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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de “pasquín inmundo” al periódico estadounidense The New York Times (NYT), al revelar que fue contactado por un reportaje que prepara sobre presuntos pagos del narcotráfico que recibió su campaña electoral de 2018.

“Es una vergüenza, no cabe duda de que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el New York Times”, manifestó el mandatario en su conferencia matutina.

AMLO exhibió una carta de la corresponsal en México, Natalie Kitroeff, en el que se incluía su número telefónico, el cual no dudó en ventilar pese al riesgo que eso conlleva; así como el cuestionario que se le remitió sobre los supuestos sobornos que habría recibido su campaña de parte del Cártel de Sinaloa y del Cártel de los Zetas.

López Obrador sostuvo que el reportaje, aún no publicado, es en represalia por las críticas que hizo contra el medio neoyorquino en una entrevista difundida esta semana con la periodista rusa Inna Afinogenova de Canal Red, cuya plataforma está vinculada al exlíder de Podemos, el español Pablo Iglesias.

“No les gustó porque ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús (Ramírez, vocero de la Presidencia) un cuestionario, pero un tono que ahora lo van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA (Agencia Antidrogas)”, dijo el mandatario.

Según el texto de Kitroeff, el periódico accedió a documentos y entrevistas en las que un informante contó que “uno de los confidentes más cercanos del presidente”, sin revelar hasta ahora el nombre, se reunió con Ismael Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa previo a las elecciones de 2018.

Otra fuente afirmó que tras la victoria de López Obrador, uno de los fundadores del Cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos aliados del mandatario con la esperanza de salir de prisión.

Mientras que un tercero aseguró a los investigadores estadounidenses que los cárteles tenían videos que exhibían a los hijos del presidente mientras recibían dinero del crimen organizado.

La periodista indicó que Washington cerró la investigación porque “podría provocar un conflicto diplomático con México”, en particular tras el roce del Gobierno de López Obrador con el de Donald Trump (2017-2021) por el arresto en octubre de 2020 del exjefe del Ejército, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico.

“O sea, nos tuvieron miedo porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente falso. ‘¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre esta investigación reciente?’ No, porque es falso”, comentó el mandatario.

La investigación se suma a la de ProPublica, que el mes pasado publicó que la DEA indagó una supuesta “evidencia sustancial” de que el Cártel de Sinaloa aportó 2 millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador en 2006, la cual perdió contra Felipe Calderón.

Al igual que entonces, el mandatario pidió que “el Gobierno de Estados Unidos exprese algo” al respecto, aunque dijo que “de ninguna manera” este tipo de investigaciones pueden afectar las relaciones bilaterales.

La divulgación de la nota que la periodista remitió al Presidente, rápidamente fue tomado como un intento de ‘quemar’ la nota que el diario estadounidense publicará; una especie de control de daños anticipado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó las conversaciones que sostuvieron cuatro obispos de la Iglesia Católica con integrantes de grupos delictivos en un intento por frenar la ola de violencia que golpea a Guerrero.

En los diálogos participó el obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, quien dijo a medios locales que buscaron el acercamiento para tratar de lograr la paz en Guerrero.

Al ser consultado sobre la iniciativa el mandatario afirmó que veía “muy bien” los diálogos, pero dejó claro que esas conversaciones no deben implicar “acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar”.

“Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado, eso debe quedar muy claro”, afirmó el mandatario en su conferencia matutina que realizó ayer desde Acapulco.

González Hernández sugirió que la iniciativa había sido aprobada, al menos implícitamente, por el papa Francisco durante una reunión con obispos el año pasado.

López Obrador reconoció que no es la primera vez que religiosos mantienen este tipo de conversaciones e indicó que ya lo habían hecho en el vecino estado de Michoacán. “Siempre los sacerdotes, los pastores, integrantes de todas las iglesias participan y ayudan a la pacificación del país”, señaló.

La Iglesia también ha sufrido el impacto de la violencia con el asesinato de sacerdotes y ha tenido que recurrir a las fuerzas militares y policiales para que sus clérigos puedan ingresar escoltados a comunidades azotadas por criminales.

González Hernández expresó que las conversaciones fracasaron porque los cárteles y las bandas de narcotraficantes “pidieron una tregua, pero con condiciones”. Al ser consultado sobre cuáles eran esas condiciones, el obispo respondió “territorios”.

En medio de la ola de violencia que se registra en Guerrero, en Taxco se registró ayer el robo a un comercio que derivó en un enfrentamiento entre los presuntos asaltantes y las autoridades, que dejó como saldo un atacante fallecido y dos lesionados, entre ellos un funcionario de seguridad.

