Tag

extradición

Browsing

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió esta mañana durante su conferencia de prensa a la extradición de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien se le atribuyen delitos de tortura en relación al caso Ayotzinapa.

Recordó que envió una carta al primer ministro de Israel, solicitando su ayuda para procesar la extradición del exfuncionario que dijo, “tuvo que ver con, más que nada, con todas las distorsiones de la investigación” de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“O sea, cómo armaron toda la mentira de la desaparición de los jóvenes, y además mediante tortura para engañar”, recriminó el presidente.

En ese sentido, sostuvo que Israel no puede ser refugio de torturadores. “Ningún país, pero Israel menos, es un asunto de su historia, es un asunto moral, no se puede proteger a torturadores”, sostuvo López Obrador.

Incluso, AMLO cuestionó la que podría ser la respuesta del gobierno israelí, acerca de que como sus empresas eran las que vendían programas y servicios de seguridad, y era con Zerón y otros funcionarios con quienes tenían comunicación y tratos, entonces habría que protegerlos.

“No, no puede; lo comercial, lo mercantil estar por encima de lo moral y de la memoria”, dijo el presidente.

Indicó que está atento a la respuesta que dé el primer ministro, y adelantó que tan pronto haya comunicación, se estará informando.

En ese sentido, recordó que es el subsecretario Alejandro Encinas quien mantiene estrecha conunicación con los responsables de la investigación, así como con las madres y padres de los desaparecidos, para estarles explicando cómo es que avanza la investigación, pues reconoció que si no se hace, es muy fácil que digan que no se hace nada, y que con este gobierno es lo mismo que con el anterior.

“No, sí estamos haciendo, y hemos actuado con mucha prudencia y se ha avanzado muchísimo en la investigación, y es un compromiso que tenemos y estamos decididos a conocer toda la verdad”, remató AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió apoyo al gobierno de Israel para que extraditar al extitular de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, quien se encuentra en ese país desde hace dos años y es solicitado por la justicia de nuestro país por supuestos casos de tortura, entre otros delitos, relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

López Obrador reveló este viernes que fue el 23 de septiembre que envió una carta al primer ministro de Israel, Neftali Bennett, para pedirle que intervenga en el proceso de extradición de Zerón, quien huyó a ese país en agosto de 2019 luego de que se le abrió un proceso por torturas, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.

Las autoridades de México iniciaron gestiones para extraditar al exfuncionario, que fue el primer investigador del caso de Ayotzinapa, pero hasta el momento no han recibido respuesta de Israel.

“La lucha que ha liderado Israel en la reivindicación de los derechos humanos frente a la tortura y a las violaciones que su pueblo ha sufrido ha sido ejemplar. Y, por ello, sabemos de su sensibilidad y solidaridad para un caso que nos ocupa, el cual tanto ha lastimado a nuestra comunidad y que es esencial resolver para devolverle la transparencia y la justicia a la vida pública de nuestro país”, dice la carta que leyó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

En la comunicación, AMLO refiere que el caso de Ayotzinapa es una de las agresiones históricas más graves a los derechos humanos que ha sufrido México en las últimas décadas.

Sostuvo que la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural fue “una acción brutal y despiadada en la que se coludieron miembros del narco y autoridades”.

La carta llegó luego de que se cumplieran siete años de la desaparición, y después de que el pasado fin de semana los familiares de los desaparecidos, centenares de jóvenes y activistas salieran a las calles en la Ciudad de México para exigir a las autoridades que averigüen qué les sucedió a los normalistas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este jueves al gobierno de Israel actuar con “respeto a los derechos humanos”, esto sobre la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa.

“No ha habido todavía respuesta y ojalá y el gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos porque se está solicitando la extradición de este funcionario público, entre otras cosas, por hechos de tortura”, manifestó el mandatario en Palacio Nacional.

Fue en septiembre pasado cuando se presentó la solicitud para extraditar desde Israel a Zerón, exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado de ocultar pruebas y torturar a testigos del caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

Sin embargo, el proceso se ha complicado porque ambos países no tienen acuerdo de extradición; la semana pasada The New York Times publicó que Israel ha desatendido la petición por presunta represalia al reciente voto de México en la ONU a favor de investigar la crisis en Palestina.

“Que supuestamente lo están protegiendo en Israel y no quieren autorizar la extradición o el mecanismo para que sea extraditado porque México votó a favor de la paz y de que no se interviniera en Palestina y que, como represalia, ellos no van a enviar al señor Zerón”, recordó López Obrador.

