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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que se resolverá a tiempo el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, gracias a la Ley de Amnistía que hoy se vota el Congreso para que pueda “perdonar” a criminales que aporten información valiosa en temas relevantes.

“Sí, nos va ayudar mucho (la nueva ley). Sí nos alcanza el tiempo (para resolver el caso) porque es hacer las cosas legales”, afirmó el mandatario.

López Obrador se refirió a la Ley de Amnistía que establecerá que el titular del Ejecutivo podrá “dar amnistía a quien aporte información comprobable para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano”.

Dicha ley, aprobaba la semana pasada en el Senado, amplía las facultades del presidente “para liberar de manera directa a reclusos que incluso hayan sido sentenciados, a cambio de información que ayude a esclarecer delitos”.

El dictamen fue aprobado ayer en comisiones en la Cámara de Diputados, y se espera que hoy sea avalada en el Pleno.

En ese sentido, López Obrador aseguró que esta nueva ley permitirá negociar con alguien con información sobre el caso, lo que ayudaría a conocer el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014 en Guerrero.

“Imagínense, si se toma un acuerdo con alguien que quiere informar, pero después de que informa el presidente no tiene facultades para cumplir (con protegerlo) porque estarían infringiendo la ley, porque depende de la ley judicial y con un Poder Judicial hostil, contrario a la impartición de justicia, no avanzamos”, sostuvo el mandatario.

AMLO señaló que por ello busca esta ley, pues hay personas en la cárcel o en libertad que por miedo, amenazas o “un pacto de silencio” no han querido hablar.

“Entonces lo que queremos es que nos ayuden. ¿Y cómo les correspondemos? Los tenemos que proteger. Pero nos importa mucho saber dónde están los jóvenes, entregar a los jóvenes (de Ayotzinapa)” insistió.

Y es que el esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es uno de los pendientes de la administración de López Obrador, pues desde su campaña en 2018 prometió esclarecer lo sucedido.

Las protestas por el incumplimiento de sus promesas han crecido y el pasado 6 de marzo normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Palacio Nacional para exigirle que cumpla su palabra. Además, la Asamblea Nacional Popular (ANP) anunció el 14 de abril un “boicot” a las campañas y las elecciones del 2 de junio debido a que López Obrador no ha atendido a los padres de los jóvenes.

Sin embargo, el presidente ha descartado que las amenazas sean un riesgo para la jornada electoral, aunque la presión ha crecido durante las campañas porque familiares y estudiantes lo acusan de proteger al Ejército porque hay militares involucrados.

Ayer, incluso, prometió que se reunirá con las familias de los jóvenes el próximo 3 de junio, un día después de los comicios.

El Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo que impide que los jueces puedan suspender leyes, normas y obras impugnadas en juicios de amparo, algo que ha ocurrido en los últimos años.

Con 66 votos a favor y 37 en contra, Morena y partidos aliados lograron la aprobación de la controversial reforma, que según especialistas vulnera el derecho de las personas al acceso a la justicia porque limita la posibilidad de que puedan recurrir a una medida cautelar para bloquear alguna ley u obra que estimen los afecta.

Ahora la reforma pasará a la Cámara de Diputados, para su discusión y eventual aprobación definitiva.

El senador Ricardo Monreal desestimó las críticas que se le hacen a la reforma que presentó este mes en el Congreso, y dijo que con los cambios se busca “evitar que se abuse del sistema legal” y garantizar que las suspensiones sólo se otorguen para cada caso individual y “no de manera general contra las leyes”.

La oposición en bloque se mostró en contra de la reforma, acusando a los legisladores de Morena, PT, PVEM, quienes aprobaron de manera exprés la llamada “ley antiamparo” para atender los reclamos del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra el Poder Judicial.

Y es que recordemos que el presidente ha acusado en reiteradas ocasiones a algunos jueces de  suspender temporalmente iniciativas y proyectos promovidos por su Gobierno en los últimos años.

AMLO ha señalado a los integrantes del Poder Judicial de incurrir en corrupción y derroche de recursos y de estar al servicio de los potentados y la mafia del poder económico y político.

