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El canciller peruano, Javier González-Olaechea, declaró este lunes que no descarta que la imposición de visas a peruanos para ingresar a México, anunciada el sábado y que su país aplicará también en forma recíproca, responda a las tensiones diplomáticas entre ambas naciones.

“No lo descarto, (pero) no estoy en condiciones de afirmarlo”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores en declaraciones a la emisora RPP.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se mantienen a nivel de encargados de negocios tras el rechazo abierto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidenta peruana, Dina Boluarte, a la que incluso calificó de “usurpadora”, tras haber asumido la jefatura de Estado luego del fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo, del 7 de diciembre de 2022.

Además del retiro de ambos embajadores, este enfrentamiento generó que López Obrador se negara a entregar en 2023 a Perú la presidencia ‘pro tempore’ de la Alianza del Pacífico, en una situación que solo se logró resolver tras la intermediación de Chile.

González-Olaechea agregó que la “decisión unilateral” de México no los tomó “por sorpresa”.

Sin embargo, expresó que han ido “calibrando las repercusiones internas porque evidentemente afecta en primer lugar a la propia Alianza del Pacífico, que forma parte el Perú junto con México, Colombia y Chile, y que claramente establece como principio la circulación de personas y de bienes”.

Con respecto a la decisión de Perú de también pedir el visado para los ciudadanos mexicanos, el ministro explicó que “se ha tomado a raíz, precisamente, de la medida impuesta por México” por el principio de reciprocidad.

La Embajada mexicana en Lima confirmó en la red social X que “a partir del 20 de abril de 2024, las personas nacionales del Perú necesitarán de visa para ingresar a México para realizar turismo y negocios”.

Recordemos que México había eliminado en noviembre de 2012 este requisito para los peruanos en condición de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, con el objetivo de agilizar el flujo de personas y el comercio.

A su vez, Perú anunció el sábado que impondrá el visado obligatorio para los ciudadanos de México que decidan visitar su territorio, en aplicación del “principio de reciprocidad” tras una medida similar tomada de manera “unilateral” por el país norteamericano.

“Ante el anuncio unilateral del Gobierno de México de imponer la exigencia de visa temporal para los ciudadanos peruanos que decidan visitar su país, y en aplicación del Principio de Reciprocidad, regla fundamental en la relación entre Estados soberanos, el Gobierno del Perú impondrá el requisito de visa a los ciudadanos mexicanos que decidan visitar nuestro país”, comunicó una nota oficial.

Agregó que Perú “lamenta esta decisión de México que menoscaba los esfuerzos por mejorar las relaciones bilaterales y afecta los compromisos programáticos asumidos en la Alianza del Pacífico para facilitar el libre movimiento de personas entre ambos países”.

“Al igual que México, Perú hará algunas excepciones que serán precisadas en un próximo decreto supremo”, acotó antes de decir que no requerirán el visado los ciudadanos mexicanos que cuenten con la visa Schengen, al Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia y Japón.

Tampoco aquellos que posean residencia permanente en los países mencionados y en los miembros de la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú.

El Congreso peruano rechazó este jueves la admisión de dos mociones de destitución contra la presidenta Dina Boluarte, a raíz del escándalo sobre el caso de los relojes de lujo Rolex, que ha supuesto la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía.

En una primera votación, el pleno rechazó la moción presentada por el partido Perú Libre, el grupo político con el que Boluarte llegó al Ejecutivo en 2021 como vicepresidenta del destituido ex jefe de Estado Pedro Castillo, por 49 votos en contra y la abstención de 15 legisladores.

A continuación, la parlamentaria progresista Sigrid Bazán sustentó la segunda moción de vacancia por parte del partido Juntos por el Perú y otras bancadas, y recordó “la represión y asesinatos como respuesta a las protestas” del 2022-2023, así como su negativa a convocar a elecciones anticipadas, después de la destitución de Castillo.

Bazán sumó a estos temas la reciente investigación preliminar contra Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración de bienes, en base a las denuncias periodísticas publicadas en las últimas semanas.

Sin embargo, el pleno rechazó la segunda moción por 59 votos en contra, 11 abstenciones, y 32 votos a favor.

Esto coincide cuando acudió a la Fiscalía el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a esclarecer si él fue una de las personas que le entregó a Boluarte uno de los relojes Rolex que ha portado en ceremonias oficiales y que se estima que está valorado en más de 15,000 dólares.

Oscorima reconoció a la prensa que adquirió un reloj de las mismas características en Lima, pero que lo entregó a un familiar.

