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La OTAN inicia mañana, miércoles, una reunión de ministros de Exteriores en Bruselas en la que celebrará el 75 aniversario de su fundación, tres cuartos de siglo en los que ha mantenido la unidad sobre la base de la defensa colectiva y la disuasión ante amenazas como la que actualmente supone Rusia con la invasión de Ucrania.

El jueves, los ministros participarán en una ceremonia para celebrar la firma del Tratado de Washington, el 4 de abril de 1949, por parte de los 12 miembros fundacionales de la Alianza, que actualmente ascienden a 32 con las recientes incorporaciones de Finlandia y Suecia a causa precisamente de la conducta agresiva de Rusia.

El artículo 5 del Tratado, que ha viajado por primera vez al otro lado del Atlántico desde Washington para ser expuesto durante la reunión ministerial, establece que un ataque cometido contra cualquier estado miembro, en Europa o América del Norte, se considerará como un ataque contra todos, que podrán responder como uno solo.

“La OTAN llega a su 75 aniversario con el principio de defensa colectiva y disuasión intactos y reforzados”, indicaron este martes fuentes diplomáticas aliadas.

Incluso durante el mandato del presidente estadounidense Donald Trump y pese a todas sus dudas sobre la Alianza, no salió debilitado el vínculo transatlántico, que en todo caso se ha reforzado con su sucesor, el demócrata Joe Biden, agregaron.

Para la embajadora estadounidense ante la Alianza, Julianne Smith, “es muy inspirador ver cómo se ha modernizado la OTAN, cómo sigue adaptándose y cómo sigue acogiendo a nuevos miembros, todo ello en beneficio de los más de mil millones de ciudadanos que viven en los países de la OTAN”.

En esta reunión que tiene como tema principal el aniversario de la organización, los titulares de Exteriores abordarán en primer lugar la que consideran actualmente la mayor amenaza para su seguridad: la guerra de Rusia en Ucrania.

Los ministros continuarán analizando en esta ocasión qué más pueden hacer para apoyar a Kiev y, el jueves, participarán en un Consejo OTAN-Ucrania con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba.

Los aliados están preparando ya los resultados que esperan de la cumbre de la OTAN que se celebrará en julio en Washington y también el lenguaje con el que el comunicado final se referirá a Ucrania.

Según diversas fuertes diplomáticas, el objetivo es dejar claro que mantendrán el apoyo a Ucrania el tiempo necesario sin incluir un plazo o una invitación concreta para su adhesión.

En cambio, se espera que la cumbre sea un momento clave para dar a conocer más compromisos de seguridad a largo plazo con Kiev.

Otro asunto del que hablarán los ministros, pero en los márgenes de la reunión, será sobre el sucesor del noruego Jens Stoltenberg como secretario general aliado a partir del 1 de octubre.

Pese a que hay gran consenso, también de EUA, en torno al actual primer ministro neerlandés en funciones, Mark Rutte, la candidatura del presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, y el respaldo que le dan algunos aliados como Hungría, está demorando una decisión que se espera llegue en todo caso antes de la cumbre de Washington.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se excuse de participar en la discusión de las controversias constitucionales relacionadas con la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

El morenista dijo que esta abstención es crucial, ya que los fideicomisos están vinculados a recursos significativos en los cuales los ministros y magistrados de la SCJN son beneficiarios directos.

Igualmente, explicó que “estamos trabajando en la preparación de una solicitud, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, para que la Junta de Coordinación Política instruya al abogado de la Cámara de Diputados a defender la soberanía que corresponde al Poder Legislativo”.

El coordinador parlamentario hizo hincapié en que, al igual que el Poder Judicial exige el respeto a su independencia y autonomía, “nosotros también exigimos que el control presupuestal que la Constitución otorga a la Cámara de Diputados sea respetado por el Poder Judicial”.

Mier Velazco recordó que Arturo Zaldívar se excusó cuando se analizaba el artículo décimo transitorio tercero, que planteaba la posibilidad de extender su mandato como presidente de la SCJN y de la Judicatura Federal.

El llamado de Ignacio Mier llega luego de que ayer se confirmara que un grupo de trabajadores y jubilados del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentara el primer amparo en contra de la eliminación de los fideicomisos en cuestión.

Trusan y Roma Abogados, firma de litigio constitucional, administrativo y de servidores públicos. informó en redes sociales que presentaron el primer amparo a nombre de 761 trabajadores y jubicados, ante los juzgados del primer distrito en materia administrativa.

“Este es el primer amparo que se presenta en todo México, y esperamos que a más tardar el próximo viernes de esta semana tengamos la admisión y la suspensión de las normas que se están impugnando”, dijo el abogado.

