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El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, respaldó a la presidenta Dina Boluarte durante una ceremonia en la que recibió la máxima condecoración del gobierno de Perú, en medio de protestas que exigen la renuncia de la mandataria.

Se trata del único apoyo de un intelectual reconocido que ha recibido la presidenta desde el inicio de su gobierno en diciembre y que ha enfrentado manifestaciones continuas.

En el palacio presidencial, Boluarte impuso al escritor la Orden del Sol en el grado de Gran Collar. El escritor ya había manifestado antes su apoyo a Boluarte

La presidenta dijo que Vargas Llosa es «un defensor estoico de la democracia y la libertad» e indicó que la democracia debe defenderse con «armas democráticas que son las de la inteligencia y la razón».

A su vez, Vargas Llosa dijo que es una «injusticia sostener, como lo hacen algunos grupos interesados, que en el Perú se ha producido una ruptura del orden constitucional y de la democracia».

El escritor peruano añadió que algunos gobiernos de la región latinoamericana, «movidos por razones ideológicas o intereses políticos», han intervenido de manera indecorosa en los asuntos peruanos, poniendo en duda la «legitimidad» de la gestión de Boluarte.

Aunque no mencionó casos concretos, todo indica que se refería a México y al Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien el mes  pasado llamó a Boluarte «presidenta espuria», término que utiliza para denostar al titular del Ejecutivo.

De hecho, Perú y México han retirado a sus embajadores y mantienen relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios, dados los roces que se han presentado entre ambos países.

Boluarte asumió el poder el pasado 7 de diciembre cuando su antecesor, el entonces presidente Pedro Castillo, fue destituido tras intentar disolver el Parlamento para evitar una votación para removerlo del cargo.

Castillo está en prisión preventiva por 18 meses por el presunto delito de rebelión en una cárcel para mandatarios en Lima.

Las protestas, sobre todo del sector rural del sur de los Andes, estallaron días después de la llegada de Boluarte al poder, y se han expandido por el sur y Lima.

Hasta el momento se tiene el registro de 66 muertos durante las protestas, de los cuales 48 son civiles que recibieron disparos de de arma de fuego, según sus necropsias.

El Congreso no ha decidido al momento adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Cuatro planes para acortar el mandato de Boluarte y de los legisladores fueron congelados al no alcanzar los votos necesarios.

Sin embargo, la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 88% de los consultados pide un adelanto de las elecciones, el 90% desaprueba al Parlamento y el 77% a la mandataria Dina Boluarte.

Los reclamos a la mandatario no se hicieron esperar. Colectivos cuestionaron la decisión de Boluarte de condecorar a un hombre en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Sobre el tema, el presidente López Obrador criticó durante su conferencia matutina que Boluarte condecorara a Vargas Llosa.

Insistió que la mandataria fue impuesta por grupos de la élite autoritaria, y la acusó de haber entregado los recursos naturales del país.

Además, dijo que tiene en la cárcel injustamente a quien fue elegido por los peruanos como presidente, en referencia a Pedro Castillo.

El ministro de Justicia de Perú, José Tello Alfaro, ha condicionado la mejora de las relaciones diplomáticas con México a un «cambio de actitud» del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en los últimos días ha insistido en sus críticas a su gobierno.

«Eso es algo que depende del cambio de actitud que pueda tener el presidente de México, eso no depende de nosotros», explicó el ministro Alfaro.

«Tenemos el interés en conservar una buena relación con México. Existiría la posibilidad de mejorar solo en la medida en que el señor López Obrador cambie su narrativa y, realmente, hasta que ofrezca unas disculpas», propuso.

Y es que como consecuencia de las críticas de López Obrador a la gestión de la crisis en Perú, la presidenta Dina Boluarte ordenó la retirada del embajador peruano en México, Manuel Talavera, algo que ya hizo también hace un mes en Honduras, alegando en ambas ocasiones «injerencia» por parte de las autoridades locales.

El pasado fin de semana, López Obrador volvió a referirse a la «injusta» detención de Castillo y a la «espuria» presidenta Boluarte, de quien recordó los últimos y muy bajos índices de aprobación en su contra.

«Ya van más de 60 asesinados y en esas mismas encuestas la mayoría de la gente de Perú está pidiendo que se convoque elecciones», dijo el presidente.

La desaprobación del Congreso peruano ha llegado al 90%, según la última encuesta de IEP publicada por la emisora RPP y que sitúa en 88% quienes demandan la convocatoria de elecciones generales.

El 69% de los consultados  exige elecciones generales este mismo año, mientras que 19% cree que deben ser en 2024. Además, un 73% considera que la presidenta Dina Boluarte debería dimitir y un 77% rechaza su gestión. En la macrorregión sur este rechazo llega a 86%.

