Tag

familiares

Browsing

Activistas y organizaciones reportaron este lunes la desaparición de Ceci Flores, una de las más reconocidas líderes de los colectivos de madres buscadoras de desaparecidos, quien está incomunicada desde hace más de 15 horas.

“Pedimos a las autoridades que hagan lo necesario para localizar a Ceci Flores. Ustedes saben dónde está su refugio, que una puerta no les impida entrar”, escribieron activistas a través de las redes sociales de Flores.

De acuerdo con el Colectivo 10 de Marzo, una organización enfocada en la búsqueda, localización y entrega de personas secuestradas o desaparecidas en México, familiares de Cecilia, quien es fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, despareció ayer domingo por la tarde.

“Salió de Ciudad de México a Querétaro y desde hace más de 15 horas no se ha comunicado, sus celulares están apagados”, expusieron en la red social X.

Por ello, pidieron al Mecanismo de Protección para Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Guardia Nacional y al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “su intervención para encontrarle y garantizar su integridad”.

De acuerdo con información de algunos medios locales, Ceci Flores estuvo ayer en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, donde participó en la presentación de su libro ‘Madre Buscadora, crónica de la desesperación’, en el que también estuvieron Mónica Rojas y Carlos Azeem.

En su cuenta de X, la madre buscadora publicó un video desde ese sitio, donde envió una felicitación por el Día del Padre. “No olvidemos a los papás desaparecidos, a los papás que buscan, a todos los que merecen ver crecer felices a sus hijos, con sus familias, presentes, siempre presentes”, compartió.

Recordemos que a mediados de abril de 2023, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportó como desaparecida a Flores, a quien habían visto por última vez en una patrulla de la policía estatal de Sinaloa, en el municipio de Ahome.

Tras más de 15 horas, el 17 de abril apareció “sana y salva”, según reportó entonces el gobernador sinaloense, Rubén Rocha.

Cecilia Flores busca a dos hijos desaparecidos: Marco Antonio Sauceda Rocha, secuestrado el 4 de mayo del 2019 en Bahía de Kino, Sonora, y a Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido el 30 de octubre del 2015. En su búsqueda, ha encontrado más de 2,000 cuerpos de desaparecidos en todo México. La BBC la consideró una de las mujeres más influyentes del mundo en 2022.

El abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió “a que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, pueda darle seguimiento al caso” que recordemos lleva casi 10 años en la impunidad.

Al salir de una reunión con López Obrador la tarde de ayer, el abogado expuso que le solicitaron fungir como “vínculo” con Claudia Sheinbaum, ya que “las madres y padres no ven que figure entre los compromisos que la hoy virtual presidenta tuvo como plataforma de campaña”.

Rosales indicó que el presidente prometió asegurarse de que Sheinbaum supervise el asunto cuando asuma la presidencia el próximo 1 de octubre; incluso dijo que es probable que asista a la última reunión con las familias de los jóvenes, antes de que López Obrador deje el cargo.

Por otro lado, el abogado lamentó que la reunión de este lunes haya ocurrido hasta el final del proceso electoral, cuando “el movimiento que ellos encabezan es un movimiento por los derechos humanos, por la presentación con vida de los desaparecidos”.

“Este tema no tiene nada que ver con la política, con la ‘politiquería’, como dicen, ni con los partidos políticos. Es un tema evidentemente de derechos humanos”, afirmó Rosales.

Además, el defensor informó que las madres y padres reiteraron a López Obrador “la exigencia puntual de los 886 folios pendientes que el Ejército mexicano no ha entregado”.

“También con ello hicieron énfasis los padres en la extradición de los funcionarios que tienen responsabilidad y que no se ha llevado a cabo”, añadió.

Finalmente, Rosales comentó que tendrán una siguiente junta con el mandatario el próximo miércoles 3 de julio, donde se revisarán esos puntos.

La reunión ocurrió a tres meses de cumplirse una década de la desaparición de los estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, en un contexto de creciente presión para que López Obrador cumpla su promesa de esclarecer el caso antes de que concluya su mandato.

La Comisión de la Verdad del Gobierno concluyó en 2022 que el suceso fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluido el Ejército.

La Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación (Interior) analiza 35 cuerpos de entre unos 2,000 acumulados por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG), para ubicar un hallazgo que indique que pertenecen a los 43 normalistas desaparecidos en 2014.

Un grupo de padres de los estudiantes desaparecidos se movilizaron del plantón de seis días que mantienen en el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional, rumbo a la Secretaría de Gobernación para reunirse con el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra.

“Nos dijeron que la Fiscalía de Guerrero encontró 2,000 cuerpos en la ciudad de Iguala y alrededores y con motivo de esos hallazgos, la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa pidió que le permitieran hacer análisis de algunos cuerpos”, informó el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, a medios a la salida de la reunión.

Agregó que primeramente le entregaron 132 cuerpos en características y edades de los estudiantes y tras una selección dijeron que solo examinarían 35.

“Hasta ahora solo un cuerpo fue estudiado y con resultados negativos para alguno de los estudiantes”, agregó Rosales y precisó que la Fiscalía Especial no ha permitido al Equipo Argentino de Antropología Forense participar en el análisis de los cuerpos.

