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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó esta mañana sobre la detención de Rosalinda “N”, esposa de “El Mencho” Oseguera, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La dependencia indicó que la detención se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en una acción realizada ayer en Zapopan, Jalisco.

Señaló que a Rosalinda “N” está acusada de diversos delitos, además de que según los indicios, se le relaciona con la operación financiera del CJNG.

Mediante la planeación y puesta en marcha de manera coordinada de actividades de inteligencia en Jalisco, elementos del Ejército Mexicano, lograron la ubicación, identificación y detención de Rosalinda “N”; esta detención fue considerada por la Sedena como un golpe significativo para la estructura financiera del grupo delictivo.

Se informó que la detenida fue puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil Morelos” en Coatlán del Río, Morelos.

En el operativo participaron elementos del Ejército, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará prisión preventiva para el excandidato presidencial Ricardo Anaya, por la carpeta que se le sigue referente a los señalamientos que hiciera el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, que le sitúan como uno de los beneficiarios de la trama corrupción ligada a Odebrecht durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las autoridades fiscales mexicanas van a presentar la misma estrategia que hace unos meses utilizaron con Jorge Lavalle Maury, quien tras comparecer por videoconferencia fue solicitada su presencia ante el juez para debatir las medidas cautelares que se le impondrían hasta que se resuelva su situación jurídica.

Anaya tiene permitido comparecer este lunes a través de videoconferencia, pero deberá hacerlo, tal y como le marcó el juez, desde Ciudad de México y en presencia de un abogado, después de que éste no se presentara en la anterior audiencia.

La Fiscalía solicitará su presencia física una vez sea imputado y, en caso de no comparecer, le considerará fugado de la justicia y por ende pedirá su detención. Así lo revela el diario Milenio.

Anaya forma parte de la lista de políticos señalados por Lozoya de haber recibido sumas millonarias a cambio de su voto para avalar la reforma energética impulsada por el expresidente Peña Nieto.

Según la investigación, basada en las declaraciones de Lozoya, Anaya habría recibido 6.8 millones de pesos mexicanos en sobornos, por lo que se solicitará su imputación por delitos de cohecho y asociación para delinquir.

Recordemos que la semana pasada, la FGR logró también que la justicia decretase una orden de detención contra el antecesor de Lozoya en Pemex, Carlos Treviño, después de que no compareciera ante las autoridades el 7 de septiembre por un delito de asociación para delinquir y otro de lavado de dinero por una serie de delitos de corrupción que habría cometido en el caso de la planta Etileno XXI.

Lozoya, que hasta ahora había evitado entrar en prisión a cambio de ofrecer más pruebas sobre la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusó a Treviño de haber recibido cuatro millones de pesos en sobornos en 2014 a través del que fuera secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

En prisión preventiva, Lozoya está siendo investigado en el caso de la brasileña Odebrecht, así como en de la empresa mexicana de fertilizantes Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado el 17 de julio a México.

Sobre el caso Anaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que el panista debe comparecer ante las autoridades y aclarar si recibió sobornos de los que se le acusa.

Además, aseguró que el excandidato presidencial estableció una muy buena relación con el expresidente Peña Nieto, “eran como socios políticamente hablando, entonces de repente se rompió ese acuerdo, y ya en campaña, me consta, en un debate lo planteó, él habló que si ganaba iba a meter a la cárcel al presidente Peña, hubo una muy buena relación y una ruptura fuerte”, relató el mandatario.

Tal como lo ha venido sosteniendo, AMLO volvió a rechazar de haber solicitado a las autoridades que se actúe contra Anaya. Afirmó que la venganza no es su fuerte.

“Debería enfrentar las cosas y aclarar cuál era su relación con Peña, qué temas trataron, cuál fue su papel cuando de aprobaron las llamadas reformas estructurales”, añadió López Obrador. Incluso cuestionó quién le aconsejó al panista que amenazara a Peña Nieto de meterlo a la cárcel durante la campaña presidencial.

