Pedro Castillo fue destituido ayer por el Congreso de Perú bajo el argumento de «incapacidad moral», lo que supone un nuevo capítulo en la inestabilidad política del país, tras la destitución de Alberto Fujimori en el año 2000.
Pedro Castillo, candidato de una coalición de izquierda, ganó las elecciones presidenciales de 2021, sin embargo ante los hechos de ayer, solo completó 16 meses en el cargo, los cuales estuvieron marcados por luchas internas dentro del gobierno y ataques de la derecha.
En diciembre de 2021 y luego en marzo de 2022, el Congreso, controlado por la oposición, rechazó dos solicitudes de destitución por «incapacidad moral» contra Pedro Castillo.
En agosto, fue objeto de un total de seis investigaciones por corrupción y tráfico de influencias, una situación sin precedentes en Perú. El 11 de octubre, la justicia interpuso un recurso de inconstitucionalidad acusándolo del delito de organización criminal de corrupción. Esa investigación sigue en curso.
Apenas el mes pasado, Castillo había nombrado a su quinto gobierno en seis meses.
Sin embargo, la historia de inestabilidad viene de tiempo atrás. El 21 de noviembre del 2000, tras un escándalo de corrupción, el Congreso destituyó por el mismo motivo (incapacidad moral permanente) a Fujimori, quien estaba al frente del país desde 1990, y quien había presentado su renuncia desde Japón, adonde había huido.
Fue hasta el año 2007 que Fujimori fue detenido en Chile y extraditado a Perú. Fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por corrupción y crímenes de lesa humanidad.
El expresidente gozó de un breve período de libertad entre fines de 2017 y octubre de 2018, cuando recibió un polémico indulto que posteriormente la justicia peruana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos anularon. Ahora se encuentra pagando su condena en una prisión de Lima.
En 2003, el presidente Alejandro Toledo declaró estado de emergencia ante una ola de descontento social. Parte de la oposición y la prensa exigieron su salida «por incompetencia». El gobierno dimitió en bloque.
También sospechoso de corrupción, el expresidente fue arrestado en 2019 en Estados Unidos y luego puesto bajo arresto domiciliario tras estar siete meses tras las rejas. La justicia estadounidense autorizó su extradición en septiembre de 2021, pero Toledo apeló y Perú está a la espera de que sea entregado.
En 2008, el presidente socialdemócrata Alan García aceptó la renuncia del gobierno tras descubrirse un presunto caso de corrupción a favor de la petrolera noruega Discover Petroleum.
Al verse relacionado con un supuesto caso de lavado de dinero relacionado con el escándalo de Odebrecht, el expresidente García se suicidó en abril de 2019 cuando estaba por ser arrestado.
El 6 de junio de 2011, Ollanta Humala se convirtió en el primer presidente de izquierda en 36 años. Un año después, los miembros de su gobierno, criticados por su gestión de los conflictos sociales renunciaron. En 2015, la jefa de gabinete de Humala, Ana Jara, fue apartada del cargo por una moción de censura, la primera en 50 años, tras un caso de espionaje.
Investigado por un caso de corrupción, Ollanta Humala recibió prisión preventiva en 2017, acusado de haber recibido tres millones de dólares de la firma durante su campaña electoral. Acusado desde 2019, ha estado en juicio, junto con su esposa, desde febrero pasado.
En 2016, el presidente de centroderecha Pedro Pablo Kuczynski pasó a ser investigado por presunto lavado de dinero en el escándalo de corrupción en el gigante brasileño de la construcción Odebrecht con sobornos a políticos a cambio de contratos.
El 21 de marzo de 2018, Kuczynski renunció ante una probable votación parlamentaria para acusarlo formalmente de cara a un juicio de destitución. Fue puesto en prisión preventiva y luego bajo arresto domiciliario.
La líder opositora Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto, también ha sido objeto de una investigación por el caso Odebrecht; fue detenida en octubre de 2018 y cumplió 16 meses de prisión preventiva, antes de ser liberada bajo fianza en mayo de 2020.
En septiembre de 2019, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento controlado por la oposición fujimorista y anunció elecciones legislativas anticipadas. El Congreso respondió al año siguiente suspendiéndolo por un año y votando para reemplazarlo por la vicepresidente. Pero líderes militares, policías y gobernadores regionales le dieron su apoyo. El vicepresidente renunció.
En enero de 2020, los fujimoristas perdieron las elecciones legislativas. En noviembre, el Parlamento destituyó a Vizcarra por «incapacidad moral», en medio de acusaciones de supuestos sobornos recibidos mientras era gobernador en 2014.
El titular del Legislativo, Manuel Merino, asumió la presidencia pero renunció a los cinco días, presionado por movilizaciones ciudadanas y reclamos políticos. Francisco Sagasti, presidente electo del Parlamento, asumió la presidencia interina entre noviembre de 2019 y julio de 2021.
Sin embargo, Perú no es el único más en la región que se ha visto envuelto en casos de destituciones presidenciales o líderes forzados a dimitir.
El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado en el escándalo Odebrecht a seis años de prisión, fue destituido a principios de 2018 después de tres meses de ausencia de sus funciones debido a su encarcelamiento.
En abril de 2005, el presidente Lucio Gutiérrez también fue apartado del cargo tras haber sido acusado, en plena revuelta popular, de haber colocado a personas cercanas en el seno de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de sus predecesores, Abdala Bucaram, acusado de malversación de fondos públicos, fue destituido en febrero de 1997, apenas seis meses después de su investidura.
La presidenta de Brasil Dilma Rousseff fue destituida el 31 de agosto de 2016 por más de dos tercios de los senadores, que la consideraron culpable de maquillar las cuentas públicas.
También en Brasil, en diciembre de 1992, Fernando Color de Mello, acusado de corrupción, dimitió al iniciarse el proceso de su destitución en el Senado y perdió sus derechos políticos durante ocho años.
En septiembre de 2015, el presidente de Guatemala, Otto Pérez, acusado de dirigir un sistema de corrupción en las aduanas, fue privado de su inmunidad por parte del Parlamento. Ante el riesgo de ser cesado, dimitió y después fue arrestado. Apenas este mes fue condenado a 16 años de cárcel.
En Paraguay, Fernando Lugo fue destituido en 2012 debido a una operación policial contra campesinos sin tierra que terminó con 17 muertos.
El presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación y enriquecimiento ilícito, fue suspendido de sus funciones en mayo de 1993 tras un voto en el Senado. En 1996, fue condenado a 2 años y 4 meses de cárcel.
La región también ha sido escenario de golpes de Estado como ocurrió en Honduras en junio de 2009, cuando el presidente Manuel Zelaya fue arrestado y expulsado a Costa Rica mientras preparaba un plebiscito para reformar la Constitución y ser reelegido.
También el presidente venezolano Hugo Chávez fue blanco de un golpe militar en abril de 2002 en el que fue arrestado antes de volver al poder dos días más tarde gracias a las manifestaciones ciudadanas.
En octubre de 2019, el entonces presidente boliviano Evo Morales se postuló a un cuarto mandato pese a perder un referéndum para habilitarlo a una nueva reelección. En medio de una fuerte convulsión social y acusaciones de fraude, renunció y salió del país.
Jeanine Áñez, que lo sustituyó en el cargo, fue condenada en junio pasado a diez años de prisión por tomar el mando irregularmente.
