Documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelan que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantiene las acciones de la llamada “guerra contra el narco”, que acusa inició erróneamente el expresidente Felipe Calderón, pese a negarlo.

En el informe “Con copia oculta. La guerra que cuenta la Sedena”, a cargo de Data Cívica e Intersecta, se analiza la base de datos que las autoridades recopilan sobre eventos de violencia y homicidios que consideran vinculados al crimen organizado y su combate.

A partir de la revisión de estos documentos, que fueron obtenidos a partir de los miles de correos filtrados el año pasado a través  de los “Guacamaya Leaks”, se confirma que pese a negar y asegurar que se tiene otra estrategia, la 4T recurre a medidas y acciones de administraciones anteriores.

“López Obrador dijo el 30 de enero de 2019 que oficialmente ya no había guerra (contra el narco). Sí la hay, y se maneja muy similar a los sexenios anteriores”, afirmó Alicia Franco, coordinadora del equipo de datos de Data Cívica.

El mandatario ha presumido su política de “abrazos, no balazos”, que ha sido ampliamente criticada,  que se basa en políticas sociales.

Sin embargo, en el 98.9% de los 58,183 hechos violentos registrados en el país y recopilados en el informe, en los que murieron 70,898 personas, las autoridades reportaron que al menos uno de los muertos era un “presunto delincuente”, a pesar de no tener información suficiente para clasificarlos así.

Al considerar que entre 2017 y 2020 hubo 130,583 homicidios, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), significa que el Gobierno atribuye el 54.2% de ellos a la lucha contra el narcotráfico.

Solo en el 5.4% de los casos se registró a qué grupo delincuencial supuestamente pertenecía la víctima; en el 52.6% se anotó su nombre; en el 73% se incluyó el calibre del arma empleada; y en el 22.3% se reportaron acciones de seguimiento legal.

Con esta información hasta ahora oculta, continuó la coordinadora de Data Cívica, las autoridades criminalizan a civiles y justifican, minimizan o encubren la participación del Estado en hechos violentos.

Siguiendo esa estrategia, incide el informe, los homicidios vinculados al crimen organizado aumentaron 11 puntos porcentuales durante el sexenio de López Obrador, pese a que solo hay información de sus dos primeros años en el poder.

Las organizaciones consideraron que esta base de datos es una continuación de la que recopilaron en anteriores sexenios los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Está información, ahondaron, es la base de las estrategias de seguridad pública de López Obrador.

“La base de datos es la misma, la misma categorización estigmatizante, e incluso se ha profundizado”, subrayó la organización.

Con dicha estigmatización de las víctimas, remarcó Estefanía Vela, directora de Intersecta, el Estado mexicano pretende instaurar una narrativa en la que “la gran mayoría de las víctimas no importen”.

Todos los eventos en los que participó alguna autoridad en un cruce de fuego, el 9.3% del total, se registraron como “agresión”, por lo que dan a entender que ellos fueron la parte agredida y que simplemente repelieron un ataque.

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



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