Cuando los supuestos delincuentes huían en una motocicleta se encontraron con la camioneta en la que viajaba el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, y se dio una persecución y enfrentamiento armado entre los escoltas del funcionario y los asaltantes, según fuentes del gobierno local. El alcalde resultó ileso en el incidente.

El obispo emérito Salvador Rangel dijo a la agencia The Associated Press (AP) que fue informado de los diálogos por los religiosos que participaron en la iniciativa y señaló que además de González Hernández en las conversaciones también intervinieron los obispos de las diócesis de Ciudad Altamirano, Tlapa y el arzobispo de Acapulco.

Rangel indicó que aunque en los acercamientos “no llegaron a ninguna conclusión” debido a que uno de los grupos delictivos “no quiere ceder nada”, la iniciativa fue positiva para lograr un “enfriamiento de las cosas”.

“Yo creo que todo intento para buscar la paz y la concordia es válido. El diálogo es un instrumento, vamos a decir, precioso, de oro, es un instrumento internacional que se puede utilizar”, dijo el obispo emérito tras reconocer que cuando estuvo hasta 2022 frente de la diócesis de Chilpancingo, capital de Guerrero, también tuvo acercamientos con los grupos delictivos para contener la violencia en esa región.

Luego de que se diera a conocer el reportaje que refería una supuesta financiación del narco a su campaña presidencial de 2006, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha enfocado en atacar y descalificar la investigación, a la que calificó de calumnia.

El presidente ha atacado de forma directa a Tim Golden, autor de la investigación, a quien ha se ha referido casi todos los días en la última semana, llamándolo “mercenario de la DEA” o peón del Departamento del Estado.

“Para mi, deberían de darle el premio a la calumnia,” dijo AMLO sobe Golden, en birla a que el periodista ha recibido el Premio Pulitzer dos veces.

Incluso López Obrador lanzó un reto el miércoles pasado a Golden a que fuera al Palacio Nacional para contestar a preguntas sobre qué lo llevó a realizar el reportaje, al grado que sugirió que le habrían pagado.

ProPublica publicó este viernes una respuesta al presidente López Obrador, en la que además de contestar al reto del mandatario, hizo algunas precisiones sobre la investigación.

“Aunque quizás Golden disfrutaría el debate, no va a aparecer en la mañanera (…) ProPublica hablaría con López Obrador como con cualquier otro jefe de estado, no para un episodio del segmento de la mañanera que él titula “Quién es quién en las mentiras?”, dejó en claro el medio estadounidense.

Explicó que antes de la publicación del reportaje, Golden contactó al vocero del presidente, Jesús Ramírez, más de una semana antes de la publicación, a quien le proporcionaron un resumen detallado de las conclusiones del reportaje y una serie de preguntas para así poder incluir la perspectiva de López Obrador.

“Después de varias solicitudes, el vocero prometió una respuesta, pero nunca la recibimos”, aclaró el medio.

ProPublica aclaró que el reportaje que publicaron se basó en entrevistas con funcionarios actuales y antiguos y la revisión de documentos oficiales. Sobre las críticas que han recibido por indagar una acusación de corrupción que se remonta al 2006, respondieron que el interés fue pues es un caso ejemplar de las presiones contradictorias que enfrentan los funcionarios estadounidenses cuando se enteran de la posible corrupción en México.

“Mientras algunos funcionarios estadounidenses creen que el combate a la corrupción debería de ser una responsabilidad mexicana, otros notan que la colaboración oficial ha sido un elemento clave (además de la porosa frontera de 2,000 millas y el vasto mercado ilícito de la droga en los Estados Unidos) que ha alimentado su surgimiento como una fuerza global del crimen”, apuntó.

Negó que se trate de una filtración orquestada, y aseguró que los funcionarios de la administración Biden con quienes hablaron manifestaron su molestia por la publicación, pues “una disputa con un presidente mexicano, mucho menos cualquier amenaza de conflicto en el frente de la inmigración, no es el telón de fondo que quisieran ver para una elección presidencial en 2024”.

Así, ProPublica sostuvo que los ataques de López Obrador desde el podio de Palacio Nacional desde que salió a la luz su investigación, han sido “personales e insultantes”.

“La táctica de atacar a los reporteros que revelan verdades incómodas es tan vieja como la democracia misma (…) Los políticos como López Obrador ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieren de un reportero y después dar un paso atrás mientras ejércitos de bots y amigos amplifican el mensaje a través de Internet”, resaltó.

¿Qué hay detrás dela investigación? En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Tim Golden, autor de la investigación de ProPublica, sobre su trabajo y las reacciones que ha generado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retomó este jueves el tema reportaje que lo vincula con el Cartel de Sinaloa y exigió una disculpa del Gobierno de Estados Unidos por el reportaje a cuyo autor, el periodista Tim Golden, considera un “mercenario” de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA).

