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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su compromiso de seguir trabajando para resolver el caso Ayotzinapa, esto al reunirse este viernes con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

En encuentro se da luego de la reciente identificación de los restos de uno de los jóvenes que se encontraron en la Barranca de la Carnicería en Cocula, Guerrero.

«El presidente se comprometió a continuar con la investigación, la cual debe estar hasta esclarecer (el paradero) de todos los estudiantes», dijo a medios Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres al salir del encuentro en Palacio Nacional.

Ortega comentó que el presidente «ratificó su compromiso» con el caso, por lo que se dará seguimiento a las nuevas líneas de investigación. «El Gobierno está en disposición de avanzar en la investigación», añadió.

«(El anuncio) nos da la esperanza de que haya un esclarecimiento del caso, este es el inicio de la nueva investigación, nos dijo el presidente y como padres vemos una ruta, y confiamos que hay que seguir», expuso Ortega.

Durante su reunión, López Obrador reiteró a los padres de Christian Alfonso y al resto de los familiares de los estudiantes que el caso no quedará impune y habrá justicia.

Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) informó el pasado martes que logró la plena identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, con base en los restos óseos hallados en Cocula.

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, dijo que lo que sigue en el caso de Christian, es que los culpables materiales e intelectuales comparezcan ante la justicia. Además de que «existen más detenciones que realizar, más búsquedas que llevar a cabo, hay muchos pendientes todavía».

Recordemos que hace 10 días, la FGR ordenó la detención de 46 funcionarios por su presunta relación con la desaparición de los normalistas. Además, se detuvo a José Ángel Casarrubias Salgado, alías «El Mochomo», uno de los presuntos líderes del cartel Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los jóvenes.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, reveló que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaria de Salud por posibles actos de corrupción.

En un breve encuentro con la prensa desde Palacio Nacional, Nieto Castillo señaló que las indagatorias se suman a las que involucran a exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), de las secretarías de Comunicaciones y Trasportes (SCT), de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Hemos presentado denuncias contra Rosario Robles, primero; segundo contra Emilio Lozoya. Presentamos cuatro denuncias, todavía nos hace falta terminar la investigación de Fertinal y el astillero español», comentó el funcionario.

Agregó que hay denuncias contra el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, ya fallecido, «pero va contra su círculo cercano y OHL. Y hay una investigación sobre Luis Miranda relacionada con presuntos actos de corrupción. Vamos a seguir con ese proceso para efecto de presentarlo ante las instancias correspondientes», añadió.

Sobre la información que apunta a que también se investiga a exfuncionarios de Salud, Nieto Castillo puntualizó que se indaga a directores y titulares de institutos del sector; además de que se revisan los recursos que recibieron las farmacéuticas pues, pese a recibir contratos costosos, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportaron pérdidas.

“Hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno mexicano de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, lo cual nos parece que es un esquema de defraudación fiscal», refirió.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó este martes las conclusiones de los dictámenes periciales realizados con motivo del choque de dos trenes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ocurrido el pasado 10 de marzo en la estación Tacubaya.

En conferencia de prensa, el vocero de la Fiscalía informó que se determinó que el accidente fue el resultado de omisiones de operación, incurridas por el conductor y la reguladora en los procedimientos de seguridad correspondientes.

Señaló que el peritaje realizado por la Fiscalía, en el que participaron 12 especialidades, coincide con el presentado por la empresa alemana TÜVRheinland, la cual se contrató para elaborar un dictamen de manera independiente.

Indicaron que el peritaje se realizó a partir de los análisis a la caja negra, radio Tetra, telefonía fija, videos y documentos técnicos.

Ulises Lara compartió una cronología de lo que sucedió al momento del accidente.

Detalló que al salir de la estación Tacubaya con rumbo a la estación Observatorio, el conductor del convoy 33 recibió alertas en su tablero de control. Ante esta situación, el sistema de seguridad del tren actuó, bloqueándose en automático.