No obstante, una investigación del Canal Latina reveló el miércoles que Oscorima compró el artículo el mismo día del último cumpleaños de Boluarte y que, horas después, acudió a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La región que dirige Oscorima recibió en marzo pasado una transferencia del Ejecutivo de 100 millones de soles (27 millones de dólares) para que construya un estadio en su jurisdicción, con miras a los Juegos Bolivarianos 2025, de acuerdo a un decreto de urgencia publicado en el diario oficial El Peruano.

Boluarte tendrá que responder al interrogatorio de la fiscalía mañana, después de que pidió la reprogramación de la diligencia y el Ministerio Público efectuó el allanamiento de su domicilio y de Palacio de Gobierno el pasado fin de semana.

Perú, que ha tenido seis presidentes desde el 2018, encara una nueva turbulencia política con la presidenta Dina Boluarte investigada sobre la procedencia de su fina colección de relojes Rolex, un escándalo que ha provocado las exigencias de su renuncia.

Boluarte es investigada por presunto enriquecimiento ilícito, lo que llevó a que decenas de fiscales y policías allanaran el fin de semana su vivienda y su despacho en el Palacio de Gobierno, en busca de evidencias del caso.

La gestión de Boluarte, que asumió al poder a fines del 2022 tras la destitución de su antecesor Pedro Castillo ha estado marcada por violentas protestas que dejaron decenas de muertos y generaron demandas de elecciones anticipadas.

En un mensaje televisado, Boluarte calificó de “abusiva” la actuación fiscal y afirmó que cumplirá su mandato hasta el 2026.

En medio de la crisis, seis ministros han renunciado y la oposición en el Congreso ha solicitado la expulsión de Boluarte.

El mes pasado, un popular programa político en Youtube “La Encerrona” señaló que Boluarte usaba en eventos públicos relojes Rolex, cuyos precios oscilarían entre 14,000 y 25,000 dólares, un reporte que tuvo amplio eco en la prensa local.

El periodista Marco Sifuentes de “La Encerrona” afirmó a Reuters que tras recibir el dato de un “curioso”, que se había reunido antes con Boluarte y visto que usaba finos relojes, revisaron miles de fotos oficiales de sus apariciones públicas. “Hay un signo de enriquecimiento muy llamativo que perfectamente en Perú podría corresponder a sobornos”, acotó.

El 18 de marzo la fiscalía de Perú anunció el inicio de “diligencias preliminares” contra Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar en documentos la propiedad de tres costosos relojes Rolex.

El caso sacó a relucir un antiguo reporte del regulador de la banca que alertaba “de operaciones sospechosas” por unos 295,000 dólares en cuentas bancarias de Boluarte entre el 2016 y 2022, antes de que asumiera al poder. En su defensa, Boluarte dijo que son “cuentas mancomunadas” cuando era miembro de un club regional; y rechazó actos de corrupción en su gestión.

El viernes padado, decenas de fiscales y policías llegaron a la casa de Boluarte para cumplir una orden de cateo y luego de 10 minutos sin respuesta desde el interior de la vivienda “se procedió a realizar el descerraje de la puerta”, dijo el Ministerio Público en un comunicado.

En la diligencia no se ubicó ni se produjo la entrega de los tres relojes Rolex. Horas después del allanamiento que duró hasta el sábado, medios locales difundieron documentos sobre un Rolex, del modelo Datejust, con fecha de compra “08-07-2023”.

Según el sitio oficial de internet de Rolex, un Datejust de acero Oysterstell y oro amarillo cuesta al menos 14,800 dólares.

El salario mensual de Boluarte como presidenta es de un equivalente a 4,200 dólares, aunque todo el gasto por su función y permanencia el Palacio de Gobierno lo asume el Estado. Anteriormente, como vicepresidenta y ministra de Inclusión Social había declarado ingresos mensuales de unos 8,000 dólares.

En el Palacio de Gobierno se hallaron ocho relojes de otras marcas de menor precio, según la prensa, citando a la fiscalía.

La defensa de Boluarte, que hace días había pedido a la fiscalía postergar las declaraciones de la presidenta, ha solicitado ahora que se tome de inmediato la declaración de Boluarte, el viernes 5 de abril, “en vista de la turbulencia política que se viene produciendo” debido a las investigaciones.

En los dos últimos mensajes a la nación sobre el “caso Rolex”, la presidenta Boluarte no ha precisado el origen de los costosos relojes, ni cuando los compró o si los recibió de regalo. La mandataria mas bien ha calificado de “arbitraria, desproporcional y abusiva” la incursión fiscal y policial a su casa y a su despacho y oficinas en Palacio de Gobierno.

Legisladores de oposición, en su mayoría de izquierda, han pedido la renuncia de Boluarte y presentaron el lunes una moción para iniciar el proceso de su destitución en el Congreso, con la firma de 26 representantes de las 130 bancas del parlamento.

