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Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) instaron este miércoles a México a fortalecer de manera urgente su mecanismo de protección a comunicadores, que consideraron “defectuoso” y que tiende a negar, debilitar o retirar la salvaguarda a quienes acuden a él.

Según el CPJ, nuestro país es el más peligroso del hemisferio occidental para la profesión, con 141 periodistas y trabajadores de medios asesinados desde principios de siglo, 61 de ellos en casos directamente relacionados con su labor profesional.

“La investigación pinta un panorama alarmante de una institución profundamente defectuosa que necesita una reforma importante para responder a las necesidades de los periodistas en uno de los países más violentos del mundo para la prensa”, señalaron el CPJ y Amnistía Internacional (AI) en un comunicado.

Creado en 2012, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tenía 651 inscritos: 469 hombres y 182 mujeres hasta noviembre de 2023.

Sin embargo, los rechazos a solicitudes de registro han crecido de uno en 2020 a 49 en los 11 primeros meses del año anterior.

AI y el CPJ explicaron que en los últimos 18 meses revisaron “una amplia gama” de información pública sobre la institución, realizaron investigaciones de campo en Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala, y distribuyeron cuestionarios a 28 periodistas inscritos en el sistema.

Casi todos los consultados dijeron que habían seguido sufriendo “incidentes de seguridad” tras registrarse en el mecanismo y muchos afirmaron que su respuesta fue “lenta, burocrática y carente de empatía” y que el personal de la institución minimizó los riesgos que enfrentaban.

El estudio pone dos ejemplos de comunicadores a los que mataron bajo su protección, Rubén Pat y Gustavo Sánchez, y de otro al que retiraron el registro, Alberto Amaro. “Llamas por teléfono al Mecanismo y a veces es como si te ignoraran. Creen que les estás mintiendo”, dijo Amaro, citado en el comunicado.

Además, el informe señala que México se ubica constantemente entre los 10 países con el mayor número de asesinatos de periodistas sin resolverse, según un índice sobre impunidad del CPJ y con más comunicadores desaparecidos en el mundo. Ninguno de estos últimos casos ha dado lugar a una condena o denuncia.

Sujetos armados atacaron al periodista Rubén Darío Cruz y a los dos escoltas que tiene asignados dentro del Mecanismo de Protección a Periodistas del Gobierno, cuando salían del periódico donde trabaja en Cancún, Quintana Roo.

En entrevista con la agencia Efe, Cruz explicó que al salir del diario, donde cubre la fuente policiaca, se acercó un joven a la puerta para alertarle sobre un vehículo sospechoso, por lo que los escoltas optaron por trasladar al reportero a su casa por vías alternas.

“Salimos a toda prisa y nos encontramos el coche negro que nos seguía y doblaba hacia donde nosotros íbamos, pensamos que lo habíamos perdido, pero nos volvió a salir al paso”, relató el comunicador. “Le dimos distancia al coche y doblamos por otra calle y de pronto lo teníamos de frente y ya estaban los tipos abajo del coche, uno se acercaba a nosotros con el arma en la mano”, agregó.

El automóvil donde viajaba el periodista recibió un impacto de bala en el parabrisas del lado del copiloto.

“Fue uno de los escoltas quien dispara al ver que ese tipo se acerca con la pistola en la mano, dispara y es el impacto de salida que tiene el carro, eso fue lo que en realidad sucedió”, relató el periodista.

Tras el ataque, los escoltas buscaron refugio en la cárcel de Cancún, que se ubica a unas calles y donde se encontraban varias patrullas.

Cruz está en el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde hace más de dos años tras amenazas y un intento de secuestro en Veracruz.

Junto con su familia se trasladó a Cancún, pero al poco tiempo de llegar se registró una serie de disparos al aire frente a su casa.

“Estaba tan feliz de que ya iba a poder andar solo con mi esposa en la calle, yo me quería liberar ya de esto, esto no es vida, estar así sinceramente no es vida”, expuso el reportero.

“Es lamentable porque no sé si fue una acción fortuita, no sé si fue algo tramado, no te puedo decir, pero el destino nos hizo coincidir con estos canijos tres veces”, concluyó.

La Fiscalía General de Quintana Roo anunció en sus redes sociales que inició una carpeta de investigación por la agresión.

Los hechos ocurren mientras México se posicionó como el “país en paz” más peligroso para la prensa, al concentrar 20% de los asesinatos de periodistas del mundo en 2022, con 13, según la organización Reporteros Sin Fronteras.

Sin embargo, otras asociaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) contabilizan cerca de 20 asesinatos de comunicadores en el país.