En cuanto a las fuerzas de seguridad, un 55% rechaza la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el 48% rechaza el desempeño de las Fuerzas Armadas en la crisis actual.

Boluarte insiste en que no dimitirá y en que el adelanto de las elecciones es competencia exclusiva del Congreso, por lo que continuará en la jefatura del Gobierno hasta que el Legislativo decida la fecha de dichos comicios.

Sobre lo ordenado por Boluarte, esta mañana el presidente López Obrador insistió en que «nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo».

AMLO acusó que no se puede quedar callado, pues no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, quien eligió democráticamente a Castillo como su presidente. Además dijo, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituir y encarcelar al mandatario.

Se volvió a referir al gobierno que encabeza Dina Boluarte como un «gobierno autoritario, represor, y nosotros no coincidimos con eso»

También fijo que «molesta mucho» que todos callan, en especial instancia como la ONU, la OEA u organizaciones de Derechos Humanos.

Reiteró que el fondo de la crisis que atraviesa Perú es que la oligarquía de ese país, apoyada por intereses extranjeros, está saqueando los bienes naturales, como el gas o los recursos mineros, por lo que «necesitan tener un títere, un pelele» como gobernante, alguien que sea a modo y al igual que el Congreso.

«Molesta indigna, es una injusticia, no se puede quedar uno callado», remató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este viernes su solidaridad con Lilia Paredes, esposa del exmandatario peruano Pedro Castillo, luego de que la haya recibido ayer en Palacio Nacional.

«No puede uno callar ante la injusticia, nosotros vamos a seguir apoyando a la señora del presidente Pedro Castillo, y a eso vino, y la abracé y expresé mi solidaridad con el pueblo del Perú, sobre todo con el pueblo humilde, pobre, indígena, humillado», respondió López Obrador al ser consultado sobre el tema.

Paredes, quien desde diciembre tiene asilo político en México tras el encarcelamiento de Castillo por intentar un autogolpe de Estado, se reunió con el mandatario para buscar que su gobierno eleve sus reclamos para la liberación de su esposo.

“La recibí. Ella es una mujer excepcional, una mujer humilde, buena, que vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos, a platicarme de sus hijos que ya están estudiando, su hija de 10 años, su hijo de 14″, contó el presidente.

AMLO añadió que su gobierno está procurando que no le falte nada a la familia del expresidente peruano.

Sobre Castillo, quien se encuentra en prisión, indicó que México considera que fue una gran injusticia el haberlo destituido de su cargo, pues insistió en que fue electo por el pueblo. Incluso señaló que los conservadores del Perú «violaron la Constitución».

«México va a seguir apoyando al presidente injusta e ilegalmente destituido y va a seguir demandando que se le libere. No puede estar en la cárcel, es una gran injusticia».

El gobernante mexicano reiteró su acusación de que la ahora mandataria de Perú, Dina Boluarte, es una «presidenta espuria» y condenó la muerte de cerca de 60 personas en las protestas que la llegada de Boluarte al gobierno provocó.

«He visto encuestas en donde la presidenta espuria tiene el 15% de aceptación, el 85% la desaprueba. Pero todavía tiene menos aprobación el Congreso, los diputados. Tienen el 90% del rechazo, 90%, y aún así ellos mandan con las bayonetas, con la represión, con la fuerza», sostuvo.

López Obrador insistió en que detrás de la destitución de Castillo hay mucho racismo y clasismo, y muchos intereses creados, ya que Perú es un país con muchos recursos naturales. «Esos recursos naturales son muy ambicionados por las grandes empresas trasnacionales, apoyadas por gobiernos extranjeros».

Finalmente, AMLO aprovechó para seguir con sus cuestionamiento a la Organización de Estados Americanos (OEA) ante la crisis, que dijo, ha guardado silencio.

«La OEA y su organismo de derechos humanos están al servicio de los potentados», remató.

La Fiscalía de Perú ha formalizado este martes una investigacióm contra el expresidente Pedro Castillo por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias después de que el Congreso aprobara el pasado viernes un informe de la fiscal Patricia Benavides.

Así lo ha informado el Ministerio Público en un comunicado, afirmando que en el proceso también se incluye al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, como «presunto autor del delito
de organización criminal y colusión simple».

También será investigado el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, por un presunto delito de organización criminal.

Con ello, la Fiscalía pretende conocer más detalles sobre una supuesta red criminal liderada por Castillo que buscaba favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

En virtud de esta investigación, Benavides podría imponer medidas coercitivas contra los involucrados, como la prisión preventiva o el impedimento de salida de Perú, según reporta el diario local ‘La República’.

