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El Ejército informó este martes sobre la detención de Juan Miguel “N”, alias “El Johnny”, considerado operador principal en el tráfico de droga que procede desde Suramérica y buscado por el gobierno de Estados Unidos.

La captura, revelada hoy, ocurrió el viernes pasado en Tepalcatepec, Michoacán, estado donde presuntamente operan  Los Rojos, grupo  delictivo de “El Johnny”, que también tiene presencia en los estados de Morelos, Guerrero, Puebla y Estado de México.

En el operativo se empleó un helicóptero de la Fuerza Área Mexicana con la intervención en tierra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), se informó.

Las autoridades afirmaron que su captura se realizó “con estricto apego al Estado de derecho, con pleno respeto a los derechos humanos y sin necesidad de efectuar un solo disparo”.

“La materialización de reconocimientos aéreos y terrestres generó mediante operaciones de engaño, confusión a los integrantes de la delincuencia organizada, lo que permitió a su vez la ubicación del vehículo blindado en el que se transportaba Juan Miguel”, detalló la Sedena en un comunicado.

El Ejército identificó al presunto capo como “importante integrante de la delincuencia organizada y blanco prioritario” de Estados Unidos por los crímenes de lavado de dinero, asociación delictuosa y contra la salud, relacionados con drogas.

Aunque no detalló cuál será el futuro del detenido, la Sedena informó que existe una orden de detención provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos. Su captura “representa un golpe contundente a la delincuencia organizada”, concluyó la dependencia.

Un juez vinculó a proceso a René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), señalado de comprar títulos bursátiles con recursos del organismo.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de un ex servidor público del organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”, informó la FGR en un boletín.

Según detalló la Fiscalía General, René “G”, en su calidad de titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, entre febrero de 2019 y junio de 2020, “presumiblemente autorizó la compra de 100,000 títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa”.

Ello pese a que no contaba con la facultad de colocar recursos públicos en tales certificados. “De igual forma, la compra es contraria a lo establecido en los Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal”, agregó el texto.

El 6 de abril pasado, en audiencia inicial, la defensa del exfuncionario solicitó que se resolviera la situación jurídica de su cliente, por lo que, con los datos aportados por el agente del Ministerio Público Federal (MPF), el juez de la causa dictó vinculación a proceso.

Asimismo, se concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria, así como las siguientes medidas cautelares: firma quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA); prohibición de salir de la Ciudad de México y Zona Metropolitana y prohibición de acercarse a los testigos, así como una garantía económica.

“Este es solo uno de varios casos que se encuentran en investigación por el uso indebido de recursos públicos asignados al organismo denominado Segalmex”, concluyó la FGR.

Las adquisiciones de Segalmex llevan tiempo despertando críticas y acusaciones contra la 4T. Por ello, el gobierno cesó en junio de 2020 al entonces director de Administración y Finanzas del organismo, René Gavira.

En julio del pasado año, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló contratos directos por 797 millones de pesos entre una red de empresas fantasmas y este organismo descentralizado y perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Se aplazó este lunes la audiencia que se tenía programada para hoy en el proceso que se le sigue al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por lo que en las próximas semanas se conocerá si se logró un acuerdo reparatorio, según informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“La defensa solicitó el diferimiento de la audiencia intermedia, lo cual se acordó favorable, puesto que las partes tienen la intención de celebrar un acuerdo reparatorio”, informó el CJF en un breve comunicado a los medios.

El órgano judicial agregó que las partes manifestaron que van a comenzar a llevar a cabo pláticas para delimitar y concretar el acuerdo reparatorio, el cual se estime pueda tarde en concretarse “un par de semanas”.

El CJF indicó que estuvieron presentes los padres y el representante de una inmobiliaria para fungir como garantes de dicho acuerdo reparatorio.

Según informaron medios locales, hubo un inconformidad por parte de Pemex que impidió que este mismo lunes se cerrara el acuerdo reparatorio que se había planteado.

Al aplazar la audiencia, se descarta que Lozoya salga en las próximas horas del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde permanece desde el año pasado.