Suman ya 24 detenidos por el caso de nueve miembros de la familia LeBarón, pertenecientes a una comunidad mormona del norte del país, que fueron asesinados en noviembre de 2019, informó este jueves la Fiscalía General de la República (FGR).

“Cinco han sido acusadas por homicidio calificado, tentativa de homicidio, y daños y participación directa en los hechos. El resto han sido judicializados por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego”, expresó en un comunicado la FGR, que atrajo el caso pocos días después de estos hechos que cumplen dos años este jueves 4 de noviembre.

El organismo detalló también que todos los detenidos se encuentran vinculados a proceso y nadie ha obtenido libertad. Además, se indicó que el personal de la instancia se reunió 18 veces hasta el momento con las familias de las víctimas directas para informarles sobre los avances.

“Integrantes de las familias de las víctimas han estado presentes en cinco audiencias judiciales de formulación, de imputación y de vinculación, por los delitos de homicidio y delincuencia organizada”, preció la Fiscalía.

Por último, compartieron que durante toda la investigación la FGR contó “con el apoyo permanente y decidido” de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La comunicación de la FGR llega después de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fuera preguntado sobre el tema en su conferencia matutina.

“Decir que se avanzó en la investigación, eso es lo que puedo decir, que están detenidos los responsables, que se hizo justicia en este caso lamentable de los niños y las señoras que perdieron la vida en Bavispe y que vamos a seguir nosotros con la investigación y atendiendo a los familiares, y es probable que hoy informe la Fiscalía”, respondió el mandatario.

Apenas el pasado 23 de octubre fue detenido el presunto responsable de la masacre en el municipio de Maderada, en Chihuahua, según informó entonces la Fiscalía estatal. Adicional, derivado de un enfrentamiento, elementos de la SEDENA detuvieron a cuatro personas, entre ellos Francisco Javier Arvizu, alias “El Jaguar”, quien es el presunto responsable de un enfrentamiento que derivó en la masacre de las familias mormonas.

Recordemos que el 4 de noviembre de 2019, hombres armados con rifles de asalto dispararon en una emboscada en la sierra entre Sonora y Chihuahua, contra tres camionetas en las que viajaban mujeres y niños que salieron de la comunidad La Morita en el municipio de Bavispe.

Según una de las versiones oficiales, en el ataque un grupo criminal confundió a las familias con sus rivales, dejando a tres mujeres y seis niños muertos.

El presidente Andrés Manuel López Obrado (AMLO)  negó esta mañana estar detrás del encarcelamiento del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a quien un juez dictó ayer prisión preventiva justificada en relación al caso Odebrecht a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Yo no doy instrucciones en ese sentido. Además, la Fiscalía es autónoma. Imagínense yo recomendando algo al fiscal. Nunca lo haría y nunca lo he hecho”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema durante su conferencia de prensa matutina.

Y es que ayer, el juez de control, Artemio Zúñiga, dictó prisión preventiva justificada contra el director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, después de que la Fiscalía diera por roto el acuerdo que lo había mantenido en libertad condicional hasta ahora.

López Obrador manifestó que hay que tener confianza a la Fiscalía y defendió que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, es “un hombre recto, íntegro”, al que tiene confianza. “No va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo”, apuntó el presidente sobre el fiscal.

Asimismo, el mandatario lamentó que en el caso Odebrecht, en todos los países se castigó a funcionarios corruptos menos en México, y opinó que ahora se debe castigar a todos los responsables de recibir sobornos en esta trama.

Añadió que en este caso, no solo se ha notado el trabajo de la Fiscalía, sino el Poder Judicial.

“Veo bien lo que está haciendo la fiscalía y en este caso también es el poder judicial (…) son los que determinaron que se quedara ahí (en prisión) el señor Lozoya”, dijo el mandatario.