Dijo que de acuerdo con los manuales operativos en el STC, el conductor estaba obligado a aplicar el frenado del convoy, mediante la maniobra de estacionamiento de emergencia en rampa. Sin embargo, la reguladora de la línea no instruyó al conductor a realizar esas medidas, que implicaban mantener el convoy detenido de forma segura, sino por el contrario, le instruyó a que avanzara.

«El conductor cambió el modo de pilotaje automático a manual limitado, con la autorización de la reguladora del Puesto Central de Control. Cabe señalar que en este modo de conducción no se cuenta con ningún dispositivo de seguridad del tren».

Señaló que a partir de ese momento y durante ocho minutos, en el video se observa a diferentes personas que entraron y salieron de la cabina del conductor, cuando los manuales señalan que para ese momento debería ponerse en frenado manual y con calzas en cada vagón y desalojar el tren.

De acuerdo al registro de la caja negra, las diferentes maniobras provocaron que se perdiera la presión del aire del sistema de frenado.

De acuerdo a los protocolos, durante dicho tiempo el Puesto Central de Control nuevamente debió ordenar que se aplicara el freno de estacionamiento de cada vagón, desalojar el tren, así como prevenir a tiempo al operador del convoy 38, que se encontraba en la estación Tacubaya, lo cual se informó, no ocurrió.

«El hecho pudo evitarse si el conductor del tren 33 y la reguladora hubieran actuado conforme a los manuales técnicos operativos del STC, mismos que conocían y para los cuales fueron capacitados».

Basados en las conclusiones del peritaje, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que integra la carpeta de investigación correspondiente, en las hipótesis de homicidio culposo y lesiones para que en su momento se ejerza acción penal.

Se añadió que el tren 33 recibió su último mantenimiento el pasado 09 de marzo de este año y funcionaba correctamente.

El peritaje también corroboró que las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo cuentan con las medidas de seguridad requeridas para la operación y funcionamiento, en particular en el tramo que comprende la estación Tacubaya-Observatorio.

«El Metro continúa siendo un medio de transporte eficiente y seguro, tanto para los usuarios como para su personal», indicaron las autoridades.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, desmintió que alguna de las investigaciones que se le siguen al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, apunten al expresidente Enrique Peña Nieto, tal como lo aseguró el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ).

Nieto Castillo confirmó que hay cuatro investigaciones de las que ya se dio parte a la Fiscalía General de la República  (FGR), además de que hay dos más que se prepara, una de ella, la relacionada con la compra de un astillero en España.

Desde el Senado, se le cuestionó si se investiga a Peña Nieto por temas de corrupción, a lo que el titular de la UIF indicó que «en este momento la investigación ha llevado solo al señor Lozoya y a sus cercanos”, añadiendo que hasta el momento el nombre del exmandatario no ha salido a la luz.

Santiago Nieto recordó que se mantienen congeladas 14 cuentas del exfuncionario en el sexenio anterior, así como de familiares y de excolaboradores.

En temas relacionados a Lozoya, se informó que extitular de Pemex analiza el historial de varios bufetes locales para elegir al que lo defenderá.

«Solo será él quien decida» a los abogados que lo defenderán en este país, dijo su abogado Javier Coello, quien se encuentra en España para entrevistarse con su cliente y ayudar con la búsqueda del despacho que lo defenderá. En ese sentido, precisó que está por definirse si su cliente regresa a México o «pelea aquí la extradición».

Coello Trejo insistió en que Lozoya «fue un instrumento, pero en su momento y ante los jueces lo tendremos que aclarar». Añadió que «ningún funcionario en México se manda solo si no es por orden del presidente de la República; hace 50 años y ahora».

El Boeing 737 de la compañía Ukraine International Airlines que se estrelló el miércoles en Teherán, causando la muerte de 176 personas, tuvo que dar media vuelta poco después de despegar debido a un «problema», según los primeros elementos de la investigación iraní.

En Ucrania, el presidente Volodimir Zelensky decretó este jueves una jornada de duelo nacional.

«La prioridad para Ucrania es establecer las causas de esta catástrofe», dijo el mandatario. Prometió que saldría la «verdad», después de enviar a 45 expertos ucranianos a Teherán para participar en la investigación.