Recordemos que el pleno del Congreso votó el pasado viernes con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, formalizar la investigación contra el expresidente peruano, quien actualmente se encuentra en prisión desde el pasado 17 de diciembre por presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

Castillo se encuentra en la cárcel después de que la Justicia dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra tras el anuncio realizado el 7 de diciembre de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.

Exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) denunciaron el silencio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de gran parte de los gobiernos latinoamericanos ante la expulsión y retirada de nacionalidad a 222 presos políticos de Nicaragua.

Otro de los reclamos que hacen a López Obrador, es el rechazo a transferir al gobierno de Dina Boluarte la presidencia de la Alianza del Pacífico.

En una declaración divulgada este lunes, los expresidentes lamentan el silencio de los gobiernos de la región, con excepción de los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y Ecuador, Guillermo Lasso, ante «la arremetida dictatorial de Nicaragua, que ha desterrado a 222 presos políticos y les ha retirado la nacionalidad».

La declaración denuncia que el gobierno de Daniel Ortega ha confiscado los bienes y violentado los derechos de ciudadanía a 94 personalidades e intelectuales, además de condenar al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a 26 años de prisión por negarse a ir al exilio.

«A los integrantes del Grupo IDEA nos preocupa que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, dejando de lado su repetido principio de la No Intervención acuse de espurio al gobierno democrático y provisional del Perú para evitar transferirle la presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico», subrayan los exgobernantes en el comunicado.

Señalan que López Obrador adopta esa postura mientras, por otro lado, «calla ante el ejercicio y las violaciones de derechos humanos perpetradas por la pareja Ortega-Murillo, en Nicaragua», en referencia al presidente Ortega y su esposa, la vicepresedenta Rosario Murillo.

Firman la declaración Óscar Arias (Costa Rica) José María Aznar (España), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Felipe Calderón (México), Alfredo Cristiani (El Salvador), Iván Duque (Colombia), Vicente Fox (México), Federico Franco (Paraguay), Eduardo Frei (Chile), Lucio Gutiérrez (Ecuador) y Osvaldo Hurtado (Ecuador).

La lista la completan Mauricio Macri (Argentina), Jamil Mahuad (Ecuador), Carlos Mesa (Bolivia), Lenin Moreno (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), Andrés Pastrana (Colombia), Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Sebastián Piñera (Chile), Jorge Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica ) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay). EFE

El Congreso peruano aprobó el viernes una denuncia constitucional contra el expresidente izquierdista Pedro Castillo por presuntos casos de corrupción en su gobierno, cometidos antes de que fuera destituido en diciembre.

La denuncia constitucional será trasladada ahora al despacho de Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que en adelante podría acusar formalmente a Castillo ante el poder judicial.

Con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, los legisladores aprobaron el informe, presentado
por la fiscal Patricia Benavides, que recomienda acusar al expresidente por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

«El expediente de la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política de Perú», ha sentenciado el presidente del Congreso, José Williams.

Y es que la Fiscalía investiga una supuesta red criminal liderada por Castillo que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Juan Silva, exministro de esta cartera, con el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Durante el debate, el abogad de Castillo, Eduardo Pachas, negó en el Congreso los cargos y rechazó que el exmandatario perteneciera a una organización criminal.

En la misma sesión, el Congreso también aprobó las denuncias contra dos exministros de Castillo involucrados en los cargos relacionados a presuntos sobornos en la construcción de un puente y en la compra de combustibles para la estatal Petroperú.

La destitución de Castillo, un profesor rural e hijo de campesinos, ha provocado una ola de violentas protestas principalmente de regiones pobres del sur del país contra el gobierno, que han dejado unos 60 muertos en dos meses.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que busca alternativas a Perú para entregar la presidencia ‘pro tempore’ de la Alianza del Pacífico, pues dijo, no está dispuesto a legitimar el «golpe de Estado» y el gobierno «espurio» de la presidenta, Dina Boluarte.

«Estamos buscando la manera de entregar la presidencia que le correspondía a Perú», dijo López Obrador en su conferencia matutina, reprochando a las autoridades peruanas no haber permitido al expresidente Pedro Castillo salir del país en noviembre para una reunión grupo regional, para recibir la estafeta.

«Luego íbamos nosotros a visitar Perú, y lo detuvieron por esto que yo considero que fue un golpe de Estado técnico», añadió.

López Obrador aseguró que ya dio ordenes al canciller Marcelo Ebrard, para que comunique formalmente al resto del grupo las intenciones de México.

En ese sentido, adelantó que hablará con el resto de miembros de la Alianza para buscar alternativas. «Yo no quiero entregar a un gobierno que consideró espurio, que decidan los miembros del grupo (…) Si ellos dicen que entreguen la presidencia, lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta», insistió.

