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En medio de su campaña electoral para la elección presidencial de noviembre próximo, el lunes comienza el esperado juicio por el pago para evitar un escándalo sexual a Donald Trump, el primer expresidente estadounidense en sentarse en un banquillo de la justicia penal.

A poco menos de siete meses para la jornada electoral, el multimillonario republicano se enfrenta a una pena de prisión, una situación sin precedentes que plantea muchos interrogantes sobre la campaña y su probable duelo con el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.

Trump está citado en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York a partir de las 09:30 de la mañana hora local del lunes 15 de abril para responder de las acusaciones de falsificación de documentos comerciales de la Organización Trump, su empresa familiar.

Según la acusación, el republicano ocultó el pago de 130,000 dólares en la recta final de la campaña presidencial de 2016 a la exactriz porno Stormy Daniels para que callara una relación sexual extramatrimonial que habían mantenido diez años antes y que Trump siempre ha negado.

Ni la relación extramatrimonial ni el pago a Daniels son un delito, pero sí lo es haber intentado presuntamente falsificar documentos de su empresa familiar para no declarar el reembolso de la cantidad inicialmente pagada de su propio bolsillo por su entonces abogado personal, Michael Cohen, actualmente su enemigo.

Para el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, fue “una conspiración para amañar las elecciones presidenciales, y mentir en documentos comerciales para encubrirlo”. La defensa de Trump sostiene que los pagos respondieron a un intento de extorsión por parte de Daniels.

La fiscalía pretende demostrar que Trump orquestó otros dos pagos para encubrir asuntos embarazosos con el fin de engañar a los estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales de 2016 contra la demócrata Hillary Clinton.

Acusado hace un año por este caso de 34 cargos por “falsificación de documentos contables”, cada uno de ellos castigado con hasta 4 años de cárcel, Trump se declara inocente y se siente víctima de una “cacería de brujas” de los demócratas para impedirle volver a la Casa Blanca.

Este caso está considerado por los expertos como el más débil de los cuatro procesos penales que pesan sobre Trump. Pero puede suponer una piedra en su camino electoral, ya que los otros tres, vinculados a sus intentos presuntamente ilegales de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, se han retrasado tanto debido a los múltiples recursos presentados de su equipo legal.

Es poco probable que se por los otros casos se le juzgue antes de las elecciones del 5 de noviembre.

Si todo marcha según lo previsto, el juicio por este caso comenzará el lunes 15 con la selección de los 12 miembros del jurado, un proceso que puede prolongarse hasta dos semanas. Estos ciudadanos, que se mantendrán en el anonimato por razones de seguridad, dictarán la suerte del multimillonario republicano al término de un proceso que puede durar entre seis y ocho semanas.

Las consecuencias del juicio son difíciles de predecir. Según varias encuestas, un parte de los electores estadounidenses (el 32% según una de Ipsos realizada en marzo) aseguraron estar menos inclinados a votar por Trump si es declarado culpable.

El juicio por el caso ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a personalidades de todo el mundo con el lavado de capitales, comenzó este lunes, ocho años después del escándalo.

Esta audiencia, a la que este lunes asistieron todos los defensores y la mayoría de los acusados, algunos de ellos vía plataformas digitales, está programada para desarrollarse hasta el 26 de abril próximo, la fecha alterna estipulada por el tribunal para el juicio, que debió comenzar en el 2021.

Entre los imputados están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios fundadores del bufete, núcleo del escándalo que estalló en el 2016 al dejar al descubierto transacciones financieras hechas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, según el Ministerio Público de Panamá.

“No soy responsable de tales actos”, respondió Mossack a la jueza Baloisa Marquínez, titular del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, al preguntarle si se consideraba responsable del cargo de lavado de capitales, una interrogante que se hizo a todos los acusados presentes en la audiencia.

Fonseca Mora no se presentó en la sala ni tampoco se conectó por la vía virtual por estar hospitalizado, según explicó su defensa, que presentó un certificado médico.

No solo los socios fundadores, también están acusados antiguos empleados del bufete Mossack Fonseca, que no sobrevivió al escándalo y cerró sus puertas en marzo de 2018, tras 40 años de operaciones en las que “nunca estuvo involucrada en actos ilícitos”, como dijo en una carta pública entonces.

“Si hay justicia de verdad, salimos bien librados de esto”, dijo Mossack a su llegada a la sede del tribunal en una muy breve declaración a los periodistas, ante los cuales dijo sentirse “muy optimista”.

Los socios y exempleados de Mossack Fonseca han sido acusados de lavado de capitales por supuestamente haber incurrido en delitos precedentes dada la vinculación de clientes suyos con el caso en Alemania y Argentina, de acuerdo con la explicación de la defensa y del Ministerio Público.

La fiscal segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, afirmó por su parte que el Ministerio Público ha presentado “pruebas testimoniales relevantes para la teoría del caso”, cuya investigación consta de 528 tomos según los datos judiciales.

“El Ministerio Público pedirá una condena ejemplar”, afirmó Soto sin más detalles, aunque recordó que el delito de lavado de capitales tiene en Panamá una pena máxima de 12 años de prisión.

