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El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que la investigación que confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, rompe todas las especulaciones sobre la existencia de un pacto de impunidad con López Obrador.

“Eso rompe toda la especulación que había, la intriga de que existía un acuerdo de complicidad y de otorgar impunidad al expresidente Enrique Peña Nieto”, externó el legislador en conferencia de prensa.

Y es que la FGR informó ayer que está desarrollando tres carpetas de investigación que involucran al expresidente Enrique Peña Nieto, por presuntos delitos electorales, lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales e enriquecimiento ilícito.

El petista insistió en que es un clamor popular investigar a los expresidentes, pues: “no hay lugar donde la gente no exija que se inicien procesos penales contra los expresidentes, de Salinas a Peña, que se vayan a la cárcel y regresen lo robado”.

Sin embargo, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que la investigación contra el priísta no es más que un circo montado por el presidente en sus mañaneras.

En un video publicado en sus redes sociales, Zambrano dijo que al momento en que es AMLO quien en sus conferencias revela la supuesta investigación, y luego la Fiscalía confirma la integración de carpetas, le da a los defensores de Pena Nieto y al expresidente mismo, los elementos para que denuncien que se violó el debido proceso y con eso cualquier acusación termine por caerse.

“El pacto de impunidad sigue vive, está vigente. Y lo sigue defendiendo el propio López Obrador aunque parezca lo contrario”, sostuvo el perredista.

Finalizó indicando que la forma de “leer” a López Obrador es que cuando dice una cosa se refiere a lo contrario. Explicó que cuando AMLO dice que no hay impunidad, es porque sí la habrá; que cuando dice que se investiga algo, es que realmente no se atiende el asunto.

Reiteró que cuando López Obrador defiende la democracia y rechaza una dictadura, es que realmente quiere lo contrario, y como muestra dijo, fue la elección interna de Morena del fin de semana pasado.

La constructora española OHLA dijo este miércoles que colaborará con las autoridades de nuestro país para esclarecer cuestiones relacionadas con las investigaciones contra el expresidente Enrique Peña, esto luego de que la FGR indicara que hay diversas denuncias que involucran a OHL México.

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que investigaba al exmandatario por delitos como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias ilegales internacionales, precisando que una de las pesquisas estaba vinculada a OHL por delitos electorales y patrimoniales.

“Los hechos referidos se remontan al año 2017 y a OHL México. En dicho año, se anunció la venta de OHL México y de toda la división de concesiones (…) a Aleática”, detalló la compañía en un mensaje vía correo electrónico, con lo que OHL México ya no es parte del grupo.

“Grupo OHLA colaborará en todo lo necesario con las autoridades mexicanas para aclarar cualquier hecho cuestionado”, agregó en su comunicado.

Recordó que grupo OHLA mantiene una política de cero tolerancia contra la corrupción, y tiene, desde el 2002, códigos éticos que supervisan y atienden estos temas. Destacó que en sus 110 años de historia, la empresa no ha sido condenada por ningún supuesto de corrupción.

El mes pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que entregó a la Fiscalía una carpeta de investigación que se aperturó desde octubre de 2021, en la que se detallaban varias transferencias millonarias a Peña Nieto, quien se encuentra en España, por parte de familiares.

“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”, sostuvo Pablo Gómez. titular de la UIF, al intervenir en la conferencia de Palacio Nacional.

Detalló que en agosto de 2019, EPN recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos, todas estas por movimientos de transferencias bancarias, de parte de un familiar del exmandatario desde una cuenta en México a otra en España.

Gómez añadió que el mismo familiar aplicó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por un valor de 29 millones de pesos. Dicha persona registró retiros de las cuentas por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.

Tras lo dado a conocer por el funcionario, el expresidente respondió a través de un mensaje en Twitter señalando que esperaba se le permitiera “aclarar cualquier cuestionamiento” a su patrimonio, que dijo, era legal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que su postura ya es conocida, que solo presentaría denuncias contra los expresidentes si el pueblo así lo decidía en la consulta que se realizó el año pasado sobre este tema.

López Obrador dijo esto al ser consultado sobre lo informado ayer por la Fiscalía General de la República (FGR) en relación a las investigaciones que tiene en curso contra el expresidente Peña Nieto.

Afirmó que su postura es que “miráramos hacia adelante”, procurando no repetir actos ilegales y de corrupción, y no quedarse “anclado” con denuncias y que predominara la venganza.

