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De acuerdo con el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, la democracia requiere una defensa colectiva, la cual implica el involucramiento de instituciones y ciudadanía.

Sus declaraciones llegan después de la movilización del pasado domingo, donde cerca de 500 mil personas se concentraron en el Zócalo de la Ciudad de México y otras plazas en 120 ciudades, para rechazar el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral.

En ese sentido, recordó que la sociedad mexicana debe estar dispuesta a defender las reglas democráticas de acceso al poder.

El consejero electoral ejemplificó la fortaleza del sistema electoral mexicano, resultado de ocho reformas electorales y cuyos pilares se encuentran en riesgo ante la posibilidad de que entre en vigor la reforma electoral.

“En suma, es una reforma peligrosísima para la viabilidad de la democracia por una simple y sencilla razón, porque por primera vez abre la puerta a que la organización de las elecciones sean un problema”, sostuvo.

Refirió que, si bien el cambio de seis leyes ya fue aprobado y sólo se espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor, el ‘Plan B’ afecta los cinco pilares en los que se ha construido el sistema democrático del país: autonomía e independencia de los órganos electorales, el Servicio Profesional Electoral, la estructura desconcentrada, el Padrón Electoral y las condiciones de equidad en la competencia.

Lorenzo Córdova mencionó que por ello el INE ha presentado y presentará más controversias constitucionales.

“Estamos recurriendo a la Suprema Corte y lo que vendrá será una batalla jurídica en la que el máximo tribunal del país se convierte en el último garante de la democracia y la Constitución en el país y, por tanto, está invocada a cumplir esa función”, señaló.

Córdova Vianello confió en que la Suprema Corte será un ancla de estabilidad política que puede y debe salvar el orden democrático y constitucional del país.

Al respecto, esta mañana el presidente López Obrador informó que será esta tarde, “a más tardar mañana” que se publique en el Diario Oficial de la Federación, el decreto del Plan B.

Al respecto, Ana Paula Ordorica conversa con Gerardo Carrasco, abogado especialista en amparo y litigio administrativo, sobre cómo los ministros de la SCJN serán los responsables de validar o no la reforma impulsada por el presidente.

Después de que el Senado aprobó el Plan B electoral de AMLO que pretende amordazar al INE mediante un recorte presupuestal draconiano vino la marcha del domingo 26 de febrero. Ya habló el presidente al enviar su iniciativa. Ya se pronunció el legislativo al aprobarle dicho Plan B al presidente, sin análisis y sin al menos molestarse en sustentar que no viola la Constitución. Ya se manifestaron cientos de miles de ciudadanos que abarrotaron el Zócalo de la CDMX y varios puntos más en el país y fuera. Ahora la pelota está en la cancha de la Suprema Corte.

Es ahí en donde los 11 ministros que la conforman tendrán la última palabra. Es necesario que 8 de ellos lo declaren inconstitucional para tumbar este intento presidencial de hacerse de todo el poder electoral. Otra manera de verlo es que con que cuatro ministros voten a favor de la constitucionalidad del Plan B, éste entra en vigor.

Ya sabemos que hay justo cuatro ministros que llegaron a la Suprema Corte por ser nominados por AMLO: Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. De entrada podemos descontar que Yasmín Esquivel votará en favor del Plan B, así que, sin ser alarmista, el futuro de la democracia en México está en las manos de tres ministros. Y hay que aclarar que no necesariamente tiene AMLO a estos otros 3 ministros en la bolsa.

Así fuera Andrés Manuel López Obrador un gran presidente, realmente preocupado por acabar con las desigualdades económicas; por combatir la corrupción; por lograr mejorar la educación; por atraer inversiones y por aumentar la calidad de vida de todos los mexicanos, es una aberración pensar que darle todo el poder electoral es una buena idea.

Andrés Manuel López Obrador detesta la libre competencia. Nunca, jamás ha reconocido UNA sola derrota. Ataca al INE en cada oportunidad que se le presenta pero sigue aplaudiendo cada vez que le reconocen una victoria. La más reciente fue la elección por la senaduría de Tamaulipas. El 19 de febrero se llevó a cabo la elección extraordinaria para elegir a quien concluirá el encargo de Faustino López quien murió en un accidente automovilístico en octubre del año pasado.

Las elecciones las ganó José Ramón Gómez Leal, de Morena y PT, con el 71% de los votos. Al día siguiente el presidente reconoció muy contento el triunfo en la conferencia mañanera. El mismo día de la concentración en defensa del INE, el 26 de febrero, fue la junta vocal del INE en Tamaulipas la que le entregó la constancia que lo acredita como Senador.