La fiscal señaló que en total fueron llamadas a juicio por el caso 32 personas, pero cuatro de ellas son extranjeros que no residen en Panamá y que fueron declarados en rebeldía, por lo que “su proceso se ha suspendido”.

Los ‘Papeles de Panamá’ representaban 11.5 millones de documentos filtrados del bufete panameño que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para supuestamente ocultar fortunas.

En la filtración se nombraron una docena de líderes mundiales, 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades del deporte o de las artes, empresarios y otras personas acaudaladas de más de 200 países.

La investigación fue desarrollada por más de 400 periodistas de varios países, y los resultados fueron presentados simultáneamente por 109 medios de comunicación en 76 países en abril de 2016.

Mossack y Fonseca también fueron procesado y aguardan sentencia por la trama ‘Lava Jato’ de Brasil, casos por el que esperan sentencia y que se ha acumulado en un mismo expediente con el caso ‘Papeles de Panamá’, dada la afinidad en cuanto a los imputados y los hechos investigados por la fiscalía.

Tal como lo había adelantado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó este jueves un escrito de amigo de la corte (amicus curiae) ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Estados Unidos, en contra de la Ley antiinmigrante SB4 en Texas,

“Respetando las decisiones internas en Estados Unidos y atendiendo a la apertura del sistema judicial estadounidense, México acude nuevamente a una corte de ese país para exponer sus argumentos sobre el impacto negativo de esta ley”, dijo la dependencia.

En el escrito que presentó, México enumeró cinco argumentos en lo que basa su rechazo a la ley impulsada por el gobernador de Texas, Gregg Abbott.

Señaló la preocupación de que la ley pueda conducir a acoso, detención, expulsión y criminalización indebida de ciudadanos mexicanos e individuos de apariencia latina, por parte de agentes de Texas.

También mencionó el ambiente de incertidumbre, temor y vulnerabilidad que la ley detona, además de que en su apreciación, la ley contraviene precedentes judiciales que determinan que corresponde exclusivamente a la Federación regular en materia migratoria.

Puntualizó que la ley violenta el derecho soberano de México a determinar sus propias políticas de ingreso de personas al territorio, esto al sugerir la ley que las personas que sean arrestadas y deportadas, serán expulsadas directamente a nuestro país.

Finalmente, la cancillería señaló el impacto que dicha ley tendría en la colaboración y diálogo bilateral sobre asuntos fronterizos, afectando significativamente el comercio entre ambos países.

La SRE precisó que se contó con la representación legal pro bono de la abogada Sinead O’Carroll, socia de la firma legal Reeves & Brightwell, quien cuenta con amplia experiencia en litigio ante tribunales estatales y federales estadounidenses, así como de sus colegas en esa firma.

Ante la posible confusión que pueda generar la entrada en vigor o la suspensión de la Ley SB4, luego de los fallos de distintas instancias en los últimos días, las autoridades recomendaron a la población mexicana que vive en Texas y/o que desea viajar a dicho estado, mantenerse informada sobre sus derechos ante posibles actos antiinmigrantes, discriminatorios o de perfilamiento racial.

“México seguirá empleando todos los recursos legales y consulares para brindar una asistencia y protección consular oportuna, humana y digna a todas las personas mexicanas en Texas, por conducto de sus 11 representaciones en el estado y del Consulado de Albuquerque, que también cubre condados del estado”, remató la cancillería.

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El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes, tras asistir a una audiencia en un tribunal de Washington, que los demócratas van a tratar de ganarle las próximas elecciones presidenciales por la vía judicial.

“Creo que ellos sienten que esta es la forma en la que van a tratar de ganar”, afirmó Trump en una declaración a periodistas después de salir del tribunal. “Es algo muy triste lo que ha sucedido con toda esta situación. Cuando hablan de amenaza a la democracia, esto es una amenaza real a la democracia”, añadió.

En la audiencia, celebrada en el tribunal federal de apelaciones de Washington, los abogados de Trump defendieron que su cliente tiene inmunidad presidencial por los hechos del asalto al Capitolio de 2021.

Trump asistió a la audiencia, convocada a menos de una semana de los caucus de Iowa, que abren el calendario electoral en Estados Unidos, pese a no ser requerida su presencia y a que no iba a poder hablar.

En su declaración posterior ante los medios, el expresidente repitió uno de los argumentos de sus abogados: rechazar su petición de inmunidad y permitir que el caso penal siga adelante abriría una “caja de Pandora” contra los mandatarios.

“Siento que, como presidente, hay que tener inmunidad. Muy simple”, dijo. Advirtió que procesar a un expresidente corre el riesgo de provocar un “caos” en Estados Unidos.

Los argumentos de Trump fueron recibidos con escepticismo por el panel de tres juezas que deberán tomar la decisión y que tuvieron que escuchar como la defensa afirmaba que incluso un asesinato político estaría bajo la inmunidad presidencial.

El caso sobre la inmunidad está ahora en la corte de apelaciones porque en diciembre, la jueza que lleva el caso penal, Tanya Chutkan, rechazó la petición de Trump para archivar el caso. Es probable que, una vez que la corte de apelaciones emita su fallo, el caso termine en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El expresidente busca así evitar el juicio por el que está acusado de varios delitos, el más grave el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, que podrían acarrearle un máximo de 55 años de cárcel.

