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Apple pidió este martes a sus usuarios a actualizar los dispositivos tras anunciar una solución para una importante falla de software que permitía que el programa espía Pegasus se instalara en los teléfonos sin siquiera hacer clic.

Expertos en ciberseguridad del Citizen Lab, un centro de investigación de la Universidad de Toronto, descubrieron la falla mientras analizaban el teléfono de un activista saudita.

El saudita se halla entre las decenas de miles de personas que se sospecha que fueron atacadas con el software Pegasus, de fabricación israelí, que según informes de medios se ha utilizado en todo el mundo para interceptar las comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas e incluso jefes de estado.

Apple dijo que había desarrollado «rápidamente» una actualización de software después de que Citizen Lab lo alertó sobre la vulnerabilidad en su software iMessage el 7 de septiembre.

«Ataques como los descritos son altamente sofisticados, cuestan millones de dólares desarrollarlos, a menudo tienen una vida útil corta y se utilizan para atacar a individuos específicos», dijo la compañía.

Citizen Lab dijo que estaba instando a la gente a «actualizar inmediatamente todos los dispositivos de Apple».

Recordemos que desde julio han circulado escandalosas revelaciones de que los gobiernos han espiado a las personas utilizando ese software altamente invasivo, que fue desarrollado por NSO Group, una firma de inteligencia israelí.

Una vez que Pegasus se instala en un teléfono, puede usarse para leer los mensajes del dispositivo, mirar sus fotos, rastrear sus movimientos e incluso encender su cámara.

La falla corregida por Apple el lunes se conoce como «zero-click exploit», lo que significa que se puede instalar en un dispositivo sin que su dueño haga nada, ni siquiera apretar un botón. Citizen Lab dijo que creía que la falla, que bautizó FORCEDENTRY, se había utilizado para instalar Pegasus en dispositivos desde febrero de 2021 o tal vez incluso antes.

La India, México y Azerbaiyán están entre los que encabezaron la lista de países donde una gran cantidad de números de teléfono fueron presuntamente identificados como posibles objetivos de clientes de NSO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este jueves considerar el escándalo del espionaje de ‘Pegasus’, cometido durante los dos sexenios anteriores, en la Consulta Popular del próximo 1 de agosto que él mismo promovió en in inicio para juzgar a los exmandatarios del «periodo neoliberal».

López Obrador evadió pedir la comparecencia del expresidente Enrique Peña Nieto por el espionaje de unos 15,000 números telefónicos con el programa de origen israelí, al señalar que «para eso es la Consulta».

«Yo considero que debe expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos, y para eso es la Consulta, que se va a llevar a cabo en 15 días, menos», respondió el mandatario.

El fin de semana pasada, una investigación de medios internacionales reveló  que gobiernos de varios países espiaron 50,000 teléfonos a través del software ‘Pegasus’, de los que 15,000 fueron en México durante el gobierno de Peña Nieto, la cifra más alta de cualquier país.

Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció una investigación, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que los gobiernos anteriores, desde el de Felipe Calderón, pagaron un contrato de 32 millones de dólares a la empresa israelí NSO.

Aunque López Obrador y su familia fueron víctimas de espionaje, el mandatario ha rechazado investigar a sus predecesores, y en su lugar ha pedido que los ciudadanos participen en la Consulta del 1 de agosto.

«Que se tome en cuenta todo, yo envié esta iniciativa con este propósito para que las autoridades competentes actúen, que se respeten los derechos humanos, no haya linchamientos y que de manera democrática los ciudadanos decidan», añadió.

Posteriormente, el presidente criticó que el Instituto Nacional Electoral (INE), no promueva, a su juicio, suficientemente la Consulta.

Recordemos que López Obrador impulsó la Consulta, la primera en la historia del país bajo la Ley Federal de Consulta Popular, para que los ciudadanos decidieran sobre enjuiciar a sus predecesores. Y aunque la pregunta original mencionaba por nombre y apellido a cada uno de sus antecesores: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y pedía indagar la «presunta comisión de delitos», la Suprema Corte cambió la pregunta..

«¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?», es la pregunta que avaló la Corte en octubre pasado y que aparecerá en la boleta a usarle el próximo domingo 1 de agosto.

La votación ha despertado críticas de la oposición, porque la tachan de propaganda, por someter a la voluntad popular la justicia o porque opinan que el gobierno miente sobre la pregunta.

Incluso esta mañana el mandatario cuestionó a intelectuales como el historiador Enrique Krauze por hablar de «una dictadura plebiscitaria». «Sí a la consulta, sí al plebiscito en todos los casos, y no tenerle miedo al pueblo, lo otro es seguir apostando por que sean las élite las que decidan», dijo.

El extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) con Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, negó tener conocimiento sobre la adquisición y uso del programa de espionaje Pegasus durante la pasada administración.