Foto: Twitter @RSF_esp

El gobierno federal reportó este jueves que 260 periodistas han sido asesinados en los últimos tres sexenios, con 63 de ellos en lo que va de a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, Alejandro Encinas, encargado de presentar el informe, reconoció 13 asesinatos de comunicadores en lo que va del año, aunque la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras organizaciones registra 18.

Además, el funcionario citó que en el sexenio de Felipe Calderón hubo 101 homicidios de periodistas, mientras que en el de Enrique Peña Nieto se registraron 96.

“Hemos registrado cómo prevalecen un conjunto de agresiones particularmente vinculadas con el crimen organizado, la corrupción y colusión de autoridades municipales y grupos delictivos, (representan) cerca del 40% de las agresiones, que van desde las amenazas, los golpes, los robos, etcétera”, dijo Encinas.

El subsecretario defendió el combate a la impunidad, al sostener que de los 13 casos que el gobierno reconoce este año, suman 32 personas detenidas, de las que 21 están procesadas y tres más están sentenciadas.

“Nos estamos enfrentando, encarando la impunidad que se venía registrando en la comisión de estos homicidios, donde por ejemplo, hasta el año 2021 solamente se habían emitido seis sentencias contra los perpetradores”, defendió Alejandro Encinas.

Además, el subsecretario reportó la existencia de 1,768 personas beneficiarias por el Mecanismo de Protección a Periodistas, mientras que en 2018 solo había 789.

A la fecha, aseveró, este gobierno ha destinado más de 1,800 millones de pesos en medidas de protección, mientras que en todo el sexenio anterior solo se erogaron 782 millones.

Adelantó que para 2023, hay un presupuesto previsto de 569 millones de pesos, un aumento anual de 46%, acompañado de un aumento aprobado este año del 70% en las plazas para pertenecer al mecanismo.

 

Alejandro Encinas también aprovechó para informar que desde el inicio de la gestión de López Obrador, se ha denunciado la desaparición de 103,833 personas, pero de ese total se han hallado a 59,709, por lo que 44,124 permanecen desaparecidas.

“Si bien el número de personas desaparecidas sigue un registro importante de crecimiento, es mayor ya afortunadamente el número de personas localizadas”, sostuvo el funcionario.

El registro oficial del gobierno reporta 106,780 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964 a la fecha, según citó el subsecretario, después de que México rebasó la cifra de más 100,000 desaparecidos en mayo pasado.

De ese total, más del 40%, 44,124 desapariciones, corresponden al sexenio de López Obrador, comparado con las 36,725 personas no localizadas del sexenio de Enrique Peña Nieto y las 17,425 de la administración de Felipe Calderón.

Encinas argumentó que en los sexenios anteriores, “el Estado fue omiso en su responsabilidad en la búsqueda de personas y en la protección de derechos humanos elementales”.

El subsecretario defendió que este gobierno ha implementado el “Programa nacional de derechos humanos”, reinstauró el Sistema Nacional de Búsqueda e instaló comisiones estatales de búsqueda que han recibido en todo el sexenio 1,800 millones de pesos.

Añadió que el gobierno ha realizado en 3,356 jornadas de búsqueda, en 28 estados y más de 400 municipios, y creó un registro de fosas clandestinas y cuerpos exhumado que ha reportado 2,386 pozos y 4,180 cadáveres.

El gobierno federal inicio un proceso de revisión de los mecanismos para la protección de periodistas y luchadores sociales, según reveló este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Hay un proceso de revisión de estos mecanismos para la protección de periodistas y luchadores sociales”, indicó el mandatario.

Afirmó que se buscará un acuerdo con los gobiernos estatales para profundizar en “este tema tan importante” y aseguró que gracias a este mecanismo, ayer se evitó el asesinato de un periodista en Oaxaca, que fue atacado por un grupo armado. “Estamos trabajando en eso”, dijo López Obrador.

El presidente se refirió al caso del periodista y director del portal de noticias “Pluma Digital”, José Ignacio Santiago Martínez, quien sufrió ayer un atentado del que salió ileso. La agresión al periodista de Oaxaca ocurrió tres días después de que la periodista mexicana Lourdes Maldonado López fuese asesinada en la ciudad de Tijuana, y una semana después de que fuera asesinado, también en Tijuana, el periodista Margarito Martínez Esquivel.

En este contexto, el mandatario aseguró que se mejorará “todo lo que es la protección a periodistas” y que el encargado del tema es el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas.

La Secretaría de Gobernación informó también ayer que al menos 495 periodistas, 155 mujeres y 360 hombres, están actualmente bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Se detalló que las personas defensoras de derechos humanos incorporadas al Mecanismo se concentran en siete entidades: Cuidad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca; mientras que  la mayoría de los periodistas beneficiarios del Mecanismo son de Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz.

El titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque Palazuelos, señaló que la impunidad superior a 90% en los casos de agresiones, es el gran problema en la agenda nacional de derechos humanos.

Precisó que de diciembre de 2018 a la fecha se tiene contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras de derechos humanos, y detalló que entre 405 y 45% de las agresiones que recibe el gremio periodístico provienen de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan las agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió este viernes que el mecanismo de protección a periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, “no es lo más eficaz” que se podría hacer para garantizar la seguridad de los comunicadores, por lo que ordenó a su responsable, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, su revisión.

“Que se haga una revisión del mecanismo de protección a periodistas. Es algo que ya venía y lo hemos continuado y a lo mejor no es lo más eficaz y hay que revisarlo”, contestó el presidente al ser cuestionado sobre el asesinato de un periodista en Veracruz.

El periodista Jacinto Romero Flores fue asesinado a tiros la tarde ayer, mientras circulaba a bordo de su vehículo, en zonas serranas del oriental estado de Veracruz disputadas por el crimen organizado.

“Es muy lamentable estos asesinatos de periodistas. Decirles a todos los comunicadores que cuentan con nuestro apoyo, nuestro respaldo y que no aceptamos autoritarismos de nadie, tampoco de la delincuencia organizada”, añadió el mandatario.

Así, López Obrador instruyó a Encinas que se revise “a fondo” el mecanismo de protección y advirtió que “si se cometen delitos se va a buscar por todos los medios que no haya impunidad”.

Adicional, la semana pasada, hombres armados presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazaron a través de un video a la periodista y presentadora Azucena Uresti por su cobertura sobre las autodefensas de Michoacán.

Según Artículo 19, un total de 141 periodistas han sido asesinados desde 2000 a la fecha en posible relación con su labor. De estos, 21 se produjeron durante el gobierno de López Obrador.

Pero, según la Secretaría de Gobernación, la cifra sería todavía mayor, pues al menos 43 periodistas han sido asesinados durante la actual administración.

El presidente también habló sobre el caso de Jorge Eduardo Ravelo, quien fue presuntamente violado y asesinado por policías locales de Mérida, capital de Yucatán. Denunció que el joven fue “ultrajado” y lo calificó de “crimen de odio” y aseguró que algo así “no se va a permitir”.

Foto: Especial / Twitter

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró positivo que por primera vez se use el mecanismo rápido del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para asuntos laborales tras una demanda de los trabajadores de General Motors en México.

Cuestionado sobre este asunto, López Obrador dijo que de inmediato se va a responder a la petición de Estados Unidos.

“Porque es parte en efecto del tratado, es algo bueno, porque antes el tratado no contemplaba la situación laboral y ahora el tratado contempla de que los trabajadores tiene que recibir salarios justos y prestaciones, pero además que tienen que elegir libremente y también de manera democrática a sus representantes sindicales”, dijo.

AMLO dijo que si en una empresa que “exporta” a Estados Unidos hay “malos tratos a los trabajadores” y no “se están pagando salarios justos y no hay democracia, se tiene que intervenir”.

Indicó que se establece un diálogo de gobierno a gobierno y se le pide a la empresa que cumpla con sus obligaciones laborales.

Y es que el gobierno de Estados Unidos pidió a nuestro país, a través de un mecanismo del T-MEC, que investigue los informes sobre posibles violaciones graves de los derechos de los trabajadores de una planta de General Motors en Guanajuato.

Esta petición se hizo a través de la Oficina del Representante de Comercio (USTR), organismo encabezado por Katherine Tai.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el pasado 20 y 21 de abril, en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato, se realizó el evento de consulta para la legitimación de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

“En el marco de este proceso, la STPS acreditó diversas causales de invalidez de la consulta, incluyendo irregularidades graves que fueron determinantes para su desarrollo y para el resultado de la votación”, dijo la dependencia a través de un comunicado.

Por ello se declaró la nulidad del procedimiento y ordenó al sindicato reponerlo en un plazo improrrogable de 30 días naturales.

“A través de la implementación de estas medidas, la STPS ratifica su compromiso en reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva, y hacer valer los principios establecidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en los convenios y tratados internacionales que México ha suscrito en materia laboral”, concluyó el boletín.

En tanto, Katherine Tai dijo este miércoles que se aliará con el gobierno de nuestro país para tratar de evitar una feroz competencia salarial para los trabajadores estadounidenses y mexicanos.

Tai dijo ante el Comité de Finanzas del Senado que utilizará las nuevas disposiciones laborales específicas para las fábricas que están contempladas en el T-MEC para abordar los problemas laborales en México.