El mandatario ya había defendido a inicios de junio la postura de México en la sesión del Consejo de Derechos Humanos (CDH) celebrada el 27 de mayo, cuando la ONU aprobó una comisión internacional para indagar violaciones de derechos humanos en el conflicto bélico de mayo, que dejó más de 250 palestinos muertos.

Aunque el gobierno de Israel criticó entonces a México, ahora el embajador de ese país, Zvi Tal, negó lo informado por The New York Times.

“(El canciller) Marcelo Ebrard envió una nota sobre esto al gobierno de Israel y el embajador, tengo entendido, de Israel en México, aclaró que no era una postura oficial”, indicó López Obrador al exhibir el artículo.

Recordemos que el próximo 26 de septiembre se cumplen siete años de la desaparición de los 43 estudiantes.

El gobierno de Peña Nieto habló de la “verdad histórica” que señalaba que los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los mató e incineró en un basurero de Cocula.

Zerón se considera uno de los autores clave de dicha versión, cuestionada por familiares y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

López Obrador reconoció este jueves que resolver el caso es uno de los grandes pendientes que tiene desde que asumió la presidencia, en diciembre de 2018. “Hemos avanzado, pero todavía no hemos podido cumplir”, admitió.

Florian Tudor, el presunto líder de la Banda de la Riviera Maya, fue detenido este jueves en la Ciudad de México por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en respuesta a una orden de extradición que existe en contra de “El Tiburón”, por parte de autoridades en Rumania.

Al respecto, este viernes el canciller Marcelo Ebrard dijo que será “muy rápido” el proceso de extradición de Tudor.

“Respecto a la extradición, estamos apoyando y tenemos que participar con la Fiscalía General de la República. Podría ser muy rápido”, explicó el secretario de Relaciones Exteriores al participar en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ebrard no detalló si la extradición será este mismo viernes o durante el fin de semana, aunque reiteró que “podría ser muy rápido”.

Recordemos que la Fiscalía General detuvo a Tudor, por las operaciones de la banda que dirige, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias, así como por acusaciones de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.

La banda tendría presencia en al menos 15 países, mientras en México habría actuado en 14 estados del país, con apoyo de funcionarios y empresas fantasmas.

Durante la detención, uno de los agentes de la Fiscalía intentó obstaculizarla mientras que el abogado de Tudor agredió al resto de agentes, pero ambos fueron detenidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) recibió este jueves en extradición desde España a Édgar Tungüí, quien fue comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, tras el sismo del 19 septiembre de 2017.

La FGR informó que Tungüí, detenido el 1 de abril en el aeropuerto de Madrid cuando volvía a México, está acusado de “presunto ejercicio ilegal de atribuciones y facultades” por ser el “probable responsable” de autorizar la entrega de recursos a supuestos afectados que no cumplían con los requisitos.

A su llegada al aeropuerto internacional, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó mediante boletín que agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo arrestaron para después trasladarlo al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Antes de su traslado al Reclusorio, los agentes leyeron sus derechos, lo aseguraron en la colonia (barrio) Caracol y lo “certificaron médicamente”.

“El exservidor público cuenta con cuatro órdenes de aprehensión, por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, solicitadas y obtenidas por la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos”, indicó la FGJ-CDMX.

La autoridad aclaró que en tres de estas cuatro órdenes de arresto, Tungüí consiguió un amparo, pero la otra está vigente.

Tungüí fue funcionario de Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno capitalino, y está acusado de malversar fondos por más de 40 millones de pesos destinados a la reconstrucción de viviendas tras el sismo que afectó a la Ciudad el 19 de septiembre de 2017.

La Fiscalía de Ciudad de México recordó que en abril pasado, la Interpol solicitó la publicación de la ficha roja de Tungüí al conocerse su ubicación y, después, notificó a la FGR “para efectos del procedimiento de extradición”.

La FGR señaló que el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de Ciudad de México requirió a Tungüí “por su probable responsabilidad en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades”.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la extradición a México desde Reino Unido de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, todavía no tiene fecha debido a retrasos por la pandemia de COVID-19.