Entre quienes se manifestaron en contra de los cambios a la ley estuvieron la senadora Nancy de la Sierra, del PRI, que acusó al oficialismo de no prestarle atención a los asuntos y leyes urgentes, y sólo darle prioridad “a lo que el presidente les ordena”.

En el sector empresarial también surgieron algunas críticas contra la reforma. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo la semana pasada en un comunicado que la iniciativa es “contraria” a los principios fundamentales establecidos en la Constitución, y “pone en riesgo los derechos colectivos”.

En los últimos años la Suprema Corte y algunos tribunales han suspendido varias iniciativas y proyectos promovidos por López Obrador, como las reformas eléctrica y electoral; la construcción de algunos tramos del Tren Maya, entre otros.

La bancada de Morena en el Senado también aprobó la noche de ayer una reforma a ley de amnistía para que el presidente pueda dar amnistía a quien aporte información comprobable para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado.

La iniciativa también será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación final.

La legislación vigente permite a las autoridades otorgar amnistía a las personas que hayan sido procesadas o que tengan sentencia firme por delitos de homicidio por razón de parentesco, robo simple y sin violencia, y sedición, entre otros.

De igual forma se excluyó del beneficio a quienes cometan delitos contra la vida, secuestro, violación, y tráfico de drogas.

Al defender la reforma, Monreal señaló que la amnistía solo se dará al que proporcione “información comprobable y verificable”.

Por su parte, el senador opositor Germán Martínez afirmó que la iniciativa “no pone en el centro a las víctimas, pone en el centro al presidente y al poder” .

Tal como lo adelantaba esta semana el presidente, este jueves la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, presentó un informe en el que detalló que el gobierno federal ha liberado a 2,685 reos en lo que va de la administración, derivado de la Ley de Amnistía que impulsó el morenista, así como por irregularidades en sus procesos.

“Se tienen que enfrentar muchos obstáculos, son muchos los trámites, hay resistencia, pero se está avanzando y existe la voluntad de liberar a todos los que no deben estar en las cárceles, existe esa inquebrantable voluntad”, dijo el presidente López Obrador.

La titular de la SSPC indicó que 2,549 fueron preliberaciones, con base en el decreto que se promulgó en septiembre de 2021 para excarcelar a indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura.

De estas personas, 123 eran mujeres, 120 adultos mayores, 208 con enfermedades crónicas, 51 indígenas, 15 extranjeros y 2,032 personas que cumplieron con requisitos de ley para preliberación, como tener 10 años sin sentencia o comprobar que fueron víctimas tortura.

“Es un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves o relacionados con la violencia, gente humilde, que no pudo pagar un abogado, tener un traductor o ha enfrentado todo tipo de adversidades”, expuso Rosa Icela Rodríguez.

La otra vía ha sido la Ley de Amnistía que promulgó el Gobierno en abril de 2020 para liberar a personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.

Por este camino, detalló la secretaria, el gobierno ha liberado a 136 personas, de las que 66 fueron por pobreza, 42 eran mujeres, 21 indígenas, dos personas con discapacidad, cuatro víctimas de intimidación y una víctima de discriminación.

Recordemos que el presidente López Obrador había prometido concretar la excarcelación masiva hace un año, el 15 de septiembre de 2021, cuanto reportó más de 4,000 casos en análisis. En tanto, la Ley de Amnistía tenía el objetivo de liberar a cerca de 6,000 personas.

Hay que considerar que las prisiones tienen una sobrepoblación reconocida de más de 9,000 reos y 130 penales presentan un exceso de detenidos; a nivel nacional hay un total de casi 226,000 personas en las cárceles, según el Cuaderno de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad.

De las personas detenidas cerca del 40 % solo están procesadas, pero aún no reciben sentencia.

México solo ha liberado 167 reos mediante la Ley de Amnistía, aprobada hace dos años impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además de que apenas ha sesionado la comisión encargada de revisar estos casos, denunció este viernes la ONG EQUIS Justicia para las Mujeres.

“La Comisión (de Amnistía) encargada de revisar las solicitudes de las personas privadas de la libertad, presidida por la Secretaría de Gobernación, ha sesionado tan solo 6 veces”, advirtió la organización.