El pasado viernes, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos marcharon e instalaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, que retirarán mañana 1 de mayo, para exigir justicia y el esclarecimiento del caso, que este 2024 cumple 10 años.

Además, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reunirse con ellos antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio para que les informe los avances de las investigaciones.

La movilización, parte de la Acción Global 115 por Ayotzinapa, se dio del Ángel de la Independencia hasta la plancha del Zócalo.

Ese mismo viernes, el presidente López Obrador reafirmó que no habrá carpetazo en el caso Ayotzinapa, por lo que el Gobierno federal continúa las indagatorias a fin de conocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

El mandatario ha señalado que, tras la jornada electoral del 2 de junio, recibirá a las madres y padres de los 43 estudiantes para presentarles más avances de las investigaciones.

Los padres y estudiantes de Ayotzinapa han manifestado en sus últimas protestas que López Obrador no ha cumplido su promesa de resolver la desaparición de sus 43 compañeros en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

La candidata a la presidencia de la República de la coalición PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abrir las puertas de Palacio Nacional a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y decirles con total franqueza qué fue lo que pasó aquel 26 de septiembre de 2014.

“Lo único que pedían era un encuentro con el Presidente, lo único que pedían era ser escuchados y que el Presidente les diga la verdad. Tan fácil que es que el Presidente les diga ¿qué pasó? La verdad, él la sabe, pues creo que los papás la van a entender y en ese sentido pues, creo que sería lógico que el Presidente les abriera las puertas a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa”, dijo durante un acto político en Villahermosa, Tabasco.

La aspirante presidencial aprovechó para recordar que el año pasado, López Obrador también le cerró a ella la puerta de Palacio Nacional, cuando buscó hacer valer su derecho de réplica.

“Ustedes saben cuál fue mi caso: con un amparo en la mano fui a tocar la puerta de Palacio Nacional, no me la abrió, pero tampoco se la abrió a los papás de los niños con cáncer, tampoco se la abrió a las madres buscadoras, no se la abrió a las mujeres, al contrario, seguramente mañana va a poner las vallas para que las mujeres no se puedan acercar a Palacio Nacional”, sostuvo.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con el senador Emilio Álvarez Icaza, a quien el presidente señaló de ser quien manipula a los inconformes que ayer entraron por la fuerza a Palacio Nacional, exigiendo ser recibidos por el presidente para conocer los avances de la investigación sobre la desaparición de los normalistas.

Aprovechando su visita a Tabasco, Gálvez Ruiz afirmó que de llegar a la Presidencia investigará, auditará y castigará a los responsables del sobrecosto de la refinería de Dos Bocas que se construyó durante este sexenio.

Lamentó que esta obra, emblema del Gobierno Federal, contemplaba una inversión de 160 mil millones de pesos, pero ya costó más de 400 mil millones de pesos.

La hidalguense aseguró a los tabasqueños que van a tener a la Presidenta de la República más valiente que han tenido, que no le dará abrazos a los delincuentes.

Llamó la atención que como parte de su mensaje, la candidata presidencial dijo que “a alguien en el Palacio se le va a revolver el estómago hoy”, en referencia a López Obrador.

Y es que explicó que aunque le aconsejaron no visitar Tabasco, bajo el argumento de que “allá todos están con López Obrador”, ella decidió visitar el estado natal del presidente.

Pero miren, no les hice caso ¡Aquí estoy! Estoy caminando las calles, estoy convenciendo persona por persona, porque yo sé que muchos de ustedes dieron la confianza, muchos creían que le iba a ir bien a México. Muchos nos fuimos con la idea, ¿pero qué paso? Dividió, polarizo, convocó al odio y la inseguridad se apodero de Tabasco”, lamentó la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Previo a la clausura de actividades, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratificó las designaciones hechas por el Ejecutivo Federal para ocupar 20 vacantes de magistraturas en salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Morena y aliados se impusieron y lograron ratificar los nombramientos con 19 votos a favor; hubo 9 votos en contra y 5 abstenciones.

La presidenta de la Comisión Permanente, la diputada Marcela Guerra Castillo, tomó la protesta a Maricela Lecuona González, María de los Ángeles Jasso Cisneros, Miguel Carrasco Hernández, Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, Rosendo Gómez Silván, Aarón Marino Álvarez Montiel, Claudia Angélica Nogales Gaona y Diana Tecontero Juárez.

Además, a Edgar Armando Aguirre González, Eduardo Manuel Méndez Sánchez, Ely Cruz Pérez, Magali Irais Mendoza Ríos, Surit Berenice Romero Domínguez, Francisco Medina Padilla, Ricardo León Caraveo, Consuelo Rodríguez Aceves, Carlos Bojórquez Hernández, Pedro Rodríguez Chandoquí, Fátima González Tello y Luis Alfredo Mora Villagómez.

Todos fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin embargo, lo que llamó la atención es la afinidad que ciertos perfiles tienen con la autodenominada Cuarta Transformación; y es que entre los magistrados y magistradas hay funcionarios del gobierno, hijos de servidores públicos y un militar.

Una de las ratificadas es Maricela Lecuona González, abogada general de la Secretaría de Salud, es señalada como implicada en la Estafa Maestra, trama de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto. En su paso por Sagarpa firmó convenios con las Universidades que se utilizaron para el desvío de miles de millones de pesos.