“Desde marzo pasado la Fiscalía británica expresó su disculpa por la demora en el desahogo del caso, en razón de la pandemia que ha limitado sus actividades, ya que las oficinas gubernamentales del Reino Unido han estado cerradas por largo tiempo”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Asimismo, detalló que “la Corte de Magistrados de Westminster está a la espera de los trámites correspondientes para fijar la fecha de la audiencia de extradición”.

Recordemos que la esposa de Duarte fue detenida en Londres, ciudad en la que vive junto a sus tres hijos desde 2017, el 29 de octubre de 2019 por una demanda de extradición presentada por las autoridades de nuestro país.

El juicio de extradición de Macías, quien quedó en libertad bajo fianza, estaba previsto para octubre del año pasado pero fue pospuesto por la pandemia.

La FGR reiteró que a Macías se le impusieron “medidas cautelares consistentes en un brazalete de localización, la firma periódica en una estación de policía de la ciudad de Londres, y el impedimento de acercarse a estaciones marítimas, terrestres y aéreas”.

La orden de extradición sobre Macías responde a la acusación por presuntos desvíos monetarios cuando presidió la presidencia del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que ascenderían a 100 millones de pesos.

Duarte, quien dejó el gobierno de Veracruz en 2016 y huyó a Guatemala, fue detenido en 2017 y condenado a nueve años de prisión en septiembre de 2018 tras declararse culpable de los delitos de asociación delictiva y lavado de dinero.

Adicional, la FGR informó que está investigando por corrupción al panista Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz entre 2016 y 2018.

Señaló que a finales del año pasado se recibió denuncia en contra del exgobernador, lo que llevó a iniciar una investigación por presuntas irregularidades durante su gestión al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), durante el sexenio de Felipe Calderón.

La Fiscalía precisó que está a la espera de la información requerida al ISSSTE, para avanzar en el procedimiento y en su caso, establecer las presuntas responsabilidades que puedan derivarse de dicha investigación.

Yunes acusó que a 11 años de haber dejado la titularidad del ISSSTE, y coincidentemente con el proceso electoral que se vive en el país, se inicie una investigación en su contra.

Dijo que la denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“No es casual que la denuncia de la UIF se ‘filtre’ en plena campaña electoral”; lamentó que el caso se ocupe para lastimar a sus hijos, uno de ellos candidato en Veracruz y otro como alcalde en funciones.

El empresario Alonso Ancira, acusado del delito de lavado de dinero en nuestro país, fue entregado esta madrugada por el gobierno e España a autoridades mexicanas, con el fin de cumplir con su proceso de extradición.

Ancira Elizondo abandonó la cárcel de Palma de Mallorca, donde encontraba detenido desde noviembre pasado, para tomar el vuelo que lo traerá a México, y el cual está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

La aeronave, con matrícula XB-NWD, propiedad de la Fiscalía, hará una escala para la recarga de combustible dada la distancia y horas de vuelo, la cual se realizará en Canadá.

Se prevé que sea esta tarde cuando la aeronave arribe a nuestro país, aunque se desconoce si aterrizará en el hangar de la FGR en el aeropuerto de la Ciudad de México o en el de Toluca, Estado de México.

Alonso Ancira es acusado de lavado de dinero por la venta a sobreprecio de la planta Agronitrogenados a Pemex, en el 2015, así como del delito de asociación delictuosa; fue el 13 de noviembre cuando la Audiencia Nacional de España autorizó su extradición al considerar que los delitos por lo que lo reclamaba nuestro país no habían prescrito y al ser delitos que también se persiguen en España.

Al respecto, esta mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó el traslado de Alonso Ancira, y dijo que una vez en México tendrá que enfrentar un proceso penal.

“Tengo conocimiento de que está volando en un avión de la Fiscalía General de la República, de allá de España para México. Tendrá que enfrentar un proceso penal, por supuesto. Pero lo que ha dicho el presidente, que devuelvan lo que no les corresponde, que devuelvan lo que fue materia de corrupción”, remató.

El canciller Marcelo Ebrard, informó esta mañana que sigue trabajando, junto a la Fiscalía General de la República (FGR), en la extradición desde Israel de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

“Está en manos de autoridades israelíes la información correspondiente y la Fiscalía General de la República (FGR) está llevando a cabo el proceso”, dijo Ebrard Casaubón al participar en la mañanera de Palacio Nacional.

El canciller explicó que el proceso ha tomado más tiempo, y se ha vuelto lento, debido a que el exfuncionario solicitó asilo en dicho país, lo que se suma a que no hay tratado de extradición entre México e Israel; sin embargo dijo, cuando hay delitos que atentan contra los derechos humanos “los países están obligados a actuar como si hubiese tratados de extradición”.