El vuelo PS752 de UIA desapareció de los radares tras dos minutos de vuelo.

La Organización de la Aviación Civil (CAO) iraní indicó el jueves que el «el piloto no transmitió ningún mensaje de radio sobre circunstancias inusuales».

Sin embargo, el informe preliminar de la CAO afirma que de acuerdo a testigos presenciales «se observó un incendio en el avión que se hacía más intenso».

Tras el inicio de este fuego, cuyo origen todavía se desconoce, «el avión que se dirigía al principio hacia al oeste para salir de la zona del aeropuerto, giró hacia la derecha debido a un problema y estaba en el camino de regreso al aeropuerto cuando se estrelló» cerca de la localidad de Chahriar, al oeste de la capital iraní, según la CAO.

Esta organización dio a entender que los testigos serían personas que se encontraban en tierra y otras que estaban en un avión que volaba a mayor altitud que el Boeing en el momento del percance.

La CAO señaló asimismo que este jueves se llevó a cabo una primera reunión entre expertos iraníes y ucranianos.

Según Zelensky, los expertos de su país tienen que participar en el «descifrado de las cajas negras» y se encargarán de «identificar y repatriar» a las víctimas ucranianas.

Las autoridades de Kiev indicaron que se están barajando siete hipótesis, entre ellas la de un disparo de misil, la de un atentado y la un problema técnico.

Según la diplomacia ucraniana, a bordo del Boeing había 82 iraníes, 63 canadienses, 10 suecos, 4 afganos y 3 británicos. Otros 11 eran ucranianos, incluidos nueve tripulantes.

La CAO indicó que 146 pasajeros tenían pasaporte iraní, 10 un pasaporte afgano, cinco un pasaporte canadiense, cuatro un pasaporte sueco y 11 ucraniano.

La diferencia se explica por la presencia de numerosos binacionales (entre ellos 140 iraníes-canadienses), que sólo pueden entrar y salir de la República Islámica previa presentación de su pasaporte iraní.

Por su parte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves tener «sospechas» sobre el accidente aéreo, al mismo tiempo que funcionarios estadounidenses informaron que Irán lo había derribado por error.

Funcionarios no identificados dijeron a medios locales que los sistemas de defensa aérea iraníes probablemente derribaron por error el Boeing 737 de la compañía Ukraine International Airlines, que se estrelló el miércoles matando a las 176 personas a bordo.

«Tengo mis sospechas», dijo el mandatario. «Estaba volando en un vecindario bastante duro y alguien podría haber cometido un error». «Algunas personas dicen que fue mecánico. Personalmente no creo que eso esté siquiera en cuestión», dijo Trump, agregando que «sucedió algo muy terrible».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó este jueves que será el próximo 12 de enero cuando visitará a la familia LeBarón en Bavispe, Sonora.

Indicó que la reunión servirá para que estén informados de los avances en las investigaciones que se siguen por el homicidio de nueve de sus integrantes en noviembre del año pasado.

El mandatario confirmó el encuentro que sostendrá con la familia, donde también estará presente su gabinete de seguridad.

«Voy a estar con ellos el domingo 12. Voy a La Mora, a Bavispe, Sonora. Va el gabinete de seguridad. Yo voy a provechar para hacer una gira por el norte», indicó López Obrador en su conferencia de prensa.

Sobre el caso LeBarón, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que por estos hechos hay sietes individuos detenidos, cuatro de ellos permanecen en arraigo en espera a que un juez federal defina su situación jurídica.

Este sería el segundo encuentro que el mandatario federal sostiene con la familia LeBarón luego del asesinato de nueve integrantes de la familia en los límites de Sonora y Chihuahua. Fue en el primer encuentro en Palacio Nacional, donde se acordó que serían los integrantes de la familia quienes definieran el lugar donde se llevaría a cabo la segunda reunión.