López Obrador ataca al INE un día sí y el otro también pero acepta cuando los resultados electorales le son favorables, empezando por su triunfo en el 2018. Tomando lo anterior en cuenta ¿es una buena idea dejar en sus manos la definición de las elecciones? ¿es buena idea cuando ha decidido tener dentro de su gobierno a Manuel Bartlett, padre de la caída del sistema?

La pelota para responder si el Plan B es constitucional o no y si por ello se convierte en la nueva regla o se desecha, está en la cancha de la Suprema Corte. ¿Qué escenarios hay para el actuar de la Corte? Lo platico con Gerardo Carrasco en el episodio de hoy de mi podcast Broojula que se puede escuchar desde el portal de este diario.

Apostilla: Otra promesa incumplida. “A la primera manifestación de 100 mil personas en contra, me voy a Palenque. Ni siquiera espero la revocación del mandato”. Eso dijo Andrés Manuel López Obrador hace dos años. Pues ya el domingo hasta el presidente reconoció que fueron, tan solo en la Ciudad de México, entre 80 y 100 mil manifestantes. ¿Y luego? Ahora hay que llenar el Zócalo 60 veces.

Columna completa en EL UNIVERSAL

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue con cambios en su estructura. El pasado lunes la ministra Norma Piña fue elegida para presidir la Corte; también se eligió al presidente de la Primera Sala, y hoy se eligió al presidente de la Segunda Sala.

La ministra Norma Piña presidió hoy su segunda sesión como presidenta de la Corte, donde  se eligió al Ministro Alberto Pérez Dayán como presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pérez Dayán fue elegido para el periodo 2023-2024, en sustitución de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien concluyó el cargo en diciembre pasado y quien no concretó su aspiración a encabezar la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.

El ministro contó con el voto unánime de los integrantes de la Sala, con lo que repite presidencia en la Segunda Sala, luego de que ejerciera dicho cargo en 2016.

Además, la Corte recordó que en la sesión del pasado lunes, los integrantes de la Primera Sala eligieron como presidente de dicha instancia al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para el periodo 2023-2024, en sustitución de la ministra Margarita Ríos Farjat.

Pardo Rebolledo tuvo el apoyo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Cabe destacar que Arturo Zaldívar no participó en dicha votación pues se encontraba inmerso en el proceso de entrega-recepción de la presidencia.

Al igual que Pérez Dayán, el ministro Pardo Rebolledo ya ha ostentado la presidencia de la Primera Sala. En 2012 fue elegido para un periodo de dos años.

La Primera Sala de la Corte se encarga de resolver las controversias constitucionales en materias Penal y Civil, mientras que la Segunda Sala resuelve los asuntos de materia Laboral y Administrativa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elige hoy a quien será su próximo presidente, luego de que concluyera el periodo del ministro Arturo Zaldívar al frente del Poder Judicial.

Para este lunes se tiene programa la sesión pública, donde los ministros emitirán su voto para decidir quien encabezará la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por los próximos cuatro años.

Cinco ministros han levantado la mano buscando suceder a Zaldívar, sin embargo, el proceso de elección se ha visto  envuelto por la polémica que ha desataco el presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien pese a las conclusiones de la propia UNAM, ha dicho que se mantiene firme su aspiración a ocupar dicho cargo.

Los otros cuatro Ministros que han manifestado su deseo de encabezar el Máximo Tribunal son: Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

La ceremonia donde los Ministros elegirán a su futuro presidente, dará inicio en punto de las 12 horas.

Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que quien llegue a presidir la Suprema Corte, debería ser unauna persona honesta, que aplique el Estado de derecho con dimensión social y que considere el interés público y ciudadano por encima de los intereses empresariales.

Por eso, dijo que su “corcholata” era imaginaria, negándose así a mencionar algún nombre en específico, aunque dijo, sí existen perfiles con dichas características actualmente en el país y en especial en el Poder Judicial

En tanto, por el lado de la oposición, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, indicó que la decisión de las y los ministros sobre quién presidirá la Suprema Corte deberá contribuir a fortalecerla y no a debilitarla, así como ayudar a cuidar la credibilidad y honorabilidad de la institución.

El líder panista expuso que más allá de personas y puestos, la decisión que deberán tomar las y los ministros debe generar un auténtico equilibrio de poderes, garantizar el absoluto respeto a la legalidad y la defensa de la Constitución.

Pasadas las 11 am, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó con la discusión de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la prisión preventiva oficiosa.

Al respecto, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no creía que los ministros de la Corte se “atrevieran” a eliminar la medida, pues dijo, dicha decisión sería completamente violatoria de la Constitución.