Es una de las cuatro causas penales que Trump tiene abiertas a 10 meses de las elecciones presidenciales. El inicio del juicio está previsto para el 4 de marzo de 2024 en la capital federal, coincidiendo de pleno con el proceso de elecciones primarias, en el que Trump parte como favorito.

El exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, condenado a principios de este año en Estados Unidos por haber aceptado millones de dólares en sobornos de narcotraficantes, está buscando un nuevo juicio, argumentando que ha encontrado pruebas de que testigos clave mintieron.

Los abogados del exfuncionario mexicano, quien de 2006 a 2012 encabezó la lucha contra los cárteles de la droga, dijeron en un expediente judicial este viernes que también habían encontrado evidencia de que los testigos que cooperaron con los fiscales se habían comunicado inadecuadamente entre sí antes del juicio.

“El señor García Luna fue declarado culpable de cargos de los que es inocente”, escribieron sus abogados en un memorando presentado ante el tribunal federal de Brooklyn, donde se celebró el juicio a inicios de año. “Dejar que se mantenga el veredicto sería una injusticia manifiesta”, agregaron.

Los fiscales deben responder a la petición de la defensa de García Luna, antes de que el juez de distrito Brian Cogan decida en última instancia si ordena o no un nuevo juicio. Todo indica que solicitarán que se desestime la solicitud y se mantenga el proceso que ya se llevó a cabo.

García Luna, de 55 años, es uno de los funcionarios mexicanos de más alto rango jamás acusado de vínculos con el narcotráfico.

Fue condenado por cinco cargos criminales después de que los fiscales dijeran que aceptó sobornos del Cártel de Sinaloa, liderado en el pasado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de protección, paso seguro para cargamentos de cocaína y avisos sobre próximas operaciones policiales.

García trabajó estrechamente con las agencias de inteligencia y antinarcóticos de Estados Unidos como parte de la ofensiva del expresidente Calderón contra los cárteles.

Los abogados defensores también dijeron que los fiscales no entregaron pruebas que demuestren que la DEA, la CIA y otras agencias gubernamentales de Estados Unidos realizaron verificaciones de antecedentes de García ni de los servicios de seguridad con los que trabajó mientras estuvo en el cargo.

El juez deberá resolver antes del 1 de marzo si concede el nuevo juicio o no, fecha en que se tiene programado el dictado de sentencia.

La jueza federal que presidirá el juicio contra Donald Trump por presuntamente conspirar para anular las elecciones de 2020 en Estados Unidos, impuso este lunes una orden de silencio parcial contra el expresidente.

La jueza de distrito Tanya Chutkan ordenó a Trump no atacar con sus comentarios a fiscales, personal del tribunal ni posibles testigos en el juicio previsto para comenzar en marzo de 2024 en Washington.

El fallo de Chutkan se produce después de que el fiscal especial Jack Smith presentara una moción argumentando que la retórica incendiaria de Trump amenazaba con socavar su juicio.

Y es que Trump ha descrito a Chutkan en comentarios públicos y mensajes en redes sociales como un “fraude” y una “jueza que odia a Trump”, a la oficina de Smith como un “equipo de matones” y a Washington como una ciudad “sucia y plagada de crimen” con una población “más del 95% anti-Trump”.

John Lauro, uno de los abogados de Trump, argumentó en contra de la emisión de la orden de silencio en la audiencia de dos horas este lunes, alegando que infringiría los derechos de libertad de expresión de la Primera Enmienda del expresidente.

“El Gobierno del demócrata Joe Biden está tratando de censurar a un candidato político en plena campaña”, dijo Lauro, en referencia a la candidatura de Trump para volver a la Casa Blanca en las elecciones de 2024.

Chutkan contraatacó, diciendo que la aspiración de Trump no le da “carta blanca para denigrar a los funcionarios públicos que simplemente están haciendo su trabajo”. “¿En qué mundo es permisible que un acusado ataque a la familia de un fiscal?”, preguntó.

Poco antes de que comenzara la comparecencia, Trump publicó en su plataforma Truth Social que la “¡ORDEN DE SILENCIO A TRUMP que la Administración CORRUPTA de Biden está tratando de obtener es totalmente inconstitucional!”

Trump dijo que una medida de mordaza le haría “imposible” criticar a “los que están haciendo el silenciamiento, es decir, al corrupto Joe Biden”.

Chutkan también rechazó este lunes un nuevo intento de la defensa de Trump para que el juicio se retrase hasta después de los comicios de noviembre de 2024, en los que probablemente se produzca la revancha entre Trump y Biden.  “Este juicio no va a ceder al ciclo electoral”, dijo Chutkan.

Recordemos que Trump fue acusado de intentar alterar los resultados de las elecciones estadounidenses de 2020, que ganó Biden, en un plan concertado que condujo al violento ataque de sus partidarios contra el Capitolio el 6 de enero de 2021.

También se le señala de tratar de privar de derechos a los votantes estadounidenses con sus falsas afirmaciones de que ganó esos comicios presidenciales en noviembre de 2020.

Chutkan ha fijado el 4 de marzo de 2024 como fecha de inicio del juicio, que podría interferir en la campaña de Trump para ganar la nominación republicana rumbo a las elecciones presidenciales de ese año.