El presidente aprovechó para asegurar que la prueba de que los líderes del narcotráfico tenían representante en las altas esferas del gobierno es el caso de Genaro García Luna, quien se desempeñara como secretario de Seguridad en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

AMLO aseveró que en administraciones pasadas, líderes del narco como Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, ahora preso en Estados Unidos, tenían tanto poder e influencia como el presidente de la República.

“Nada más esa prueba, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha (de Calderón). Estuvo con Fox, con Salinas y sí, viene de más atrás pues está acusado de proteger a una organización delictiva, esa es la prueba, falta que lo demuestren, falta, pero ahí está ese indicio”, acusó López Obrador.

AMLO criticó que ante hechos como el de García Luna, la oposición se siga dando «baños de pureza», y dijo que aún espera que los que le pidieron enfrentar la violencia con más violencia le pidan una disculpa luego de saberse la colusion del exfuncionario federal con el crimen organizado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este lunes que México no investigará a quienes colaboraron con el exsecretario de seguridad federal, Genaro García Luna, detenido la semana pasada en Estados Unidos.

«No vamos aquí a iniciar procesos», dijo AMLO durante su conferencia de prensa matutina. «Lo que vamos a hacer es cooperar, toda la información que nos soliciten (los estadounidenses) se va a entregar, pero no iniciar nosotros investigaciones para que no se malinterprete», aclaró el mandatario.

López Obrador explicó que no quiere que una investigación sea entendida como una forma de represalia contra funcionarios de gobiernos anteriores y por eso pidió calma a todos los que trabajaron con el exsecretario.

«Que se serenen, que se tranquilicen, el que nada debe nada teme, y que cooperen», declaró. «Todos nos equivocamos, somos seres humanos y se trata de asuntos judiciales en Estados Unidos, hasta reducen penas si se cuentan las cosas».

No obstante, indicó que ninguno de esos funcionarios tendrá cabida en su gobierno.

Recordemos que García Luna fue detenido el 10 de diciembre en Dallas, Texas, acusado por una corte federal de Brooklyn de tres cargos de asociación ilícita para el tráfico de cocaína y de falso testimonio. El exfuncionario mexicano tiene prevista su próxima audiencia para mañana.

Los fiscales estadounidenses consideran que García Luna, excolaborador de Felipe Calderón y Vicente Fox recibió pagos de decenas de millones de dólares de miembros del Cártel de Sinaloa a cambio de permitirles mandar toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

García Luna llevaba viviendo en Estados Unidos desde 2012 y, según los fiscales de ese país, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares que era incongruente con el salario de un servidor público en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo tener conocimiento de que Manlio Fabio Beltrones solicitó un amparo por las investigaciones que se realizan al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y la triangulación de recursos públicos hacia campañas del PRI.

«Es la solicitud de un amparo, que desde luego él tiene derecho a solicitar, y a que se le otorgue, si es el caso, por parte de la autoridad por el asunto de Chihuahua, lo que viene de la investigación contra (César) Duarte», dijo AMLO durante su conferencia de prensa matutina.

Y es que de acuerdo con el diario Reforma, el exdirigengte priísta es señalado por haber participado en el desvío de 250 millones de pesos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto a Chihuahua y que luego fueron dados al PRI para fondear los procesos electorales de 2016.

Al ser cuestionado sobre si esta investigación contra el también exlegislador y exgobernador de Sonora tiene un tinte político, AMLO aseguró que «todo es político, todo es político, el que dice que no es político, pues no sabe lo que realmente dice».

El diario reporta que Beltrones habría solicitado el amparo en julio, luego de revelarse que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investigaba al exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito.

Al respecto, esta mañana, priísta emitió un breve comunicado en el que dijo que la información que presentaba Reforma se refería a «un viejo amparo» tramitado para obtener información ante tantas declaraciones sin sentido que en su momento hicieron autoridades de Chihuahua.

«Vamos, un derecho ciudadano para evitar una arbitrariedad. Como bien señala la nota: se sobreseyó. O sea negaron estarlo haciendo. Fin», declaró Beltrones.

Añadió que a lo largo de su larga vida pública, en el gobierno o en la oposición, ha sido objeto de investigaciones varias que incluyeron unas sobre «canalladas» escritas contra su persona.

