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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) consideró necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con las investigaciones sobre el caso Pegasus y finque las responsabilidades correspondientes.

En voz de su comisionado presidente, Francisco Javier Acuña, el INAI recordó que el Instituto inició una investigación de oficio y un procedimiento de verificación sobre el caso, cuyas conclusiones fueron enviadas a la FGR, notificando que se detectaron irregularidades en el manejo del software por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

“El INAI, aquí, patentiza al señor Fiscal General de la República la necesidad democrática de continuar las investigaciones; nosotros las hicimos, estrictamente, en el acotado ángulo de la protección de datos personales porque no tenemos otras potestades y, al menos, nosotros sí activamos una denuncia para que se hicieran las investigaciones y se localicen las responsabilidades de quienes hubiesen sido partícipes en cualquier forma del ominoso pasaje de haber hecho posible una indebida vigilancia digital ”, sostuvo Acuña Llamas.

El comisionado presidente del INAI afirmó que en una democracia es inaceptable que herramientas como el software Pegasus, adquirido por el Estado para combatir ilícitos, haya sido utilizado sin el debido protocolo y “burlando la legalidad” para vigilar a periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil organizada.

El llamado del INAI llega luego de que se informara que Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), deberá comparecer en la investigación por el uso de Pegasus, toda vez que una juez le negara un amparo para evitar la comparecencia, prevista para el 20 de marzo.

 

Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la antigua PGR, debe comparecer en la investigación por espionaje a periodistas con el malware Pegasus.

Esa investigación, radicada en el expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, se inició por denuncia de algunas de las víctimas quienes señalaron como presunto responsable a Jesús Murillo Karam, quien fue procurador de la República con Enrique Peña Nieto.

La comparecencia de Tomás Zerón se concretará luego de que una juez le negó un amparo que interpuso para evitar la comparecencia, prevista para el 20 de marzo y la cual deberá reagendarse.

En una resolución dictada el pasado viernes 22 de marzo, Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, dijo que la comparecencia no viola los derechos de Zerón de Lucio.

“El 4 de marzo de 2019, la autoridad ministerial ordenó citar al quejoso en las oficinas a su cargo para que a las 12:00 del 20 de marzo comparezca a una entrevista en su calidad de testigo”, recordó la Juez Ortega Tlapa.

Explicó que, de acuerdo con el citatorio, la comparecencia es para que declare la verdad de lo que conozca y le pregunten respecto a la información relacionada a la contratación y funcionamiento del sistema denominado Pegasus, adquirido en octubre de 2014, a través de la AIC, a un precio de 32 millones de dólares.

“Actuaciones que, por sí mismas, no causan un daño o perjuicio al justiciable, pues éstas son de orden público”, señaló la juez.

Recordó que en el citatorio no se advierte de ningún tipo de apercibimiento hacia Zerón de Lucio para que asista a esa diligencia a realizarse en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

La Fiscalía General de la República entregó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) dos contratos que confirman que la dependencia anterior, la Procuraduría General de la República, pagó por el uso de licencias de Pegasus en 2016 y 2017.

Pegasus es el software con el que fueron espiados al menos 15 defensores de derechos humanos, legisladores y periodistas.

Esto quiere decir que la PGR lo utilizó, por lo que el INAI pidió a la Fiscalía y a la Auditoria Superior de la Federación que investiguen quiénes usaron este programa que permite obtener información detallada, así como audio y video en tiempo real, de los celulares de las víctimas.

Y también que garanticen que ya fue desinstalado de las áreas de espionaje.

“Nos hizo llegar de último momento, de última hora, que había evidencias, que había encontrado dos contratos, por un monto, uno en 2016 y otro en 2017, por un monto de 200 millones de pesos, que se suman a los 600 y tantos millones de pesos que el Estado mexicano, a través de la PGR invirtió en el 2014. Durante toda la fase de investigación, hubo una negación de la PGR a que hubiera vestigios de algo más”, señaló Javier Acuña, presidente del INAI.