“Yo lo que quiero es que el Gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política y, si no tienen pruebas, tienen que disculparse”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador opinó que a Golden, ganador del Premio Pulitzer, “deberían darle el premio a la calumnia” por publicar en ProPublica que la DEA investigó una supuesta “evidencia sustancial” de que el Cartel de Sinaloa aportó 2 millones de dólares a su campaña presidencial de 2006.

López Obrador lo acusó de “calumniar impunemente” por “hacer un reportaje sin presentar pruebas”, pero sugirió que detrás de él hay funcionarios de Estados Unidos motivados por las elecciones presidenciales de 2024 en ambos países.

“Él es un peón, un mercenario del periodismo, como los hay en México, los hay en Estados Unidos y en todo el mundo, esto tiene que ver con el Departamento de Estado, porque tampoco es la DEA así en abstracto. ¿Qué no tienen información en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia?”, expresó.

El mandatario, acusado por la oposición de ser cercano al Cartel de Sinaloa, algo que aseguran quedó evidenciado cuando saludó a la madre de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y por sus constantes visitas a Badiraguato, advirtió que el reportaje afecta los diálogos con Washington sobre migración y narcotráfico.

Por su parte el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó ayer que la investigación de la DEA sobre la campaña del 2006 concluyó hace 13 años, pero López Obrador consideró insuficiente esta aclaración.

“Ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara alguien que está el cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada, sí, pero esa es una cuestión informal, y yo no acepto eso”, reclamó el presidente.

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo, expresó este miércoles que hay temas de inseguridad que deben atenderse rumbo a los comicios del 2 de junio, aunque dijo que no puede asegurarse que habrá una “narco-elección”, como lo asegurara el Tribunal Electoral.

“Yo no tengo datos para afirmar que pueda haber una narco-elección”, dijo Castillo en una conferencia de prensa cuestionado por las declaraciones del magistrado Felipe de la Mata del Tribunal Electoral, quien señaló el peligro de que el crimen organizado intervenga en el proceso.

“Inseguridad hay en todo el país, sin duda alguna, hay que atenderlo, todas las autoridades involucradas, pero yo personalmente no tengo datos para afirmar que existe una ‘narco-elección’, hay temas de inseguridad que hay que atender, sin duda alguna”, añadió el consejero electoral.

A inicios de semana, el magistrado Felipe de la Mata expresó que tenía temor de pensar en elecciones dominadas por el narcotráfico.

“Lo que me da miedo es pensar que puede haber un país donde las elecciones son dominadas por el narco, eso sí me da miedo, se los digo muy en serio, no está pasando ahorita, no está pasando en todo el país, pero empiezan a vislumbrarse elementos”, advirtió De la Mata en una conferencia.

La polémica tomó fuerza luego de la investigación de ProPublica, basado en fuentes de la Agencia de Control Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, que señala que el Cártel de Sinaloa presuntamente aportó 2 millones de dólares a la campaña electoral del ahora presidente López Obrador en 2006.

El presidente calificó este miércoles como una “calumnia” el artículo y pidió que la DEA aclare si tiene pruebas de dichos señalamientos.

Por si parte la candidata del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, llamó a López Obrador a denunciar en Estados Unidos el reportaje sobre el presunto dinero del narcotráfico que recibió, pues dijo, “es una acusación muy grave en contra del jefe del Estado mexicano”.

Además, Gálvez afirmó que “la participación de la delincuencia organizada en las elecciones ha sido permanente”.

En cuanto al tema de la inseguridad, el consejero del INE precisó que en el organismo autónomo están preocupados por el crimen, que podría incidir en las elecciones del 2 de junio, las más grandes en la historia del país.

“Estamos haciendo una coordinación más intensa con las autoridades de seguridad, pero no podemos hacer más allá en materia de seguridad porque no es competencia nuestra y el hecho de que el INE se involucrara en materia de seguridad pondría en riesgo la misma organización de la elección”, consideró.

La precandidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pidió este miércoles al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunciar en Estados Unidos el reportaje sobre el presunto dinero del narcotráfico que recibió en su campaña en 2006.

“Es una acusación muy grave en contra del jefe del Estado mexicano”, dijo Gálvez durante su tercera ‘Conferencia de la Verdad’, ejercicio que arrancó esta semana y con el que busca contrarrestar las llamadas ‘mañaneras’ del presidente López Obrador.

“Esta mañana el presidente dijo que es una calumnia y me parece que el presidente está obligado a presentar una denuncia en Estados Unidos porque estar acusando al jefe del Estado mexicano es muy delicada esta situación”, precisó la senadora con licencia.

