Ana Paula Ordorica
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Juez agredió groseramente al ministerio público y se enfocó en defender a Scherer: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) manifestó su apoyo al Ministerio Público Manuel Granados Quiroz, y a su equipo de trabajo, quienes estuvieron al frente del proceso que se seguía en contra de abogados y un asesor financiero ligados al exconsejero jurídico de la Presidencia, mismo que fue desechado por un juez este jueves.

La Fiscalía “se opone terminantemente a la resolución ilegal del Juez de Control Federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna”, dijo la FGR en un comunicado.

Alegó que el juez descalificó y agredió groseramente al ministerio público, negándose a tomar en cuenta más de 75 datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora. Dijo que Delgadillo Padierna se dedicó prioritariamente a realizar la defensa del Scherer Ibarra, quien no estaba imputado, aunque dijo que sí existían una serie de pruebas sobre su participación en los delitos de los que se le imputaron a los abogados.

Delgadillo Padierna inválido esta mañana el proceso que la FGR presentó en contra de Juan Araujo, César Omar González, Isaac Pérez y David Gómez, acusados por Juan Collado de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión y lavado de dinero.

Subrayó que el abogado defensor del caso, Alejandro “R”, quien fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, propuesto por Julio Scherer. El abogado, días antes de la audiencia, afirmó públicamente que se iba a “acabar esta venganza”, resultando extraño que el juez coincidiera y calificara la imputación de “venganza”, sin que hubiera prueba alguna de ello.

La Fiscalía advirtió que presentará de inmediato el recurso de apelación en contra de la resolución del juez. Además, dijo que se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“La FGR ratifica su respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación. Uno o varios casos no van a motivar confrontación alguna con dicho Poder del Estado Mexicano, y mantendremos ese criterio, a pesar de toda la presión mediática que quiere convertir la procuración de justicia en un choque institucional, en un escándalo o en un encubrimiento”, sostuvo la dependencia, encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Finalizó señalando que la conducta inadmisible del juez en este caso no habrá de inhibir al Ministerio Público a judicializar todos los casos en que haya corrupción, tráfico de influencia o intereses ajenos a la justicia.

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Revés para Gertz Manero. Juez desecha caso contra abogados vinculados a Julio Scherer

Un juez ha decidido no vincular a proceso a tres abogados y un asesor financiero, todos cercanos a Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia, por supuesta extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fue el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna quien desestimó los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), que buscaba vincular a proceso a Juan Araujo, César Omar González, Isaac Pérez y David Gómez Arnau.

El proceso judicial que se seguía tenía sus origen en una denuncia hecha por Juan Collado, quien se encuentra en prisión desde julio de 2019, y acusaba a los abogados y asesor de tener un vínculo cercano al entonces funcionario, quienes le habrían pedido hasta 2,000 millones de pesos para tramitar su salida de prisión.

La acusación señalaba que Collado había dado 10 millones de pesos para frenar la investigación en su contra que llevaba la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además, aseguraba haber pagado 1.3 millones de dólares para dejar la prisión.

El fallo del juez, el mismo que actuó en el caso de Rosario Robles, significa un fuerte revés para el Fiscal, Alejandro Gertz, quien se sabe mantiene una rivalidad con Scherer Ibarra desde hace tiempo atrás, lo cual se especula fue una de las razones para dejar el gabinete.

Delgadillo Padierna precisó que la Fiscalía señaló a Scherer Ibarra como parte fundamental de la asociación delictuosa de la que imputó a los cuadro investigados, pero él no fue citado a comparecer, lo que el juzgador consideró como un intento de “imputación ficticia” contra el exconsejero jurídico, con lo que violó su presunción de inocencia.

Precisó que la FGR inició un procedimiento “ilegal” contra los investigados porque sabía que el criterio de oportunidad solicitado por Collado era improcedente. Dijo que la FGR no presentó dato alguno que ayudara a establecer la existencia de un delito por parte de alguno de los investigados.

Ante esto, ordenó dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que investigue y determine si Juan Collado o los fiscales violaron los derechos humanos de los acusados. “La Fiscalía General de la República se ha conducido con mala fe y mala intención”, dijo el juez.

Este es uno de los casos por los que el Fiscal ha sido acusado por utilizar el poder de la justicia a su favor. Hace algunas semanas, Scherer respondió con una carta publicada en el semanario Proceso, donde acusó a Gertz Manero de tráfico de influencias.