Señaló que Zerón está tratando de obtener asilo argumentando que vive una persecución política lo que está retrasando las gestiones. No obstante, pronosticó “que México va a salir adelante en esta causa”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, aseguró que desde que se iniciaron las investigaciones del caso, la dependencia ha proporcionado la información que ha sido requerida por investigadores y padres.

Afirmó que la Sedena sostendrá reuniones con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para darles acceso a “toda la información que requieran” y reiteró que el organismo tiene apertura para estar con ellos “de tal manera que no se tenga la percepción de que se están ocultando cosas”.

Las declaraciones de los funcionarios federales llegan un día después de que el presidente López Obrador se reuniera con los padres de los jóvenes, como parte del compromiso que hizo de mantener contacto constante con los familiares.

Recordemos que Tomás Zerón cuenta con una emisión de ficha roja por parte de la Interpol para localizarlo y extraditarlo.

Una jueza federal de Estados Unidos “canceló” este miércoles la audiencia del juicio de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien es acusado de desvío de dinero y delitos electorales.

El comienzo del proceso legal, de una duración de dos semanas, estaba previsto para mañana jueves de forma virtual debido a la pandemia.

En un breve comunicado, la jueza Lauren Fleischer Louis no determina una nueva fecha para el juicio contra Duarte, preso en Miami desde el 8 de julio del año pasado, acusado de “malversación agravada y conspiración agravada”.

Duarte, quien ha alegado “persecución política” de su sucesor en el cargo, Javier Corral, permanece en una cárcel de Florida después de que la jueza Fleischer Louis le negara la libertad bajo fianza.

El fiscal Jason Wu, que representa al gobierno de México, ha expuesto que existe “peligro de fuga” de Duarte y dijo que el exfuncionario ha incurrido en faltas tales como transferencias de más de seis millones de dólares a dos empresas en las que era el accionista mayoritario mientras estaba al frente del gobierno estatal.

El 30 de septiembre pasado la defensa solicitó “desestimar la denuncia de extradición, argumentando que todos los cargos penales subyacentes a la denuncia están prescritos por los estatutos de limitaciones mexicanos o estadounidenses”.

En una posterior audiencia virtual de noviembre ambas partes analizaron la prescripción de cargos bajo la ley mexicana y la validez de una nota diplomática entregada por el gobierno de México a la Fiscalía estadounidense, en la que se amplían y detallan los cargos contra Duarte.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ha asegurado ante una jueza estadounidense que su vida corre peligro si es extraditado a México, donde aseguró podría morir a manos del crimen organizado.

Los abogados de Duarte han indicado que existen testigos que pueden sufrir represalias por parte de la “maquinaria del estado de Chihuahua” en caso de que sus identidades fueran relevadas públicamente.

En este sentido, su equipo legal ha pedido a la jueza Lauren F. Louis que mantenga en secreto tres documentos judiciales que incluyen las declaraciones de estos testigos. Asimismo, han presentado un extenso documento en el que detallan por qué Duarte no debe ser extraditado a México.

“El señor Duarte posee evidencia no refutada de que su vida corre grave peligro si regresa a México”, han señalado los abogados, que han destacado que existe una declaración de un asesor político que asegura que Duarte sería asesinado si es encarcelado en México.

Además, otro de los informes demuestra que otros acusados han muerto en prisión, entre ellos varios individuos anteriormente asociados al ahora exgobernador. “Además, la violencia del crimen organizado en México representa un peligro claro y presente para el señor Duarte como exgobernador de un estado del norte”, han recalcado.

Sobre este asunto han recordado la muerte del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, que fue asesinado en un restaurante de lujo en Puerto Vallarte, presuntamente a manos del crimen organizado. “El señor Duarte corre el mismo destino que el señor Sandoval si regresa a México”, insiste el documento del cual el diario Milenio reporta esta jueves.

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, podría salir el próximo miércoles de prisión, según uno de sus abogados, Carlos Poveda.

La proyección del abogado se da luego de que esta mañana una jueza británica negara su extradición a Estados Unidos por motivos de salud pese a la solicitud de Washington, que acusa al australiano de espionaje por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal.