El mandatario explicó que la decisión sobre el tema le corresponde directamente al Poder Legislativo y no al Poder Judicial.

“No creo, eh, yo, la verdad, que se atrevan, porque es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya le correspondería al Legislativo. Y nosotros defendernos para que nos invadan, porque ya no sería la Suprema Corte de Justicia, sino el supremo poder conservador”, lanzó el presidente al ser consultado sobre el tema.

Indicó que en caso de que los ministros resuelvan cancelar la prisión preventiva, el Poder Legislativo tendría que actuar pues se estaría ante una invasión abierta a sus facultades, con lo que no se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes.

Sin embargo, y a pesar de sus planteamientos, AMLO pidió esperar a ver cómo resuelven los ministros de la Corte. Confió en que se hará un análisis detenido, por lo que pidió tenerles confianza a los ministros.

El presidente negó que haya hablado con el Ministro Arturo Zaldivar sobre el tema, asegurando que el Ejecutivo es respetuosos de la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, y del Poder Legislativo.

La semana pasada, en la mañanera del viernes, el subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que eliminar la medida podría repercutir en que aumenta la impunidad en el país.

Al explicar que la prisión preventiva oficiosa o automática pretendía proteger a la víctima y a su familia de su agresor, pues busca evitar que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga, dijo que la prisión preventiva pretende evitar la llamada ‘puerta giratoria’, que permite a los presuntos criminales salir en libertad, generando un impacto en la sociedad y una sensación de impunidad.

En ese sentido, advirtió que si se elimina la prisión preventiva, no solamente se volvería a la ‘puerta giratoria’, sino que 92 mil personas que hoy están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, se sumó al tema y al hacer  un repaso sobre como los medios de comunicación han abordado el tema en los últimos días, y como lo han hecho a lo largo de los años con otros gobiernos, acusó que ahora el debate no es la prisión preventiva, si no el presidente de la República.

El presidente peruano Pedro Castillo admitió ante el Parlamento que cometió errores al designar puestos claves y brindar su confianza a personas que se aprovecharon y burlaron de ella.

Este jueves cumple un año en el poder, por lo que asistió al Congreso para presentar un balance de actividades, esto mientras es blanco de diversas indagaciones por presuntos actos de corrupción.

Castillo habló ante los legisladores, que no le dejaron concluir su discurso en medio de gritos de “corrupto”, emitidos en su mayoría por el partido Fuerza Popular, cuya líder Keiko Fujimori perdió en un resultado ajustado contra Castillo en 2021.

La Fiscal General, Patricia Benavides, investiga a Castillo por cuatro casos de presunta corrupción, mientras otro fiscal lo hace por un supuesto plagio de su tesis hace una década. Se tiene la sospecha que el presidente sería líder de una red que recibía dinero de licitaciones de obras públicas. Castillo lo niega.

El exsecretario presidencial Bruno Pacheco, a quien la fiscalía halló 20,000 dólares en su oficina, se entregó hace poco a la policía, pero siguen prófugos su sobrino, Fray Vásquez, y su exministro de Transportes, Francisco Silva.

Castillo dijo que durante su primer año recibió “una bofetada en una mejilla” de quienes perdieron las elecciones presidenciales, pero que este segundo año “no voy a poner la otra mejilla, sino extenderle la mano para trabajar juntos”.

Agregó que se someterá a la justicia “para aclarar los delitos que se me pretende imputar con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática”.

En ese sentido, el mandatario se quejó de los medios de comunicación, que dijo, se encargan de que los peruanos se mantengan desinformados. “Los medios empeñados en desestabilizar el gobierno no les interesa difundir los logros, solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo acusado de corrupción sin ninguna prueba”, indicó.

Este discurso se parece al que ha utilizado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha elegido a los medios y a algunos periodistas como su adversarios.

Castillo salió del palacio al Congreso en auto y retornó a pie. Antes fue a la catedral de Lima. donde el arzobispo Carlos Castillo criticó la crisis política y la corrupción actual y dijo que era muy similar a la que Perú tuvo hace 201 años cuando dejó de ser colonia de España.

En su discurso Castillo no brindó ninguna explicación seria sobre las investigaciones que la fiscalía realiza en su contra. En el pasado ha señalado que no le hallarán pruebas y que si logran demostrar que robó dinero al fisco él mismo se condenará a cadena perpetua y se someterá a la justicia campesina, que castiga a los ladrones con azotes.

Su popularidad, que nunca fue alta, empezó con 38% hace un año, pero ahora está en 19%, según una encuesta de junio del Instituto de Estudios Peruanos. La mayoría de promesas con las que accedió al poder no se han cumplido.