 Destaca el nombramiento de Miguel Carrasco Hernández, fiscal general de Justicia Militar.

También se identifican casos de nepotismo, pues Rosendo Gómez Silván, otro de los magistrados ratificados, es hijo de Rosendo Gómez Piedra, fiscal a cargo de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, hijo de Ernesto Prieto Ortega, titular del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (INADEP), también aparece en la lista. Magali Mendoza Ríos, es hija de la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos González, quien recientemente fue incluida en las ternas para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte.

Diversos funcionarios como. Aarón Marino Álvarez Montiel, director General Regional de la Secretaría de Gobernación; Consuelo Rodríguez Aceves, subdirectora de Transparencia de Fonatour-Tren Maya y Carlos Bojórquez Hernández, director de Normatividad y Consulta del INADEP, también fueron ratificados como magistrados del TFJA.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Primera Comisión, el diputado de Morena Marcos Rosendo Medina Filigrana, aseguró que se desahogaron las entrevistas a los 20 ciudadanos propuestos por el presidente, “dándonos cuenta de su idoneidad, capacidad y que cuentan con los antecedentes y elementos para poder ser postulados para ocupar las vacantes”.

Previo a la votación, y al posicionarse sobre el dictamen, la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez del PAN, indicó que las y los candidatos a magistrados “tendrán carrera, pero lo que les afecta es su cercanía con el Presidente. De los 20, únicamente cuatro son los idóneos porque tienen servicio profesional judicial; es gente que ha demostrado su capacidad. Necesitamos ver nuevas caras y que no tengan la consigna”.

Recordemos que el dictamen fue avalado la semana pasada en comisiones, con el apoyo de Morena y ante la ausencia de los legisladores de oposición que no asistieron a la sesión.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, perdería ahora unas eventuales elecciones en Israel y su partido, el Likud, recortaría a la mitad sus escaños en el Parlamento israelí, según la última encuesta de opinión publicada por el Canal 13.

La encuesta sale a la luz después de un fin de semana de protestas por todo el país contra el primer ministro por su gestión de la guerra en la Franja de Gaza y, sobre todo, su negativa a negociar con Hamás un acuerdo para la liberación de todos los rehenes.

Si las elecciones se celebraran hoy, el ministro Benny Gantz, del partido de centro-derecha Unidad Nacional, ganaría las elecciones con 37 escaños frente a los 12 actuales, mientras que el Likud de Netanyahu se quedaría con 16 escaños, la mitad de los 32 actuales.

Gantz, ministro de Defensa, formaba parte de la oposición al negarse a formar un ejecutivo con Netanyahu desde 2020; pero al iniciarse la guerra en la Franja de Gaza contra Hamás el pasado octubre, accedió a integrarse con rango de ministro a un gabinete de guerra, que actúa como gobierno de emergencia, solo mientras dure el conflicto.

El centrista Yesh Atid (Hay Futuro), partido del ex primer ministro Yair Lapid, se quedaría como tercera fuerza con 14 escaños frente a los 24 actuales.

Según la encuesta, la actual coalición de gobierno, liderada por Netanyahu con sus socios ultraderechistas y ultraortodoxos, no sumaría más de 46 escaños, muy por debajo de los 64 actuales e insuficientes para gobernar en un parlamento de 120 diputados.

El sondeo de Canal 13 refleja que el Likud lograría mejores resultados si encabezara la formación otro líder, como el actual ministro de Economía, Nir Barkat, con quien obtendrían 21 escaños más.

Netanyahu afronta una crisis de popularidad por su gestión de la guerra en la Franja de Gaza y su reticencia a negociar un acuerdo para liberar todos los rehenes, con un movimiento creciente de protestas por el país que piden su dimisión.

Familiares de los rehenes irrumpieron este lunes una reunión en la Knéset en protesta por los más de cien días de cautiverio a manos de Hamás en la Franja de Gaza y para demandar un acuerdo inmediato.

“Todos los demás asuntos pueden esperar. Pero los rehenes no tienen más tiempo”, explicó hoy en un comunicado el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, justificando la protesta después de que previamente mandaran una carta a la Secretaría de la Knéset “implorando que no se ocupen de nada que no esté relacionado con el regreso de los rehenes”.

Al no recibir respuesta, algunos familiares rompieron hoy el cordón de seguridad y penetraron una reunión del gabinete de finanzas, según informan medios locales.

Ayer, estos mismos familiares convocaron una acampada frente a la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, donde esta noche se esperan nuevas protestas, que llegan precedidas por manifestaciones masivas en varias ciudades del país.

El primer ministro se reunió hoy con algunos de los familiares, a quienes aseguró que no existe “una propuesta real de Hamás”, según un comunicado de su oficina, después de que ayer saliera a la luz que Qatar y Egipto tratan de impulsar nuevas negociaciones que contemplarían un alto el fuego y la retirada de tropas israelíes de Gaza, a cambio de la liberación de todos los rehenes en 90 días.

El plan de 90 días proponía un alto el fuego duradero durante el que Hamás liberaría a todos los rehenes civiles, mientras que Israel excarcelaría a cientos de presos palestinos, se retiraría de las ciudades gazatíes, permitiría libertad de movimiento en el enclave, cesaría el uso de drones y duplicaría la cantidad de ayuda que permite entrar.

