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El Poder Judicial de la Federación (PJF) informó esta tarde que en su lucha por limpiarse de malos elementos, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la destitución e inhabilitación por 10 años de un magistrado federal y la suspensión de un juez de distrito.

El magistrado fue sancionado por el hostigamiento sexual a 10 mujeres y contratar a la esposa de un juez de Distrito de su mismo circuito, en acuerdo y beneficio personal del propio impartidor de justicia, mientras que el juzgador también recibió una sanción y fue suspendido por falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo.

Al respecto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, advirtió que el acoso sexual no será permitido en el Poder Judicial federal.

“Cero tolerancia a la violencia de género. La seguridad de las mujeres es prioridad. Avanzamos hacia una mejor justicia en beneficio de todas las personas. Por un país más justo y más igualitario. Acciones, no discursos”, escribió en su cuenta de Twitter.

El CJF refrendó que mantiene su política de combate a la violencia de género y nepotismo, toda vez que representan un “cáncer” para la sociedad que, de entrada, debe ser combatido desde la trinchera de aquellos servidores públicos que juraron velar por la justicia y los valores constitucionales.

El Poder Judicial reiteró su vocación de servicio público, y recordó que son la ética, el profesionalismo y el absoluto respeto a los derechos fundamentales los valores que definen esa vocación.

El equipo legal que representa a Rosario Robles indicó que la sanción dada a conocer ayer por la Secretaría de la Función Pública (SFP), confirma la persecución política a la que está siendo sometida la ex secretaria de Estado.

La defensa de la excolaboradora del sexenio pasado, señaló que sin mayor fundamento administrativo y legal, la dependencia federal resolvió inhabilitar por 10 años a Robles por la presunta omisión de declarar la existencia de una cuenta bancaria con $2,887.86 pesos en su declaración patrimonial.

Lamentaron que dicha sanción nazca de la omisión de una cuenta que “contrasta con verdaderas omisiones de funcionarios públicos que actualmente están en servicio y que escondieron fortunas por más de 800 millones de pesos en bienes inmuebles sin recibir sanción alguna”, lo que apunta al escándalo que en días recientes envolvió a Manuel Bartlett, director de CFE.

Los abogados indicaron que se demuestra que en el Gobierno Federal la justicia se pretende aplicar por consigna, con displicencia y parcialidad.

Acusaron que Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, miente al afirmar que la resolución fue una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues dijeron estar convencidos de que el Ejecutivo Federal sería incapaz de solicitar que se cometa en su nombre una “tropelía tan injusta y absurda”.

Relataron que la cuenta que desencadenó la sanción, no  es reconocida por Robles, que además no tuvo movimientos en toda su existencia y de la que su clienta jamás dispuso; enfatizaron que al tener la cuenta un saldo inferior a los 3 mil pesos, no contribuye en nada a “acabar con la corrupción y la impunidad” como señaló la SFP.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este miércoles sobre una sanción a Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la pasada administración.

La ex funcionaria fue notificada de la resolución que la inhabilita por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, como sanción por falta de veracidad en la declaración patrimonial.

“Con esta sanción se impulsa el principio de honradez que rige al servicio público, en busca de una nueva Ética Pública en el Gobierno de México, y se refrenda el compromiso de realizar acciones imparciales en el combate a la corrupción y a la impunidad”, indicó Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia.

El informe sobre Rosario Robles sirvió para que la SFP recordara que tiene más de 19 mil investigaciones en curso y ha sancionado a 2 mil 434 funcionarios, a quienes ha impuesto sanciones consistentes en 732 inhabilitaciones, 135 destituciones y 217 multas económicas por un monto de más de 4 mil 500 millones de pesos.

Luego de que se diera a conocer que la Secretaria General en funciones de Presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, rentó un avión privado para diversos traslados durante la campaña electoral de 2018, el consejero de Morena, Alejandro Rojas, solicitó un juicio para sancionarla.

Rojas Díaz Durán solicito a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrir un juicio para sancionar a Polevnsky con la inhabilitación del cargo que desempeña hoy en día.

El morenista solicitó que se muestre la factura correspondiente a su nombre, como fiscalmente corresponde, ya que, de no comprobarlo, estará cometiendo violaciones a los principios fundacionales del partido y de sus estatutos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Yeidckol Polevnsky debe denunciar ante el Ministerio Público las amenazas de muerte que dice haber recibido. No denunciarlo es fomentar la cultura de la no denuncia y está enviando un claro mensaje de que desconfía de la Fiscalía General de la República y de las instituciones del Estado mexicano”, señaló Alejandro Rojas.

Sobre su situación en el partido, el político indicó que aún sigue manteniendo sus derechos políticos a salvo, en tanto no resuelva el Tribunal Federal Electoral su inconformidad de la que consideró “ilegal y antidemocrática” resolución en su contra.

Y es que recordemos que a finales de mayo pasado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió sus derechos partidarios por tres años y lo destituyó como consejero del partido por faltas a la normatividad estatutaria, además de que lo inhabilitó para ser candidato de Morena.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que dos “altos mandos” de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron inhabilitados como servidores públicos por un periodo de 10 y 15 años, respectivamente.