Analistas se han centrado en las últimas semanas en un debate sobre si Castillo es un político de de izquierda, derecha o si se acomoda al vaivén de las circunstancias.

Conservador en temas sociales y con nula experiencia de gestión pública, Castillo ingresó al poder de la mano del partido marxista Perú Libre, pero tuvo entre sus cuatro primeros ministros a uno de extrema derecha que duró pocos días y renunció luego que la prensa descubrió que tenía denuncias de violencia contra su esposa e hija.

Por los 19 ministerios de su gabinete han pasado 59 secretarios en un año, estableciendo una marca nacional y mostrándolo como poco cuidadoso al tomar decisiones. Los peruanos de las zonas remotas consideran que el Parlamento no lo deja gobernar. El Congreso intentó destituirlo en dos ocasiones y lo aceptó como mandatario a regañadientes. Apenas iniciada sus funciones creó una comisión para investigar si había ganado con fraude, una acusación que fue desmentida por una misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Suprema Corte de Justicia de México (SCJ) avaló puntos clave de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y avalada por el Congreso el año pasado. Sin embargo, no reunió el apoyo suficiente para evitar impugnaciones a la norma.

En uno de los temas de mayor interés para el mandatario, el máximo tribunal falló que los cambios en el orden del despacho establecidos en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) son constitucionales, una medida que favorece a la CFE, pero que ha sido duramente criticada por empresas y gobiernos de países socios de México, como Estados Unidos.

La nueva LIE, establece que la CFE tendrá prioridad para subir su energía a la red, modificando el orden del despacho previo, basado en un criterio económico que favorecía la generación de renovables por ser menos costosa.

La ley establece que se deberá privilegiar el despacho de hidroeléctricas, seguido por otras plantas de la CFE, luego la producida por centrales eólicas y solares de empresas privadas y al final la energía de ciclo combinado de particulares.

La Corte validó también la posibilidad de revisar, renegociar o terminar contratos con productores independientes de energía, convenios que el gobierno de AMLO ha acusado de “leoninos” para la CFE argumentando que dañan las finanzas de la estatal y favorecen a empresas privadas.

Pese al resultado, la votación en la Suprema Corte de una impugnación interpuesta por senadores, estuvo muy cerca de resultar negativa para el mandatario, pues el proyecto en su conjunto obtuvo siete de los ocho votos necesarios para ser desechado y solo cuatro que lo avalaron, suficientes para dejar vigentes los cambios a la LIE.

La nueva LIE no ha entrado en pleno vigor pues ha sido frenada en tribunales. Lo sucedido no evitaría que nuevos amparos lleguen a los juzgados, donde ganarían por mayoría simple. Y es que al no haberse alcanzado los votos para desechar la reforma en su totalidad, continuarán las impugnaciones a la aplicación de la LIE.

En Broojula, Ana Paula Ordorica y la abogada Ana Laura Magaloni nos ayudan a entender qué fue lo que se resolvió ayer en la Corte.

Mientras la Corte se posicionaba sobre la LIE, la iniciativa eléctrica enviada por López Obrador a la Cámara de Diputados se discute en la Cámara de Diputados, la cual se espera que sea votada la próxima semana. Dicha iniciativa contiene básicamente los mismos cambios ya aprobados en la LIE, pero el mandatario decidió enviarla para modificar la Constitución tras los problemas para poner en marcha la nueva LIE.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló esta tarde que los cambios al despacho eléctrico de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) del 2021, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y avalados por el Congreso, son constitucionales.

El pleno del máximo tribunal tomó la decisión tras debatir las impugnación a la reforma de la LIE, aprobada en marzo del año pasado, que ha sido detenida en tribunales y fuertemente criticada por las empresas del sector y gobiernos de países como Estados Unidos.

La discusión comenzó el pasado martes y se extendió hasta este jueves. Los magistrados que coincidieron en declarar la constitucionalidad la obligación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de mantener la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la posibilidad de agrupación de empresas para solicitar interconexión fueron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mossa, la ponente Loretta Ortiz Ahlf y el ministro presidente Arturo Zaldívar.

Con esto, la CFE se beneficiará en el despacho de energía. Sin embargo, al no haberse hecho ningún pronunciamiento, y solo haberse frenado la declaratoria de inconstitucionalidad de la prevalencia de la CFE en la producción y comercialización de energía eléctrica por encima de las empresas del sector privado, se abre el camino para presentar nuevos amparos relacionados a esta ley.

Los otros siete magistrados señalaron que lo impugnado era inconstitucional ya que violaba el principio de libre competencia y el derecho al medio ambiente fue frenada definitivamente.