“Este uso del mecanismo de respuesta rápida demuestra que actuaremos cuando a los trabajadores en ciertas instalaciones se les nieguen sus derechos bajo las leyes necesarias para cumplir con las obligaciones laborales de México”, dijo Tai.

Este caso coincide con la primera denuncia laboral que se presenta contra México en Estados Unidos bajo el T-MEC por parte de la AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos.

La petición de la AFL-CIO establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros se les negó representación sindical independiente en violación del tratado. Según se ha reportado, cientos de trabajadores han buscado desde 2019 ser representados por un nuevo sindicato que encabeza la activista y abogada Susana Prieto.

Prieto ha denunciado que cerca de 600 trabajadores de Tridonex fueron despedidos el año pasado, los cuales apoyaban la formación del nuevo sindicato, por lo que dichos despedidos han sido señalados como represalia.

La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, que tiene sede en Filadelfia, y es controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió este martes a la Secretaría de Gobernación (Segob) que “brinde protección” a la directora de la agencia estatal de noticias Notimex, Sanjuana Martínez.

“La CDNH hace un llamado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que reconsidere brindar a Sanjuana Martínez Montemayor, de manera inmediata, las medidas preventivas necesarias y de protección”, indicó el organismo en un comunicado.

La directora de Notimex, que se encuentra paralizada desde junio de 2020 por una huelga, está señalada por el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de ordenar a periodistas “eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios”.

El texto de Washington también cita que “el 12 de mayo (de 2020), Artículo 19 e ITESO, una Universidad Jesuita en Guadalajara (Jalisco), publicó un reporte sobre ataques contra periodistas orquestados por Sanjuana Martínez, directora de Notimex”.

La CNDH replicó los argumentos de Martínez al afirmar que, por aplicar la “austeridad republicana” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien la nombró en 2019, la funcionaria “padeció montajes mediáticos y la emisión de información sesgada y falsa en su contra” por parte del sindicato (SutNotimex).

El organismo también cuestionó a Artículo 19 por negarse a defenderla por ser “periodista de Gobierno” y criticó las presuntas agresiones de Aristegui Noticias, portal de la comunicadora Carmen Aristegui.

Por ello, Martínez informó a la CNDH el 30 de abril que pidió medidas al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Segob.

“Ella sí ha sido atacada y difamada en medios y su familia amenazada en dichas redes. Todo ello fraguado por extrabajadores de Notimex, en su mayoría, que fueron despedidos y posteriormente apoyados por personal directivo de Artículo 19”, señala la CNDH en su posicionamiento.

Pese a las acusaciones en su contra, tanto en México como en Estados Unidos, además de la huelga que lleva cerca de un año, el presidente López Obrador ha defendido en reiteradas ocasiones a la funcionaria, a quien calificó la semana pasada como “una periodista honesta y una mujer íntegra”.

A finales de marzo, el mandatario criticó a Estados Unidos por mencionar a Martínez en su reporte de derechos humanos y a Artículo 19 por “pertenecer al movimiento conservador”.

Sin tomar en cuenta las denuncias de los inconformes, la CNDH dijo que la huelga “ha privado a la población mexicana de un medio de comunicación del Estado, en detrimento del equilibrio y la pluralidad informativa que debe existir en una democracia, pudiendo vulnerar el derecho a la información de la población”.

La organización Human Rights Watch (HRW)cuestionó el llamado a brindar protección de la CNDH a Sanjuana Martínez, que afirmó, usa trolls para hostigar a periodistas independientes. “La CNDH solidariza con los abusadores, no con las víctimas. Difícil imaginar algo más ridículo!”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este lunes que hoy 22 de marzo inició el registro de candidaturas a la Cámara de Diputados que presentarán los partidos políticos y coaliciones. El plazo para su registro concluirá el próximo lunes 29 de marzo.

La ley prevé que para el registro de candidaturas los partidos y aspirantes a una diputación federal deberán cumplir la alternancia de género en las fórmulas de representación proporcional y que en por lo menos dos listas de representación proporcional sean mujeres quienes las encabecen, además de que la conformación de fórmulas con propietario y suplente deben ser del mismo género.

También será necesario cumplir las acciones afirmativas en favor de grupos históricamente relegados para que los partidos políticos postulen obligatoriamente fórmulas integradas por personas que pertenecen a comunidades indígenas, afromexicanas, con alguna discapacidad, pertenecientes a la diversidad sexual, así como migrantes, tanto en distritos de mayoría relativa como de representación proporcional.