Recordemos que Lozoya Austin fue detenido en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio de ese mismo año. Había llevado su proceso en libertad condicional, con medidas cautelares como parte del acuerdo con la fiscalía a cambio de testificar contra otros presuntos involucrados, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario federal, Luis Videgaray.

Según una declaración de agosto de 2020, filtrada a la prensa por fuentes judiciales, Lozoya aseguró haber seguido instrucciones de Peña Nieto y de Videgaray, para gestionar sobornos que terminaron financiando la campaña a la presidencia.

Sin embargo, la fiscalía alegó ayer miércoles que Lozoya no había cumplido con los requisitos para obtener un criterio de oportunidad y ratificó los cargos en su contra por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Un juez de control impuso esta tarde, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien es acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, luego de haber gozado de libertad condicional más de un año.

El Consejo de la Judicatura Federal informó a la prensa que la Fiscalía pidió la medida cautelar porque Lozoya Austin ya no cumple con el llamado criterio de oportunidad, el cual otorga beneficios procesales a cambio de colaborar con la Justicia. Indicó que no ha ofrecido lo prometido cuando se llegó a este acuerdo.

Al pedir la palabra, el exdirector de Pemex se declaró “inocente” y propuso un “acuerdo para reparar el daño”, pero el juez de control, Artemio Zúñiga aceptó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público ante el riesgo de fuga del acusado.

La medida fue apoyada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por la actual dirección de Pemex, que participan como acusación en el caso.

La FGR acusó a Lozoya de contar con una red de protección con amplio poder económico y “prueba de ello son las fotos” del exfuncionario cenando, “con poco pudor procesal”, en un restaurante de lujo en la Ciudad de México.

En tanto, el abogado de Pemex señaló a Lozoya de “no haber hecho el más mínimo intento de reparar el daño causado. No ha habido el más mínimo acercamiento de su parte”. Por su parte el representante de la UIF adelantó que se han presentado otras denuncias en su contra y que serían otro aliciente para darse a la fuga.

En su resolución, el juez pospuso un mes más para celebrar la audiencia para cerrar la investigación y decidir la fecha del juicio, la cual tendrá lugar el 3 de diciembre. La defensa de Lozoya había pedido posponerla durante dos meses, mientras la Fiscalía quería cerrar de una vez la investigación e ir a juicio cuanto antes.

Tan pronto se conoció la decisión del juez, agentes de la Guardia Nacional detuvieron a Emilio Lozoya dentro de la sala de audiencias, para ser ingresado al Reclusorio Norte.

Al término de la audiencia, la defensa de Lozoya insistió en que continuarán buscando el criterio de oportunidad, el cual señaló se construye y va por etapas, las primeras ya cumplidas.

Recordemos que Lozoya fue detenido el año pasado en España y extraditado a México, donde se le acusa de haber recibido cerca de 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Oderecht a cambio de contratos públicos de Pemex.

Además del caso Odebrecht, Lozoya está imputado por haber comprado a sobreprecio cuando era director de Pemex una planta de fertilizantes inservible a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) a cambio de sobornos.

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó ampliar el plazo dado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que reúna pruebas a su favor en el caso que se le sigue relacionado al entramado de corrupción que gira en torno a la constructora brasileña Odebrecht.

La respuesta de los fiscales llega después de que el propio Lozoya solicitara más tiempo antes de que se procediera al cierre de la investigación complementaria sobre el caso. Está previsto que este jueves se celebre una audiencia judicial al respecto.

Fuentes cercanas al caso han indicado en declaraciones a El Universal que la defensa del exdirector de Pemex había solicitado 60 días adicionales dado que está “pendiente de una asistencia jurídica internacional para saber si el acuerdo firmado por Luis de Meneses Weyll, director de Odebrecht, ha sido o no revocado de forma definitiva”.

Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado al juez declarar cerrado el plazo para la pesquisa y poder así formular la acusación contra Lozoya y pedir la apertura de un juicio en su contra ante la posibilidad de que ya no haya más pruebas pendientes de reunir.