El recurso legal cuestiona la eliminación de los fideicomisos que prevén recursos que representan derechos adquiridos para los empleados, tales como jubilaciones, servicios médicos complementarios y recursos para la implementación de reformas constitucionales en materia penal y del trabajo.

El equipo legal a cargo del caso negó que la desaparición de los fideicomisos afecte solo a altos funcionarios como lo ha dicho el presidente y diversos líderes de Morena.

Miles de empleados y ciudadanos que apoyan la independencia del Poder Judicial, marcharon este domingo en varias ciudades del país, en contra del proyecto que se discute en el Senado y que busca eliminar 13 fideicomisos que aseguran, se destina a prestaciones laborales.

La protesta, que se da en medio de un paro de labores, se agudizó luego que la Cámara de Diputados, dominada por el oficialismo, aprobara la semana pasada la eliminación de los fideicomisos.

La Suprema Corte de Justicia asegura que el proyecto legislativo suprimirá fondos con los que el Poder Judicial atiende obligaciones laborales y de seguridad social.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostiene que el objetivo es eliminar un régimen de privilegios que, según él, solo beneficia a magistrados y otros altos funcionarios, y ha asegurado en reiteradas ocasiones, en que no se afectará a los trabajadores.

Miles de empleados judiciales se reunieron en el Monumento a la Revolución, desde donde marcharon hasta el Zócalo capitalino. A lo largo del recorrido, se escucharon consignas como “¡No son privilegios, son nuestros derechos!” o “¡Somos los garantes de la Constitución!”.

Así como tuvo lugar en la Ciudad de México, trabajadores, simpatizantes y políticos salieron a las calles en más de 20 ciudades.

Los manifestantes, incluyendo jueces o exministros como José Ramón Cossío, marcharon en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Mérida, Puebla, y Tijuana, además de Aguascalientes, Celaya, Colima, Chihuahua, Cuernavaca, León, Mexicali, Querétaro, Saltillo, Tampico, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan, Veracruz y Xalapa.

Este es solo el más reciente episodio del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, que en los últimos meses se ha profundizado a medida que la Suprema Corte ha bloqueado iniciativas clave de López Obrador.

El mandatario acusa al tribunal de estar al servicio de la oposición conservadora y de defender la corrupción, en un contexto de alta impunidad.

Según López Obrador, los fideicomisos que podrían desaparecer si la iniciativa es avalado en el Senado, administran cerca de 15,000 millones de pesos que, según ha dicho, planea destinar a programas sociales como becas a estudiantes.

Ya que el Senado aún debe aprobar la desaparición de los fideicomisos, los trabajadores han dicho que seguirán manifestándose en los próximos días, además de que analizan sus siguientes pasos, ya que mañana acaba el paro de labores que se acordó la semana pasada.

Foto: Twitter @MiguelCarbonell

Al abordar el tema de Xóchitl Gálvez y la denuncia que presentó por violencia política en razón de género, que el INE ya confirmó si existió, el presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a lanzar en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que dijo, está vendido o alquilado.

El mandatario calificó de “censura” a los ministros del Tribunal, que ordenaron al INE volver a analizar la queja que la senadora del PAN interpuso en su contra.

El tema sirvió para que López Obrador señalara que al igual que el TEPJF, la mayoría de los magistrados, jueces y ministros de la Corte, están al servicio de la oligarquía, de los grupos de poder económico, de los que antes se sentían dueños de México.

Advirtió que se sigue protegiendo a quienes antes “mandaban, los que tenían secuestrado al gobierno, los que saqueaban el erario. Esa es la realidad”.

Se le cuestionó al presidente si consideraba justo el reclamo que la aspirante presidencial hice ante las autoridades electorales, a quienes solicitó medidas cautelares.

“Es que es realmente contrario a la libertad, o sea, es una violación flagrante a las libertades. ¡Cómo se va a silenciar a las personas!”, contestó.

En ese sentido, dijo que el problema no es solo del Tribunal Electoral, si no también del Instituto Nacional Electoral (INE). “Los dos, los dos, si continúan actuando de esa manera (contra él)”.

AMLO acusó que el Tribunal sigue sin cambiar, y recordó que en el proceso electoral de 2021 canceló candidaturas sin fundamento, respondiendo solo a la consigna de los potentados. “Es parte del problema que se tiene todavía”, añadió.

En ese sentido, dijo que la transformación que arrancó en el país lleva tiempo, aunque llamó a seguir limpiando y purificando la vida pública. Pidió a acabar con el influyentismo, el nepotismo, la corrupción, y con todas las “lacras de la política”, aunque reconoció que era fácil arrancarlas, “los vicios vienen de tiempo atrás”.