Esto en referencia al artículo publicado el martes por el periodista Tim Golden en el medio estadounidense ProPublica, en el que reveló que agentes antidrogas de Washington descubrieron supuesta “evidencia sustancial” de que el Cartel de Sinaloa aportó 2 millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador en 2006.

Además, Gálvez afirmó que “la participación de la delincuencia organizada en las elecciones ha sido permanente”.

Incluso, dijo que hubo acusaciones con pruebas contundentes de la participación de la delincuencia en las elecciones, y añadió que “han ido ganando terreno”, al denunciar que en muchos estados del país Morena “decidió aliarse” con el crimen organizado.

“El presidente tiene que limpiar su nombre. Como él dice: ‘Lo que no mancha, tizna’ y debe ser el más interesado en que su nombre se limpie. No está bien que el presidente del Estado mexicano reciba una acusación de esta dimensión en un medio tan prestigiado como el que lo está haciendo”, añadió Gálvez

Horas antes, en su conferencia diaria, López Obrador tachó como una “calumnia” el artículo, basado en fuentes de la Agencia de Control Antidrogas (DEA) de Estados Unidos.

“Aprovecho para decirlo, que no voy a llevar a cabo ningún juicio formal, pero denuncio no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios, denuncio al Gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política”, manifestó.

Remarcó que incluso la DEA afirmó que no había elementos para probar que su campaña presidencial en 2006, en la que perdió ante Felipe Calderón, recibió dinero por el narcotráfico.

Finalmente, pidió que la DEA aclare si es cierta o no esta información y cuál es la investigación que hicieron al respecto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desmintió esta mañana el reportaje difundido por un medio estadounidense, ProPublica, que refiere que habría recibido dinero del narcotráfico para financiar su campaña electoral de 2006, y aprovechó para criticar al gobierno de Estados Unidos por permitir las “prácticas inmorales” de sus agencias.

“No hay ninguna prueba. Son unos viles calumniadores”, dijo López Obrador en su conferencia matutina al objetar el reporte difundido que señala que testigos habrían informado a la agencia antidrogas estadunidense, la DEA, que grupos del narcotráfico aportaron cerca de dos millones de dólares a la campaña que perdió por una mínima diferencia frente a Felipe Calderón.

Aunque la investigación causó una gran polémica y sirvió a opositores para denunciar la relación de López Obrador con el narco, el reportaje aclara que no se logró establecer si López Obrador sabía de las supuestas donaciones de los narcotraficantes.

El mandatario descartó que vaya a iniciar un juicio contra ProPublica o el periodista que realizó el reportaje, aunque atacó al gobierno estadounidense por permitir “prácticas inmorales contrarias a la ética política” de sus agencias.

“Tiene que decir la DEA si es cierto, o no es cierto, cuál es la investigación que hicieron, cuáles son sus pruebas”, expresó López Obrador al exigir al Departamento de Estado que aclare los supuestos informes que tendría la agencia antidrogas que lo comprometen.

“No hay que dejarnos engañar con eso”, señaló el presidente al asegurar que el reportaje en su contra guarda relación con las elecciones que habrá este año en Estados Unidos y México.

Al ser preguntado sobre si el presidente Joe Biden sabría de la investigación de la DEA, López Obrador se mostró cauteloso y sólo indicó que posiblemente se enterará tras la polémica desatada por el reportaje.

Documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelan que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantiene las acciones de la llamada “guerra contra el narco”, que acusa inició erróneamente el expresidente Felipe Calderón, pese a negarlo.

En el informe “Con copia oculta. La guerra que cuenta la Sedena”, a cargo de Data Cívica e Intersecta, se analiza la base de datos que las autoridades recopilan sobre eventos de violencia y homicidios que consideran vinculados al crimen organizado y su combate.

A partir de la revisión de estos documentos, que fueron obtenidos a partir de los miles de correos filtrados el año pasado a través  de los “Guacamaya Leaks”, se confirma que pese a negar y asegurar que se tiene otra estrategia, la 4T recurre a medidas y acciones de administraciones anteriores.

“López Obrador dijo el 30 de enero de 2019 que oficialmente ya no había guerra (contra el narco). Sí la hay, y se maneja muy similar a los sexenios anteriores”, afirmó Alicia Franco, coordinadora del equipo de datos de Data Cívica.

El mandatario ha presumido su política de “abrazos, no balazos”, que ha sido ampliamente criticada,  que se basa en políticas sociales.

Sin embargo, en el 98.9% de los 58,183 hechos violentos registrados en el país y recopilados en el informe, en los que murieron 70,898 personas, las autoridades reportaron que al menos uno de los muertos era un “presunto delincuente”, a pesar de no tener información suficiente para clasificarlos así.