La semana pasada, la FGR defendió que las acusaciones de soborno en el marco del caso Odebrecht presentadas por
el antiguo director de la petrolera estatal contra los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón son “libres” y “voluntarias”.

Lozoya tiene hasta mañana 3 de noviembre para presentar pruebas válidas en este y otros casos de corrupción, así como garantías de que puede reparar el daño económico causado al Estado, para evitar que las acciones penales recaigan también sobre él.

El exdirector de Pemex está siendo investigado por su presunta vinculación en el caso Odebrecht y en el de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado a México cinco meses después.

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que el joven José Ravelo, presuntamente abusado y asesinado por policías de Mérida, Yucatán, fuera violado por policías y detalló que falleció debido a una neumonía.

“La investigación de los hechos confirmó que no existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”, indicó la FGR en un boletín.

Ravelo fue detenido el 21 de julio por policías de Yucatán y, tras el arresto, pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres en el ano, según denunció entonces su madre, María Ravelo.

Por dichos hecho, cuatro agentes fueron arrestados; sin embargo, el 13 de agosto quedaron libres porque el juez afirmó que no había pruebas suficientes. Fue en ese momento que la FGR atrajo el caso.

La FGR compartió que el 18 de agosto de 2021 la madre del joven presentó una denuncia ante dicha institución y se inició la investigación por la probable comisión del delito de tortura.

“A partir de ese momento, la Fiscalía recabó más de 50 testimoniales; también realizó 45 periciales de diversas materias (medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y vídeo, e informática, entre otros); más 35 informes de Policía Federal Ministerial (PFM), y tres inspecciones ministeriales”, detalló el organismo.

Afirmó que también se analizaron las grabaciones en video de los hechos, desde la detención hasta la llegada a la cárcel y su estancia en el penal.

“Del análisis de todos los videos, no se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Solo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto”, detalló la Fiscalía.

Recordemos que a finales de agosto se realizó la exhumación del cadáver y la necropsia, en la que se concluyó que Ravelo “falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención”. Aún así, la FGR detalló que sí existió “falsedad en dictámenes ministeriales”.

“Por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción, sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales”, continuó la Fiscalía.

Por último, la FGR explicó que continuarán las investigaciones respecto a una posible negligencia médica, por parte de médicos responsables del Hospital General del Estado.

A la brevedad del informe de la FGR, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) expresó su “extrañamiento ante las declaraciones conclusivas” hechas por la Fiscalía sobre el caso, ya que la investigación se encuentra en una fase preliminar no conclusiva.

La CEAV reclamó la falta de sensibilidad y el no haber avisado previamente a la familia, que aseguró haberse enterado a través de medios de comunicación.

“La familia de José Eduardo, al igual que cualquier persona que se acerca a una fiscalía en busca de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información sobre su caso”, expuso la CEAV.

Por último, la CEAV exhortó a la Fiscalía a detallar las acciones penales que realizará en contra de la Fiscalía General del Estado de Yucatán por la probable alteración de evidencias por parte de los funcionarios ministeriales.

Tan pronto se conoció el informe de la FGR, las redes sociales explotaron en contra del Fiscal, Alejandro Gertz Manero, a quien acusan de no hacer bien su trabajo. Se ha insistido en la renuncia de titular de la FGR.

La Interpol emitió este martes una ficha roja de búsqueda y captura contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) a acusa de lavado de dinero.

A mediados de septiembre trascendió que Gómez Mont y Álvarez Puga fueron acusados de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto superior a los 3,000 millones de pesos, por lo que se emitió una orden de arresto en su contra.

La conductora, el empresario y su hermano, Alejandro Álvarez Puga, estarían involucrados en el uso de empresas fantasma para evadir impuestos, lograr el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero.

El 29 de septiembre, la presentadora de televisión se declaró “inocente” en un video publicado en sus redes sociales y negó cualquier vínculo con la delincuencia organizada.