Beltrones finalizó asegurando que siempre habrá de responder a toda acusación que se le formule.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE),  de la Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que ha recibido 17 denuncias con relación a la utilización de recursos de programas sociales con fines electorales, por parte de servidores públicos federales.

Y aunque no reveló los nombres de los denunciantes, señaló que las denuncias provienen por parte de miembros de Morena y de otras personas.

La FEDE precisaóque se han iniciado las carpetas correspondientes y se están realizando las investigaciones y diligencias necesarias, para deslindar las posibles responsabilidades en que pudieran haber incurrido funcionarios federales.

La dependencia señaló que conducirán las investigaciones con estricto apego al debido proceso y necesaria secrecía.

«Esta Fiscalía de Delitos Electorales no permitirá de modo alguno que prevalezca la impunidad en los procesos electorales y en las conductas respectivas», indicó la FEDE.

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon detalló que el trabajo de los agentes del FBI en Chihuahua para indagar el asesinato de la familia LeBarón en Chihuahua será únicamente de acompañamiento con la Fiscalía General de la República (FGR).

El funcionario federal consideró que es de importancia la colaboración entre la FGR y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la indagación, ya que se esperan estudios sobre el uso de armas que provienen de Estados Unidos.

«Para la Fiscalía es muy importante por todas las armas que ahí están, que aparecen ahí, y supongo que por eso también le interesó a la Fiscalía, lo vio positivo, invitarlos a que nos acompañen», dijo el canciller.

En conferencia de prensa, detalló que desde 1994 se estableció un convenio con el gobierno de Estados Unidos para el intercambio y asistencia jurídica.

«México está invitando al FBI a acompañar las investigaciones. Es una iniciativa que México tomó. ¿Por qué tomamos esa iniciativa? Porque se trata de ciudadanos norteamericanos y no habría motivo para que no permitiéramos que en este caso el FBI tuviese acceso a las investigaciones como nosotros lo hemos venido exigiendo en otros casos, el más reciente, el caso de El Paso», comentó.

Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores detalló que será la FGR la que coordine las tareas que los agentes del FBI realice en Chihuahua.

Las limitaciones que tendrá el FBI en México serán que sus agentes no podrán estar armados, y deberán informar a la FGR sobre diligencias que requieran hacer en el territorio.

Sobre el ataque de inicios de semana en contra de integrantes de la familia LeBarón en los límites de Sonora y Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que el Gobierno de México actúa con independencia y sin presiones en las investigaciones.

“Estamos trabajando para esclarecer los hechos y que haya justicia. No hay ningún límite, ningún obstáculo, nada que impida que se haga una investigación a fondo porque no hay intereses creados de por medio”, afirmó el mandatario.

Sostuvo que parte de la estrategia de seguridad consiste en impedir la conformación de bases de la delincuencia a partir de la generación de oportunidades a jóvenes.

López Obrador dijo que hay quienes tienen una visión distinta sobre cómo abordar la problemática de la inseguridad y violencia, y que dijo que respeta ese punto de vista, el uso de la fuerza ya demostró que no es opción, «resultó un fracaso».

Señaló que el gobierno mexicano tiene la capacidad y el profesionalismo para desarticular a grupos de la delincuencia, sobre lo que dijo, las labores de inteligencia son fundamentales.

“Que no se piense que estamos desprovistos de elementos, de conocimiento, equipo y personal para llevar a cabo labores de investigación”, puntualizó. El mandatario refrendó su confianza en el trabajo de las dependencias federales, particularmente el Ejército y la Secretaría de Marina.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó a la Cámara de Diputados que 10 delegados estatales de la Secretaría de Bienestar, los llamados superdelegados, están siendo investigados por el presunto uso indebido de programas sociales.

Los delegados investigados son de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, junto con el de Jalisco, que fue separado de su cargo, indicó la secretaria federal.

“Estamos procesando 12 denuncias en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo. Una vez terminadas las investigaciones, todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para una asignación de responsabilidad administrativa o incluso para una vista a una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado”, expuso.