Afirmó que su rechazo a entregar la presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico al gobierno que encabeza Dina Boluarte, es porque «yo no quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer, eso es contrario a las libertades, es contrario a los Derechos Humanos, y es antidemocrático, con nosotros no cuentan con eso».

Reiteró que la detención de Castillo «fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático», y con el cual «no se respetó la voluntad» del pueblo peruano y que «no se habla mucho» de ello debido a la «mucha» y «convenida» desinformación en favor de las oligarquías latinoamericanas y del resto del mundo.

Adicional, López Obrador reveló que planea hacer un viaje a América del Sur en septiembre próximo, con motivo del 50 aniversario de la muerte del presidente chileno Salvador Allende.

«Tengo pensando hacer un viaje para América del Sur, para visitar algunos países, pero creo que va a ser muy cerca al 50 aniversario del asesinato del presidente Allende en Chile», precisó el mandatario.

El presidente se refirió al «asesinato» de Allende, una versión que han sostenido antes algunos sectores de la izquierda latinoamericana, aunque la versión oficial es que el chileno se suicidó el 11 de septiembre de 1973 durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet.

Sin más detalles, López Obrador adelantó que esta gira podría producirse en septiembre próximo y explicó que aprovechará para ir a otros países como Colombia, Argentina, Brasil y Chile.

Esta sería la primera vez que López Obrador visite Suramérica como mandatario, pues desde su llegada al poder solo ha ido en cuatro ocasiones a Washington, mientras que en 2022 realizó una gira breve para visitar de manera oficial Guatemala, El Salvador, Belice y Cuba.

El mandatario dijo que actualmente tiene comunicación con los presidentes Gustavo Petro, de Colombia; Alberto Fernández de Argentina, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil. Con este último, dijo, probablemente tendrá una conversación este mismo viernes.

«Es probable que hable hoy con el presidente Lula sobre algunos asuntos que estamos tratando, sobre exportación e importación de alimentos, lo que tiene que ver con enfrentar de manera conjunta el problema inflacionario», reveló.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que México se niega a entregarle la jefatura de la Alianza del Pacífico, debido al apoyo político de Andrés Manuel López Obrador al expresidente Pedro Castillo.

La mandataria denunció que López Obrador «por seguir apoyando al expresidente (Castillo), que dio el golpe, no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico».

Boluarte recordó que Perú debió asumir en enero la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, actualmente en manos de México.

Sin embargo, lamentó que ello no haya ocurrido por «esta situación política (en la) que el presidente de México está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza del Pacífico», bloque regional conformado por ambos países además de Chile y Colombia.

Y es que López Obrador ha expresado su apoyo al expresidente Castillo, quien el pasado 7 de diciembre, cuando estaba a punto de enfrentar una votación de destitución por el Congreso, decidió anunciar que disolvía el Parlamento y gobernaría por decreto.

Pocas horas después de esto el Congreso lo destituyó y designó a Boluarte, entonces vicepresidenta, como mandataria constitucional.

Castillo fue detenido cuando intentaba llegar a la embajada de México, donde buscaría asilo. Tras su arresto, un juez le dictó prisión preventiva de 18 meses por rebelión.

Su esposa, Lilia Paredes, sí alcanzó la sede diplomática mexicana, cuyo gobierno le concedió a ella y sus dos hijos la condición de asilo, por lo que Lima pidió al embajador mexicano retirarse del país.

La destitución de Castillo desató una ola de manifestaciones, en ocasiones violentas, que ha dejado 48 civiles fallecidos en enfrentamientos durante las protestas. Las movilizaciones exigen la renuncia de Boluarte y elecciones generales.

Además de México, Castillo también ha recibido el respaldo de los presidentes Gustavo Petro, Alberto Fernández y Luis Arce de Colombia, Argentina y Bolivia, respectivamente, lo que provocó en enero que Lima llamara en consultas a sus embajadores en esos países.

Machupicchu, el principal atractivo turístico de Perú, reabrió este miércoles sus puertas al turismo tras permanecer cerrado desde el pasado 21 de enero por las protestas antigubernamentales que vive el país y que, desde diciembre, han dejado un saldo de 70 muertos.

«Se ha dispuesto la reapertura del Santuario de Machupicchu, a partir del miércoles 15 de febrero de 2023, en las mismas condiciones, horarios y circuitos establecidos», informó el Ministerio de Cultura a través de Twitter.

La dependencia agregó que la decisión fue posible después de haber asumido un «compromiso de forma conjunta» con las autoridades municipales, dirigentes de organizaciones sociales, de servicios de transporte, directivos de la Cámara de Comercio y las diferentes instituciones que integran la Unidad de Gestión de Machupicchu.