El INAI encontró indicios de que funcionarios de la otrora Procuraduría General de la República (PGR) hicieron mal uso de dicho programa e incumplieron la protección de datos personales.

Al presentarse la resolución sobre el proceso de verificación de oficio que inició el 23 de noviembre pasado a la Procuraduría, dijo que dará vista al Órgano Interno de Control de la Fiscalía y a la Auditoría Superior de la Federación para que se investigue y sancione a los funcionarios involucrados en la operación del software.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló este miércoles sobre el espionaje que se llevaba a cabo por parte del gobierno federal en contra de opositores y líderes de opinión.

Dijo que desde el primer día de su administración, “ya no hay (espionaje). Ya pueden ustedes hablar tranquilamente por teléfono, ya no hay golondrinas en el alambre. Por lo que corresponde al gobierno federal no hay”.

Adelantó que de acuerdo a un reporte que se conoció hoy, de los tres mil 700 elementos de la Policía Ministerial, alrededor de mil 500 estaban asignados a funciones de guardaespaldas, no sólo de servidores públicos, sino también de privados.

Al respecto dijo que sólo van a tener escoltas, protección,  los que tengan responsabilidad en asuntos de seguridad pública y  quienes necesiten protección por estar recibiendo amenazas, entre los que podrían haber ciudadanos o periodistas, pues subrayó, es obligación del gobierno federal brindarles protección.

Sobre las víctimas de espionaje del sofware ‘Pegasus’, el cual estaba en poder de la Secretaría de Gobernación, AMLO reconoció que en el pasado la dependencia tenía mala fama; lo que dijo, ahora en los hechos, es una Secretaría de la defensa de  los derechos humanos.

Remató diciendo que la Sebog tiene la encomienda de dar protección completa a todos los ciudadanos y a periodistas.  “Por eso está ahí Alejandro Encinas, la licenciada Olga Sánchez Cordero, que por convicción tienen la decisión de defender, de proteger derechos humanos, que serían incapaces de prestarse a un acto que signifique violar derechos humanos o desproteger a los ciudadanos”.

 

Una nueva investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela cómo un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) en tiempos de Jesús Murillo Karam estuvo involucrado con el consorcio que cobró a esa dependencia 32 millones de dólares por el malware espía.

 

Un funcionario de la Procuraduría fue socio fundador de una compañía ligada al grupo empresarial que vendió en 32 millones de dólares el malware espía Pegasus a la propia PGR.

 

Luis Fernando Ayala Puente, quien trabajaba en la oficina encargada de custodiar los bienes decomisados a delincuentes, fue socio fundador de la empresa CITELAE del Centro SA de CV, la cual registró el nombre y el logotipo de Balam Seguridad Privada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), revela la investigación de MCCI.

 

Balam nació como empresa el 15 de mayo de 2012, mientras transcurría la pasada campaña presidencial, y el trámite de inscripción de su nombre comercial fue realizado por intermediación de CITELAE el 3 de julio del mismo año.

 

En octubre de 2014, una empresa filial de Balam, de nombre Grupo Tech Bull SA de CV, obtuvo de la PGR un contrato por 32 millones de dólares (equivalente a 450 millones de pesos de entonces) para surtir el malware de espionaje Pegasus, el cual ha sido utilizado para infectar teléfonos inteligentes de defensores de los derechos humanos, políticos de oposición y periodistas.

 

Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, uno de los accionistas de Balam, tiene vínculos con encumbrados personajes de la política. Un hermano de su papá es Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, Coordinador de Puertos y Marina Mercante, cercano al círculo político del senador Emilio Gamboa, y su primo Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal trabajaba en la oficina de la Presidencia de la República cuando se asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull.

 

El accionista de Balam ha negado reiteradamente el vínculo con Tech Bull, pese a que una cadena de correos filtrados por Wikileaks ha mostrado los nexos empresariales.

 

Además, en esta investigación se corroboró que el hermano de uno de los presuntos prestanombres de Tech Bull trabaja para Balam. Cuando se asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull, el socio fundador de CITELAE –la empresa ligada a Balam- tenía ocho meses de haberse incorporado como funcionario de segundo nivel en la PGR.

