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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que piensa que su homólogo ruso, Vladimir Putin, es un “asesino”, y advirtió que “pagará las consecuencias” de ello.

“¿Piensa que Putin es un asesino?”, le preguntó George Stephanopoulos, periodista estrella de la cadena estadounidense ABC; la respuesta del demócrata no dejó lugar a dudas: “Lo pienso”, afirmó en esta entrevista difundida este miércoles. “Pronto verán el precio que va a pagar”, añadió.

Biden no especificó si se refería al envenenamiento del opositor ruso Alexéi Navalni ocurrida en agosto pasado, responsabilidad de Rusia según Estados Unidos.

Recordemos que el activista fue encarcelado al regresar a su país tras pasar cinco meses de convalecencia en Alemania, y Washington exige su liberación.

En una primera reacción de un responsable ruso de alto rango a estas declaraciones, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento (Duma), y cercano a Vladimir Putin, atribuyó los dichos de Biden a “histeria debido a la impotencia”.
“Putin es nuestro presidente y un ataque contra él es un ataque contra nuestro país”, escribió Vyasheslav Volodin en su canal de Telegram. “Biden insultó a los ciudadanos de nuestro país con su declaración”, añadió quien fuera número 2 de la administración presidencial rusa entre 2011 y 2016.

El presidente Biden ha mostrado desde su llegada a La Casa Blanca, una gran firmeza frente a Putin, en contraste a la actitud de su predecesor Donald Trump. Washington ya sancionó a comienzos de este mes a siete altos responsables rusos en respuesta al envenenamiento de Navalni, del que los servicios de inteligencia estadounidenses responsabilizan a Moscú.

En un nuevo informe, las autoridades estadounidenses acusaron también a “actores ligados al gobierno ruso” de nuevas injerencias electorales en 2020, después de las de 2016.

“Tuvimos una larga charla, él y yo, lo conozco relativamente bien”, contó el mandatario. “Le dije ‘te conozco y me conoces. Si establezco que esto ha ocurrido, prepárate'” para las consecuencias, añadió, sin explicar a qué se refería exactamente.

El mandatario afirmó, sin embargo, que le gustaría poder “trabajar” con Rusia “cuando sea de nuestro interés común”, como en la prolongación del acuerdo de desarme nuclear New Start decidida poco después de su llegada al poder.

Sobre las acusaciones de injerencia electoral, Moscú indicó que dicho informe era “incorrecto, completamente infundado y sin pruebas”, según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “Rusia no interfirió en las elecciones precedentes” de 2016 que llevaron a la victoria de Donald Trump y “no ingirió en las elecciones de 2020” vencidas por Joe Biden, remarcó. Según el funcionario, el informe es un “pretexto para volver a poner en la agenda la cuestión de las nuevas sanciones contra Rusia”.

Más tarde se informó que Rusia llamó a su embajador en Washington para consultas “para analizar qué hay que hacer o hacia dónde hay que ir”.

Según el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, se busca evitar la “degradación irreversible” de las relaciones con Estados Unidos, por lo que el embajador Anatoli Antonov fue requerido.

“Para nosotros lo esencial es determinar cuáles pueden ser los medios de rectificar las relaciones rusoestadounidenses, que se encuentran en un estado difícil y que Washington ha llevado a un callejón sin salida en estos últimos años”, añadió la cancillería.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que el próximo 21 de marzo, a 60 días de haber asumido el poder, habrá cumplido la promesa que hizo durante la campaña electoral de administrar 100 millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19.

“Dije que tenía intención de administrar 100 millones de dosis en mis primeros 100 días en el cargo. Esta noche, puedo decir que no vamos a alcanzar ese objetivo. Vamos a superarlo. Porque en realidad estamos en camino de alcanzar esta meta de 100 millones de dosis en mi día sesenta”, aseguró Biden en un discurso a la nación que ofreció esta tarde.

Por el momento, cerca de 64.1 millones de personas, un 19% de la población estadounidense, han recibido al menos la primera dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna o la dosis única de Johnson&Johnson, y 33.9 millones (10%) están ya completamente inoculadas.

En el discurso, el mandatario anunció que ordenará a todos los estados que eliminen los requisitos que haya impuesto y abran turnos para que, cuando llegue el 1 de mayo, todas las personas mayores de edad tengan la posibilidad de pedir cita para recibir el fármaco.

Biden avisó que la medida “no significa que todo el mundo vaya a poderse vacunar de inmediato, sino que quiere decir que podrán ponerse a la cola”.

El presidente ya dijo hace días que, gracias a los contratos con las tres farmacéuticas con vacunas aprobadas, el gobierno habrá recibido a finales de mayo suficientes dosis para vacunar a toda su población adulta. Por el momento, tan solo Alaska ha tomado la decisión de abrir la vacunación a todos sus residentes mayores de edad, mientras que el resto de estados sigue limitando a mayores de 60 o 65 años, personas con enfermedades de riesgo o grupos prioritarios como los profesores.

Ante estos buenos pronósticos, Biden anunció al país que para el próximo 4 de julio, Día de la Independencia, Estados Unidos habrá recuperado cierta normalidad.

“Hay muchas posibilidades de que usted, su familia y amigos puedan reunirse en el jardín trasero en su vecindario y hacer una comida al aire libre o una barbacoa y celebrar el Día de la Independencia. Eso no significa grandes eventos, con muchas personas juntas, pero sí significa que un grupo pequeño podrá reunirse”, aseguró.