Se indicó que la reapertura de la maravilla mundial «responde a la necesidad de apostar por el diálogo y la paz, en el marco del trabajo articulado entre las autoridades y población, que requieren la reanudación de la actividad cultural y la reactivación económica de Cusco».

El cierre de la ciudad inca se anunció el 21 de enero pasado, luego de que quedaran suspendidos los servicios de trenes hacia el pueblo de Machupicchu ante los daños registrados en la vía férrea y la necesidad de preservar la seguridad del santuario y sus visitantes.

Y es que recordemos que Perú está sumido desde diciembre pasado en una grave crisis política y social que derivó en acciones de protestas en varios puntos del país, sobre todo en regiones del sur, como Cusco, para exigir la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, y elecciones adelantadas a 2023.

Las protestas estallaron tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo y suman 70 decesos, de los cuales 48 eran manifestantes que murieron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, uno era un policía y una veintena más fallecieron por hechos vinculados al bloqueo de carreteras.

El distrito cusqueño que alberga Machupicchu vive principalmente del turismo y sintió con fuerza la suspensión de este tipo de actividades durante la pandemia de la COVID-19, aunque empezó a recuperarse a partir de noviembre de 2020, cuando el santuario retomó sus operaciones con un número reducido de turistas y en horarios diferenciados para cumplir con los protocolos sanitarios.

En los últimos dos meses, debido a la inestabilidad política y social del país, se estima que el distrito ha perdido unos 2.5 millones de soles, cerca de 650,000 dólares diarios, mientras que las pérdidas a nivel regional ascienden a cerca de 1.8 millones de dólares, según datos de la Cámara de Comercio local.

La ciudadela de Machupicchu, famosa a nivel mundial desde el viaje exploratorio del estadounidense Hiram Bingham en 1911, es reconocida desde 1983 como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, y desde 2007 es considerada una de las nuevas siete maravillas del mundo.

La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este viernes al Congreso que adelante las elecciones generales a diciembre de 2023, para salir del «atolladero» que sufre el país desde hace siete semanas tras la destitución del presidente Pedro Castillo.

«Pusimos a consideración de los ministros este proyecto de ley para adelantar a diciembre de 2023» los comicios en «fecha y hora que el Congreso diga», afirmó Boluarte en un acto de gobierno en el aeropuerto militar de Lima.

«Si (los partidos) Fuerza Popular y Alianza para el Progreso están pidiendo lo que ellos ya habían presentado (un adelanto de elecciones a 2023), que se retome en ese sentido esa propuesta que no tiene ningún condicionamiento y nos va a sacar del atolladero en el que estamos», agregó la mandataria.

La propuesta comenzará a ser debatida este mismo viernes en el Congreso.

El legislativo ya había aprobado en primera votación el adelanto de los comicios a abril de 2024, pero «las protestas continúan, hay más bloqueos y violencia», reconoció Boluarte.

Y es que desde hace siete semanas, Perú es escenario de manifestaciones que piden la dimisión de Boluarte, quien asumió en su calidad de vicepresidenta tras la destitución y detención del mandatario Pedro Castillo el 7 de diciembre por haber intentado disolver el Parlamento.

Las protestas y bloqueos de ruta en reclamo de la renuncia de Boluarte, adelanto de comicios y convocatoria de asamblea constitucional no dan tregua y generan escasez de combustible, alimentos e insumos médicos.

Tan pronto el Congreso fije el adelanto de los comicios «inmediatamente nosotros, desde el Ejecutivo, estaremos convocando a esas elecciones», dijo Boluarte.

«Nadie tiene ningún interés de aferrarse al poder, nadie tiene ese interés. Y yo, Dina Boluarte, no tengo ningún interés en quedarme en la Presidencia. Si estoy aquí es porque asumí mi responsabilidad constitucional y estaremos acá hasta que el Congreso (…) diga tal día las elecciones», sostuvo.

Los ministerios de Defensa y del Interior anunciaron ayer que la Policía y las Fuerzas Armadas desbloquearán las carreteras del país tomadas por los manifestantes.

«La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia», dijo un comunicado de ambos ministerios.

Mientras tanto en el centro histórico de Lima, continúan convocándose manifestaciones pacíficas en plazas mientras grupos de encapuchados, armados con piedras y explosivos, enfrentan a la policía antimotines que responden con bombas lacrimógenas y perdigones.

Desde prisión, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, agradeció este miércoles a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), «su solidaridad con el pueblo peruano», tras el mensaje que ofreció en el marco de la cumbre de la CELAC, en el que este afirmó que fue «una infamia» lo que pasó en su país.

A través de un mensaje en Twitter, Castillo agregó que «más pronto que tarde», estará junto a quienes califica como sus «hermanos y hermanas, construyendo un país lleno de esperanza».

