Tag

fgr

Browsing

Se pospuso, hasta el 4 de octubre, la audiencia inicial contra Ricardo Anaya, quien es acusado de recibir sobornos de Odebrecht. La razón de aplazar la audiencia: porque no tuvo acceso a la carpeta de investigación, tal como aseguró en sus últimos mensajes.

“Toda vez que el imputado no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, el juez, en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, reprograma para el día lunes 4 de octubre, a las 9:00 horas”, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Contra todo pronóstico, Anaya participó por videoconferencia en la audiencia, que se celebró en una prisión de Ciudad de México. Durante la sesión, el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor con sede en el Reclusorio Norte, hizo la aclaración de que las audiencias por videoconferencia deben efectuarse dentro de territorio nacional.

El excandidato presidencial aseguró que la Fiscalía usa como pruebas dos casas que recibió de su madre en 1993 y de su suegra en 1996.

Los delitos que le estaría imputando serían cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. En la audiencia participaron Anaya, su defensa, la Fiscalía y la UIF.

Y es que la Fiscalía confirmó este miércoles que propondría al juez de control la vinculación a proceso de Anaya por haber recibido un soborno de 6.8 millones de pesos en relación a la trama de la firma brasileña Odebrecht.

En un comunicado, la Fiscalía dijo que “según consta en diligencias ministeriales” ese soborno fue entregado a Anaya “por una persona de confianza” del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014.

Lozoya denunció el año pasado que en 2014 recibió la orden de entregar 6.8 millones de pesos a Anaya para que votara a favor de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.

“Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia” de que Ricardo Anaya “votó a favor de la misma”, añadió la Fiscalía.

Además, dijo que dos testigos “manifestaron haber presenciado diversas visitas” de Anaya y otros legisladores a las oficinas de Lozoya en la sede de Pemex.

Tras el comunicado, Anaya respondió en Twitter que en la Fiscalía son unos “incompetentes” ya que su voto a favor de la reforma fue ocho meses antes de la supuesta entrega denunciada por Lozoya.

El excandidato presidencial anunció el fin de semana pasado que se exiliaría, presuntamente a Estados Unidos, al denunciar que López Obrador lo quiere meter a la cárcel para evitar que vuelva a ser candidato en 2024.

El presidente López Obrador ha venido negando estas acusaciones y rechazó que exista una “persecución” en contra de su ex contrincante, por lo que pidió a la Fiscalía transparentar el caso de Anaya.

Recordemos que Lozoya cerró un acuerdo con la FGR mediante el cual delató a diversos políticos a cambio de afrontar su proceso en libertad. Acusó al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray de haber orquestado la trama.

Por esta denuncia, un juez impuso en abril pasado prisión preventiva contra el exsenador Jorge Luis Lavalle, única persona que hasta la fecha se encuentra en la cárcel por este asunto.

Adicional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó este miércoles que de las 71 personas señaladas por Lozoya, se ha entregado información a las Fiscalía de 35 y se han presentado denuncias contra 23.

Estados Unidos entregó la tarde de ayer a autoridades de nuestro país al narcotraficante Eduardo Arellano Félix, exlíder del cártel de Tijuana, quien fue liberado la semana pasada de una cárcel de Pensilvania, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

“Hace unos minutos, en el Puente Internacional de Matamoros Brownsville, fue entregado a la FGR y a la Secretaría de la Defensa Nacional Eduardo “A”. Se le cumplimentó orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y otros”, informó la Fiscalía.

Y es que el narcotraficante fue liberado el pasado 18 de agosto de una cárcel federal en Pensilvania en la que cumplía una condena de 15 años por cargos de lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas en Estados Unidos.

El mexicano, de 64 años, no completó su sentencia como resultado de su amplia cooperación con las autoridades estadounidenses, que comenzó en mayo de 2013 cuando se declaró culpable.

Parte del acuerdo con el gobierno al aceptar su culpabilidad incluía que fuera condenado solo por dos de los siete cargos de los que fue acusado al ser extraditado de México en agosto de 2012.