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Juez libera a elemento de la Guardia Nacional que mató a estudiante en Guanajuato. Padres exigen justicia

Los padres del estudiante que murió por disparos de arma de fuego de un agente de la Guardia Nacional el pasado miércoles en Irapuato, Guanajuato, exigieron justicia este domingo luego de que el elemento fuera liberado por un juez.

El agente estaba señalado como presunto responsable de matar a Ángel Yael Ignacio Rangel, alumno de la Universidad de Guanajuato, pero fue puesto en libertad luego de que el juez resolviera no abrir un juicio en su contra.

“Esta resolución es indignante. Exigimos justicia, la muerte de Ángel no puede quedar impune”, dijo Norma Lucía Rangel Sánchez, madre de Ángel Yael en un video en redes sociales este domingo. “Estoy consciente que la vida de mi hijo no me será devuelta, estoy consciente que esto puede parar para que no haya un caso más, que ninguna madre tenga que vivir esto”, agregó.

La tarde del 27 de abril, Ángel Yael, de 19 años y quien cursaba la licenciatura en Agronomía en la Universidad de Guanajuato, murió luego de ser atacado a balazos por un agente de la Guardia Nacional. El elemento fue remitido a las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, el sábado un juez federal de control decidió no abrir un juicio en su contra, por lo que fue puesto en libertad.

Tras esta decisión, la Universidad de Guanajuato emitió un comunicado en el cual criticó que el presunto responsable haya sido imputado por el delito de tentativa de homicidio, cuando en realidad el incidente acabó con la vida de Ángel Yael y además dejó a otra alumna herida.

Además, sostuvo que la imputación no coincide con los hechos narrados, tras el incidente, por la propia Guardia Nacional en un boletín.

“Como hemos insistido, hay indicios para presumir que el hecho tiene varias implicaciones, y que es factible que haya más elementos involucrados en lo ocurrido”, apuntó la nota firmada por el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino.

Luego de conocer la resolución del juez, los padres de Ángel Yael publicaron un video en el que reiteraron su exigencia de que haya justicia tras lo ocurrido con su hijo.

Además, informaron que no aceptarán la reunión que les ofreció la oficial mayor de la Guardia Nacional, Evangelina Hernández, mientras no reciban una explicación que sea justa y congruente con los hechos sucedidos el 27 de abril.

“Mi hijo murió y eso no va a cambiar, pero la impartición de justicia en nuestro país sí puede ser diferente”, dijo la madre.

La mujer resaltó que esperan que el Ministerio Público federal, tras lo resuelto por el juez de control, emprenda acciones inmediatas, además de que haya una investigación profunda para esclarecer el crimen de su hijo.

En respuesta, a través de un comunicado emitido este domingo, la Guardia Nacional señaló que la investigación para deslindar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan, “sigue su curso y no está concluida”.

Además, dijo que colaborará con las autoridades correspondientes “y aportará todos los elementos a su alcance para el esclarecimiento de los hechos” y que no habrá impunidad en este hecho u otro en el que esté involucrado alguno de sus integrantes.

La institución recordó tanto los agentes, sus armas y los vehículos oficiales, están disponibles para cuando sean requeridos por el Ministerio Público”.

En tanto, la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación para que se garantice el acceso a la justicia en este caso.

Además, dijo que “asumirá con toda firmeza la representación de las víctimas en el marco de sus atribuciones y se impugnará toda resolución que vaya en detrimento de sus derechos humanos”.

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Juez concede suspensión provisional al tramo 5 del Tren Maya. AMLO dice que no han sido notificados

Un juez de Yucatán concedió la suspensión provisional de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que correrá entre Playa del Carmen y Tulum, al considerar que dicho proyecto no cuenta con la autorización de impacto ambiental.

“Si bien la sociedad tiene interés en que se construyan vías de comunicación para el servicio público, lo cierto es que también está interesada en que eso se haga conforme a las disposiciones legales que en materia ambiental prevé el derecho mexicano”, indicó el juez en respuesta a un amparo que un grupo de buzos de la zona presentaron el mes pasado.

Es la primera vez que un juez se pronuncia sobre el tramo 5 del Tren Maya, que ha generado gran polémica debido a los cambios que se han hecho en su trazo y que el actual afectaría la zona selvática ya que pasa por áreas de vegetación y por encima de ríos subterráneos, incluidos cenotes.