Diputados de Morena presentaron una demanda de juicio político contra los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante su negativa a reducir su salario como lo establece la ley, con el fin de que ganen menos que el Presidente de la República.

En la demanda aparecen los nombre de los ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek.

Además de Norma Lucía Piña, Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar.

En conferencia de prensa, el diputado de Morena Manuel Alejandro Robles anunció que junto a otros compañeros de bancada presentaron la demanda contra los ministros por la presunta violación sistemática del artículo 127 constitucional, al no bajarse el sueldo y lograr amparos.

Reducir los sueldos de los altos funcionarios del sector público fue una de las principales promesas de “austeridad republicana” que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó la reforma legal para ello en noviembre de 2018, un mes antes de asumir la Presidencia el 1 de diciembre de ese año.

Sin embargo, recordaron que la Suprema Corte invalidó la reforma en 2019 tras controversias constitucionales promovidas por la Cofece, el Banco de México y el INE, pero el Congreso aprobó una nueva con modificaciones en 2021.

“En esta demanda se propone hacer conciencia en los ministros para que se sujeten a lo que dice nuestra Constitución, hay una definición que se tomó por parte del pueblo de México en 2018 y es precisamente que hay austeridad de parte de todo el servicio público”, expuso el diputado.

Pese a ello, el pasado 3 de julio, la Suprema Corte aclaró al gobierno federal que los salarios de los ministros no podrán ser reducidos por actos provenientes de otros poderes.

Una semana antes, la nueva titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, pidió a la SCJN un informe sobre las acciones que ha realizado el máximo tribunal para cumplir con el mandato de que ningún funcionario gane más que el presidente mexicano.

“Las percepciones que reciben los ministros de la SCJN no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes”, señaló la Corte en su informe, en donde recordaron que desde el 8 de enero de 2019, los ministros decidieron reducir su salario un 25%, al hacer uso de su autorregulación bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

La SCJN detalló que el artículo 94 de la Constitución establece que la remuneración de los juzgadores mexicanos no podrá ser disminuida durante su encargo y el 123 establece el principio de que “a trabajo igual debe corresponder salario igual”.

Estados Unidos y China continuaron este jueves el diálogo para limar asperezas en Yakarta, donde asisten al encuentro de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que también reúne a representantes de Rusia, India, Japón, Australia y la Unión Europea (UE), entre otros.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, y el jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China (PCCh), Wang Yi, se reunieron a puerta cerrada en la capital de Indonesia, sin realizar declaraciones a los medios.

Se espera que esta reunión sirva para rebajar las tensiones entre ambas potencias mundiales.

Entre las principales cuestiones de fricción destaca Taiwán, que China reclama como parte de su territorio al calificarla como provincia rebelde, pero que Estados Unidos se ha comprometido a defender ante un hipotético ataque exterior.

China ha aumentado su agresividad contra Taiwán y en el mar de China Meridional, mientras que Estados Unidos ha incrementado las barreras de acceso de Pekín a componentes esenciales para los microchips.

Las conversaciones de Yakarta se producen casi un mes después de que Blinken viajara a Pekín, la primera visita del principal diplomático estadounidense en casi cinco años, y se reuniera con el presidente Xi Jinping, así como con Wang y el ministro chino de Exteriores, Qin Gang.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también estuvo en Pekín la semana pasada para mejorar las relaciones.

La guerra de Ucrania por la invasión rusa, la crisis en Birmania (Myanmar), la amenaza nuclear de Corea del Norte y la disputas soberanistas entre Pekín y otros países como Filipinas y Vietnam en el mar de China Meridional son algunos de los asuntos que se tratan en esta cita de la ASEAN en Yakarta, que finaliza mañana.

Antes de reunirse con Blinken, Wang tuvo un encuentro con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, con quien confirmó las buenas relaciones entre sus países y apostaron por la “democratización” de las relaciones internacionales.

Mañana, último día de esta reunión que comenzó el martes, también tendrán lugar las citas multilaterales del Foro de Asia Oriental y la reunión de Exteriores de Asia Oriental, donde coinciden en la mesa de diálogo los diplomáticos de Estados Unidos Rusia y China.

Fundada en 1967, la ASEAN está formada por Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam y Birmania y ha establecido una hoja de ruta para la inclusión de Timor Oriental.

Tal como lo había adelantado el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el ministro Javier Laynez Potisek recibió las conclusiones del conversatorio de participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial de la Federación, que organizó el partido del presidente López Obrador.