Se requiere 52 votos en el Congreso para seguir el proceso y 87 votos para la destitución de Boluarte, algo poco probable en este momento porque legisladores conservadores o de derecha, que son mayoría, han dado señales de apoyo a la mandataria.

El Congreso ya ha rechazado dos veces solicitudes para expulsar a Boluarte, uno en abril del 2023 tras las protestas sociales y otro en marzo de este año por un cuestionado viaje al extranjero.

En medio del escándalo, Boluarte removió ayer a casi un tercio de su gabinete de 19 ministros, lo que agregaría más inestabilidad en la gobernabilidad del país andino.

En las últimas tres décadas, casi todos los funcionarios de alto rango o expresidentes peruanos han sido investigados por la fiscalía o han estado envueltos en casos de corrupción. Dos expresidentes, Alejandro Toledo y Pedro Castillo, están presos actualmente en un mismo penal mientras los investigan por corrupción o abuso de poder; mientras que Alberto Fujimori fue excarcelado en diciembre tras un cuestionado indulto.

El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la excarcelación, por razones humanitarias, del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años en una prisión por crímenes contra la humanidad.

De 85 años, Fujimori padece un cáncer lingual, fibrilación auricular, hipertensión, entre otros padecimientos. En un fallo inapelable, los magistrados restituyeron el indulto que se le había otorgado al expresidente en 2017.

Su excarcelación se hará efectiva muy probablemente este miércoles, según dijo su defensa y fuentes del Instituto Nacional Penitenciario.

Un aparente error en el registro de las firmas en la resolución del Tribunal Constitucional de Perú impidió que fuera liberado ayer, según afirmó su hija Keiko Fujimori.

En declaraciones a los medios, la excandidata presidencial explicó que “ha habido una pequeña traba administrativa que ha impedido” que la liberación se ejecute ayer.

El entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori por razones humanitarias, pero la justicia peruana lo revocó atendiendo un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de las víctimas del exmandatario que gobernó entre 1990 y 2000.

El Tribunal Constitucional justificó su decisión, alegando la salud “resquebrajada” de Fujimori. Al mismo tiempo recalcó que el exmandatario “ha cumplido aproximadamente las dos terceras partes de su condena”, lo que lo hace beneficiario del indulto.

La semana pasada, la misma Corte ya había ordenado la liberación de Fujimori, pero el juez Vicente Fernández se declaró no competente para autorizar su salida de la cárcel, con lo que el caso volvió al Tribunal Constitucional, que finalmente falló emitiendo un dictamen definitivo.

Recordemos que Fujimori cumple desde 2009 una condena por crímenes contra la humanidad en el penal Barbadillo, una pequeña cárcel para expresidentes al este de Lima, en donde también están los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo, este último encarcelado hace justamente un año por su intento fallido de disolver el Congreso.

Un grupo de simpatizantes de Fujimori llegó hasta el penal con camisetas blancas estampadas con la frase “Fujimori libertad”. Sin embargo, las víctimas de su gobierno rechazaron tajantemente la decisión de los jueces.

Así mismo, la Asociación Pro Derechos Humanos condenó enérgicamente la decisión por considerar que la misma supone un desacato a la Corte IDH. “La comunidad internacional observa atentamente este desafío a la legalidad internacional”, agregó en un comunicado.

Conocido como “El Chino”, Fujimori fue muy popular por su lucha contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, cuyos principales líderes fueron detenidos. Todavía siguen activos algunos remanentes dedicados exclusivamente al narcotráfico en la selva central del país.

En noviembre de 2000, en medio de una creciente oposición tras 10 años de gobierno, Fujimori huyó a Japón, la tierra de sus ancestros, y renunció por fax a la presidencia. Había detentado un poder casi absoluto tras dar un “autogolpe” el 5 de abril de 1992, disolviendo el Congreso e interviniendo el Poder Judicial.

Fujimori enfrenta cuatro condenas judiciales por crímenes contra la humanidad y corrupción, la mayor de ellas a 25 años de cárcel.

Keiko Fujimori afirmó que su padre, de 85 años, está “tranquilo” y con “mucha ilusión”.

Este miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó a las autoridades de Perú que se abstengan de ejecutar por ahora la sentencia del Tribunal Constitucional de excarcelar “inmediatamente” al expresidente hasta examinar en detalle dicho fallo, con el objetivo de estudiar básicamente si cumple con los criterios establecidos en 2022.

La Corte Interamericana considera que debe evitarse a toda costa que se produzca “un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia” de las víctimas, que sufrieron “crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó este jueves que evitará aparecer en fotografías con la mandataria de Perú, Dina Boluarte, durante el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se celebrará la próxima semana en Estados Unidos.

“Ojalá que no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, con mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú, yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto”, expresó López Obrador.