Los cambios en este tramo ha originado las denuncias de diversos grupos ambientalistas, especialmente la campaña #SelvameDelTren, en la que diversas figuras públicas, como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade o Kate del Castillo denuncian el ecocidio que generaría el Tren.

Hace unos días, el presidente López Obrador aseguró en su conferencia matutina que todo el Tren Maya incluido el tramo 5, contaba con todas las autorizaciones necesarias para poder avanzar en su construcción. Además, recordó el decreto emitido a finales del año pasado, por el que las obras de infraestructura estrella de su administración se catalogan como de seguridad nacional, lo que les permite trabajar en ellas pese a no contar con todos los requisitos que la ley marca.

En su conferencia matutina de hoy, el mandatario fue consultado sobre la suspensión concedida y dijo que el gobierno no ha sido notificado de dicha suspensión, aunque lanzó sus ya conocidas críticas de que detrás de este tipo de decisiones hay política y no justicia.

“Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata. Solo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña contra el Tren Maya, financiada por organismos internacionales y empresarios”, manifestó.

Añadió que si bien cada quien puede pensar con absoluta libertad, será el Poder Judicial quien resuelva sobre el tema, y enfatizó que “el tren va”.

Insistió en que el tramo 5 del Tren Maya no afecta ningún cenote, ni ríos subterráneo, y argumentó que los jueces que antes callaron, ahora “solo ve escritos” y no lo que sucede en el terreno.

Foto: Twitter @gchristy65

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Vinculan a proceso a exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex

Un juez vinculó a proceso a René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), señalado de comprar títulos bursátiles con recursos del organismo.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de un ex servidor público del organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”, informó la FGR en un boletín.

Según detalló la Fiscalía General, René “G”, en su calidad de titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, entre febrero de 2019 y junio de 2020, “presumiblemente autorizó la compra de 100,000 títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa”.

Ello pese a que no contaba con la facultad de colocar recursos públicos en tales certificados. “De igual forma, la compra es contraria a lo establecido en los Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal”, agregó el texto.

El 6 de abril pasado, en audiencia inicial, la defensa del exfuncionario solicitó que se resolviera la situación jurídica de su cliente, por lo que, con los datos aportados por el agente del Ministerio Público Federal (MPF), el juez de la causa dictó vinculación a proceso.

Asimismo, se concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria, así como las siguientes medidas cautelares: firma quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA); prohibición de salir de la Ciudad de México y Zona Metropolitana y prohibición de acercarse a los testigos, así como una garantía económica.

“Este es solo uno de varios casos que se encuentran en investigación por el uso indebido de recursos públicos asignados al organismo denominado Segalmex”, concluyó la FGR.

Las adquisiciones de Segalmex llevan tiempo despertando críticas y acusaciones contra la 4T. Por ello, el gobierno cesó en junio de 2020 al entonces director de Administración y Finanzas del organismo, René Gavira.

En julio del pasado año, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló contratos directos por 797 millones de pesos entre una red de empresas fantasmas y este organismo descentralizado y perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

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Fabricantes de armas de EUA piden a juez que rechace demanda que México interpuso

Los principales fabricantes de armas de Estados Unidos tienen previsto solicitar este martes a un juez federal de Boston, que desestime una demanda del gobierno mexicano que les acusa de facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga, lo que ha provocado miles de muertes en México.

Se espera que los abogados de esas compañías, entre ellas Smith & Wesson y Sturm, Ruger & Co, pidan en una audiencia virtual al juez de distrito F. Dennis Saylor que deseche la demanda que nuestro país presentó en agosto pasado por 10,000 millones de dólares.

Recordemos que México acusó a las empresas de socavar las leyes en materia armamentística al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar sabiendo que equiparían a los cárteles de la droga, estimulando asesinatos, extorsiones y secuestros.

La demanda argumenta que cada año se trafican a nuestro país más de 500,000 armas desde Estados Unidos, de las cuales más del 68% son producidas por las firmas demandadas, entre las que también se encuentran Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.

Las compañías argumentan que el demandante no ha podido demostrar que el gasto financiero en que incurrió para la atención sanitaria, la aplicación de la ley y otros esfuerzos para hacer frente a la violencia con armas de fuego sea atribuible a la acción de los fabricantes.