Al considerar que entre 2017 y 2020 hubo 130,583 homicidios, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), significa que el Gobierno atribuye el 54.2% de ellos a la lucha contra el narcotráfico.

Solo en el 5.4% de los casos se registró a qué grupo delincuencial supuestamente pertenecía la víctima; en el 52.6% se anotó su nombre; en el 73% se incluyó el calibre del arma empleada; y en el 22.3% se reportaron acciones de seguimiento legal.

Con esta información hasta ahora oculta, continuó la coordinadora de Data Cívica, las autoridades criminalizan a civiles y justifican, minimizan o encubren la participación del Estado en hechos violentos.

Siguiendo esa estrategia, incide el informe, los homicidios vinculados al crimen organizado aumentaron 11 puntos porcentuales durante el sexenio de López Obrador, pese a que solo hay información de sus dos primeros años en el poder.

Las organizaciones consideraron que esta base de datos es una continuación de la que recopilaron en anteriores sexenios los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Está información, ahondaron, es la base de las estrategias de seguridad pública de López Obrador.

“La base de datos es la misma, la misma categorización estigmatizante, e incluso se ha profundizado”, subrayó la organización.

Con dicha estigmatización de las víctimas, remarcó Estefanía Vela, directora de Intersecta, el Estado mexicano pretende instaurar una narrativa en la que “la gran mayoría de las víctimas no importen”.

Todos los eventos en los que participó alguna autoridad en un cruce de fuego, el 9.3% del total, se registraron como “agresión”, por lo que dan a entender que ellos fueron la parte agredida y que simplemente repelieron un ataque.

El encargado para América Latina del Departamento de Estado norteamericano, Brian Nichols, matizó este miércoles las declaraciones que algunos funcionarios del gobierno han hecho sobre nuestro país, matizando que hay zonas de México “afectadas” por el crimen organizado.

En recientes comparecencias ante el Congreso, tanto el secretario de Estado, Antony Blinken, como el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, respondieron afirmativamente al ser cuestionados por los republicanos sobre si hay zonas de México “controladas” por el crimen organizado.

Al ser cuestionado con la misma pregunta, Nichols respondió: “Yo diría afectadas”.

El secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado expresó que las organizaciones criminales afectan a “la seguridad y el bienestar tanto de los mexicanos como de las personas que visitan México”.

Por ello subrayó que “es importantísimo” que el gobierno de Estados Unidos colabore con las autoridades mexicanas para “combatir este flagelo”.

“Hemos invertido miles de millones de dólares en colaboración en materia de seguridad con México y vamos a seguir trabajando hombro con hombro con el gobierno mexicano”, afirmó Nichols en entrevista con la agencia Efe.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó esta mañana al senador republicano Lindsey Graham por cuestionar a Mayorkas y a Blinken sobre si el narcotráfico domina territorios en México por encima del Gobierno.

“Yo sostengo que yo, como presidente, y cualquier persona puede ir a cualquier parte del territorio nacional y sí, hay riesgos en unas regiones más que en otras, en unas ciudades más que otras, pero la vida se mantiene inalterable en todo el país”, dijo López Obrador.

El intercambio de declaraciones ocurre en medio de la creciente tensión entre México y Estados Unidos por los cárteles, en particular los que trafican fentanilo.

La polémica se ha intensificado tras el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en Matamoros, Tamaulipas, lo que ha motivado a los republicanos a pedir una intervención militar contra los cárteles, al declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

López Obrador insistió en negar que en México se fabrique fentanilo, a pesar de que los cárteles mexicanos tienen laboratorios donde procesan esa droga a partir de precursores que importan desde China.

El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, defendió este martes ante un comité del Senado, la cooperación con México en la lucha contra las drogas, aunque apoyó lo expuesto por Antony Blinken sobre que hay partes de nuestro país controladas por los cárteles.

Mayorkas fue cuestionado por el senador republicano Lindsey Graham en el comité judicial de la Cámara Alta sobre si está de acuerdo con las declaraciones de la semana pasada del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien negó los señalamientos.

“¿Está usted de acuerdo con él?”, preguntó Graham, a lo que Mayorkas respondió: “No lo estoy”.

Acto seguido, el senador señaló “¿Está usted de acuerdo con el secretario (de Estado Antony) Blinken en que hay partes de México manejadas por los cárteles de la droga?”. El titular de Seguridad Nacional contestó: “Lo estoy”.

Graham siguió con sus cuestionamientos y le dijo a Mayorkas si considera a México como “un socio de fiar” en la lucha contra el fentanilo y la migración irregular, a lo que el responsable gubernamental recordó que están trabajando con nuestro país vecino “en la lucha contra el fentanilo”.

