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MEDIDAS CAUTELARES

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Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, abandonó la noche de ayer el reclusorio norte de la Ciudad de México, luego de que un juez de amparo le otorgara el cambio de sus medidas cautelares, para poder llevar su proceso en libertad por el caso Odebrecht.

Lozoya salió del reclusorio a las 19:30 horas en un vehículo de lujo y sin que pudiera ser visto por los medios de comunicación, debido a una estrategia para ocultarlo.

Lozoya, quien dirigió la petrolera durante la administración de Enrique Peña Nieto estaba preso desde hace poco más de dos años, desde noviembre de 2021.

Ayer se supo que un juez otorgó la libertad condicional a Lozoya, principal implicado en el país en el escándalo de sobornos de la brasileña Odebrecht, por lo que quedaría en prisión domiciliaria, según la Fiscalía General de la República (FGR).

Así, el exfuncionario podrá moverse por toda la Ciudad de México, pues se le ordenó el uso de un brazalete con GPS, lo que le permitirá salir de su domicilio, pero no de la ciudad ni fuera del país, además de que deberá acudir cada 15 días a firmar el libro de procesados.

“El día de hoy, el juez de amparo Juan Pedro Contreras Navarro, lo deja (a Lozoya) en libertad procesal para que así continúe su juicio, porque considera que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, haciendo caso omiso de que dicho individuo fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga”, reaccionó la FGR en un comunicado.

En su posicionamiento, la FGR dejó en claro que Lozoya “no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido” y recalcó que el exdirectivo solo ha obtenido de jueces y magistrados “privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados”.

Señaló que dichas resoluciones se dictaron de forma “parcial e ilegal” por jueces y magistrados, a quienes acusó de excluir pruebas obtenidas de forma lícita.

Lozoya, arrestado en España a comienzos de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos procesos diferentes ante la Justicia, uno por la compra a sobreprecio de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, y el segundo, el que lo mantenía en prisión, por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la brasileña Odebrecht durante la campaña y posterior Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Lozoya era el exfuncionario en prisión de mayor perfil del Gobierno anterior, lo que se enmarcaba dentro de la lucha anticorrupción del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AML) inauguró esta mañana una nueva sección en su conferencia diaria, a la que tituló  mañanera, denominada “No lo digo yo”, con la cual buscará seguir abordando temas de su interés, principalmente el proceso electoral 2024, sin que sea él quien haga las declaraciones/afirmaciones.

El mandatario aseguró que la sección será para exhibir las posturas de sus adversarios, esto en el marco del proceso electoral, lo cual ayudará a que no lo “cepille” el INE y el TEPJF.

López Obrador aprovechó la sección para seguir haciendo referencia a Xóchitl Gálvez, aunque no la mencionó.

Presentó un fragmento de una entrevista con el expresidente Vicente Fox en la cual afirma que ha sido difícil poder sobrevivir sin la pensión que López Obrador le quitó a todos los expresidentes.

El panista confió en que Xóchitl Gálvez revise el regresar dicho apoyo a los expresidentes en caso de llegar al poder en 2024, y fue más allá al volver a hablar de la entrega de los apoyos sociales.

“Ojalá Xóchitl nos cumpla eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país, ya se acabo que estén recibiendo los programas sociales, ‘a trabajar cabrones’, como dice Xóchitl”, señala el exmandatario.

Así, el presidente “burla” las medidas cautelares impuestas por el INE en relación a que no puede hacer menciones sobre el proceso electoral y en particular sobre Xóchitl Gálvez, quien ayer presentó una segunda denuncia en su contra ante la autoridad electoral.

Como lo ha venido diciendo, López Obrador insistió en que hay una “guerra sucia” en su contra, apoyada por todos los medios de información, a los que llamó “medios de manipulación”, e incluso se refirió al uso de bots en las redes sociales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que acatará todos los ordenamientos legales que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado, sobre su actuar y declaraciones en torno al proceso electoral de 2024, y específicamente sobre Xóchitl Gálvez.

“Lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir. De todas maneras, vamos a respetar, a acatar esas recomendaciones”, indicó el mandatario.