“En este proceso se pondrá a prueba el compromiso de los partidos políticos con la paridad y la no violencia contra las mujeres”, enfatizó el INE, quien dijo que la responsabilidad y compromiso de los partidos políticos con el combate a la violencia política contra la mujer, se comprobará cuando se nieguen a postular a personas que no tienen un comportamiento ético, que tienen antecedentes o incumplan con la 3 de 3 contra la violencia.

Recordó que son los partidos políticos los que deben hacerse responsables de sus candidatos y candidatas.

El Consejo General del INE revisará todas las solicitudes de registro, las cuales serán discutidas y aprobadas el próximo 3 de abril para que participen en las campañas federales que arrancan el 4 de abril y tendrán una duración de 60 días.

Recordemos que la semana pasada, el Consejo General del INE determinó el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el principio de Representación Proporcional (RP) en la Cámara de Diputados y Diputadas que correspondan a los partidos con base en los resultados que cada uno obtenga en la Jornada Electoral.

La autoridad electoral dijo que el acuerdo aprobado busca evitar la sobrerrepresentación y que se haga efectivo el principio constitucional establecido en el artículo 54 de la Constitución, que establece que “en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

Para cumplir con este precepto constitucional se verificará la afiliación efectiva de cada una de las candidatas y los candidatos triunfadores por el principio de mayoría relativa; es decir, aquella que esté vigente al momento del registro de la candidatura. Por tanto, el triunfo será contabilizado a favor del partido con el cual el o la candidata ganadora tengan una “afiliación efectiva”.

En caso de que la candidatura triunfadora no tenga una afiliación efectiva a alguno de los partidos que la postularon, el triunfo será contabilizado en los términos de lo expresado por el convenio de coalición aprobado, buscando el mayor equilibrio entre el porcentaje de votos y escaños obtenidos.

Finalmente, en caso de que la candidata o el candidato triunfador haya contendido por la reelección, en el supuesto que éste no cuente con una “afiliación efectiva” a alguno de los partidos que le postularon, el triunfo será contabilizado, para efectos de la asignación, al partido a cuyo grupo parlamentario haya pertenecido al momento del registro de la candidatura.

Ante las críticas que ha recibido, principalmente por Morena y aliados, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, rechazó que el Consejo General esté legislando, ya que el acuerdo únicamente establece las reglas con las que el INE asignará, una vez que las elecciones de diputaciones de mayoría relativa queden firmes, las 200 diputaciones de representación proporcional. 

“Llama la atención que haya quien se lamente que el acuerdo llegue tarde porque ya se aprobaron las coaliciones porque ahí los partidos pueden decidir a qué partido se cuenten los candidatos de mayoría que ganen, pero el tema de RP es para ver cómo vamos asignarle a cada partido para evitar y vigilar que se cumpla lo que dice la Constitución”.

Y es que se ha advertido que ka sobrerrepresentación sucede cuando una opción electoral recibe un número de diputaciones que excede al que le correspondería de acuerdo con la votación que se emitió a su favor en las urnas; y cuando ocurre la sobrerrepresentación, necesariamente se produce también una subrepresentación.

“Si un partido o coalición obtiene un número de legisladores muy por arriba de lo que el voto ciudadano le otorgó, al mismo tiempo se reduce de forma artificial en el parlamento, el respaldo ciudadano que se dio a otros partidos o coaliciones. Se trata, como bien señala el diccionario electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de un daño al principio básico de la democracia representativa del voto igual, una persona un voto”, explicó el consejero Ciro Murayama.

Al respecto, la dirigencia nacional de Morena informó que presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de lo que llamó una “triquiñuela” del INE, que aseguran pretende obstaculizar de manera ilegal a Morena y evitar que conserve la mayoría en el Congreso durante la próxima legislatura.

“Ahora, a solo tres meses de las elecciones, el Consejo General del INE pretende realizar un cambio de último momento que tiene sesgos partidistas, un único destinatario y un objetivo claro: impedir que Morena tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. De esta manera, buscan imponer sus intereses por encima de la voluntad popular y de la vida democrática de México”, indicó el partido.

El canciller Marcelo Ebrard recordó durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que el gobierno de Argentina respaldó la resolución que México presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que recibió el apoyo de 179 países, exigiendo que se garantizara el acceso equitativo y universal a medicamentos y a vacunas.

Enfatizó que la semana pasada se planteó en el Consejo de Seguridad a la ONU lo inaceptable que resulta el acaparamiento de las vacunas, pues 10 países están concentrando ya casi el 80% de las vacunas del mundo, situación que se está acelerando.