El análisis en el Pleno aún continúa, ya que se discuten otras dos impugnaciones relacionas a la compatibilidad de la reforma con tratados internacionales en materia ambiental y económica; el mecanismo del certificado de energías limpias; la revocación y revisión de permisos; los criterios del SEN; las tarifas para los usuarios finales y los principios del SEN.

En el marco de la resolución de la Corte, el Laboratorio de Energías Renovables (NREL) del Departamento de Energía de Estados Unidos defendió la participación del sector privado en la generación de energías limpias en México y advirtió de los riesgos de una reforma legal que altere el sistema actual.

“La inversión del sector privado es fundamental para que México logre sus objetivos de energía limpia. Sin embargo, las inversiones necesarias tendrán dificultades si se realizan cambios en los marcos legales del actual mercado eléctrico”, afirmó el NREL en un informe.

El laboratorio de investigación, adscrito al Departamento de Energía, concluyó que México puede convertirse en “una potencia de energía limpia” debido a sus grandes recursos solares y eólicos todavía sin explotar.

Según sus cálculos, nuestro país tiene potencial para generar 25,000 gigavatios (GW) en energía solar, de 3,700 GW en energía eólica, de 2.5 GW en geotermia y de 1.2 GW en hidroeléctrica, lo que satisfaría 100 veces las necesidades eléctricas de México.

Aseguró que “con suficiente inversión del sector privado”, México podría aprovechar rápidamente este potencial y cumplir con su meta de alcanzar el 35 % de generación de energía limpia para 2024.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este martes el análisis sobre la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Los 11 ministros de la Suprema Corte fallarán sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros del Senado de la oposición, la Comisión Federal de Electricidad (Cofece) y el estado de Colima, respectivamente.

Los proyectos de sentencia han sido elaborados por la ministra Loretta Ortiz, que ha sido acusada de conflicto de interés, pues además de haber sido nombrada por el propio López Obrador, en el pasado, cuando era legisladora del Partido del Trabajo (PT), se pronunció en contra de abrir el sector a la inversión privada.

Al respecto, esta mañana el presidente López Obrador dijo que “va a ayudar mucho” si en la Suprema Corte se considera constitucional la Ley de la Industria Eléctrica. “La ley no es inconstitucional, de eso no hay duda”, insistió el presidente.

Al mencionar que sería un avance si se declara constitucional esta Ley de la Industria Eléctrica, López Obrador recordó que ésta no contempla, por ejemplo, el tema del la nacionalización del litio.

Recordemos que la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada en marzo de 2021 en el Legislativo, elimina el criterio económico para despachar así primero las plantas de combustibles fósiles de la CFE sobre las privadas de renovables, revisa de forma retroactiva los contratos, cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL’s) para darlos a plantas viejas de la CFE y revoca permisos de autoabastecimiento, entre otros puntos.

Los proyectos de Loretta Otriz han causado incertidumbre porque solo se requieren los votos de cuatro de los 11 ministros del pleno para validar la constitucionalidad de la reforma legal, que es similar a la reforma constitucional que ahora discute la Cámara de Diputados.

En ese sentido, habría que tomar en cuenta que López Obrador ha nombrado a cuatro de los actuales integrantes de la Suprema Corte, además de mostrarse cercano a su presidente, Arturo Zaldívar, por lo cual, se está ante una alta probabilidad de que sea declarada constitucional.

La Suprema Corte postergó este lunes un fallo definitivo sobre el caso de la muerte del hermano del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, quien acusa a su familia política por su muerte, y luego de que se filtraran audios en los que presume del apoyo de algunos ministros de la SCJN.

La Corte pidió más tiempo para analizar el fondo del caso, en el que Gertz Manero acusa a su cuñada, Laura Morán, de “homicidio doloso de concubino” y a la hija de ella, Alejandra Cuevas, que está presa, de “comisión por omisión accesoria” por la muerte de su hermano Federico en 2015.

El pleno votó 10 a 1 contra el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien otorgaba un amparo a Cuevas, pero no le concedía la libertad inmediata, sino que ordenaba al Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México retomar el caso para un nuevo fallo.

Todos los ministros menos Pérez Dayán respaldaron la postura del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, de presentar un nuevo proyecto para “resolver el fondo del asunto, en definitiva”, por lo que ahora evaluarán las pruebas y se pronunciarán sobre la libertad de Cuevas, presa desde octubre de 2020.

