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Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmara que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la que estuviera en una investigación por el presunto lavado de dinero, fue el rector de la institución quien fijó postura.

Adolfo Pontigo Loyola indicó que hasta el momento no ha sido notificado de la investigación ni del congelamiento de las cuentas bancarias que indicó la SHCP.

“Hasta este momento estoy yo en la mi oficina y no he tenido ninguna notificación de una autoridad facultada para investigar este tipo de cuestiones”, dijo en entrevista con W Radio.

Añadió que lo único que sabe, es la información que se ha ventilado en medios de comunicación. “Lo que yo sé es exactamente lo que ustedes (medios) saben”.

Negó la Universidad haya recibido dinero desde el extranjero, y afirmó que todo recurso que haya en las cuentas de la institución ha sido auditado, por lo que insistió tiene “las manos limpias”.

Lamentó que se haya filtrado el nombre de la institución a la prensa, pues dijo que con ello se violó el secreto bancario y financiero.

Finalmente negó que la Universidad esté bajo control del presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa y personas afines a Morena.

 

El Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó sobre la detección de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.

Derivado de la información, la dependencia procedió a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en cuestión.

Según detalló, el sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros. Además de que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.

Dichas acciones, dijo la SHCP, responden a los ejes de acción anunciados respecto al combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado.

 

Trabajadores del sector petrolero presentaron una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) en contra de Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero por 150 millones de dólares, evasión y defraudación fiscal.

Los trabajadores entregaron un documento en las instalaciones de la Seido en la Ciudad de México y explicaron que es para dar seguimiento a otra denuncia presentada hace ya dos años, la cual incluye a familiares del líder sindical y a prestanombres.

Los trabajadores acusaron omisión de la administración anterior ante las acusaciones contra Romero Deschamps y señalaron que confían en que el nuevo Gobierno actúe en contra del líder sindical porque hay elementos probatorios de actos delictivos.

Cabe recordar que el pasado 31 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre los señalamientos en contra de Romero Deschamps por presunto robo de combustible y adelantó que era posible que la Fiscalía General de la República actuara de oficio en una investigación contra el dirigente del sindicato petrolero.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reveló los avances y hallazgos que se han encontrado luego de diversas investigaciones sobre el robo de combustibles, el llamado huachicoleo.

Nieto señaló que encontraron que una gran parte de las gasolineras reciben, hacen depósitos y transferencias en efectivo, que difieren del número de recursos con los que opera. Explicó que muchas estaciones, a partir de la Reforma Energética, lo que hacen es comprarle a Pemex e importar combustibles. Sin embargo señaló que sus ventas superan las compras que han desarrollado ante Pemex.

“¿Qué significa eso? Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos ha llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado de dinero”, dijo el funcionario.

Explicó que en las 32 entidades federativas se encontraron más de 14 mil reportes de operaciones inusuales, equivalente a, sólo de robo de hidrocarburos, 10 mil millones de pesos que han sido “blanqueados” al sistema financiero mexicano.

Detalló que de dichos casos, hasta el momento se han presentado cinco ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que se actué conforme a la Ley. Refirió que en esos casos además de que empresarios, hay servidores públicos como un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local y un ex presidente municipal relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol.

Subrayó que en el modus operandi implica no solamente la comercialización del huachicol, sino el lavado de dinero en el sistema financiero, a través de diversas operaciones.

 

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que presentó la primera denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) de la actual administración, en un esfuerzo por reducir la capacidad financiera y operativa de los grupos de delincuencia organizada.

En un comunicado, la dependencia federal encabezada por Santiago Nieto Castillo señaló que “la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado como una prioridad el combate a las estructuras financieras del crimen organizado y esta acción es un paso sólido en la pacificación y bienestar de la nación”.

Días antes de asumir su cargo, el funcionario había afirmado que la meta de la Unidad era incrementar sustancialmente el número de denuncias por este delito, toda vez que en los primeros once meses de este año (es decir, en la administración anterior) sólo se presentaron 65 denuncias.

De estas denuncias, sólo 2 se judicializaron, además de que no se congeló ninguna cuenta ni se cumplió con una sola orden de aprehensión.

Miguel Ángel Martínez, mejor conocido como “El Tololoche” aseguró en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, que el cártel de Sinaloa lavaba entre ocho y nueve millones de dólares al mes mediante el sistema bancario mexicano.