Aprovechó para informar que México y Argentina, en colaboración con la Fundación Slim, firmaron un acuerdo para producir, envasar y distribuir más de 200 millones de dosis de AstraZeneca para toda América Latina, con lo que dijo, se predicará con el ejemplo: ayudar a la región y no ser de esos países que se dedican sólo a ver por sí mismos.

El canciller procedió a presentar un resumen de lo que México tiene contratado al día de hoy de vacunas contra el Covid-19, y comenzó hablando de COVAX, que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS); aseguró que a pesar de que México adquirió una buena cantidad de dosis de la vacuna, hasta ahora el mecanismo no ha entregado ninguna.

“Empiezo por Covax. Covax es un instrumento multilateral. Al día de hoy no han entregado una sola vacuna, se los dije en el Consejo de Seguridad también. México ahí adquirió 51.5 millones de dosis para 25.75 millones de personas. Recuerden que las dosis por lo general son dos”, sostuvo Ebrard.

Confió en que sea este martes cuando el Covax informe a México, y a muchos países del mundo, cuándo van a entregar las primeras vacunas; recalcó que ha habido un retraso de al menos tres meses.

“Es el único instrumento multilateral para garantizar el acceso universal, entonces sí nos preocupa que se esté tardando, mientras al mismo tiempo se anuncian nuevas compras de países muy desarrollados de millones de dosis”, insistió el titular de la SRE.

Respecto al resto de vacunas que se tienen pactadas, dijo que con AstraZeneca se tiene un acuerdo por 77.4 millones de dosis para 38.7 millones de personas. DE Pfizer, este se tiene un contrato de 34.4 millones de dosis para 17.2 millones de personas, hoy se recibieron 511 mil dosis correspondientes al envío de esta semana; reconoció que a pesar de que las entregas se han normalizado, se está muy lejos del número de vacunas que México compró.

De CanSino se contrataron 35 millones de dosis para 35 millones de personas, de las cuales ya llegaron dos millones de dosis que se están envasando en una planta de Querétaro. De Sputnik V se contrataron 24 millones de dosis para 12 millones de personas. y el día de ayer llegaron las primeras 200 mil. De AstraZeneca-India, del Instituto Serum, se contrataron dos millones de dosis para un millón de personas, de las que ya llegaron a México 870 mil y se  espera un segundo embarque en los próximos días.

Por último, de Sinovac se adquirieron 10 millones de vacunas para cinco millones de personas, de las cuales llegaron 200 mil dosis el día sábado 20 de febrero.

Todas las vacunas adquiridas dan un gran total firmado, pactado y pagados los anticipos de 234.33 millones de dosis para 134.66 millones de personas; tan solo esta semana se recibieron 911 mil 875 dosis. Hasta ahora se han recibido tres millones 39 mil 625 vacunas.

Sobre el tema del COVAX y la falta de entrega de vacunas, el presidente López Obrador llamó a que la ONU intervenga más para garantizar que todos los países del mundo tengan acceso a las vacunas.

Al referirse al mecanismo, dijo que “no está funcionando” porque, de 80 países que cuentan con la vacuna, como se ha dicho, 10 están concentrando el 80%; enfatizó que hay más de 100 países que no tienen una sola dosis de vacuna, lo que es totalmente injusto. Incluso preguntó dónde está la fraternidad universal.

“De modo que la ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, está de adorno y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer”, dijo el mandatario.

Al ser cuestionado sobre las medidas que se han aplicado en los distintos países, específicamente en Argentina y México, AMLO dijo que aunque respetan las políticas que se llevan a cabo en otros países, pues cada pueblo y cada gobierno tiene sus circunstancias, México definió enfrentar la pandemia con responsabilidad y sin medidas coercitivas.

“Acerca de las comparaciones, si se tratara de eso yo podría contestarle, nada más que es hasta de mal gusto, ofrezco disculpa, que a la nación más poderosa del mundo, que tenemos de vecinos (Estados Unidos), les ha ido peor que a nosotros. Lamentamos mucho que esto pase al pueblo estadounidense, que es un pueblo también hermano, pero como que no conviene hacer comparaciones, como que no es un asunto de maniqueísmo”.

El mecanismo COVAX, creado para favorecer un acceso equitativo a las vacunas que se desarrollen contra la Covid-19, anunció hoy que planea distribuir un total de 337 millones de dosis a países de ingresos medios y bajos en una primera fase que se iniciará a fines de este mes y comienzos de marzo.

Prácticamente la totalidad de esas dosis corresponden a la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, con 96 millones de dosis que serán directamente producidas por la farmacéutica y 240 millones por el Serum Institute de India (SII), gracias a un acuerdo entre ambas.