El mandatario viajará la próxima semana a San Francisco para participar en el encuentro de la APEC, en donde se espera tenga una reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, para abordar la crisis migratoria en la región.

López Obrador había rechazado asistir en septiembre, justamente por la presencia de Boluarte, a quien considera una presidenta “espuria” tras la destitución en diciembre pasado del entonces mandatario Pedro Castillo; sin embargo, el mes pasado rectificó ante la “insistencia”, según él, de la Casa Blanca.

Aún así, reiteró sus críticas a Perú tras la expulsión en diciembre de 2022 del embajador de México en Lima, Pablo Monroy, por la “injerencia en asuntos internos” ante el apoyo de nuestro país a Castillo y su familia, asilada ahora en México.

“No se rompieron las relaciones, sin embargo, el trato que le dieron a nuestro embajador fue grosero, humillante”, manifestó López Obrador.

El presidente ha generado tensiones meses atrás en foros internacionales por sus desacuerdos con Boluarte, como su negativa a cederle la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico, que también conforman Chile y Colombia.

La participación de López Obrador en el foro de APEC representa apenas su séptimo viaje al exterior tras casi cinco años de mandato, durante el que ha visitado Estados Unidos cuatro veces, una gira por Centroamérica y Cuba una vez, y otra por Suramérica, que incluyó Chile y Colombia en septiembre.

Las autoridades peruanas “restringieron indebidamente los derechos humanos de los manifestantes” durante las protestas a escala nacional que tuvieron lugar entre diciembre 2022 y marzo 2023, concluyó un informe publicado este jueves por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Ante esta conclusión, la oficina que dirige al alto comisionado Volker Türk exhortó a las autoridades peruanas a “emprender reformas significativas” para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones, lo que incluiría “permitir un diálogo nacional descentralizado e inclusivo”.

El informe subraya que en las protestas, iniciadas tras el fracasado intento de autogolpe y la posterior destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, las fuerzas de seguridad hicieron un uso “innecesario y desproporcionado” de la fuerza, incluida la fuerza letal.

Según la oficina de Naciones Unidas, durante las protestas, que se dieron entre el 7 de diciembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023, murieron al menos 50 personas y 821 más resultaron heridas presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad.

También se documentó que 208 miembros de esas fuerzas sufrieron heridas.

Al respecto, se abrieron investigaciones penales contra 241 personas que participaron en las manifestaciones, aunque al menos 221 se han archivado por falta de pruebas, incluyendo 192 que fueron detenidas en la Universidad de San Marcos de Lima el 21 de enero.

“Los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, a través de procedimientos judiciales justos”, declaró Türk al conocerse el informe.

Recordó que el Gobierno peruano ha proporcionado apoyo económico a las víctimas y a sus familias, unas 266 personas hasta la fecha, identificadas con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Finalmente, la institución recordó que una nueva ola de protestas se produjo en el país suramericano entre el 19 y el 31 de julio, y en ella resultaron heridos 64 manifestantes y 12 agentes de policía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evitará sobrevolar Perú en su próximo viaje a Chile, debido al enfrentamiento diplomático que mantiene con el gobierno de Dina Boluarte.

López Obrador tiene previsto volar a Santiago desde Colombia la noche del próximo sábado para participar en la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile y la muerte del presidente Salvador Allende.

“Como no queremos que nos hagan una majadería, porque (…) no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo. Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile”, dijo el presidente durante su conferencia de prensa matutina.

“No lo hacemos porque no queremos que la investidura del presidente, el país nuestro, se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos lo niegan”, añadió.

Y es que recordemos que López Obrador se ha negado a reconocer como presidenta de Perú a Dina Boluarte, sucesora de Pedro Castillo, quien en diciembre pasado fue detenido tras anunciar que disolvería el Parlamento y gobernaría por decreto justo cuando estaba a punto de enfrentar un juicio de destitución.

En respuesta, el Congreso peruano declaró “persona non grata” a López Obrador, cuyo gobierno concedió asilo a la familia de Castillo.

A su vez, Boluarte ordenó el retiro de su embajador en México, con lo cual la relación se mantiene a nivel de encargados de negocios.

En 2019, un avión del gobierno de nuestro país que sacó al expresidente boliviano Evo Morales de su país para otorgarle asilo político en México tuvo que eludir Ecuador y Bolivia, luego de que ambos países negaran el permiso para sobrevolar su espacio aéreo.

López Obrador iniciará este viernes una gira en Colombia donde sostendrá una reunión con su homólogo Gustavo Petro y al día siguiente participará en un congreso sobre drogas en la ciudad colombiana de Cali para luego partir hacia Santiago de Chile.