El presidente señaló que pese a su postura, los procedimientos legales que existen, contra quien sea, deben seguir su curso, pues él no puede pedir al fiscal, Alejandro Gertz Manero, o a cualquier otra dependencia, que no actúe.

Precisó que será la autoridad correspondiente quien tendrá que resolver, aunque eso es distinto a que el gobierno haya presentado nuevas denuncias.

Sobre si el expresidente Peña Nieto debe regresar al país para enfrentar las acusaciones que se le formulan, López Obrador dijo que no es una decisión que le corresponda a él, sino a la Fiscalía.

“No es mi fuerte la venganza. Y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón, sino ya hubiésemos presentado denuncias en contra de Calderón o en contra de Fox, o de Zedillo, o de Salinas”, respondió AMLO.

Recordó que cuando él era parte de la oposición, presentó denuncias contra varios expresidentes, pero señaló que como ya tiene tiempo, lo más probable es que estén en el archivo.

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que se encuentra integrando carpetas de investigación en contra del expresidente Peña Nieto, por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Señaló que hay un caso que incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, que ha sido blanco de denuncias por parte del presidente López Obrador, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales.

Además, la Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz Manero, señaló que a partir de denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales vinculadas al también exgobernador del Estado de México.

Finalmente, precisó que existe otra carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.

Sobre aviso no hay engaño… o traición. Así fue como se expresó el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, al informar que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de compañeros de movimiento por por tráfico de influencias, entre otros delitos.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Mier Velasco detalló que la denuncia la presentó en contra de Santiago Nieto, ex titular de la UIF; Miguel Barbosa, gobernador de Puebla; Alejandro Armenta, senador de Morena, y el fiscal estatal, Gilberto Higuera.

La denuncia se presentó por los delios de revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos, con el propósito de “perjudicar sistemáticamente a Morena, y a personas que les son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales”.

“Le pido con firmeza a la Fiscalía General de la República realice las indagatorias conforme a derecho, cuidando el sigilo y el debido proceso, para evitar falsas narrativas como lo hicieron en mí contra y que motivó que la Unidad de Inteligencia Financiera emitiera enérgico extrañamiento a la Fiscalía del Estado de Puebla por falsear información”, sostiene el diputado en su mensaje.

Y es que recordemos que el mes pasado, Pablo Gómez, actual titular de la UIF, informó que el gobernador y el fiscal de Puebla filtraron una investigación contra el diputado, en el que se señalaba supuesto  lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.

Y es que Mier Velazco. con supuesta información que salió desde el palacio de gobierno de Puebla, en complicidad con el extitular de la UIF, fue señalado en meses pasados de estar implicación en prácticas de lavado de dinero a través del Diario Cambio en Puebla, del que es socio, y que también involucraría a su director editorial, Arturo Rueda.

Se le señaló de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y evadir impuestos por cerca de 400 millones de pesos junto a otros socio y directivos del diario.

Luego de que el titular de la UIF ofreciera detalles de la investigación que se entregó a la FGR en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió no hacer juicios sumarios y actuar con transparencia.

López Obrador dijo que la instrucción que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas, deben de ser analizadas y de inmediato entregadas a la Fiscalía General de la República.

“Todo lo que se tenga se envía a la fiscalía, que es la instancia que va a investigar. Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad”, sostuvo AMLO.

Dijo que quien va a resolver si hay algún delito es un juez del ministerio público, pues dijo, el gobierno federal no persigue a nadie ni fabrica delitos.

“Es cuestiones de investigación, es inteligencia financiera, pero eso no significa ocultar nada, nada más actuar con responsabilidad, y que también quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie”, añadió.

Recordó que desde que asumió el poder, él dijo que se iba a seguir hacia delante, nada de actos espectaculares como los que acostumbraban los gobiernos anteriores. “Desde que tomé posesión fijé mi postura: sólo si el pueblo lo pide en una consulta, se abre investigación, me refiero al Ejecutivo, a un expresidente, porque no es ese el propósito, no queremos quedarnos empantanados en el escándalo, no. Nos importa, en serio, acabar con la corrupción, no el circo, no el espectáculo”, dijo AMLO.

López Obrador fue cuestionado si su planteamiento no dejaba abierta la puerta a actos de impunidad, algo que rápidamente negó.