Al salir de la cárcel, fue puesto bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en espera de su deportación.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, encargada de gestionar y obtener la orden de aprehensión, cumplimentó la misma y procedió a poner a Arellano Félix a disposición del juez en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

Recordemos que el cartel de los hermanos Arellano Félix monopolizó las rutas de tráfico de drogas durante más de 20 años a través de Tijuana.

El otrora líder del grupo, Benjamín Arellano Félix, fue extraditado desde México en abril de 2011 y sentenciado a 25 años de prisión en una corte federal de San Diego en abril de 2012, mientras que Francisco Javier Arellano Félix cumple condena a cadena perpetua tras su captura en 2006 por la Guardia Costera de Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió este martes una carpeta de investigación por el delito de tortura en el caso de José Eduardo Ravelo, joven de 23 años presuntamente asesinado y violado por policías de Mérida, Yucatán.

La intervención de la FGR ocurre luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometiera justicia para el joven, y solicitara la intervención del gobierno federal.

La Fiscalía dijo que atendiendo a la relevancia y trascendencia del caso y a las diversas denuncias presentadas “ha determinado iniciar una carpeta de investigación, radicándola en la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura”.

También pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán “la información respectiva para coordinarse con dichas autoridades en el esclarecimiento de los hechos señalados”.

Además, indicó que personal pericial especializado y de investigación policial federal “se trasladará de inmediato a esa entidad para iniciar las diligencias que sean procedentes”.

“Hoy le planteamos a la secretaria de Gobernación que busque otras vías, que si no interviene la Comisión de Derechos Humanos nosotros tenemos la obligación de intervenir y pedir a la FGR que abra una investigación y se finquen responsabilidades a las autoridades, no sólo a los policías, sino quienes están ahí protegiendo o queriendo evadir su responsabilidad”, sostuvo ayer López Obrador.

Ravelo fue detenido el pasado 21 de julio por policías de Yucatán y tras el arresto pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres anales, según ha denunciado su madre, María Ravelo.

Pero el 13 de agosto cuatro agentes acusados quedaron libres porque el juez afirmó que no hay pruebas suficientes. Además, el alcalde de Mérida, Renán Barrera, ha justificado la detención del joven, originario del estado de Veracruz, porque “estaba intoxicado” y por “alteración del orden pública”.

La Interpol emitió una ficha roja para la búsqueda y captura del empresario Miguel Alemán Magnani, fundador de Interjet, acusado de fraude fiscal por 66 millones de pesos.

La ficha roja, que permitirá la búsqueda y detención temporal de Alemán Magnani en más de 190 países, previo a su extradición o acción judicial, se emitió hace dos semanas a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que aún no se ha pronunciado sobre el caso.

Y es que el Instituto Nacional de Migración (INM) de México había registrado la salida del país del empresario el 31 de enero desde el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Recordemos que un juez ordenó el pasado 8 de julio la detención de Alemán Magnani, quien era parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Su abogado declaró días después, el 13 de julio, que su cliente “no está huyendo”, con el argumento que solo viajó a Estados Unidos y Europa para conseguir fondos para la aerolínea.

La situación financiera de Interjet despierta polémica desde el año pasado, cuando la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reportó que adeudaba más de 3,000 millones de pesos a diversas instancias federales.

En medio de estas deudas por el impago de combustible y la inoperancia de la aerolínea, la Asamblea General de Accionistas designó en diciembre al empresario Alejandro del Valle como nuevo presidente del Consejo de Administración, con lo que desplazó a Alemán Magnani.

Un tribunal dio la orden este jueves al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa para denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los secretarios de Salud y Hacienda por desacato para garantizar el abasto de medicamentos contra el cáncer.

La denuncia será en contra de Jorge Alcocer, secretario de Salud, así como contra Arturo Herrera, ahora extitular de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de la oficial mayor de la SHCP, Thalía Lagunas.

Dicha denuncia será por incumplimiento de una suspensión que ordenó garantizar el abasto de medicamentos oncológicos en el país.