La asociación hizo referencia a un comunicado del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, que dio estas cifras a principios de abril.

“Vemos con preocupación que esta cifra sea tan baja, sobre todo cuando la población penitenciaria, lejos de reducirse, ha ido al alza. La situación para las mujeres es particularmente grave, ya que, tal como lo ha demostrado la organización Intersecta, la mayoría de las mujeres en prisión ni siquiera han sido reconocidas culpables”, afirmó la ONG.

El seguimiento a la implementación de la Ley de Amnistía, que EQUIS Justicia para las Mujeres ha realizado desde el 2020, así como el acompañamiento legal a los casos de dos mujeres indígenas que “permanecen injustamente en prisión” permitió a esta ONG “advertir las fallas en el trámite y la necesidad de contar con más y mejor información sobre la actuación de la Comisión de Amnistía”.

Además, la Segob modificó sus lineamientos para atender las solicitudes de amnistía, explicó la ONG, que se mostró “preocupada” porque considera que falta información durante los trámites y además la burocracia existente ralentiza el proceso.

“Por lo anterior, desde EQUIS apelamos a que los criterios de decisión y actuación de la Comisión de Amnistía se rijan por la transparencia y los más altos estándares de derechos humanos para acelerar la implementación de la ley”, concluyó.

En abril de 2020, el gobierno del presidente López Obrador promulgó la Ley de Amnistía con la intención de liberar, según esas estimaciones iniciales, a unas 6,000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas, ello con el fin de despresurizar las cárceles.

La propuesta de Ley de Amnistía aprobada por el Congreso no es suficiente para enfrentar el problema de las personas privadas de su libertad por delitos menores, así como para afrontar el hacinamiento en las cárceles ante el COVID-19, alertó la organización Causa en Común.

El organismo ciudadano advierte que, ante la velocidad con lo que avanza la pandemia en el país, “esta propuesta se pudiera convertir en letra muerta en el caso de que fallezcan las personas en prisión a causa de factores burocráticos, y a la naturaleza misma de la ley cuyo periodo de implementación no pudiera ser tan rápido como la situación lo requiere”.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró que ante la crisis sanitaria que se vive, el Estado se encuentra obligado a implementar todos los mecanismos que de forma ágil y eficiente garanticen el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, y si bien la propuesta tiene importantes fines de justicia, se requieren respuestas más adecuadas.

“Aplicar la figura del indulto otorgaría un mejor resultado, ya que se puede actuar de manera más inmediata, a diferencia de la Ley de Amnistía que establece mayores plazos para su implementación”, precisa Morera.

Causa en Común destaca que, ya que la iniciativa sólo tendrá alcance para los delitos del orden federal y no para los sentenciados en el ámbito local, se debe implementar de forma inmediata una política en todo el país que resuelva la situación de vulnerabilidad en la que se involucren a las personas privadas de la libertad por delitos del fuero común, así  como revolver el abandono que existe en los penales, ya que viven una permanente fragilidad en términos sanitarios y de seguridad.

Por su parte la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dijo que si bien la intención de aprobar la Ley de Amnistía pudiera ser noble y justa, considerando la situación sanitaria que se vive en el país, carece de una adecuada técnica legislativa y deja de lado temas indispensables para su aplicación.

“La realidad es que con el texto aprobado resulta prácticamente imposible que una persona condenada o sujeta a proceso sea “amnistiada” en atención a la emergencia sanitaria que hoy acecha al planeta”, alertó MCCI.

Explicó que la nueva Ley es la sexta amnistía en la historia de México. Las otras cinco van desde la amnistía aprobada por Benito Juárez en 1879 para perdonar a quienes apoyaron al imperio de Maximiliano de Habsburgo, hasta la amnistía promovida en 1994 por Carlos Salinas de Gortari en favor de los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por el levantamiento zapatista.

Todas ellas han buscado beneficiar a las personas que participaron en algún enfrentamiento político específico. Las otras tres amnistías fueron aprobadas en el marco de la revolución mexicana, el movimiento estudiantil de 1968 y la guerrilla de la Liga Comunista 23 de Septiembre y el Partido de los Pobres.