Laynez Potisek acudió acompañado de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, y ante la presencia de las y los coordinadores de todos los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO), se comprometió a presentar el informe ante Pleno de la Corte.

El ministro Laynez Potisek hizo un llamado a que cuando se hable del Poder Judicial de la Federación, no se piense en las y los once ministros, sino en los más de 45 mil servidores públicos, entre personal administrativo y jurisdiccional.

“No somos los 11 de Pino Suárez dos, somos más de 45 mil servidores públicos, actuarios, notificadores, secretarias, secretarios de estudio y cuenta, desde luego juezas y jueces, magistradas y magistrados”, dijo el ministro al recordar que “las decisiones que ellos toman en sus circuitos, y se los digo cuando voy, muchas veces son mucho más importantes que las que toma la Suprema Corte”.

Laynez Potisek afirmó que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo y Ejecutivo tienen una asignatura pendiente: el mejoramiento y fortalecimiento de la justicia local, pues apuntó, “es la puerta de entrada del ciudadano a la justicia”.

La ministra Esquivel Mossa destacó que el diálogo entre Poderes de la Unión es fundamental para el desarrollo equilibrado de las funciones que les competen para el ejercicio armónico del poder público y se dijo a favor de “reflexionar” sobre una gran reforma estructural de los poderes judiciales, tanto federales como locales.

Por su parte, la ministra Loretta Ortiz mencionó que, como integrantes de órganos judiciales y con el fin de desempeñar adecuadamente su labor, es necesario garantizar la absoluta independencia de los poderes judiciales.

En ese sentido, sostuvo que “cualquier reforma al poder judicial debe asegurar que estas garantías mínimas de independencia sean consagradas constitucional y legalmente como presupuestos fundamentales para asegurar el acceso a la justicia a través de la garantía al debido proceso y el derecho de protección judicial”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó la respuesta que la Suprema Corte dio sobre sus sueldos y las acciones que se han llevado a cabo para ajustarse al artículo 127 Constitucional, derivado la consulta

“Era de esperarse una respuesta así, leguleya”, lanzó el mandatario, quien explicó que “es muy claro el artículo 127 de la Constitución”, el cual lo están violando los ministros de la Corte.

Cuestionó qué interpretación se le puede dar a un artículo que, según él, establece con mucha claridad que todos los servidores públicos no pueden percibir una remuneración mayor a la del titular del Ejecutivo.

En ese sentido, y en tono de burla, dijo que su respuesta solo aplicaría si los ministros no fueran servidores públicos. “Que en término estricto alguno no lo son, son servidores privados”, lanzó el mandatario.

Aseguró que los ministros de la Corte ganan de cuatro a cinco veces más que él y volvió a presentar los “40 excesos del Poder Judicial” que en repetidas ocasiones se han expuesto en la conferencia matutina.

El mandatario insistió en que presentará una iniciativa de reforma a la Constitución, para que se detalle de forma más precisa todo lo relacionado con las remuneraciones en la administración pública, para no dar margen a que los ministros afirmen que “no está clara la Constitución”.

Indicó que mandará la iniciativa de ley al Congreso el próximo año, cuando se integre la próxima legislatura, pues dijo, esperará a ver si su movimiento logra la mayoría calificada que se necesita para reformar la Constitución.

La semana pasada, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, pidió a la SCJN un informe sobre las acciones que ha realizado el máximo tribunal para cumplir con el mandato de que ningún funcionario gane más que el presidente.

“Las percepciones que reciben los ministros de la SCJN no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes”, señaló la Corte en su informe.

Sin embargo, la Corte recordó que desde el 8 de enero de 2019, los ministros decidieron reducir su salario un 25%, al hacer uso de su autorregulación bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Aunque detalló que el artículo 94 de la Constitución establece que la remuneración de los juzgadores mexicanos no podrá ser disminuida durante su encargo y el 123 establece el principio de que “a trabajo igual debe corresponder salario igual”.

Además, en la respuesta de la SCJN recordó que determinó desde mayo de 2019 que el articulado que establece que ningún funcionario podía recibir mayor sueldo que el presidente mexicano “carecía de parámetros objetivos”.

“Se declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones que garanticen las características que exige dicho numeral”, indicó.

Además, consideró que esto permite una discrecionalidad con potencial de afectación a la eficacia y calidad de la función pública.

Finalmente, en la respuesta de la Corte también se indicó que no existe un precepto jurídico que permita a la Secretaría de Gobernación a solicitar a la SCJN un informe respecto del cumplimiento de algún artículo constitucional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó este viernes contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dijo, defiende a una “minoría corrupta”, esto luego de invalidar el segundo paquete de las reformas electorales que impulsó, con lo que puso fin al llamado ‘Plan B’.