“No proteger a nadie, a nadie. Si hay elementos yo no le voy a decir a Pablo, porque él es una gente honorable, honesto, ni él me va a mí a decir que no hagamos algo para proteger a un político, inclusive a un compañero o a un familiar, no. Nosotros venimos de un proceso de lucha y lo que queremos es limpiar de corrupción al país, que no haya corrupción y que no haya impunidad para nadie. Ni le voy a decir al fiscal: Oiga, no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona. Cuando yo le diga eso al fiscal ya no tengo autoridad. Ya el que tendría, si no más autoridad, más dominio en el gobierno sería el fiscal”, respondió.

Finalizó señalando que será la Fiscalía quien resuelva, con autonomía como lo hace en todos los casos que sigue.

Luego de que se confirmara que la carpeta ya se encontraba en poder de la Fiscalía General de la República, el expresidente Peña Nieto aprovechó sus redes sociales para responder.

En un breve mensaje dijo que en relación a la denuncia presentada en su contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, confiaba en que ante las autoridades competentes se le permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio.

Peña Nieto dijo que demostrará la legalidad de su patrimonio, dentro de los procedimientos legales. “Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”, remató.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer esta mañana que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una carpeta contra el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esta sería la primera acusación formal contra Peña Nieto, a pesar de los reiterados señalamientos de actos de corrupción durante su administración.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho de la lucha contra la corrupción el tema principal de su gobierno, no había actuado contra ninguno de sus antecesores; ello ha levantado la sospecha de un supuesto pacto entre EPN y AMLO.

Sin embargo, la denuncia presentada por la UIF no significa que en automático se proceda penalmente contra el priísta. Será ahora la Fiscalía quien determine si presenta cargos formales.

Pablo Gómez, titular de la UIF, indicó que se detectaron que dos empresas dirigidas por la familia de Peña Nieto recibieron alrededor de 500 millones de dólares en contratos del gobierno mientras él era presidente.

No mencionó el nombre de las empresas, pero dijo que eran una especie de distribuidoras, y que el expresidente era accionista.

Gómez agregó que Peña Nieto había recibido transferencias de dinero de un familiar, aparentemente vinculado a las dos compañías, por alrededor de 26 millones de pesos (1.3 millones de dólares) después de dejar el cargo. El funcionario agregó que las cuentas de Peña Nieto y las de las empresas no han sido bloqueadas.

“Se detectó un esquema en donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”, sostuvo Gómez al intervenir en la conferencia de Palacio Nacional.

Detalló que en agosto de 2019, EPN recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones 702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718 mil pesos, todas estas por movimientos de transferencias bancarias, de parte de un familiar del exmandatario desde una cuenta en México a otra en España.

Recordemos que Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo, donde se ha dejado ver disfrutando de una vida de lujos.

Gómez añadió que el mismo familiar aplicó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por un valor de 29 millones de pesos. Dicha persona registró retiros de las cuentas por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este martes que la muerte de 51 migrantes en un tráiler en Texas muestra la necesidad de luchar contra la “industria criminal” de tráfico de personas.

“Este incidente subraya la necesidad de luchar contra la multimillonaria industria criminal que abusa de los migrantes y conduce a la muerte a demasiados inocentes”, indicó en un comunicado Biden desde Madrid, donde asiste a la cumbre de la OTAN.

“Explotar a personas vulnerables con fines de lucro es vergonzoso”, criticó Biden, prometiendo que su gobierno “seguirá haciendo todo lo posible para impedir que los contrabandistas y traficantes de personas se aprovechen de las personas que intentan entrar en Estados Unidos”.

Sin embargo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, culpó al presidente Biden de haber provocado la muerte de los
migrantes.

“Estas muertes pesan sobre Biden. Son el resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas. Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley”, sostuvo Abbott en su cuenta de Twitter.

Al respecto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dijo que su división de Investigaciones de Seguridad Nacional estaba llevando a cabo una investigación sobre “un supuesto evento de contrabando de personas” en coordinación con la policía local.

Sobre esto, el gobierno mexicano informó que se abrirá una carpeta de investigación respecto a la tragedia en San Antonio, Texas.

Fue el canciller Marcelo Ebrard quien indicó que en una llamada con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se indicó que se abrirá una carpeta de investigación por hechos relacionados en territorio mexicano. El titular de la SRE dijo que un equipo de la FGR se desplazo hacia Texas para ese fin.