Aseguró que las medidas concedidas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE van en línea con lo que por años se hizo en el país, por aquellos que “están muy mal acostumbrados” y que quisieran que estuviésemos “atados y callados”.

Insistió en su planteamiento que ha venido haciendo desde hace tiempo, respecto a que sus adversarios lo quieren silenciar y sólo ellos hablar, mentir, calumniar y controlar los medios para que respondan a sus intereses.

Pese a la medida concedida, López Obrador justificó que al no haber sido notificado todavía, podría seguir hablando de la senadora del PAN.

 ¿Todavía no le notifican? se le cuestionó al mandatario. “Todavía no. Una vez que nos notifiquen pues ya no podremos hablar, pero todavía tenemos unas horas”, respondió.

Acusó que aunque la senadora se la pasaba denunciando al gobierno, ahora que se dio a conocer que la tiene dos empresas y que le ha ido muy bien “porque de vender gelatina pasó a ser millonaria”, sus detractores han empezado a acusarlo de que jugar limpio.

“Como es la candidata de los potentados del bloque conservador, de los corruptos, para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear a México, tardaron más de tres décadas saqueando al país, robando a manos llenas, y como se dio el cambio y se inició la transformación están que no los calienta ni el sol”, lanzó el mandatario.

López Obrado también acusó que sus detractores han echado a andar toda una campaña en contra de él y de su gobierno, a la que se refirió como “única, sin precedente, algo que no se veía desde el tiempo en que la oligarquía y la prensa se lanzó en contra del presidente Madero hasta el golpe de Estado”.

Insistió en que ahora, la mafia del poder, quiere vender otra “farsa”: que una mujer que empezó vendiendo gelatina ha logrado superarse.

El presidente procedió a presentar los cuadros que compartió previamente en redes sociales, sobre información financiera de las empresas de Xóchitl Gálvez, los contratos que han firmado con dependencias de gobierno y con particulares, incluyendo montos, y datos contenidos en las actas constitutivas.

Sobre las acusaciones de parte de la oposición y de la misma senadora, de usar todo el aparato del Estado para investigarla, López Obrador dijo que no se necesita utilizar el aparato del Estado, pues “casi es de dominio público” los contratos que han firmado las empresas de la aspirante a la candidatura presidencial de 2024.

“Si yo lo tengo que dar a conocer, porque la mayoría de los medios de información son medios de manipulación y están al servicio de la mafia del poder, están al servicio del bloque conservador, y son como los vasallos los medios de manipulación en nuestro país con honrosas excepciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó este viernes al Instituto Nacional Electoral (INE) de querer silenciarlo, luego de que su Comisión de Quejas y Denuncias aprobara medidas cautelares para que se abstenga de emitir expresiones contra cualquier aspirante rumbo a las elecciones de 2024.

“Voy a aparecer aquí (en la conferencia diaria) con una cinta. Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir?”, cuestionó el mandatario al ser consultado sobre el tema.

López Obrador se refirió a la resolución de la Comisión que determinó una tutela preventiva para que se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa.

Las medidas cautelares se concedieron en respuesta a una denuncia que presentó la aspirante del PAN, Xóchitl Gálvez, quien denunció al presidente por los ataques y denostaciones que ha recibido.

López Obrador señaló que hasta este viernes no había tenido notificación alguna sobre la resolución, por lo que dijo, se pronunciaría antes de que surtieran efecto las medidas. Y fue cuando se quejó de la prohibición.

“Vamos a esperar a ver con qué resuelven, porque prohíben todo, ya no quieren ni que aparezca el AMLITO (un muñeco de peluche con su imagen), está prohibido, no quieren nada, entonces vamos a estar al tanto”, dijo.

Denunció que estas decisiones ocurren porque su Gobierno llegó para combatir y desterrar la corrupción en el país.

“Eso es lo que no les gusta y por eso me quieren callar y quieren regresar los que han saqueado a México y que yo me quede callado… Entonces ¿para qué luchamos tanto tiempo?”, defendió.

Afirmó que si hay injusticias o si se cometen delitos ya sea por delincuentes de cuello blanco o por la delincuencia organizada “hay que denunciarlo y hay que impedir que predomine este régimen de corrupción de injusticias y de privilegios”.