Recordemos que Lozoya tiene dos cargos abiertos por corrupción. El primero es sobre la compra-venta de la planta de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

Y también está en prisión preventiva por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña y la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Según informó el diario Reforma, Lozoya, extraditado a comienzos de 2020 desde España, habría llegado a un acuerdo para pagar una fuerte suma de dinero a cambio de su libertad, así como a entregar al menos cinco inmuebles que tiene en propiedad.

El trabajo firmado por Abel Barajas, colaborador del diario, señala que Pemex aceptó desde el mes pasado la oferta de Lozoya equivalente a 10.7 millones de dólares, que equivalen a más de 220 millones de pesos, para reparar los daños en los dos casos por los que es procesado el exfuncionario.

Al respecto, esta mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que se analice el supuesto acuerdo al que habría llegado el funcionario federal con Pemex, y al cual se estaría dando seguimiento la Fiscalía General de la República (FGR). Pidió un monto “justo”.

Aunque dijo que no conocía los detalles de dicha negociación, agregó estar de acuerdo en que haya una reparación del daño y señaló que habrá que ver qué está planteando Pemex. “La fiscalía podría aceptar la reparación del daño y estamos de acuerdo con eso porque significa devolverle al pueblo lo robado”, dijo. Añadió que importa la reparación del daño, siempre y cuando sea justa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Reino Unido ordenó la extradición de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, quien se encuentra encarcelado por corrupción.

“El Departamento de Estado de la Gran Bretaña acaba de ordenar la extradición de Karime “M”, ratificando la resolución del juzgado británico que conoció del caso”, indicó la Fiscalía en una tarjeta informativa.

“La FGR añadió que la exprimera dama de Veracruz tiene 14 días para impugnar la determinación de la dependencia británica.

Recordemos que el pasado 17 de febrero la FGR informó que había ganado la primera instancia para extraditar a Macías aunque precisó que podía apelar la decisión.

A pesar de ello, la FGR reconoció que Macías, acusada de fraude y de vivir una vida opulenta en el extranjero, tenía 30 días para apelar la decisión de las cortes inglesas.

“El Gobierno de la Gran Bretaña le dio la razón a la FGR y a las pruebas que aportó, y la declaró extraditable”, expuso la fiscalía en un breve comunicado.

El pronunciamiento de la FGR se produjo después de que la Corte de Magistrados de Westminster dio ese mismo día luz verde a la extradición a México de Macías, quien es reclamada por las autoridades de nuestro país por el delito de fraude.

La ahora exesposa de Duarte, gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016 con el PRI, fue detenida en octubre de 2019 en Londres, ciudad en la que vivía junto a sus tres hijos desde 2017, pero la pandemia retrasó la extradición.

La orden sobre Macías responde a la acusación por presuntos desvíos monetarios cuando presidió la Oficina estatal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el gobierno de su esposo, que ascenderían a 100 millones de pesos.

El 17 de febrero, Macías, en una carta divulgada a medios, calificó de “falsedades” las acusaciones en su contra vertidas por “servidores públicos de la Fiscalía veracruzana” y reiteró que apelaría la decisión judicial. “No voy a permitir que esas falsedades que declararon esos funcionarios queden impunes”, señaló, asegurando que se fabricó el caso en su contra pues ella solo tuvo un “cargo honorario” cuando su “hoy exmarido” era gobernador de Veracruz.

Javier Duarte, considerado emblemático de los escándalos de presunta corrupción del PRI en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cumple este abril cinco años de arresto tras su detención en Guatemala. Recibió una condena a nueve años de prisión en septiembre de 2018 tras declararse culpable de los delitos de asociación delictiva y lavado de dinero

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró esta mañana el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que amparó a Laura Morán y Alejandra Cuevas, acusadas de la muerte del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

López Obrador presumió la “independencia” de la Corte, luego de que ayer eliminara por unanimidad la orden de arresto de la cuñada del fiscal, Laura Morán, acusada de “homicidio doloso de concubino”, y liberó a la hija de ella, Alejandra Cuevas, presa por “comisión por omisión accesoria” por la muerte de Federico Gertz en 2015.

“Celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero Estado de derecho, antes esto no sucedía”, manifestó el mandatario.