Esto deriva del juicio de amparo que interpuso la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica (AMOHP), por la falta de medicamentos oncológicos.

Dicho desabasto ha impedido, según detalló la AMOHP, prestar la atención médica debida y urgente requerida a 260 niños y adolescentes pacientes en el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La querella fue presentada el pasado 16 de julio, y fue otorgada en julio de 2020, por lo que ahora la FGR deberá integrar una carpeta de investigación en contra de los funcionarios por el delito de desacato previsto en el artículo 262 de la Ley de Amparo.

De proceder la sanción, esta sería de tres a nueve años de prisión, destitución e inhabilitación hasta por nueve años para desempeñar cargos públicos y una multa hasta por 44,810 pesos.

Las secretarías de Salud y de Hacienda han negado responsabilidad en el abastecimiento de estos medicamentos en los hospitales públicos, sin embargo, las compras consolidadas de estos insumos en todo el 2020 estuvieron bajo la responsabilidad de la Oficialía Mayor de la SHCP.

La crisis por el desabastecimiento de medicamentos oncológicos se agudizó en 2019 tras la llegada al poder de López Obrador, cuyo Gobierno modificó los métodos de adquisición de medicamentos para combatir la corrupción y los monopolios farmacéuticos, y además hizo recortes presupuestarios.

Como una manera de solucionar la situación, el gobierno federal encargó en junio de 2020 a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) el nuevo sistema de compras, sin embargo, hasta ahora no se ha resuelto el problema.

El pasado martes, el gobierno aseguró que ha resuelto el desabastecimiento de medicamentos tras invertir 76,969 millones de pesos en licitaciones propias y con la UNOPS.

Luego de que se diera a conocer la apelación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la exoneración que hiciera sobre una denuncia en su contra la Fiscalía General de la República (FGR), así como una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito, el magistrado presiente del TEPJF, José Luis Vargas, aseguró que es inocente de lo que se le acusó, y defendió la resolución  alcanzada por el Ministerio Público.

A través de un comunicado, Vargas Valdez señaló que tras varios meses de investigación, la FGR, por conducto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción concluyó que las imputaciones que se hicieron en su momento en la denuncia que presentó la UIF no correspondían a la realidad.

“Resolvió decretar el no ejercicio de la acción penal, esto significa que la autoridad ministerial investigó los hechos que se denunciaron y determinó que no existe delito que perseguir; además, concluyó una vez que cotejó la información que puntualmente aporté, que no hay ningún tipo de inconsistencia en mi patrimonio ni en mis gastos”, sostuvo el ministro presidente del Tribunal Electoral.

Afirmó que su patrimonio tiene un origen lícito y son congruentes sus percepciones con sus erogaciones, y aprovechó para aclarar que las cifras filtradas y presentadas en la nota publicada por Reforma, fueron alteradas y por lo tanto la información es falsa imprecisa e injuriosa sobre su persona y su patrimonio.

José Luis Vargas cuestionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga las facultades para impugnar la resolución de la FGR, quien decretó el no ejercicio de la acción penal en su contra, pues dijo, está debidamente sustentada en pruebas que acreditan que no cometió delito alguno.

Lamentó que se deteriore y se corrompa el proceso legal mediante filtraciones a los medios de comunicación. Indicó que en nuestro país es ilegal que las denuncias, actuaciones ministeriales y procesos penales, sean objeto de filtraciones a medios de comunicación.

“Reitero soy inocente de lo que me han imputado mediante la denuncia y que fue corroborado y verificado de manera exhaustiva por el ministerio público federal. Mi patrimonio y el de mi familia corresponde a ingresos obtenidos de manera lícita y declarado ante las autoridades competentes”, remató el miembro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El narcotraficante Héctor “el Güero” Palma reingresó este martes al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, según fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Su reingreso al penal se derivó luego de que el magistrado del Cuarto Tribunal Unitario de Jalisco, con sede en Zapopan, dictara una sentencia de apelación en la que consideró que sí hay elementos para continuar el juicio contra el capo por el que había sido absuelto, es decir, revocó la absolución dictada a favor de “El Güero” Palma.