El expresidente Donald Trump reiteró este lunes en sus propias palabras, y a través de sus abogados, que está siendo víctima de una persecución política, esto durante el primer día del juicio civil en su contra por fraude en la Organización Trump.

Trump acudió voluntariamente a la Corte de Nueva York y, si bien mantuvo una actitud estoica en la sala, aprovechó la presencia de periodistas en sus entradas y salidas para calificar el proceso de “cacería de brujas” y arremeter contra la fiscal, Letitia James, y el juez, Arthur Engoron.

El favorito republicano rumbo al 2024, cuyo camino electoral puede complicarse por las causas judiciales que afronta en los próximos meses, estuvo acompañado en el banquillo por su hijo Eric y un equipo de abogados a los que escuchó atentamente en silencio, según medios locales.

El juicio durará casi tres meses, por lo que lo que se dirimirá hasta el 22 de diciembre son seis cargos relacionados con ilegalidades en las prácticas de la empresa: falsedad documental, emisión de datos financieros falsos y fraude de seguros, ya que el cargo principal de fraude ya se resolvió de manera sumaria en contra de los acusados la semana pasada.

Los argumentos de apertura fueron cortos y pusieron de relieve los extremos en que se sitúan ambas partes: la fiscal James declaró que “nadie está por encima de la ley” aunque tenga dinero y poder, mientras que los abogados de Trump pintaron a su cliente como un visionario sin intención defraudadora.

La Fiscalía expuso que Trump, sus dos hijos mayores y dos socios tenían conocimiento o participaban en la práctica de inflar los activos de la Organización Trump en sus declaraciones financieras para obtener ventajas en préstamos bancarios y seguros; un año, la cifra se exageró en 2,200 millones de dólares.

Mucho está en juego para el expresidente, especialmente su fuente de ingresos en Nueva York: el juez ha cancelado sus licencias de operación, los fiscales reclamaron hoy que se le prohíba hacer negocios y está por determinar la compensación por daños, que podría ascender a 250 millones de dólares.

La defensa de Trump, por su parte, se ha centrado en matizar las acusaciones y cuestionar tanto la evaluación de las pruebas, pues asegura que las valoraciones de los activos son subjetivas y así se describían; como el resultado de las transacciones: los bancos recuperaron su dinero prestado y sacaron beneficios.

“El valor es lo que alguien está dispuesto a pagar. Las propiedades de Trump son Mona Lisas. Eso no es fraude, es el negocio inmobiliario”, llegó a decir la abogada Alina Habba sobre, por ejemplo, la mansión de Mar-a-Lago, que el juez estimó en 18 millones y que los Trump sitúan en 1,000 millones.

“Lo que tenemos aquí es un intento de perjudicarme en las elecciones”, dijo a los medios Trump, que describió sus declaraciones financieras como “fenomenales” y aseguró que no hubo “víctimas” de los préstamos a la Organización, ya que “nunca hubo impago” a los bancos.

No está claro si Trump se presentará también mañana en el tribunal, pero figura en las listas de testigos de ambas partes, que suman más de cien personas, buena parte de ellas trabajadores o extrabajadores de la empresa, y que ya han comenzado a sentarse en el banquillo.

La fiscal encargada del caso por el que Donald Trump ha sido imputado en Georgia, Fani Willis, propuso este miércoles a la Corte que el juicio contra el expresidente arranque el 4 de marzo de 2024 y sugirió que la lectura de los cargos a los 19 acusados para el próximo 5 de septiembre.

“A la luz de los otros asuntos penales y civiles” de Trump, explicó Willis en un escrito remitido a la Corte, “el estado de Georgia propone ciertos plazos que no entran en conflicto con las audiencias y juicios ya programados de estos otros tribunales”.

Las fechas propuestas se solicitaron “para permitir que los demandados revisen las pruebas y se preparen para el juicio” y también “para proteger el interés del Estado de Georgia y del público en una pronta resolución de los cargos por los que los demandados han sido acusados”.

Y es que recordemos que el pasado lunes un gran jurado de Georgia imputó al expresidente Trump por supuestamente intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, donde el demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen.

Trump fue acusado junto a otras 18 personas. Entre los imputados se encuentran su exabogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su exjefe de Gabinete, Mark Meadows.

En su cuarta imputación, el expresidente se enfrenta a 13 cargos, el principal, el de violar la ley contra organizaciones corruptas de Georgia que, de confirmarse, implicaría una condena en prisión.

Aunque las fechas no están confirmadas por completo, el primer juicio que podría celebrarse es el de Washington D.C. por su presunta injerencia en las elecciones de 2020, en el caso que le relaciona directamente con el asalto al Capitolio.

El fiscal especial Jack Smith pidió la semana pasada que el proceso comience el 2 de enero de 2024, a pocos días del tercer aniversario del ataque al Capitolio.

En Nueva York Trump ha sido imputado con 34 cargos por supuestos pagos a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, con la que tuvo una relación en el pasado, para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016. Se espera que el juicio comience en marzo de 2024.