 

Investigación completa aquí

El dueño legal de Grupo Tech Bull SA de CV, la empresa intermediaria mexicana que vendió a la PGR el malware espía Pegasus en 32 millones de dólares, vive en un asentamiento irregular ubicado en una barranca.

 

Al otro lado de esa cañada, en una habitación del pueblo de Santa Lucía, vivía el apoderado legal de la misma empresa y quien firmó el contrato con Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).

 

De acuerdo a una investigación divulgada por la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ubicó los domicilios del dueño, así como del operador de Grupo Tech Bull y constató que ambos residían en inmuebles ubicados en colonias populares de la delegación Álvaro Obregón, al poniente de la ciudad de México.

 

Uno de ellos, Carlos Cayetano Miguel, quien en actas apareció como dueño y administrador único de Tech Bull al momento de realizarse la venta de Pegasus a la PGR, aseguró en entrevista que no supo de esa transacción millonaria y que, además , no recibió ni un peso de ganancia.

 

– ¿Sabías que la empresa que fundaste vendió al Gobierno un malware por 32 millones de dólares?- se le preguntó cuando salía de su casa en la barranca de Guadalupe. “La verdad es que casi no veo noticias, ni sabía”, indicó Cayetano Miguel”.

 

Según Cayetano, no tuvieron encargado de ventas mientras él fue socio y tampoco realizaron ventas, ninguna. Aún más, dijo que ni siquiera supo que Pegasus se utilizó para espiar a periodistas y activistas.

 

Cayetano Miguel creó la empresa, pero ya no recuerda dónde vivió su socio y se le ha borrado de la memoria algún otro dato que sirviera para localizarlo. “Hace como tres o cuatro años vendí mis acciones”, comentó, aunque “no recuerda” a quien las vendió, “mi aportación fue de tres mil pesos en aquel tiempo, en 2013. Ya después no tengo idea de qué se hizo; se vendió o no se vendió, a quién se le vendió “

 

Con información de MCCI / Foto: Archivo APO

En su más reciente informe, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, se confirma que uno de los teléfonos móviles de)reunidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sufrió intentos de infección con el software Pegasus, tal como se había revelado la semana pasada.

 

 

En el informe se detalla que los ataques ocurrieron al principios de marzo de 2016, fecha previa a la publicación del informe final del grupo de expertos sobre su investigación relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 

Si bien la institución aclara que no puede adjudicar dichos ataques a un individuo o institución de gobierno específica, lo que si afirma es que el software que ha sido adquirido por instituciones de gobierno en México para investigar casos de terrorismo y de seguridad nacional, ha sido utilizado para espiar a figuras públicas, periodistas y más. 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Luego de que el programa de Televisa “En Punto” revelara los contratos por los que la PGR, con José Murillo Karam al frente de la dependencia, compró en 2014 el software “Pegasus”,  y por el que pagó  más de 32 millones de dólares, los responsables de la investigación #Gobiernoespía alertó que dicha filtración urge a tomar medidas inmediatas. 

 

Según el programa televisivo, la compra se hizo a través de una transacción entre la empresa Tech Bull y la PGR, en el que se ampara la compra de 500 objetivos del sistema”Pegasus” y que está firmado por Tomás Zerón, quien en dicho periodo fungía como director de la agencia de investigación criminal de la dependencia.

 

 

Este jueves, a través de un comunicado de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los autores del reporte #GobiernoEspía, indicó que si bien la información revelada no es prueba suficiente para excluir la posible adquisición del software por parte de otras instancias del Gobierno Federal, “los documentos sí comprueban que PGR adquirió y cuenta con esa tecnología (…) por lo que se confirma la necesidad de investigar y aclarar los procesos de contratación y el uso que la institución le dio al malware adquirido”.