“Yo interpreto esto, más que nada, como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, que era la que dominaba en México”, expresó López Obrador en su conferencia matutina al ser consultado sobre el tema.

Ayer la Suprema Corte invalidó, con nueve votos a favor y dos en contra, la segunda y última parte de la iniciativa impulsada por el mandatario al considerar que existieron violaciones al proceso legislativo en el Congreso, donde Morena y aliados lo aprobaron fast track.

El presidente respondió que respeta el fallo, pero acusó a la Corte de invadir las facultades de otros poderes.

“Somos respetuosos de la división y el equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo, ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo, lo que hicieron ayer fue corregirle la plana a otro poder”, sostuvo.

La Suprema Corte había desechado ya la primera parte del “Plan B” el mes pasado bajo el mismo argumento.

La primera parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo prohibido por la veda electoral.

En su totalidad, la iniciativa desechada recortaba 3,500 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE). También eliminaba el 85% del servicio profesional electoral y permitía al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, por lo que la oposición y organizaciones civiles acusaron al gobierno de querer cambiar las reglas rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

El fallo abrió un nuevo frente entre el Poder Judicial y López Obrador, quien acusó a los ministros de la SCJN de ser “empleados” de los conservadores que quieren volver al poder.

“Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrada en el Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador, ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuellos blanco que tanto daño le han hecho al país”, señaló.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por completo este jueves la polémica reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el llamado “Plan B”.

Con nueve votos a favor y dos en contra, la Corte dejó sin validez la segunda y última parte de las reformas al reiterar que existieron violaciones al proceso legislativo en el Congreso.

Con un argumento similar, la Suprema Corte desechó la primera parte del “Plan B” en mayo pasado al señalar que la mayoría en el Congreso, Morena y aliados, violaron el proceso legislativo durante su aprobación en fast track.

La primera parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo prohibido actualmente por la veda electoral.

En su totalidad, el “Plan B” proponía recortar 3,500 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que generó incertidumbre de cara al proceso electoral del próximo año.

También eliminaba el 85% del servicio profesional electoral y permitía al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral.

En la discusión de hoy, el ministro Juan Luis González Alcántara señaló que con esta reforma se vulneró el principio de democracia deliberativa y en este caso se registraron más vicios de gravedad que en la primera parte del “Plan B”, pues apuntó que se sumaba que el dictamen violó el sistema bicameral de aprobación de leyes.

En tanto, el ministro Luis María Aguilar externó la importancia de respetar la Constitución. “Si no la respetamos y defendemos desde los poderes públicos traicionaríamos nuestro deber de lealtad a la voluntad del pueblo de México”, argumentó.

Al igual que en la discusión del 8 de mayo, las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, cercanas a López Obrador, quienes llegaron a la Corte a propuesta de él, votaron en contra de invalidar la legislación.

Previo a la sesión de la Corte, López Obrador acusó en su conferencia matutina a la Corte de “intromisión” en el Poder Legislativo y reprochó que el proyecto presentado por el ministro Javier Laynez no revisara el fondo de la reforma electoral sino que planteó su invalidez por no respetar el proceso legislativo.

“Considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo. Le van a corregir la plana al poder Legislativo”, criticó el mandatario.

Al reconocer que el paquete de reformas sería invalidado, adelantó que en su momento presentará una iniciativa constitucional para la elección de los ministros por voto del pueblo, y así evitar que estos funcionarios representen solo a “una élite”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó este martes a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de estar “alineados” con los “conservadores” para invalidar la segunda parte de su reforma electoral, conocida como “Plan B”.

“Los ministros están alineados, la mayoría, al bloque conservador. Todo el Poder Judicial. Es un poder al servicio de una minoría, no están al servicio del pueblo, no se imparte justicia tomando como factor principal al pueblo, es un poder al servicio de una élite”, expresó el mandatario.

Las declaraciones de López Obrador llegan luego de que ayer se difundiera el proyecto de sentencia a cargo del ministro Javier Laynez, quien propone al pleno de la SCJN invalidar la segunda y última parte de la reforma electoral por violaciones al proceso legislativo.

Con un argumento similar, la Suprema Corte invalidó la primera parte del “Plan B” en mayo porque la mayoría en el Congreso, liderada por Morena y partidos aliados, violó el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado.

La primera parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo prohibido por la veda electoral.