Sandoval Ballesteros recordó que la utilización indebida de los programas sociales ya es delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa.

Comentó que la SFP también ha realizado auditorías a los programas sociales, pues recordó que desde principios de la administración firmaron un convenio de colaboración con la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional Electoral, para dar transparencia a toda la utilización de los programas sociales.

Durante su comparecencia ante los legisladores con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, Sandoval Ballesteros sostuvo que la SFP está combatiendo la impunidad sin filias ni fobias, y aseguró que “no hay intocables ni perseguidos”.

“Investigamos lo mismo a servidores públicos de la administración actual, destacados servidores públicos de la administración actual, que servidores públicos que tenían procesos abiertos en las administraciones anteriores y a los que estamos obligados también a terminar sus procesos”.

La funcionaria enfatizó que la dependencia a su cargo, entre diciembre de 2018 y octubre de 2019, ha impuesto casi 3 mil sanciones a servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas.

Sandoval Ballesteros indicó que del 1 de diciembre de 2018 al 15 de octubre de 2019, la SFP ha recibido 30 mil 605 denuncias ciudadanas que han dado lugar a más de 25 mil investigaciones, de las cuales 5 mil 510 ya están concluidas.

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido detuvieron este viernes a dos personas más por su presunta relación con los 39 cadáveres localizados el miércoles en el interior de un camión en el condado de Essex, por los cuales fue detenido el conductor del vehículo, un norirlandés de 25 años.

En el marco de las investigaciones, la Policía efectuó una operación en el condado de Cheshire y ha detenido a un hombre y una mujer, ambos de 38 años. Están acusados de conspiración para el tráfico de personas y 39 cargos de homicidio, según un comunicado de la Policía de Essex.

A falta de que concluya el proceso de identificación de los cuerpos, las autoridades británicas ya han apuntado que se trata de ciudadanos chinos. El jueves, comenzó el traslado de los cadáveres hasta la morgue del Hospital Broomfield de Chelmsford, donde este viernes han comenzado las autopsias.

La Policía de Essex ha insistido en que será un proceso «largo», seguido muy de cerca desde China. La Embajada china en Londres, que ha enviado un equipo a Essex para reunirse con las fuerzas locales, ha evitado dar por confirmadas la nacionalidad de los fallecidos.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying, también confía en que las autoridades británicas puedan «confirmar y verificar lo antes posible la identidad de las víctimas, averiguar qué pasó y castigar severamente a los criminales involucrados».

El fiscal Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, aseguró que no se encubrirán las complicidades que se dieron en la desaparición de los 43 normalistas y por el contrario, se hará valer la ley para encontrar la verdad.

Al participar en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el funcionario sostuvo que desde su Unidad, ninguna persona está por encima de la ley, además de que se trabaja para llegar a la verdad y que haya justicia para las familias de los desaparecidos a cinco años de los hechos

El funcionario señaló que se investiga “fuertemente” los actos de malos tratos y torturas que se dio a las personas involucradas en el caso “y en su momento empezaremos a dar los resultados de las investigaciones”.

Al afirmar que se busca ofrecer mayores pruebas al juez que lleva el caso, adelantó que la semana próxima se citará a quienes en su momento tuvieron un cargo en los tres niveles de gobierno y que estuvieron vinculados con el caso, como el exgobernador Ángel Aguirre y el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Expuso que si se reúnen las pruebas necesarias para fincar nuevos delitos y si los funcionarios vinculados u otras personas son responsables por actos u omisiones, podrían ser llamados a declarar o detenidos nuevamente.

Gómez Trejo indicó que la Unidad a su cargo retomó los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que trabajaron en 2015 y 2016 en el caso, así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Refirió que en los tres meses que tiene operando la Unidad, se han llevado a cabo nueve procesos de búsqueda, acciones de investigación para encontrar y localizar a los estudiantes, así como la diligencia de Tepecoacuilco y “en cuanto se tengan resultados se informará a la sociedad”.