Martínez hizo la revelación en una corte de Nueva York donde se desarrolla el llamado ‘juicio del siglo’. De acuerdo a las declaraciones, la actividad de lavado de dinero fue aparentemente realizada en los primeros años de la década de 1990.

El testigo, quien se describió como gerente de las operaciones de tráfico de drogas de Guzmán, precisó que pese a que empleados de bancos cuestionaban los cuantiosos montos de sus depósitos, él los sobornaba.

Además confirmó que pese a haber sido encarcelado desde 1993, Guzmán Loera seguía dando órdenes mediante un teléfono que él le introdujo a la prisión de alta seguridad de Almoloya, en el Estado de México.

 

La justicia española reabrió una investigación por lavado de dinero contra el exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, tras conocer nuevos testimonios que lo ligan al delito.

Moreira había sido detenido en enero de 2016 en el Aeropuerto Internacional de Barajas acusado de lavar 200 mil euros en bancos locales, pero días después, el magistrado Santiago Pedraz lo dejó en libertad al considerar que no había pruebas contundentes en su contra.

Pese a la liberación, la fiscalía continuó con sus pesquisas y recientemente pudo recabar los testimonios de dos personas en Texas, Estados Unidos, quienes aportaron nuevos datos sobre presuntas actividades ilegales del exmandatario.

En la investigación original que derivó en la captura de Moreira se incluyen testimonios de una reunión entre el político y líderes del cártel de Los Zetas, así como de vínculos con los hermanos Raúl y Rolando González Treviño, considerados como blanqueadores de dinero para diversas organizaciones criminales mexicanas.

Moreira se mudó a la ciudad de Barcelona tras el asesinato de su hijo José Eduardo, sucedido en 2012 y en el que estaría involucrado el propio cártel de Los Zetas, iniciando así las investigaciones en su contra.

 

 

Con información de Efe

El juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó hoy 36 meses de prisión preventiva a la líder opositora Keiko Fujimori en la investigación que se le sigue por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña
presidencial en las elecciones de 2011.

“Este despacho considera que sí existe sospecha grave sobre la participación de la investigada Keiko Sofía Fujimori en el delito de lavado de activos en condición de líder en organización creada defacto al interior en Fuerza 2011”, señaló el juez al sustentar su decisión.

Medios locales reportaron que tan pronto fue conocida la decisión del juez, Fujimori fue detenida mientras intentaba retirarse de la sala “Se levantó de su asiento e intentó caminar pero, de inmediato, fue resguardada por la Policía”, indicó el diario La República.

Por su parte la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, calificó la decisión del juez de estar basada en una parcialidad judicial, por lo que dijo que apelarán la resolución.

 

Con información de Medios / Foto: Twitter @Agencia_Andina

Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, actualmente preso en una prisión federal, ganó un amparo contra la vinculación a proceso que se le decretó el 5 de enero por el delito de lavado de dinero.

El efecto de dicho amparo es que se deja sin validez la vinculación a proceso y el juez de control debe emitir una nueva decisión en la que “funde y motive” correcta y suficientemente la participación del Borge en el delito que se le imputa .

La nueva decisión podría ser la de ratificar la vinculación a proceso dictada contra del exmandatario o bien se podría decretar la no vinculación por falta de pruebas, lo que implicaría su libertad sólo por este delito.

El amparo fue concedido por Manuel Camargo Serrano, juez Sexto de Distrito en el Estado de México, al resolver el juicio de amparo 105/2018.

Según el juez Camargo Serrano, el juez de control del Centro de Nezahualcóyotl, Estado de México, que vinculó a proceso a Borge Angulo por lavado de dinero, no valoró debidamente las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República.

El caso de lavado es el único proceso federal iniciado contra Borge, sin embargo, existen tres órdenes de aprehensión en su contra pendientes de ser ejecutadas por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.

La exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, quedó libre de las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero a las que estaba sujeta. A la 1:40 de la madrugada de este miércoles, Marco Antonio del Toro, abogado de la maestra, leyó un comunicado a nombre de su clienta a los medios de comunicación.

“El día de hoy, a las 23:30 horas, recibí por parte del primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito, la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad debida al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la cual me encontraba sujeta”, leyó el abogado Marco Antonio del Toro desde las escalinatas de la casa ubicada en Polanco, donde Gordillo era mantenida en prisión domiciliaria.