Autoridades han dicho que el camión podría haber transportado a unos 100 inmigrantes, pero el número exacto sigue sin estar claro, dijeron un funcionario local y una fuente de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP) informado de la investigación.

Los migrantes fueron rociados con una sustancia picante, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, con el fin de disimular el olor de la carga humana y evadir la detección canina.

Por su parte el Instituto Nacional de Migración (INM) informaron que están ayudando a las familias de las víctimas y al traslado de los cuerpos, pues de acuerdo al último balance, de los 50 migrantes muertes, 22 eran de origen mexicano.

Las muertes ponen de manifiesto una vez más el reto de controlar los cruces de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, que han alcanzado cifras récord.

Luego de las filtraciones de conversaciones entre Emilio Lozoya Thalmann y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que aluden al abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, así como a diversos abogados que prestan sus servicios en el despecho que encabeza,  Javier Coello Trejo indicó que analiza proceder en jurídicamente por las expresiones “vejatorias, denigrantes y abusivas” que se refieren.

En un comunicado de prensa, el abogado recordó que en agosto de 2017, Lozoya Austin le otorgó, junto a diversos abogados de su despacho, poder general para pleitos y cobranzas, con el fin de defenderlo ante las acusaciones que enfrentaba, en relación con su función como director general de Pemex.

A pesar de la serie de escritos, promociones, estudios técnicos jurídicos y diligencias, incluso ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), sorprendentemente a finales de mayo del 2019, la actual Fiscalía General de la República (FGR) libró una orden de aprehensión en contra de el exfuncionario, su hermana Gilda Susana Lozoya Austin y Alonso Ancira Elizondo, como probables responsables de sobornos, por la adquisición de la planta de Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA).

Narró que en julio de 2019, la Fiscalía a través del Ministerio Público solicitó a un Juez de control el libramiento de una orden de aprehensión contra las personas mencionadas, añadiendo a la esposa del licenciado Lozoya Austin, Marielle Helene Eckes.

Dijo que días después, fue detenida en Alemania la madre de Lozoya Austin, Gilda Margarita, quien cuenta con una solicitud de extradición sin que haya comparecido ante ninguna autoridad judicial alemana.

“Ante la situación de que ERLZ se encontraba prófugo de la justicia, al igual que su hermana y su madre estaba detenida en Alemania, el señor Emilio Lozoya Thallman (Padre de Emilio Lozoya) solicitó una reunión con el Dr. Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, situación de la cual fui informado por el propio Sr. Lozoya Thallman, quien incluso, ante la persecución de toda su familia y la falta de confianza en el Fiscal, me solicitó que obtuviera una suspensión de amparo, tanto para él como para su hijo Juan Jesús Lozoya Austin y así ir protegidos a la reunión”, añadió.

El abogado apunta que luego de varios eses, la relación del despacho con Lozoya Thallman se fue desgastando y deteriorando, toda vez que tanto el papá como el hermano del exdirector de Pemex acudían a reuniones con el Fiscal General y el Subprocurador Juan Ramos, sin avisarle o compartirles detalles al despacho.

Afirmó que una vez que Lozoya Austin fue detenido en febrero de 2020 en España, se incrementó la tensión y el distanciamiento con su padre, ya que había una discrepancia total en la estrategia legal que mi despacho sugería y la que él quería seguir.

Relató que en junio del 2020, Emilio Lozoya Austin le envió una carta de agradecimiento por los servicios prestados por mi despacho, dejando entrever una clara coacción y presión que ejercía la Fiscalía sobre él y su entorno familiar. El abogado asegura que le requirió liquidara los honorarios pactados más los gastos que se habían realizado con motivo de la defensa tanto de él como de su familia. Esta solicitud resultó en un convenio de reconocimiento de adeudo y dación en pago, lo cual no se ha cumplido hasta ahora, e incluso revela que “en una forma por demás fraudulenta” le revocó los poderes que le había dado para recuperar una deuda con la que se cubriría el adeudo.

Sobre la filtración en recientes días, donde el Fiscal Alejandro Gertz Manero “intimida, coacciona y obliga tanto a Emilio Lozoya Thallman como a su hijo Juan Jesús a que se desistan de los amparos demostrarían la negociación que se estaba llevando a cabo”.