“Eso hará de este Día de la Independencia algo verdaderamente especial, donde no solo conmemoraremos nuestra independencia como nación, sino que comenzaremos a marcar nuestra independencia de este virus”.

El presidente Joe Biden firmó este jueves el paquete de estímulos por 1.9 billones de dólares, conmemorando el primer aniversario de las cuarentenas en Estados Unidos por la pandemia de coronavirus.

El también conocido como paquete de ayuda del gobierno busca brindar alivio a los estadounidenses ante la crisis que se vive, e impulsar la economía.

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles el paquete, otorgando al presidente una importante victoria en los primeros meses de su mandato.

“Esta legislación histórica trata de reconstruir la columna vertebral de este país”, dijo Biden antes de la promulgación.

Biden lo hizo antes de un discurso en horario estelar que planea ofrecer esta tarde, para conmemorar el aniversario de las cuarentenas, instar a la vigilancia mientras se combate la pandemia y ofrecer esperanza en medio de un número creciente de personas vacunadas en todo el país.

La firma de la ley por parte de Biden, llamada Plan de Rescate Estadounidense, estaba programada inicialmente para el viernes, pero el jefe de gabinete de La Casa Blanca, Ron Klain, dijo que se adelantó después de que el documento llegara ayer mismo por la noche.

“Queremos avanzar lo más rápido posible”, publicó Klain en Twitter. De todas formas, el viernes habrá una celebración con los líderes del Congreso, dijo.

El paquete proporciona 400,000 millones de dólares para pagos directos de 1.400 dólares a la mayoría de los estadounidenses, 350,000 millones de dólares en ayuda a los gobiernos estatales y locales, una expansión del crédito fiscal para niños y un mayor financiamiento para la distribución de la vacuna COVID-19.

Biden adelantó ayer que en su discurso de esta tarde, hablará sobre “lo que hemos atravesado como nación este último año” y exponer la siguiente fase de la respuesta del gobierno contra el COVID-19.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) expresó este miércoles su “preocupación” por el alza de los casos de Covid-19 en Brasil después de que el país rompiera un récord de muertos esta semana, con un alza de los casos en casi todos los estados del país.

“Estamos preocupados por la situación en Brasil. Esto es un duro recordatorio de la amenaza de un resurgimiento ya que áreas muy golpeadas por el virus siguen siendo muy vulnerables a las infecciones”, dijo en una rueda de prensa virtual la directora de la OPS, Carissa Etienne.

Y es que ayer, Brasil reportó 1,972 fallecimientos por Covid-19, un récord de fallecidos en un momento en que el sistema de salud está desbordado y la vacunación avanza a paso lento. El país que ha sufrido 268,000 casos mortales, siendo el segundo más golpeado por la pandemia después de Estados Unidos.

“Los casos están al alza en casi todos los estados brasileños”, advirtió Etienne. “No podemos esperar hasta que nuestros sistemas estén desbordados para implementar medidas de salud pública”, agregó la salubrista.

Con respecto a la situación en el resto del continente, la OPS reportó que Estados Unidos, Canadá y México siguen reportando una caída de los casos, pese a que hay focos muy activos en el estado de Virginia, en Estados Unidos, y en la localidad de Nunavut, una comunidad indígena, en el ártico canadiense.

La OPS también reportó una caída de los casos en América Central, aunque con un incremento en algunas zonas de Guatemala y Panamá.

En América del Sur, el organismo señaló que hay un alza de los nuevos casos en Paraguay, Uruguay y Chile y un descenso en Perú y Bolivia, pero que en estos dos países andinos el nivel de las infecciones sigue siendo alto.

En el Caribe, señaló que las islas más grandes continúan experimentando una  baja en los casos, mientras que Cuba, las Bahamas, Santa Lucía y Guadalupe están experimentando un aumento en las infecciones.

La directora de la OPS destacó que continúan las vacunaciones en toda la región; detalló que al día de hoy más de 113 millones de personas han recibido la vacuna COVID en las Américas.

Recordó que la semana pasada, Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en recibir vacunas a través del mecanismo COVAX. Añadió que Perú también ya recibió sus primeros envíos de la vacuna Pfizer a través de COVAX.

Adelantó que gracias al esfuerzo colectivo, cerca de 2.3 millones de dosis de COVAX llegarán a al menos 7 países de la región en los próximos días y semanas. “La OPS está haciendo su parte para ayudar a los países a asegurar y distribuir vacunas de manera segura y lo más rápido posible, pero las limitaciones de fabricación, el bajo suministro y la alta demanda de vacunas hacen que esta sea una situación incierta”, sostuvo la experta.

 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó esta tarde el paquete de rescate de 1.9 billones de dólares que presentó el presidente Joe Biden. El plan de ayuda está diseñado para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia, e incluye apoyos directos a los ciudadanos.

Esta es la primera gran victoria para el presidente Joe Biden desde que asumió el poder, y que como se comprometió, da un respiro a familias y empresas golpeadas por la pandemia.

La propuesta, que ya había sido aprobada por el Senado, fue aprobada como se preveía por los demócratas sin el apoyo de los republicanos. Pasa a La Casa Blanca, donde se espera que Biden lo ratifique el próximo viernes, según declaraciones de la portavoz, Jen Psaki.

Indicó que Biden planea rubricar y convertir en ley “el viernes por la tarde” el plan de rescate que fue aprobado en la Cámara de Representantes. Será la primera ley que firma Biden desde que llegó al poder el pasado 20 de enero.