El caso había despertado controversia por un audio filtrado a inicios de marzo en el que el fiscal Gertz Manero presumía del apoyo de “tres o cuatro ministros” de la SCJN.

Tras esa filtración, López Obrador insistió en respaldar al fiscal al argumentar que entendía “la situación personal, moral, humana del fiscal” al tratarse de “un asunto vinculado con su hermano”.

Pero ahora declaró que “qué bueno que se resuelven todos estos casos por la vía legal y que se demuestra que al margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie”.

El mandatario recordó que el actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, denunció en febrero pasado que el entonces presidente Felipe Calderón o presionó durante la votación del caso del incendio de la Guardería ABC, donde murieron 49 niños en 2009.

“Eso ya no sucede, ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula. El Ejecutivo no es el poder de los poderes y esto es el cambio”, aseguró.

Después del fallo de la Suprema Corte, Cuevas salió ayer mismo del penal de Santa Martha Acatitla, donde estuvo presa desde octubre de 2020.

López Obrador aseguró que ha instruido a la Secretaría de Gobernación (Segob) brindarle “toda la protección y todo el apoyo” a Cuevas, quien ha denunciado que corre peligro por la presunta persecución del fiscal Gertz Manero.

Cuestionado sobre si pese a lo resuelto por la Corte, que apuntó que hubo irregularidades en los procesos judiciales contra las acusadas, aún respalda al titular de la FGR, López Obrador dijo que sí, y llamó a que si los acusados tiene pruebas de que se actuó de mala manera en la Fiscalía capitalina o por parte de la propia FGR, deben presentar una denuncia.

“El presidente no da línea para beneficiar o perjudicar a alguien (…) no se fabrican delitos, no se protege a influyentes, ya no es lo mismo de antes”, remató.

Foto: Twitter @JTrianaT

La tarde de ayer, a puerta cerrada, compareció el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ante la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia del Senado de la República.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), destacó que se trató de un ejercicio serio, respetuoso y de alto nivel, donde se expresaron las posiciones de los diverso Grupos Parlamentarios, en el que el Fiscal dio respuestas puntuales.

Al término del encuentro, el morenista aseguró que Gertz Manero cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado, sin excepción, pues “hay confianza en el Fiscal y en la justicia”.

Afirmó que el titular de la FGR no evadió ninguno de los cuestionamientos que se le hicieron. “Los senadores y las senadoras fueron enérgicos, con preguntas directas, respetuosos, pero firmes”.

Indicó que se trataron todos los temas de interés en la opinión pública: el espionaje telefónico, los factores que inciden en la violencia, rezago en investigaciones, el caso Ayotzinapa, el hecho registrado recientemente en Michoacán o la actuación del crimen organizado en distintos estados del país.

“Sobre el espionaje telefónico comentó que ya había una investigación, que tenía ya prácticamente una semana y media que se había iniciado una carpeta de investigación, y que estaba muy avanzada”, para definir si correspondía a espionaje público o privado.

El legislador reveló que el Fiscal se comprometió, ante los senadores de todos las bancadas, a respetar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al caso de su familia política, lo que dijo, “lo dibuja como un hombre de Estado”.

Adelantó que se comprometieron a reunirse con mayor frecuencia, por lo que establecerán un calendario para llevar este ejercicio.

Monreal Ávila reiteró que todos los grupos parlamentarios, sin excepción, le refrendaron su confianza al titular de la Fiscalía. “Hay confianza en el Fiscal y en la justicia”.

“¿Después de la comparecencia no ve posibilidades de que sea relevado del cargo, de que él renuncie?”, se le preguntó al líder morenista. “No veo ninguna posibilidad en este momento”, respondió”.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, denunció este miércoles una extorsión mediática criminal en su contra luego de que se filtraran audios en los que se le escucha hablar sobre el juicio que se lleva a cabo en la Suprema Corte relacionado con la muerte de su hermano y su familia política.

“Yo siento que estamos frente a una verdadera extorsión mediática criminal. Déjame repetirlo, extorsión mediática criminal”, aseveró el funcionario durante una entrevista con Radio Fórmula.

Gertz afirmó que esta extorsión tiene como objetivo lincharlo pues, según él, las investigaciones de la dependencia que encabeza están “atentando contra intereses espurios de grupos”.

El fiscal respondió así a la filtración que se dio en YouTube a finales de la semana pasada donde en varios audios, conversa con el fiscal Juan Ramos, hombre de su confianza.

En estas conversaciones hablan del juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y revelan una supuesta intervención de Gertz para lograr que el Alto Tribunal apruebe una resolución en su favor en el caso que impulsa contra la expareja y la exhijastra de su hermano Federico, a quienes acusa de haberlo asesinado.

De esta manera, hablan del apoyo que varios jueces de la Suprema Corte podrían dar a su favor, mientras que hay uno de los magistrados, Alberto Pérez Dayán, que pretendería dejar en libertad a Alejandra Cuevas, hija de la expareja de su hermano.

Según Gertz Manero, ambas mujeres propiciaron en 2015 la muerte de su hermano por negligencia.

En la entrevista, el fiscal aceptó que en las conversaciones filtradas sí estaba tocando el tema de su excuñada, pero aseguró que no habló en la forma en la que se presenta en los audios ya que el caso de la muerte de su hermano Federico nunca ha sido tramitado por la FGR, pues es del fuero común.

“Dicen: ‘el fiscal la metió en la cárcel, usando a la Fiscalía de la República para meterla a la cárcel’. Nada más falso. La institución no tiene ninguna injerencia en ese asunto”, justificó.

Cuestionado sobre si tiene la intensión de renunciar debido a las acusaciones de abuso de poder y tráfico de influencias, el fiscal dijo que eso “no pasa por mi cabeza”.

Aseveró que los grupos supuestamente afectados por sus investigaciones se han dedicado a propiciar un linchamiento en su contra y buscan una “guerra de lodo” para descalificarlo.

Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que Gertz Manero debe mantenerse en el cargo pese al escándalo de la difusión de las llamadas. “Pienso que sí (debe permanecer en su cargo)”, respondió a pregunta expresa de una periodista.

El mandatario dijo que magistrados de la Suprema Corte como José Ramón Cossío buscan la salida del fiscal del cargo por una “postura de tipo política”.

“Eso lo va a resolver la Suprema Corte. Y no caer en el maniqueísmo de buenos y malos, porque no son unas blancas palomas estos que están buscando la salida del fiscal”, remató.

En cumplimiento a una orden del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Fiscalía General de la República (FGR) difundió las versiones públicas de los cinco primeros tomos del expediente del caso Odebrecht, en los que ocultó información relevante que permita conocer a los involucrados en esta trama de corrupción.

Entre la información censurada hay documentos que involucran a actuales funcionarios federales, como es el caso de Leonardo Cornejo Serrano, directivo de la refinería de Dos Bocas, que en el sexenio pasado intervino en la asignación de una obra en Tula a Odebrecht.

También fue censurada por completo información referente a una obra que Odebrecht ejecutó en Michoacán cuando fue gobernador de aquel estado Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del presidente López Obrador.

El expediente de Odebrecht consta de decenas de tomos y anexos, los cuales la FGR se comprometió a hacerlos públicos en forma paulatina.

La publicación del expediente se dio en cumplimiento de las resoluciones del INAI a recursos de revisión interpuestos en septiembre pasado por la organización periodística Quinto Elemento Lab.

A partir de esta desclasificación, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien obtuvo copia del expediente sin censurar, realizó un cotejo de los cinco primeros tomos del expediente, para verificar la información que la FGR ocultó en sus versiones públicas.

Entre la información censurada aparece:

  • Contrato a Odebrecht en Tula y Salamanca, revisión técnica de Leonardo Cornejo Serrano.
  • Segundo contrato para Odebrecht en Tula, también validado por Cornejo Serrano
  • Denuncia de Pemex ante la PGR; indicios de sobrecostos y pagos no justificados
  • Nombramiento de Leonardo Cornejo como coordinador de proyectos de modernización de refinerías en el sexenio de Peña Nieto.
  • Simulación de estudio de mercado de Odebrecht y sus proveedoras.
  • Invitación de Leonardo Cornejo a Luis Weyll (quien negociaba los sobornos) para que Odebrecht envíe propuesta para la refinería de Tula.
  • Aprobación de contrato en Tula a favor de Odebrecht.
  • Contrato de Pemex con Odebrecht, en el que firma Cornejo.
  • Segundo contrato para Odebrecht en Tula.
  • Respuesta de Pemex al Ministerio Público por investigación de Tula.
  • Dictamen de adjudicación directa firmado por Leonardo Cornejo y José Aarón Marrufo Ruiz.
  • Acta de sesión en la que se aprueba incrementar la capacidad de Tula; Carlos Roa, coordinador de asesores de Lozoya, justifica la obra; Cornejo la defiende.
  • Proveedores de Odebrecht en Tula; incluye oficio para subcontratar a Grupo Tulancingo, empresarios cercanos a Osorio Chong.
  • Declaración de Leonardo Cornejo Serrano ante la PGR.
  • Relación de subcontratistas de Odebrecht en Hidalgo.
  • Declaración de los ex funcionarios de Pemex Víctor Domínguez Cuéllar, Claudio Cristian Nava Aguilar, Gustavo Escobar Carre, André Arthur Glorieux González, Armando Hiram Hinojosa González, Guillermo Antonio Suárez Solís, Fernando Castillo Amor, Armando Ricardo Arenas Briones, Alejandro Martínez Sibaja, Arturo Arregui, Jesús Lozano Peña y Arturo Francisco Henríquez Autrey.
  • Convenios modificatorios de contratos a Odebrecht en Tula y Salamanca.
  • Documentos del gasoducto Los Ramones asignado a Odebrecht.
  • Documentos de obra de Odebrecht en Michoacán.
  • Estados de cuenta bancarios de Emilio Lozoya en Suiza.
  • Acuerdo de inmunidad que en 2017 firmó la PGR para Marcelo Odebrecht y otros vinculados al caso.
  • Anexos de los documentos entregados por Brasil.
  • Subcontrato de Odebrecht con Inmobiliaria Ruso en Veracruz.
  • Órdenes de pago de Blunderbuss, empresa fantasma de Veracruz a través de la cual Odebrecht trianguló sobornos.
  • Procedimiento para asignar presa en el río Los Pescados, de Veracruz.
  • Rastreo financiero de Lozoya en instituciones de todo el país y del extranjero.
  • Respuesta de la confederación suiza a petición de información.

Investigación completa en MCCI

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que fue emitida una orden de atención contra la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y otras 5 personas, implicadas en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un comunicado, la Fiscalía precisó que en noviembre de 2019, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel “A”, Inés “G”, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas.

“A los principales responsables de la probable comisión de estos delitos se les ha imputado ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes”, señaló la Fiscalía.

Explicó que tres de ellos ya se encuentran recluidos en prisiones federales, y que en los casos de quienes abandonaron el país y evadir a la justicia mexicana, “se ha obtenido la ficha roja correspondiente y se está en espera de la respuesta de colaboración de nivel internacional”.

Según las investigaciones, estas personas “probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”.

La FGR añadió que, para cumplir dicho objetivo, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo esto con “la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”.

La Fiscalía indicó que la organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel “A” e Inés “G”, que operaban con supuestos representantes de personas morales.

Recordemos que el pasado 19 de octubre de 2021, la Interpol emitió una ficha roja de búsqueda y captura contra Gómez Mont y Álvarez Puga. A mediados de septiembre trascendió que la pareja fue acusada de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por operaciones que ascienden a los 3,000 millones de pesos.

Un juez federal ordenó esta tarde a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al encargado de la estrategia contra el COVID-19 en el país, el subsecretario Hugo López-Gatell, por posibles delitos de omisión en el manejo de la pandemia, informó este jueves el abogado que lleva el caso.

“El día de ayer (miércoles) el juez (…) determina que la Fiscalía General de la República tiene que investigar a fondo este asunto”, dijo Javier Coello, el abogado que representa a los denunciantes en entrevista con Radio Fórmula.