El 10 de septiembre se reunirá con el presidente Gabriel Boric y luego acudirá a un encuentro con chilenos que se exiliaron en México durante la dictadura de Augusto Pinochet. El mandatario asistirá el lunes a los actos organizados por el gobierno chileno por los 50 años de la caída del gobierno socialista de Salvador Allende por el golpe militar de Pinochet y ese mismo día regresará a México.

El Gobierno de Perú recibió este martes la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico de parte del gobierno chile, quien actuó como intermediario pues correspondía a México hacer la entrega.

Perú indicó que mientras ostente la Presidencia, impulsará el bloque y retomara “la senda de progresos”, según afirmó la canciller Ana Cecilia Gervasi.

 

A juicio de Gervasi, esta es una “oportunidad significativa”, puesto que “demuestra que los cuatro países miembros” de la organización: México, Colombia, Perú y Chile, han “priorizado” su compromiso con la integración como “vía para avanzar “hacia el desarrollo económico sostenible e inclusivo”.

Para la ministra de Relaciones Exteriores peruana, “la Alianza del Pacífico es uno de los mecanismos más innovadores, flexibles y de vanguardia con que cuenta América Latina”.

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración comercial que representa la octava potencia económica mundial y sus miembros concentran el 41% del PIB de América Latina y el Caribe.

El Gobierno de Chile entregó este martes a Perú, representado por la canciller Gervasi, la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, con varios meses de retraso debido a que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien debía hacer el traspaso, se negó a hacerlo porque no le reconoce legitimidad a su homóloga peruana, Dina Boluarte.

López Obrador rechaza que el expresidente peruano Pedro Castillo sea procesado y se encuentre encarcelado por el fallido golpe de Estado que intentó dar el pasado 7 de diciembre,  lo que provocó que se negara a reconocer a Boluarte como su sucesora constitucional.

Esta posición del Gobierno de México generó una crisis diplomática con Perú, que se extendió al desenvolvimiento de la Alianza del Pacífico y también provocó una tensión política con el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Perú asumirá la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico el próximo 1 de Agosto de manos de Chile, país que este miércoles asumió dicho cargo de manera provisional a causa de la resistencia de México de cederla a Lima por razones políticas.

“En declaraciones a la prensa, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, ha dado cuenta de los acuerdos alcanzados, señalando que el 1 de agosto de 2023, el Perú asumirá la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico”, señaló la Cancillería peruana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que los países de la Alianza del Pacífico, reunidos en Santiago de Chile, acordaron este miércoles que, a partir de hoy mismo, Chile ejercerá la Presidencia pro tempore del mecanismo de integración y destacó “el rol de la diplomacia como medio para lograr compromisos a través del diálogo”.

La decisión se adoptó en un encuentro realizado en Santiago, instancia en la que participaron el ministro de Relaciones Exteriores de Chile; la embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena; el encargado de Negocios del Perú en Chile, Renzo Villa Prado, y el encargado de Negocios de Colombia en Chile, René Correa Rodríguez.

“Vamos a ejercer la Presidencia Pro Tempore durante un mes y luego vamos a traspasar la Presidencia pro tempore al Perú. Nosotros siempre hemos reconocido el derecho que le corresponde al Perú para ejercer la Presidencia pro tempore y es en ese espíritu que hemos asumido la responsabilidad de actuar como intermediarios justamente para poder resolver esta situación”, expuso el jefe de la diplomacia chilena.

“El acuerdo alcanzado refleja la voluntad política de seguir apostando por la integración latinoamericana, que favorece el diálogo, el intercambio económico-comercial, la cooperación y la inserción internacional”, añadió la Cancillería peruana.

Recordemos que Perú tendría que haber recibido la presidencia del bloque de manos de México en diciembre, pero Andrés Manuel López Obrador(AMLO) no reconoce el Gobierno de Dina Boluarte, a la que ha llamado “usurpadora”; desde entonces, el país ha reclamado dicho cargo en diversas ocasiones.

El pasado 1 de junio, el pleno del Congreso peruano declaró persona non grata al presidente López Obrador por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir la Presidencia de la Alianza del Pacífico.

AMLO considera que debería dejarle “la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo”, quien está preso desde el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso peruano luego de intentar dar un golpe de Estado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar del caso de las relaciones con Perú, al decir que no quiere que México tenga relaciones económicas ni comerciales con Perú, “hasta que haya normalidad democrática”.

Y es que según López Obrador, esta condición no se da en la actualidad bajo el gobierno de Dina Boluarte.

Las declaraciones del mandatario se dan un día después de que el Congreso peruano lo declarara “persona non grata” por sus críticas contra su homóloga peruana y su negativa a entregarle el liderazgo de la Alianza del Pacífico.

“Mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, afirmó López Obrador este viernes, añadiendo que la relación bilateral ha quedado en un estatus de “pausa”.

