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El periodista Pedro Pablo Kumul fue asesinado a balazos el lunes en Xalapa, Veracruz, informó este martes el medio para el que trabajaba.

Kumul es el decimonoveno comunicador asesinado en nuestro país en lo que va de año, según cifras de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aunque dicha cifra difiere de las muertes que reconoce el gobierno federal.

El periodista era reportero y locutor de AX Noticias, medio en redes sociales que informó este martes de su asesinato a través de un comunicado y que exigió al gobernador del estado, Cuitláhuac García, investigar el crimen para dar con los responsables.

«Lamentamos el terrible suceso que aconteció esta tarde en la localidad del Castillo donde perdió la vida nuestro amigo, locutor y reportero de este medio de comunicación, AX Noticias, y de Es Amor 104.5 HD», informó el medio en su mensaje.

El crimen tuvo lugar la tarde de ayer en la localidad de El Castillo cuando, según informaron medios locales, le dispararon en varias ocasiones mientras conducía el taxi en el que también trabajaba, el cual acabó estrellado contra un poste de luz y donde fue hallado sin vida.

En el momento de los hechos, Kumul iba acompañado por su pareja sentimental, quien se salvó del ataque.

Los presuntos asesinos, según los mismos medios, huyeron del lugar antes de que llegaran los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fuerza Civil y Fuerzas Federales.

«En AX Multimedios nos unimos en oración y acompañamos con mucho amor y respeto a la familia de nuestro compañero», añadió el medio de comunicación en el que trabajaba el periodista.

De acuerdo con el conteo de la Sociedad Interamericana de Prensa, son ya 19 los periodistas y trabajadores de medios asesinados en México en 2022. Con este último, son 155 los comunicadores asesinados en posible relación con su labor periodística en el país desde 2000, según la organización Artículo 19.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de que existen dos carpetas de investigación relacionadas con la adquisición injustificada del equipo de espionaje «Pegasus», así como por la presunta intervención ilegal de comunicaciones privadas de periodistas y defensores de derechos humanos.

En dichas carpetas también se incluye a otros servidores públicos «que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identifican en este momento», indicaron las autoridades.

En la investigación se indica que dicho equipo de inteligencia se adquirió con recursos públicos de una partida para «Gastos de Seguridad Pública y Nacional» por la cantidad de 456 millones 843 mil 149 pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hizo esta compra pública «sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública» y un uso irregular de partidas presupuestales.

«Actualmente, se está gestionando la solicitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal», detalló la FGR.

Sobre el uso del equipo Pegasus, se mencionó que «se estará en posibilidad de ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto».

En una segunda investigación, la Fiscalía procede judicialmente por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos.

La FGR recordó que su primer pesquisa fue contra Juan Carlos García, miembro de la empresa Proyectos y Diseños VME, que comercializaba en México el software de espionaje Pegasus de la tecnológica NSO Group.

«En este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema ‘Pegasus’ mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas», remató la Fiscalía.

El 7 de julio de 2021, Haití amanecía con la noticia de que su presidente, Jovenel Moïse, acababa de ser asesinado en su casa por un comando armado.

Un año después, las investigaciones están en punto muerto, los responsables y los motivos del crimen siguen sin conocerse y el clima político en el país continúa deteriorándose.

El 7 de julio del año pasado, los atacantes parecen haber ingresado con facilidad a la residencia del presidente, sin que las unidades de élite encargadas de su protección hicieran algo para neutralizarlos.

Unas horas más tarde, la policía haitiana mostró una velocidad excepcional al arrestar a una veintena de personas, incluidos 18 exsoldados colombianos.

Desde la muerte de Moïse, la presidencia está vacante y no hay fecha prevista de elecciones para designar a su sucesor. Cinco jueces de instrucción se sucedieron en este caso y ninguno de ellos acusó formalmente a ninguna de las cuarenta personas encarceladas, incluidos los colombianos que presuntamente integraron el comando.

No es todo. La justicia está más a la deriva que nunca: desde hace un mes, las oficinas de la fiscalía en Puerto Príncipe fueron ocupadas por una de las muchas bandas criminales que controlan porciones enteras del territorio haitiano.

Además, el parlamento no funciona desde hace dos años. Desde su llegada al poder en 2017, Moïse no había convocado elección alguna.  Hoy Haití tampoco tiene presidente, y la Corte de Justicia no está operativa por falta de jueces.

La posible participación del primer ministro Ariel Henry en el asesinato ha frenado aún más la investigación judicial. Designado apenas dos días antes del magnicidio, Henry es sospechado de haber mantenido conversaciones telefónicas con uno de los principales acusados pocas horas después del atentado.