La otra causa penal, cuyo juicio podría comenzar en mayo de 2024, es en Florida, donde está acusado de 40 cargos por sustraer ilegalmente y mantener en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados que sacó de La Casa Blanca.

Trump, es el primer expresidente acusado penalmente en la historia de Estados Unidos, y afronta estos procesos en plena carrera por regresar a La Casa Blanca en 2024. Pero ¿qué hay detrás de las acusaciones contra el republicano? En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Brenda Estefan, analista internacional, sobre lo que enfrenta el exmandatario.

El juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por negligencia en el uso de documentos confidenciales comenzará el 20 de mayo de 2024, en plena campaña electoral por la Casa Blanca.

Según el calendario judicial emitido este viernes, la jueza federal Aileen Cannon ha desestimado las peticiones de los abogados de Trump, que solicitaban retrasar el juicio una vez terminadas las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

También se desestimó la petición del Departamento de Justicia, quien había pedido adelantar los procedimientos a diciembre de este año.

El juicio se había programado inicialmente para el 14 de agosto, una fecha a la que tanto la defensa como la fiscalía se opusieron porque dijeron que necesitaban más tiempo para prepararse.

Previamente, el 14 de mayo, se celebrará una audiencia para discutir el calendario del juicio con el jurado, cita en la que Trump y su asistente Waltine Nauta, estarán en el banquillo de los acusados.

Recordemos que Trump se ha declarado inocente de más de una treintena de cargos que le han sido imputados en el marco del caso de los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras su salida de la Casa Blanca.

Según la acusación, los documentos clasificados que Trump almacenaba en cajas en su mansión contenían información “sensible” sobre las capacidades de Estados Unidos en materia armamentística.

Trump, de 77 años, es el favorito para la nominación presidencial republicana, por delante de otros perfiles como el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Así, el juicio se llevará a cabo en un punto álgido de las primarias donde se seleccionará al abanderado del partido para las elecciones presidenciales.

Un jurado de Nueva York absolvió este jueves al cantante británico Ed Sheeran, por la acusación de plagio del tema “Let´s get it on”, luego de dos semanas de juicio en un tribunal federal de Manhattan.

Al pronunciarse el veredicto del jurado, Ed Sheeran se puso de pie y abrazó a sus abogados, que consiguieron convencer a los siete miembros del jurado de que los acordes de “Thinking out loud” de 2014 y su parecido con el tema de Marvin Gaye eran una mera coincidencia.

Sheeran había sido denunciado por los herederos de Ed Townsend, coautor de la canción de Marvin Gaye, en una demanda que data de 2017 y sobre la que Sheeran llegó a decir que se retiraría de la música si los denunciantes ganaban el caso.

Durante las dos semanas que duró el juicio, Ed Sheeran llegó a tomar una guitarra para interpretar ante el jurado la canción objeto de la polémica, en una privilegiada actuación acústica con la que aparentemente logró convencerlos de que no había habido copia en la “progresión de acordes”.

El juicio tuvo lugar a dos semanas de la publicación del nuevo álbum del cantante, y del comienzo de una gira por Estados Unidos dentro de su tour mundial “Mathematics”, en el que evitó incluir una parada en Nueva York.

Sheeran, que está promocionando su álbum “=”, dará 21 conciertos en Estados Unidos y Canadá entre el 6 de mayo (Arlington, Texas) y el 23 de septiembre (Inglewood, California), con dos incursiones en Canadá, el 17 de junio (Toronto) y 2 de septiembre (Vancouver).

Sheeran incluyó “Thinking Out Loud” en su disco “X”, del que ha vendido millones de copias.

No es la primera vez que el cantante pisa los tribunales. En marzo del año pasado ganó otro juicio parecido en Reino Unido por violación de “copyright” en su tema “Shape of you”.

Foto: Twitter @edsheeran

La defensa de Genaro García Luna, declarado culpable de diversos delitos relacionados con el narcotráfico en Nueva York en febrero pasado, anunció que pedirá una repetición del juicio contra el exsecretario de seguridad pública, tras obtener nueva pruebas.

“Desde el veredicto, varias personas, entre ellas antiguos agentes de las fuerzas del orden, se han puesto en contacto con nosotros para facilitarnos nuevas pruebas favorables a la defensa que podrían dar lugar a la presentación de una moción en virtud de la norma 33 (para pedir la celebración de un nuevo juicio)”, asegura el abogado de García Luna, César de Castro, en un escrito dirigido al juez.

Por ello, De Castro y su equipo ha solicitado un aplazamiento de tres meses para que se dicte sentencia.

La defensa asegura que necesita tiempo extra para continuar desarrollando las pruebas para sustentar una potencial moción de acuerdo con la mencionada norma 33 que estipula que el acusado puede solicitar un nuevo juicio si se descubren nuevas pruebas que así lo ameriten.

De aceptarse dicho aplazamiento, también afectaría a la fecha de la sentencia, programada para el 27 de junio.

Recordemos que el pasado 21 de febrero, un jurado declaró culpable a García Luna de cuatro cargos de narcotráfico más un quinto de mentir a las autoridades.

Los declararon culpable de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.

El quinto delito era el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

Por cualquiera de los cuatro primeros cargos, podría ser sentenciado a cadena perpetua.