“El miércoles la justicia británica tiene una audiencia para verificar la libertad inmediata de Julian. Esperamos que el miércoles salga libre”, indicó Poveda en declaraciones a la agencia de noticias rusa Sputnik.

Poveda aprovechó para comentar sobre la oferta de asilo planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y ha señalado que es “poco probable” que la acepte, pues el proceso judicial para la extradición podría durar aún hasta dos años.

“Todavía estamos pendientes del juicio de extradición. Pero de todas maneras agradecemos al presidente López Obrador por su disposición de generar un asilo”, respondió al ser cuestionado sobre el tema. Recordó que también hay propuestas de asilo de Francia y Bélgica.

Y es que este lunes la jueza británica Vanessa Baraitser ha considerado probado que Assange se ha causado daños a sí mismo y tiene una tendencia suicida, razón por la cual deniega la extradición a Estados Unidos. “La impresión general es la de un hombre deprimido y en ocasiones desesperado que teme por su futuro”, ha indicado, según la cadena BBC.

Assange se encuentra detenido actualmente en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, “casi en total aislamiento”, según la jueza.

Un tribunal británico rechazó este lunes por razones de salud la petición de Estados Unidos para extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, acusado de espionaje por las autoridades norteamericanas tras difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal.

Wikileaks ha informado en Twitter del rechazo de la petición estadounidense, lo que libra a Assange en principio de un traslado que habría supuesto el inicio de un proceso penal en el que podría ser condenado hasta a 175 años de cárcel.

La jueza Vanessa Baraitser ha considerado probado que Assange se ha causado daños a sí mismo y tiene una tendencia suicida. “La impresión general es la de un hombre deprimido y en ocasiones desesperado que teme por su futuro”, ha indicado la jueza, según la cadena BBC.

“Encuentro que la condición mental del señor Assange es tal que sería opresivo extraditarlo a los Estados Unidos de América”, expresó la magistrada. Añadió que Assange es “un hombre deprimido, a veces preso de la desesperanza” quien tiene “la inteligencia y la determinación” de burlar cualquier medida contra el suicidio aplicada por las autoridades penitenciarias estadounidenses.

Assange se encuentra detenido actualmente en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, “casi en total aislamiento”, según la jueza.

Recordemos que la defensa de Assange ya venía advirtiendo de que su salud se ha deteriorado gravemente en los últimos años, víctima de una concatenación de acusaciones que tienen como origen los documentos filtrados en 2010.

La jueza, sin embargo, ha rechazado todos los argumentos legales presentados por la defensa, entre ellos las dudas expresadas sobre la posibilidad de que Assange no fuese sometido a un juicio justo en Estados Unidos. El Departamento de Justicia norteamericano tiene ahora dos semanas para recurrir el dictamen de este lunes.

Assange permanecerá por el momento en la cárcel de Belmarsh, a la espera de que el miércoles se celebre una nueva vista en la que se determinará si debe seguir o no en prisión provisional.

Assange, quien estuvo presente en la audiencia judicial, se frotó la frente con la mano cuando escuchó la decisión. Su pareja Stella Moris, con quien tiene dos hijos pequeños, sollozó.

El secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire, ha señalado que independientemente de cuáles hayan sido los “argumentos oficiales” de la jueza, la decisión es “histórica para el derecho a la información”, en la medida en que no añade una “amenaza adicional” al periodismo de investigación. “Una extradición habría sentado un precedente”, ha afirmado.

También Amnistía Internacional ha expresado en Twitter su satisfacción por la resolución del caso, aunque ha incidido en que Reino Unido no queda “absuelto” por haberse dejado enredar en un proceso con “motivaciones políticas” que en última instancia “ha llevado a juicio la libertad de prensa y la libertad de expresión”.

Después de que se conociera la decisión de la juez británica, el gobierno federal mexicano anunció que, a través de la cancillería, hará gestiones con Reino Unido para ofrecer asilo político al fundador de Wikileaks.

“Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador dijo que México ofrece asilo con protección pero también con “la responsabilidad de cuidar que el que recibe el asilo no intervenga ni interfiera en asuntos políticos de ningún país”.

México ha ofrecido antes asilo político a otras figuras internacionales, recientemente al expresidente boliviano Evo Morales, quien llegó al país en noviembre de 2019 tras renunciar a la presidencia de su país.

La jueza estadounidense Lauren F. Louis concedió este miércoles dos semanas más a la defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte para responder los argumentos que la Fiscalía que justifica su extradición por desvío de recursos y delitos electorales.