En ese sentido, el mandatario dio por hecho que la SCJN invalidará por completo su reforma, que en su totalidad recortaba 3,500 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE). También eliminaba el 85% del servicio profesional electoral, y permitía al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral.

“Es que ¿cómo creen ustedes que van a dejar vigente esa ley, si ahí se establece que nadie debe ganar más que el presidente, como lo ordena la Constitución en el artículo 127, y los ministros son los primeros que violan la Constitución porque ganan tres y hasta cuatro veces más que el presidente”, lanzó al presidente.

El INE había denunciado que las reformas “merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.

Ante su inconformidad, López Obrador reiteró que propondrá una reforma constitucional para que los ciudadanos elijan de forma directa a los ministros de la SCJN, e insistió en la necesidad de llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial

La bancada del PT en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma, a fin de que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos para el cargo a través del voto ciudadano, tal como lo ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“El propósito es establecer en nuestra Carta Magna que los integrantes de uno de los tres poderes públicos, el Judicial, accedan al cargo a través de un proceso electoral en el que la población mexicana, ejerciendo su voto libre, directo y secreto, los elija”, precisó la diputada Araceli Celestino Rosas del PT.

La legisladora explicó que si las y los integrantes del Poder Legislativo y el titular del Ejecutivo son electos por la población de manera directa, mediante el voto, no existe razón para que los del Poder Judicial lleguen al cargo a través de otro mecanismos.

“No encontramos razón alguna para que el personal de la Suprema Corte no pueda, también, ser electos por el mismo pueblo”, añadió.

Se detalló que las modificaciones proponen que el cargo de ministro dure 6 años, en lugar de 15, como actualmente se establece; asimismo, para que la elección del presidente de la SCJN sea cada dos años y no cada cuatro.

“Tenemos la certeza de que las y los ministros de la Suprema Corte deben ser electos mediante el voto universal, directo, libre y secreto de los ciudadanos, en los términos que se disponga en la Ley Electoral”, sostuvo la petista.

Además, se plantea que para cada uno de los ministros es necesario que exista un suplente, quien sólo podrá ocupar el cargo ante la ausencia temporal o definitiva de la o el propietario.

Agregó que el PT considera fundamental abrir los mecanismos de participación para elegir a los integrantes de los tres Poderes que rigen a la nación, “máxime que la sociedad mexicana está en un proceso continuo de fortalecer el sistema democrático, y esta iniciativa tiene ese propósito”, remató.

Mañana arrancan los conversatorios que Morena y aliados impulsaron en la Cámara de Diputados, en torno a la propuesta de llevar a cabo una consulta popular sobre la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y una eventual reforma al Poder Judicial.

La bancada de Morena anunció que para el primer conversatorio se contará con la participación del jurista Diego Valadés; de los especialistas en derecho electoral y constitucionalistas, Amador Rodríguez Lozano, Andrés Norberto García Repper, Rafael Estrada Michel y Jaime Cárdenas García.

El moderador del primer panel, que lleva por título: Soberanía popular, fortalecimiento de la democracia directa y vinculativa ciudadana para revisar y modificar del régimen de designaciones de carga en la Suprema Corte, será el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y se llevará a cabo mañana martes 30 de mayo a las 11 horas.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, afirmó que los conversatorios, o ejercicios de “diálogo y análisis”, tienen la finalidad de devolver al pueblo de México el derecho a la información sobre una cuestión de la que han sido privados en anteriores administraciones.

El morenista aseguró que en el pasado el pueblo no se enteraba de lo que hacían sus gobernantes, y éstos olvidaron que es el pueblo el que manda.

Por ello, señaló que lo que se quiere hacer es, “antes de preguntarles a las y los mexicanos, si ellos consideran que se debe de modificar la forma en la que se eligen a los ministros; antes de eso queremos explicarles, que sepan cómo se eligen los ministros, cuántos se eligen, qué es la Suprema Corte de Justicia”, entre otros puntos.

Y es que comentó que el 70% de los mexicanos desconoce sobre el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante ello, señaló “que la gente debe saber que la Suprema Corte de Justicia, los ministros, son los jefes de todos los magistrados y de todos los jueces”, para que el panorama sobre la impartición de justicia en el país no esté limitada, y se comprenda a cabalidad el verdadero engranaje de este órgano superior.

Mier Velazco recordó que de los tres poderes de los que se compone el Estado Mexicano, sólo el Judicial no ha tenido una revisión sobre la forma en que se designan a los titulares del máximo órgano de justicia en México.

Finalmente, comentó que el propósito de estos espacios, es que durante los próximos 5 meses la población se entere de la propuesta y del funcionamiento del Poder Judicial, para que puedan con todas estas herramientas, opinar durante la consulta.