García Luna trabajó vivía, desde 2012, en Florida, desde donde, según mostró la Fiscalía durante el juicio, viajaba habitualmente a México.

El exfuncionario, detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, ha estado en prisión hasta el arranque del juicio el pasado 17 de enero, cuando comenzó la selección del jurado.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, irá a juicio por el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht, en el que se buscará imponerle una pena de 46 años solicitada formalmente por la Fiscalía General de la República (FGR), ordenó un juez.

Aunque el juicio se llevaría a cabo en cinco días, el proceso se extenderá ya que la defensa legal del exdirector de Pemex interpuso un amparo para que se determine a qué institución se le debe reparar el daño y así suspender el juicio penal en su contra.

Sin embargo, la FGR adelantó que también interpondrá un recurso de apelación para que le sean admitidas todas las pruebas que fueron rechazadas este lunes por el juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón, y se le puedan imputar a Lozoya los probables delitos de peculado, cohecho, asociación delictuosa y uso de recursos de procedencia ilícita.

Y es que el juez rechazó al menos 22 de 39 pruebas de la Fiscalía, mientras que aceptó que 20 personas testifiquen a favor del exdirector de la petrolera y la presentación de 8 pruebas documentales.

“Si no se interpusieran apelaciones o no hubiéramos presentado la demanda de amparo, en un término máximo de cinco días después de la causa que ha concluido con esta audiencia intermedia, tendría que remitir el caso al Tribunal de Enjuiciamiento, por eso no va a suceder”, indicó después de más de casi siete horas de audiencia el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros.

En este sentido, el abogado defensor insistió en que “vamos a aprovechar ese tiempo que tenemos todavía para lograr el criterio de oportunidad”, por el que el exdirector de Pemex ha ofrecido más de 200 millones de pesos como reparación del daño.

La FGR también ha solicitado 22 años para su madre Gilda Margarita Austin, mientras que ha precisado que buscan una reparación de 7.3 millones de dólares por el caso de Odebrecht.

Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos, ambos por corrupción y es el principal implicado del escándalo de Odebrecht en México por recibir sobornos por 10.5 millones de dólares.

El segundo juicio que enfrenta Lozoya es por la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de sobornos.

El gobierno de México consideró que se hizo “justicia”, luego de que un jurado estadounidense declarara culpable al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, de los cinco delitos que se le seguían.

“García Luna es declarado culpable por tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones en E.U. La justicia ha llegado para quien fuera escudero” del expresidente Felipe Calderón escribió en Twitter el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

El funcionario añadió que los crímenes en contra del pueblo de México “no serán olvidados nunca”.

La reacción de Cuevas llegó luego de que García Luna fue declarado culpable de aceptar sobornos para proteger a los cárteles del narcotráfico a los que debía combatir.

Bajo estrictas medidas de seguridad, un jurado anónimo de una corte federal de Nueva York deliberó durante tres días, desde el jueves pasado, antes de llegar a un veredicto.

Se trata del funcionario o exfuncionario mexicano de más alto rango jamás juzgado en Estados Unidos. El excolaborador de Felipe Calderón no mostró ninguna reacción al momento de escuchar el veredicto.

García Luna fue declarado culpable de los otros cargos que incluyen participar en una empresa criminal continua, la cual conlleva una sentencia potencial de entre 20 años y cadena perpetua. También fue declarado culpable de otros cargos, como distribución de cocaína y asociación delictuosa para traficar cocaína.

El juez Brian Cogan indicó que la audiencia en que se dictará sentencia será el 27 de junio.

Esta misma mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha optado por dar un seguimiento al caso todas las mañanas, aseguró que “no dejará” el caso fuera cual fuera el veredicto del jurado.

Tampoco descartó que México solicite a Estados Unidos su extradición, pues dijo que existen “denuncias penales” contra él.

Además, López Obrador lamentó que en el juicio no se tuviese en cuenta la demanda civil que su Gobierno interpuso en 2020 en Florida para reclamar 700 millones de dólares que, alegó, García Luna obtuvo de forma ilegal de recursos públicos.

Y recordó la importancia del juicio, pues pone la lupa sobre Calderón, uno de sus grandes rivales políticos.

Los doce miembros del jurado del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se retiraron este jueves a deliberar sobre la inocencia o culpabilidad del exfuncionario, que volvió a estar acompañado en la sala del tribunal por su esposa, Linda Cristina Pereyra, y su hija Luna.

Antes de comenzar su deliberación, el juez Brian Cogan empleó casi dos horas en instruirlos sobre los cinco delitos que se le imputan, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico.

García Luna está acusado de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad, conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.

El quinto delito que se le imputa es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

Pero además, los miembros del jurado tendrán que decidir, en caso de declararlo culpable, si García Luna en 2012 abandonó la conspiración en la que participaba.

En caso de determinar que en ese año dejó de conspirar y así se lo hizo saber a sus supuestos socios, entonces sus delitos habrían prescrito y solo sería condenado por el último de los cargos: no decir la verdad cuando se le preguntó si había cometido un delito por el que no había sido procesado.

El jurado no tiene una fecha límite para tomar una decisión, que, tanto si es la de culpabilidad como la de no culpabilidad, deberá ser unánime.