La jueza dio plazo hasta el próximo 30 de diciembre a los abogados de Duarte, quien se encuentra en prisión desde el pasado 8 julio en un penal federal de Miami, Florida, acusado de “malversación agravada y conspiración agravada”.

La defensa del exgobernador había pedido dos semanas más para preparar el caso, argumentando entre otras razones un brote del coronavirus SARS-CoV-2 en el centro de reclusión donde se encuentra su cliente, y la falta de tiempo para reunir declaraciones juradas de testigos “que han tardado más de lo esperado”.

El abogado Henry Bell detalló que recibió una llamada del Centro de Detención Federal (FDC) de Miami cancelando una visita legal debido a “las restricciones en la unidad de Duarte” debido a la pandemia y que este le confirmó esta semana que esa situación persiste.

La defensa de Duarte “no ha podido revisar y discutir el borrador de respuesta” a la Fiscalía, señaló Bell en una moción presentada la noche de ayer a la corte del Distrito Sur de Florida que llevará a cabo el juicio de extradición a partir del 14 de enero.

La jueza señaló que, a partir del 30 de diciembre, la Fiscalía de EUA que representa al gobierno mexicano, tiene dos semanas para responder a los argumentos que presente la defensa.

La defensa además argumentó que también necesitan más tiempo debido a que la jueza Louis, que escuchó los argumentos de ambas partes en noviembre pasado, aún no ha decidido sobre las mociones que presentaron que buscan desestimar el proceso. “Dependiendo del fallo de la corte, podría eliminar o afectar el alcance de cualquier audiencia” de extradición, señaló Bell en el documento.

Y es que el 30 de septiembre pasado la defensa solicitó “desestimar la denuncia de extradición, argumentando que todos los cargos penales subyacentes a la denuncia están prescritos por los estatutos de limitaciones mexicanos o estadounidenses”.

En la audiencia virtual de noviembre ambas partes analizaron la prescripción de cargos bajo la ley mexicana y la validez de una nota diplomática entregada por el gobierno de México a la Fiscalía estadounidense, en la que se amplían y detallan los cargos contra Duarte.

Duarte, quien ha alegado “persecución política” de su sucesor en el cargo, Javier Corral, está preso en una cárcel de Florida, pues la jueza le negó la libertad bajo fianza.

El canciller Marcelo Ebrard explicó este martes que el proceso de extradición del exsecretario mexicano de Seguridad Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, será “largo”.

“Ahora viene un proceso que estimamos va a ser largo, no es un proceso muy corto, y veremos qué es lo que resuelve él o la juez que conduzca el caso”, expresó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante la conferencia matutina del presidente López Obrador.

Ebrard confirmó que la solicitud de extradición la presentó la Fiscalía General de la República (FGR) tras lograr que un juez mexicano emitiera una orden de captura contra García Luna, por lo que pidió a la cancillería que la gestionara ante el gobierno de Estados Unidos.

“Es lo que exactamente hicimos”, dijo el secretario, quien insistió en que el proceso será largo porque “el que es sujeto de una solicitud de extradición tiene derecho a defenderse”.

Detalló que la Embajada de México en Washington entregó el domingo al Departamento de Estado de Estados Unidos la solicitud de extradición de García Luna, detenido en una cárcel de Brooklyn, en Nueva York.

García Luna, que fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón, se encuentra detenido a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos, donde este mismo lunes se celebró una audiencia sobre su caso. Se fijo la próxima audiencia para febrero e 2021.

Recordemos que el exsecretario fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, en Estados Unidos y acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, mientras era el encargado de seguridad nacional.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, ello habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

García Luna se ha declarado “no culpable” de todos los cargos que se le imputan, y lleva al menos 40 días en aislamiento debido al aumento de casos de Covid-19 en la cárcel donde se encuentra, dijo su abogado, César de Castro, en la vista de este lunes.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó formalmente al gobierno de los Estados Unidos la extradición de Genaro García, exsecretario de Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón.

El exfuncionario, arrestado a fines del año pasado en Dallas, Texas, es acusado por autoridades estadounidenses de haber recibido millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa para asegurar el tránsito seguro de drogas, así como de revelarle información sobre sus rivales.

En octubre, García se declaró inocente de los cargos que se le imputan y actualmente se encuentra esperando su juicio en una prisión de Nueva York.