Invitado por el fiscal a dar explicaciones, el jefe de gobierno no se presentó y luego destituyó al magistrado, designando a un nuevo ministro de Justicia.

Ello llevó a la viuda del presidente, Martine Moïse, gravemente herida durante el atentado, a rechazar tajantemente asistir a las ceremonias de homenaje a su difunto marido, oficiadas por un jefe de gobierno sobre el que pesan «serias presunciones de que pudo haber asesinado al presidente de la República», según dijo.

Una breve ceremonia tuvo lugar esta mañana en el jardín del Museo del Panteón Nacional, en la capital. «A pesar de su debilidad, la justicia debe seguir haciendo todo lo posible para localizar a los culpables, llevarlos ante los jueces e imponerles sentencias ejemplares y disuasorias», dijo Ariel Henry ante funcionarios y diplomáticos extranjeros.

Un hombre, que era buscado en relación con el ataque en una estación de metro de Brooklyn que dejó varias personas heridas fue arrestado este miércoles y acusado de cargos de terrorismo, informaron autoridades.

El fiscal federal para el distrito este de Nueva York, Breon Peace, anunció el cargo contra Frank R. James, de 62 años, en una conferencia de prensa. James fue detenido en el barrio de East Village de Manhattan.

James está acusado del ataque ocurrido ayer en un tren en plena hora pico. Cinco de las personas baleadas se encontraban en estado crítico, pero se espera que sobrevivan. Al menos una docena más fueron atendidas en hospitales por heridas de bala, inhalación de humo y otras afecciones.

Según las autoridades, el hombre publicó varios videos en las redes sociales donde criticó a Estados Unidos, señalando que era un lugar racista lleno de violencia, y relató su lucha con las enfermedades mentales.

La gobernadora Kathy Hochul confirmó el arresto mientras daba una conferencia de prensa sobre otro tema.

La policía dijo en un principio que buscaban a James para interrogarlo debido a que había rentado un camión que posiblemente estaba conectado con el ataque, pero las autoridades no estaban seguras de que fuera el responsable del incidente. Sin embargo, alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que los investigadores ahora consideraban a James como un sospechoso del incidente.

El atacante lanzó granadas de humo en un vagón lleno en el metro y luego realizó al menos 33 disparos con una pistola de calibre 9 mm, dijeron las autoridades.

El agresor huyó en medio del caos, dejando atrás varias pistas, como el arma, cargadores de alta capacidad, un hacha, granadas de humo detonadas y no detonadas, un bote de basura negro, un carro organizador, gasolina y la llave de un camión U-Haul que se utiliza en mudanzas.

Investigadores federales determinaron que la pistola utilizada en el ataque fue adquirida por James en una casa de empeño , con un comerciante de armas con licencia, en la zona metropolitana de Columbus, Ohio, en 2011.

El camión fue hallado, desocupado, cerca de una estación donde los investigadores determinaron que el agresor había ingresado al sistema de Metro. No se encontraron explosivos o armas de fuego en el camión, señaló un agente. La policía encontró otros objetos, incluidas almohadas, lo que indica que el hombre podría haber estado durmiendo en el vehículo o planeaba hacerlo, añadió el agente.

Los investigadores creen que James condujo desde Filadelfia el lunes y han revisado los videos de las cámaras de seguridad, y uno de ellos muestra a un hombre que coincide con su descripción física que sale del camión el martes temprano. Otro video muestra a James entrando a una estación de metro de Brooklyn con una mochila grande, agregó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que el informe del gobierno sobre el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa «no va a ocultar nada» y esclarecerá las verdaderas motivaciones de la versión del anterior sexenio conocida como la ‘verdad histórica’.

«Vamos a tener ya una primera información pública con todos los elementos. No se va a ocultar nada», dijo López Obrador. «Estamos avanzando y estamos avanzando bien pero falta. Es un compromiso y los compromisos se cumplen y no hay impunidad».

En mandatario indicó que se trata de una investigación en curso que va a tener resultados. Dijo que hay más elementos y pronto vamos ya a dar a conocer lo que se considera que sucedió realmente y quienes son los responsables. Prometió que se va a conocer todo lo relacionado con el lamentable asunto,

López Obrador ha insistido que tienen un «compromiso» tanto con las familias de las víctimas como con la sociedad mexicana, y aprovechó para denunciar los «obstáculos» a los que ha hecho frente su gobierno para llegar al fondo del asunto.