El narcotraficante, fundador del Cártel de Sinaloa, fue llevado a este penal ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez por agentes de seguridad.

Y es que el pasado 4 de mayo, el narcotraficante fue liberado por orden de un juez, aunque las autoridades lo detuvieron tan pronto se disponía a abandonar el penal.

Tras divulgarse la liberación del capo del penal del Altiplano, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que la Fiscalía solicitó el arraigo del narcotraficante.

La liberación del  antiguo líder del Cártel de Sinaloa junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán causó polémica entonces, cuando en pleno día festivo (Día del Trabajo) el Juzgado Segundo de distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco absolvió a Palma del crimen de delincuencia organizada.

López Obrador fue muy crítico con ese juez: “No se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada”.

Tras lograr una primera orden de arraigo, para evitar que fuera liberado, el 5 de mayo, la Fiscalía consiguió a mediados de junio que un juez ampliara 40 días más el arraigo contra el narcotraficante. Esto sucedió horas antes de que se cumpliera el primer plazo legal para retener al delincuente.

Recordemos que Palma primero estuvo preso en México en 1995, después en Estados Unidos de 2007 a 2016 y luego regresó al penal del Altiplano.

Un juez ordenó este lunes procesar por el delito de tortura a Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario de la ahora extinta Policía Federal, y cercano a Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Estados Unidos acusado de vínculos con el narcotráfico.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), logró que se decretara auto de formal prisión en contra de Luis ‘C’, por su probable participación en la comisión del delito de tortura”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un boletín.

El exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal fue detenido el pasado 5 de julio, y es acusado de presuntamente estar implicado en el delito de tortura en agravio de cuatro presuntos integrantes de la banda de Los Zodiacos en 2012, relacionado con el caso de la francesa Florence Cassez.

De acuerdo con la Fiscalía, el ministerio público federal aportó los medios de prueba para que el juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente determinara dicho auto de formal prisión.

Con este dictamen, Cárdenas Palomino se mantendrá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, a donde fue llevado desde el momento de su detención, debido a que el delito por el que se le señala está tipificado como grave.

Recordemos que en julio del año pasado, Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, exfuncionarios en materia de seguridad, fueron acusados en una corte federal en Nueva York de tres cargos de conspirar para el tráfico de cocaína, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Días después, el gobierno de la 4T congeló las cuentas de ambos, según informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó este lunes una persecución política contra Ildefonso Guajardo, quien fuera secretario de Economía en el sexenio anterior, quien la semana pasada fue vinculado a proceso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

“Nosotros no perseguimos a nadie por razones políticas. No es mi fuerte la venganza. Si hay algún asunto judicial tiene que ver con la Fiscalía”, respondió el presidente durante su conferencia matutina.

Y es que al conocerse sobre el caso, que derivó de una denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), Guajardo denunció que lo informado por la Fiscalía General de la República (FGR) le “huele a persecución política”.

AMLO recordó que cuando asumió el poder a finales de 2018 dio “la instrucción de que no haya corrupción y que no haya impunidad”, por lo que cuando se encuentra cualquier indicio de delito se denuncia ante el Ministerio Público.

“Si un secretario me lleva un expediente sobre un hecho de corrupción, digo que proceda, que envíe la denuncia donde corresponda”, expresó el mandatario.

En el caso específico del exnegociador del T-MEC, López Obrador dijo que Guajardo no debe preocuparse si no tiene nada ilegal porque “el que nada debe, nada teme”.

“Si él es una gente honesta, ¿de qué se puede preocupar”, dijo López Obrador, quien consideró que lo más importante es la tranquilidad de conciencia.

Hasta el momento se ha dado a conocer la SFP, entonces a cargo de Irma Eréndira Sandoval, denunció ante la Fiscalía a Guajardo Villarreal por una cuenta en el extranjero por 8.2 millones de pesos. Dicha denuncia se presentó el l 12 de octubre del año pasado.