Las firmas también argumentan que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos les protege de las demandas por el mal uso de sus productos.

México, sin embargo, dice que esa ley sólo excluye las reclamaciones por lesiones en Estados Unidos y no protegería a las compañías de las acusaciones por el tráfico de armas a delincuentes mexicanos.

Los fiscales generales demócratas de 13 estados junto con el Distrito de Columbia presentaron en enero escritos de apoyo a México, al igual que los países Antigua y Barbuda y Belice, que dijeron que los delitos violentos con armas habían perjudicado a América Latina y a las naciones del Caribe.

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Será el próximo jueves cuando se defina si se revoca o no acuerdo de Sandra Cuevas con policías

Un juez determinó que la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no cumplió con la disculpa pública a la que se comprometió con los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que la acusaban de los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

El representante de la Fiscalía local solicitó al Juez que se revoque el acuerdo reparatorio y se reinicie el procedimiento penal contra Sandra Cuevas.

Sin embargo, el juez determino que la audiencia donde se definirá el futuro del proceso de la alcaldesa se aplazaría para el próximo jueves, a las 9:00 horas, en el reclusorio norte.

Los representantes del Ministerio Público explicó que la disculpa debe entender como un reconocimiento formal y público de los hechos de los que se le acusan, por lo que las declaraciones de Cuevas no correspondían a esto. Además, indicaron que la supuesta disculpa no se realizó en presencia de las víctimas, ni se mencionaron sus nombres o datos que los identificaran.

Incluso acusaron que Sandra Cuevas cuestionó y revictimizó a los policías, quienes dijeron sentirse burlados, menospreciados y humillados.

Recordemos que incluso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, había denunciado que la disculpa que ofreció Cuevas era digna de una justicia “chapucera”.

Durante la audiencia, que duró poco más de dos horas, la Fiscalía capitalina argumentó que Sandra Cuevas incumplió, además de los términos de la disculpa pública, en no realizar manifestaciones relacionadas con el hecho, pues se reportó que aceptó entrevistas radiofónicas.

En la audiencia del próximo jueves 31 de marzo, ambas partes buscarán llegar a un consenso respecto a la suspensión condicional del proceso.

El periodista Víctor Hugo Michel de Milenio informó en redes sociales que Cuevas habría estallado en contra de si equipo legal, quien durante la audiencia no rechazó las acusaciones del Ministerio Público, y se limitó a decir que no se había especificado los alcances de la disculpa.

Michel asegura que pese a que ya se había alcanzado el acuerdo, tiene planes de rechazarlo e irse a juicio.

A su salida de los juzgados, la alcaldesa se limitó a decir que no podía hablar del tema, aunque señaló que sigue confiando en las instituciones, además de que confirmó que seguía siendo titular de la demarcación, donde tiene “mucho trabajo”.

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Policía hondureña cumplimenta orden de arresto contra expresidente Juan Orlando Hernández

La policía arrestó este martes al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien es solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos por cargos de narcotráfico y tráfico de armas.

El arresto se produjo poco después de que un juez hondureño firmara una orden de arresto, y a menos de tres semanas de que Hernández dejara la presidencia.

Además, su detención se produce tras años de señalamientos por parte de fiscales estadounidenses sobre supuestos vínculos del exmandatario hondureño y narcotraficantes.

Hernández salió de su casa flanqueado por la policía, con grilletes en las muñecas y los tobillos, y con un chaleco blindado. Subió a un vehículo de la policía. Un helicóptero de la policía que había estado esperando en las inmediaciones levantó el vuelo, pero parecía que sólo estaba escoltando la caravana.

La Corte Suprema de Justicia designó a un juez esta ,añana para que se encargue del caso; horas después el juez firmó la orden de arresto de Hernández, dijo el portavoz del tribunal, Melvin Duarte.

La Secretaría de Seguridad, que tenía rodeado el domicilio de Hernández desde el lunes por la noche, actuó rápidamente para detenerlo.

El secretario de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, quien fue despedido por Hernández como jefe de la Policía Nacional en 2014, dijo que Hernández se había asociado “con cárteles para el tráfico y corromper a muchas instituciones públicas, (lo) que generó deterioro social y anuló la aplicación de la justicia en Honduras”.