 

MCCI indicó que dado que es la misma PGR la que está a cargo de la investigación de las practicas de espionaje, “esta revelación corrobora y hace más relevante la necesidad de generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un Panel de Expertos y Expertas Independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos”

 

Pidieron que los funcionarios de la PGR que firmaron los documentos así como aquellos que fungieron como sus superiores (procurador) “sean llamados a declarar para que aclaren el uso que dieron al sistema Pegasus”. Adicional solicitaron que se transparenten todos los contratos de tecnologías de espionaje realizados por PGR con NSO Group y otros proveedores similares, además de los realizados por otras dependencias que pudieron haber adquirido el software. Indicaron que El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) debe ejercer sus facultades para acelerar dicho proceso.

 

Con información de MCCI / Foto: Twitter

La asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en coordinación con la revista Proceso, han revelado detalles de Balam Seguridad Privada, empresa que se encuentra detrás de la venta del software Pegasus, que en las últimas semanas ha tomado notoriedad luego de que se indicara que a través de él se realizaban practicas de espionaje en contra de líderes de opinión en México.
 
 
 
La investigación que presenta, detalla que Balam es una empresa nacida en mayo de 2012, justo cuando la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto estaba en marcha y para sorpresa de muchos, le bastaron dos años para convertirse en la proveedora número uno de sistemas de inteligencia y seguridad del Gobierno federal, entre los que se incluye el software espía Pegasus, desarrollado por NSO Group.
 
 
 
https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/879039959876993024
 
 
 
Para llegar a posicionarse de tal manera, sus dos jóvenes socios adoptaron una exitosa estrategia comercial: mientras Asaf Zanzuri conseguía las tecnologías con empresas de Israel –país del que es originario–, mientras que Rodrigo Ruiz Treviño abría las puertas de las agencias de seguridad, sin embargo es aquí donde se ha encontrado uno de los mayores conflictos de interés, pues es Ruiz Treviño quien tiene conexiones con la élite priista: su tío Guillermo Ruiz de Teresa es coordinador de Puertos y Marina de la SCT, exlíder del sector popular del PRI y junto con Emilio Gamboa, su padrino político, fue protagonista del desvío millonario del Pemexgate.
 
 
 
MMCI y Proceso revelan que antes de fundar Balam Seguridad Privada, Rodrigo Ruiz de Teresa sólo tenía experiencia en el negocio de los restaurantes y los bares, además de que presumía en las redes sociales su vida de “Mirrey”. Zanzuri, por su parte, había trabajado en la industria del espionaje en Israel y Europa, según su currículum.
 

 
Por su parte la revista Proceso reveló en julio de 2015 que Balam Seguridad Privada –y su filial Grupo Tech Bull– surtieron a diversas agencias de seguridad mexicana con material de intercepción, e incluso un centro de mando desarrollado por Elbit, una de las principales compañías de Defensa de Israel. Estas agencias incluían la Secretaría de Marina (Semar), la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal (PF) y “una gran cantidad de Procuradurías, incluyendo el Estado de México”.

 
El 6 de febrero de 2014, Balam Security incluso sirvió de intermediario en la venta de dos aviones de espionaje Dominator XP –fabricados por Aeronautics Ltd– a las Fuerzas Armadas de México. El negociador del contrato fue Zanzuri.
 
 
Con información de MCCI / Foto: Twitter
 

El titular de  la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, indicó que “en caso de ser necesario” se abriría una revisión del proceso de adquisición del software Pegasus, que presuntamente fue usado por el Gobierno para espiar a periodistas y activistas.

 

En el marco de la Primera Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, Portal indicó que supo de la posibilidad de que autoridades federales recurran a la ASF para investigar la compra del software Pegasus. “Tenemos una solicitud que, tengo entendido, nos la van a enviar para que podamos intervenir en esto”, dijo.

 

“La Cuenta Pública de 2016 ya está avanzada, ya estamos a medias de la revisión, difícilmente la podríamos incorporar, pero si fuera el caso, si fuera necesario, cambiaríamos el programa para incorporarla”, sostuvo el titular del organismo.

 

Detalló que lo que corresponde´ria a la Auditoría sería revisar el proceso de adquisición del software para comprobar que su compra se ajustó a las normas establecidas.

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter