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Un juez frenó este miércoles de forma indefinida la posible extradición de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue detenido el pasado 5 de enero en Culiacán, Sinaloa.

El Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales con sede en el Estado de México, donde está preso Ovidio, concedió un amparo al hijo del capo, lo que congela su extradición, según el expediente 63/2023.

El juez otorgó una suspensión definitiva, recurso legal que no implica que la posible extradición esté cancelada, sino que impide el acto hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo.

“Se concede la suspensión definitiva, para el efecto de que el directo quejoso no sea extraditado y quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal”, indicó el fallo.

La Fiscalía General de la República (FGR) aún puede impugnar la sentencia, pero el caso se turnaría a un tribunal colegiado para que revise la medida cautelar de Ovidio, conocido como uno de los principales herederos de “El Chapo”, exlíder del Cártel de Sinaloa.

El amparo llega días después de que otro juez federal fijó como fecha límite el 5 de marzo para que el Departamento de Estado de Estados Unidos solicite de manera formal la extradición de Ovidio, donde una corte busca juzgarlo por narcotráfico.

Recordemos que fuerzas federales detuvieron el 5 de enero a Ovidio, en medio de un operativo que desató la reacción del cártel, lo que no impidió que Ovidio fuera trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, conocido también como Almoloya.

En este penal, ubicado en el Estado de México, es donde también estuvo recluido su padre, quien escapó de ahí en 2015.

La detención generó polémica al ocurrir días antes de la visita a México del presidente estadounidense, Joe Biden, con motivo de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, aunque López Obrador (AMLO) negó cualquier relación entre los dos hechos.

Estados Unidos, que ofrecía 5 millones de dólares por su captura desde diciembre de 2021, acusa al presunto narcotraficante de delitos que versan sobre la conspiración para la introducción de drogas a ese país.

Un juez aplazó este martes, por última vez, la audiencia intermedia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en relación al caso de corrupción ligado a la empresa brasileña Odebrecht, y por que se le fincan delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Ahora, la audiencia se celebrará ahora el próximo 10 de marzo, tras la decisión del juez de control Gerardo Genaro Alarcón, quien rechazó los argumentos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR).

En este sentido, el juez concedió el plazo solicitado por la defensa de Lozoya y su madre Gilda Margarita Austin, al considerar que es justificada la petición.

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la mamá de Lozoya apeló al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su “sentido humano y de justicia” para llegar a un acuerdo en favor de Pemex, pues incluso mencionó que “no se ha negociado pagar menos”.

“Lo mejor es que lleguemos a un acuerdo, es lo mejor para todas las partes. Mi hijo ha cumplido en denunciar a otras personas involucradas en corrupción, es el funcionario de más alto nivel del sexenio pasado que ha tenido el valor de contar lo que pasó”, expresó Gilda Margarita Austin según reportes de la prensa..

También sostuvo que confía en las autoridades y en que “sancionen a los verdaderos culpables”, aunque no ofreció nombres o detalles.

En tanto, los representantes de la FGR rechazaron que se concediera una nueva prórroga en el caso Odebrecht y tacharon a estas medidas de dilaciones injustificadas que provocan incertidumbre jurídica para el pueblo de México.

Recordemos que Lozoya Austin fue arrestado en España a principios de 2020 y meses después lo extraditaron a nuestro país, donde tiene dos casos abiertos ante la Justicia, ambos por corrupción.

El primero es por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y posterior gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

El segundo, por la compra a sobreprecio de la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

Por ambos casos, la Fiscalía mexicana pide una condena de 54 años de prisión para el exfuncionario. Tan solo por el caso Odebrecht, la FGR pide 39 años en prisión contra Lozoya.

Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, obtuvo este viernes una suspensión judicial contra una extradición inmediata a los Estados Unidos, que lo requiere por narcotráfico.

“Se decreta de plano la suspensión de oficio respecto de los actos consistentes en la deportación, expulsión, extradición y su ejecución” de manera que “no sea entregado al gobierno de los Estados Unidos de América, ni a ningún Estado diverso”, señala la resolución de un juez.

Washington reclama a Ovidio Guzmán y a su hermano Joaquín por conspiración para exportar a ese país cocaína, metanfetaminas y marihuana. Por cada uno ofrece cinco millones de dólares de recompensa.