 

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Sin embargo, los problemas legales de Gómez Mont y su esposo no son nuevos. En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registraron las oficinas del despacho de Álvarez Puga y Asociados. El SAT señaló que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.

En 2012, el diario estadounidense The New York Times publicó que una compañía del empresario de asesoría fiscal y administrativa era en realidad un matriz de firmas fantasma. En 2016, Gómez Mont fue acusada de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos y tuvo que pagar más de 2.6 millones de pesos.

Foto: Instagram @inesgomezmon

Un juez procesó a dos peritos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por “obstaculizar” en 2014 la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

“De acuerdo con la investigación, Mauricio ‘C’ y Patricia ‘G’, probablemente realizaron actividades en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, lo cual derivó en la obstaculización de la investigación acerca del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Los dos acusados, identificados por medios locales como Mauricio Cerón y Patricia Gómez, formaban parte de la Coordinación General de Servicios Periciales de la entonces PGR y fueron procesados por un juez de control de la Ciudad de México que fijó un plazo de seis meses para que sean investigados.

Los dos funcionarios, que afrontarán el proceso en libertad, habrían perdido restos óseos hallados en el río San Juan, zona donde se investigó la desaparición de los 43 estudiantes.

Y es que según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías en Iguala, Guerrero y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Este relato, conocido como la “verdad histórica”, fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

El actual gobierno echó abajo definitivamente esta versión al identificar restos no calcinados de Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.

Además de investigar el paradero de los jóvenes, las autoridades quieren juzgar a los responsables de la investigación en el gobierno anterior, liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un posicionamiento respecto al caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, luego de las fotografías que se difundieron este fin de semana en el que se le observa cenando en un restaurante de la Ciudad de México.

La Fiscalía indicó que el exfuncionario “sigue siendo procesado” judicialmente por la trama de sobornos de Odebrecht.

“Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte, que lleva el caso”, detalló la FGR a través de un comunicado.

Recordó que, tras ser extraditado desde España el año pasado, el exdirector de Pemex “solicitó el criterio de oportunidad”, figura jurídica que le permitió acceder a beneficios procesales a cambio de colaborar con la justicia.

El Ministerio Público relató que Lozoya denunció el 11 de agosto del año pasado a sus “socios y encubridores”, y aportó “diversas pruebas que se han ido desahogando; lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht”.

Y es que Lozoya, excolaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, es acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña a cambio de contratos; ante esas acusaciones, cerró un acuerdo con la Fiscalía y denunció que el exmandatario Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron a usar los sobornos de Odebrecht para comprar el voto de legisladores opositores a favor de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada.

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tachó de “inmoral”, “imprudencia” y “provocación” el que Lozoya fuera a cenar a un restaurante de lujo, y pidió a la Fiscalía aclarar lo sucedido.

Al respecto, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó esta tarde que mantiene en las listas de control migratoria, conocida como alerta migratoria, a Emilio Lozoya.

“Lo anterior, con el propósito de verificar y registrar los movimientos de la persona mencionada en los puntos destinados al tránsito internacional de personas, ya sea aéreos, marítimos o terrestres, así como informar de los mismos a las autoridades internacionales”, señaló el INM.

Foto: Twitter @lumendoz

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró este lunes “inmoral” que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de delitos de corrupción por la trama Odebrecht, fuera captado comiendo en un restaurante de lujo en la Ciudad de México.

“Es legal pero es inmoral que se den estas cosas. Es una imprudencia, una provocación”, expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

La periodista Lourdes Mendoza difundió este fin de semana unas fotografías de Lozoya, quien afronta su proceso en libertad gracias a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en un restaurante de Lomas de Reforma en la Ciudad de México.

López Obrador recordó que Lozoya “está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción” del gobierno anterior, pues interpuso una denuncia en la que implicó en la trama Odebrecht a varios políticos, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto.

“Por eso produce indignación el que esté comiendo en un restaurante de lujo. Aunque legalmente lo pueda hacer, se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México”, dijo el presidente.