“Hemos logrado grandes casos juntos y estamos buscando mejorar nuestra cooperación”, apuntó.

Al respecto, este martes, el encargado de la política antidrogas del Departamento de Estado de Estados Unidos, Todd Robinson, arribará a la Ciudad de México para reunirse con las autoridades de nuestro país y participar en un foro sobre fentanilo.

El subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos estará en la capital hasta el viernes próximo para inaugurar la Conferencia de Drogas Sintéticas entre Estados Unidos y México, informó el Departamento de Estado.

“La conferencia se centrará en fortalecer la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México para contrarrestar las amenazas a la salud y a la seguridad que suponen las drogas sintéticas ilícitas”, detalló la dependencia.

Durante su estancia en México, Robinson también sostendrá reuniones con funcionarios del gobierno federal para abordar asuntos de seguridad.

La visita y el foro tendrán lugar tras las críticas y el cruce de declaraciones entre el gobierno de Joe Biden y el de López Obrador a raíz del combate al narcotráfico.

La semana pasada, Blinken felicitó a México por haber decomisado cantidades récord de fentanilo, pero también opinó que hay zonas del país controladas por el narcotráfico, algo que negó López Obrador.

“Eso es falso, no es cierto”, respondió el presidente, quien defendió que “no hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad”.

La tensión entre Estados Unidos y México se ha elevado desde que fueron asesinados dos de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, tras lo cual la oposición republicana pidió una intervención militar en nuestro país para combatir a los cárteles, al designarlos organizaciones terroristas.

Julio César ‘Cata’ Domínguez, jugador del Cruz Azul en la primera división, desató una controversia este fin de semana al publicar en redes sociales fotografías de una fiesta que organizó para su hijo, con temática de narcotráfico.

En su perfil de Instagram, el ‘Cata’ Domínguez mostró públicamente imágenes del festejo infantil en el que se ven varios niños con armas de fuego de juguete y usando gorras con detalles alusivos a Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los narcotraficantes más famosos del mundo.

En las fotos, los niños se ven con gorras con las letras JGL, iniciales del narcotraficante, fundador del Cártel de Sinaloa.

La publicación del ‘Cata’ Domínguez’ se dio días después de la detención de Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, en Culiacán, Sinaola, donde su arresto el jueves provocó tiroteos que dejaron un saldo de 29 muertos.

Por la publicación de las fotos del festejo en el que aparecen otros jugadores de Cruz Azul, el ‘Cata’ Domínguez fue sometido a fuertes críticas en redes sociales que le llevaron a presentar en Instagram una carta de disculpas dirigida a la opinión pública.

“Ofrezco una sincera disculpa por las imágenes difundidas en mis redes sociales con relación a una fiesta infantil, reconozco que estas no contribuyen a crear una mejor impresión de México y que ni yo ni mi familia promovemos o justificamos ningún tipo de violencia”, manifestó Domínguez.

Especialistas han señalado que con la publicación de las fotografías, el ‘Cata’ Domínguez, exjugador de la selección mexicana, habría violado el Código de Ética de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

“Los sujetos a este Código deberán observar un comportamiento responsable al publicar o difundir noticias o cualquier contenido en redes sociales en medios de comunicación y redes sociales”, establece el artículo 13 el Código de Ética.

Apenas ayer por la noche, el Cruz Azul enfrentó de visita al Tijuana en el torneo de liga del fútbol y Domínguez no apareció en la convocatoria del equipo celeste. Al final del partido el director técnico Raúl Gutiérrez se rehusó a hablar del tema.

Al momento, ni Cruz Azul ni la Liga MX han hecho un pronunciamiento oficial respecto a la publicación del ‘Cata’ Domínguez.

La jornada de violencia se ha extendido en Culiacán, así como en otros municipios de Sinoaloa, esto tras el operativo que fuerzas federales y locales llevaron a cabo este jueves, en el cual se detuvo a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los enfrentamientos entre criminales y fuerzas de seguridad tienen lugar en varios puntos de Culiacán, incluido el aeropuerto internacional de dicha ciudad, donde se confirmó que grupos armados abrieron fuego en contra de aviones, tanto comerciales como de las fuerzas armadas.

Por este motivo, las operaciones en la terminal aérea fueron suspendidas, en tanto se reportaban incidentes en un penal donde permanecen detenidos varios narcotraficantes.

Fuente de seguridad no identificadas confirmaron que la jornada de violencia se desató luego de una operación para capturar a Ovidio Guzmán, uno de los herederos de “El Chapo”, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Según la información que se conoce, durante el operativo fueron arrestados Guzmán y un jefe de sicarios del cártel de Sinaloa, considerado por la agencia antidrogas DEA como el principal responsable del tráfico de fentanilo a su país.