Consultado sobre la entrega de la batuta de la Alianza del Pacífico a Perú, bloque que integran los dos países junto a Colombia y Chile, reiteró que no se la va otorgar a Boluarte, porque “está usurpando la presidencia”.

Incluso López Obrador dijo que ya se analiza entregar la presidencia pro tempore a su colega chileno, Gabriel Boric.

“Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema; a Petro, Gustavo Petro, presidente de Colombia, no, porque también a él lo declararon no grato”, explicó.

Y es que recordemos que México iba a transferir la presidencia pro témpore de la Alianza a Perú a fines del año pasado pero AMLO se negó a hacerlo cuando el Congreso peruano destituyó al presidente Pedro Castillo, y asumió el poder Boluarte.

La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración basada en la libre circulación de bienes, servicios y capitales que busca convertirse en una potencia, apuntando a los mercados de Asia.

El pleno del Congreso peruano declaró, finalmente este jueves, ‘persona non grata’ al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y la negativa a transferir al país andino la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

La decisión fue tomada con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, en relación a una moción con ese planteamiento que fue aprobada el pasado lunes por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

“Expresar su rechazo a las inaceptables declaraciones del señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen, una vez más, una violación al principio de no injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otro Estado, recogido en la carta de la Organización de las Naciones Unidas y en la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como de las obligaciones jurídicas dispuestas en el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico; ambas violaciones del derecho internacional, en perjuicio del Perú”, señala la moción.

No es la primera vez que el Congreso peruano declara “non grata” a líderes de otros países. Lo hizo en enero contra el expresidente boliviano Evo Morales y en febrero contra el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, también por sus declaraciones poco favorables al gobierno dirigido por la presidenta Dina Boluarte.

Sin embargo, López Obrador restó importancia a esta moción, ahora aprobada en el Pleno del Congreso peruano, y dijo que para él era “un timbre de orgullo que los que actúan de esa manera me declaren non grato”.

El presidente indicó que el Congreso peruano inventó “delitos de corrupción” contra el expresidente Castillo. “Fue una destitución por el planteamiento que hizo el presidente (Pedro Castillo) de desaparecer el Congreso, lo que hacen es lo destituyen a él y lo encarcelan, y le inventan delitos de corrupción, son cosas distintas”, señaló.

Castillo, ahora encarcelado por tres años de forma preventiva mientras es investigado por los presuntos delitos de corrupción y rebelión, intentó disolver el Parlamento e iniciar un gobierno de excepción el 7 de diciembre.

López Obrador ha venido insistiendo que la presidenta Dina Boluarte es una “usurpadora”, y ha reiterado México no entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico debido a que Boluarte no es legítimamente “presidenta del Perú”.

México y Perú rompieron relaciones diplomáticas y mantienen lazos a nivel de encargado de negocios. Sobre este conflicto diplomático, en Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Brenda Estefan, analista internacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que sería un “timbre de orgullo” ser declarado persona “non grata” en Perú, luego de que el Congreso de aquel país debatirá si rechazar o no al mandatario por considerar “inaceptables” sus declaraciones contra Dina Boluarte.

“No es de declarar ‘no grato’ al presidente de México, para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren “no grato”, pero no es correcto”, dijo López Obrador esta mañana durante su conferencia de prensa.

López Obrador respondió así a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú que hoy debate una moción que plantea rechazar las “inaceptables declaraciones” del gobernante, quien la semana pasada calificó de “usurpadora” a la presidenta Boluarte.

La moción remarca que las afirmaciones de López Obrador “constituyen una violación al Derecho Internacional, entre otras consideraciones”.

Al respecto, AMLO reiteró que considera que no fue justo lo que hizo el Congreso de Perú de destituir al presidente Pedro Castillo y encarcelarlo pues, aseguró, fue ilegal.

“Si se hace un análisis del marco legal jurídico del Perú lo incumplieron, lo violaron, fue una decisión arbitraria más la represión que desataron, asesinaron como a 70 personas que protestaron”, denunció.

Dijo que él no puede quedarse callado ante esa decisión que le parece “arbitraria” y acusó a la “clase gobernante” y a la “oligarquía peruana” de aprovecharse de los recursos naturales del país a costa del sufrimiento de Perú.

Además, dijo que no se le hacía “correcto ni normal”, que tras la destitución de Castillo la embajadora de Estados Unidos en Perú avalara la decisión.

Afirmó que el Congreso peruano autorizó que lleguen a ese país 700 soldados estadounidenses armados, a petición de la que está detentando la presidencia, en referencia a Boluarte.