El abogado detalló que la denuncia contra López-Gatell tiene su origen en el fallecimiento de familiares de dos de los trabajadores de su despacho legal, quienes perdieron la vida a consecuencia del COVID-19.

Parte del argumento legal es que el funcionario “tenía la obligación, el deber de cuidar, de prevenir todo esto que desde enero de 2020 se conoció y no lo hizo”, explicó Coello, quien agregó que en la denuncia se narran lo que llamó “negligencias” de López-Gatell, entre ellas la prohibición a los hospitales privados de hacer pruebas para detectar COVID.

Recordemos que López-Gatell fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como responsable y vocero de la estrategia del gobierno federal para hacer frente a la pandemia. Durante su encargo, el funcionario se ha visto envuelto en varias polémicas que involucraron el uso de mascarillas, la necesidad de hacer pruebas masivas para detectar la enfermedad o el número real de muertos por la emergencia sanitaria.

México afronta en las últimas semanas un aumento alarmante en el número de contagios. En total, suman 4.4 millones de contagios y 302,112 fallecimientos.

La  Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron este martes un nuevo Convenio de Colaboración para el Intercambio de Información, que sustituye al que se había firmado en 2013, durante la anterior administración.

Los titulares de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, suscribieron el convenio, en el que ambas entidades “conservan sus potestades legales y se da en el marco de cooperación institucional para el cumplimiento de sus funciones”.

Recordemos que deSde que llegó a la UIF, en sustitución de Santiago Nieto, Pablo Gómez dijo que buscaría actualizar el convenio con la FGR, en beneficio de las distintas acciones de combate a la corrupción.

“Vamos a tratar de renovar el convenio que está firmado con la Fiscalía, porque fue firmado ya hace tiempo con la Procuraduría General de la República de entonces, no corresponde ya a los tiempos nuevos”, dijo a medios el titular de la UIF en noviembre pasado.

Recordemos que con Santiago Nieto al frente de la UIF, se presentaron diversas diferencias con el titular de la FGR, pues Nieto llegó a reprochar en distintas ocasiones las malas gestiones o prácticas de la Fiscalía, lo cual según el ahora exfuncionario, retrasaba sus investigaciones.

Incluso la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió una investigación en contra de ambos funcionarios por diversas irregularidades en el comportamiento de su patrimonio, pues investigaciones periodísticas de El Univesal y Reforma, revelaron que ambos funcionarios habían adquirido bienes e inmuebles millonarios en los últimos tres años.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que acusó a siete personas de participar en el delito de tráfico de armas, específicamente en el operativo conocido como “Rápido y Furioso”. Al acusarlos, la Fiscalía obtuvo las respectivas órdenes de detención.

Recordemos que la muerte del agente fronterizo Brian Terry en diciembre de 2010 dejó expuesta la fallida investigación “Rápido y Furioso”, en la que agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) permitieron a delincuentes comprar armas de fuego con la intención de que las autoridades las rastrearan.

“En México y de conformidad con una investigación propia, y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

La FGR indicó que presentó cargos de tráfico de armas contra siete personas en el caso que se remonta a hace más de una década, entre ellas el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y en contra del capo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Recordemos que García Luna fue arrestado en Texas en 2019 y enfrenta un juicio en Estados Unidos por presuntamente proteger a un cártel narcotraficante. México ha solicitado su extradición para que enfrente cargos de enriquecimiento ilícito.

Otro funcionario que también fue acusado es Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal, considerado la mano derecha de García Luna. Cárdenas Palomino fue arrestado bajo cargos de tortura, y fiscales de Estados Unidos lo han acusado por separado de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa por millones de dólares.

La Fiscalía también acusó a Guzmán en el caso de tráfico de armas, aunque éste ya cumple una condena a prisión perpetua en Colorado.

Los otros cuatro personajes contra quienes fueron giradas las órdenes de aprehensión, no fueron especificados por la FGR; aunque se sabe que en la indagatoria abierta figuran el expresidente Felipe Calderón y miembros del ex equipo de García Luna.

Al respecto, esta mañana el presidente dijo que no había mucha información sobre el tema, pero refirió que es un proceso que se lleva directamente en la Fiscalía.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación “con carácter de urgente” contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y su esposa, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey.