En una segunda etapa, Hamás liberaría a las mujeres soldados y los cadáveres de cautivos e Israel excarcelaría más prisioneros, mientras que en la tercera fase Israel retiraría sus tropas a la frontera de Gaza y el grupo islamista terminaría de liberar a todos los rehenes soldados y hombres en edad de luchar.

Se estima que 136 personas continúan retenidas, pero al menos 27 de ellas ya estarían muertas, según información de inteligencia de Israel.

Una jueza federal revocó la prisión preventiva impuesta a ocho militares acusados de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, permitiéndoles que sigan su juicio en libertad con el pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados.

Santiago Aguirre, abogado de los padres de los desaparecidos, explicó que los beneficiados por el cambio de medida cautelar están acusados por el delito de desaparición forzada de personas, lo que supone un nuevo golpe al caso que después de nueve años sigue sin esclarecerse.

“Es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de Sedena”, agregó Aguirre. “En la defensa de estos acusados participan abogados militares”.

Con esta medida sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un general, que son los únicos cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército, agregó Aguirre. Tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada. Presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.

A nueve años del ataque del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.

La participación de las Fuerzas Armadas está confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), así como por la Comisión de la Verdad creada al principio de este gobierno y por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso ocho años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ha dado cada vez más poder a los militares, insiste en que los involucrados son sólo de un puñado de elementos aunque durante su gobierno se calificó el ataque como un “crimen de Estado”.

Los expertos internacionales y los abogados de las víctimas aseguran que existen muchas evidencias de que la participación de las Fuerzas Armadas fue mucho mayor, no sólo en el ataque sino en la posterior obstrucción a la justicia.

El problema, denunciaron, es que la Secretaría de la Defensa sigue ocultando unos 800 documentos de inteligencia que podrían contener datos clave para el esclarecimiento de los hechos.

La excarcelación de los ochos militares llega poco más de una semana después que las familias de los 43 amenazaran el jueves con romper el diálogo con el gobierno si no les entregaban los documentos militares que faltan, que llevan exigiendo un año y que provocó que los expertos de la CIDH dejaran el país en julio por este motivo.

Hasta ahora el procesado de mayor rango es el exprocurador general Jesús Murillo Karam, acusado por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada y en prisión preventiva.

En noviembre, un juez federal le concedió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria por cuestiones de salud pero sigue encarcelado porque tal decisión solo afectaba a uno de los varios casos que hay en su contra.

López Obrador se comprometió a esclarecer el caso antes del fin de su mandato, el próximo 1 de octubre, pero los padres de los desaparecidos confían cada vez menos en él.

En respuesta, la FGR anunció que impugnará la decisión de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo que ordenó revocar la orden de prisión preventiva emitida contra los ocho militares al considerar que ya no existe riesgo de fuga para ninguno de los imputados.

Tras conocer la decisión, el organismo ha mostrado su rechazo “tajante” a la estipulación de la jueza y de los magistrados del tribunal: Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, de “desconocer las resoluciones” de los jueces que determinaron prisión preventiva y conceder “ventajas indebidas a quienes no lo merecen” a través de una “secuela procesal absolutamente cuestionable para los derechos y la protección de las víctimas”.

El Ministerio Público ha subrayado que estos procedimientos de amparo generan una “evidente situación de injusticia” que afecta a los desaparecidos, sus familias, su seguridad “y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas”.

Asimismo, ha denunciado que “esta conducta procesal notoriamente injusta, que se repite constantemente en asuntos de trascendencia nacional o de importancia política, se utiliza por algunos medios (de comunicación) de manera parcial y engañosa”: “Esta distorsión mediática se ha venido repitiendo de manera constante y progresiva durante los últimos años”, indicó en un comunicado.

La Fiscalía denunció que este tipo de casos “vinculan con toda claridad despachos de abogados, relaciones
personales o familiares, autoridades judiciales de la más alta jerarquía y a extorsionadores mediáticos que han sido exhibidos públicamente y que se dedican a distorsionar la justicia, traficar influencias y a descalificar las tareas del Estado y de sus instituciones, todo ello por razones aviesas y de voracidad patrimonial”.

Las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 amenazaron con romper el diálogo con el Gobierno si no les entregan los 800 documentos de inteligencia militar que llevan exigiendo por más de un año, que aseguran podrían tener información clave sobre la desaparición.

Según denunciaron los padres y sus abogados, desde que se presentó la exigencia, lo único que han conseguido son mentiras, intentos de las autoridades de dividir al grupo, ofertas engañosas de apertura de los archivos y un trato que les recuerda a la Gobierno anterior.

Después de meses de diferencias, los padres se salieron de una reunión de la Comisión de la Verdad a la que habían sido convocados y exigieron ser recibidos de nuevo por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aunque, afirmaron, su confianza en él ya casi no existe.

“Señor Presidente, no nos niegue el derecho a saber el paradero de nuestros hijos”, dijo Mario González, padre de uno de los 43 desaparecidos. “Firmó un decreto presidencial donde nos daba todas las facilidades y no cumplió absolutamente nada su palabra”. “¿Cuál es el cambio?”, preguntó en referencia a la administración de Enrique Peña Nieto.