Desde ayer, el canciller Marcelo Ebrard ya había descartado una extradición exprés de Guzmán a los Estados Unidos, aclarando que la solicitud existente tenía que seguir el curso regular.

Este viernes, al participar en la conferencia del presidente López Obrador, el titular de la SRE recordó que la ley de extradición mexicana “marca una serie de plazos para que se presenten los elementos” y “evidencias de prueba en contra” del acusado.

“Estimamos que eso va a ocurrir entre cuatro y seis semanas a partir de ahora por parte de los Estados Unidos, que presentó la solicitud de extradición (en septiembre de 2019)”, dijo Ebrard.

Sin embargo, el gobierno de nuestro país acusa a Guzmán por delitos contra la salud y relacionados con armas de fuego, aunque también hay indagatorias vinculadas a la delincuencia organizada, señaló por la secretaria de Seguridad Pública, Roca Icela Rodríguez.

La suspensión judicial se obtuvo previo a que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la Interpol, cumplimentaran una orden de detención con fines de extradición en contra de Guzmán López.

Paralelamente, un juez de Control con sede el Altiplano dictó prisión preventiva con fines de extradición al hijo de “El Chapo”.

El exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien se encuentra actualmente preso por delitos de corrupción, enfrenta un nuevo juicio, ahora por la presunta desaparición forzada, un delito de lesa humanidad.

Un juez determinó vincular a proceso al político, y le impuso como medida cautelar prisión preventiva, justificada por un año y seis meses de investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que pidió al juez iniciar un nuevo juicio por desaparición forzada, cometida en contra de un agente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, identificado con las iniciales D.L.C.

Fue el Juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, quien determinó que había elementos suficientes para el juicio.

Esta decisión no significa que Duarte de Ochoa sea culpable, sino que permitirá la aportación de pruebas de ambas partes.

El despacho Campuzano Abogados, que lleva la defensa del exgobernador, aseguró que es inocente del delito que se le imputa y aseguró que uno de los involucrados declaró en su contra bajo tortura.

“Se determinó que, tal como se ha manifestado en varias ocasiones, Duarte no es ni posiblemente responsable del delito de Desaparición Forzada de Personas. Sin embargo, el juez de control autorizó la continuación formalizada de la investigación, vinculándolo a proceso por presuntamente entorpecer una investigación de dicho delito, sin siquiera contar con las facultades para ello”, expresó el abogado defensor Pablo Campuzano de la Mora.

Recordemos que el exgobernador actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte de Ciudad de México, cumpliendo una condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Durante su mandato en Veracruz, se desató una violencia sin precedentes relacionada con la operación de bandas del narcotráfico y su combate por parte del Estado.

En la última década, han sido localizadas a lo largo y ancho del territorio veracruzano un total de 642 fosas, donde 609 cuerpos han sido recuperados, así como 381 cráneos y más de 56 mil restos humanos.

Un juez concedió un amparo provisional a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en relación al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según revelaron este jueves documentos judiciales.

El juez admitió a trámite el amparo que interpuso Murillo Karam tras su vinculación a proceso el pasado 24 de agosto por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia que presuntamente cometió cuando era el encargado del caso como titular de la PGR en 2014.

“Se admite la demanda de amparo. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, para cuya celebración se fijan las 11:00 horas del 11 de octubre”, establece la resolución del expediente 771/2022 del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

De concederse el amparo definitivo, Murillo Karam podría suspender su proceso judicial por el caso de la desaparición de los estudiantes-

El juez reconoció además “la existencia de diversos juicios de amparo promovidos por el aquí quejoso”.

Diversos medios han señalado que los abogados de Murillo Karam también buscan un amparo para suspender la prisión preventiva que le fue dictada.

El arresto de Murillo Karam, el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa, ocurrió tras conocerse el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó que la desaparición de los 43 normalistas fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles, además de que señala que no hay indicios de que estén vivos.

El informe y la detención del exfuncionario han reavivado la polémica sobre el caso Ayotzinapa a días de que se cumplan ocho años de los hechos.