Asimismo, justificó sus dichos sobre políticos y elecciones porque, aseguró, los miembros de partidos opositores hablan de él.

“Si no quieren que yo hable de ellos, lo más equitativo es que ellos no hablen de mí, porque si ellos están hablando de mí, pues yo voy a tener derecho a la réplica, ni modo que no voy a contestar”, argumentó recurriendo a la figura de la réplica, algo que él no concedió a Xóchitl Gálvez, pese a que un juez le garantizó dicho derecho.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abstenerse de comentar sobre aspirantes presidenciales y en particular de la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien desea encabezar al bloque opositor en la elección del 2024.

Recordemos que Xóchitl Gálvez ha sido criticada o mencionado en al menos ocasiones en las conferencias matutinas del presidente, lo que ha sido calificado como una clara intromisión por el titular del Ejecutivo en la contienda por la sucesión presidencial.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó medidas cautelares a favor Gálvez, que esta semana solicitó al organismo pronunciarse ante las declaraciones que realizó el mandatario en su contra. La aspirante presidencial denunció al gobernante por uso indebido de recursos públicos y vulnerar los principios de equidad en la contienda.

Así, al analizar la queja, el organismo ordenó al mandatario que “se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerzas políticas”, y que se ajuste a los principios constitucionales de “imparcialidad y neutralidad”.

Asimismo, el INE estableció que en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la notificación, deberán eliminarse o modificarse las publicaciones audiovisuales y versiones estenográficas de su conferencia en las que mencione a Gálvez.

Y es que las críticas del mandatario contra la senadora, una de 12 aspirantes que buscarán la candidatura presidencial del bloque opositor Frente Amplio por México, tomaron fuerza a inicios de mes cuando AMLO afirmó que la senadora era la ‘elegida’ por la ‘oligarquía’ y la dirigencia de los partidos tradicionales para participar en los comicios presidenciales del 2024.

López Obrador descartó que sus comentarios contra la senadora violen las regulaciones y alegó que el proceso electoral no se inicia hasta septiembre, pero afirmó que “si está de por medio la justicia y la democracia, pues vamos a tener que seguir hablando”.

No es la primera vez que las autoridades electorales sancionan a López Obrador. La semana pasada el Tribunal determinó que el mandatario violó las normas que prohíben el uso de recursos del gobierno en las campañas, en relación con los comentarios que hizo durante el período previo a las elecciones de junio pasado en los estados de Coahuila y México.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió la solicitud de medidas cautelares, presentadas por Morena en contra del proceso interno de la oposición rumbo a la elección de 2024.

Morena denunció la supuesta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, por parte de Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, derivado de haber anunciado en un evento llevado a cabo el 26 de junio de 2023, la creación del “Frente Amplio por México”, así como la convocatoria conjunta para la elección de la candidatura a la Presidencia de la República para el 2024.

Recordemos que los partidos de oposición denunciaron en su momento, por los mismo motivos, a Morena y su proceso interno que llamó proceso para definir al Coordinador de la Defensa de la Transformación.

La Comisión determinó procedente el dictado de las medidas cautelares solicitadas por Morena, en su vertiente de tutela preventiva, al señalar que, desde una perspectiva preliminar, las acciones que, en su caso, realicen los partidos políticos de oposición, podrían actualizar una violación al principio de equidad al Proceso Electoral Federal próximo a iniciar.

Se resolvió ordenar al PAN, PRI y PRD y a las personas que aspiren a ser “Responsables de la Construcción del Frente Amplio por México”, respetar los tiempos que marca la ley para la realización de procedimientos de selección de candidaturas, de conformidad con las reglas en materia de campañas y precampañas establecidas en la legislación y constreñirse a los límites y parámetros constitucionales, recalcándoles la obligación de conducirse acorde a los principios de legalidad y equidad.