Al respecto, el exsecretario de Economía sostiene que dichos recursos provienen del repudio de un inmueble heredado en 2014, pero el Ministerio Público sostiene que la escritura “no corresponde de ninguna manera” con la cantidad depositada.

Ante su vinculación a proceso, cuyo proceso podrá seguir en libertad, el juez impuso medidas como que debe firmar de manera periódica ante el juzgado y no puede abandonar el país en lo que dura su proceso judicial.

El exsecretario considera que se trata de un intento del gobierno para que no asuma como diputado del PRI en la nueva legislatura de la Cámara de Diputados que arrancará en septiembre próximo.

Un juez procesó este viernes por enriquecimiento ilícito a Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y quien participó como negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Se logra vinculación a proceso en contra de Ildefonso ‘G’, por su probable responsabilidad de enriquecimiento ilícito”, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El político priísta  seguirá su proceso en liberad, aunque se le impusieron las medidas cautelares de firmar de manera periódica y no abandonar el país; la Fiscalía tendrá cuatro meses para la investigación complementaria.

“Durante los años 2014 a 2018 este individuo, como servidor público, probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen”, detalló la FGR.

Recordemos que Guajardo Villareal apoyó en las elecciones del pasado 6 de junio al candidato del PRI a gobernador en Nuevo León, Adrián de la Garza, quien perdió ante el abanderado de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

Y aunque el proyecto a la gubernatura que apoyo fue derrotado, el también economista resultó electo como diputado federal por Nuevo León por la vía plurinominal (de representación proporcional) para la próxima legislatura, misma que iniciará en septiembre.

Al conocerse la noticia, el exfuncionario federal aseveró en una entrevista radiofónica que la acusación de la Fiscalía no se trata de otra que “una persecución política” porque será “un diputado de oposición”.

“Simplemente con lo que dijo la Fiscalía de que el objetivo era impedir mi toma de protesta en la Cámara (de Diputados), pues me queda claro que esto es persecución política porque estuve en la campaña de mi partido en Nuevo León”, aseveró.

El exsecretario de Economía afirmó que no existe una orden de aprehensión en su contra pese a estar vinculado a proceso.

Cuestionado sobre las acusaciones, aseguró que la investigación se explica por una transferencia de 300,000 dólares que recibió en una cuenta de Washington, D.C., que él tiene por haber sido funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI). Indicó que la cifra total investigada es de 9 millones.

Negó haber cometido algún ilícito y se dijo tranquilo de que el proceso está en los tribunales de México. “Mi confianza al Judicial es total. Yo prefiero que esté en las manos del judicial a que esté en las manos de la Fiscalía”.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana sobre la detención de Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario de seguridad, estrechamente vinculado a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, y hoy preso en Estados Unidos acusado de vínculos con el narcotráfico.

Cárdenas Palomino es acusado de tortura en el caso Florence Cassez, y fue detenido en un fraccionamiento de Naucalpan, en el Estado de México.

“Este día se cumplimentó orden de aprehensión por el delito de tortura en contra de Luis ‘C’, en la Ciudad de México, con el apoyo de la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y el Centro Nacional de Inteligencia”, informó la Fiscalía en un mensaje de Twitter.

Además, también se habría ordenado la detención de otros exfuncionarios de la hoy extinta Policía Federal por las torturas cometidas contra supuestos integrantes de la banda de Los Zodiaco en 2012.

Recordemos que Israel Vallarta y su novia de entonces, la francesa Florence Cassez, fueron arrestados en diciembre de 2005 en una finca a las afueras de la Ciudad de México acusados de liderar la banda de secuestradores de Los Zodiaco. Tras un conflicto diplomático entre Francia y México, Cassez fue liberada en 2013 por violación de sus derechos, pero Vallarta no corrió la misma suerte y permanece en prisión sin juicio a 15 años de los hechos.