El mandatario confió en que la Fiscalía informe sobre este asunto, aunque aclaró que tiene “confianza” en el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Y es que el tema de las fotografías causaron gran polémica, pues muchos usuarios compararon el trato a Lozoya con la intención de la FGR de imponer en prisión preventiva a 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por supuestos actos de corrupción.

“Que se aplique la ley por parejo, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. No porque yo soy científico tengo derecho a robar, no. Nadie tiene derecho a robar, sea quien sea”, respondió el presidente al ser cuestionado sobre ambos casos.

Recordemos que Lozoya, que estuvo al frente de Pemex entre 2012 y 2016, es acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña a cambio de contratos; por ello, el exfuncionario cerró un acuerdo con la FGR general mediante el cual confesó e implicó a diversos políticos a cambio de afrontar su proceso en libertad.

Denunció que Peña Nieto y el exsecretario Hacienda Luis Videgaray, usaron sobornos de la constructora brasileña para comprar el voto de legisladores opositores a favor de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada.

Por esta denuncia, un juez impuso a Lozoya el uso de un brazalete para seguir su proceso en libertad. Y en abril pasado también se impuso prisión preventiva al exsenador Jorge Luis Lavalle, la única persona que hasta la fecha se encuentra en la cárcel por este asunto.

Foto: Twitter @lumendoz

Un juez pospuso este lunes, por segunda vez, la audiencia de Ricardo Anaya, quien es acusado de recibir sobornos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht.

“Se reprogramó para el 8 de noviembre, a las 9 de la mañana. El juez exhortó a la defensa a estar al lado del imputado en la siguiente sesión”, informó a la prensa el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Anaya, quien salió de México el pasado 5 de julio y se le presupone en Estados Unidos, participó por videoconferencia en la audiencia de este lunes, la cual tuvo un receso de varios minutos. La defensa pidió posponer la sesión para analizar nueva información incluida en la carpeta de investigación.

Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Anaya de haber recibido 6.8 millones de pesos en sobornos para que votara a favor en 2014 de la reforma energética que impulsó el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y que abrió el sector a la iniciativa privada.

El Ministerio Público se basa en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien el año pasado denunció a Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray de haberle ordenado entregar sobornos de Odebrecht a legisladores de la oposición para que votaran a favor de la reforma.

Ricardo Anaya ha venido acusando desde agosto pasado al presidente López Obrador de persecución política y anunció su “exilio”.

El político, que quiere repetir como candidato en 2024, sostiene que no era diputado en la fecha en la que el Ministerio Público lo acusa de haber recibido el dinero.

En un video difundido en redes sociales, Anaya dijo este lunes que tiene “una estrategia legal muy bien pensada” que aunque tomará tiempo, funcionará; y criticó que la FGR “en todo obedece a López Obrador y se pasa la ley por el arco del triunfo”.

En su mensaje de hoy, el panista anunció una “novedad”; dijo que como les hizo pedazos sus argumentos y se les cayó el teatrito, la FGR recurrió al viejo recurso del refrito. Indicó que solicitaron reabrir el expediente con las acusaciones que hubo en su contra durante la campaña presidencial de 2018.

“Es la manera de López Obrador de decirme que la guerra apenas comienza. Ya te perdimos, me queda claro que no vas a parar. Ya te volvió loco el poder. Que te quede muy claro: conmigo te vas a topar con pared, no te tengo miedo. Voy a dar esta batalla tope donde tope”, expresó Anaya.

El presidente no quita el dedo del renglón y dijo este viernes que se debe a investigar presuntos desvíos de dinero por parte de científicos, académicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes se acusa de gastaron 561 millones de pesos de dinero público de manera injustificada.

El mandatario explicó en su habitual conferencia de prensa matutina que recibió dos informes de parte de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien en distintas ocasiones ha señalado que ella no tenía nada que ver con esta investigación, en los que se detallan las acusaciones al grupo de científicos.