El escrito de la FGR fue enviado el pasado 20 de diciembre a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que entregue al fiscal toda la información patrimonial de la pareja.

“Se solicita a usted con carácter de urgente y confidencial, para que en un término de 48 horas (…) con la finalidad de verificar si cuenta con registros de domicilios y/o cualquier otra información a nombre de (…) Santiago Nieto Castillo y Carla Astrid Humphrey”, indica el documento que comenzó a circular en redes sociales.

Este es un nuevo capítulo entre el enfrentamiento entre Nieto y el fiscal Alejandro Gertz Manero.

A inicios de diciembre, Nieto, quien renunció a la UIF en noviembre tras celebrar su boda con Carla Humphrey en Guatemala, la cual fue tachada de ostentosa, fue señalado en el diario Reforma por un presunto enriquecimiento inexplicable cuando era funcionario.

Según la investigación periodística, durante los 25 meses que Nieto Castillo estuvo al frente de la UIF, acumuló al menos cuatro propiedades y un auto, todo ello valorado en 40 millones de pesos.

“No hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP”, señaló el exfuncionario en su cuenta oficial de Twitter.

En el mismo día que apareció en el periódico Reforma la investigación contra Nieto, también se destacó otra indagación en la prensa en contra del fiscal. El Universal reveló que Gertz Manero está siendo investigado por la UIF, la cual logró documentar que el funcionario tiene un amplio historial en transacciones millonarias y ha llegado a gastar millones de pesos en autos de lujo.

Al ser preguntado al respecto esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó tanto al fiscal Gertz como a Santiago Nieto, y optó por no tomar partido.

“Así como yo le tengo confianza al fiscal Gertz Manero, le tengo confianza a Santiago Nieto y son seguramente procesos que tienen que desahogarse, si hay una denuncia se tienen que hacerse las diligencia, pero eso no significa que el señalado sea culpable y en este caso no creo que Santiago Nieto esté involucrado en actos de corrupción, ni en ninguno acto de abuso de autoridad”, dijo AMLO.

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió 39 años de cárcel para Emilio Lozoya, ex director  de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien es señalado de participar en la red de sobornos con la firma brasileña Odebrecht y a otros actos de corrupción.

Una fuente judicial cercana al caso confirmó lo que adelantaban medios locales, quienes señalaban que la Fiscalía solicitó dicha pena para Lozoya, el único exfuncionario de alto nivel investigado por el caso Odebrecht.

La fuente, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a declarar, confirmó además que esta pena carcelaria sería por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

La Fiscalía también pidió 25 años de prisión para Gilda Margarita Austin, madre del exfuncionario, acusada de ser copartícipe de los hechos de corrupción atribuidos a su hijo, según indicó la fuente judicial que habló con la agencia AFP.

Se espera que el juez a cargo del caso comunique a la defensa de Lozoya la pena solicitada por la Fiscalía.

Recordemos que Lozoya, de 47 años y quien fue cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, se encuentra recluido en una prisión de Ciudad de México desde el pasado 3 de noviembre.

El exfuncionario, que dirigió Pemex entre 2012 y 2016, fue capturado en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio de ese mismo año. Llevó su proceso con medidas cautelares como parte de un acuerdo con la Fiscalía a cambio de testificar contra otros presuntos involucrados, entre ellos el expresidente Peña Nieto, pero los elementos que aportó no fueron considerados de valor y se pidió su encarcelamiento.

La Fiscalía reveló en 2020 que Lozoya declaró que 4.4 millones de dólares provenientes de Odebrecht sirvieron para financiar la campaña a la presidencia del priísta en 2012. Sin embargo, hasta el momento no se conoce investigación alguna contra el expresidente o sus más cercanos colaboradores, entre ellos Luis Videgaray.

Lozoya también es acusado de autorizar la compra por parte de Pemex de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, con un sobreprecio de 200 millones de dólares.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, rechazó este lunes las acusaciones de enriquecimiento ilícito en su contra por la adquisición de varias propiedades, tal como lo reportó este lunes el diario Reforma.

“No hay nada qué esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP”, señaló el exfuncionario en su cuenta oficial de Twitter.