“Vamos a actuar a toda velocidad en la implementación de la ley, porque el pueblo estadounidense necesita ayuda lo antes posible”, aseguró Psaki durante su rueda de prensa diaria.

La Casa Blanca considera el proyecto de ley uno de los planes “más progresistas” que se han aprobado en la historia moderna de Estados Unidos, en palabras de Psaki, y tiene previsto dedicar las próximas semanas a promocionarlo y “venderlo” al pueblo estadounidense.

“El presidente va a viajar (para promoverlo), la vicepresidenta (Kamala Harris) va a viajar, la primera dama va a viajar. Tendremos gente comunicándose directamente con las comunidades”, aseguró Psaki.

Biden opinó el mes pasado que, cuando el expresidente Barack Obama consiguió aprobar un plan de estímulo en 2009, cometió un error al no dedicar muchos recursos a promocionarlo, y “pagó el precio por esa humildad” en las elecciones legislativas del año siguiente.

El demócrata quiere que su plan de estímulo, conocido como Plan de Rescate Estadounidense, tenga el efecto contrario y ayude a los demócratas en los comicios legislativos de 2022, por lo que ha pedido a su equipo que se dedique a promocionarlo.

La Casa Blanca incluso se planteó poner el nombre del presidente en los cheques únicos de 1.400 dólares a los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a los 80,000 dólares anuales por persona que se van a distribuir como parte del plan, pero finalmente decidió no hacerlo, según el diario The Washington Post.

El proyecto de ley amplía hasta comienzos de septiembre las ayudas al desempleo, de 300 dólares semanales, ya que los actuales fondos expiraban el 14 de marzo, fecha límite que se han marcado tanto La Casa Blanca como los demócratas en ambas cámaras para tener el proyecto finalizado.

El paquete asigna 350,000 millones de dólares para gobiernos locales y estatales, 170,000 millones para la reapertura de las escuelas, 14,000 millones de dólares para fortalecer el plan de vacunación y otros 46,000 millones de dólares para el sistema de pruebas para la detección del coronavirus.

El plan de rescate de Biden se une así al de 900,000 millones de dólares que el Congreso impulsó en diciembre pasado y al de 2.2 billones de dólares, el mayor de la historia del país, en marzo de 2020, bajo la Presidencia de Donald Trump.

El Congreso estadounidense debe aprobar este miércoles el plan de estímulo impulsado por Joe Biden con el apoyo único de los demócratas, lo que sería una importante victoria del presidente a poco tiempo de haber comenzado su mandato.

El plan de estímulo es por 1.9 billones de dólares, el equivalente al PIB de Italia en 2020. Un monto suficiente para tener un impacto considerable en el crecimiento, según han advertido los economistas, además del impacto que tendría en la vida de millones de estadounidenses.

Estados Unidos necesita “desesperadamente” estas medidas para salir de la crisis provocada por la pandemia, insiste el mandatario, que prometió promulgar el “plan de rescate” en cuanto sea adoptado por el Congreso.

Los republicanos se oponen a esta iniciativa, y denuncian medidas de “extrema izquierda” que van más allá de la lucha contra la crisis causada por el coronavirus. Biden, que recuerda repetidamente su larga etapa como senador capaz de conseguir compromisos con el otro campo, no ha logrado hasta ahora convencer a ninguno.

Pero los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, están convencidos de que podrán aprobarlo sin los republicanos. El debate del plan está programado para que inicie a las 09:00 hora local, y se espera que tras dos horas comience la votación.

“Es una ley notable, histórica, que conducirá a una transformación profunda y permitirá avanzar mucho en la lucha contra el virus y responder a nuestra crisis económica”, aseguró el martes la presidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi.

Los demócratas insisten en el hecho de que con su versión, las pequeñas empresas familiares, y especialmente las gestionadas por personas integrantes de minorías, recibirán un mayor apoyo.

De acuerdo a los expertos, este paquete millonario debería impulsar el crecimiento. Según La Casa Blanca, esta ley “histórica” creará más de 7 millones de nuevos puestos de trabajo este año, abaratará costos de salud y salvará vidas al impulsar la vacunación contra el Covid. La Presidencia afirma igualmente que la pobreza en los niños se reducirá a la mitad.

Si se aprueba definitivamente, el proyecto de Biden mantendrá muchos de los programas anteriores de otros paquetes de ayuda aprobados en 2020, por 2.2 billones de dólares y 900,000 millones respectivamente, repartirá cheques de hasta 1,400 dólares a muchos estadounidenses y concederá ayudas a los gobiernos estatales y locales con problemas de liquidez. También prolongará subsidios por desempleo excepcionales que caducan el 14 de marzo, hasta septiembre.

Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos pidieron este jueves al gobierno del presidente Joe Biden que revise parte de la ayuda en materia de seguridad que da a México, al considerar que la militarización en nuestro país ha resultado en abusos de derechos humanos sin conseguir debilitar a los cárteles de la droga.

En una carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, los 19 legisladores expresaron su preocupación por el uso del Ejército para tareas de orden doméstico en México y por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO9 “atacando a defensores de derechos humanos y periodistas”.

“El empeoramiento de la situación de seguridad debería hacer que nos replanteemos ciertos aspectos de la asistencia de seguridad de Estados Unidos a México”, indica la carta, firmada entre otros por los congresistas con raíces mexicanas Joaquín Castro, Raúl Grijalva, Jesús “Chuy” García, Grace Napolitano y Juan Vargas.