«Esto no les gusta a nuestros adversarios pero es cierto, si no hubiésemos ganado, ya hubiesen cerrado el caso Ayotzinapa, pero como la gente votó por una transformación, este caso y otros se van a aclarar», enfatizó.

En ese sentido, explicó que la investigación «no se está viendo de manera aislada», pues además del móvil y la identidad de los responsables, se está estudiando por qué se mintió dando a conocer una versión que no corresponde con lo que sucedió y lo más importante, saber dónde están los jóvenes.

Recordemos que el 28 de enero de 2015, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, aseguró que la «verdad histórica» consistía en que los 43 estudiantes de magisterio fueron asesinados, «incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan», en Cocula, por orden de autoridades locales que estaban en complicidad con el cártel Guerreros Unidos.

Sin embargo, en septiembre de 2020, una última investigación de la ya Fiscalía General concluyó que las autoridades del anterior gobierno, del expresidente Enrique Peña Nieto, habían cometido una serie de irregularidades al difundir que los jóvenes fueron asesinados por este grupo criminal al ser confundidos por una banda rival.

«Los jóvenes desaparecidos quedaron en medio de un choque de intereses del narcotráfico. Fue una coincidencia letal, enquistada en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos que tenían presencia en ese lugar», denunció el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien habló de un «encubrimiento generalizado» por parte de las autoridades.

Las actuales autoridades han solicitado cerca de un centenar de nuevas órdenes de detención por ese caso, después de que fueron liberados al menos 70 imputados, que esgrimieron en su defensa haber sido torturados.

Sin embargo, recientemente, como parte del trabajo de investigación Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se ha conocido una grabación en la que se puede ver a personal de la Marina participar supuestamente en la manipulación de pruebas en el basurero de Cocula, escenario de la conocida como ‘verdad histórica’.

El Gabinete de Seguridad del gobierno federal informó que por «instrucción presidencial», se envió un equipo especializado a Tijuana, Baja California, para apoyar en las investigaciones en torno al asesinato de dos periodistas registrados la semana pasada.

En un comunicado, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que se instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, «a trabajar» en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la administración local para esclarecer los casos de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, asesinados el 17 y el 23 de enero, respectivamente.

El caso de Maldonado, asesinada el pasado domingo al llegar a su casa, ha levantado polémica e indignación, pues fue la propia comunicadores quien viajó a Ciudad de México en 2019, a la conferencia matutina del presidente López Obrador, para exponer que se sentía amenazada y que en cualquier momento podía morir. La periodista pertenecía al programa de Protección para Periodistas de Baja California, pero la vigilancia que se le brindó no fue permanente.

Mientras que Martínez, quien contaba con una larga trayectoria como fotoperiodista en la cobertura de notas relacionadas con temas de seguridad y violencia para diversos medios nacionales e internacionales en Tijuana también fue asesinado afuera de su domicilio hace una semana.

En la nota se apunto que Mejía Berdeja estuvo en Tijuana con el Fiscal General, Ricardo Iván Carpio Sánchez, para hacer una inspección a la vivienda de Lourdes Maldonado, en el fraccionamiento Las Villas.

En el lugar, el subsecretario reiteró el apoyo «irrestricto» al gobierno de Baja California para fortalecer líneas de investigación y dio a conocer que existen avances importantes en las indagatorias.

El funcionario señaló que existe una representación importante del Centro Nacional de Inteligencia, de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar), de la Guardia Nacional, de la Coordinación Antisecuestros y dijo que todas van a trabajar junto con el fiscal General, Ricardo Carpio, además de que habrá un fiscal especializado para ambos casos.

Recordemos que el presidente ha garantizado que se investigará el asesinato de Lourdes Maldonado. «Duele mucho lo que pasó en Tijuana, vamos a llevar a cabo toda la investigación».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este viernes que aún no se puede atribuir al crimen organizado el incendio de la famosa discoteca en Acapulco, Baby’O.

«Es un incendio, no se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas porque incluso el dueño habló de que nunca lo extorsionaron. Sin embargo, eso es lo que quiere utilizarse en medios, como que es un asunto de inseguridad», dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

«Hace falta más investigación porque todavía no está claro lo que sucedió. Hay, eso sí, un gran despliegue publicitario sobre el caso», agregó.

Y es que este miércoles, Baby’O, que en sus mejores años vio desfilar artistas de talla internacional y que permanecía cerrada por la pandemia del coronavirus, quedó destruida por un incendio.

El dueño del lugar, Eduardo Cesarman, dijo que el incendio fue provocado, aunque mencionó no haber sufrido amenazas ni extorsiones.