Coello Trejo dijo que el Fiscal “se expresa con palabras altisonantes contra mi persona, pidiendo expresamente que me releven de la defensa. Cabe mencionar que si bien, no menciona mi nombre, en ese momento yo era el abogado defensor”.

El abogado puntualiza que analiza lo que jurídicamente pueda proceder en contra de las expresiones “vejatorias, denigrantes y abusivas con la que me trata en esa grabación el Fiscal General de la República, de quien fui su abogado, rescaté a su hermano, le presté servicios a su hija e incluso sigo siendo su apoderado, a pesar de que le solicité me revocara los poderes”.

Coello Trejo afirma que es muy preocupante y relevante, que se divulguen en redes sociales y medios de comunicación grabaciones del Fiscal General de la República, encargado de la procuración de justicia en México.

Acusó que eso deja en evidencia la vulnerabilidad que existe en la Fiscalía. Añadió que si conversaciones que deberían permanecer en un ámbito privado y confidencial son publicitadas, podría estar sucediendo lo mismo con la estrategia y acciones contra la delincuencia, lo cual explicaría la situación en inseguridad que vive el país.

Remató señalando que las filtraciones también dejan ver el uso faccioso del Fiscal de la institución que encabeza y de la justicia en el país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este martes que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, no ha solventado la reparación del daño en los dos procesos que enfrenta por el escándalo de soborno de Odebrecht y que lo mantienen en prisión preventiva.

“Conozco el comunicado de la Fiscalía (General de la República), que aseguraron que no hay reparación del daño y que hay asuntos pendientes que impiden que él pueda tener algún beneficio para enfrentar su problema judicial”, señaló el mandatario al ser consultado durante su conferencia de prensa matutina.

A pregunta expresa de si el exdirectivo había llegado a un acuerdo con Pemex, López Obrador aseguró que “no, todavía”.

Recordó que se pagaron impuestos por 2.5 millones de pesos “pero eso no es el daño mayor” y dijo que si eso fuera el pago por reparación de daños que le otorgara la libertad a Lozoya “además de una irregularidad, por decir lo menos, íbamos a quedar nosotros como cómplices”.

Sin embargo, dijo no saber cuál debería ser el monto para considerar la reparación del daño aunque recomendó llegar a un acuerdo en el caso y devolver los recursos, que serían utilizados en beneficio de la gente.

“Por eso estamos de acuerdo en que si se repara el daño se den facilidades pero que se devuelva el dinero porque antes robaban y al final hasta se les tenía que devolver lo confiscado”, lamentó.

Comentó que la titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, se comunicó con él debido a que los abogados de Lozoya hicieron gestiones para buscar opciones legales pero no precisó cuáles.

Y es que ayer, la FGR emitió un comunicado en el que apuntó que Lozoya, quien se encuentra en prisión por presunta corrupción, no había cumplido con la reparación del daño en los dos procesos que enfrenta por lo que seguirá en la cárcel.

Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos ante la justicia, ambos por corrupción.

El primero es sobre la compra a sobreprecio de la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos. El segundo, por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña y la presidencia de Enrique Peña Nieto.

El pasado 19 de abril, Lozoya libró una nueva acusación en su contra por el delito de defraudación fiscal tras ofrecer un pago de 2.6 millones de pesos para reparar el daño.

Sin embargo, la Fiscalía precisó que ese pago de impuestos “no tiene vinculación de ninguna naturaleza, ni conexión de ningún tipo con los dos casos anteriores”.

A Lozoya, quien dirigió la petrolera de 2012 a 2016, bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto, México lo extraditó desde España como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero el pasado noviembre ingresó en prisión preventiva tras protagonizar un escándalo por cenar en un restaurante de lujo.

Sin embargo, este martes, el equipo legal de Emilio Lozoya, el despacho Ontiveros Consulting, emitió un comunicado en el que señaló que, respecto a la reparación de daño, sin especificar a qué acusación se refería, el exfuncionario “recientemente cubrió el monto total fijado por las autoridades hacendarias y la Procuraduría Fiscal de la Federación”.

Y adelantó que en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, hay una absoluta disposición de cubrir el monto de la reparación del daño que, para los dos casos, han solicitado las víctimas y que han sido aprobadas por el Consejo de Administración de Pemex.

 

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) informó que desplazó a personal ministerial a los seis estados donde este domingo se celebran elecciones: Aguascalientes, Oaxaca, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo e Hidalgo.