Y es que recordemos que López Obrador se comprometió a resolver el caso nada más llegar al poder. Y pese a la creación de la Comisión de la Verdad, de haber calificado el ataque contra los jóvenes como un “crimen de Estado”, de que la Fiscalía General reconociera que la anterior administración armó toda una trama para obstruir el acceso a la justicia, de sumar pruebas, detenciones y procesos judiciales, el caso sigue sin esclarecerse.

Según las críticas de los padres, la principal traba sigue: las Fuerzas Armadas. Aunque más de una docena de militares están detenidos y procesados, lo que para el presidente es una muestra de que no habrá impunidad, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  dejaron el país alegando que los militares seguían ocultando información clave.

Cuando falta menos de un año para el fin de la administración, padres, madres y abogados advirtieron un panorama desolador.

Tras abandonar la reunión, encabezaron una conferencia de prensa donde estaban los familiares de casi todos los desaparecidos incluidas un par de madres que denunciaron cómo sus exesposos se habían pasado al otro bando.

Miles de personas marcharon ayer en la Ciudad de México, en el marco del noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El lunes, los padres de los jóvenes acusaron al Presidente López Obrador, en una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), de encubrir al Ejército, quien aseguran no ha entregado toda la información del caso, tal como denunció en julio pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Ese día, Rosales dijo a medios al salir de la reunión que la Secretaría de Gobernación de México está ofreciendo una narrativa similar a la llamada “Verdad Histórica” que quiso imponer el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, respecto al caso de los estudiantes desparecidos de Ayotzinapa en 2014.

Ayer, el abogado volvió a detallar que la declaración presentada el lunes a los padres y que hoy se presentará a medios de comunicación recurre a pruebas que ya se desestimaron y no avanza en el objetivo principal de los familiares, que es saber qué sucedió y conocer el paradero de los jóvenes.

Recordemos que el 20 de septiembre, los padres se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insistió en que ya está toda la información en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es la (información) que tenemos hasta ahora, no hay más, si ellos consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo: no es cierto. Así de claro”, respondió el presidente ayer.

La marcha, la más multitudinaria de los últimos años, salió la tarde de ayer desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo, donde Palacio Nacional fue resguardado con vallas metálicas.

Los padres, visiblemente agotados después de una semana de actividades de protesta en la Ciudad de México, y nueve años en la lucha, marcharon al frente de la movilización y se pararon frente al antimonumento de los 43 estudiantes, donde realizaron un conteo como recordatorio ante la larga ausencia de sus hijos.

Al llegar al Zócalo hicieron un mitin donde recordaron que su prioridad es conocer el paradero de sus hijos y exigieron una vez más que se continúen las investigaciones de manera rigorosa y seria, alejándose de la Verdad Histórica, además de insistir en la necesidad de que el Ejército libere la información faltante.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) Admitió tener “diferencias” sobre el rol del Ejército con las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, hecho que cumple 9 años sin resolverse en medio de señalamientos contra las Fuerzas Armadas por obstruir la investigación.

“Tenemos diferencias, ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha entregado toda la información que tiene y ha ayudado mucho en esclarecer el lamentable caso de Ayotzinapa”, dijo el mandatario.

Los padres de los desaparecidos acusaron ayer al presidente, en una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob), de encubrir al Ejército, quien aseguran, no ha entregado toda la información del caso, como denunció también en julio pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Es la (información) que tenemos hasta ahora, no hay más, si ellos consideran que existe información que estamos ocultando, yo les digo: no es cierto. Así de claro”, añadió López Obrador.

Según el mandatario, los padres se negaron la tarde de ayer a recibir un informe que él les envió en el que prometió un reporte del Ejército sobre cuántas fojas y expedientes se han entregado, el compromiso de buscar más documentos, y la publicación de las grabaciones que compartió Estados Unidos sobre el caso.

López Obrador prometió publicar toda la información este martes, y atribuyó a la “desesperación” y a la “mala información de los abogados y asesores” de los padres su insistencia de cuestionar a las Fuerzas Armadas.

“Podemos lograr lo más importante, encontrar a los muchachos, porque ahora todo parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos”, sostuvo López Obrador.

En ese sentido, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al Gobierno federal “colaborar efectivamente y entregar toda la información” sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

“La ONU-DH sostiene que los esfuerzos y avances solo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa”, expuso en un comunicado.

Al presidente López Obrador se le acaba el tiempo para que cumpla con su promesa de resolver el caso como se comprometió, en su último año de mandato, pues su administración terminará en octubre de 2024.

El organismo reconoció que el trabajo de la Comisión de la Verdad y la unidad especial de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) han permitido identificar a 434 actores relevantes, y detener a 132 presuntos responsables, incluyendo a 14 militares.

Pero matizó que “lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no solo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado este lunes sobre el censo de personas desaparecidas no localizadas que se lleva a cabo, específicamente sobre si hay acompañamiento de los familiares de las víctimas, quienes exigen que el gobierno de respuesta a sus demandas.

López Obrador indicó que se avanza “bien” y señaló que se está haciendo una actualización del censo de personas desaparecidas pues dijo, hay reportes de que el censo actual contiene nombres de personas que se han identificado como “vivas y están con sus familiares”.

“¿Qué sucedía? Que en algunos casos se denunciaba que habían desaparecido, se encontraba a la persona y ya no se quitaba de la lista, del censo; entonces, por eso nos llamó la atención de que eran muchos”, indicó el presidente al defender la actualización que se lleva a cabo, que dijo, se realiza “casa por casa”.