El funcionario dijo que los principales cargos a los que se enfrenta Hernández en Estados Unidos son tráfico de drogas, uso de armas para el narcotráfico y asociación delictuosa para usar armas en el tráfico de drogas.

Los fiscales estadounidenses en Nueva York habían implicado reiteradamente a Hernández como cómplice durante el juicio por narcotráfico de su hermano en 2019, alegando que su ascenso político fue alimentado por ganancias del narcotráfico .

Su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández fue condenado a cadena perpetua por cargos relacionados a drogas y armas en marzo de 2021.

Hernández publicó una grabación de audio a través de Twitter a primera hora de este martes en la que agradecía a sus seguidores. “No es un momento fácil”, dijo. “A nadie se lo deseo”.

Aseguró que sus abogados ya habían informado a la Policía Nacional que “estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida para poder enfrentar esta situación y defenderme”.

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Lozoya se quedará en prisión; juez reitera prisión preventiva justificada

En cumplimiento de la sentencia emitida por el Tercer Tribunal Unitario en materia penal,  esta tarde el  juez José Artemio Zúñiga revisó la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya, y ordenó mantener en prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex.

El juez volvió a justificar su decisión en que Lozoya Austin, acusado de delitos de corrupción por el caso Odebrecht, e presenta riesgo de fuga, ya que cuenta con una red de contactos y recursos económicos que le permitirían evadir a la justicia.

El juez también señaló que en caso de ser declarado culpable, la pena que podría alcanzar Lozoya motivaría su huida del país, además de que hasta el momento no se ha acreditado el pago de la reparación del daño por el caso Odebrecht ni se ha concretado la petición del criterio de oportunidad que solicitó.

“La Fiscalía General de la República justificó de manera fundada y motivada la variación objetiva de las condiciones por las que se impusieron las medidas cautelares, por lo que el imputado permanecerá en prisión preventiva justificada hasta el final del proceso”, reiteró esta tarde el juez.

Recordemos que ayer se dio a conocer que la magistrada Isabel Porras del el Tercer Tribunal Unitario, ordenó revisar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que mantenía en prisión a Lozoya desde noviembre pasado. Fue justo el juez José Artemio Zúñiga Mendoza quien había fallado con la misma medida en ese momento, y ahora la ratificó.

Emilio Lozoya  es acusado de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero, en el tramo de la empresa brasileña Odebrecht.

En la apelación concedida a Lozoya, la magistrada  ordenó realizar la revisión de la medida, sin que la FGR o la defensa del exfuncionario pudiera presentar nuevos argumentos.

Horas antes, un tribunal federal desechó la impugnación que hiciera la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra la orden de liberar a Lozoya Austin por el caso Agronitrogenados.

El Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, con sede en la Ciudad de México, desechó la demanda de amparo presentada por la UIF contra la orden emitida.

Sin embargo, la UIF anunció que impugnará el desechamiento del amparo que promovió. Dijo que considera que la resolución del Tercer Tribunal Unitario, en la que declaró que el patrimonio de la UIF no resulta perjudicado con la orden de liberar a Lozoya, no fue correcta.

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Juez pide revisar medida cautelar impuesta a Lozoya; podría quedar en libertad

Un juez ordenó este martes revisar la prisión preventiva impuesta al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, detenido por ser el principal implicado en el país del escándalo de sobornos de Odebrecht, toda vez que indicara que el juez de control que impuso la medida cautelar no estuvo bien justificada.

En un comunicado que confirmó el hecho, el gobierno federal anunció un recurso legal para evitar que Lozoya salga del Reclusorio Norte, donde está detenido desde noviembre pasado.

“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está presentando amparo contra la revocación de un tribunal unitario, respecto a la resolución de prisión preventiva de Emilio ‘N’, dictada por el juez en el proceso de Odebrecht”, avisó esta dependencia.

El fallo actual no implica la salida inmediata de Lozoya; el asunto se decidirá en una audiencia prevista para la tarde de este miércoles.

“Dicha revocación del tribunal unitario es solo para el efecto de que el juez dicte nueva resolución; no obstante la UIF solicita la suspensión por la vía de amparo”, concluyó el breve comunicado.

La decisión llega después de que el sábado un juez mexicano ordenó liberar a Lozoya por un caso distinto, el de la compra de la planta chatarra de fertilizantes de Agronitrogenados que adquirió como director de Pemex con un presunto sobreprecio de 500 millones de dólares a cambio de supuestos sobornos.