La detención se realiza cuatro días antes de la llegada a nuestro país del presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país ofrece cinco millones de dólares por la captura de Guzmán, alias “El Ratón”.

Recordemos que Guzmán, de 32 años y uno de los jefes de esa organización, ya había sido detenido el pasado 17 de octubre de 2019 en Culiacán, pero fue liberado por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante las acciones que la organización criminal inició en respuesta a su captura.

El mandatario defendió entonces su decisión, afirmando que se evitó un baño de sangre, cuando contingentes militares quedaron rodeados por civiles con armas largas.

Sin embargo, la historia parece haberse repetido, pues varios vehículos, particulares y de carga, fueron incendiados en diversas calles de Culiacán, generando pánico entre la ciudadanía. En total se han constatado más de 30 bloqueos, incluidos tres peajes de paso de vehículos, por parte de pistoleros.

Adicional, se reportó que en diversos puntos, automovilistas fueron bajados de sus vehículos, los cuales sirvieron para bloquear las vialidades, los llamados narcobloqueos.

Se espera que en cualquier momento inicie la conferencia de prensa que el presidente López Obrador anunció por la mañana, por parte de las autoridades de seguridad, encabezadas por la secretaria Rosa Icela Rodríguez, quien adelantó que se informaría sobre el operativo que inició por la madrugada.

La violencia en Culiacán se producía en paralelo a operativos en Ciudad de Juárez, Chihuahua, en los que fue abatido Ernesto Piñón, alias “El Neto”, quien se fugó junto con otros 30 presos del Cereso No. 3 el domingo pasado.

Documentos de la Sedena extraídos en el hackeo del Colectivo Guacamaya revelan que el crimen organizado ha extendido su presencia en el estado de Morelos y en la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco.

En una revisión que hiciera la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a los Guacamaya Leaks a los informes militares de febrero del 2019 sobre la situación delictiva en la entidad, se señala a Samuel Sotelo Salgado, actual Secretario de Gobierno y ex consejero jurídico del estado, con vínculos con Los Rojos y/o Gente Nueva, ambos grupos criminales que operan en Morelos.

Respecto a Sotelo Salgado, uno de los reportes lo señala como el propietario de un inmueble donde fue detenido un líder del grupo delictivo “Los Viagra”, por el homicidio del encargado de despacho de la alcaldía de Michoacán, según información de una carpeta de investigación.

También ligados a Los Rojos y/o Gente Nueva y al Cártel Jalisco Nueva Generación aparecen José Manuel Sanz Rivera, ex Jefe de la Oficina de la Gubernatura, quien dejó el cargo en mayo pasado, y José de Jesús Guízar Nájera, Subsecretario de Gobierno, quien renunció en agosto del 2019.

En el caso de Sanz Rivera, refiere que de acuerdo con un alcalde habría pactado con Los Rojos para cederles el control de tres áreas del Ayuntamiento, entre ellas el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca y Desarrollo Social, lo que detonó un conflicto con Comando Tlahuica.

A Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, actual Secretario de Desarrollo Social y ex presidente del Congreso local, también se le vincula en el reporte con Los Rojos y/o Gente Nueva, al igual que al Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara.

En los reportes también figuran cuatro diputados locales emanados del PRI, con nexos con Los Rojos y/o Gente Nueva. Y se incluye a un Senador también ligado a distintos grupos delictivos.

En tanto, sobre el Poder Judicial, en los reportes aparecen identificados un magistrado y siete jueces orales, que han liberado a delincuentes por supuesta falta de pruebas, vinculados a Guerreros Unidos y al CJNG, así como abogados ligados al crimen.

Sin embargo, en uno de los informes se señala que al menos una docena de jueces han liberado criminales judicializados por delitos de alto impacto, entre ellos a 46 secuestradores.

“En Poder Judicial del Estado de Morelos, al menos 12 jueces que por hipergarantismo y/o corrupción liberan a delincuentes judicializados por delitos de alto impacto”, resume un reporte militar. “Se han documentado 17 caso en los que por errores judiciales en las sentencias se han dejado en libertad a 46 secuestradores y 1 extorsionador, los fallos absolutorios han sido revocados a través de apelaciones y amparos”.

Investigación completa en MCCI

El exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, se declaró no culpable este jueves ante un juez de Nueva York, de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que se le imputan.

Después de que la lectura de los cargos en su contra, lo cual se realizó a través de una videoconferencia, Cienfuegos respondió a las preguntas rutinarias del magistrado Steven Gold, que fijó la próxima audiencia para el 18 de noviembre.

Fiscales en Estados Unidos acusan al general de asociación ilícita para distribuir e importar drogas y lavado de dinero.