La FISEL indicó que se atenderán, en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), las denuncias de posibles delitos electorales federales que se presenten.

La dependencia indicó que hasta el cierre de las campañas, había recibido 29 denuncias de carácter federal, en lo que va de este proceso electoral, que inició en abril pasado.

La autoridad puso a disposición de la ciudadanía los canales por los que se podrá realizar alguna denuncia, ya sea por ser testigo de conductas indebidas o por ser víctima de un delito electora: vía telefónica al 800 833 72 33 o el portal fedenet.org.mx.

Y aunque el INE ha llamado a la ciudadanía a reportar cualquier caso de delito electoral, indicó que no son la autoridad responsable de castigar estos delitos, y pidió dirigir las denuncias a la Fiscalía Electoral.

El diputado del PAN, Gabriel Quadri, presentó ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra quienes resulten responsables, por el internamiento en México de “médicos esclavos cubanos y por violación a las leyes de trata personas, migración, educación y derechos humanos”.

El diputado de oposición exigió medidas cautelares para impedir que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “traiga nuevos médicos esclavos cubanos en los términos en los que firmó acuerdos con la dictadura cubana en su reciente viaje a dicha isla”.

Afirmó que la presencia de Médicos Cubanos en México bajo dicho esquema viola el convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzoso. Además, indicó que se viola la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, ya que estas acciones conllevan a esclavitud y explotación laboral.

Quadri de la Torre expuso que además de la explotación ilegal y de esclavitud contemporánea, se viola la Ley General de Educación y el requisito de revalidación de estudios realizados en el extranjero; explicó que los médicos cubanos no acreditan y no tienen cédula profesional para poder ejercer la medicina en nuestro país, lo que constituye usurpación y, por lo tanto, un delito.

El legislador agregó que también se viola la Ley de Migración en sus artículos 10 y 11, que establece el derecho a los migrantes a la preservación de la unidad familiar, y el artículo 17, que señala que son las autoridades mexicanas, las que podrán retener la documentación migratoria de estas personas, siendo que son las autoridades cubanas quienes les retienen sus pasaportes y otros documentos migratorios.

“Es fundamental investigar y sancionar penalmente el internamiento en México de médicos esclavos cubanos, estamos interponiendo esta denuncia, a quien resulte responsable, empezando por el presidente López Obrador”.

Para finalizar, denunció que estos médicos “carecen de un contrato, son vigilados día y noche por comisarios políticos de la dictadura, quienes se aseguran que cumplan con sus labores de propaganda, que no deserten, que no huyan, que no se queden, que no se vayan y que sigan bajo este esquema de esclavitud”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en defender al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien la semana pasada tuvo una derrota en tribunales, en el caso que había presentado en contra de un grupo de abogados ligados al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

Bueno, en cuanto a lo del litigio, la verdad es que nosotros no intervenimos en estos asuntos, tiene que ver con ministerios públicos, con jueces y hasta ahí nos quedamos.

“No, para nada, no (no hay desgaste). Hay desgaste cuando no se actúa bien, cuando hay corrupción, desde luego impunidad. Nosotros tenemos que buscar eso, desterrar la corrupción y acabar con la impunidad”, respondió al mandatario al ser consultado sobre el tema.

Y es que la semana pasada, el juez federal, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, decidió no vincular a proceso a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y al asesor financiero, David Gómez Arnau, cercanos a Julio Scherer.

A los 4 la FGR los imputaba por lavado de dinero, tráfico de influencias, extorsión y asociación delictuosa, a partir de denuncias del abogado Juan Collado, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 2019 por delincuencia organizada. 

La Fiscalía presentó la acusación formal porque supuestamente, Scherer utilizó las instituciones para tener una red delictiva dedicada a la extorsión y tráfico de influencias.  Argumentó que las extorsiones causaron daño a Collado por más de 37 millones de pesos. 

Sin embargo, después de una audiencia de más de 20 horas, el juez Delgadillo concluyó que los argumentos presentados no tenían fundamentos y por el contrario, advirtió sobre irregularidades en el actuar del Ministerio Público, y dijo que junto a la FGR actuaron de mala fe. 

En respuesta, la Fiscalía General de la República reiteró su apoyar al Ministerio Público de la Federación y rechazó la resolución de Delgadillo Padierna, el mismo juez que actuó en el caso de Rosario Robles, al considerar ilegal descalificar los más de 75 datos de prueba que se presentaron. 