Subrayó que la nueva Ley de Amnistía no busca pacificar un conflicto político con ningún grupo en especial, sino supuestamente, subsanar injusticias cometidas contra algunos grupos vulnerables. Ordena la liberación de las personas que se encuentren en alguno de los siguientes casos, siempre y cuando no hayan cometido ningún delito violento o con arma de fuego, y no sean reincidentes:

  1. Mujeres que hayan abortado y el personal médico o familiares que las hubieren asistido.
  2. . Personas que hayan cometido “narcomenudeo”, en casos específicos.
  3. Pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, en ciertas circunstancias.
  4. Personas que hayan cometido robo simple y sin violencia.
  5. Quienes hayan cometido el delito sedición, lo que implica resistencia o ataques a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones.

Alertó que las personas que se encuentran en dichos criterios no serán beneficiadas tanto como parece en el texto de la nueva Ley y en el discurso de las autoridades.

Puso como ejemplo que ninguna mujer que haya abortado será liberada, pues no existe mujer alguna en prisión por haber cometido el delito de aborto a nivel federal. Según un estudio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), mientras que entre 2007 y 2017 hubo 228 personas condenadas por el delito de aborto en las diferentes entidades de la República, en el mismo periodo sólo hubo 3 sentencias a nivel federal.

“Por ello, vale la pena preguntarnos si la Ley aprobada ayer realmente busca solucionar un problema o sólo es un acto simbólico o propagandístico, al menos en este punto”, destacó MCCI.

Otro ejemplo que puso es que serán pocas las personas amnistiadas por delitos de narcomenudeo. Según reconoce la iniciativa, mientras que a nivel local se han registrado 99,694 casos de personas que cometieron este delito, a nivel federal sólo se cuenta con el registro de 1,045 incidencias. A ese número de posibles beneficiarios hay que restar todas las personas que ya no están en prisión y las que no serán elegibles para la amnistía, es decir, quienes sean reincidentes o hayan cometido delitos con armas de fuego, o aquellos que fueron condenados por “portar” más del doble del gramaje permitido por ley entre otros supuestos.

MCCI concluye afirmando que es improbable que la Ley de Amnistía sirva realmente para lograr sus objetivos: uno, pacificar el país en medio de una guerra militarizada contra el crimen organizado, y dos, disminuir los contagios de Covid-19 en las prisiones.

El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen de la minuta por la que se expide la Ley de Amnistía, argumentando que con su aproJbación en este momento, se ayudará a “descongestionar” los centros penitenciarios y así disminuir el contagio de Covid-19 al interior de los reclusorios.

El proyecto de decreto fue aprobado, en lo general y los artículos no reservados, con 68 votos en favor, 14 en contra y dos abstenciones.

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, remitió el documento al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, es decir, para que el presidente López Obrador lo promulgue.

El dictamen señala que muchas de las conductas que mantienen privadas de su libertad a aquellos que las cometieron, no generaron un daño grave a un bien jurídico tutelado, no pusieron en peligro insuperable los derechos fundamentales de terceros, ni pone en evidencia la intención del sujeto activo de volver a delinquir.

“Dicho en otras palabras y de manera contundente, la amnistía reconoce que las cárceles del país hay personas que pudieran ser inocentes o podrían haber compurgado su pena en libertad”, se resalta en el texto.

Uno de los objetivos principales que resaltó la bancada de Morena es que el proyecto de decreto es reinsertar al tejido social a diversos grupos que sufren de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, así como por su situación de pobreza, como es el caso de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que no tuvieron una defensa adecuada.

El proyecto decreta amnistía en favor de mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto en todas sus modalidades, personas obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales.

Asimismo, se beneficiará a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas.

Se aclara que la amnistía se aplicará para dichos casos, cuando las personas no sean reincidentes, respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, y siempre que los ilícitos mencionados se hayan cometido antes de la fecha de entrada en vigor de este decreto.

Respecto del tema del aborto, se favorecerá a la madre del producto del embarazo interrumpido, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, cuando la conducta delictiva se haya realizado sin violencia y con el consentimiento de la madre.