Ayer se llevó a cabo una marcha que movilizó a miles de personas en apoyo a la Suprema Corte de Justicia de México(SCJN), que derivó en enfrentamientos entre quienes salieron a defender a la Corte y simpatizantes de la 4T que, en línea con el discurso presidencial, rechazan y critican el actuar de los ministros.

Los enfrentamientos, según se reportó, ameritó la intervención de la policía para separar a los grupos, y para desalojar al grupo que mantenía un plantón a las afueras de la Corte.

Los incidentes ocurrieron al final de la movilización, cuando cientos de manifestantes concentrados a las puertas de la Corte comenzaron a lanzar objetos e insultar a un grupo que mantenía desde hace varias semanas un plantón, donde colocaron carteles y consignas contra los ministros.

Mientras los manifestantes gritaban al unísono “el pueblo unido jamás será vencido”, el grupo crítico de la Corte les respondía “provocadores, provocadores”.

Algunos de los manifestantes comenzaron a arrancar los carteles contra los ministros que estaban en las puertas de la Corte y derribaron un pequeño kiosco que tenían los participantes del plantón.

Horas antes, miles de personas vestidas de blanco se concentraron en el Monumento a la Revolución, para unirse a la movilización convocada por organizaciones civiles en respaldo a los ministros de la Corte que han sido objeto de críticas y protestas en las últimas semanas luego de diversos reveses al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante esto, López Obrador ha endurecido su posición en contra del Poder Judicial luego que el mes pasado el máximo tribunal declaró inconstitucional una reforma que transfería el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A esto, se sumó el hecho de que la Corte invalidara la primer parte del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que la mayoría oficialista del Congreso aprobó en diciembre y permitía a los funcionarios públicos expresar opiniones políticas sin riesgo de sanciones por incurrir en propagada electoral, tal como se establece en la actualidad.

Las tensiones aumentaron luego que el pasado 18 de mayo el máximo tribunal invalidó un decreto presidencial del 2021 que ordenaba a las dependencias públicas acelerar la emisión de permisos y autorizaciones para que la construcción de proyectos de infraestructura se pudieran ejecutar sin dilaciones, el llamado ‘decretazo’.

Sin embargo, López Obrador desafió a la Corte emitiendo el mismo día de la sentencia otro decreto en el que declaró al Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como la construcción de cuatro aeropuertos en el sur del país como proyectos de “seguridad nacional”.

“Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados”, afirmó el presidente la semana pasada al reiterar que ante el “divorcio completo” de los jueces de las necesidades de la mayoría de los mexicanos “hace falta una reforma en el poder judicial”.

López Obrador adelantó que en el último año de su sexenio, 2024, promoverá una reforma constitucional para que los ministros de la Corte, magistrados y jueces sean electos por voto ciudadano. En la actualidad la Constitución faculta al Presidente de la República para presentar una terna de candidatos al Senado, los cuales requieren de los votos de las dos terceras partes de la cámara para su elección.

La presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, ha sido el principal blanco de los ataques, del presidente y de sus seguidores.

En marzo, en medio de una concentración que organizó el gobierno en el Zócalo capitalino por el aniversario de la expropiación petrolera, manifestantes llevaron una figura de cartón con el rostro de la ministra presidenta a la que le prendieron fuego al grito de “fuera Piña”.

El máximo tribunal consideró el incidente como un acto de odio y violencia de género contra la ministra y manifestó preocupación de que “el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige el orden constitucional redunde en una confrontación”.

Piña, quien asumió la presidencia de la Corte en febrero, ha mantenido silencio ante las críticas de López Obrador, pero en diferentes intervenciones públicas ha defendido la independencia de los jueces.

Recientemente, el ministro Alberto Pérez Dayán aseguró que “estamos fuertes, convencidos de lo que hacemos. Nada nos va a doblar”, en clara alusión a las tensiones que han surgido entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

En reacción a la movilización de ayer en la CDMX, que se replicó en diversos estados del país, el presidente dijo que fue una convocatoria muy “eriza”, asegurando que los reportes que él tiene indican que participaron sólo 3 mil personas.

“Tienen que echarle más ganas, no tienen causa”, dijo al mandatario, quien volvió a insistir en que los ministros no respetan la Constitución, pues ganan más que él.

También dijo que quienes salieron a manifestarse en defensa de la Corte “actuaron con prepotencia”, pues señaló, “no debieron ir y quitarles las mantas” a quienes se manifestaban en contra.