Las autoridades detuvieron a Lozoya a inicios de 2020 en España, y México lo extraditó como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero el pasado noviembre ingresó en prisión preventiva tras protagonizar un escándalo por cenar en un restaurante de lujo.

Antes, el exdirector de Pemex llevó su proceso en libertad por el “criterio de oportunidad”, que lo trataba como testigo protegido para denunciar una red de corrupción que abarcaba a Peña Nieto y a políticos de la oposición.

Lozoya está acusado de recibir presuntamente 10,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña y la presidencia de Peña Nieto. Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió este mes una condena de hasta 39 años de prisión para Lozoya por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho.

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FGR investigará a López-Gatell por omisiones que provocaron muertes por COVID

Un juez federal ordenó esta tarde a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al encargado de la estrategia contra el COVID-19 en el país, el subsecretario Hugo López-Gatell, por posibles delitos de omisión en el manejo de la pandemia, informó este jueves el abogado que lleva el caso.

“El día de ayer (miércoles) el juez (…) determina que la Fiscalía General de la República tiene que investigar a fondo este asunto”, dijo Javier Coello, el abogado que representa a los denunciantes en entrevista con Radio Fórmula.

El abogado detalló que la denuncia contra López-Gatell tiene su origen en el fallecimiento de familiares de dos de los trabajadores de su despacho legal, quienes perdieron la vida a consecuencia del COVID-19.

Parte del argumento legal es que el funcionario “tenía la obligación, el deber de cuidar, de prevenir todo esto que desde enero de 2020 se conoció y no lo hizo”, explicó Coello, quien agregó que en la denuncia se narran lo que llamó “negligencias” de López-Gatell, entre ellas la prohibición a los hospitales privados de hacer pruebas para detectar COVID.

Recordemos que López-Gatell fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como responsable y vocero de la estrategia del gobierno federal para hacer frente a la pandemia. Durante su encargo, el funcionario se ha visto envuelto en varias polémicas que involucraron el uso de mascarillas, la necesidad de hacer pruebas masivas para detectar la enfermedad o el número real de muertos por la emergencia sanitaria.

México afronta en las últimas semanas un aumento alarmante en el número de contagios. En total, suman 4.4 millones de contagios y 302,112 fallecimientos.

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Australia cancela por segunda ocasión la visa a Djokovic; será detenido mañana

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El gobierno de Australia canceló este viernes por segunda vez el visado del número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, que será detenido el sábado a la espera de que se celebre este fin de semana una audiencia judicial en la que intentará evitar su deportación.

Tras varios días estudiando el caso, el ministro de Inmigración, Alex Hawke, decidió hoy volver a cancelar el visado de Djokovic con la intención de expulsarlo del país, lo que también podría implicar la prohibición de volver durante tres años a Australia.

“Hoy he ejercido mi poder bajo la sección 133C(3) de la Ley de Inmigración para cancelar el visado del Sr. Novak Djokovic basado en razones sanitarias y del mantenimiento del orden por ser de interés público”, señaló el ministro en un escueto comunicado al remarcar que sopesó “cuidadosamente” la información proporcionada por las partes.

El primer ministro australiano, Scot Morrison, defendió hoy la segunda cancelación del visado de Djokovic, al destacar los sacrificios realizados por los australianos durante la pandemia en el país, que ha sido uno de los más estrictos a la hora de aplicar restricciones.

“Los australianos han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia, y esperan con razón que el resultado de esos sacrificios sea protegido”, dijo el mandatario.

Tras la anulación, un juez ordenó en una audiencia de emergencia que Djokovic no sea deportado “de manera inmediata” hasta que la justicia revise el domingo la decisión tomada por el ministro de Inmigración, que será impugnada por los abogados del tenista.

El juez Anthony Kelly también determinó que Djokovic permanezca en libertad hasta las 8 de la mañana del sábado cuando acuda a una cita con los funcionarios de inmigración en la ciudad de Melbourne, en donde será detenido. Sin embargo, dos agentes de aduanas trasladarán después a Djokovic hasta el lugar donde pueda reunirse con sus abogados para preparar el caso.