“Por conducto de la embajada (de México en Estados Unidos), y a solicitud de la FGR (fiscalía general) se presentó la solicitud de extradición”, dijo la cancillería a la agencia Reuters, sin proporcionar mayores detalles.

A fines de noviembre, la fiscalía mexicana adelantó que estaba evaluando solicitar la extradición de García para que enfrente cargos por enriquecimiento ilícito en nuestro país, sobre los que ya se giró una orden de aprehensión en su contra.

La semana pasada, el presidente López Obrador envió una iniciativa al Senado para modificar la ley que regula la actuación de la DEA y otras corporaciones de seguridad extranjeras que operan en el país, luego de la detención en Los Ángeles, California del exsecretario de defensa Salvador Cienfuegos.

Según informes no oficiales, la embajada de México en Estados Unidos entregó ayer al Departamento de Estado estadounidense la solicitud formal de extradición.

Antes de cualquier proceso de extradición, García Luna deberá enfrentar los cinco cargos de los que le acusan las autoridades estadounidenses.

Este lunes, el juez que lleva su caso, Brian Cogan, fijó la nueva audiencia para el 17 de febrero próximo, mientras que el abogado de García Luna se quejó de que no ha podido revisar las pruebas contra su cliente ni ha podido hablar con él desde el 20 de octubre.

La que su defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pidió a una jueza de Miami, Florida en Estados Unidos que rechazara el pedido de extradición de su cliente, ya que es reclamado por la justicia de nuestro país por cargos de corrupción en México.

La audiencia fue a través de Zoom debido a la pandemia de Covid-19. Duarte estaba conectado desde la prisión por teléfono, con la ayuda de una intérprete que le traducía del inglés al español.

Al final de la audiencia, la intérprete le dijo a la jueza que el exgobernador quería hablar, pero tras ser consultados por la magistrada, los abogados de Duarte manifestaron que no era oportuno porque no habían preparado con antelación lo que iba a decir.

“Todo lo que diga quedará en los récords”, expresó la jueza Lauren Fleischer Louis, y permitió que el abogado Henry Bell se conectara con su cliente de manera telefónica inmediatamente después de la audiencia. La audiencia terminó y Duarte no habló en público.

“Voy a emitir una resolución tan pronto como pueda”, dijo la magistrada tras escuchar los alegatos de la defensa y la fiscalía sobre la extradición de Duarte. “Ha sido de mucha ayuda escuchar a ambas partes”, aseguró la jueza.

La audiencia fue convocada para abordar un pedido de Duarte con el fin de que se desestime su pedido de extradición. Su defensa alega que el exgobernador llegó a Estados Unidos sin saber que enfrentaba acusaciones en México y que fue arrestado fácilmente porque llevaba una vida pública, sin ocultamientos.

De acuerdo con el abogado Juan Murillo, la fiscalía no ha probado fehacientemente que Duarte era prófugo.

“El gobierno se basa en testigos no identificados no accesibles”, expresó el defensor en sus alegatos, y dijo que Duarte y sus familiares estaban dispuestos a atestiguar para demostrar que no era un fugitivo de la justicia al momento de salir de su país.

Según Murillo, las pruebas que ha presentado el fiscal Jason Wu no dan sustento al pedido de extradición. Cuestiona además la validez que tienen en el proceso dos cartas diplomáticas de la embajada de México en Estados Unidos donde se explica por qué se busca la repatriación de Duarte.

Según la defensa del exgobernador, no sirven porque no tienen firma, pero el gobierno estadounidense alega que ambas misivas representan la posición oficial de México y como documentos diplomáticos no la requieren. “Son comunicaciones oficiales entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, a pesar de que la defensa quiera denigrarlas”, dijo Wu sobre las cartas diplomáticas inicializadas y con sello oficial de la embajada.

La fiscalía también ha presentado como prueba la orden emitida por un juez mexicano, alegando que se trata de acusaciones que están vigentes y que las leyes de México no permiten que los acusados sean enjuiciados en ausencia.

Recordemos que la solicitud de extradición fue presentada por el gobierno de nuestro país a finales de 2019.

Duarte permanece detenido en una prisión federal de Miami desde julio pasado. Está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos durante su gestión en el gobierno estatal de Chihuahua.

El expriísta vive en Miami desde 2017 y ha pedido asilo en Estados Unidos, rechaza las acusaciones y asegura que hay motivaciones políticas detrás de su caso.