Tal como lo hizo con Morena, la Comisión del INE pidió a los participantes de dicho proceso, ajustarse a las siguientes disposiciones:

  • Los discursos y mensajes que realicen NO deberán contener directa y explícitamente llamados expresos al voto en contra o a favor de persona o fuerza política alguna.
  • Los actos que realicen las personas involucradas NO deben tener como objetivo  obtener el respaldo para ser postuladas como precandidatas a un cargo de elección popular.
  • La propaganda que, en el caso, se exponga en los actos que se realicen NO debe tener el propósito de dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral. Por el contrario, la misma deberá contener, de forma clara y visible el proceso al que va dirigida, es decir, al proceso de selección del Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México.
  • En NINGÚN MOMENTO deberán presentar plataforma de un partido político o coalición o promover a una persona para obtener una precandidatura o candidatura para contender en algún proceso de carácter electoral.
  • En general, NO deberán realizar manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una precandidatura o candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una precandidatura o candidatura.
  • NO podrán utilizar prerrogativas de acceso a tiempos de radio y televisión, para dar difusión al proceso de selección del o la Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México, o, de las personas que participen en el mismo.

Finalmente, pidió a los partidos de Va por México (PRI, PAN y PRD), así como a todas las personas que participen como aspirantes en la selección del o la Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México, proporcionar, de manera semanal, un calendario que deberá contener los recorridos de trabajo y actividades que tengan programadas para realizar la siguiente semana.

La dirigencia nacional de Morena informó que fue notificado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre una queja en contra de las llamadas ‘corcholatas’, a quienes se acusó de promoción personalizada con fines electorales, realización de actos anticipados de precampaña y campaña, posible uso indebido de recursos públicos con el propósito de posicionarse ante el electorado, así como la presunta difusión de informe de labores, de cara al Proceso Electoral Federal del 2024.

El partido, que encabeza Mario Delgado, indicó a través de un posicionamiento público, que a pesar de que INE no da por ciertas las infracciones denunciadas, acatará la medida cautelar, misma que excesiva,

Antes de cumplir con lo ordenado por el INE, el partido reiteró su desacuerdo con la determinación al señalar que los derechos y libertades políticas como el de expresión reunión o asociación son derechos humanos están garantizados en la Constitución y no pueden ser limitados por las autoridades electorales.

Pidió a la militancia, a los  simpatizantes y a toda persona que pretenda contender por un cargo de elección popular en el proceso electoral del próximo año a que se abstengan de realizar eventos en los que se promocione a las ‘corcholatas’, así como asistir y participar en estos; distribuir elementos de propaganda (lonas, mantas, micro perforados, calcas para vehículos), así como contratar publicidad en anuncios espectaculares o pinta de bardas.

“En Morena siempre seremos respetuosos de las determinaciones de la autoridad electoral aunque no estemos de acuerdo con ellos y en este caso haremos valer nuestros derechos impugnar esta resolución ante la instancia judicial correspondiente”, remató el partido.

Y es que recordemos que el pasado 30 de mayo, la Comisión consideró que resultaba procedente el dictado de medidas cautelares bajo la modalidad de tutela preventiva, por advertirse la realización de conductas “antijurídicas cuya repetición debe evitarse”.

En su resolución, los comisionados del INE señalaron que se “advierte que no se trata de manifestaciones, actuaciones o propaganda aislada o espontánea”, sino que es resultado de una posible estrategia a nivel nacional, cuya finalidad es posicionar a las llamadas ‘corcholatas’ frente al electorado de cara al inicio del próximo Proceso Electoral Federal.

La Comisión dijo que estas conductas podrían afectar los principios de legalidad, imparcialidad, equidad y neutralidad.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió diversas solicitudes de medidas cautelares en contra del Presidente de la República y otras personas, lo anterior derivado de denuncia del PRD, PAN y los diputados Jorge Álvarez Máynez y Federico Döring Casar.

Los quejosos denunciaron presunta coacción del voto derivado de las manifestaciones realizadas el 9 y 11 de mayo del año en curso durante su conferencia matutina.

El colegiado declaró improcedente otorgar la cautelar solicitada y ordenar el retiro parcial de ‘La Mañanera’ denunciada, toda vez que no se advirtió urgencia o peligro en la demora que justifique la medida, ya que el Proceso Electoral Federal dará inicio hasta el último cuatrimestre del presente año.

Aunado a esto, la comisión resolvió que se tratan de publicaciones realizadas en fecha pasada en páginas oficiales y redes sociales, a las que debe mediar la voluntad para acceder y buscar el contenido específico.