“Debemos resolver el fondo del asunto con un estudio donde analicemos todas las pruebas y podamos llegar a la conclusión en la que cada uno de nosotros podamos estar”, comentó Zaldívar, quien hace cuatro meses propuso al pleno atraer el caso por su relevancia.
Sin embargo, algunos especialistas como Leticia Bonifaz, han señalado que lo resuelto por la Corte es una buena señal sobre el caso, ya que pese a no admitir el proyecto, todos los ministros ya se pronunciaron y van por otorgar un amparo liso y llano que la deje en libertad a Cuevas.

Explicó que si ganaba el proyecto de hoy, el caso regresaba al colegiado y Alejandro Gertz podía volver a impugnar; sin embargo, se espera que el nuevo proyecto sea solo un paso más para que la acusaba quede en libertad.

Gertz Manero, quien ha recibido el apoyo público en reiteradas ocasiones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció la autenticidad de los audio filtrados hace unos días, y en lugar de intentar explicar lo que en ellos se le escuchaba decir, denunció “una extorsión mediática” que busca “tumbarlo” de la Fiscalía General de la República (FGR).

La familia de Morán y Cuevas acusa a Gertz Manero de utilizar la FGR, desde que asumió el cargo en 2019, para perseguir a las mujeres, a las que acusa de matar a su hermano por “negligencia” porque, según él, no hicieron lo posible para mantenerlo vivo en 2015 cuando estaba enfermo.

Los ministros de la Suprema Corte no abordaron en el pleno este señalamiento, pero cinco de ellos adelantaron que votarán “por un amparo liso y llano” para Cuevas para “su liberación inmediata”. Quienes se pronunciaron por la liberación coincidieron en vicios de forma, falta de exhaustividad y falta de fundamentación sobre la responsabilidad de Cuevas.

“No encuentro prueba alguna que resulte idónea para acreditar la existencia de una omisión de cuidado por parte de la quejosa (Cuevas)”, argumentó el ministro Juan Luis González Alcántara.

El proyecto a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que proponía modificar la pregunta que aparecerá en las papeletas de la consulta de Revocación de Mandato, que se tiene prevista para el próximo 10 de abril, fue rechazado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así, la pregunta quedará como originalmente la redactó el Congreso de la Unión. Actualmente, la pregunta aprobada dice: “¿Estás de acuerdo en que (NOMBRE) Presidente (a) de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por la pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Durante la sesión de este martes, que se retomó luego de ayer se suspendiera debido a un problema en los ductos y aire acondicionado de la sala, el Pleno de la SCJN, los ministros que no alcanzaron a manifestarse dieron a conocer su posicionamiento.

El proyecto que se presentó y analizó,  señalaba que no está previsto en la Constitución que el ejercicio fuera una consulta de ratificación de mandato, lo cual quedaba de manifiesto en la segunda parte de la pregunta. Por ello se buscaba modificar la pregunta y eliminarse la parte correspondiente.

Los ministros que votaron para modificar la pregunta y eliminar la parte “o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”, fueron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Morales, Norma Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

En tanto los ministros que votaron en contra del proyecto fueron: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y el ministro presidente, Arturo Zaldívar. Fueron 5 votos los que se opusieron a la modificación.

El ministro presidente dijo en su posicionamiento que el proceso de revocación de mandato comenzó desde octubre del año pasado, por lo que “no podemos cambiar la pregunta a la mitad del camino”. Además, dijo que el proyecto presentado partía de “premisas equivocadas y de una interpretación errónea de los preceptos impugnados”.

“A mí me parece que la pregunta es constitucionalmente válida, lo único que hace es explicitar las dos opciones posibles. No desnaturaliza la revocación de mandato, mucho menos afecta un precepto constitucional en lo particular, ni siquiera principios que nosotros podríamos construir o desprender de la Constitución, pero además que clarifica de mejor manera cuáles son las opciones de la ciudadanía”, dijo Zaldívar.

Los integrantes de la terna que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado para ocupar la vacante que dejará el ministro Fernando Franco en la Suprema Corte de Justicia, comparecen este viernes ante la Comisión de Justicia del Senado.

El primero en comparecer será Bernardo Bátiz, quien abrió las comparecencias a las 12 del día. Bátiz es actual consejero del Consejo de la Judicatura Federal. En el 2000 fue designado por el entonces Jefe de Gobierno, ahora Presidente de la República, como Procurador de Justicia del Distrito Federal. Desde entonces, es un perfil sumamente ligado a López Obrador.