Recordemos que Castillo fue destituido por el Congreso el pasado 7 de diciembre después de que anunciara el cierre del Parlamento, la intervención de la judicatura y el establecimiento de un gobierno de emergencia.

Debido al intento de golpe de Estado, la Fiscalía le abrió una investigación por rebelión y le impuso 18 meses de prisión preventiva, que las cumple actualmente en la prisión de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía en Lima.

Ayer, López Obrador pidió a los líderes de la CELAC, un pronunciamiento conjunto contra la «represión» en Perú y por la libertad del exmandatario Castillo.

«No debemos dejar solo al pueblo hermano del Perú, fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo», declaró el mandatario en el mensaje que envió a la Cumbre, que se celebra en Buenos Aires, Argentina, y a la cual no asistió personalmente.

López Obrador indicó que habría que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo y que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú.

«No al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo, porque está injustamente encarcelado», concluyó AMLO en su mensaje.

López Obrador ha cuestionado en repetidas ocasiones la violencia en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú, donde más de 60 personas han muerto desde que comenzaron las protestas.

Además, México ha otorgado asilo político a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, que también es investigada por presunta corrupción junto a otros integrantes de su familia.

El Congreso de Perú rechazó este viernes un proyecto que pretendía adelantar las elecciones generales para diciembre de 2023, en medio de la grave crisis política y social que atraviesa el país  tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.

El proyecto de ley, presentado por el presidente de la Comisión de la Constitución, el fujimorista Hernando Guerra, recibió 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, por lo que no recibió el apoyo necesario de 87 votos que exige la ley.

La propuesta de elecciones anticipadas era apoyada por la presidenta Dina Boluarte, quien ante el descontento social que se registran en Perú, ofreció adelantar elecciones, pues una de las principales exigencias en las protestas que hay en diversos puntos del país, es la renuncia de la mandataria.

Al respecto, Boluarte hizo este viernes un llamado al diálogo a los manifestantes que, además de su renuncia, piden el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente.

La presidenta llamó al cese de la violencia tras la muerte de 18 personas en las protestas, 10 de ellas en las últimas 24 horas.

Indicó que convocó a los líderes de la iglesias católica, cristiana y evangélica para instalar una mesa de diálogo en cada una de las regiones donde se registran movilizaciones, para escuchar demandas de los dirigentes y «canalizarlas».

«Este Gobierno de transición que presido entiende y sigue reconociendo las demandas de los peruanos y peruanas que han salido legítimamente a levantar su voz, la misma que seguimos respaldando, ratificando que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen claras instrucciones para salvaguardar la vida y los derechos humanos de los manifestantes», sostuvo Boluarte.

Y es que ayer entró en vigor el estado de emergencia en todo Perú que, entre otros puntos, autoriza a las Fuerzas Armadas a apoyar a la Policía en el control de las manifestaciones.

Los ministros peruanos de Educación, Patricia Correa, y de Cultura, Jair Pérez, presentaron su renuncia este viernes, apenas seis días después de asumirlos bajo la nueva presidencia de Boluarte, al considerar «desproporcionada» la respuesta que se ha dado a las manifestaciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que su Gobierno está trabajando para repatriar a los mexicanos que se encuentran varados en Perú, donde la crisis política ha provocado manifestaciones y disturbios violentos que suman 17 muertos.

«Estamos esperando a que abran los aeropuertos y la Secretaría de Relaciones Exteriores está haciendo trámites para traer a los mexicanos que están en Perú, desde luego si ellos lo desean», dijo López Obrador en su rueda de prensa diaria.

El presidente explicó que el Gobierno tiene un plan para irlos a buscar, aunque no dio detalles; señaló que el aeropuerto en el que se encuentran muchos de los turistas mexicanos varados en el país andino se encuentra cerrado.

«Nosotros vamos a seguir cuidando a los mexicanos que están en Perú y los que quieran regresar estamos haciendo trámites para que regresen», reiteró.

Ayer, en el último informe de la embajada de México en Perú, se informó que al menos 450 mexicanos se encuentran esperando salir del país.

Ayer,  la Fiscalía peruana dictó 18 meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo, tomando en cuenta el riesgo de fuga que existe al haber solicitado asilo en México y que el gobierno de nuestro país ha anunciado que concedería.

Recordemos que Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Congreso, la conformación de un Ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, lo que fue calificado como un intento de golpe de Estado.

Cuestionado sobre las manifestaciones que se viven en Perú, López Obrador insistió en que «debe respetarse el voto de los ciudadanos, la democracia y no usar la fuerza para reprimir al pueblo».