En cuanto a los delitos contra la salud, la amnistía será procedente cuando la persona que los cometió se encuentre en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, tenga discapacidad permanente, o el ilícito lo haya realizado por indicación de su pareja sentimental, pariente consanguíneo, por temor fundado, o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada.

La ley aplicará para las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores, hasta en dos tantos, a la dosis máxima de consumo personal, y cuando no haya sido con fines de distribución o venta.

Respecto al robo simple y sin violencia, se implementará el ordenamiento cuando no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.

La Ley de Amnistía será procedente en cuanto al delito de sedición, cuando se haya invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas, con el propósito de alterar la vida institucional. No aplicará la ley cuando se trate de terrorismo o haya causado privación de la vida, lesiones graves a otra persona o utilizado armas de fuego.

El dictamen indica que no se beneficiará a reincidentes, personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas habitación, entre otros.

Finalmente, se señala que podrían beneficiarse a más de dos mil 600 personas con la Ley de Amnistía.

El senador Damián Zepeda del PAN, mostró su rechazo a la propuesta, a la cual calificó como un “capricho de Morena”. Además, lamentó que la sesión no se convocará para aprobar un plan de rescate económico emergente y de apoyo a la salud de los mexicanos.

Por su parte Emilio Álvarez Icaza, senador independiente, lamentó que en la sesión de ayer se haya “limitado la agenda” y no se atendiera la crisis en México ni se trabajara ara establecer un plan integral que salve vidas, detenga el deterioro de la economía o mitigue los efectos de la pandemia de coronavirus.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Castro, dijo que se trata de un dictamen muy importante y más ahora en tiempos de la pandemia. Es un acto de humanidad para que aquellas personas, que no obstante haber cumplido el 50 por ciento de su pena y tener buena conducta, no pueden salir por su situación de pobreza o por haber sido víctimas de extorsión, puntualizó.

Senadoras y senadores de Morena, PAN, PT y Movimiento Ciudadano presentaron diversas propuestas de modificación; sin embargo, fueron rechazadas por la mayoría del Pleno. El dictamen fue aprobado, en lo particular y en sus términos, con 63 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones.

Senadores de Morena llegaron al recinto legislativo para intentar llevar a cabo la sesión presencial en la que pretenden analizar y eventualmente aprobar la Ley de Amnistía.

La sesión de hoy sería la primera presencial de los Senadores, después de tres semanas de realizar reuniones virtuales.

Los morenistas confían en que haya quórum, pues los legisladores de la oposición condicionaron su presencia a que se abriera la discusión a otros temas como un Gran Acuerdo Nacional para atender la emergencia sanitaria y económica.

Señalaron que para abordar la propuesta del presidente López Obrador (Ley de Amnistía), no era necesaria la presencia de los legisladores, pues AMLO tenía las facultades de hacerlo.

La Le busca liberar a miles de presos, que según el gobierno federal y los legisladores de Morena, están expuestos a contagiarse del nuevo coronavirus Covid-19 al interior de los centros de reclusión del país.

Los senadores morenistas compartieron en sus redes sociales diversas fotografías de su llegada al recinto, en las que se les veía portado cubrebocas, en línea con lo que exige el protocolo sanitario, así como manteniendo la medida de la sana distancia.

Las y los senadores seguirán la sesión de hoy desde sus oficinas y acudirán al Pleno a votar de manera organizada para evitar aglomeraciones.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que se intentaba reunir quórum legal para discutir y, en su caso, aprobar la Ley de Amnistía.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, informó que el próximo lunes 20 de abril a las 12:00 horas se retomará la discusión en el Pleno del Senado de la Ley de Amnistía, esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) urgiera a los senadores a discutir su iniciativa.

A través de un mensaje emitido en sus redes sociales, el morenista afirmó que la aprobación de dicha ley es un acto de humanidad ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país derivada de la pandemia por Covid-19.

Convocó a las legisladoras y legisladores de todas las fracciones parlamentarias a participar en la Sesión Ordinaria, pues dijo que la eventual aprobación de la iniciativa será una contribución invaluable para reducir la sobrepoblación penitenciaria que causa deficiencias en las condiciones humanitarias y que en la actualidad pone en riesgo de contagio de Covid-19 a sectores de la población carcelaria como adultos mayores y mujeres embarazadas.

