnos en el sureste. Eso sobre el desarrollo del sureste y Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio como lo hemos estado planteando”, remató.

El presidente de Andrés Manuel López Obrador, afirmó este jueves que, de ser necesario, se acudirá a tribunales internacionales para defender su política energética y posibles controversias dentro del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El mandatario retomó esta mañana el tema de las presiones de gobiernos extranjeros, que denunció un día antes, sobre la reforma eléctrica que presentó al Congreso y que se discute en la Cámara de Diputados.

En referencia a Estados Unidos, afirmó que en varias reuniones con funcionarios del país vecino “se trató el tema pero ya ellos saben que estas son decisiones nuestras y que no deben de intervenir”.

Sobre las presiones, continuó: “Es evidente, hasta una funcionaria de la Secretaría de Energía del Gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estábamos con la iniciativa violando el tratado, cosa que no es cierta”.

Dijo que quienes consideran que se viola el T-MEC también deberían tomar en cuenta que en el mismo tratado hay un capítulo que “obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción”, lo que ocupó para amagar al gobierno estadounidense.

“Y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción, y tenemos las pruebas”, subrayó el mandatario mexicano.

Pese a ello, reiteró que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, es respetuoso y agregó que la relación, en general, es buena con el país vecino. Recordemos que ayer el embajador visitó Palacio Nacional, aunque no se conocen mayores detalles de los temas tratados.

“Pero los que están acostumbrados a saquear, a robar, no quieren dejar de hacerlo”, agregó López Obraor en términos generales.

Las declaraciones de hoy se suman a las emitas ayer, cuando señaló a empresas y gobiernos extranjeros, específicamente a Washington, de hacer “lobby” en contra de la reforma eléctrica.

“Ahí es muy claro que hay intereses de las empresas y de que están metidos haciendo ‘lobby’ en la Cámara de Diputados, de senadores y en el Poder Judicial. Las empresas extranjeras y los gobiernos extranjeros” , dijo el mandatario.

Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará para declarar constitucional o no la polémica reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que busca fortalecer la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) al cambiar, entre otros puntos, el orden de despacho de la energía.

La ministra Loretta Ortiz, encargada del proyecto, declarar la validez de la reforma a la LIE que resumió en 4 áreas: la modificación del orden de despacho eléctrico; modificación de los Certificados de Energía Limpia; la modificación de los contratos legados y la revisión de los contratos de Productores Independientes de Energía.

Se necesitan 8 votos de los 11 ministros que integran la Suprema Corte para declarar inconstitucional la LIE. En el episodio de hoy en Broojula, te explicamos en qué consiste y qué se espera.

Los cientos de refugiados ucranianos que llegan a diario tienen un mensaje para sus familiares y amigos en Europa: el camino más rápido para asentarse en Estados Unidos es comprar un boleto de avión a México.

Una coalición de voluntarios, en su mayoría de iglesias eslavas del oeste de Estados Unidos, guían a diario a cientos de refugiados desde el aeropuerto de Tijuana a hoteles, iglesias y refugios, donde esperan entre dos y cuatro días para que las autoridades estadounidenses los admitan por causas humanitarias.

En menos de dos semanas, los voluntarios trabajaron con funcionarios de México y Estados Unidos para armar una red notablemente eficiente y en expansión que brinda comida, seguridad, transporte y alojamiento.

Los voluntarios, que llevan insignias azules y amarillas que representan los colores de la bandera ucraniana, pero no tienen nombre ni líder, empezaron una lista de espera en cuadernos y más tarde cambiaron a una aplicación que suele utilizarse para controlar la asistencia a la iglesia.

A los ucranianos se les dice que se presenten en un cruce fronterizo cuando su número de acerca, un sistema que los responsables comparan con la espera por una mesa en un restaurante.

“Nos sentimos tan afortunados, tan bendecidos”, dijo Tatiana Bondarenko, quien viajó por Moldavia, Rumanía, Austria y México antes de llegar a San Diego con su esposo y sus tres hijos, de 8, 12 y 15 años. Su destino final era Sacramento, California, donde vivirá con su madre, a quien no ha visto en 15 años.

Cerca de allí, otra familia ucraniana se tomaba fotografías bajo de un cartel de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en el puerto de entrada de San Ysidro, en San Diego, el más transitado entre los dos países. Bajo una carpa azul, los voluntarios ofrecían comida mientras los refugiados esperaban a sus familiares o a los autobuses que los llevaran a una iglesia próxima.