Pese a las denuncias que el propio gobierno peruano ha hecho sobre el injerencismo en que está incurriendo, López Obrador criticó a la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, por su visita a la presidenta Dina Boluarte para transmitirle el respaldo del país norteamericano.

«Hablan de democracia en Estados Unidos y de libertad, estaba viendo la visita de su embajadora al Palacio de Gobierno de Perú. Independientemente de que pueda ir un embajador a cualquier sitio, ¿no les parece un acto de prepotencia, el no cuidar las formas?, lamentó.

También criticó que el gobierno de Boluarte decretara estado de emergencia, pues a su consideración, se trata de un «estado de sitio, con militares y soldados que impiden que se puedan manifestar quienes están inconformes con la detención del presidente electo y la forma en la que actuó el Congreso».

Congresistas de Perú han pedido declarar ‘persona non grata’ al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en respuesta a su apoyo al exmandatario peruano Pedro Castillo, destituido del cargo y detenido tras ser acusado de intentar un golpe de Estado.

La principal impulsora de esta petición es la congresista por Renovación Popular, Gladys Echaíz, quien además ha exigido a López Obrador no involucrarse en los asuntos internos de Perú.

Echaíz señala que solo los peruanos son quienes están en condiciones de resolver los asuntos soberanos de la nación, y que «nadie más debe inmiscuirse».

Asimismo, ha resaltado que han sido «los propios allegados» de Castillo quienes «lo han delatado».

En este sentido, la parlamentaria denunció las declaraciones de López Obrador sobre que el Congreso de la República peruano ha tenido «expresiones discriminatorias» en contra del expresidente Castillo.

Por su parte Ernesto Bustamante, miembro de Fuerza Popular y expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, ha llamado a la presidenta Dina Boluarte, a «romper relaciones diplomáticas» con México.

«¿Qué espera (…) para romper relaciones diplomáticas con el gobierno de México y mandar a rodar a ese imbécil senil AMLO «, ha señalado Bustamante en su perfil oficial de Twitter.

A la par de las denuncias de los legisladores peruanos, el nuevo gobierno declaró estado de emergencia por 30 días en todo el país.

El ministro de Defensa, Alberto Otárola, dijo que la medida se tomó «debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y que requieren una respuesta contundente y de autoridad de parte del gobierno».

Otárola dijo que aún se está por definir si la medida incluirá un toque de queda.

Y es que desde el cambio de gobierno, se han suscitado protestas, con un saldo hasta ahora de seis muertos y un centenar de heridos, según la Defensoría del Pueblo, además de daños a diversas propiedades de empresas y del Estado.

Los manifestantes reclaman el cierre del Parlamento, adelanto de elecciones, renuncia de Boluarte y algunos la libertad del expresidente Pedro Castillo.

Un juez ordenó la tarde de ayer que el destituido presidente peruano Pedro Castillo, continúe detenido, rechazando su apelación mientras las autoridades continúan conformando un caso por rebelión en su contra.

La decisión del juez de la Suprema Corte, César San Martín Castro, ha encendido el descontento social que se ha traducido en violentas protestas que se registran en distintos puntos del país. Grupos ha estado exigiendo la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora y que se programen de inmediato elecciones generales para elegir a un nuevo presidente y reemplazar a todos los miembros del Congreso.

El anuncio de Castillo del miércoles pasado en televisión nacional de que había disuelto el Congreso por decreto presidencial no fue «un mero acto de habla, sino la expresión concreta de una voluntad de alteración del sistema constitucional y de la configuración de los poderes públicos», subrayó el juez.

En los próximos días, la fiscalía planea solicitar que Castillo continúe detenido hasta por tres años.

Horas antes, Castillo declaró en su audiencia que había sido detenido «injusta y arbitrariamente», y agradeció a sus simpatizantes por todo lo que han hecho desde su arresto.

«Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá», declaró Castillo. Posteriormente, en aparente referencia a las violentas protestas a causa de su detención, instó a la policía nacional y a las fuerzas armadas a que «depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia».

Las manifestaciones han sido particularmente violentas afuera de la capital. La Defensoría del Pueblo de Perú redujo ayer a seis el número de personas que han muerto en las protestas que comenzaron el miércoles de la semana pasada.

Todos los decesos se han producido en comunidades rurales empobrecidas, que son bastiones de Castillo. Cuatro de ellos se registraron en Andahuaylas, una remota comunidad rural andina donde los pobres han batallado durante años y donde los votantes apoyaron abrumadoramente a Castillo en la segunda vuelta electoral del año pasado, la cual ganó por 44,000 votos.

El abogado Ronaldo Atencio, quien habló en nombre del equipo jurídico de Castillo, alegó que el mandatario no levantó las armas ni organizó a la población capaz de derrocar al gobierno actual, como lo establece la ley peruana para acusar a alguien de rebelión.