Tres militares fueron detenidos por su presunto vínculo con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida Guerrero en 2014, informaron este jueves autoridades federales.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dijo durante su intervención en la conferencia matutina de Palacio Nacional, que entre los detenido está quien fuera el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, cuando ocurrieron las desapariciones.

Adelantó que se espera que se concrete una cuarta orden de captura de otro oficial, aunque no mencionó los nombres de los uniformados.

El responsable del Batallón de Infantería de Iguala en 2014 era el coronel José Rodríguez Pérez, quien fue mencionado el mes pasado por el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de ese año.

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, los normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la “bodega vieja” y el 30 de septiembre de 2014 una persona identificada como “el coronel” comentó que “ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes”.

El presidente de la Comisión de la Verdad indicó que se obtuvo esa información a través de llamadas telefónicas de emergencia que acreditan que seis jóvenes estuvieron al menos cuatro días más con vida tras la detención masiva del resto de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

En su último informe la Comisión de la Verdad calificó el caso de Ayotzinapa de “crimen de Estado” tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno.

Poco después de la difusión del informe la Fiscalía General anunció que había emitido 83 órdenes de captura, 20 de ellas a militares y el resto a policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso que van desde delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Tras el anuncio hecho por Encinas, fue detenido y encarcelado quien fuera titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, también adelantó que se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez que liberó en primera instancia al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y 19 personas más, vinculados al caso Ayotzinapa, y quienes también fueran señalados como presuntos responsables en el informe de la Comisión de la Verdad.

“Sobre el fallo de un juez de control de Matamoros, Tamaulipas en contra de José Luis Abarca generó la absolución por secuestro agravado por el tema de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y 19 personas más, esto se va a impugnar por parte del Ministerio Público Federal”, dijo el funcionario.

Un juez mexicano ordenó garantizar la salud física y mental, así como las comunicaciones de Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), quien fue detenido por su presunta participación en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia penal, en la Ciudad de México, Antonio González, señaló en su resolución judicial que la salud del exprocurador debe ser cuidada en un contexto en el que todavía persiste la pandemia de COVID-19.

El juez indicó que Luis Ángel Hernández, director del Reclusorio Norte, donde se encuentra Murillo Karam desde el sábado, “queda obligado a garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica” del detenido.

“Por lo que de manera inmediata deberá tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio”, añadió.

González también le concedió a Murillo una “suspensión de plano para el efecto de que cesen los actos de incomunicación”, aunque eso no implica su libertad porque se mantiene una orden de prisión preventiva por alto riesgo de fuga.

Además, se ordenó permitir el acceso de familiares, abogados y autorizados.

Fue el pasado viernes, cuando la Fiscalía General de la República y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) arrestaron a Murillo Karam por los probables delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, todos relacionados con el caso Ayotzinapa, así como por la fabricación de la llamada Verdad Histórica.

El exprocurador enfrentó su primera audiencia el sábado, en donde se le concedió una segunda audiencia para el mañana a las 08:00 horas, con el fin de que su defensa presente las pruebas que lo deslinden del “crimen de Estado”.

Recordemos que el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la polémica primera versión que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la que habría intervenido Murillo Karam, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 normalistas fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, y no hay indicios de que estén vivos.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con el periodista Jorge Fernández Menéndez sobre la detención Murillo Karam en relación al caso Ayotzinapa, su relevancia e implicaciones políticas, y qué se podría esperar; además del proceso que se le sigue a Rosario Robles.

Un juez aplazó para enero el inicio del juicio conta el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas y otros delitos.

El juez Brian Cogan decidió este lunes en una orden presentada en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses que la selección de los miembros del jurado empezará el 9 de enero de 2023 en lugar de octubre, que era el mes fijado para el inicio del proceso.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

Se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El exfuncionario, de 53 años, se encuentra en prisión en Nueva York desde hace año y medio.

La decisión de Cogan es en respuesta al pedido del abogado de García Luna, César de Castro, quien solicitó tener más tiempo para revisar todas las pruebas que la fiscalía del distrito este de Nueva York ha presentado.

El mes pasado los fiscales dijeron que planean entregar al abogado cinco aparatos electrónicos de un testigo de la fiscalía, además de 4,900 grabaciones de otro testigo. También dijeron que ya han entregado 6,100 páginas con testimonios de testigos del caso y que planean entregar otras 7,500 con declaraciones de testigos.