De la vacuna de Pfizer/BioNTech se distribuirán 1.2 millones de dosis en esta etapa inicial, dijo el director de la alianza para el acceso a las vacunas (GAVI), Seth Berkley, cuya entidad participa en COVAX.

Se anticipa que a partir del segundo trimestre habrá un volumen adicional de vacunas de Pfizer (hasta 40 millones de dosis), según un acuerdo de compra anticipada que la farmacéutica estadounidense ha firmado con GAVI.

COVAX nació como una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la que se han unido como socios principales GAVI y la Fundación CEPI, con sede en Oslo y dedicada a financiar proyectos independientes en favor de vacunas contra enfermedades infecciosas.

El total de dosis anunciadas cubre el 3.3% de la población de los 145 países que recibirán las dosis.

En un comunicado, COVAX indica que con los planes de distribución se cumple con la meta de que al menos el 3% de las poblaciones de todos los países reciban la vacuna en la primera mitad de 2021 para proteger a los grupos más vulnerables, como los trabajadores sanitarios.

La vacuna de AstraZeneca, a diferencia de las de Pfizer o Moderna con las que se está vacunando a las poblaciones en Europa y Estados Unidos, ofrece una inmunidad cercana al 70% con una única dosis.

Además, la conservación de la vacuna de AstraZeneca no requiere de temperaturas ultrafrías y puede guardarse a temperaturas de un refrigerador normal, lo que hace que sea la más adaptada para los países de pocos recursos y limitadas infraestructuras.

En el caso de las 240 millones de vacunas de AstraZeneca manufacturadas por el SII se ha precisado que entre el 35% y 45 % estará disponible de aquí a finales de marzo y el resto en el segundo trimestre del año.

De las 96 millones que serán producidas en las plantas de AstraZeneca, solo se contará con el 15% hasta el final del primer trimestre, el 56% estaría disponible en el segundo trimestre y el resto en la segunda mitad del año.

El pasado fin de semana, COVAX notificó por escrito a cada uno de los países beneficiarios la asignación específica por tipo de vacuna que le corresponde, pero los responsables del mecanismo han aclarado que se trata de “cifras indicativas” que pueden variar si se presentan imprevistos en el proceso de producción.

No obstante, conocer los números y los plazos para este primera fase de distribución de vacunas a través de COVAX permitirá a los países preparar la logística, los procedimientos legales a tener en cuenta y avanzar en la formación del personal que se encargará de la vacunación.

Los 18 países que recibirán la vacuna Pfizer son Bután, Bolivia, Bosnia, Cabo Verde, Colombia, El Salvador, Georgia, Maldivas, Moldavia, Mongolia, Perú, Filipinas, Corea del Sur, Ruanda, Sudáfrica, Túnez y Ucrania, como así como los territorios palestinos.

COVAX ha recaudado más de 6,000 millones de dólares de 8,000 millones necesarios para cubrir la adquisición y distribución a los países más pobres, incluido un compromiso de 4,000 millones del Congreso de Estados Unidos en diciembre. La Unión Europea y sus miembros han comprometido alrededor de 800 millones y Reino Unido ha agregado más de 700 millones de dólares.

La cantidad de vacunas asignadas por país en América Latina, según una lista proporcionada por GAVI y COVAX, son:

  • Argentina: 2.275.200 dosis de la vacuna AstraZeneca
  • Bolivia: 900.000 dosis de AstraZeneca
  • Brasil: 10.672.800 dosis de AstraZeneca
  • Chile: 957.600 dosis de AstraZeneca
  • Colombia: 2.553.600 dosis de AstraZeneca y 117.00 de Pfizer
  • República Dominicana: 542.400 dosis de AstraZeneca
  • Ecuador: 885.600 dosis de AstraZeneca
  • El Salvador: 324.00 dosis de AstraZeneca y 51.480 de Pfizer
  • Guatemala: 847.200 dosis de AstraZeneca
  • Honduras: 496.800 dosis de AstraZeneca
  • México: 6.472.800 dosis de AstraZeneca
  • Nicaragua: 504.000 dosis de AstraZeneca
  • Panamá: 216.000 dosis de AstraZeneca
  • Paraguay: 357.600 dosis de AstraZeneca
  • Perú: 1.653.600 dosis de AstraZeneca y 117.000 de Pfizer
  • Uruguay: 172.800 dosis de AstraZeneca
  • Venezuela: 1.425.600 dosis de AstraZeneca

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, dio a conocer un balance sobre el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Adicional informó sobre las acciones que el gobierno federal está llevando a cabo para garantizar la protección y seguridad de los periodistas y activistas.