Los legisladores argumentaron que el enfoque excesivo en arrestar a los capos de los cárteles, promovido en ocasiones por Estados Unidos, no ha reducido de forma efectiva la violencia, sino que podría haber favorecido una mayor escisión de esos grupos, “haciendo que sea más difícil detenerlos”.

Además, señalan que el aumento del despliegue de las fuerzas armadas para combatir el crimen ha resultado previsiblemente en graves violaciones de derechos humanos y ha fracasado a la hora de debilitar a los cárteles de la droga o reducir el crimen.

“Observamos con preocupación que, de momento, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha profundizado la participación del Ejército en la vigilancia a nivel nacional, al tiempo que desplegaba a su nueva Guardia Nacional (…) para labores relacionadas con la inmigración y otras funciones de seguridad doméstica”, señalan los legisladores.

Por eso, pidieron a Blinken que identifique “formas de alentar” al gobierno de México a “cumplir su compromiso de retirar a los militares de las labores policiales para 2024”, además de hacer frente a los niveles casi totales de impunidad por los niveles récord de violencia de los últimos dos años en nuestro país.

Los congresistas confiaron en que el gobierno de Biden sitúe los derechos humanos en “el corazón de la política hacia México”, y que apoye las investigaciones sobre desapariciones forzadas en nuestro país, para “castigar a los responsables y prevenir la repetición de esos crímenes”.

El autor principal de la carta es el legislador Alan Lowenthal, que representa a California; y también suscribieron la misiva los congresistas Albio Sires, David Cicilline, Steve Cohen, Jim Costa, Adriano Espaillat, Jared Huffman, Hank Johnson Jr., James McGovern, Seth Moulton, Eleanor Holmes Norton, Ilhan Omar, Mark Pocan y Norma Torres.

La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, planea convertir los centros de detención de inmigrantes en el sur de Texas en lugares para procesar rápidamente a familias migrantes que hayan cruzado de forma irregular la frontera y liberarlas en las siguientes 72 horas.

Según dio a conocer el diario The Washington Post, que tuvo acceso a borradores de los planes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el gobierno de Biden se está preparando para atender a migrantes que crucen indocumentados la frontera desde México, situación que distintos sectores temen pueda aumentar en los próximos meses.

El Post cita un correo electrónico enviado por Russell Hott, alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el que notifica al personal sobre el plan de procesamiento rápido y advierte que para este año se espera que la llegada de menores inmigrantes no acompañados y familias alcance “las cifras más altas observadas en más de 20 años”.

Consultada sobre la llegada de niños inmigrantes, la portavoz de La Casa Blanca, Jen Psaki, admitió que hay una gran cantidad de menores no acompañados que cruzan la frontera.

“Creemos que el enfoque humano es tratar a estos niños con humanidad y garantizar que tengan un lugar seguro donde estar”, agregó la portavoz, que se abstuvo de confirmar el porcentaje de ocupación de los espacios destinados para albergar a estos pequeños.

Recordemos que en 2019, durante la administración de Donald Trump, un total de 851,508 inmigrantes fueron detenidos por las autoridades estadounidenses después de que cruzaran la frontera de forma irregular, entre ellos 76,020 menores de edad. Mayo de ese año marcó un récord de detenciones, con 132,856 casos.

Esta situación llevó a Trump a declarar una emergencia en la frontera y a implementar una serie de medidas como la separación de familias y la devolución de los solicitantes de asilo a México que, combinadas con el denominado “Título 42”, una disposición emitida como parte de la respuesta de su gobierno a la pandemia de la Covid-19, lograron frenar el flujo de migrantes.

El diario estadounidense detalló que en el correo Hott advirtió que si los funcionarios fronterizos continúan acogiendo a más de 500 familias al día y que el plan de usar los centros de detención para el procesamiento de estas personas “puede no ser suficiente”. Añadió que las personas que no puedan ser llevadas a los centros de procesamiento rápido podrían ser trasladadas a hoteles en McAllen y El Paso, en Texas, así como Phoenix (Arizona).

El Post también reveló igualmente que el Gobierno de Biden quiere utilizar la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en el sur de Texas para ayudar a hacer frente a la creciente entrada de niños y adolescentes inmigrantes.

Sin libertad de expresión, no hay democracia.

Mi solidaridad con los medios y colegas que

han sido agredidos desde Palacio Nacional

por el simple hecho de ejercerla.

Dejemos la censura e intimidación

en el pasado.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere, como dice el dicho anglosajón, tener su pastel y comérselo también. Y esto, evidentemente no se puede. O tienes el pastel o te lo comes. O quieres ser parte de Norteamérica y todo lo que implica haber firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, o puedes optar por el discurso de la autosuficiencia y el nacionalismo.

Quizás en ese intento de tener y comer el pastel es que en la primera reunión que sostuvieron AMLO y Biden, en formato virtual, no se tocaron los temas delicados de la relación bilateral. No se habló de seguridad, ni de vacunas. Tampoco de la cancelación de inversiones a empresas estadounidenses. Aunque se habló de cambio climático y el presidente presumió que Biden lo invitó a participar en la cumbre que sostendrá EUA en abril sobre el tema, nada se dijo sobre la intención de López Obrador de que el país recurra a energías sucias y caras para la generación de energía eléctrica.