En total, los fiscales en el caso han presentado más de un millón de páginas que los miembros de la fiscalía consideran pruebas contra García Luna, dijo De Castro.

Además, muchas de las grabaciones presentadas, sostuvo el abogado, son en español y, por lo tanto, el equipo de defensa necesitará un intérprete.

Cogan dijo el lunes en su orden que otro juez tendrá a cargo la selección de jurado y después él presidirá el juicio.

Un juez federal de Texas anuló este lunes su orden de restablecer el programa “Quédate en México” lo que permite al gobierno del presidente Joe Biden poner fin a la medida, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de su territorio el trámite de sus casos.

El juez federal Matthew Kacsmaryk en Texas anuló su fallo en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La petición se basó en el fallo emitido en junio pasado por la Corte Suprema, que dictaminó que la Administración Biden puede poner fin a la política establecida en 2019 por su antecesor Donald Trump.

La Administración demócrata eliminó en febrero de 2021 el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), también conocido como “Quédate en México”, establecido por Trump, pero en respuesta a una demanda encabezada por Texas las cortes obligaron a restablecer la medida en diciembre pasado.

El fallo del máximo tribunal devolvió la demanda a los tribunales inferiores para que tomaran en consideración el último memorando expedido en octubre pasado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Mayorkas argumentó que había fallas en el proceso y falta de “protecciones humanitarias que las personas merecen según la ley”, coincidiendo con las razones que los defensores de los inmigrantes han expuesto contra el programa. “Tiene fallas de origen e impone costos humanos injustificables”, sostuvo.

En un comunicado emitido ayer por la noche, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) celebró la decisión del magistrado y dijo que “se compromete a poner fin a la implementación de MPP de una manera rápida y ordenada”.

Más de 60,000 solicitantes de asilo, la mayoría de los cuales quedaron varados en campamentos en la frontera del lado de México, formaron parte de la primera etapa del programa.

Cerca de 5,800 inmigrantes han sido procesados a través de la segunda fase de MPP impuesta desde diciembre pasado, según recientes cifras. La mayoría son de Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entidad encargada del Tren Maya, informó este miércoles que fueron revocadas las tres suspensiones definitivas que habían sido concedidas para detener las obras del Tramo 5 del Tren Maya.

El director general de Fonatur, Javier May, utilizó sus redes sociales para compartir “buenas noticias para el pueblo”, indicando que fueron revocadas las “suspensiones definitivas” de los amparos 884/2022, 923/2022 y 1003/2022.

El funcionario acompañó el mensaje con fotografías de los documentos, en los que se puede apreciar que las suspensiones fueron dictadas ayer, 02 de agosto.

May añadió que las obras del Tren Maya siempre han sido legales, aunque señaló que se atendieron todos los requerimientos del juez.

Adelantó que “pronto” se resolverán los otros 3 amparos sobre el Tramo 5 del Tren Maya “también en favor del pueblo”. Sostuvo que no hay elementos para ninguna suspensión en contra del proyecto.

“El Tren Maya es una gran obra pública que respeta y fortalece el medio ambiente y será inaugurada en diciembre de 2023”, remató May.

Ayer, el juez Adrián Fernando Novelo, del Primer Distrito del estado de Yucatán, resolvió que no se podía llevar a cabo una revisión para determinar si el gobierno federal violó las suspensiones otorgadas para frenar la construcción del tramo 5 del Tren Maya mediante la declaratoria de la obra como asunto de seguridad nacional.

Según el juez, las pruebas otorgadas por no son suficientes para comprobar que en efecto se retomaron las obras en la zona.

Pese a reconocer que había obras en la zona, Novelo Pérez consideró que las pruebas presentadas por la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) no eran suficientes para saber si son relacionadas a la construcción del Tren o para algo más.

La suspensión de la que reporta el gobierno federal se da luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmara un decreto para expropiar más de un millón de metros cuadrados de propiedad privada en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, en Quintana Roo, para el Tren Maya.

Esta mañana, el presidente habló del Tren Maya, señalando que solo los “opositores retrogradas del conservadurismo”, que dijo son encabezados por Claudio X. González, son los que se oponen al proyecto, afirmando que ni un solo propietario, ejidatario o comunero se ha opuesto al Tren Maya.

Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos de cargos de tráfico de drogas, han pedido que el juicio se postergue hasta al menos enero del 2023.

Recordemos que el juez Brian Cogan, a cargo del caso, determinó que el juicio debía comenzar el octubre próximo. La propuesta es que sea el 9 de enero la fecha en que inicie el proceso.

En documentos introducidos ayer por la noche en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses, los abogados dijeron que el volumen de pruebas que presentan los fiscales del distrito este de Nueva York es enorme y que por lo tanto la defensa de García Luna necesita más tiempo para revisarlo todo.

García Luna, responsable de la seguridad del país entre 2006 a 2012 está acusado en cortes de Nueva York de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

Se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El exfuncionario actualmente se encuentra en prisión en Nueva York.

A inicios de semana, los fiscales dijeron que planean entregar al abogado de García Luna cinco aparatos electrónicos de un testigo de la fiscalía, además de 4,900 grabaciones de otro testigo, como pruebas ante el futuro juicio del exfuncionario. También dijeron que ya han entregado 6,100 páginas con testimonio de testigos del caso y que planean entregar 7,500 páginas adicionales con el testimonio de testigos.

El abogado de García Luna, César de Castro, dijo en la carta introducida ayer que, en total, los fiscales en el caso han presentado más de un millón de páginas que los miembros de la fiscalía consideran como pruebas contra García Luna. Además, muchas de las grabaciones presentadas, dijo De Castro, son en español y, por lo tanto, el equipo de defensa necesitará un intérprete.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó esta mañana que el gobierno federal investiga al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien se ha convertido en un actor incómodo para su administración, y quien en el último revés a la 4T otorgó una suspensión a la empresa Iberdrola para no pagar una multa cercana a 10 mil millones de pesos.

“Este juez al que mencionó (Gómez Fierro), nosotros lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola, estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos”, respondió el mandatario al ser consultado sobre actos de corrupción que se han dado al interior del Poder Judicial.

López Obrador reflexionó que cualquier servidor público, sea del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, no debe gozar de impunidad. Sostuvo que si hay delitos o se demuestra de hay corrupción en el actuar de un juez, se debee presentar una denuncia y ser el Consejo de la Judicatura quien resuelva.

En ese sentido, dijo que la investigación que se realiza sobre Gómez Fierro, existe la sospecha de que hubo falsificación de documentos.

“Si terminamos de descubrir que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos, vamos a proceder legalmente. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos los casos, cero impunidad”, añadió AMLO.

Insistió en que se trate de quien se trate, si se está afectando el interés general o se está cometiendo una injusticia, se debe denunciar.

Y es que Gómez Fierro ha resuelto en temas que al gobierno federal le han entorpecido sus planes. Además del amparo a Iberdrola, esta semana concedió una suspensión definitiva en contra de la política de la Secretaría de Energía que obligaba comprar gas a Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Pero no son los únicos casos: otorgó 9 suspensiones definitivas contra la ley Eléctrica de AMLO; fue el responsable de conceder la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT); Suspendió por tiempo indefinido a la Ley de Hidrocarburos, que daba preponderancia a Pemex en la materia, y ordenó restablecer por tiempo indefinido los límites al poder dominante de Petróleos Mexicanos en el sector.

López Obrador se ha referido a Juan Pablo Gómez, como uno de los jueves que están acostumbrados a defender a grupos de intereses creados.

“Es entendible porque son jueces que defienden a los grupos de intereses creados, unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero, pero a mi no me toca investigar, por qué lo hacen, nosotros lo que tenemos que hacer es defender siempre los intereses de la nación”, dijo en una de sus conferencias matutinas.

Pese a los señalamientos realizados, López Obrador descartó que vaya a presentar una iniciativa de reforma para limpiar el Poder Judicial. “Yo soy más partidario de que la reforma del Poder Judicial surja al interior del Poder Judicial a que sea con una iniciativa para cambiar la Constitución y reformar de esa manera el Poder Judicial”, remató.

Un juez en Estados Unidos ordenó este martes que no se revelen públicamente los nombres de los miembros del jurado del juicio al exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, y que éstos sean escoltados al llegar y salir de la corte además de quedar aislados del público durante el día en el tribunal.