«Fue un incendio provocado, no fue un cortocircuito. Llegaron tres personas, amagaron al policía, traían unos bidones con algún tipo de líquido que podría haber sido gasolina o algo y prendieron el lugar», dijo Césarman en una entrevista con la cadena Radiofórmula.

Ayer, se difundieron videos que muestran a tres personas rociar gasolina en el lugar para después prenderle fuego.

Eduardo Césarman aseguró que nunca tuvieron ningún problema. «La verdad es que el Acapulco que conocemos es pacífico, amigable, no es un Acapulco donde haya crimen. Realmente estamos privilegiados», mencionó en su entrevista.

Descartó que se haya enfrentado a problemas o situaciones como el cobro de piso por parte de las autoridades, ni tampoco ningún problema con las autoridades.

Recordemos que en el país, el delito de extorsión es el que más sufren las empresas, seguido del robo o asalto, según datos del instituto de estadísticas INEGI.

El incendio de esta emblemática discoteca llega luego de que el 19 de septiembre un paquete bomba estallara en un restaurante de Salamanca, Guanajuato, matando al dueño y al gerente del lugar. Las autoridades locales señalaron que el ataque obedeció a una deuda millonaria que tenía el propietario del establecimiento.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer las investigaciones en trámite, concluidas, así como las que cuenten con sentencias absolutorias o condenatorias firmes contra el expresidente, Enrique Peña Nieto.

El periodo que abarca la resolución emitida por el INAI abarca del 1 de diciembre del 2000 al 29 de enero de 2021.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Oscar Guerra Ford planteó que al tratarse de información relacionada con motivos de interés público procede su publicidad, ya que su difusión contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y favorece la rendición de cuentas.

“El daño que se causaría con la difusión de la existencia o inexistencia de denuncias contra la persona de interés, aun cuando esto reviste de carácter confidencial por ser un dato personal y evidente de la persona identificable, genera un mucho mayor beneficio a la sociedad en general al publicitarlos que resguardarlos”, indicó Guerra Ford.

Enfatizó que la difusión de la información referida generar certeza sobre la gestión de los exservidores públicos de más alto nivel durante su encargo y el esclarecimiento de hechos que, en su caso, podrían ser violaciones graves de derechos humanos o actos de corrupción.

“Si se negara el derecho de acceso a la información se impediría que la sociedad tuviera los elementos informativos necesarios para el debido escrutinio del ejercicio de las actividades de la Fiscalía o Procuraduría, en cuanto a sus facultades e investigadores, así como respecto del desempeño del exservidor público”, aseveró.

Y es que la FGR respondió que no podía dar a conocer la información requerida, argumentando que al afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna indagatoria, averiguación previa o carpeta de investigación en contra de una persona física identificada o identificable, se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la persona.

Por eso, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó su inconformidad con la clasificación de la información requerida a la FGR, antes Procuraduría General de la República (PGR).

Al analizar el caso, la ponencia del Comisionado Oscar Guerra Ford advirtió que las investigaciones concluidas mediante sentencias condenatorias irrevocables, contra Enrique Peña Nieto, en el período del 1 de diciembre de 2000 al 29 de enero de 2021, por delitos cometidos con anterioridad al ejercicio de sus funciones o encargos, no actualizan la clasificación del pronunciamiento en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Por otra parte, la clasificación sí resulta procedente en lo que se refiere a las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas contra Enrique Peña Nieto, que hayan culminado con el no ejercicio de la acción penal, que la investigación se encuentre en trámite, pero ya fue notificada a dicha persona, y aquellas que cuenten con sentencias absolutorias firmes o condenatorias.

Sin embargo, la ponencia determinó que debe prevalecer el derecho de acceso a la información, por encima de la reserva, pues se trata de un exsecretario, exdiputado, exgobernador y expresidente de la República, por lo que la información reviste un interés público, dados los requisitos para ocupar los cargos de referencia, las altas responsabilidades que le correspondieron y los recursos de los que dispuso.

La ponencia concluyó que dar a conocer la información permitirá a la población evaluar el desempeño de las autoridades, y constituye la vía más eficaz para que toda la sociedad conozca la información relacionada con las actividades de investigación de la FGR relacionadas con las averiguaciones e indagatorias en contra de una persona que formó parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales y de la Federación, lo cual tiene una evidente trascendencia en la vida pública del país.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró este miércoles que la investigación penal que se desahoga en la Fiscalía de Nueva York contra su conglomerado empresarial es una cacería de brujas de los demócratas que no quieren que se postule de nuevo a la presidencia en 2024.

El republicano señaló hoy en un comunicado que se trata de «una continuación de la mayor caza de brujas política en la historia de los Estados Unidos».

Y es que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció ayer martes que se unirá a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan en la indagación penal relacionada con el conglomerado inmobiliario de Trump y el pago de impuestos.

Trump se mostró como una víctima de varias investigaciones del pasado y «testigos mentirosos», que en esta ocasión «buscan desesperadamente un delito».

La investigación está centrada en comprobar si el conglomerado Trump engañó a prestamistas y compañías de seguros sobre el valor de las propiedades y si pagó los impuestos correspondientes por las transacciones que realizó.

La investigación ha estado en curso desde 2019, como un caso civil, al que ahora se agrega el criminal.

El expresidente aseguró que se trata de una campaña de la fiscal James incluso antes de que fuera elegida en ese cargo, la cual buscaba su destitución cuando él era presidente. «Hizo campaña para enjuiciar a Donald Trump incluso antes de saber algo sobre mí», expresó el republicano.

Subrayó que buscan «la destrucción de la suerte política del presidente Donald J. Trump» porque no quieren que se presente de nuevo como candidato.

La notificación de James a la organización supone un nuevo nivel de riesgo legal para el expresidente, de cara a su posible candidatura a las próximas presidenciales, ya que el fiscal general ahora puede pedir sanciones penales como parte de la investigación.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan está examinando millones de páginas de documentos que incluyen las declaraciones de impuestos del magnate neoyorquino.

El expresidente, que vive en Florida tras dejar la presidencia en enero pasado, manifestó que durante años miembros y asociados de la Organización Trump han sido acosados para testificar en su contra, lo que incluye «inventar historias falsas».

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentó esta tarde el plan de investigación de los trabajos que se realizan en la zona donde colapsaron las vigas de un tramo del viaducto elevado de la línea 12 del Metro la semana pasada.

«Si bien las víctimas y sus familias han recibido atención de las autoridades del Gobierno de la Ciudad, coordinado directamente por la Jefa de Gobierno, así como acciones de la propia Fiscalía, sabemos que no es suficiente para ellas, ni para ellos, ni para nuestra sociedad: el pueblo demanda en este caso que se haga justicia», dijo la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy, quien encabezó la conferencia de prensa.

La funcionaria aseguró que para la investigación de lo ocurrido en la línea 12 del Metro se ha conformado un equipo de alto nivel integrado con los mejores peritos, los mejores agentes del Ministerio Público y los mejores policías de Investigación; así como un grupo de expertos independientes especializados en diferentes disciplinas.

Indicó que en un plazo no mayor a seis semanas estarán presentando una «robusta y sólida» investigación sobre el desplome registrado y las causas que lo ocasionaron.

Afirmó que en dicha investigación se revisará el proyecto ejecutivo de la línea del Metro, las obras, la calidad de los materiales, las causas técnicas del siniestro y el sobrecosto de la obra.

Por su parte Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía local, actualizó la cifra de víctimas, las cuales son 26 personas fallecidas; 90 personas lesionadas en hospitales, 21 de ellas continúan hospitalizadas; daños a la infraestructura de la Línea 12 del Metro y daños a vehículos particulares.

Señaló que se iniciaron carpetas de investigación, en las cuales se ha podido identificar tres delitos: homicidio, lesiones y daño a la propiedad.

En este primer corte de los avances de las investigaciones se informó que las cajas negras del convoy involucrado se encuentran bajo resguardo con cadena de custodia, y se precisó que todavía no es posible determinar si el accidente se debió a la falta de mantenimiento o a otras causas.

«Con mucha responsabilidad, objetividad y transparencia, vamos a presentar el resultado de nuestras investigaciones, sin importar la relevancia política o económica de las personas que resulten responsables. Reitero, habrá justicia y no se encubrirá a nadie. Lo importante es la verdad y la justicia», finalizó Ernestina Godoy.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la noche de ayer que investiga, por presuntos delitos electorales, que se sancionan con prisión preventiva, a los dos candidatos que lideran las encuestas a la gubernatura del estado de Nuevo León.

En un comunicado, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), indicó que se ha abierto una carpeta de investigación, por los delitos señalados, a Adrián de la Garza, candidato del PRI.

Esto «por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada ‘tarjeta rosa’, que permite obtener dinero», alrededor de 1,500 pesos, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador de la citada entidad, «lo cual significa la compra y coacción del voto».

La Fiscalía dijo que la carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, «se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente».

Al respecto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, indicó a través de sus redes sociales que la investigación revelada por la FGR en contra de De la Garza, «es un distractor para evadir su responsabilidad en la línea 12 del Metro «de la Ciudad de México.

«Nuestra campaña es una campaña apegada a la ley y cumpliremos nuestras propuestas. También exigiremos respuestas del grave accidente del @MetroCDMX. ¡Vamos para adelante con todo! ¡Vamos a ganar #NuevoLeón!», indicó Moreno.

El otro candidato al que se investiga, es al abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) y actual puntero en la preferencias, Samuel García, así como a su esposa Mariana Rodríguez y a los padres de ambos por aportaciones de dinero y fondos de origen ilícito con fines electorales.

La institución dijo que ha recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en contra de los señalados «por hechos presuntamente delictivos».

Se apuntó que estos delitos están señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales.

Además, señaló que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la autoridad hacendaria.

A diferencia de De la Garza, García salió rápidamente a posicionarse sobre lo informado por la Fiscalía. A través de sus redes sociales dijo que pese a los «ataques a diestra y siniestra» que ha recibido, no tiene nada que ocultar; rechazó que exista alguna irregularidad en su campaña y en su vida personal o profesional.

«De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas», dijo el candidato de Movimiento Ciudadano. Reiteró que el día que una autoridad competente lo requiera, se presentará para aclarar cualquier tema.

«Estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León. Ánimo, la vieja política ya se va», remató.

Recordemos que fue la semana pasada cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rompió de nueva cuenta la veda electoral que le impide hablar de las campañas políticas, al denunciar «en carácter de ciudadano», la supuesta compra del voto por parte del candidato del PRI en Nuevo León.

Pese a las restricciones que la Ley señala claramente, el mandatario exhibió la supuesta tarjeta con la que De la Garza promete dinero si gana la gubernatura.

Autoridades de Jalisco localizaron este jueves unas 18 bolsas con restos humanos en Zapopan, según informó la Fiscalía estatal.

La dependencia, a través de un comunicado, señaló que policías municipales que realizaban un recorrido de vigilancia encontraron «una extremidad humana» y, al ampliar la búsqueda, hallaron las bolsas de plástico negras atadas con cinta plateada en un pequeño barranco junto a un paso a desnivel de una vía rápida.

Los peritos iniciaron las investigaciones para «determinar con exactitud la cantidad de cuerpos que hay en las mismas». El hallazgo se dio en las inmediaciones del estadio Akron.

Esta semana, la zona metropolitana de Guadalajara fue escenario de varios sucesos violentos. El miércoles la fiscalía informó de un ataque que dejó al menos cinco muertos, y el lunes una balacera a plena luz del día desató el pánico en la ciudad.

La Fiscalía apuntó que hubo un enfrentamiento en el que participaron entre 10 y 15 individuos armados que llegaron a un restaurante y aparentemente se llevaron a una persona. En el lugar quedaron un centenar de casquillos.

Jalisco es señalada como tierra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más sanguinarios del país, que está en guerra con otras organizaciones criminales por el control de territorios. Además es una de las entidades con mayor número de desaparecidos.

México ha registrado oficialmente más de 80,000 desapariciones desde 2006. Casi 7,000 fueron reportadas en 2020, año en el que también se recuperaron más de 1,000 cadáveres de fosas clandestinas. Más de la mitad de esos cuerpos fueron hallados en los estados de Jalisco y Guanajuato. Tan sólo en el municipio de El Salto, Jalisco, se encontraron 189 cadáveres.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana jueves que se va a investigar al gigante Vitol, con sede en Suiza, que recientemente admitió haber pagado millonarios sobornos a funcionarios en Petróleos Mexicanos (Pemex), tanto de la anterior administración, como de la autodenominada 4T.

La semana pasada, la subsidiaria de Vitol en Estados Unidos acordó desembolsar 164 millones de dólares para resolver las investigaciones de la justicia estadounidense de que el mayor comerciante independiente de petróleo del mundo pagó más de dos millones de dólares en Brasil, Ecuador y México.

«Se investiga y, de ser cierto, se castigará a los responsables», dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina refiriéndose a Vitol, un socio habitual de la estatal Pemex. «Nosotros no somos tapadera de nadie».

Tras el escándalo, la estatal Petroecuador decidió excluir a Vitol de su lista de proveedores y clientes. En México, sin embargo, no ha habido un anuncio público de Pemex a pesar de las sospechas de irregularidades.

En abril de 2018, Pemex lanzó una licitación para importar etano líquido por primera vez a fin de cumplir con un contrato de suministro a una sociedad entre la brasileña Braskem y el local Grupo Idesa.

A fines de mayo de ese año, la oferta de 231.3 millones de dólares de la saudí SABIC ganó el concurso para suministrar el hidrocarburo hasta 2020, según el fallo de la licitación-

Pero según reportes de mercado, el trato con SABIC no se llegó a firmar y Pemex se decidió por el segundo postor, Vitol, que pidió 6.3 millones de dólares más por enviarle la misma cantidad de etano a Pemex Etileno, según un acta de la evaluación técnica a la que la agencia Reuters tuvo acceso.

Al respecto, esta tarde se informó que PMI-Pemex suspendió temporalmente sus relaciones comerciales con Vitol.

«Conforme a las políticas de debida diligencia y anticorrupción aplicables, PMI ha tomado la decisión de suspender temporalmente las relaciones comerciales de las empresas a la que les presta servicios con Vitol, hasta en tanto no se esclarezca su situación actual», sostuvo la filial comercial de Pemex.

Otro tema que AMLO dijo se investigará, fue lo dado a por El Universal, acerca de la empresa Decoaro y Supervisión SA de CV, que está a cargo de la limpieza en Palacio Nacional, y que se encuentra bajo el esquema de outsourcing con al menos mil 500 trabajadores. A dicha empresa se le han entregado más de 183 millones de pesos en contratos en el gobierno federal y que tiene denuncia de violaciones laborales.

López Obrador dijo que si hay alguna irregularidad se revisará, e indicó que su gobierno debe de dar el ejemplo. «Si hay alguna irregularidad se va a revisar, que bien que lo estás denunciando y ahora que se decida sobre la eliminación de la subcontratación y el ejemplo lo tiene que dar el gobierno, que se investigue todo».

Incluso agradeció al diario, pues dijo: «ayudan, esto es lo que debemos hacer, que no haya corrupción que no haya impunidad».

Este jueves, El Gran Diario de México informa que el actual gobierno federal ha pagado 185 millones de pesos para la subcontratación  de limpieza a través de Decoaro y Supervisión SA de CV, una compañía de outsourcing que aportó como su domicilio fiscal un mini-departamento en Iztacalco en el que según los vecinos nunca ha existido una empresa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado su optimismo por los avances de las diferentes compañías farmacéuticas para lograr una vacuna contra el Covid-19, esto luego de que Pfizer y BioNTech anunciaran el lunes pasado que han logrado con sus ensayos un 90% de eficacia contra el coronavirus.

El director general de organismo con sede en Ginebra, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reconocido que dichas noticias son esperanzadoras.

«Como preveíamos, tendremos una vacuna a finales de este año, y la de Pfizer es muy prometedora», proclamó el etíope en las reuniones que esta semana se celebran por teleconferencia con representantes de los 194 países miembros de la OMS.

Tedros subrayó que espera que más posibles vacunas puedan desarrollarse y animó a que otros laboratorios sigan sus investigaciones pese a que la de la estadounidense Pfizer, con la alemana BioNTech, se muestra por ahora como la mejor posicionada.

Recordemos que actualmente hay más de 200 laboratorios en el mundo trabajando en posibles vacunas contra el coronavirus, y al menos unas 40 están en alguna de las tres fases de test clínicos en personas. De esas 40, una decena están en la tercera fase de pruebas, entre ellas la de Pfizer-BioNTech, y también las de la estadounidense Moderna, la que desarrolla AstraZeneca con la Universidad de Oxford, y tres proyectos chinos (dos de la firma Sinopharm y uno de Sinovac).

También están en esta última fase la que desarrolla el grupo farmacéutico belga Janssen, de la firma estadounidense Johnson & Johnson, la norteamericana Novavax, o la rusa Sputnik V, que fue recibida con cierto escepticismo cuando en agosto el presidente Vladímir Putin la presentó al mundo.

A este respecto, las autoridades rusas han afirmado hoy que Sputnik V ha probado ser eficaz en el 92% de los casos en la tercera fase de los ensayos, según los primeros resultados de las pruebas publicadas hoy.

En la carrera por conseguir la vacuna, ha habido varios momentos desalentadores cuando las pruebas de avanzadas propuestas como las de AstraZeneca, Johnson & Johnson o Sinovac tuvieron que detenerse temporalmente debido a reacciones adversas en los individuos que las recibieron.

La OMS y los expertos han aclarado que es un contratiempo habitual, también en la investigación de otras vacunas, un proceso que habitualmente lleva años pero que debido a la gravedad de la actual pandemia la comunidad científica está intentando reducir a un tiempo récord de apenas 12 o 18 meses.