“Bajo la apariencia del buen derecho, las expresiones vertidas se encuentran vinculadas con una posible reforma constitucional al Poder Judicial y con los porcentajes de integración de una nueva legislatura federal, no así con los procesos electorales locales que actualmente se llevan a cabo en el Estado de México y Coahuila”, dijo el INE.

Y es que la oposición acusó al presidente de promover el voto a favor de Morena al hablar de su ‘Plan C’ electoral.

La Comisión también negó la tutela preventiva correspondiente a ordenar al Presidente de la República se abstenga de formular pronunciamientos encaminados a solicitar el voto a favor o en contra de alguna fuerza política, al tratarse de hechos futuros de realización incierta.

No obstante, consideró necesario emitir un pronunciamiento que tiene como destinatario al Titular del Ejecutivo Federal, a fin de que en todo tiempo ajuste sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcando la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad con el propósito de no afectar en la equidad en la contienda, respetando los tiempos establecidos por la ley en materia de campañas y precampañas.

En otros asuntos, la Comisión abordó siete solicitudes de medidas cautelares en contra de los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y dos senadores de la República, las llamadas ‘corcholatas’, por actos anticipados de campaña y precampaña.

La oposición denunció además presunta promoción personalizada y el probable uso indebido de recursos públicos en el marco del Proceso Electoral Federal (PEF) 2024.

En todos los casos no se otorgaron las medidas cautelares solicitadas al no “advertirse peligro o urgencia en la demora que justifique la eliminación de los materiales denunciados”, pues si bien se tiene certeza de la celebración del Proceso Electoral Federal 2024, el mismo dará inicio hasta el último cuatrimestre del presente año.

En relación con publicaciones en las redes sociales de Twitter, Facebook, YouTube e Instagram se negó su retiro, ya que para su consulta debe mediar la voluntad de las personas para acceder a dichos contenidos. Además, en todos los asuntos se negó la tutela preventiva, al tratarse de hechos futuros de realización incierta.

También Morena tuvo un revés, pues en su denuncia en contra del PRD, por presunta calumnia y uso indebido de la pauta derivado de la difusión de los promocionales en televisión y radio, acusó que pretender responsabilizar de hechos o delitos falsos al partido y a su candidata a la gubernatura del Estado de México, con la finalidad de dañar la imagen de la referida candidata de cara a la Jornada Electoral del próximo 4 de junio del presente año.

Al respecto, fue negado el retiro de los spots ya que se consideró que no constituye un acto de calumnia, luego de determinarse, de manera preliminar, que el medio denunciado en modo alguno realiza una imputación específica de un hecho o delito falso de forma clara y sin ambigüedades a alguna persona y en el contexto en que se emite, ante lo cual debe ser considerado como una fuerte crítica política o electoral.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió cuatro medidas cautelares, dos solicitadas por la dirigencia nacional del PRD y dos más por el PRI, entre las que destaca la solicitada por el presidente del partido, Alejandro Morena, en contra de los Martes del Jaguar de la gobernadora de Campeche.

La medida cautelar en su modalidad de tutela preventiva solicitada por el PRI y Alejandro Moreno era contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, al señalar que durante diversas emisiones del Martes del Jaguar, se difundieron audios que atribuyen hechos y delitos falsos, además de que se promovía un discurso de odio en contra del dirigente nacional del tricolor,

La Comisión consideró que, al no advertirse urgencia o peligro en la demora respecto de posibles hechos constitutivos de calumnia, pues los hechos denunciados no podrían tener un impacto en el proceso electoral de Campeche y en el Federal de 2024, ya que éstos darán inicio hasta el mes de septiembre del 2023, ni tampoco en los procesos electorales locales del Estado de México y Coahuila, los cuales inician hasta el mes de enero de 2023, se declaraba improcedente la solicitud.

Respecto a la violencia política de género en contra de legisladoras del PRI, la Comisión señaló que ya se pronunció otorgando la medida cautelar solicitada previamente, por lo cual no podía abordarse en esta resolución.

“Se trata de hechos futuros de realización incierta, sin que se tengan elementos para suponer que se repetirá una conducta como la denunciada”, resolvió la Comisión.

Respecto al uso indebido de recursos públicos, se estimó la imposibilidad de conocer el tema en sede cautelar, por lo que será un asunto que se resolverá en el fondo por el Poder Judicial.