El juez Brian Cogan concedió así el pedido de la fiscalía de mantener al jurado anónimo y parcialmente aislado para garantizar su seguridad.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

Se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El exfuncionario se encuentra en prisión en Nueva York.

Los fiscales del distrito este de Nueva York dijeron meses atrás que les preocupaba que personas cercanas a García Luna llevaran a cabo una campaña de acoso, intimidación y violencia contra testigos en el juicio y sus familias. El juez Cogan estuvo de acuerdo este martes.

“Los hechos que presenta el gobierno muestran que García Luna, de forma repetida, dio prioridad a sus ganancias personales por encima de sus responsabilidades como funcionario público y, a cambio de millones de dólares, aseguró el éxito y seguridad de una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas y notorias del mundo”, escribió el juez.

Agregó que la violencia persistente y el amplio alcance del cártel hacen que sea razonablemente probable que los miembros del jurado puedan tener miedo por su seguridad si no se les garantiza anonimidad.

Los abogados de García Luna dijeron en abril que su cliente no es violento y que no tiene conexión con altos mandos del Cártel de Sinaloa y que, por lo tanto, los miembros del jurado no deberían quedar anónimos ni ser apartados del público.

Si eso ocurriera daría la impresión de que su cliente es culpable de los cargos que se le imputan y que eso no garantiza un juicio justo, aseguró el abogado César de Castro.

Durante el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán a fines de 2018 e inicios de 2019, el jurado también fue anónimo y estuvo parcialmente aislado.

El mes pasado los fiscales del caso de García Luna dijeron que poseían una grabación que demuestra que el exfuncionario habló con otro preso en la cárcel en la que se encuentra sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en su contra. También aseguraron que en la grabación García Luna mencionó a Jesús “El Rey” Zambada, un exlíder del Cártel de Sinaloa.

Los fiscales dijeron que funcionarios estadounidenses que realizaron la grabación incluso llegaron a entregar al otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa para que el preso se lo entregara a García Luna.

Según la fiscalía, García Luna y el otro preso llamaron por teléfono desde la cárcel al agente encubierto, aunque los fiscales no ofrecieron más detalles. El martes el juez Cogan hizo referencia a la grabación en su orden y dijo que es fácil pasar de acosar o intimidar a un miembro del jurado a llegar a manipularlo.

Un juez federal suspendió indefinida de las corridas de toros en la Plaza México, ubica en la Ciudad de México, la más grande del mundo, aunque la sentencia aún puede ser apelada.

“Se concede la suspensión definitiva para los efectos precisados en la presente resolución”, señala el fallo sobre la demanda que interpuso la asociación civil Justicia Justa contra los reglamentos que permiten la tauromaquia en Ciudad de México.

Recordemos que el pasado 27 de mayo, el juez ya había suspendido provisionalmente las corridas mientras escuchaba los argumentos y pruebas de las partes para tomar una resolución de fondo.

En respuesta, el coso capitalino dijo que “diferirá la celebración de las corridas y novilladas programadas” y que “continuará con la defensa legal” de lo que llamó “las costumbres y tradiciones mexicanas”.

La siguiente actividad que se iba a celebrar en el recinto estaba programada para el próximo  2 de julio. Ese día se llevaría a cabo en los alrededores del escenario la primera “pamplonada” de la capital, tradición española en la que se cierran calles y sueltan astados para lidiarlos.

La decisión aún puede ser impugnada por los organizadores de los espectáculos, aunque el tribunal podría tardar varios meses en decidir sobre esos recursos.

Distintas organizaciones civiles han promovido a lo largo de los años acciones legales para que se prohíban las corridas, una tradición de 500 años en México, aunque no habían tenido éxito. Los impulsores de la prohibición reclaman que la ley trata a los toros como “cosas” e ignora el sufrimiento animal.

En diciembre pasado, el Congreso capitalino se pronunció a favor de prohibir la fiesta brava, pero falta una votación en el pleno para que la medida quede en firme. En tanto, el Legislativo abrió un diálogo con los implicados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que las obras del Tren Maya no se detendrá pese a la suspensión definitiva que otorgó un juez para detener la construcción del tramo 5 del proyecto, uno de los más emblemáticos de su gestión.