“La asociación (Foro Consultivo Científico y Tecnológico) recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 461 millones de pesos para cubrir gastos de operación”, leyó López Obrador del texto que presentó esta mañana en su conferencia de prensa.

Dijo que entre los gastos de operación había facturas de chóferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y hasta viajes al extranjero.

En el informe que generó la titular del Conacyt, se detalla que el Foro Consultivo  adquirió un inmueble “de lujo” en la alcaldía Coyoacán, “con recursos que no justificó.

Además, dice el informe, dicha asociación civil fue la instancia responsable de emitir el dictamen en 2007 que justificó omisiones de las autoridades federales en relación al rescate de cuerpos y la ampliación de investigaciones relacionadas con la mina de Pasta de Conchos.

Sobre la situación de la acusación y la solicitud por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) de órdenes de aprehensión para los implicados, el presidente consideró que hay que investigar el caso en profundidad sobre este “grupo predilecto del régimen anterior”.

“Como ya no se pueden mantener estos privilegios ahora se sienten perseguidos, pero yo le pregunto a la gente: ¿el combate a la corrupción va a ser selectivo o va a ser parejo? Que se investigue, y si hay corrupción que se castigue”, sostuvo el presidente.

Además, el mandatario mostró un tuit que presuntamente publicó uno de los investigados, en que lo insulta a él y a su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, y al fiscal Alejandro Gertz Manero.

“Esto es para que entre todos analicemos el grado de descomposición al que nos llevaron con la política de corrupción, en donde lo más importante era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales”, terminó el mandatario, quien consideró que todo “esto que antes estaba tapado” está saliendo gracias a la “transformación” que está viviendo el país.

Luego de que un juez con sede en Almoloya de Juárez, en el Estado de México rechazara por segunda ocasión la solicitud de girar órdenes de aprehensión en contra de 31 académicos y científicos, al Fiscalía General de la República (FGR) criticó la negativa del juzgador, e indicó que insistirá para obtenerlas.

Y es que la Fiscalía tiene abierta una investigación en contra de 31 miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y de exfuncionarios de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes acusa de delitos patrimoniales en contra del erario público, entre los que se contempla al de delincuencia organizada.

“Ante la negativa de un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de aprehensión a diversos ex funcionarios (…) esta institución considera que es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica en este caso”, señaló la FGR a través de un comunicado la noche de ayer.

El juez de distrito informó que la empresa privada que crearon (Foro Consultivo), autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza.

Ante ello, la FGR indicó que no comparte dicha justificación, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro Consultivo como un órgano interno de esa Institución.

Además dijo que dichas leyes no permiten, en modo alguno, que el Foro Consultivo pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra  de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria.

Por dichas razones, adelantó que se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando “con toda claridad” lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a los científicos y exfuncionarios de Conacyt, así como las pruebas que lo acreditan.

“La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial”, señaló la Fsicalía.

Entre los nombres que aparecen en la lista de científicos que la FGR busca encarcelar, aparecen: Enrique Cabrero Mendoza; Julia Tagueña Parga; Ariana Ramona uerra Gómez; David García Junco; Víctor Carreón Rodríguez; Jesus Borja Tamayo; Rafael Ortega Reyes; María Dolores Sánchez; Miguel Guajardo Mendoza; Luis Gabriel Torreblanca; José Roque Díaz; Luis Mier y Terán Casanueva; Elías Micha Zaga, En total, se trata de seis miembros del Foro Consultivo y 25 exfuncionarios del Conacyt.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este miércoles que la Fiscalía General busca arrestar por corrupción a científicos y académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), un caso que ha despertado polémica y el rechazo generalizado en redes sociales.

“Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt; sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que según se ha reportado, el Fiscal Alejandro Gertz Manero solicitó arrestar por operación de recursos con procedencia ilícita y delincuencia organizada a 31 científicos, académicos y personal administrativo del organismo público.