La audiencia se celebrará en el Tribunal Federal, una instancia superior, y se espera que comience y acabe el domingo, un día antes del inicio del Abierto de Australia, que se celebra entre el 17 y el 30 de enero en la ciudad de Melbourne.

Recordemos que Djokovic viajó el 5 de enero a Melbourne desde España con una exención médica para no estar vacunado al haber estado contagiado de COVID-19 recientemente, aunque a su llegada las autoridades de Inmigración le cancelaron el visado y lo detuvieron. El pasado lunes, un tribunal presidido también por el juez Kelly ordenó la liberación del tenista tras entender que no se le había tratado con “equidad”.

Sin embargo, el miércoles, Djokovic admitió que sus representantes cometieron “errores humanos” en su declaración para entrar a Australia, ya que se indicó que no había viajado en los últimos 14 días previos, pero lo cierto es que se había desplazado de Serbia a España.

Además, reconoció un “error de juicio” tras haber acudido a una entrevista con el medio francés L’Equipe el 18 de diciembre en Belgrado, a pesar de saber que tenía la covid-19.

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Juez da la razón a Djokovic en Australia. Podrá permanecer en el país y jugar en el Abierto

El número uno del tenis, Novak Djokovic, volvió a las prácticas este lunes tras haber sido liberado de un centro de detención de inmigrantes en Australia, después de ganar un recurso judicial que lo puso a punto de ser deportado de dicho país.

Recordemos que el Abierto de Australia comienza el 17 de enero.

El tenista publicó una foto con su equipo en Melbourne Park al tiempo que agradeció al juez por dejar sin efecto las medidas, que incluía la cancelación de su visa.

“Estoy contento y agradecido de que el juez haya anulado la cancelación de mi visado. A pesar de todo lo que ha pasado, quiero quedarme e intentar competir en el Abierto de Australia. Sigo centrado en eso”, escribió el serbio en Twitter. “Por ahora no puedo decir más, pero gracias a todos por estar conmigo en todo esto”. La familia del jugador dijo que su liberación era la “mayor victoria de su vida”.

Sin embargo, los abogados del gobierno federal indicaron que el proceso legal podría no haber terminado y señalaron que el ministro de Inmigración, Alex Hawke, se reservaba el derecho de ejercer su poder personal para revocar de nuevo el visado de Djokovic.

Y es que este lunes, el juez Anthony Kelly dictaminó que la decisión del Gobierno federal de la semana pasada de revocar el visado para entrar en el país era “irrazonable” y ordenó la liberación de Djokovic.

La situación del tenista ha acaparado la atención de todo el mundo, creando tensiones políticas entre Belgrado y Canberra y suscitando un acalorado debate sobre los mandatos nacionales de vacunación.

La noticia de su puesta en libertad fue recibida con ruidosas celebraciones de tambores y bailes por parte de un grupo de unos 50 seguidores, muchos de ellos ataviados con la bandera serbia, a las puertas del tribunal de Melbourne.

El juez también ordenó que el gobierno federal pagara los gastos judiciales de Djokovic, que pasó varios días en un hotel de detención de inmigrantes, señalando que sus abogados argumentaron que su “reputación personal y profesional y sus intereses económicos pueden verse directamente afectados”.

Kelly dijo que había anulado la decisión del Gobierno de cancelar el visado de Djokovic porque al jugador no se le dio suficiente tiempo para hablar con los organizadores del tenis y los abogados para responder de manera exhaustiva después de que se le notificara la intención de cancelar su visado. Dijo que Djokovic había solicitado y recibido la exención médica requerida para la vacunación contra el COVID-19 sobre la base de que había contraído el virus el mes pasado. Había presentado pruebas de ello antes de viajar a Melbourne. “¿Qué más podría haber hecho este hombre?”, señaló.

El caso de Djokovic había provocado enojo en Australia, donde más del 90% de la población adulta está completamente vacunada y la opinión pública se ha mostrado mayoritariamente en contra del jugador.

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Delitos en México tienen solo 1% de probabilidad de resolverse: Impunidad Cero

La probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca en el país es de apenas el 1.04%, según el estudio “Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías (Iedf) 2021” publicado este martes por la organización Impunidad Cero.

La cifra descendió de 1.32% en 2019 a 1.04 % en 2020, indicó el organismo en un comunicado.