Pese a los avances que asegura se tiene en la material, López Obrador reconoció que hay miles de desaparecidos.

“Sí, sí, sí hay desaparecidos, lamentablemente, pero yo le estoy respondiendo a la pregunta, de que estamos llevando a cabo una revisión casa por casa y estamos encontrando afortunadamente, cosa que nos da mucho gusto, gente que estaba registrada como desaparecida y nos llena de satisfacción, de orgullo”, defendió.

Detalló que en esta actualización participan todos los gobiernos estatales y las fiscalías, incluyendo a los servidores de la nación, que son los que trabajan en campo y visitan los domicilios.

Adelantó que el nuevo censo podrá estar en un plazo de tres meses, pues dijo, ya se tiene un avance significativo, además de que insistió en que hay presupuesto dedicado exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas, algo que también destacó, no se hacía en otros gobiernos.

Como se ha hecho costumbre, López Obrador dijo que en este tipo de temas hay mucha politiquería.

“No estoy hablando de los padres, ni de los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, no, estoy hablando de los conservadores que están en contra de nosotros, que andan con sus medios de información o de manipulación zopiloteando siempre. Eso es su tarea principal, esa es su tarea principal, zopilotear”, acusó el mandatario.

Fue en ese punto donde la reportera de Proceso cuestionó al presidente sobre si no consideraba que su gobierno les ha quedado a deber a las madres buscadoras, quienes en reiteradas ocasiones han pedido ayuda e incluso han buscado ser recibidas por él.

No, no, eso es lo que pueden pensar en tu revista, en Proceso, y otros de la llamada sociedad civil o de organizaciones independientes, no gubernamentales. Pero no, hemos hecho todo y vamos a seguir trabajando con ese propósito (…) Estamos atendiéndolos constantemente, yo en todas las giras que hago hablo con madres, con familiares de desaparecidos. Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros”, respondió López Obrador.

Remató asegurando que aunque la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, sostienen encuentros con las madres buscadoras y familiares de desaparecidos, a él sí le gustaría recibirlas.

El presidente destacó que una de las razones de no haber recibido a las madres hasta ahora es para evitar que el encuentro tenga fines de manipulación.

“Lo importante es que ayudemos en la búsqueda de los desaparecidos y que ayudemos a los familiares, y lo estamos haciendo. Lo demás es politiquería, es publicidad y, es ese interés que tienen ustedes, algunos medios, la mayoría lamentablemente, de atacar al gobierno, de ir en contra de nosotros con todo, por cualquier cosa. Es que, si le ensartas, pierdes; y si no lo ensartas, perdiste”, finalizó.

Estados Unidos sancionó este miércoles una red de fentanilo dirigida por el cártel de Sinaloa, concretamente por familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán y los hermanos Zamudio Lerma, informó el Departamento del Tesoro.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden le ha declarado la guerra al fentanilo, un opioide hasta 50 veces más potente que la heroína que ha causado buena parte de las casi 110,000 muertes por sobredosis en el país en 2022.

Washington afirma que la mayor parte del fentanilo que entra a Estados Unidos proviene de los cárteles de nuestro país que lo fabrican con sustancias, conocidos como  precursores, que importan sobre todo de China.

A lo largo de los últimos meses ha multiplicado las sanciones, entre otros contra ‘Los Chapitos’, hijos de “El Chapo” Guzmán.

Este miércoles, en colaboración con el gobierno de México, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 10 individuos y una empresa radicada en nuestro país por estar “relacionados con proveedores de precursores químicos” y por actuar al servicio del cártel de Sinaloa y Los Chapitos, señala el Departamento del Tesoro en un comunicado.

La OFAC asegura que Noel López Pérez y Ricardo Páez López, ambos mexicanos, están “implicados en el tráfico y transporte de drogas, venta de precursores químicos, supervisión de laboratorios de drogas ilícitas, túneles transfronterizos y operaciones de represión para Los Chapitos”.

El primero de ellos es cuñado de “El Chapo” Guzmán, encarcelado en Estados Unidos, y el segundo es primo materno de dos ‘Chapitos’.

También castiga a Dora Vanessa Valdez Fernández, Néstor Isidro Pérez Salas (alias “Nini”), Óscar Noé Medina González (alias “Panu”) y Jeuri Limón Elenes, quien trafica con metanfetaminas.

La OFAC sanciona asimismo a la empresa REI Compañía Internacional, con sede en Metepec, Estado de México, debido a que “recibe regularmente envíos de productos químicos de exportadores de la República Popular China”.

Entre los sancionados figura el principal accionista de la empresa, Eliseo de León Becerra, y tres hermanos de Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma.

Se trata de Ángel Guillermo Zamudio Lerma, Daniel Zamudio Lerma y Jorge Alberto Zamudio Lerma, a quienes acusa de ser o haber sido directivos de Aceros y Refacciones del Humaya, una compañía sancionada en febrero pasado.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

Este viernes continuaron los registros de los aspirantes a encabezar a la oposición mediante el Frente Amplio por México, que llegado el momento pasará a ser su candidato o candidata presidencial en el 2024.

Ahora fue el turno del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien de manera sorpresiva, no asistió personalmente a hacer su registro; fue representado por su familia: su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca.