En el aeropuerto de Tijuana, los viajeros que entran al país como turistas por Ciudad de México o Cancún son dirigidos a una sala improvisada en la terminal con un cartel con la frase “Solo para refugiados ucranianos”. Es el único lugar para registrarse para entrar a Estados Unidos.

Entre 200 y 300 Ucranianos han cruzado a diario por el paso de San Ysidro esta semana y cientos más llegaron a Tijuana, según los voluntarios que gestionan una lista de espera en la que el martes había 973 familias o adultos solos.

Los funcionarios estadounidenses les dijeron que su objetivo es admitir a alrededor de 550 ucranianos por día ya que el procesado se trasladará a un cruce próximo que está temporalmente cerrado al público.

Recordemos que el gobierno del presidente Joe Biden dijo que aceptará hasta 100,000 ucranianos, pero México es la única ruta por donde entran en grandes cantidades. Las citas en los consulados estadounidenses en Europa son escasas y la reubicación de los refugiados lleva tiempo.

El gobierno estableció un tope de 125,000 refugiados en el periodo de 12 meses que finaliza el 30 de septiembre, pero hasta el 31 de marzo había aceptado a apenas 8,758, incluyendo 704 ucranianos. En el año anterior, la cuota se limitó a 62,500 personas, pero solo entraron 11,411, de los cuales 803 eran ucranianos.

El año pasado, el gobierno aceptó a más de 76,000 afganos en aeropuertos estadounidenses en respuesta a la salida de sus tropas del país, pero para los ucranianos no hay previsto nada similar.

La llegada de ucranianos se produce mientras el gobierno de EUA se prepara para recibir un flujo migratorio mucho mayor a partir del 23 de mayo, cuando finalicen los límites al asilo relacionados con la pandemia. Desde marzo de 2020, Washington ha utilizado la autoridad del Título 42, llamada así por una ley de salud pública de 1944, para suspender el derecho a solicitar asilo según la legislación estadounidense y los tratados internacionales.

El diputado de Morena, Miguel Torruco Garza, consideró que la petición del congresista de Estados Unidos Vicente González de anular visas a los 25 diputados que participaron en la creación del grupo de amistad México-Rusia, “no va acorde a la relación parlamentaria” entre México y Estados Unidos.

Torruco, presidente del grupo de amistad de México-Estados Unidos de la Cámara de Diputados, se expresó de esa forma en una carta dirigida a González.

“La solicitud que hace para restringir a las y los diputados de este Congreso no va acorde a la relación parlamentaria que ambos países hemos venido fortaleciendo e impulsando en los últimos años. Misma que parte del respeto entre pares y la soberanía de cada país”, expuso Torruco en la misiva.

Agregó que bajo la actual administración de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden “ambos países atraviesan por uno de los mejores momentos en su relación bilateral. Misma que está fundada en la cooperación, el mutuo entendimiento y el objetivo de fortalecer la relación México y Estados Unidos en todos sus rubros al ser socios estratégicos”.

Además, recordó que México ha sido muy claro en su posición ante el conflicto entre Rusia-Ucrania, que dijo, se ha condenado de manera enérgica la invasión a Ucrania, y precisó que los grupos son para fortalecer la democracia parlamentaria.

La instalación del grupo de amistad México-Rusia, el 24 de marzo, contó con la participación del embajador de Rusia en México, Víktor Koronelli, pero no fue bien vista primeramente por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y posteriormente por González, del Partido Demócrata.

El martes, González, de origen mexicano, congresista del distrito 15 de Texas, pidió a los secretarios de Estado, Antony Blinken, y de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, revocar las visas y permisos de entrada y estancia en Estados Unidos a los 25 políticos de México que participan en el grupo de amistad México-Rusia.

“Si estos individuos se niegan a condenar a Rusia, y en lugar de eso eligen apoyar la tiranía, no debe permitirse el privilegio de entrar de viaje o de residencia en los Estados Unidos”, expuso González.

Enterado del tema por la prensa, este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que las expresiones de González “no se debe dejar pasar estas cosas, se me hace de mal gusto y muy prehistórico, de mucho atraso”, además, dijo que suceden porque están en campaña.