La FGR informó que apelaría el fallo, además de que presentaría una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, así como abrir una carpeta de investigación penal sobre el caso. 

Refiriéndose al tema, López Obrador insistió esta mañana en que ni el gobierno ni él se meten en disputas que se llevan a cabo entre quienes pelean por dinero. Dijo que el gobierno solo intervendría cuando se trate de asuntos graves.

Indicó que hay muchísimos “pleitos, querellas, denuncias de todo tipo, aquí me pasaría todo un día hablándoles de los pleitos judiciales, por ejemplo, de las herencias; pero son como para escribir libros, de cómo se pelean los que tienen dinero o reciben herencias y cómo hay confrontación en las familias, y toda la descomposición que se produce, pero de lo más inhumano, hasta en familiares, por el dinero, que es la mamá y, para hacerlo en términos de equidad, la mamá y el papá del diablo, el dinero”, señaló AMLO.

Ya en ocasiones anteriores, López Obrador ha preferido no apoyar a alguno de los bandos; ha hablado de su afecto a Julio Scherer, a quien ha calificado como su hermano, mientras que también ha defendido el desempeño de Gertz Manero y rechazado su remoción.

La Fiscalía General de la República (FGR) manifestó su apoyo al Ministerio Público Manuel Granados Quiroz, y a su equipo de trabajo, quienes estuvieron al frente del proceso que se seguía en contra de abogados y un asesor financiero ligados al exconsejero jurídico de la Presidencia, mismo que fue desechado por un juez este jueves.

La Fiscalía “se opone terminantemente a la resolución ilegal del Juez de Control Federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna”, dijo la FGR en un comunicado.

Alegó que el juez descalificó y agredió groseramente al ministerio público, negándose a tomar en cuenta más de 75 datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora. Dijo que Delgadillo Padierna se dedicó prioritariamente a realizar la defensa del Scherer Ibarra, quien no estaba imputado, aunque dijo que sí existían una serie de pruebas sobre su participación en los delitos de los que se le imputaron a los abogados.

Delgadillo Padierna inválido esta mañana el proceso que la FGR presentó en contra de Juan Araujo, César Omar González, Isaac Pérez y David Gómez, acusados por Juan Collado de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero.

Subrayó que el abogado defensor del caso, Alejandro “R”, quien fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, propuesto por Julio Scherer. El abogado, días antes de la audiencia, afirmó públicamente que se iba a “acabar esta venganza”, resultando extraño que el juez coincidiera y calificara la imputación de “venganza”, sin que hubiera prueba alguna de ello.

La Fiscalía advirtió que presentará de inmediato el recurso de apelación en contra de la resolución del juez. Además, dijo que se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“La FGR ratifica su respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación. Uno o varios casos no van a motivar confrontación alguna con dicho Poder del Estado Mexicano, y mantendremos ese criterio, a pesar de toda la presión mediática que quiere convertir la procuración de justicia en un choque institucional, en un escándalo o en un encubrimiento”, sostuvo la dependencia, encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Finalizó señalando que la conducta inadmisible del juez en este caso no habrá de inhibir al Ministerio Público a judicializar todos los casos en que haya corrupción, tráfico de influencia o intereses ajenos a la justicia.

Un juez ha decidido no vincular a proceso a tres abogados y un asesor financiero, todos cercanos a Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia, por supuesta extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fue el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna quien desestimó los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), que buscaba vincular a proceso a Juan Araujo, César Omar González, Isaac Pérez y David Gómez Arnau.

El proceso judicial que se seguía tenía sus origen en una denuncia hecha por Juan Collado, quien se encuentra en prisión desde julio de 2019, y acusaba a los abogados y asesor de tener un vínculo cercano al entonces funcionario, quienes le habrían pedido hasta 2,000 millones de pesos para tramitar su salida de prisión.

La acusación señalaba que Collado había dado 10 millones de pesos para frenar la investigación en su contra que llevaba la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además, aseguraba haber pagado 1.3 millones de dólares para dejar la prisión.

El fallo del juez, el mismo que actuó en el caso de Rosario Robles, significa un fuerte revés para el Fiscal, Alejandro Gertz, quien se sabe mantiene una rivalidad con Scherer Ibarra desde hace tiempo atrás, lo cual se especula fue una de las razones para dejar el gabinete.