También dijo que Castillo no representa un riesgo de fuga, y que nunca pidió asilo a México, tal como lo confirmó el embajador mexicano y gobierno de nuestro país.

Sin embargo, el juez señaló que la evidencia indica que Castillo fue interceptado en camino a la embajada de México donde se sabe pediría asilo.

Boluarte, compañera de fórmula de Castillo y vicepresidenta, fue juramentada el mismo miércoles como Presidenta. Sin embargo, a inicios de semana, Boluarte cedió en parte a las exigencias de los manifestantes, anunciando en un discurso a nivel nacional que enviaría una propuesta al Congreso para adelantar las elecciones generales a abril de 2024.

Anteriormente había asegurado que pretendía permanecer en el cargo durante los tres años y medio restantes del mandato de Castillo.

La presidenta pidió el martes calma a los manifestantes, explicando que ella no había buscado la presidencia.

«Quiero hacer un llamado a mis hermanos y hermanas de Andahuaylas. Calma, calma por favor», dijo. «No entiendo por qué mis hermanos… se levantan en contra de su paisana Dina Boluarte cuando yo no he hecho nada para que esa situación exista o se dé», sostuvo.

Sin embargo, los problemas de Boluarte se extienden más allá de las fronteras de Perú. Diversos gobiernos de la región se han negado a otorgarle su reconocimiento como presidenta.

Los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia cerraron filas en favor de Castillo. Mediante un comunicado conjunto, expresaron su preocupación en torno a su destitución y detención del líder peruano.

Aseguraron que aún lo consideran como el mandatario legítimo de Perú y pidieron respeto a sus derechos humanos y que se le garantice la protección jurídica.

Ha llamado la atención la posición de México, pues aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defiende los principios de la política exterior de nuestro país: no intervención y autodeterminación de los pueblos, ha sido señalado de injerencia en los asuntos de Perú.

No es la primera vez que a López Obrador se le acusa de intervencionismo. En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Ricardo Pascoe, exembajador de México en Cuba, columnista y catedrático de la UNAM, sobre la posición de México en conflictos globales, y si su actuar se apega al discurso del presidente.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se comunicó con los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia y México, para aclarar la situación del país y las razones que los llevaron a emitir el comunicado en el que aún consideran como mandatario a Pedro Castillo, quien se encuentra detenido desde el miércoles tras un autogolpe de Estado fallido.

«La canciller tiene ya la indicación para más tarde, yo personalmente, comunicaré por vía telefónica con el presidente de México, de Colombia, de Argentina, aún cuando el presidente de Argentina el mismo día miércoles (pasado) me llamó para felicitarme por la asunción al cargo como presidenta de la República, no entiendo por qué ahora su cambio de parecer, pero me volveré a comunicar con él, y me comunicaré con el presidente de Bolivia», señaló Boluarte.

Publicado por las cancillerías de los cuatro países, Alberto Fernández de Argentina; Gustavo Petro de Colombia; Luis Arce de Bolivia y Andrés Manuel López Obrador de México, aseguraron que Castillo está siendo «objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio» y pidieron que se respete la «voluntad ciudadana» expresada en las urnas por el pueblo peruano.

También expresaron «su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo», al que aún consideran presidente de Perú.

«El mismo expresidente Pedro Castillo fue quien dio el golpe de Estado, ha querido cerrar el Congreso e inmediatamente tomar los poderes del Estado como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial», dijo Boluarte en un evento este martes.

La mandataria afirmó que las respuestas por las cuales Castillo tomó esa decisión, solo las sabe él mismo. Indicó que la información que llega a estos países es que se ha producido un golpe de Estado en el que alguien «sacó del cargo al expresidente», algo que desmintió.

También dijo que se comunicará con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aunque la cancillería brasileña no firmó dicho comunicado y felicitó a Boluarte el pasado 7 de diciembre.

«Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas», dijeron los mandatarios de Argentina, Bolivia, Colombia y México.

Ayer, el ahora expresidente Pedro Castillo publicó una carta desde prisión, en la que escribió que considera estar «secuestrado» y tachó de «usurpadora» a Boluarte, que asumió la jefatura de Estado tras su destitución.

Adicional, Boluarte fue clara en señalar que las relaciones de su país con los gobiernos de izquierda sigue «normales», pese al apoyo que han dado a Castillo.

«Desde Perú las relaciones diplomáticas siguen siendo las mismas con estos hermanos países», manifestó.

Recordemos que tras la destitución de Castillo se han producido protestas que han obligado a Boluarte a proponer el adelanto de elecciones generales para abril de 2024. Sin embargo, las manifestaciones continúan y ya han dejado al menos siete muertos.