“700 soldados estadounidenses para entrenar a fuerzas armadas del Perú y a la Policía del Perú, no culpo solo a quienes permiten eso, sino hago un llamado de atención al Gobierno de Estados Unidos porque eso es mantener una política injerencista, que en nada ayuda a buscar la hermandad entre los pueblos del continente americano”, dijo.

Señaló que si lo van a declarar “no grato, que sepa cuando menos la gente porqué es”.

Recordemos que la semana pasada, López Obrador calificó  de “usurpadora” a Boluarte y dijo que debería dejarle “la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática”, es decir, a Pedro Castillo, quien está preso desde el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso peruano luego de intentar dar un golpe de Estado.

López Obrador asegura que Boluarte, que asumió el cargo por sucesión constitucional por ser la vicepresidenta, “fue impuesta” en el gobierno de Perú por lo que tiene “como 25% de aceptación”. Además, reiteró que México no le entregará la Presidencia de la Alianza del Pacífico “porque ella no es legal y legítimamente presidenta del Perú”.

El Gobierno de Perú arremetió nuevamente contra los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, a los que acusó de ir contra “los principios y valores que rigen la convivencia democrática en la región”.

La canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, remarcó que la defensa de la democracia “constituye una obligación que compromete a todos” los estados de la región de acuerdo con los principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana.

Gervasi enfatizó que la posición de López Obrador de no entregar la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú “es una manifestación del nivel de negligencia con el que orienta sus acciones en el ámbito exterior”.

Agregó que Petro, al haberse referido a la fiscal general peruana, ha demostrado “su no reconocimiento a la independencia y autonomía constitucional que tienen las Fiscalías en el marco de un sistema democrático”.

Y es que ayer, López Obrador calificó de “usurpadora” a Boluarte y dijo que debería dejarle “la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo”, quien está preso desde el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso peruano luego de intentar dar un golpe de Estado.

Los mandatarios “insisten en desconocer el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y la sucesión legítima y constitucional de la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, que ha sido ampliamente reconocida por la comunidad internacional”, añadió.

Además, reiteró que México no le entregará la Presidencia de la Alianza del Pacífico “porque ella no es legal y legítimamente presidenta del Perú” a consideración de México.

Por su parte, Petro criticó el domingo las visitas que hicieron políticos y funcionarios a la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, y la señaló como “protagonista” de lo que consideró “un golpe de estado” contra Castillo.

La canciller peruana consideró que la posición de los dos gobernantes “muestra también un evidente interés de tergiversar la realidad, con el aparente fin de ocultar los problemas internos de gobernabilidad que ambos enfrentan en sus respectivos países”.

Añadió que los países que no deseen trabajar en el marco de la Alianza del Pacífico “deben considerar suspender su participación en este mecanismo, permitiendo así que el mismo continúe avanzando con aquellos que nos encontramos comprometidos con sus principios y objetivos fundacionales”.

“El Perú reitera que la negativa del señor López a entregar al Perú la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico constituye el incumplimiento de una obligación internacional por parte de México, que puede conllevar a responsabilidad internacional para dicho Estado”, concluyó la canciller.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró este martes que no piensa renunciar a ejercer la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, y lamentó “la postura reacia” que tiene México a transferirle ese cargo.

“No puedo dejar de deplorar la postura reacia del actual presidente de México de cumplir con la transferencia de la presidencia pro tempore de la Alianza a Perú”, enfatizó Boluarte durante una ceremonia en el Palacio de Gobierno de Lima.

La presidenta ha acusado en reiteradas ocasiones a López Obrador de no querer hacer ese traspaso porque “sigue apoyando” al exmandatario Pedro Castillo, quien fue destituido tras intentar dar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.

Boluarte presidió una ceremonia de conmemoración de los 12 años de la Alianza del Pacífico, a la que asistieron el expresidente de México Felipe Calderón y el excanciller chileno Alfredo Moreno, además de emitirse un saludo en video del exmandatario colombiano Juan Manuel Santos.

La mandataria enfatizó que “todos los líderes” de la Alianza del Pacífico, que integran Chile, Colombia, México y Perú, han surgido “de procesos constitucionales y democráticos” y lamentó que sus ideas hayan sido “desplazadas por cuestiones ideológicas usadas como excusas para poner trabas”.

Denunció que la negativa de López Obrador “constituye el incumplimiento de una obligación institucional que a su vez ha generado la paralización de la mayoría de las acciones” de la Alianza.

Aseguró que esto también afecta el proceso de incorporación como miembros de Costa Rica y Ecuador, que “el Perú respalda”, así como “el ingreso de los candidatos a Estados asociados”.

“No renunciaremos a mantener viva la Alianza del Pacífico y a ejercer su presidencia, ya lo estamos haciendo a través del trabajo conjunto que tenemos acá en el Perú (…) no permitiremos que coartadas políticas vulneren este exitoso mecanismo”, sostuvo.