En el comunicado, la maestra señaló que tras su liberación se dedicará a pasar tiempo con su familia y que por ahora, no otorgará entrevistas a medios nacionales o extranjeros.

“Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal”, escribió la exlideresa.

Y agregó que el próximo lunes 20 de agosto convocará a medios para detallar los hechos.

Del Toro indicó que la maestra ya está en libertad y con su familia, pero no dio a conocer los motivos por los que se dio el sobreseimiento y señaló que su clienta será la que revele los detalles al respecto.

Cabe recordar que Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el aeropuerto de Toluca acusada de los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero, el último de ellos y que aún seguía vigente, era por mil 978 millones de pesos.

Sin embargo, Miguel Ángel Aguilar López, titular del Primer Tribunal Unitario Penal declaró procedente un incidente de sobreseimiento o cancelación del proceso a favor de Gordillo Morales, al considerar que las pruebas presentadas por la PGR eran insuficientes.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está siendo investigado en Estados Unidos por supuestamente lavar más de 1,200 millones de dólares de la compañía petrolera estatal PDVSA.

De acuerdo con el periódico estadounidense Miami Herald, Maduro junto con otras ocho personas malversaron fondos del ingreso petrolero para hacer fortunas ilegales en Estados Unidos y otros países.

Asimismo, los acusados aprovecharon su acceso al sistema de cambio de moneda extranjera, que ofrece una tasa más favorable para convertir bolívares a euros, indica la investigación.

Aunque en la investigación el nombre de Maduro no aparece tal cual, fuentes aseguraron al diario que se refieren a él como “oficial venezolano 2”.

Presuntamente también están involucrados sus hijastros; Raúl Gorrín, propietario de la cadena televisiva venezolana Globovisión; un alemán arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de Miami y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, un colombiano naturalizado nacido en Estados Unidos, detenido en Italia el pasado miércoles y en espera de ser extraditado.

Esta operación habría comenzado en diciembre de 2014 con un plan de cambio de moneda para malversar 600 millones de dólares de PDVSA, obtenidos a través de sobornos y fraudes.

Los demandados supuestamente usaron a un socio, que se convirtió en una fuente confidencial para los federales para lavar una parte de los fondos de PDVSA.

Según el reporte, para mayo de 2015, la conspiración había duplicado el monto a mil 200 millones de pesos malversados ​​por la compañía petrolera.

El juicio en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue aplazado hasta abril de 2019.

La jueza Hilda Tagle, de la Corte Federal en Brownsville, Texas, emitió esta semana una “segunda orden de programación revisada”, según la cual, la selección del jurado comenzará el 6 de abril próximo y el juicio iniciaría formalmente dos días después.

Esta es la segunda vez en la que se pospone el juicio, que primero fue programado para junio pasado, luego para octubre próximo y ahora hasta abril de 2019.

El expediente de Yarrington consta de 53 páginas, en donde se le acusa de haber violado la Ley de Crimen Organizado, Corrupción y Chantaje, para lavar dinero, cometer fraude, aceptar sobornos y traficar drogas.

Yarrington, quien fue alcalde de Matamoros de 1993 a 1995 y gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, fue detenido en Florencia, Italia, en abril de 2017, tras cuatro años de permanecer fugitivo.

Ricardo Anaya, candidato de la coalición ‘Por México al frente’, aseguró que nunca en su vida ha visto a Juan Barreiro, quien aparece en el segundo video filtrado en el que se habla de un esquema de lavado de dinero que lo involucra.

En entrevista radiofónica, el exlíder panista señaló que ese material es parte de una campaña en la que le “han aventado todo el poder del Estado”.

Anaya señaló que no sabe cuánto haya costado el sobornar “a ese señor (Juan Barreiro). No lo he visto nunca en mi vida; no lo conozco”.

Asimismo, afirmó que estos ataques se deben a que él se ha comprometido a castigar a los responsables de actos de corrupción y ha referido que entre ellos están el presidente Enrique Peña Nieto, así como el candidato del PRI, José Antonio Meade, y de ahí las agresiones en su contra.

“Se han empeñado en atacarme, presionando por todos los medios, pero no creo que lo logren y habrá justicia”, dijo Anaya Cortés, quien precisó que quiere paz y para ello no tiene que haber impunidad.