Adicional, la dependencia impuso sanciones económicas por casi 620 millones de pesos a uno de ellos.

Una de las inhabilitaciones, por 10 años, derivó de un procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que el funcionario proporcionó información falsa en la declaración de su situación patrimonial, pues detalló, en dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos.

La otra sanción se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal; tras una investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario.

La dependencia prefirió no revelar los nombres de los funcionarios sancionados.

La SFP indicó que desde el pasado 1 de diciembre, hasta la fecha, se han iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas, y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones, que van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales.

Añadió que se han aplicado 112 sanciones económicas, que suman un monto superior a los 656 millones de pesos.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, a través de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex), comunicó a las instituciones de la Administración Pública Federal, empresas productivas del estado, entidades federativas y Fiscalía General de la República, el impedimento para participar en contrataciones públicas de carácter federal de las empresas Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A. de C. V., y Construtora Norberto Odebrecht, S. A.

Con dicha instrucción, las instituciones deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con dichas empresas. El plazo de la sanción fue de tres años.

Mediante dos circulares publicadas en el Diario Oficial de la Federación, se precisa que se resolvieron dos procedimientos administrativos sancionadores iniciados a las empresas. En el caso de Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A de C. V. por haber presentado información falsa durante la celebración de un convenio modificatorio de un contrato de construcción, al no cumplir con los requerimientos legales y autorizaciones necesarias para celebrarlo.

Por su parte, en el caso de Construtora Norberto Odebrecht, S. A. fue sancionada por haber realizado cobros en exceso, en detrimento de su patrimonio, al entonces Pemex Refinación.

El contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso, anunció este jueves la inhabilitación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado del país, para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años.

Amoroso señaló que se “presume” que Guaidó “ocultó o falseó” datos de su declaración jurada de patrimonio, y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar.

Por su parte el líder opositor desconoció la inhabilitación que le fue impuesta por el contralor Elvis Amoroso, ya que dijo, dicho funcionario fue nombrado ilegalmente.

“No es contralor. No lo es (…), ni existe una inhabilitación (…). el Parlamento legítimo es el único que puede designar un contralor”, aseveró Guaidó, recordando que Amoroso fue nombrado por la oficialista Asamblea Constituyente, controlada por el gobierno de Nicolás Maduro.

Quien también reaccionó al respecto fue el gobierno de Estados Unidos, quien calificó como “ridícula” la inhabilitación al líder opositor venezolano. “Es ridículo”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino.

El Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela también condenó la inhabilitación anunciada. Condenó “la reciente decisión del contralor general de Venezuela de inhabilitar a Juan Guaidó” y considera que ese tipo de decisiones “menoscaban aún más los esfuerzos para conseguir una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela”.

En Sesión Extraordinaria, el Congreso del Estado de Colima aprobó el dictamen por el que se resolvió en definitiva el Juicio de Responsabilidad Administrativa que se le seguía al ex gobernador Mario Anguiano Moreno y a varios funcionarios de su administración.

Al ex mandatario local se le impuso una inhabilitación por 14 años para ocupar cargos públicos municipales y estatales, así como una sanción económica que asciende a los 515 millones 174 mil 928 pesos.

También se determinó sancionar al ex Secretario de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, y la ex Secretaria de Finanzas, Blanca Isabel Ávalos, con inhabilitación para ejercer cargos públicos estatales y municipales, de cinco y cuatro años, respectivamente.

Las sanciones a Anguiano se dan luego de que se detectara que presentó información falsa en 2015, en la que solicitó al Congreso reconocimiento de deuda por haber adquirido deuda pública para sufragar necesidades temporales, y por lo cual se le autorizaron 638 millones de pesos en financiamiento.

 

 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó esta tarde que impuso una sanción de inhabilitación por dos años a la empresa “Construtora Norberto Odebrecht, S.A.”, por lo que quedará impedida de participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

 

La SFP, a través de su Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex), impuso dicha sanción a la empresa por el cobro indebido de 2.5 millones de pesos por duplicidad de servicios, en uno de los contratos celebrados para la realización de diversas obras en la Refinería “Miguel Hidalgo”.

 

Adicional y paralelamente, inhabilitó por diez años y le impuso una sanción económica, por un monto de dos millones 597 mil 249.98 pesos, a un servidor público adscrito a Pemex Transformación Industrial, por autorizar indebidamente el pago referido. Se trata del mismo servidor público que en diciembre pasado fue inhabilitado por diez años y sancionado con una multa de más de 119 millones de pesos.

 

La dependencia refirió que iniciado  ocho procedimientos administrativos: cuatro contra filiales de la empresa constructora, dos contra sus representantes legales y dos más contra servidores públicos de Pemex.

 

No es la primera vez que la empresa es sancionada, pues en diciembre de 2017, se le impuso otra sanción de inhabilitación por cuatro años.