Un tema que López Obrador había dicho que quería tocar con Biden era el de las vacunas. Ahí está la acusación de acaparamiento que AMLO ha hecho a los países desarrollados en general y a EUA en particular. Lo que no toma en cuenta el presidente de México es que EUA invirtió más de 12 mil millones de dólares en un programa que llamó ‘Warp Speed’ para lograr vacunas que hoy permiten a Biden presumir que para mayo van a tener suficientes dosis para vacunar a todos los estadounidenses.

La Operación ‘Warp Speed’ se ideó y financió todavía con Donald Trump en la presidencia. Trump, que al igual que AMLO siempre minimizó el coronavirus en el discurso, supo ser bastante práctico a la hora de identificar en donde meter el presupuesto federal.

En México el presidente López Obrador no modificó un ápice sus política una vez que se vio el alcance y la gravedad de la COVID19. Siguió metiéndole dinero a Dos Bocas y a Santa Lucía, por ejemplo, como si eso fuera a salvar vidas de los mexicanos, e ignoró la necesidad de aumentar el presupuesto en salud y en ayudas para mitigar los impactos económicos del confinamiento. Ahora quiere que los estadounidenses nos regalen vacunas.

Por ello, y porque Biden ya aclaró que no va a regalarle vacunas a México, es que el tema ni se tocó en la conversación del lunes.

En materia de seguridad, el Canciller Marcelo Ebrard ha dejado en claro que una prioridad de México debe ser buscar trabajar con el gobierno de EUA para frenar el tráfico de armas de norte a sur. El tema no fue abordado en esta primera reunión bilateral, quizás para no desviarse a otras complicadas aristas en la materia, como la exoneración del General Salvador Cienfuegos sin una investigación exhaustiva de parte del gobierno mexicano.

De qué sí se habló: migración y combate a la corrupción. No son temas menores y son áreas en las que ambos gobiernos están alineados, cuando menos en el discurso.

Apostilla: la extorsión, intimidación y censura que ejerce el actual gobierno para tapar la realidad y que ésta se apegue a su discurso no se restringe solo a empresarios, medios y periodistas. Ahora Pemex ha decidido cancelar el contrato con Fitch Ratings para su participación en el proceso de calificación de la empresa. En lugar de trabajar para que Pemex se gane una mejor calificación crediticia, les es más fácil cancelar a la calificadora que ha tenido la mano más firme para con la empresa productiva del Estado.

Columna completa en El Universal

El proyecto de ley con el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca concretar su ambiciosa reforma migratoria, la cual otorgará una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, llegó este jueves al Congreso, con el respaldo del senador de origen cubano Bob Menéndez y la legisladora Linda Sánchez, de raíces mexicanas.

Menéndez, el latino de más alto rango en el Legislativo estadounidense, y Sánchez son quienes impulsan la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021, propuesta bandera con la que la administración de Biden busca reorganizar el sistema de migración de su país, que desde hace más de 30 años no aprueba una reforma de este tipo.

La iniciativa busca garantizar una solución a largo plazo para los soñadores, como se conoce a los inmigrantes llegados al país siendo niños y amparados por el programa DACA; y a los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que en su mayoría proceden de Centroamérica, así como a los trabajadores agrícolas inmigrantes.

Amplía además los visados de diversidad de 55,000 a 80,000, promueve cambios en el sistema de inmigración basado en el empleo y tiene entre sus prioridades mantener a las familias inmigrantes unidas.

Recordemos que un esfuerzo similar fue liderado en 2013 por el entonces presidente Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente, pero no logró el respaldo en la Cámara de Representantes pese a haber conseguido la aprobación del Senado.

Para convertirse en realidad, la propuesta de Biden deberá contar con la totalidad de los votos demócratas en el Senado, 50, y asegurarse diez republicanos. De lo contrario, estará condenada a fracasar como ha sucedido con los intentos de regularización en los años anteriores.

“Estamos aquí porque el pasado noviembre 80 millones de estadounidenses votaron contra Donald Trump y contra todo lo que representaba. Votaron para restaurar el sentido común, la compasión y la confianza en nuestro gobierno”, dijo Menéndez en una conferencia de prensa virtual. “Y parte de ese mandato es arreglar nuestro sistema de migración, que es la piedra angular del odioso espectáculo de horror de Trump”.

Al dirigirse a sus colegas republicanos, aseguró que el voto latino no es propiedad de ningún partido y destacó que los hispanos son “la mayor minoría racial y étnica del país”.

En su intervención, Sánchez recordó que es hija de inmigrantes mexicanos, un mecánico industrial y una maestra de escuela primaria, y afirmó que por ello se ha dedicado a construir un sistema de inmigración “que permita a la gente vivir sin miedo”.

Ambos políticos estuvieron acompañados por los legisladores de la Cámara Baja Zoe Lofgren, Lucille Roybal-Allard, Nydia Velázquez, Judy Chu, Raúl Ruiz, Yvette Clarke y Yvette Clarke, así como por los senadores Amy Klobuchar, Alex Padilla y Ben Ray Luján, que prometieron su respaldo a la iniciativa.

El proyecto prevé un proceso de ocho años para que los indocumentados puedan alcanzar la ciudadanía. Previamente, quedarán amparados por un estatus temporal y, después de cinco años, podrán optar por una tarjeta de residencia permanente, conocida por su nombre en inglés “green card”.

Para los soñadores, los beneficiarios del TPS y los trabajadores agrícolas inmigrantes, la iniciativa propone una residencia legal de “inmediato” y tres años más tarde la ciudadanía. erá un requisito fundamental para estas personas “haber estado en el país antes del 1 de enero de 2021”.