Anaya Cortés se dijo convencido de que ganará la elección del próximo 1 de julio y que logrará la transformación del país por más que haya una guerra sucia en su contra.

 

 

Con información de Grupo Fórmula

Esta tarde el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Ernesto Cordero, acudió a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para presentar una denuncia en contra del candidato presidencial del Frente, por lavado de dinero.

Cordero, una de las figuras más cercanas al ex presidente Felipe Calderón, indicó que el motivo de su denuncia de hechos es porque existen pruebas contundentes que vinculan a Ricardo Anaya en una red de lavado de dinero y de tráfico de influencias.

Cordero declaró que con la denuncia busca que la PGR tome en consideración el video que apareció en recientes días en donde dijo, se vincula a Ricardo Anaya con una red de lavado de dinero; además solicitó a las autoridades que se cite a declarar a los hermanos Barreiro y al propio Ricardo Anaya; así como que se solicite a la autoridad financiera la información de la familia Anaya, pues sostuvo que hay una discrepancia entre los ingresos reportados por el candidato y el patrimonio que tiene.

La denuncia se deriva luego de la aparición del video titulado ‘Caso Anaya’ en donde se ofrecen más detalles de las operaciones financieras que habrían hecho llegar recursos a Anaya para financiar su campaña electoral. Cordero afirmó que con su denuncia espera se aclare si Anaya es un lavador de dinero o no.

Sobre el proceso de expulsión que se sigue en su contra, Cordero dijo que no se debería expulsar a panistas honestos del partido, y añadió que a quien se debería de expulsar es a Ricardo Anaya, pues “lamentablemente nuestro candidato no es una persona honesta”, además de que está rodeado de personas mentirosas.

 

Según relata el diario ‘El Español’, las autoridades europeas investigan la presunta participación del empresario mexicano-español, Juan Pablo Olea Villanueva, en una red internacional de lavado de dinero cuyo último beneficiario sería el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya.

De acuerdo a lo que relata el periódico, Olea es la mano derecha del empresario mexicano de bienes raíces, y amigo de Anaya, Manuel Barreiro, quien desde que inició la campaña presidencial, es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero; y quien se encuentra prófugo en Canadá.

 

 

Se relata que la investigación se centra en la creación de una estructura financiera radicada en varios países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para el candidato presidencial. “Dichos fondos, previa circulación de los mismos principalmente por Canadá y Gibraltar, los habría recibido el Sr. Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan, por valor de 54 millones de pesos mexicanos”.

Las autoridades europeas han puesto la mira en el empresario Olea Villanueva, quien participa en la administración y propiedad de al menos 14 compañías en España. Han indicado que a través de un análisis de los estados financieros que las compañías españolas permiten se podrían identificar irregularidades que dejarían entrever patrones de actuaciones compatibles con actividades de lavado de dinero.

Al respecto, el Partido Acción Nacional aseguró vía redes sociales que Anaya ya ha aclarado todo lo referente sobre las falsas acusaciones que se le han imputado en relación a la compra-venta de su nave industrial, por lo que desestimaron la nueva información dada a conocer.

 

Con información de El Español / Foto: Archivo APO

Como ya se ha hecho costumbre, el candidato de la coalición PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, utilizó esta mañana sus redes sociales para criticar y retar a sus oponentes políticos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Ricardo Anaya.

 

 

En un primer mensaje, criticó la postura de AMLO respecto a la construcción del nuevo aeropuerto. Indicó que erróneamente el morenista piensa que un aeropuerto se reduce a tener una pista para despegues y aterrizajes. Sin embargo recalcó que el proyecto es más que eso, es un polo de desarrollo, motor de inversión, generador de empleos, competitividad y movilidad. “Es progreso y no retroceso. Eso nos distingue” dijo el abanderado priísta.

 

Adicional, retó al tabasqueño a aclarar de qué ha vivido los últimos 13 años, por lo que lo emplazó a presentar su 7de7 (declaración patrimonial, fiscal y de intereses ampliada), pues dijo es un tema que genera duda en toda la sociedad.

 

 

En un segundo mensaje, Meade retó a Ricardo Anaya a presentar su 7de7 tal como lo él lo hizo la semana pasada. Indicó que esa sería una buena manera para aclarar el supuesto lavado de dinero del que se le acusa al panista.

 

“El que nada debe nada teme. ¿Te atreves? No le saques”, retó el priísta.