La segunda en ser recibida por los legisladores fue Eva Verónica de Gyvés. También es actual consejera del Consejo de la Judicatura Federal. En su trayectoria destaca que ha sido defensora de oficio adscrita a Juzgados de Paz y Penales, de la Coordinación General Jurídica del entonces Departamento del Distrito Federal hasta Magistrada de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

La ronda de comparecencia finalizó con Loretta Ortiz. También consejera del Consejo de la Judicatura Federal cuenta entre sus credenciales el haber sido integrante del Grupo Redactor de la Constitución de la Ciudad de México entre 2016 y 2017; diputada Federal, consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y consejera Legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Cabe señalar que tanto Verónica de Gyvés, como Loretta Ortiz ya han sido propuestas por el presidente en ocasiones previas para llegar a la Suprema Corte, aunque ninguna obtenido el respaldo de los senadores. Este aspecto toma relevancia, pues en un inicio se indicó que el presidente presentaría una terna compuesta exclusivamente por mujeres, con el fin de sea una mujer quien llegue a la Suprema Corte y así contribuir a tener paridad en el Pleno.

“Una terna mixta atenta contra el principio constitucional de paridad de género y el principio de igualdad y no discriminación. Dada la actual composición del pleno de la SCJN, esto podría impedir avanzar en una mayor representación y participación política de las mujeres”, advirtió México Evalúa.

Una característica fundamental para quienes asumen un lugar en el máximo órgano de justicia es el ser y parecer independientes, es decir, no contar con relaciones o compromisos que pongan en entredicho su imparcialidad y el ejercicio libre de su mandato; por ello que diversos analistas han señalado que la terna tiene perfiles con mostrada cercanía con el poder ejecutivo federal y que se desempeñan como consejeros de la judicatura, lo cual genera riesgos para la independencia de la SCJN.

Es la cuarta ocasión que el presidente López Obrador envía una terna para una persona ministra de la SCJN.

Las comparecencias servirán para que los senadores en comisiones determinen si los perfiles cuentan con los requisitos de elegibilidad, y en caso de hacerlo, se pondrán a consideración del Pleno. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, en un plazo no mayor a treinta días.

Los ministros de Salud y Economía del G20 se comprometieron hoy a vacunar al 70% de la población mundial para mediados de 2022, con la intención de tratar de controlar la pandemia de coronavirus e impulsar una recuperación económica duradera.

Así lo afirmaron en un comunicado final, en el que destacaron la importancia de avanzar hacia los objetivos globales de vacunar al menos al 40% de la población en todos los países para fines de 2021 y al 70% para mediados de 2022 e impulsar el suministro de vacunas y productos e insumos médicos esenciales en los países en desarrollo, así como eliminar el suministro y limitaciones de financiación.

El ministro italiano de Sanidad, Roberto Speranza, explicó en declaraciones a los medios que hubo un compromiso fuerte y conjunto de los ministros de Economía y de Salud para fortalecer las inversiones en el sector sanitario.

“La lección de la COVID-19 nos indica que debemos invertir con más valentía en los servicios de salud de nuestros países. La salud ya no puede ser considerada un coste, sino una inversión en la calidad de la gente”, añadió.

Los ministros de Economía y Salud se reunieron hoy en Roma, en la primera cita conjunta bajo la presidencia italiana de turno del G20, para demostrar que ambas materias están y deben seguir estando estrechamente relacionadas para afrontar las futuras emergencias sanitarias penalizando lo menos posible a las economías.

Lo hicieron en la víspera de la gran cumbre de líderes del G20 que se celebrará entre mañana y hasta el domingo, y a la que asistirán, entre otros, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de Argentina, Alberto Fernández, de Brasil, Jair Bolsonaro, de Francia, Emmanuel Macron, la canciller Angela Merkel y el candidato del Partido Socialdemócrata (SPD) a sucederla, Olaf Scholz.

Los ministros de Salud tuvieron su reunión del G20 en septiembre y los de Economía han celebrado cuatro durante este año.

En esta cita conjunta, reconocieron que la pandemia dejó al descubierto carencias en los sistemas de salud que es prioritario atender con mayores inversiones, pero también apostaron por fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro, para aumentar la distribución y administración de vacunas, y la capacidad de fabricación local y regional en los países de ingresos bajos y medianos.

Reconocieron que la aceleración de las vacunaciones en todo el mundo sigue siendo la piedra angular de la recuperación económica, por lo que pidieron a los bancos multilaterales de desarrollo que trabajen junto con COVAX para continuar apoyando la adquisición y entrega de vacunas.

“La recuperación económica sigue siendo muy divergente entre los países y dentro de ellos, lo que afecta más gravemente a las economías emergentes y en desarrollo y a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los hogares más pobres, las mujeres y las niñas, las personas con discapacidad, los ancianos y los niños”, lamentaron.

El G20 de Salud y Economía también decidió crear un grupo de trabajo conjunto que tratará de mejorar el diálogo y la cooperación mundial sobre la gestión de futuras emergencias sanitarias y la administración efectiva de recursos.