Los fiscales señalan que Cienfuegos, de 72 años, ayudó al cartel del H-2 mientras era el responsable de las fuerzas armadas de 2012 a 2018 durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

La acusación formal contra Cienfuegos procede de la corte federal del distrito este de Nueva York, ubicada en Brooklyn. Por ese motivo el general fue trasladado desde Los Ángeles a Nueva York.

Durante la corta audiencia de este jueves, Cienfuegos accedió a que sus abogados se reúnan con la fiscalía para hablar de las pruebas del caso. La lectura de cargos estuvo plagada de problemas técnicos. El juez Gold repitió una y otra vez que la gente que se conectaba por teléfono tenía que ponerse en mudo, aunque las interrupciones continuaron; por ello pospuso la audiencia por más de una hora ordenando que fuera privada.

“Ahora que el general Cienfuegos Zepeda está en nuestro distrito consideraremos todas las aplicaciones legales apropiadas, incluidas las relacionadas con fianza y pruebas”, dijo Edward Sapone, abogado del exfuncionario federal. Sin embargo, una posible fianza no fue discutida durante la audiencia del jueves.

Ayer se informó sobre el nuevo abogado de Cienfuegos Zepeda, de la firma Sapone & Petrill, quien recientemente trabajó en la defensa de una implicada de alto perfil en el caso de la secta sexual NXIVM. Desde que fue detenido en Los Ángeles, la defensa del exsecretario estuvo a cargo del abogado Duane R. Lyons, de la firma Quinn Emanuel.

Según el portal de internet de la oficina federal de prisiones estadounidense, Cienfuegos se encuentra en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, una cárcel de alta seguridad.

Durante la conferencia de este jueves 18 de julio, ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, se abordaron estos temas:

  • El presidente informó que realizará una nueva subasta de bienes, así como la entrega de dinero decomisado al narco.
  • López Obrador detalló que “hay una gran cantidad” de dólares en Juzgados y en la Fiscalía General.
  • “La próxima subasta será sobre más bienes y terrenos confiscadas y la entrega de dinero en efectivo, sobre todo en dólares”, dijo AMLO.
  • El municipio de Naucalpan, Estado de México, solicitó al gobierno federal que se le otorgue un terreno que no se vendió en la subasta del 23 de junio, para construir una escuela, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
  • El mandatario comentó que si el gobierno local entrega el proyecto para la construcción de la escuela, será cedido.
  • Va a haber una exposición de joyas decomisadas en Los Pinos antes de que sean subastadas.
  • AMLO afirmó que una subasta de por vida como la que le dieron a ‘El Chapo’ si conmueve.

“El Chapo 701” es el nombre de la marca de ropa presentada en una expo en Guadalajara, Jalisco.

Esta nueva línea de ropa, según Gilberto de Anda, quien se presentó como abogado de la firma, sería propiedad de Alejandrina Guzmán, hija del narcotraficante, aunque medios de prensa mexicanos presumen que la dueña es la actual pareja sentimental de Guzmán, Emma Coronel.

Más que un negocio, añade De Anda, se trataría de un gesto altruista. “Los ingresos están destinados a los (presos en) reclusorios y a las personas que necesiten ayuda”.

El catálogo consta de una veintena de prendas y accesorios, muchas de ellas con el número 701 impreso, el lugar que la revista Forbes le otorgó a Guzmán cuando lo incluyó en la lista de los más ricos del mundo en 2009.

Los precios son variados, van desde chamarras de 700 pesos, hasta billeteras, sacos y cinturones de más de 7,000 pesos, mientras que en la línea femenina destaca una chaqueta dorada de 1,800 pesos.

La pieza estelar del catálogo es un cinturón conocido como “piteado”, un trabajo artesanal de bordados en cuero que es muy popular en la narcocultura y en zonas rurales de México.

“Manufacturado por presidiarios y exconvictos de la cárcel de Puente Grande. Numerados del 001 al 701”, sostiene la publicidad, según la cual, las personas que compren estos productos ayudarán a la “reinserción social” de los prisioneros.

Guzmán, que llegó a ser considerado el narcotraficante más poderoso del mundo, se fugó en enero de 2001 de Puente Grande en el primero de sus escapes.

Fue recapturado en febrero de 2014, pero 17 meses después protagonizó otra espectacular huida de un penal de máxima seguridad.

Fue detenido por tercera vez en enero de 2016 y un año después fue extraditado a Estados Unidos.

Tras un juicio de 4 meses, un juez de Nueva York le dictará sentencia este miércoles, luego de que febrero un jurado lo encontró culpable de traficar más de 1,250 toneladas de drogas a Estados Unidos.