Delgadillo Padierna precisó que la Fiscalía señaló a Scherer Ibarra como parte fundamental de la asociación delictuosa de la que imputó a los cuadro investigados, pero él no fue citado a comparecer, lo que el juzgador consideró como un intento de “imputación ficticia” contra el exconsejero jurídico, con lo que violó su presunción de inocencia.

Precisó que la FGR inició un procedimiento “ilegal” contra los investigados porque sabía que el criterio de oportunidad solicitado por Collado era improcedente. Dijo que la FGR no presentó dato alguno que ayudara a establecer la existencia de un delito por parte de alguno de los investigados.

Ante esto, ordenó dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que investigue y determine si Juan Collado o los fiscales violaron los derechos humanos de los acusados. “La Fiscalía General de la República se ha conducido con mala fe y mala intención”, dijo el juez.

Este es uno de los casos por los que el Fiscal ha sido acusado por utilizar el poder de la justicia a su favor. Hace algunas semanas, Scherer respondió con una carta publicada en el semanario Proceso, donde acusó a Gertz Manero de tráfico de influencias.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a salir en defensa del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre quien dijo tener información de movimientos bancarios provenientes de la la Universidad de las Américas (UDLA), aunque en ninguna había indicios de actos de corrupción.

“Ya tengo información sobre algo parecido; sin embargo, en la información que llegó a mis manos no hay elementos para poder presumir de que hay actos de corrupción. De todas maneras, vamos a ver lo que tú estás planteando”, respondió AMLO a un reportero que llevó documentos que confirmaban el “flujo financiero” de las cuentas de la  Universidad a diversas cuentas vinculadas con Gertz Manero.

López Obrador relató que el titular de la FGR desde hace mucho tiempo es dueño de la Universidad, que dijo, es una filial que se desprendió hace años de la Universidad de las Américas de Puebla. “Creo que él originalmente estaba en la Universidad de las Américas y luego se dividieron y él se hizo cargo de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México desde hace bastante tiempo”.

Como ha sucedido en otros casos, el presidente dijo que este tipo de acusaciones y señalamientos debían tomarse con mucho cuidado, ya que son conocidas las diferencias y confrontaciones que hay entre el fiscal general y otros grupos de abogados.

“Cuando hay pleito de abogados son pleitos… ¡Qué bárbaro! Entre abogados, sí, pero nosotros lo que hacemos es que actuamos con justicia, con rectitud y no nos dejamos llevar”, añadió López Obrador.

Recordemos que en marzo pasado, El Universal publicó que Gertz Manero utilizó la UDLA  para enviar fuertes cantidades de dinero a sus cuentas bancarias, así como a la de familiares en México y el extranjero, incluso cuentas en paraísos fiscales.

El diario reportó que de acuerdo con un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las cuentas bancarias de la Universidad registraron movimientos que beneficiaron al Fiscal y su familia por al rededor de 150 millones de pesos.

El Ejército informó este martes sobre la detención de Juan Miguel “N”, alias “El Johnny”, considerado operador principal en el tráfico de droga que procede desde Suramérica y buscado por el gobierno de Estados Unidos.

La captura, revelada hoy, ocurrió el viernes pasado en Tepalcatepec, Michoacán, estado donde presuntamente operan  Los Rojos, grupo  delictivo de “El Johnny”, que también tiene presencia en los estados de Morelos, Guerrero, Puebla y Estado de México.

En el operativo se empleó un helicóptero de la Fuerza Área Mexicana con la intervención en tierra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), se informó.

Las autoridades afirmaron que su captura se realizó “con estricto apego al Estado de derecho, con pleno respeto a los derechos humanos y sin necesidad de efectuar un solo disparo”.

“La materialización de reconocimientos aéreos y terrestres generó mediante operaciones de engaño, confusión a los integrantes de la delincuencia organizada, lo que permitió a su vez la ubicación del vehículo blindado en el que se transportaba Juan Miguel”, detalló la Sedena en un comunicado.

El Ejército identificó al presunto capo como “importante integrante de la delincuencia organizada y blanco prioritario” de Estados Unidos por los crímenes de lavado de dinero, asociación delictuosa y contra la salud, relacionados con drogas.

Aunque no detalló cuál será el futuro del detenido, la Sedena informó que existe una orden de detención provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos. Su captura “representa un golpe contundente a la delincuencia organizada”, concluyó la dependencia.