Adempas, en julio de 2020, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García fueron acusados en una corte federal en Nueva York de tres cargos de conspirar para el tráfico de cocaína, en colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Días después, las autoridades mexicanas congelaron las cuentas de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, según informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Cuestionado sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que con detenciones como la de Cárdenas Palomino, a quien señaló como “el segundo” de Genaro García Luna, se prueba que en el país “ya no hay impunidad”.

Y es que Cárdenas Palomino fue uno de los hombres más cercanos de Genaro García Luna. Fue director de Seguridad Regional de la Policía Federal.

Foto: Twitter @JJesusEsquivel

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que se vulneran los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad y no discriminación.

Además, la CNDH indicó que también se atenta contra la libertad de trabajo, el acceso a un empleo público, así como los principios de legalidad y presunción de inocencia.

La acción de inconstitucionalidad también ca dirigida en contra de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Tras un “vasto trabajo de diálogo” con organizaciones de la sociedad civil y con autoridades involucradas en el tema, la Comisión indicó que llevó a cabo un análisis minucioso sobre la constitucionalidad del Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 20 de mayo.

Dicho análisis le permitió a la CNDH impugnar diversas disposiciones de los ordenamientos legales entre las cuales destacan:

  • Artículos 10, fracción I, 19, fracción XIV, de la Ley de la Fiscalía General de la República.
  • Artículo 5, fracción II, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
  • Artículo 85, segundo párrafo, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
  • Artículo 36, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
  • Artículo 45, fracción III, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Precisó que las normas impugnadas condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la Fiscalía General de la República y diversos sistemas o mecanismos, ya que la forma en que se encuentra formulada la participación, actuación e integración de la Fiscalía, constriñe su intervención y cooperación al margen de dicha característica constitucional, mismo que interfiere con un pleno y optimo desempeño de sus funciones en el marco de los respectivos ordenamientos que rigen cada sistema, mecanismo y/o comisión del que se trate.

La Fiscalía General de la República se creó en 2018 para dotar de independencia al Ministerio Público, que hasta entonces estaba integrado dentro del gobierno en la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, impulsó en menos de tres años la reforma legal del organismo para limitar su presencia en los diferentes organismos del Estado al considerar que estas tareas vulneraban su autonomía.

La reforma, aprobada en el Congreso el pasado abril, enfrentó a la Fiscalía con la Secretaría de Gobernación, encargada de la búsqueda de desaparecidos en México, y organismos defensores de los derechos humanos.

El texto establece que la Fiscalía solo atraerá casos de desaparición con “gran relevancia social” o “violación grave de los derechos humanos”, dejando la investigación en manos de los Ministerios Públicos estatales, muchas veces sobrepasados o corrompidos, denuncian familiares de las víctimas.

Este martes se informó sobre la identificación de un tercer estudiante de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace más de seis años en Guerrero, informaron autoridades y el abogado de los familiares.

Los análisis realizados por la Universidad de Innsbruck, en Austria, demostraron que una vértebra hallada en una de las muchas búsquedas realizadas desde 2019 pertenecía a Jhosivani Guerrero de la Cruz.

El fiscal Omar Gómez Trejo, de la Fiscalía General de la República (FGR), explicó en un mensaje a medios que la vértebra “no presenta ninguna alteración térmica, es decir, una exposición alta a fuego” y que fue hallada en un lugar distinto a donde, según el gobierno de Enrique Peña Nieto, los estudiantes fueron incinerados.

El gobierno de Peña Nieto aseguró que los jóvenes que desaparecieron el 6 de septiembre de 2014 fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio de  Cocula, además de que tiró los restos a un río cercano.

Sin embargo, esa versión, calificada entonces como “la verdad histórica”, quedó descartada porque aunque en diciembre de 2014 se identificó al primer estudiante, Alexander Mora, a través de un hueso localizado en una bolsa que se halló junto al río, la actual fiscalía confirmó que ese hallazgo fue “un montaje”.

Otra prueba que echó por tierra la “verdad histórica” fue que el hueso por el que se identificó a mediados de 2020 al segundo estudiante, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, se localizó en un lugar distinto del basurero de Cocula, llamado “La Carnicería”, que es donde también se encontró la vértebra de Guerrero de la Cruz.