El proyecto de ley deroga además la prohibición de reingreso para quienes hayan permanecido de forma irregular en territorio estadounidense, elimina los topes por país para los visados basados en el empleo y aumenta de 10,000 a 30,000 los cupos para los visados U, que se otorgan a víctimas de abuso físico o mental.

Asimismo, elimina el plazo mínimo de un año para que quienes se encuentren en el país puedan solicitar asilo, reemplaza el término “extranjero” por “no ciudadano” y promueve la reunificación de familias, en especial de los grupos familiares LGBTQ+.

Por otro lado, aborda las causas de la migración al financiar un plan de la Administración de Biden para aumentar la asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde procede la mayoría de inmigrantes que buscan cruzar a Estados Unidos desde México.

También crea opciones para que las personas que buscan protección puedan solicitar un estatus legal en Centroamérica; restablece el programa de menores centroamericanos que permite reunir a los pequeños con sus padres que residen en EUA; y destina recursos para el uso de la tecnología en las fronteras.

Los abogados de Donald Trump iniciaron la defensa del expresidente en su juicio político negando enérgicamente que tuviera papel alguno de incitación del asalto al Capitolio y dijeron que la acusación en contar del republicano está motivada por el “odio” y es parte de una “cacería de brujas” demócrata.

Los abogados dijeron a los senadores que Trump tenía derecho a cuestionar los resultados de la elección de 2020 y que al hacerlo, incluso en un discurso que precedió el asalto al Capitolio, eso no significó incitar los actos de violencia que se produjeron.

Trataron de volver los argumentos de los acusadores en su contra al comparar los cuestionamientos demócratas del triunfo de Trump en 2016 con la actitud de Trump en la última elección. Cuando Trump imploró a sus seguidores que “pelearan como demonios” el 6 de enero, eso no se diferenciaba con la retórica de los demócratas en cuanto a incitar a la violencia.

“Esta es retórica política que es prácticamente imposible de distinguir del lenguaje utilizado por la gente de todo el espectro político durante cientos de años”, dijo Michael van der Veen, uno de los abogados de Trump. “Innumerables políticos han hablado de luchar por nuestros principios”.

Después de una acusación que recurrió a imágenes violentas del asalto al capitolio, el juicio político pasó a los abogados defensores, que hicieron una concesión fundamental: la violencia fue tan traumática, inaceptable e ilegal como dicen los demócratas, pero Trump no la ordenó. Van der Veen dijo que el asalto fue realizado por personas que “secuestraron” para sus propios fines lo que debía ser un evento pacífico. Incluso dijo que habían hecho planes para ejercer la violencia antes de que Trump hablara. “Uno no puede incitar lo que iba a suceder”, añadió.

Reconocer los horrores de la jornada tuvo por objeto debilitar el impacto de los argumentos demócratas y apelar a lo que consideran el asunto medular del juicio, y con más posibilidades de ganar: si es que se puede considerar al entonces presidente Trump responsable de incitar el ataque del 6 de enero. Cinco personas murieron a causa del asalto al Capitolio y sus secuelas.

Es un argumento dirigido a los senadores republicanos, que quieren sumarse a condenar la violencia, pero sin llegar a condenar al ahora exmandatario. “No lo han vinculado en absoluto con Trump”, dijo David Schoen, uno de los abogados del expresidente.

El proceso podría culminar con una votación este fin de semana por parte de los senadores, que fungen como jurado.

En documentos legales y alegatos al inicio de la semana, los abogados de Trump dejaron en claro su posición, de que los responsables de los disturbios fueron los revoltosos que asaltaron el edificio y que están siendo juzgados por la justicia.

Al finalizar su presentación ayer, los demócratas utilizaron videos y palabras de la turba el 6 de enero para incriminar a Trump. “Nos invitaron a venir”, dijo uno. “Trump nos envió”, dijo otro. “Él va a estar feliz. Estamos luchando por Trump”. “Realmente creyeron que toda esta invasión fue por órdenes del presidente”, dijo la representante Diana DeGette. “El presidente les dijo que vinieran”.

El objetivo de los fiscales fue retratar a Trump no como un espectador sino como el “incitador en jefe” que durante meses difundió mentiras y estimuló a sus seguidores a no reconocer la elección.

Además de la condena, los demócratas piden que sea vetado de cualquier función pública federal en el futuro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que el gobierno federal protege los derechos humanos de los migrantes, al hablar por primer vez en público de la masacre que se registró en Tamaulipas, donde aparecieron 19 cuerpos calcinados, la mayoría de ellos migrantes de origen guatemaltecos.

“Nosotros cuidamos a los migrantes, no se auspicia la violación de los derechos humanos, y lo segundo es que, si se dan casos como este, tan graves y lamentables, se busca hacer justicia, que no haya impunidad, como se actuó en el caso de estos migrantes guatemaltecos”, manifestó el mandatario en su conferencia matutina.

Recordemos que el pasado 22 de enero se reportó de la masacre en Camargo, municipio fronterizo con Estados Unidos, donde se han identificado a 16 de las 19 personas fallecidas, dos de nacionalidad mexicana y 14 ciudadanos de Guatemala, incluyendo al menos un menor de edad.

Por el crimen, adjudicado a cárteles de la droga, están detenidos doce agentes de la Policía estatal y se investiga a ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) por su presunta participación. Al respecto, el presidente indicó que se ha avanzado en el caso.