El senador estuvo acompañado de la esposa del exgobernador, Mariana Gómez y sus hijas.

Sin dar mayores detalles de la ausencia del exgobernador, Ismael García Cabeza de Vaca, defendió el deseo de su hermano de participar en la contienda interna de la oposición, que lo llevará a enfrentarse con perfiles como Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, entre otros.

“Pronto lo tendremos aquí. El día de hoy estamos haciendo los trámites correspondientes porque creemos en la lucha, creemos en la democracia y creemos en la libertad de expresión (…) Lo que estamos haciendo el día de hoy haciendo, representando, es la lucha por un mejor futuro, precisamente, para nuestros hijos y para las futuras generaciones”, comentó el senador.

También señaló que su hermano ha sido el único gobernador en la “historia moderna de México” en tener el valor de enfrentarse al gobierno federal, al no dejarse someter por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El registro de Cabeza de Vaca se da en medio de una nueva polémica en la que se encuentra envuelto, luego de que el actual gobernador de la entidad, Américo Villarreal, informara  que hay 52 carpetas de investigación abiertas contra el panista por desviación de recursos durante el proceso de entrega-recepción.

Recordemos que el ex gobernador lleva cerca de 10 meses sin hacer apariciones públicas; se le ha visto únicamente a través de videos que ha publicado en sus redes sociales.

Fue ese medio, un video, el que utilizó para refrendar su registro ante las dirigencias de los partidos que integran la coalición Va por México.

Este viernes también se presentaron los registros y avisos de otros aspirantes, algunos militantes del PAN y representantes de organizaciones civiles, tales como José Enríquez González, Jaime Duarte Martínez, José Jaime Enríquez Félix, Adriana Rangel Flores, Adriana Delarbe López y Mario Facundo Palacios Palacios.

Dijo el presidente en su Mañanera del lunes que su Plan C es pedirle a la ciudadanía que no vote por la oposición; que vote por Morena: “Hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo, que no se vote por el bloque conservador, ningún voto a los conservadores, sí a la transformación”.

AMLO hizo así un llamado al voto utilizando recursos públicos. Algo que él repudió vehementemente cuando lo hizo Vicente Fox en las elecciones presidenciales del año 2006: “Hay que cambiar de jinete, no de caballo” dijo el entonces presidente, pidiendo el voto por Felipe Calderón.

La indignada respuesta de Andrés Manuel López Obrador culminó hasta que se modificó el artículo 134 Constitucional, en su fracción VII, para incluir el Principio de Neutralidad Constitucional, el cual exige a todos los servidores públicos, empezando por el presidente, a que el ejercicio de sus funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento estricto de la normatividad en materia electoral.

Hoy AMLO hace lo que en su momento tanto le reprochó a Vicente Fox.

En el 2015 López Obrador reclamaba los lazos familiares en puestos públicos. En su cuenta de twitter escribió: “Que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. MORENA debe ser faro de moralidad.

Ahora, ante la conformación de las quintetas para que de ahí salgan los nombres de los Consejeros Electorales del INE que sustituirán a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña que concluyen su mandato la semana próxima, no importa que los que lleguen sean parientes de ni cercanos a integrantes de Morena y/o de su gabinete.

“Si pertenecen o participan con nuestro movimiento y no están impedidos, si no lo prohíbe la ley […] cualquiera que llegue será mejor que los que están actualmente. Lo importante es que sea gente íntegra, honesta. No, no eso de la experiencia”, dijo el presidente en su Mañanera cuando se le cuestionó la cercanía de varios de los posibles sustitutos de los consejeros salientes, incluyendo el presidente.

Entre los candidatos están Bertha Alcalde, la hermana de la secretaria de trabajo; Netzaí Sandoval, hermano de la ex Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; Guadalupe Álvarez Rascón, hija de un senador de Morena; Zircey Bautista Arreola, esposa del subsecretario de SEDATU; Guadalupe Taddei Zavala, tía del director de LitioMx y prima del Secretario de Bienestar de Sonora; Víctor Humberto Mejía y Jorge Montaño, ambos tabasqueños, cercanos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; y Bernardo Valle, cercano a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Tiene razón el presidente cuando dice que el parentesco con integrantes de un partido no es contrario a la ley electoral para ser Consejero del INE. Las preferencias políticas no necesariamente comprometen la ética, integridad ni la capacidad de los consejeros.

Pero, con la tendencia de destrucción, acaparamiento de las instituciones del actual gobierno que encabeza López Obrador, es muy complicado concederles a estos candidatos el beneficio de la duda.

Recordemos que López Obrador es el presidente que apoyó que la candidatura de Felix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero se la quedara su hija Evelyn, cuando se le retiró por no cumplir con la ley.

El nepotismo y el amiguismo ha sido una constante en el gobierno de López Obrador, a pesar de que antes lo reprobada. Hoy hace el presidente lo que como candidato y líder opositor señalaba como trampas de la Mafia del Poder.

Columna completa en El Universal

Con las fotografías de sus hijos en sus pechos, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 participaron este lunes en la enésima marcha para exigir justicia.

Poco después de las 16:00 horas, tal como estaba anunciado, partió el contingente que se dio cita en la glorieta del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma

Ahí se reunieron los padres de los desaparecidos, y diversos activistas que participarían en la que han llamado la Jornada Nacional de Lucha a 8 años de los hechos.