En ese sentido, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, confirmó que el exprocurador, Jesús Murillo Karam, ha mostrado voluntad para comparecer ante la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa.

Reveló que el extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ha mencionado que no todos los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, lo que se trataría de un elemento que «muestra la vulnerabilidad de la verdad histórica”.

Encinas dijo que «en el caso de Ayotzinapa la única verdad clara es que hasta ahora no hay ninguna verdad histórica».

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que desde que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014, la investigación del caso Ayotzinapa fue descalificada en forma permanente, tanto por la opinión pública como por los padres y familiares de las víctimas.

Por ello, en octubre de 2015, la administración del presidente Enrique Peña Nieto creó una oficina de investigación del caso Iguala la cual también fue descalificada junto con la “verdad histórica” que fue la versión oficial de los hechos delictivos referidos y la cual también fue impugnada por peritos y expertos internacionales.

Durante todo ese lapso se iniciaron diversas denuncias por parte de familiares, organismos internacionales, organismos no gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en razón de las irregularidades e ilegalidades y abusos que se habían dado en las investigaciones y procesos sobre este asunto, llegando algunos de estos recursos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tomando en cuenta dichas circunstancias, el 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia en amparo señalando que se debía reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones; también deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados.

Adicional se debía crear una comisión de ciudadanos en la que participara la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República para cumplir con las funciones de investigación y persecución de los delitos.

Sin embargo, dicha sentencia fue impugnada por la entonces PGR al considerar que violentaba la función constitucional del Ministerio Público Federal; pero también fue apoyada mediante diversos recursos que han permitido la situación que hoy se está enfrentando. Los padres y sus abogados presentaron recursos que han impedido que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre dicha sentencia del Tribunal Colegiado.

La FGR indicó que al iniciarse la presente administración, el gobierno federal creó la Comisión para La Verdad encabezada por el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y con la participación de los familiares de dichas víctimas.

«Desde el principio de la presente administración de la Fiscalía General de la República, está institución y la Subsecretaría iniciaron la búsqueda de un nuevo fiscal independiente y autónomo para Ayotzinapa; y en ese caso los tres primeros candidatos propuestos por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación se negaron a participar por razones personales y fue hasta el 26 de junio de este año que se nombró a Omar Gómez Trejo; defensor de derechos humanos con una amplia experiencia en el caso, quien aceptó la invitación apoyado por familiares de las víctimas», señaló la dependencia.

Al respecto, indicó la Fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independiente, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones y asimismo, para generar las acciones que puedan iniciarse al margen de la sentencia a la que ya se ha hecho mención.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó esta mañana un informe sobre la situación legal de las personas procesadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Confirmó que el pasado 30 de agosto, el juez 1º de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, el juez Samuel Ventura Ramos, dictó sentencia absolutoria a Gildardo López Astudillo conocido como ‘el Gil’, quien es señalado como jefe de plaza de ‘Guerreros Unidos’ en Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes.

Encinas explicó que el juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, y con ello desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro.

«Se circunscribió solamente analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que se había aplicado el delito de tortura (…) este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada», dijo Encinas.

Fue en ese punto donde recordó que del 26 de septiembre de 2014 al 30 de agosto del 2018 se han consignado a 169 personas, de las cuales fueron detenidas 142, particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos de la región, así como policías municipales de Iguala y de Cocula.

Los delitos fundamentales que se les fincaron entonces fue el de delincuencia organizada vinculada con delitos a la salud, los delitos previstos en la Ley Federal de Armas y Fuegos y el de la Ley de Secuestro.

De las 142 personas detenidas, la entonces Procuraduría General de la República entonces procesó a 70 personas por el delito de secuestro a los normalistas; sin embargo, a la fecha han sido liberados 53 personas. En ese sentido, fijo el funcionario, con el precedente de la libertad absolutoria de López Astudillo existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos.

El subsecretario dijo que las liberaciones y sentencias se deben a una indebida integración de la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley.

«Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas», sostuvo Encinas.

Señaló que habiendo elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos.

Aprovechó para hacer un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades o civiles en esta desaparición.