La intención es que se reúna a finales de 2021 para acordar una hoja de ruta y que cuente con la asistencia de una secretaría ubicada en la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el apoyo del Banco Mundial.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AMLO) admitió esta tarde a trámite la demanda que presentó el Congreso de Tamaulipas, por el que impugnó la resolución de la Cámara de Diputados que aprobó el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Por mayoría de votos, los ministros avalaron el proyecto a cargo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández para dar la razón a la Fiscalía General de la República (FGR), que pidió a la Corte pronunciarse sobre la inmunidad constitucional del gobernador.

“Es fundado el agravio de la Fiscalía en cuanto a que la improcedencia de la controversia no es ni notoria ni manifiesta, por lo que se revoca el auto recurrido y se ordena al Ministro instructor admitir la demanda de controversia constitucional, salvo que advirtiere un diverso motivo de improcedencia notorio y manifiesto”, concluye.

Recordemos que la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas fue desechada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, bajo el argumento de que el gobernador goza de fuero y que su competencia no fue invadida por la Cámara de Diputados.

Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación, en el que sostuvo que el ministro se entrometió y extralimitó al hacer un análisis anticipado de la investigación abierta contra el gobernador de Tamaulipas.

En más sobre Cabeza de Vaca, se informó que el juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas ordenó mantener, por tiempo indefinido, congeladas las cuentas bancarias del gobernador.

La decisión del juez llegó luego de que concluyera que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acreditó que el bloqueo derivó de una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Se advierte que el bloqueo de las cuentas bancarias de la quejosa, deriva de una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera, de 4 de mayo de 2021”, resolvió el juez, por lo que liberar la cuentas contravendría disposiciones de orden público, pues el bloqueo deriva de una obligación contraída por México con un gobierno extranjero.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reconoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

“Esta decisión preserva la democracia y división de poderes, y hace valer el marco jurídico que le da certeza y legalidad a nuestro sistema electoral”, expresó Córdova Vianello a través de su cuenta de  Twitter.

Por su parte el consejo Ciro Murayama, indicó que la declaratoria de inconstitucionalidad restablece el Estado de Derecho; afirmó que el Instituto estará listo para organizar las elecciones en Baja California en 2021, junto con las otras 14 que renovarán las gubernaturas.

Jaime Rivera, consejero del INE, también avaló la decisión del máximo tribunal del país y afirmó que se fortalecen dos pilares del sistema democrático: la certeza y la legalidad.

Recordemos que este lunes, los 11 ministros de la Corte afirmaron que la reforma que promovía la ampliación del mandato de Bonilla, fue un fraude a la Constitución, que vulneró los principios de certeza jurídica y electoral.

Con dicha decisión, el mandato de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California sólo será de dos años, tal y como lo decidieron los ciudadanos en las urnas.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad, el proyecto del ministro Fernando Franco, que declara como inconstitucional la llamada ‘Ley Bonilla’, por la que el gobernador de Baja California extendería su mandato por 5 años.

El proyecto del ministro Franco reconocía las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos partidos políticos y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); al haber sido adoptado, Bonilla solo estará al frente del gobierno de Baja California por dos años.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sostuvo que la ‘Ley Bonilla’ resulta a todas luces inconstitucional.

“La pregunta inequívoca que se presenta ante nosotros es, pues, si resulta constitucional la ampliación del período para el cual fue electo el gobernador de Baja California, a través de una reforma a la Constitución Local aprobada con posterioridad a la culminación del proceso electoral. La respuesta es a todas luces negativa”, indicó.

Apuntó que el Congreso local perpetuó un fraude a la Constitución; y llamó a que se respete el resultado de la elección, pues es la voluntad popular la que está ahí expresada.

“Es un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático. El congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco”, dijo el ministro presidente.

Incluso los ministros afines al gobierno federal, como Yasmín Esquivel, reconocieron que aceptar la ampliación de mandato podría abrir la puerta a para futuros “caprichos” que atenten contra la Constitución.

“Esto daría pauta a caprichos e intereses de todo tipo, de aquellos que desean vulnerar la Constitución. Ningún poder puede extralimitarse en sus facultades. Legalidad sí, siempre y cuando se respete la voluntad popular”, dijo la ministra nombrada en este gobierno.

Margarita Ríos-Farjat, excolaboradora del gobierno federal, y ahora ministra de la Corte, dijo que la Ley Bonilla no sólo contraviene principios constitucionales, sino que pone en evidencia la falta de compromiso con la Constitución de Baja California y la Constitución federal. “Se debe preservar la confianza en los procesos, en el voto, la confianza en la democracia”.