Desde el pasado 23 de enero, sus miembros escucharon los testimonios de 26 testigos convocados por la Fiscalía, entre ellos exnarcotraficantes, policías de México y agentes estadounidenses, así como el de la esposa de García Luna, el único testigo de la defensa.

Ayer se dio paso a los alegatos finales de ambas partes, donde se buscó convencer al jurado de la culpabilidad más allá de la duda razonable, como sostiene la Fiscalía, o de su inocencia como argumenta la Defensa.

En una larga exposición de tres horas, la fiscal Saritha Komatireddy les pidió a los 12 miembros que usaran el sentido común y unieran las piezas del rompecabezas que la Fiscalía presentó en las últimas cuatro semanas.

La Fiscalía defiende que su relato, junto al de otros narcotraficantes y el del resto de testimonios levanta un edificio consistente que demuestra la culpabilidad del acusado.

El abogado de García Luna, César de Castro, intentó echar abajo los argumentos de la fiscalía, señalando que los principales testigos, todos exnarcotraficantes, son criminales a los que no se puede creer porque buscan su propio beneficio al colaborar con la Fiscalía y también vengarse de quien fue el rostro de la lucha contra el narcotráfico durante la administración de Felipe Calderón.

La Fiscalía estadounidense presentó este miércoles en tres horas y media su alegato final contra el exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico, haciendo hincapié en el testimonio del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, brazo derecho del capo Arturo Beltrán Leyva.

“Deben leer el testimonio del Grande”, dijo la fiscal Saritha Komatireddy a los miembros del jurado antes de insistir en que su declaración contra García Luna supone una “prueba específica y creíble de la culpabilidad del acusado”, a quien calificó como un hombre “inteligente, ambicioso y poderoso” que utilizó su posición para ganar millones de dólares de la gente que tenía que haber perseguido.

Ayudada de un panel con los rostros de García Luna, de varios de sus ayudantes como Luis Cárdenas Palomino y de los principales líderes del cártel de Sinaloa como Joaquín “El Chapo” Guzmán, los hermanos Beltrán Leyva e Ismael “El Mayo” Zambada y su hermano Jesús “El Rey” Zambada, Komatireddy fue repasando los 26 testimonios que la Fiscalía llamó los largo de las tres semanas y media que duró el juicio.

“Una sola declaración de (un testigo cooperante) puede ser suficiente”, dijo la fiscal antes subrayar que el gobierno ha presentado a nueve testigos cooperantes, exnarcotraficantes que cumplen o han cumplido condena den Estados Unidos.

Komatireddy apeló al sentido común de los miembros del tribunal al final de su discurso y les pidió que creyeran a los testigos, porque según ella, han colaborado a pesar de temer posibles repercusiones por parte del acusado. “Usen su sentido común y declárenlo culpable”, concluyó.

Durante su exposición, la fiscal, como ella misma expresó, unió “todas las piezas del rompecabezas” y regresó a los lugares y los hechos que el equipo de la Fiscalía fue tejiendo a través de los testigos, desde el pasado 23 de enero que arrancaron los testimonios.

Insistió en que tres de los cooperantes, “El Rey”, “El Grande” y “El Lobo”, declararon haber pagado en persona o haber sido testigos directos del pago de sobornos a García Luna.

A cambio, insistió la fiscal, García Luna ayudó y ofreció protección al Cártel de Sinaloa, que calificó como “el FedEx de la cocaína” para que pudiera ampliar su territorio, eliminar a bandas rivales, importar cocaína de Colombia y otros países latinoamericanos e introducir toneladas de droga en Estados Unidos.

Además, Komatireddy se detuvo brevemente en repasar la historia del cártel del Sinaloa.

Así, contó cómo el grupo vivió “su edad dorada” entre 2001 y 2006, años en los que supuestamente las diferentes facciones hacían colectas para sobornar a García Luna y cómo a partir de entonces, empezaron a surgir tensiones entre la facción de “El Chapo” y “El Mayo”, por un lado, y la de los hermanos Beltrán Leyva, que acabó desembocando en una guerra interna.

En aquella época, “la Policía Federal está tan integrada en el cártel de Sinaloa que la policía es parte de esa guerra”, dijo la fiscal antes de subrayar que en ese conflicto García Luna acabó tomando partido por la gente de “El Chapo”.

Recordemos que quien fuera mano derecha del expresidente Felipe Calderón está imputado de cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en la dirección de una empresa criminal que continua su actividad, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína y conspiración para la importación de cocaína.

El quinto delito que se le imputa es el de supuestamente prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

En su turno de alegatos finales, la Defensa de García Luna pidió a los miembros del jurado que no crean a “criminales que han mentido toda su vida” y que se atengan más bien a la falta de pruebas concluyentes.

Durante su alegato final, el abogado César de Castro insistió en la inocencia de su cliente y declaró que “la falta de pruebas es escandalosa” y que la acusación del gobierno se fundamenta en los testimonios de “posiblemente los peores criminales que el mundo haya visto”.

Tal como lo hiciera en las ultimas tres semanas, De Castro volvió a desplegar los argumentos que empleó con los siete testigos cooperadores con la Fiscalía que cumplen o han cumplido condena en Estados Unidos, más dos policías mexicanos que hablaron de corrupción dentro de las filas de la Policía Federal.