El contingente, que fue nutriéndose conforme avanzaba, hizo paradas en puntos estratégicos como el antimonumento a los 43 que se ubica en el cruce con Bucareli y Avenida Juárez. Algunos de los grupos que se fueron uniendo provenían de distintas escuelas de la UNAM, como facultades de Ciudad Universoitaria o preparatorias y CCH’s.

En su avance, se escuchaban consignas como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “presentación con vida”, “castigo a los culpables”, “fue el Ejército”, entre otras.

Otra de las paradas fue en la glorieta de los desparecidos, casi en el cruce con Insurgentes.

Paralelamente, en la plancha del Zócalo se seguían acomodando las vallas metálicas que protegen Palacio Nacional, pues será el punto donde la marcha finalice. En redes sociales se difundieron imágenes de cómo las autoridades volvieron a resguardar la residencia del Presidente., quien por la mañana pidió a quienes saldrían a las calles hacerlo en paz y no recurrir a la violencia.

Como suele suceder, un grupo de encapuchados que se ubican en la cola del contingente, comenzaron a realizar pintas en monumentos y edificios sobre Reforma.

Finalmente, el contingente llegó a la plancha del Zócalo, donde realizaron un mitin para exigir justicia y reiterar el llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos, pidiendo que no se proteja a nadie, en referencia al Ejército.

Ese fue uno de los planteamientos que se hicieron desde la plancha del Zócalo. “Cuando se llegó al punto de tocar al Ejército, ahí todo se vino para abajo, todos se echaron la bola”, indicaron los familiares.

Mientras tanto y separándose de las protestas violentas, las familias insistieron en que lo que les ha dado fuerza en estos años es la gente.

En las últimas semanas, la Comisión de la Verdad, una entidad oficial creada en la actual administración, calificó el caso de “crimen de Estado” porque según indicó autoridades de todos los niveles de gobierno estuvieron involucradas en las desapariciones y su encubriento y ofreció nuevos datos que confirmaban la participación del ejército en los hechos.

También hubo detenciones importantes de tres militares, entre ellos un mando en la zona y ahora general retirado, y la del ex procurador general Jesús Murillo Karam, acusado de inventar una verdad paralela a base de torturas y manipulación de evidencias.

Pero algunas sentencias absolutorias, la filtración al diario Reforma de datos del informe de la Comisión que no se dieron a conocer a las familias o la anulación de 21 órdenes de captura, 16 de ellas de militares, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), ha indignado a los padres.

Al respecto, el Centro Prodh, ONG de derechos humanos encargada de representar legalmente a las familias de los estudiantes, calificó ese tipo de actuaciones como muy inusuales y preocupantes.

El punto más delicado sigue siendo el Ejército, la institución contra la que los padres arremetieron desde hace ocho años.

Los familiares de los 10 trabajadores que permanecen atrapados desde el pasado 3 de agosto en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, aceptaron el plan de rescate presentado por el gobierno federal, y que inicialmente habían rechazado porque tomaría hasta 11 meses.

“Ya hay un consenso, las 10 familias están de acuerdo en que se lleve a cabo este trabajo, y no aceptaban por el tiempo, porque nos va a llevar más tiempo el rescate”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este fin de semana desde Nuevo León.

El jueves pasado, la Coordinación Nacional de Protección Civil presentó el plan de rescate a los familiares de los mineros, lo que causó inconformidad pues podría tomar entre seis y once meses.

El viernes, el presidente defendió que los expertos que trabajan en el rescate buscarán acortar los tiempos en la medida de lo posible.

El derrumbe que dejó a los mineros atrapados desde el 3 de agosto de dio cuando se abrió un orificio en la mina El Pinabete, provocando que el agua acumulada en el vecino complejo Conchas Norte se desbordará hacia el lugar donde trabajaban.

Cinco obreros lograron salir, pero en todo este tiempo no ha sido posible establecer contacto con los 10 mineros atrapados, cuyo estado se desconoce.

En el acto público de este domingo, López Obrador dijo que buscarán “sacar los cuerpos” lo más pronto posible, sin hacer referencia a la posibilidad de que aún puedan estar vivos.

Los familiares temen que a medida que pase más tiempo hay menos posibilidades de volver a ver a sus seres queridos con vida.

Según explicó el jueves la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, se evalúan tres “opciones” para el rescate, una de las cuales consiste en abrir un túnel con “rampas de acceso inclinado” para alcanzar las galerías de la mina, además del bombeo de agua.

La estrategia inicial era que buzos militares intentaran descender verticalmente a través de los pozos por donde suelen acceder los obreros, cuando la inundación estaba a poco más de un metro. Pero el nivel del agua aumentó a más de 30 metros el 14 de agosto y se ha mantenido.

López Obrador instruyó al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a reforzar el apoyo en las tareas de rescate de 10 mineros, a la par que anunció que los familiares de las víctimas recibirán una indemnización superior a los montos que originalmente estaban establecidos.

También recordó que continúan los trabajos en la mina de Pasta de Conchos por respeto a la decisión de 11 de 65 familias que pidieron la recuperación de los restos de los mineros atrapados en 2006 en el municipio San Juan de Sabinas en Coahuila.