El fiscal Gómez Trejo agregó que en estos últimos análisis también se confirmó la identificación de Rodríguez Telumbre con un resto de su talón de Aquiles hallado en el mismo lugar.

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder en diciembre de 2018, las investigaciones se relanzaron, aunque aun con los avances y las identificaciones, todavía es una incógnita qué pasó esa noche y cuál fue el destino de los jóvenes.

Se creó una Comisión de la Verdad, se hicieron nuevas búsquedas y se iniciaron procesos clave contra dos funcionarios: el jefe de la policía ministerial federal por tortura y una detective por falsificación de documentos.

Uno de los avances más simbólicos fue la orden de captura de los presuntos autores materiales e intelectuales de los hechos, entre ellos policías federales y militares, dos fuerzas que hasta entonces habían sido intocables.

Pero parte de esas personas siguen prófugas, al igual que Tomás Zerón, quien dirigió el caso durante la administración de Peña Nieto, y considerado el principal responsable del encubrimiento de las desapariciones. La Fiscalíaha emitido varias órdenes de aprehensión contra Zerón, a quien ubica en Israel.

El fiscal Gómez Trejo indicó que se han vuelto a enviar más restos a Innsbruck para intentar nuevas identificaciones pero recordó que muchos de esos fragmentos óseos no son susceptibles de análisis genéticos porque están muy deteriorados. De los más de 180 recuperados desde noviembre de 2019, solo se logró hacer pruebas de ADN a seis, dijo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta tarde que, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), recibió numerosas denuncias contra los influencers que difundieron mensajes a favor del Partido Verde durante la veda electoral.

En ese sentido, la Fiscalía Electoral confirmó que ha iniciado las investigaciones correspondientes de los mensajes difundidos, que remarcó, han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación y han tenido gran eco en las redes sociales.

Recordemos que  el pasado fin de semana, a unas cuantas horas de que iniciara la jornada electoral, el PVEM recurrió a la misma estrategia que en 2015, cuando contrató a diversas figuras públicas para que a través de sus redes sociales emitieran mensaje a favor del partido.

Aunque ninguno de los involucrados ha aceptado que sus posteos formaron parte de una campaña pagada por el partido, se ha señalado que el pago habría sido de mínimo 10 mil pesos, aunque la pago aumentó en relación al número de seguidores de cada cuenta.

Entre los influencers que compartieron este tipo de contenidos figuran: Paulina Hernández, Lambda García, Romina Marcos, Karla Díaz, Isabel Madow, Pau Vargas, Raúl Araiza, Sherlyn González, Gabriel Soto, Brandon Peniche, Nabile Guerra, Ana Claudia Cabrera, Paulina Hernández, AlexXxStrecci, entre otros.

Fue justo el domingo 6 de junio, día de la elección, que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Partido Verde retirar de las redes sociales la campaña, pues dijo, existió una acción concertada o planeada con un fin específico: difundir y apoyar las propuestas políticas del Partido Verde.

Fue así que el INE determinó que el PVEM incumplió la veda electoral, que prohíbe hacer campaña durante el período de reflexión. Paralelamente ordenó a los influencers que “suspendieran de forma inmediata la difusión de los mensajes alusivos al PVEM” y se exigió a Facebook retirar las publicaciones denunciadas en un plazo máximo de tres horas.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Partido Verde se refirió a los hechos como un “apoyo de simpatizantes”, evitando responder a los señalamientos de que todo se trató de una campaña pagada desde el partido.

“Se hace una atenta invitación a nuestro simpatizantes y, en especial a nuestros seguidores en redes sociales, incluidos aquellos de Instagram, a evitar cualquier mensaje de apoyo al Partido Verde durante la Jornada Electoral”, dijo la dirigencia del partido.

Después de la medida cautelar para suspender los mensajes, el INE informó que abrió una investigación en contra de 95 influencers, que difundieron dichos mensajes.