Dijo que actuaron por venganza contra la cara visible de la lucha contra el narcotráfico en México o que mintieron para lograr un beneficio personal: para reducir sus sentencias o para conseguir que sus familias puedan viajar a Estados Unidos.

“Su testimonio es su manera de escapar (…) Para gente que ha participado en todos estos crímenes, ¿cómo va a resultar difícil mentir?”, comentó De Castro antes de subrayar que los capos y narcotraficantes “son capaces de hacer todo lo que sea para conseguir sus objetivos”.

Sus intervenciones, continuó, “no se pueden creer, son inconsistentes y desafían el sentido común”.

Declaró a los miembros del jurado que la Fiscalía se había apoyado en la “cantidad y no en la calidad” y que por esa razón había presentado 26 testigos pero ninguna prueba palpable.

En su discurso, también hizo referencia al testimonio de la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, que ayer ofreció la imagen de una familia que había construido poco a poco su patrimonio a base de trabajo, hipotecas y compra y venta de inmuebles y comparó esto con el derroche y las riquezas de los narcotraficantes.

Al finalizar sus alegados, la Fiscalía volvió a tomar la palabra para decir al jurado que lo que De Castro quería demostrar era que había habido una gran conspiración y que García Luna era la persona con peor suerte del mundo.

“Nosotros no hemos elegido a los testigos, García Luna los eligió para hacer negocios con ellos”, dijo la fiscal Erin Reid, encargada de tomar la palabra en la segunda intervención para insistir en la culpabilidad del acusado.

Fue así que concluyeron los alegatos de ambas partes. Mañana el juez Brian Cogan dará las últimas instrucciones al jurado antes de que este se retire a deliberar.

El jurado tendrán que decidir si García Luna es culpable o inocente. Se presume que este mismo viernes se podría tener un veredicto.

El juicio conta el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, concluirá este miércoles con los alegatos finales, casi cuatro semanas antes de lo previsto.

A partir de mañana los doce miembros del jurado tendrán que deliberar si es culpable o no el exfuncionario federal de ayudar al cartel de Sinaloa a traficar droga a Estados Unidos.

A lo largo de un mes de juicio, los más de 20 testigos que han subido al banquillo llamados por la fiscalía han esbozado el poder corruptor del dinero de la droga desde la política a las fuerzas de seguridad, pasando por los funcionarios de aduanas y personal de puertos y aeropuertos.

El llamado “superpolicía” ya llevaba varios años monetizando su influencia con “El Chapo” Guzmán, según lo acusó el Departamento de Justicia estadounidense en 2020. Ahora ha  insistido en que se convirtió a partir de 2001 en “miembro de la conspiración del cartel de Sinaloa”.

El exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, uno de los testigos que declaró, mencionó en la Corte de Brooklyn el nombre del expresidente Felipe Calderón, quien habría dado órdenes de apoyar a la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Jesús “El Rey” Zambada, mano derecha de su hermano Ismael “El Mayo” Zambada, que seguiría liderando el cártel de Sinaloa, aseguró haber pagado 5 millones de dólares a García Luna, además de que confirmó otras acusaciones que han salido a la luz durante el juicio, como la complicidad de autoridades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para traficar droga.

Según varios testigos, García Luna, que rehusó declarar para defenderse en su propio juicio, habría recibido pagos millonarios de los cárteles a cambio de protección.

Sergio Villarreal Barragán “El Grande”, otro protegido de la justicia estadounidense, dijo que su entonces jefe Arturo Beltrán Leyva le hacía igualmente pagos mensuales de al menos 1.5 millones de dólares directamente a García Luna o a través de su mano derecha Luis Cárdenas Palomino.

Óscar “El Lobo” Valencia también afirmó haber pagado más de 10 millones de dólares al excolaborador de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

La defensa del acusado, dirigida por el abogado César de Castro, ha tratado a lo largo del juicio de restar credibilidad a los testigos que a menudo han caído en contradicciones y que, sobre todo, pese a su historial criminal, se han beneficiado de fuertes reducciones de pena en Estados Unidos a cambio de colaborar con la justicia.

Genaro García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación de México de 2001 a 2005 y fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, periodo en el que colaboró estrechamente con las agencias antinarcóticos y de inteligencia estadounidenses en el marco de la ofensiva del expresidente Felipe Calderón contra los cárteles.

Está acusado de cinco cargos: participación en empresa criminal continua; conspiración de distribución internacional de cocaína; conspiración de distribución y posesión de cocaína; conspiración para importar cocaína y falsedad en una declaración para obtener la nacionalidad estadounidense en 2018. Podría ser condenado a entre diez años y cadena perpetua.

Su destino está en manos de 12 jueces que luego de la audiencia de hoy se retirarán a deliberar, siguiendo las pautas pactadas por el juez instructor Brian Cogan, la fiscalía y la defensa.

Tendrán que determinar si García Luna, que se trasladó en 2012 a vivir a Estados Unidos en busca de tranquilidad y seguridad, como aseguró su esposa Cristina Pereyra, es o no culpable. Sería este mismo viernes cuando pudiera tenerse un veredicto.