El expresidente peruano Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde diciembre pasado por su fallido autogolpe, fue sancionado con 15 días de limitación de las comunicaciones, después de haber publicado una carta en Twitter, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El comunicado del INPE precisó que el pasado 26 de enero se abrió un procedimiento administrativo disciplinario contra Castillo por una presunta falta disciplinaria con respecto a una carta firmada y publicada en Twitter, teniendo en cuenta que los internos no pueden usar teléfonos móviles.
La misiva de Castillo iba dirigida a los mandatarios asistentes a la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que se declaró “prisionero político de la dictadura” de Dina Boluarte, la actual presidenta del país.
El Consejo Técnico Penitenciario del penal de Barbadillo, en el que se encuentra recluido el exmandatario, determinó que se le imponga “la sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones con el exterior, por el periodo de 15 días”, conforme al Código de Ejecución Penal.
El INPE agregó que esta medida implica “la restricción de las visitas de familiares y amistades durante el periodo” de la sanción, pero no impide el ingreso de sus abogados ni su participación en las audiencias judiciales.
Recordemos que Castillo fue detenido el 7 de diciembre pasado cuando anunció un golpe de Estado e intentó dirigirse a la embajada de México, donde finalmente su esposa e hijos recibieron asilo.
El exmandatario afronta en prisión preventiva un proceso por los delitos de conspiración y rebelión, y otro como presunto líder de una organización criminal que supuestamente se instaló en el Estado, durante su gobierno, para adjudicar obras públicas a cambio de dinero y favores políticos.
Este martes, Castillo afirmó, durante una audiencia de apelación contra su detención, que es un “preso político” y pidió la intervención de organismos de derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hallar “justicia” ante la “inseguridad jurídica” que, asegura, se está “creando” en Perú.