“Ya hay detenidos, en efecto policías del Estado de Tamaulipas, hay cesados y también están sujetos a proceso funcionarios de migración, servidores públicos y no va a haber impunidad para nadie, y tenemos una relación constante con los familiares de las víctimas”, añadió López Obrador.

Las autoridades mantienen la línea de investigación que apunta al crimen organizado y el tráfico de personas como causantes de esta masacre, que la ONU ha comparado con la de San Fernando del 2010, cuando asesinaron a 72 migrantes en la misma región; el gobierno ha rechazado estas comparaciones al insistir en que no habrá impunidad.

Pese a los esfuerzos que se hace desde el gobierno federal, el presidente reconoció la violencia que padecen los migrantes que van al norte del país, especialmente a Tamaulipas con la intención de cruzar a Texas, Estados Unidos.

“Es lamentable decir esto, pero los antecedentes que se tienen es que los migrantes corren más peligro en los estados de la frontera norte, en particular en Tamaulipas, por todo lo que sabemos, entonces fue siempre un argumento de nuestra parte decir: necesitamos cuidarlos, protegerlos”, admitió.

Estados Unidos anunció este miércoles que impuso sanciones a Myanmar, luego de que las fuerzas armadas de ese país tomaron el poder mediante un golpe de Estado y detuvieron a varios líderes políticos, entre ellos la gobernante de facto Aung San Suu Kyi.

El presidente Joe Biden anunció que había emitido una orden ejecutiva que impedirá a los generales de Myanmar tener acceso a activos por valor de 1,000 millones de dólares en Estados Unidos, y añadió que habrá otras medidas.

“Las fuerzas armadas deben ceder el poder que tomaron y demostrar respeto a la voluntad del pueblo de Birmania”, indicó el mandatario estadounidense.

Biden aseguró que las sanciones congelaron las cuentas de líderes militares de Myanmar, pero que no afectarán la entrega de ayuda para programas de salud, de sociedad civil y otras áreas en beneficio del pueblo. Añadió que su administración identificará los objetivos específicos de las sanciones en los próximos días.

“Estamos dispuestos a tomar medidas adicionales y seguiremos colaborando con nuestros socios internacionales para exhortar a otras naciones a que se nos unan en estas gestiones”, agregó.

Antes del anuncio de Biden, estallaron nuevas protestas multitudinarias en las calles de Myanmar en contra del golpe de Estado, incluso después de que las fuerzas de seguridad intensificaron sus medidas represivas y allanaron la sede del partido de Suu Kyi.

El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, partidario de Suu Kyi, declaró que aprecia la política de Biden “de buscar ayuda del Congreso para tomar medidas rápidas y prácticas para restaurar la democracia en Birmania. Espero que todas las naciones que respeten la democracia y el Estado de derecho se unan a Estados Unidos en imponer penalidades a la junta militar”.

Desde el golpe de Estado, al menos 190 personas han sido detenidas y 19 de ellas fueron liberadas más tarde, informó este miércoles la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania.

En un discurso a la nación la noche del lunes, el general Min Aung Hlaing alegó un fraude masivo en las elecciones del 8 de noviembre como argumento para justificar la toma del poder.

Foto: OIT

El Senado de Estados Unidos votó a favor de seguir adelante con el juicio político contra el expresidente Donald Trump, por una acusación de incitación a un asalto al Congreso tras ver un vídeo gráfico del ataque de enero.

El Senado votó 56 a 44 para proceder con el juicio contra el expresidente, rechazando el argumento de sus abogados de que un presidente no puede enfrentar un juicio después de dejar La Casa Blanca. Sin embargo, los demócratas esperan inhabilitar a Trump para que no pueda volver a ocupar un cargo público.

Los demócratas de la Cámara de Representantes que actúan como fiscales abrieron la jornada mostrando un video de partidarios de Trump arrollando violentamente a la policía en el Capitolio en el ataque del 6 de enero, con imágenes de Trump llamando a “pelear como demonios” para revertir su derrota electoral del 3 de noviembre.

Los senadores, en calidad de jurados, vieron en las pantallas cómo los seguidores de Trump derribaban las barreras y golpeaban a los policías del Capitolio. El vídeo también incluyo el momento en el que el policía que custodiaba la Cámara de Representantes disparó mortalmente a la manifestante Ashli Babbitt, una de las cinco personas que murieron en los desórdenes.

En el asalto al Capitolio, la turba atacó a la policía, hizo que los legisladores corrieran en busca de refugio e interrumpió la certificación formal por parte del Congreso de la victoria del presidente Joe Biden, después de que Trump pasara dos meses impugnando los resultados de las elecciones.

“Si eso no es un delito de destitución, entonces no existen”, dijo a los senadores reunidos el representante demócrata Jamie Raskin, que dirigió la acusación, tras mostrar el vídeo.

Raskin lloró al relatar cómo familiares a los que llevó al Capitolio ese día para presenciar la certificación de las elecciones tuvieron que refugiarse en una oficina cercana al hemiciclo, diciendo: “Pensaron que iban a morir”.

En contraste con la emotiva presentación de los demócratas, los abogados de Trump atacaron el proceso, argumentando que el procedimiento era un esfuerzo inconstitucional y partidista para bloquear el futuro político de Trump, pese a que ya había dejado La Casa Blanca.