“De todas maneras vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del pueblo, de la nación”, indicó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

López Obrador se refirió así a la decisión de un juez federal que ayer otorgó un amparo a ambientalistas con el que se detendrá la planeación, construcción, desarrollo y acondicionamiento del tramo 5 de la obra, que está a cargo del Ejército de forma exclusiva.

La autoridad judicial consideró que el proyecto no cumple con los criterios para desarrollarse y puede tener “daños irreversibles” para el ecosistema, además de que no se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que aunque ya se encuentra en proceso, el juez dijo que debía estar lista antes de iniciar con las obras.

El mandatario señaló que ante el amparo van a acudir a otras instancias “o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento”, sostuvo.

López Obrador afirmó que van a continuar con todo el procedimiento legal “sin ningún problema”. Y “estamos seguros de que la obra va a continuar”, agregó.

Aseguró que, como no es muy largo el tramo que está detenido por ahora, se va a reiniciar y se va a recuperar el tiempo para entregar la obra como se ha prometido, en diciembre de 2023.

AMLO señaló que el amparo es un asunto “politiquero” de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, especialmente “pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo de turismo, y también por gobiernos extranjeros”.

Reafirmó sus señalamientos de que hay ambientalistas que están financiados por el gobierno de Estados Unidos y empresas estadounidenses, al aseverar que el tramo que está en disputa es donde hay más dinero. Recordemos que el tramo 5 del Tren Maya contempla 60 km entre Playa del Carmen y Tulum.

Sin embargo, el tramo 5 no es el único sobre el que se han presentado amparos. Otro tramo de la obra, el que va de Cancún a Tulum, también fue suspendida provisionalmente por un juez el pasado 2 de mayo.

Fonatur, quien está a cargo de dicho proyecto, indicó en un comunicado que la suspensión judicial será únicamente definitiva hasta que se resuelva de fondo la MIA del proyecto, actualmente en trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En su comunicado, Fonatur reconoce los daños que la obra ocasionará, pero justifica con los “beneficios” que traerá a la región.

“Para Fonatur, la MIA sobre el Tramo 5 Sur es un sólido documento que contempla posibles impactos, pero que también prevé abundantes acciones de mitigación en favor del medio ambiente, las cuales se sumarán a medidas ya en curso como la reforestación del sureste con casi 500 millones de árboles y el fortalecimiento de áreas naturales”, se lee en el documento.

Un juez federal suspendió este viernes provisionalmente las corridas de toros en la Plaza México, la más grande del mundo.

La decisión se enmarca en una demanda interpuesta por la asociación civil Justicia Justa contra los reglamentos locales que permiten la tauromaquia en la Ciudad de México.

“Deberán de suspender de inmediato los espectáculos taurinos en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos”, señala el fallo judicial.

La medida regirá en principio hasta el próximo jueves, cuando el juez escuchará los argumentos y analizará las pruebas de las partes involucradas para tomar una resolución de fondo, detalla la medida.

La próxima actividad a cargo de la Plaza México, uno de los sitios emblemáticos de la capital, está programada para el próximo 2 de julio. Ese día se llevará a cabo en los alrededores del inmueble la primera “pamplonada” de la capital, tradición española en la que se cierran calles y sueltan astados para lidiarlos.

La plaza de toros puede apelar la suspensión y decisiones futuras en el mismo sentido.

Recordemos que distintas organizaciones civiles han promovido a lo largo de los años acciones legales para que se prohíban las corridas, una tradición de 500 años en México, pero esta es la primera vez que se ordena que sean suspendidas.

En diciembre pasado, el Congreso capitalino se pronunció a favor de prohibir la fiesta brava, pero falta una votación en el pleno para que la medida quede en firme. En tanto, el Legislativo abrió un diálogo con los implicados.

La Plaza México es la más grande del mundo, con capacidad para 50,000 espectadores, y tradicionalmente ha sido espacio de reunión de figuras públicas.

Los impulsores de la prohibición reclaman que la ley trata a los toros como “cosas” e ignora el sufrimiento animal. En tanto, los taurinos reivindican la tradición y el valor económico de la industria, que en 2018 movió 343 millones de dólares, creando unos 80,000 empleos directos y 146,000 indirectos, según los más recientes datos oficiales disponibles.