El senador explicó que la propuesta de ley, enviada por la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre de 2019, considera como potenciales beneficiarios a quienes no sean personas reincidente, así como a quienes no hayan sido condenados por delitos en los que se privó de la vida a otra persona, por delitos contra la integridad corporal o secuestro, o se provocaron lesiones graves con secuelas permanentes, y a quienes en la comisión del delito no hayan empleado o utilizado armas de fuego.

Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernandez, indicó que es necesario que el Estado pueda contar con herramientas legales que permitan adoptar medidas que salvaguarden los derechos humanos de ellos, ante la pandemia que se vive.

“En mi calidad de presidenta de la Mesa Directiva (…) y compartiendo la preocupación, por lo que puede ocurrir en los centros de reclusión, he convocado a sesión ordinaria el próximo lunes 20 de abril a las 12 horas”, dijo Fernández.

Recalcó que en la sesión plenaria se aplicaran las medidas sanitarias que han sido determinadas por el Consejo de Salubridad General y adoptadas por los órganos directivos de la Cámara, quedando exentas de acudir, de manera presencial, mujeres embarazadas o en lactancia; madres con hijos menores de 5 años; personas mayores a 65 años y aquellas con factores de riesgo.

Además dijo, la Mesa Directiva propiciará las condiciones necesarias para que la sesión se desarrolle implementando las medidas para asegurar la sana distancia recomendada por la Secretaría de Salud.

La Ley de Amnistía del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un proyecto criminal que beneficia a los delincuentes, favorece la impunidad y deja sin justicia a las víctimas, aseguró el Partido Acción Nacional (PAN).

Los panistas indicaron que dicha Ley es un capricho más del AMLO con tal de cumplir una promesa de campaña, sin considerar el daño a la sociedad amenazada por la inseguridad y la violencia.

El vocero de Acción Nacional, Fernando Herrera Ávila, señaló que la Ley tiene tintes populistas y electoreros, pues busca que obtengan su libertad miles de individuos indiciados, procesados y sentenciados por robos sin violencia a casa-habitación, robo de celulares y de tarjetas de crédito o débito, robo de identidad y el conocido cristalazo, así como a quienes se dedican al narcomenudeo.

“López Obrador no entiende que la amnistía es para casos de excepción, no para quienes han causado daños a la sociedad. Con el grave problema de inseguridad que hoy enfrentamos, es inconcebible que se quiera beneficiar a los que venden droga cerca de las escuelas, centros de diversión o en las colonias populares. Además, busca proteger a quienes bloquean las vías de comunicación como carreteras”, explicó.

Por su parte el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado, afirmó que con la aprobación de la Ley de Amnistía se subsanó la injusticia que se ha cometido contra jóvenes, mujeres o indígenas que por su situación de pobreza se encuentran presos por delitos menores.

Este nuevo ordenamiento “tiene restricciones muy claras y no representa ningún riesgo para que delincuentes peligrosos queden en libertad”, sostuvo el legislador.

Puntualizó que ante la desigualdad que prevalece en México, se agudiza la vulnerabilidad de personas procesadas por delitos como aborto, posesión de drogas, por no tener para pagar un defensor o simplemente por no hablar español, como ocurre con indígenas que no cuentan con un intérprete.

Con esta aprobación el país “avanza hacia una visión más amplia de justicia”, por lo que la bancada mayoritaria de Morena otorgó su voto a favor, aseveró el líder parlamentario.

“No es para reincidentes, no es para delitos donde haya habido sangre, violencia; donde haya habido el involucramiento de armas de fuego; es para mujeres que están encarceladas por el tema del aborto; para indígenas que por su condición de indígenas no tuvieron derecho a una defensa; para gente en pobreza, que se criminaliza la pobreza en algún robo simple”, reiteró.

Marko Cortés, el dirigente del Partido Acción Nacional, dijo que la iniciativa de la Ley de Amnistía que envió el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados es precipitada, no bien pensada y puede ser un riesgo para la sociedad.