La solicitud obedecería a una denuncia presentada presuntamente por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, por el desvío de 50 millones de pesos por parte de dichos trabajadores.

Sin embargo, los detractores del gobierno acusan al fiscal de querer vengarse ya que buena parte de la comunidad científica criticó duramente que la dirección del Conacyt distinguiera en junio a Gertz Manero con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, el más alto reconocimiento.

Incluso el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, arremetió contra la actuación de la Fiscalía, que consideró “un despropósito e inconcebible”. En un acto para conmemorar los 100 años del escudo de la UNAM, el rector hizo un alegado a favor de la “división de poderes” y el “respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados”.

Pese a la polémica generado, esta tarde se reportó que el juez encargado de evaluar el caso rechazó las órdenes de detención solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

López Obrador defendió que “el que es inocente no debe de preocuparse para nada” puesto que en su gobierno no se fabrican delitos, como ocurría en gobiernos anteriores.

Reiteró la confianza que le tiene a la Fiscalía y a su titular, que dijo, “no creo que cometan ninguna injusticia”. Calificó al fiscal como un hombre recto, íntegro, y de confianza. “No hay persecución política para nadie, no es venganza”.

No es primer escándalo que enfrenta Gertz Manero, quien fue ratificado en 2019 Fiscal General por el Senado a propuesta de López Obrador. Ha sido señalado de aprovechar su cargo e influencia para perseguir judicialmente a su familia política, a la que acusa de haber asesinado a su hermano Federico Gertz en 2015.

Gertz Manero también levantó críticas de activistas por proponer en 2020 modificar la tipificación del delito de feminicidio y por impulsar una reforma de la Fiscalía para despojarla de sus labores de búsqueda de desaparecidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este lunes al Poder Judicial que “agilice” la liberación de presos sin sentencia, torturados, adultos mayores y enfermos graves, como demanda su decreto del 25 de agosto.

El mandatario anunció que gestionará con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para cumplir con la excarcelación, que él había prometido para antes del 15 de septiembre.

“Se va a hablar con el presidente de la Corte, se va a hablar con el fiscal con el propósito que se agilicen los trámites, que se liberen a muchas personas”, indicó en su conferencia matutina sin detallar cuántos presos se han beneficiado hasta ahora por dicha medida.

El presidente se refirió al decreto que publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que ordena un Comité para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, presos con 10 años sin sentencia y torturados.

El mandatario justificó hace unas semanas la medida al señalar que de las más de 220,000 personas que hay en las cárceles, el 43% no tiene sentencia, lo que equivale a cerca de 125,500.

“Quienes no tienen sentencia desde hace muchísimos años, quienes están enfermos, que eso es muy lamentable, personas grandes, enfermos, que deberían ser liberados. Y quienes se ha demostrado que fueron torturados”, expuso López Obrador sobre los potenciales beneficiarios.

Recordemos que cerca de veinte gobernadores, incluyendo a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, anunciaron que se sumarían con un decreto propio que aplicara para delitos de competencia local.

“Ya lo están haciendo gobiernos estatales. Tomó el modelo, la decisión, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, y ya nos ganó, y ya liberó como a 40 detenidos injustamente, y va a liberar a más en los próximos días, según nos informó”, indicó el presidente.

Pese a las promesas del mandatario, defensores de derechos humanos y familiares de detenidos han cuestionado la tardanza en la liberación de los reclusos.

Asociaciones también han denunciado que el decreto federal se queda corto porque crea un Comité entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), pero solo pide aplicar las leyes existentes.

López Obrador adjudicó la tardanza a la burocracia del gobierno y del Poder Judicial, por lo que prometió que los titulares de Segob, Adán Augusto López, y de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, presentarán mañana un informe sobre los avances en la materia.

“Hay muchos trámites que nosotros también padecemos, por eso hablé desde el principio que había que levantar al elefante que encontramos echado, un elefante mañoso, reumático”, remató.