Por su parte, el expresidente Calderón “saludó con aprecio” a Boluarte y a las demás autoridades y diplomáticos que participaron en la ceremonia, y destacó la gran amistad que existía entre los presidentes de los países miembros cuando se fundó la Alianza.

Perú reclamó este martes la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico mediante una comunicación a las cancillerías de México, Colombia y Chile, en la que planteó realizar una consulta al respecto y alertó a nuestro país que no formalizar el traspaso “acarrearía responsabilidad internacional”.

“En la fecha, el gobierno del Perú ha planteado la realización de consultas entre todas las partes del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico a fin de llevar a cabo el traspaso de la Presidencia Pro Tempore al Perú, sin mayores dilaciones”, señaló la cancillería peruana en un comunicado.

El gobierno de Dina Boluarte recalcó que el incumplimiento de una obligación internacional por parte de un Estado, como es rehusarse a traspasar la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, acarrearía responsabilidad internacional para dicho Estado.

La cancillería puntualizó que, en esta comunicación, la primera remitida a todos los ministerios de Relaciones Exteriores de los países miembros, se invocó el principio “pacta sunt servanda”, consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que establece que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

Sobre las consultas referentes al traspaso de México a Perú de la Presidencia pro tempore, el país andino defendió que estas se contemplan en el propio Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, según el cual “las partes realizarán todos los esfuerzos, mediante consultas u otros medios, para alcanzar una solución satisfactoria ante cualquier diferencia sobre la interpretación o aplicación de las disposiciones” del mismo.

Adicionalmente, el gobierno de Perú ha dejado abierta la puerta para utilizar los medios políticos y jurídicos a su disposición para lograr el cabal cumplimiento de las obligaciones internacionales contenidas en el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.

Por otro lado, la cancillería expresó su “alto aprecio” ante los diversos pronunciamientos por parte de sectores gubernamentales, empresariales y académicos tanto nacionales como de otros países, que “coinciden en la urgente necesidad de continuar con los trabajos” de este proceso de integración regional.

“Los cuatro estados miembro debemos preservar a la Alianza del Pacífico como un mecanismo de integración económico-comercial sin politizaciones y así continuar generando oportunidades para el comercio, las inversiones y la cooperación, en beneficio de nuestros ciudadanos”, insistió el ministerio.

El comunicado de la cancillería concluye señalando que el gobierno de Boluarte “no renunciará a mantener viva la Alianza del Pacífico y ejercer su Presidencia Pro Tempore, la que le corresponde de conformidad con el derecho internacional”.

Y es que recordemos que en reiteradas ocasiones, la mandataria peruana ha acusado a López Obrador de no querer hacer el traspaso porque “sigue apoyando al expresidente” Pedro Castillo.

Desde la destitución de Castillo en diciembre pasado, López Obrador se ha alineado con el exjefe de Estado, otorgando asilo a su mujer e hijos y denunciando que fue víctima de un golpe de Estado supuestamente orquestado por la oligarquía.

El expresidente peruano Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde diciembre pasado por su fallido autogolpe, fue sancionado con 15 días de limitación de las comunicaciones, después de haber publicado una carta en Twitter, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El comunicado del INPE precisó que el pasado 26 de enero se abrió un procedimiento administrativo disciplinario contra Castillo por una presunta falta disciplinaria con respecto a una carta firmada y publicada en Twitter, teniendo en cuenta que los internos no pueden usar teléfonos móviles.

La misiva de Castillo iba dirigida a los mandatarios asistentes a la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que se declaró “prisionero político de la dictadura” de Dina Boluarte, la actual presidenta del país.

El Consejo Técnico Penitenciario del penal de Barbadillo, en el que se encuentra recluido el exmandatario, determinó que se le imponga “la sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones con el exterior, por el periodo de 15 días”, conforme al Código de Ejecución Penal.

El INPE agregó que esta medida implica “la restricción de las visitas de familiares y amistades durante el periodo” de la sanción, pero no impide el ingreso de sus abogados ni su participación en las audiencias judiciales.

Recordemos que Castillo fue detenido el 7 de diciembre pasado cuando anunció un golpe de Estado e intentó dirigirse a la embajada de México, donde finalmente su esposa e hijos recibieron asilo.

El exmandatario afronta en prisión preventiva un proceso por los delitos de conspiración y rebelión, y otro como presunto líder de una organización criminal que supuestamente se instaló en el Estado, durante su gobierno, para adjudicar obras públicas a cambio de dinero y favores políticos.

Este martes, Castillo afirmó, durante una audiencia de apelación contra su detención, que es un “preso político” y pidió la intervención de organismos de derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hallar “justicia” ante la “inseguridad jurídica” que, asegura, se está “creando” en Perú.