En otra de las medidas cautelares que se resolvieron, estuvo la que presentó el PRD en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por el presunto uso indebido de recursos públicos, realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así como por la vulneración a los principios de imparcialidad y de equidad en la contienda, por contratos de contenidos que la benefician con miras al Proceso Electoral Federal 2024.

La Comisión concluyó que, de un estudio preliminar, no se advierte la urgencia o peligro en la demora que justifique el retiro de las publicaciones alojadas en las redes sociales y páginas de internet, ya que, en primer lugar, el Proceso Electoral Federal 2024, dará inicio hasta el mes de septiembre del 2023, es decir hasta el momento no ha comenzado alguna de sus etapas.

Tampoco se advierte en los contenidos difundidos, desde una óptica preliminar, alguna manifestación clara y expresa que constituya el llamado a votar, a su favor o en favor de alguna persona, partido o fuerza política, con miras a los referidos comicios federales.

Y, en cuanto al uso indebido de recursos públicos, las consejeras y el consejero integrantes de la Comisión, consideraron improcedente la medida cautelar, toda vez que será una cuestión que deberá ser motivo del análisis de fondo de la Sala Regional Especializada.

Tal como se había adelantado, la defensa de Lozoya Austin solicitó una nueva prórroga al juez, de 60 días para el cierre de investigación complementaria en el caso Odebrecht.

Pasadas las 10 horas, la audiencia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, dio inicio en el Reclusorio Norte.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)  y la Fiscalía General de la República (FGR) coincidieran en negarse a la pretensión de la defensa del exdirector, solicitando que se declarara cerrada la etapa de investigación complementaria en relación al caso Odebrecht.

La fiscalía señaló que los documentos a los que hace referencia la defensa ya se encuentran en la carpeta de investigación.

“Con base en los derechos a la defensa y debido proceso, el juez autorizó un mes al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para el cierre de la investigación complementaria en el caso Odebrecht”, resolvió el Juez luego de escuchar las partes, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Así, el nuevo plazo que tendrá Emilio Lozoya y su defensa vencerá el próximo 3 de diciembre. El juez instó a la Fiscalía a insta a que agote los medios para obtener los datos y pruebas que se necesitan. 

Posterior a resolver la solicitud de la defensa, se procedió a la revisión de la medida cautelar que tiene hoy en día Emilio Lozoya, que es libertad condicional, aunque tiene que presentarse cada 15 días ante la autoridad a firmar, portar un brazalete electrónico y no abandonar la Ciudad de México y el país.

La FGR pidió al juez modifique las medidas cautelares, y ordene prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya. La Fiscalía declaró improcedente el criterio de oportunidad y anuncia que acusara al exdirector de Pemex de cohecho, lavado y asociación delictuosa, por lo que podría alcanzar hasta 35 años de cárcel.

Incluso acusó a Lozoya de haber usado su petición de criterio de oportunidad para “dilatar y obstaculizar el proceso en su contra”. Recriminó que el exdirector de Pemex no ha tenido “la más mínima intención de reparar el daño. Lo cual era un requisito indispensable”.

El juez dictó un receso de 15 minutos, por lo cual se espera que en breve se retome la audiencia.

 

Foto: Twitter @RegeneracionMx

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este miércoles el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que avaló dictar medidas cautelares contra Morena por vincularse con el registro de beneficiarios de programas del gobierno federal.

Específicamente por el supuesto uso para su beneficio del programa de vacunación contra el COVID-19.

El Tribunal aclaró que la resolución solamente tiene que ver con la solicitud de medidas cautelares, y no con el fondo del asunto, que será abordado en otra sesión, de ser el caso.

Las y los magistrados consideraron que el acuerdo del INE no contraviene las disposiciones legales ya que, desde una perspectiva preliminar, los hechos denunciados sí pueden ser contrarios a las disposiciones constitucionales y legales, en virtud de que aparentemente se está en presencia de una indebida apropiación de programas sociales, como es la campaña de vacunación contra el COVID-19, para posicionar a Morena como partido político nacional, en el marco del proceso electoral federal en curso.