Marko Cortés advirtió que con dicha iniciativa existe el riesgo de que se incremente la delincuencia, los robos y la violencia. Por lo que indicó que los diputados y senadores del PAN analizarán la propuesta legislativa, porque puede mandarse un mensaje equivocado, como podría ser “si robas poco no hay delito y puedes seguir en la calle. Si el delito es menor, no se va a perseguir y no se va a sancionar.

Sin embargo dijo que su partido estaría de acuerdo con la liberación de mujeres que hayan sido encarceladas por aborto, sobre todo espontáneo

Previo a la inauguración del foro, que se realiza en el marco del 80 aniversario de Acción Nacional, Cortés Mendoza señaló que en México estamos a tiempo de contener el populismo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló esta mañana sobre la iniciativa de la Ley de Amnistía que envió este domingo al Congreso, y con la que busca la reinserción de personas que están detenidas por delitos menores, sobre todo de la gente más pobre.

Explicó que para ser aplicado el beneficio de la Ley , antes debe pasar por la autorización de las víctimas, además de valorar el tipo de delitos y el compromiso de los infractores de no volver a cometer ilícitos.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador expuso que dicha iniciativa tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida y que no tuvo acceso a un abogado en la mayoría de los casos por falta de recursos.

Señaló que el propósito es dejar en libertad a indígenas que están en la cárcel de manera injusta, sobre todo a las mujeres y ancianos que no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió y los delitos por los que son acusados no son delitos graves, de sangre, de violencia.

Indicó que se atiende de manera particular los casos de los considerados presos políticos, como el de algunos maestros que fueron a la cárcel acusados injustamente de lavado de dinero, pues “se demostró que fueron delitos fabricados, ahí se sigue otro procedimiento, más complicado, pero se lleva a cabo”.

“Lo de la iniciativa de ley de amnistía es para que salgan más con menos delitos y gente más humilde de las cárceles”, subrayó el presidente.

En ese sentido reiteró que ya no hay impunidad ni hay corrupción tolerada arriba, en los niveles más altos del gobierno; además de que sigue limpiando la administración pública de “arriba para abajo como se limpian las escaleras”.

Y es que justo en el marco de las fiestas patrias, el pasado domingo López Obrador envió a la Cámara de Diputados la propuesta de Ley de Amnistía que ofreció durante su campaña.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que su fracción parlamentara recibió la iniciativa, coincidiendo que hace 209 años, Miguel Hidalgo y Costilla “liberó a presos políticos del régimen virreinal y a gente del pueblo”.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que ya se está analizando presentar una iniciativa al Congreso para la Ley de Amnistía.

AMLO recordó que hay presos políticos, luchadores sociales que están en la cárcel sin haber cometido delitos o por no tener dinero para pagar abogados o fianzas; lamentó que dentro de las cárceles haya ancianos, enfermos o mujeres solas.

Reveló que recientemente le hicieron llegar un expediente de más de tres mil mujeres presas que no tienen por qué estar en la cárcel. Añadió que también conoce los casos de indígenas que no tienen quién los defienda. Dijo que el procedimiento para liberarlos de desistimiento de la acción legal, cuando están en el Poder Judicial es muy complicado.

En ese sentido recordó que su gobierno está llevando a cabo dicho procedimiento, aunque reconoció que se ha avanzado de manera lenta, pues hay desistimientos y amparos en contra de los procedimientos.

Reveló que en la reunión que tuvo la tarde de ayer con su gabinete legal y ampliado, le pedí a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que comenzaran el análisis de presentar una iniciativa al Congreso para una Ley de Amnistía.

Explicó que dicha iniciativa se presentaría tan pronto abra el periodo ordinario, pues en caso de proceder, se presentará con carácter preferente.

Sin embargo, aclaró que se tiene que revisar detalladamente quiénes podrían acogerse a dicha amnistía, bajo qué condiciones, quiénes podrían ser beneficiados.

“Estoy esperando que me den la opinión técnica, jurídica tanto la licenciada Olga Sánchez Cordero como Julio Scherer por esto que estás planteando, porque tenemos el compromiso de liberar a inocentes que están en las cárceles”, remató el mandatario.