Morena no quita el dedo del renglón y anuncia fecha para llevar a cabo los “conversatorios”, como le han llamado a los fotos donde se analizará cómo se designan los y las integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se indicó que estos conservatorios se realizarán del 30 de mayo al 20 de junio, y en ellos se abordarán temas de soberanía popular, marco constitucional de los derechos políticos y la progresividad y restricciones de la consulta popular,.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, explicó que el 30 de mayo el debate iniciará en materia de soberanía popular, fortalecimiento de la democracia directa y vinculación ciudadana, a fin de revisar y modificar del régimen de designaciones de cargos en la Suprema Corte.

El 6 de junio se abordará el marco constitucional y convencional para el ejercicio efectivo de los derechos políticos y de participación ciudadana en los temas de trascendencia nacional y en la dirección de los asuntos públicos.

Para el 13 de junio, el conversatorio se guiará sobre la eficacia, progresividad y restricciones de la consulta popular respecto a temas electorales; finalmente, el 20 del mismo mes se establecerán las conclusiones.

Todos los conservatorios se llevarán a cabo en las instalaciones de la Cámara de Diputados y consistirá, dijeron los morenistas, en un ejercicio dialéctico, “previo a la solicitud de la consulta sobre un tema de trascendencia nacional para la sociedad mexicana en materia de impartición de justicia”.

El legislador expresó que, una vez concluidos los conversatorios, el Grupo Parlamentario de Morena y aliados emprenderán asambleas informativas en todo el país, para que las y los mexicanos conozcan los procesos e integración de la Suprema Corte.

“Estamos proponiendo la consulta para preguntar a los mexicanos -como parte del Plan C, el tercer componente previo a la reforma constitucional, simple y llanamente a los mexicanos si están de acuerdo o no que se modifique lo que establece el artículo 96 constitucional para designar a las y los ministros de la Corte”, expuso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprochó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por invalidar, en su totalidad, su decreto para blindar la información de los “proyectos prioritarios” al considerarlos como de “seguridad nacional e interés público”.

“El Poder Judicial, en particular la Suprema Corte, están al servicio de la minoría, ellos no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo raso, no les importa”, dijo al mandatario al ser cuestionado sobre el tema,

López Obrador insistió en que existe un divorcio completo entre la Suprema Corte, que dijo simula impartir justicia, y las necesidades de la mayoría de los mexicanos.

Ayer, el voto a favor de 6 de los 11 ministros del pleno de la SCJN dieron efectos generales a la invalidez, después de una controversia constitucional emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que alegó que impedía el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

López Obrador aseguró que ya sabía que la Corte trataría de frenar la construcción de las obras estratégicas de su administración, como el Tren Maya o el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por lo que dijo, se blindaron con el decreto publicado el horas después del fallo de la Corte.

Denunció que todos los amparos están siendo presentados por un grupo de abogados vinculados a los magistrados.

“Existe una asociación de abogados con estas características que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo, desde la construcción del Aeropuerto (Internacional) Felipe Ángeles (AIFA)”, alertó.

Este grupo, que aseguró que emplea el nombre de Litigio Estratégico, estaría formado por el exministro de la SCJN José Ramón Cossío, quien se ha posicionado en contra de muchas de las medidas de López Obrador; el exsecretario de Gobernación bajo el mandato del presidente Felipe Calderón, Fernando Gómez-Mont; y varios abogados.

“Su especialidad es el tráfico de influencias (…). Este grupo influye mucho en la (Suprema) Corte. Y los que están en la Corte vienen de la época en que no se entendía que los únicos negocios que deben interesar al servidor público son los negocios públicos”, indicó.

Ayer, el ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, señaló que la democracia no se mide por cómo se llega al cargo, en referencia a la propuesta que Morena promueve desde semanas atrás, sino porque se obliga a que se cumpla todo aquello que la ley establece en beneficio de quienes la merecen.

“El Juez se convierte, a pesar de que su origen no es electoral, en un juez demócrata, porque aquello que se exige se tiene que cumplir a través de sus sentencias”, sostuvo.

Indicó que “estamos fuertes” en la Corte, convencidos de lo que hacen él y sus homólogos. “El día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea”.

En ese sentido, en su mensaje de esta mañana, el presidente aseguró que la Suprema Corte no defiende la Constitución, sino los intereses de quienes se “sentían dueños de México”.

“Esa es una mentira, ellos no defienden la Constitución. Tan no la defienden, que ellos la violan, tan claro porque no estoy inventando nada, de que hay un artículo, el 117, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República, y ellos ganan cuatro o cinco veces más de lo que yo gano. Que no vengan con demagogia, porque ya no es ese tiempo de que engañaban”, sostuvo.