Encinas Rodríguez señaló que, desde el inicio de la nueva administración, se tiene registro de 790 personas bajo el Mecanismo de protección, de los cuales 498 son defensores de derechos humanos, el 63%, mientras que 292 son periodistas, el 37%.

Las personas bajo el programa, se concentran principalmente en 10 entidades, donde está el 62% de los beneficiarios, entre los que destacan: Ciudad de México (17%); Veracruz (9.6%) y Guerrero (9%).

Al explicar el funcionamiento de dicho mecanismo, el funcionario federal indicó que se ha detectado que el “mecanismo tiene medidas fundamentalmente reactivas, no se atiende la parte preventiva no sólo de quienes están sujetos al Mecanismo de protección, sino de los periodistas o los defensores en general”.

Señaló que otro problema que se ha encontrado, es que existe una empresa privada, que es la encargada de toda la aplicación de los mecanismos que se decidan a cada uno de las personas que están sujetas a la protección, que reporta deficiencias en la operación, particularmente en sus equipos tecnológicos y en su personal.

Una de las medidas del mecanismo que más ha llamado la atención de las autoridades, es el relacionado con los botones de asistencia; señaló que actualmente hay 792 botones en activo para periodistas y defensores de derechos humanos.

Detalló que, de los 792 botones, 209 de los usuarios tienen apagado durante más de 150 días al año el botón; 100 más lo tienen apagado entre 61 y 150 días del año y 230 lo tienen activo prácticamente de manera permanente. Encinas afirmó que dichas prácticas de uso las han entendido como una falta de confianza en la autoridad.

Adicional dijo, que muchos de los beneficiarios del mecanismo y que cuentan con los botones no los usan para que la autoridad no sepa donde se encuentran.

El subsecretario adelantó que se está llevando a cabo una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al fideicomiso que maneja los recursos del mecanismo, además de una evaluación externa por parte de las oficinas en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Adicional se hará una evaluación conjunta con todos los beneficiarios.

Está en proceso también el reemplazo de las escoltas privadas de los beneficiarios por escoltas capacitadas por la Policía Federal Preventiva. Aclaró que los beneficiarios del mecanismo van a seguir manteniendo los beneficios en tanto no esté resuelto todos los mecanismos de protección.

En el caso específico de los periodistas, señaló que se involucrará directamente a los dueños de los medios de comunicación en la corresponsabilidad para garantizar la integridad y la seguridad de sus trabajadores. Adicional ventiló el trabajo de cooperación internacional que se implementará para favorecer la operación del mecanismo.

Resumió que a la fecha se tienen registrados seis homicidios de periodistas a partir del 1 de diciembre, de los cuales solamente Rafael Murúa Manríquez, en Baja California Sur, estaba bajo la protección del mecanismo; los otros cinco no estaban dentro de la protección del mecanismo; precisó que de estos seis casos cuatro ya fueron identificados y detenidos los presuntos responsables del homicidio.

En el caso de defensores de derechos humanos, se tienen nueve asesinatos, de los cuales solamente se han esclarecido dos, en particular el caso de Sinar Corzo, en Arriaga Chiapas; y en el caso de Samir Flores, en Amilcingo, se tienen identificados a tres agresores.

Detalló que de los otros siete casos está en proceso la investigación, sin que hasta ahora se hayan detenido a todos los responsables materiales e intelectuales.

“Yo creo que el Mecanismo debe de entrar en una nueva etapa de desarrollo con una participación más activa por parte del gremio periodístico y por parte de los defensores de derechos humanos; y necesitamos fortalecer, sin lugar a dudas, mecanismos de cooperación entre la federación y los estados, pero también los instrumentos de corresponsabilidad con los propios beneficiarios del Mecanismo de Protección”, remató Alejandro Encinas.

 

Dolores Padierna, diputada de Morena, afirmó que la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es un contundente triunfo del mecanismo convocado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), antes de que asuma el poder.

Señaló que la consulta de cuatro días, en 538 municipios de todo el país, que concluyó ayer, fue organizada “por ciudadanos que se convirtieron en los auténticos vencedores de este ejercicio de democracia directa”.

Refirió que los ciudadanos que defendieron, participaron y creyeron en la consulta, incluso los que votaron por mantener la opción del NAIM de Texcoco, tuvieron que enfrentar una serie de ataques y de cuestionamientos nunca antes vistos y escuchados.

Padierna Luna sostuvo que lo importante era inaugurar una forma de participación social en la toma de decisiones.

La diputada de Morena aseguró que, “a pesar de los ataques sistemáticos, de buena y mala fe, de los rumores y de las mentiras evidentes que auguraban una crisis inédita de la cotización de nuestra divisa, los ciudadanos decidieron participar. Esto no es un dato menor”.