Hoy actualizó que tras iniciar la investigación, actualmente se encuentra en el proceso de integración del expediente,  que involucra al Partido y a las agencias de publicidad.  Así, serían dos las carpetas de inestigación que habría respecto al tema, la del INE y la de la FISEL.

El INE señaló que las partes involucradas serán citados para desahogar pruebas y alegatos, para que una vez que esté listo el expediente se remita a la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  (TEPJF) para su resolución.

Enfatizó que será el TEPJF quien determinará si existieron infracciones, y en su caso, impondrán las sanciones correspondientes.

El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, afirmó que el Tribunal actúa de forma absolutamente independiente para resolver controversias electorales, y afirmó que ninguna fuerza política o interés particular puede perjudicar su autonomía.

Vargas Valdez destacó que en tres décadas, el INE y el TEPJF han trabajado a favor de los derechos de la ciudadanía, lo que se convierte en su mejor carta de presentación ante cualquier embate político, y los amagos de su disolución.

El magistrado presidente indicó que en casi 25 años de existencia, ha resuelto 230 mil asuntos y ha calificado cuatro elecciones presidenciales en las que se ha dado el cambio de poder entre partidos, alternancia que se traduce en que tanto el Tribunal, como el INE, son garantes del respeto a los resultados, gane quien gane.

José Luis Vargas recordó que las elecciones del próximo domingo conforman un gran reto para las autoridades electorales, no solo por el número de votantes, sino porque también se presentan en un momento en que el país vive un contexto realmente delicado tanto de seguridad pública como de carga política, que lleva a los ciudadanos a decidir salir a ejercer su voto, aún en condiciones como la pandemia.

Confió en que el próximo 6 de junio se vivirá una fiesta cívica, “muestra de que México confía en su democracia, sale a las urnas y se manifiesta”.

Por su parte el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que la posibilidad de un fraude en México está acotada y, en cambio, prevalece la cadena de confianza en el proceso electoral.

Insistió en que México el fraude electoral se acotó desde el momento en que como país se lograron eliminar los factores que hacían posible la arbitrariedad de la organización de las elecciones y se dotó de autonomía plena a las autoridades electorales frente a la intromisión de los actores políticos.

Córdova Vianello refirió que, desde hace algunos años, la democracia ha estado bajo serios procesos de tensión y amenaza, algunos de los cuales parecen haberse agudizado en tiempos de pandemia.

Finalmente, la Fiscalía General de la República (FGR), a través del titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), José Agustín Ortiz Pinchetti, informó que se emitirán este domingo tres mensajes a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, con el fin de mantenerlos informados sobre posibles denuncias o hechos que tengan que ver con la probable comisión de delitos electorales del orden federal.

La Fiscalía detalló que dichos mensajes se transmitirán por medio del canal de YouTube de la FGR, así como de sus distintas redes sociales, en los horarios: 10:00, 14:00 y 20:30 horas, respectivamente.

Florian Tudor, el presunto líder de la Banda de la Riviera Maya, fue detenido este jueves en la Ciudad de México por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en respuesta a una orden de extradición que existe en contra de “El Tiburón”, por parte de autoridades en Rumania.

Al respecto, este viernes el canciller Marcelo Ebrard dijo que será “muy rápido” el proceso de extradición de Tudor.

“Respecto a la extradición, estamos apoyando y tenemos que participar con la Fiscalía General de la República. Podría ser muy rápido”, explicó el secretario de Relaciones Exteriores al participar en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ebrard no detalló si la extradición será este mismo viernes o durante el fin de semana, aunque reiteró que “podría ser muy rápido”.

Recordemos que la Fiscalía General detuvo a Tudor, por las operaciones de la banda que dirige, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias, así como por acusaciones de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.

La banda tendría presencia en al menos 15 países, mientras en México habría actuado en 14 estados del país, con apoyo de funcionarios y empresas fantasmas.

Durante la detención, uno de los agentes de la Fiscalía intentó obstaculizarla mientras que el abogado de Tudor agredió al resto de agentes, pero ambos fueron detenidos.