Y es que el pasado 12 de febrero, el PAN denunció a Morena por la supuesta realización de padrones o registros de beneficiarios para acceder a programas de gobierno, así como por el presunto uso y aprovechamiento de ese tipo de programas durante el actual proceso electoral.

En la denuncia se solicitó el dictado de medidas cautelares a fin de que se ordenara la inmediata suspensión de la elaboración o actualización de los padrones de beneficiarios para el acceso a los programas sociales. De igual manera, solicitó se exhortara a Morena a abstenerse de seguir realizando actos político-electorales a partir del uso de programas sociales.

Derivado de ello, el INE ordenó a Morena abstenerse de realizar, ordenar o participar en ese tipo de actos, y no relacionarse con los programas sociales o gubernamentales; además le instruyó llevar a cabo gestiones para informar e instruir a sus militantes, personal que labora en el partido, simpatizantes y voluntarios que realicen labores de campo, a que no se ostenten, funjan o señalen que actúan, directa o indirectamente, en nombre de cualquier ente público o gubernamental, ni soliciten información de la credencial para votar.

Morena decidió impugnar la resolución del INE, por lo que al analizar el expediente, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral consideraron infundados los argumentos que la dirigencia del partido alegó, y coincidió con la determinación del Instituto Electoral.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer esta tarde acciones penales contra exfuncionarios y políticos señalados por el exjefe de Pemex, Emilio Lozoya, en distintos episodios de corrupción.

“La próxima semana se judicializará (la denuncia de Lozoya) en contra de quién o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes”, dijo la fiscalía en un comunicado.

La dependencia agregó que la audiencia intermedia en el caso de Lozoya será fijada por el juez una vez que venza el plazo de la investigación complementaria del caso, fijado para el 7 de marzo de este año.

Lozoya, actualmente sometido a un proceso judicial por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, señaló en agosto a expresidentes y políticos, principalmente del PAN, de participar en hechos de corrupción.

Recordemos que en agosto pasado, cuando presentó su denuncia ante la Fiscalía, el exdirector de Pemex dijo que por instrucciones del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda y canciller, Luis Videgaray, entregó sobornos a legisladores para que aprobaran reformas estructurales, entre ellas la energética.

Lozoya dijo en una declaración que fue filtrada a la prensa que los entonces senadores del PAN Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, hoy gobernadores de los estados de Tamaulipas y Querétaro, recibieron sobornos, aunque ambos negaron las acusaciones.

Lozoya dijo también que entregó poco más de seis millones de pesos al excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya. El exfuncionario señaló también que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se dieron condiciones ventajosas a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht, para la construcción de una planta petroquímica. Varios de los señalados negaron cualquier comportamiento indebido.

La comunicación de la FGR llega luego de que esta mañana, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicara que la Fiscalía ya estaba llevando mucho tiempo en las averiguaciones y pidió que se informara sobre el caso.

“Coincido en que ya ha transcurrido mucho tiempo, aunque también imagino que se están haciendo bien las cosas, se están presentando las pruebas ante el Poder Judicial”, dijo el mandatario.

La Fiscalía añadió, en cuanto a las medidas cautelares que se impusieron a Lozoya Austin (colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte), que hasta el día de hoy no ha reportado que haya infringido las medidas impuestas por la autoridad judicial.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró nulas las medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional (PAN), en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y del Partido Encuentro Social (PES) por sus expresiones religiosas.

 

El PAN había solicitado que el candidato presidencial y el PES se abstuvieran de realizar expresiones con contenido religioso en eventos de carácter político, como las que presuntamente se emitieron en el acto en el cual López Obrador tomó protesta como candidato presidencial de dicho partido.

 

En dicho evento, el tabasqueño propuso la creación de una Constitución moral, pues dijo, México necesita una reconciliación con principios y valores, que una a todas las expresiones religiosas. Argumentó que si no hay un cambio moral, no se podrá lograr un cambio real en el país.

 

La Comisión determinó que si bien las medidas cautelares constituyen un medio idóneo para prevenir la posible afectación a los principios rectores en materia electoral, esa facultad no pueden ser desplegadas sobre actos futuros de realización incierta que incidan en el respeto al derecho humano de libertad de expresión en el ámbito jurídico electoral.