“Lo que realmente quieren conseguir aquí en nombre de la Constitución es impedir que Donald Trump vuelva a presentarse a un cargo político, pero esto es una afrenta a la Constitución, independientemente de a quién apunten hoy”, dijo a los senadores David Schoen, uno de los abogados de Trump.
El abogado denunció la “insaciable lujuria por el impeachment” entre los demócratas antes de emitir su propio vídeo, en el que se unen imágenes de varios legisladores demócratas pidiendo la destitución de Trump desde 2017 en adelante.

Condenar a Trump requeriría una votación de dos tercios del Senado de 100 miembros, lo que significa que al menos 17 republicanos tendrían que unirse a los 48 demócratas y dos independientes para votar contra Trump.

El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que la acusación contra Trump representa “los cargos más graves jamás presentados contra un presidente de Estados Unidos en su historia”.

Trump es el único presidente que ha sido impugnado dos veces y el único expresidente que se enfrenta a un juicio en el Senado. Antes del ataque, Trump afirmó falsamente que el fraude electoral generalizado le hizo perder las elecciones frente a Biden.

El juicio se está celebrando con una seguridad extraordinaria en torno al Capitolio, que incluye fuerzas de seguridad armadas y un perímetro de vallas y alambre de púas.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos calificó este viernes como “profundamente preocupante” la iniciativa de reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó al Congreso a la Ley de la Industia Eléctrica.

La Cámara señaló que dicha iniciativa representa un incumplimiento de los compromisos que nuestro país adquirió bajo el acuerdo comercial que firmaron junto a Canadá, el T-MEC.

La propuesta socavará la confianza de los inversionistas extranjeros mientras México sale de su peor contracción económica desde la Gran Depresión, dijo el vicepresidente senior de la Cámara para América, Neil Herrington, en un comunicado.

“Tales cambios drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y, creemos, contravendrían directamente los compromisos de México bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá”, afirmó.

El TMEC, que entró en vigor en julio del año pasado, sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994.

Recordemos que la iniciativa, enviada por el presidente con carácter preferente al Congreso el lunes pasado, es el último de una serie de pasos de su gobierno para fortalecer el papel del Estado en el sector energético. La propuesta plantea dar preferencia a la CFE en el suministro de electricidad a la red y eliminar la obligación de la empresa de comprar electricidad mediante subastas.

El presidente ha criticado fuertemente la apertura del sector energético realizada en la administración anterior, diciendo que sesgó la ley y el mercado a favor de empresas privadas.

Además, Neil Herrington dijo que los cambios que contempla la iniciativa de AMLO, aumentarían significativamente el costo de la electricidad y limitarían el acceso a la energía limpia para los ciudadanos de nuestro país.

“Desafortunadamente, esta medida es la última de un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el Gobierno de México que han minado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país en el preciso momento en que se necesita más que nunca una mayor inversión extranjera directa en México (…) nada resultará más vital para su recuperación que los empleos y el crecimiento que generan los inversores estadounidenses y extranjeros”, se añade en el comunicado.

El estadounidense finalizó haciendo un llamado al gobierno mexicano para que retire el proyecto de ley y se comprometa con el sector privado en soluciones tangibles para impulsar la industria energética.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta madrugada una resolución presupuestaria de 1.9 billones de dólares para lidiar con el impacto de la pandemia de la Covid-19.

La aprobación se logró gracias al voto de desempate, que por primera vez ejerce la vicepresidenta Kamala Harris.

En la Cámara Alta los demócratas y los republicanos cuentan en esta Legislatura con 50 senadores por partido, y es Harris como vicepresidenta la encargada del voto decisivo.

Tras su aprobación en el Senado, la resolución vuelve ahora a la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría.

“Hemos avanzado”, declaró durante la sesión el líder de la mayoría demócrata, el senador Chuck Schumer, de Nueva York. “Éste es un paso gigantesco”, agregó.

La resolución presupuestaria autoriza una ley para la pandemia por el monto solicitado por el presidente Joe Biden, e incluye las instrucciones para que los comités del Congreso redacten la legislación.

Un grupo de senadores republicanos había ofrecido un paquete de 618,000 millones de dólares.

La propuesta de Biden incluye la distribución de cheques de 1,400 dólares a los contribuyentes impositivos, un beneficio semanal por desempleo de 400 dólares, 350,000 millones de dólares para ayudar a los gobiernos estatales y municipales, un aumento del sueldo mínimo a 15 dólares por hora, y más fondos para el cuidado infantil, las escuelas y la distribución de vacunas.

Los congresistas presentaron decenas de enmiendas al texto, que recibieron a veces el apoyo de parlamentarios de ambos partidos, como la que buscaba prohibir la entrega de una ayuda de 1.400 dólares a ciudadanos de hogares con altos ingresos.

El voto de esta madrugada, señalan analistas, no significa el visto bueno para el plan de alivio económico del gobierno, pero abrió el camino para que los demócratas puedan aprobarlo por mayoría simple, evitando así posibles bloqueos de los republicanos.

Muchos de los opositores se oponen al proyecto demócrata por considerar que es demasiado costoso.

El presidente Biden se mostró dispuesto a encontrar un compromiso con los republicanos, pero advirtió que estaba listo a avanzar sin ellos, ya que está convencido de que el Estado debe actuar con presteza para evitar la asfixia de la economía ante la pandemia.

Estados Unidos, el país con más muertes por el nuevo coronavirus, superando el miércoles pasado los 450,000 fallecidos por la Covid-19.