Algunas de las vacunas candidatas, como la de Pfizer-BioNtech o la de Moderna, utilizan una nueva tecnología nunca antes probada en vacunas, denominada ARN mensajero o ARNm y que de probarse eficaz supondría un enorme avance para la epidemiología, que quizá podría adaptarse contra otras enfermedades.

Esta tecnología presenta un nuevo problema que podría dificultar su deseada producción masiva y distribución a todo el mundo, dado que debe conservarse a temperaturas de en torno a 70 u 80 grados bajo cero.

En la asamblea de esta semana de la OMS ya se ha advertido que eso puede dificultar su llegada a países en desarrollo sin sistemas de almacenamiento en frío tan avanzados, por ejemplo en regiones muy golpeadas por la pandemia como América Latina.

Otro desafío para las nuevas vacunas que lleguen contra el virus es saber si bastará con una o dos dosis para estar inmunizado toda la vida, como ocurre con las que protegen contra enfermedades como la tosferina o la varicela, o si deberá repetirse regularmente, como ocurre por ejemplo con la de la gripe.

El secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, ha autorizado a los fiscales federales de todo el país investigar «acusaciones sustanciales» de irregularidades en la votación de la jornada electoral del pasado martes.

Dichas investigaciones se darán antes de que se certifique la elección presidencial, a pesar de que hay poca evidencia de las irregularidades que denuncia la campaña del presidente Donald Trump.

La medida adoptada de Barr plantea la posibilidad de que Trump utilice al Departamento de Justicia para tratar de impugnar el resultado que hasta ahora da a Joe Biden como ganador de la contienda.

La decisión le da a los fiscales la capacidad de desentenderse de la añeja política del Departamento de Justicia que normalmente prohibiría tales medidas antes de que la elección sea formalmente certificada.

Y es que recordemos que Trump no ha reconocido su derrota, y en su lugar afirma sin pruebas, que ha habido una conspiración multiestatal de los demócratas para sesgar el recuento de votos a favor de Biden.

Biden tiene una ventaja considerable en varios estados reñidos tales como Georgia, Arizona y Carolina del Norte, y en donde no ha habido indicios de suficientes votos mal contados o emitidos ilegalmente que cambien el resultado.

De hecho, los funcionarios electorales de ambos partidos políticos han declarado públicamente que la elección salió bien, aunque ha habido cuestiones menores que son típicas en las elecciones, incluyendo fallas en algunas máquinas de votación y votos que fueron mal emitidos y perdidos.

En un memorando dirigido a los fiscales federales, Barr escribió que las investigaciones «pueden llevarse a cabo si hay acusaciones claras y en apariencia creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, pudieran afectar el resultado de una elección federal en un estado concreto».

Los estados tienen hasta el 8 de diciembre para resolver las disputas electorales, incluyendo recuentos e impugnaciones judiciales sobre los resultados. Los miembros del Colegio Electoral se reúnen el 14 de diciembre para formalizar el resultado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su compromiso de seguir trabajando para resolver el caso Ayotzinapa, esto al reunirse este viernes con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

En encuentro se da luego de la reciente identificación de los restos de uno de los jóvenes que se encontraron en la Barranca de la Carnicería en Cocula, Guerrero.

«El presidente se comprometió a continuar con la investigación, la cual debe estar hasta esclarecer (el paradero) de todos los estudiantes», dijo a medios Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres al salir del encuentro en Palacio Nacional.

Ortega comentó que el presidente «ratificó su compromiso» con el caso, por lo que se dará seguimiento a las nuevas líneas de investigación. «El Gobierno está en disposición de avanzar en la investigación», añadió.

«(El anuncio) nos da la esperanza de que haya un esclarecimiento del caso, este es el inicio de la nueva investigación, nos dijo el presidente y como padres vemos una ruta, y confiamos que hay que seguir», expuso Ortega.

Durante su reunión, López Obrador reiteró a los padres de Christian Alfonso y al resto de los familiares de los estudiantes que el caso no quedará impune y habrá justicia.

Y es que la Fiscalía General de la República (FGR) informó el pasado martes que logró la plena identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, con base en los restos óseos hallados en Cocula.

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, dijo que lo que sigue en el caso de Christian, es que los culpables materiales e intelectuales comparezcan ante la justicia. Además de que «existen más detenciones que realizar, más búsquedas que llevar a cabo, hay muchos pendientes todavía».

Recordemos que hace 10 días, la FGR ordenó la detención de 46 funcionarios por su presunta relación con la desaparición de los normalistas. Además, se detuvo a José Ángel Casarrubias Salgado, alías «El Mochomo», uno de los presuntos líderes del cartel Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los jóvenes.