Y es que de acuerdo con la investigación publicada por el diario, durante los 25 meses que Nieto estuvo al frente de la UIF, acumuló al menos cuatro propiedades y un auto valuados en 40 millones de pesos.

Según la publicación, el pasado 2 de diciembre se presentó una denuncia anónima ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto enriquecimiento ilícito que obtuvo el exfuncionario cuando estaba en su cargo, al cual renunció en noviembre pasado tras su polémica boda en Guatemala con la consejera del INE, Carla Humphrey.

“Soy un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. En eso consiste la Cuarta Transformación de este país y me voy a mantener en esta lucha. Esas son mis causas”, añadió Nieto.

Según Reforma, el extitular de la UIF tenía un sueldo neto de 107,358 pesos mensuales. Con esos ingresos, en diciembre de 2020 pudo adquirir una casa valuada en 24 millones de pesos, aunque según Nieto lo hizo bajo un crédito hipotecario en conjunto con su ahora esposa, el cual pagarán en 20 años.

Además, compró otra propiedad en Querétaro por 1.6 millones de pesos y un departamento en Santa Fe con un costo de 8.2 millones de pesos. Entre las propiedades de Nieto, también está un Audi último modelo con un valor de 500.000 pesos.

Y en más temas de investigaciones, este lunes, El Universal reveló que el fiscal Alejandro Gertz Manero está siendo investigado por la UIF, la cual logró documentar que el funcionario tiene un amplio historial en transacciones millonarias y ha llegado a gastar millones de pesos en autos de lujo.

De acuerdo con el reporte, la UIF encontró que entre 2013 y 2021 el fiscal gastó, en poco más de un año, 109 millones de pesos en autos de lujo. Además, entre 2013 y 2014, Gertz Manero hizo varias transferencias internacionales por más de 4 millones de pesos cada una, cuya destinataria fue Mercedes Gertz a quien se le depositó en una cuenta estadounidense.

Aunado a ello, en 2013, la UIF documentó que el fiscal recibió 4 millones de dólares en una cuenta del Bank of America y 37,858 dólares por parte de la Universidad de las Américas A.C.

El reporte también señala que Gertz Manero no ha permitido la difusión pública de su declaración patrimonial ni ha hecho público si tiene conflictos de interés.

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) no combatió lo suficiente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que se expandió con cierta complacencia desde 2011 cuando se escindió del Cártel de Sinaloa.

Esto se desprende de datos recopilados por la Unidad de Transparencia de la Fiscalía, y a los cuales el diario Milenio tuvo acceso, que evidencia cómo este grupo delictivo fue el menos perseguido durante su sexenio.

Según el último informe elaborado por la Fiscalía, de las 3,476 personas vinculadas con el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico que fueron detenidas durante el sexenio de Peña Nieto, solo 225 estaban relacionados con el grupo que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

El Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, organizaciones criminales con mucho antecedente, han sufrido menos arrestos que el CJNG. En contraste, fueron Los Zetas, con 1,099 detenidos; el Cártel del Golfo, con 893; Los Caballeros
Templarios, con 493; y Los Beltrán Leyva, con 344, las organizaciones más perjudicadas por la administración de Peña Nieto.

De acuerdo con el analista de seguridad consultado por el diario mexicano ‘Milenio’, Eduardo Guerrero, el auge de CJNG comienza en los últimos años del gobierno de Felipe Calderón, produciéndose un “gran descuido” durante el sexenio de Peña Nieto. “Realmente creció desproporcionadamente”, sostiene.

Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el Cártel de Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 23 de las 32 entidades del país, extendiéndose con mayor rapidez sobre el centro y norte del país, utilizando las aduanas de Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo, así como el puerto de Manzanillo, como puntos para traficar con sustancias ilícitas.

El CJNG, que cuenta actualmente con una treintena de grupos criminales subordinados y una veintena de socios menores, ha logrado asentar una importante base social, gracias entre otras cosas, por su influencia en la política local o por episodios como los vividos durante la pandemia, cuando repartieron alimentos y electrodomésticos en la zonas rurales con fines proselitistas para sus candidatos.