En cuanto a los estados, la Fiscalía que cuenta con la mejor cifra es Guanajuato, aunque solamente con el 2.99%. Le siguen los estados de Baja California (2.77%) y Chiapas (2.42%). En tanto, los estados en los que hay una menor probabilidad de que se esclarezcan los delitos son Guerrero (0.1%), Quintana Roo (0.25%) y Aguascalientes (0.26%).

Dentro del estudio, la Fiscalía de Nuevo León es la mejor valorada, con un total de 68.6 puntos de un total de 100. Le siguen Yucatán con 68.4 puntos, Chihuahua con 65.5, Guanajuato con 63.6 y Sonora con 61.5. Las peor evaluadas son Puebla con 36 puntos, Morelos con 36.1, Veracruz con 36.2, Nayarit con 37.3 y Oaxaca con 40.2.

Por otra parte, Impunidad Cero indicó que en 2020 la cifra negra, es decir, los delitos no denunciados y sobre los que no se abrió una investigación, fue del 93.3%, la más alta desde 2017.

Además, del total de delitos denunciados e investigados durante 2020, en 47% de los casos “no sucedió nada” a raíz de la denuncia, en un 27% la investigación se encontraba “en trámite”, el 6.6% de los casos concluyó con alguna forma anticipada del proceso y sólo un 4.6% llegó a un juez.

Estos datos se dan a pesar de que, según indicó la organización, la tasa de fiscales o agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes a nivel nacional aumentó un 23% de 2016 a 2020, pasando de una tasa de 8.4 fiscales o agentes a 10.4.

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In Internacional

Juez procesa al expresidente de Argentina Mauricio Macri, por presunto espionaje ilegal

Un juez procesó este miércoles al expresidente argentino Mauricio Macri en una causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino ARA “San Juan”, hundido en 2017.

La decisión fue adoptada por Martín Bava, juez federal de la localidad bonaerense de Dolores, quien, además de procesar sin prisión preventiva al exmandatario, ordenó un embargo sobre los bienes de Macri por 100 millones de pesos y le prohibió salir del país y ausentarse de su domicilio por más de diez días.

En un fallo de 171 páginas, el juez resolvió procesar a Macri por encontrarlo “prima facie” (en primera instancia) “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas” por el solo hecho de sus acciones privadas, sus opiniones y por la actividad lícitas que desarrollaban.

También le procesó “en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país”, en concurso “con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor”.

El juez determinó que la prohibición de salir del país se haga efectiva una vez que Macri, que viajó a Chile, regrese a Argentina.

El presunto espionaje, realizado entre diciembre de 2017 y finales de 2018, habría apuntado, según la investigación judicial, a obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los 44 tripulantes del ARA “San Juan”, el submarino de la Armada argentina desaparecido en noviembre de 2017 y hallado hundido un año después.

“Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno”, señala el auto de procesamiento difundido este miércoles.

Según el juez, todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional. El juez consideró que esas acciones se realizaron con el único objeto de influir en la opinión pública y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año.

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In Nacional

Juez da respiro de 14 días a Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados

Un juez pospuso este lunes hasta el próximo 3 de diciembre la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien cuenta ahora con 14 días para cerrar un acuerdo de reparación por la compraventa fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juez otorgó el aplazamiento solicitado por la defensa de Lozoya, que alegó falta de “acceso” a la investigación.

La decisión del juez se dio pese a que la Fiscalía General de la República (FGR), Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que actúan como acusación, se opusieron a dicha prórroga.

Lozoya, quien dirigió Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, está acusado de haber comprado a sobreprecio la planta inservible Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

También está acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la reforma energética de Peña Nieto.

El próximo 3 de diciembre, Lozoya deberá comparecer en una audiencia por el caso Agronitrogenados y en otra por el caso Odebrecht.

La defensa de Lozoya ha ofrecido a pagar 3.4 millones de dólares por el caso Agrinitrogenados y 1.6 millones por Odebrecht como parte de un acuerdo de reparación para evitar quedarse en la prisión.

Lozoya, arrestado en España y extraditado el año pasado a México, entró en prisión preventiva el pasado 3 de noviembre después de que la Fiscalía diera por roto el pacto que lo había convertido hasta ese momento en una especie de testigo protegido.

La semana pasada, por el caso Agronitrogenados, el magnate Alonso Ancira se comprometió a pagar 50 millones de dólares en un primer pago como acuerdo de reparación.

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