Osorio Chong afirmó desconocer cualquier sistema de espionaje: «nosotros seguíamos a criminales y siempre se pedía la autorización de un juez para poder hacer el seguimiento respectivo, y lo hacía el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) o lo hacían las áreas correspondientes».

Y es que el pasado domingo pasado, una investigación de un consorcio de medios internacionales destapó que gobiernos de varios países, espiaron 50,000 teléfonos mediante el programa ‘Pegasus’, desarrollado por una empresa israelí, de los cuales 15,000 casos fueron en México durante el gobierno pasado.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas, del entonces líder opositor y actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como de sus colaboradores, familiares y hasta de su cardiólogo.

Peña Nieto negó «categóricamente» en 2017 espiar a periodistas y activistas tras un reportaje que reveló que su gobierno había intervenido el teléfono de la periodista Carmen Aristegui, entre otros.

Osorio Chong, actual senador de la República, insistió que en el Cisen tenían otros sistemas con los que trabajaban. «Tuve varias reuniones allá, pero se trabajaba en el marco de la ley y con órdenes judiciales, solo así», insistió el priísta.

Reiteró que no tuvo conocimiento de que existiera algún otro programa dedicado al espionaje, y afirmó que ya rindió su declaración respecto al caso, aunque dijo que ahora estará pendiente de lo que surja a partir de las nuevas investigaciones.

“No reconozco ningún sistema de espionaje (…) No hay lugar al comentario de espionaje, de mi parte no tengo conocimiento al respecto de nada”, reiteró.

Sobre el tema, el presidente López Obrador dijo que a diferencia de lo que ocurría antes, en su gobierno ya «no se espía a nadie». Descartó tomar medidas judiciales contra quienes lo espiaron en el pasado.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó esta mañana que el gobierno federal firmó contratos desde 2012, con los entonces presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con la empresa vinculada al escándalo de espionaje del programa ‘Pegasus’.

En la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, Nieto Castillo dio detalles sobre el caso Pegasus en México, uno de los países con más periodistas, políticos y activistas espiados.

«Se entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus», explicó el funcionario.

Nieto detalló que Grupo Tech Bull, una empresa fachada constituida por la firma Balam Seguridad Privada y relacionada con la israelí NSO Group, tuvo un contrato en 2014 con la entonces PGR y particularmente con Tomás Zerón, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, hoy prófugo en Israel, para ‘Pegasus’.

«Este contrato es de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group a la que terminó transfiriéndose los recursos», dijo.

El colaborador de AMLO, considerado el responsable de la mano dura al interior del gobierno, detalló que de 2012 a 2018, se destinaron 5 mil 914 millones de pesos en servicios de espionaje. «Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas son 5 mil 914 millones de pesos y en retiros 2 mil 889  millones de pesos».

Señaló que este no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de ‘malware’, pues dijo que en el gobierno de Felipe Calderón se contrató un servicio parecido, bajo el mando de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad, quien hoy se encuentra preso en Estados en espera de su juicio por narcotráfico.

Además, agregó que las contrataciones con las empresas vinculadas a Tech Bull «se remontan» a 2012, con la administración de Calderón, aunque detalló si se contrató en ese entonces el servicio Pegasus.

Esta empresa recibió fuertes montos a lo largo de los años, de cuentas concentradas del gobierno federal. A través de una red de empresas, continuó Nieto, se enviaban recursos a Israel e Italia.

«No solamente se trata de montos incongruentes. Sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del Gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al Gobierno de la República del año 2012 al 2018», apuntó.

Sobre los periodos de contratación, indicó que van del 2012 al 2018 y pertenecen tanto a la PGR pero también con órgano desconcentrado de prevención y gobiernos estatales como el de Veracruz o el Estado de México.

Santiago Nieto afirmó que durante la presente administración «estos grupos no han sido contratados», apuntando que las contrataciones concluyeron el 31 de diciembre de 2018, días después del arribo al poder de López Obrador.

Indicó que Balam transaccionaba a través de empresas fachadas como Tech Bull para enviar recursos a personas físicas y empresas en varios países.

En este contexto, continuó, «se presentará la información ante la FGR y se dará aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los posibles temas vinculados con evasión fiscal, cabe señalar que no se localizaron transacciones de dichas empresas en al presente administración».

Adelantó que se ejecutará el «acuerdo de bloqueo» contra los sujetos involucrados si se ha advertido lavado de dinero.

Por su parte el presidente dijo que además de que espiar es un delito, dichas prácticas cuestan mucho, por lo que señaló que se usaba «mucho dinero del presupuesto con esos propósitos”.

Recordemos que en los últimos días se ha dado a conocer, por investigaciones periodísticas aunadas a las ya existentes de años atrás, que el gobierno de Peña Nieto espió a través del programa ‘Pegasus’ a periodistas, activistas e incluso al entonces líder opositor y actual presidente, así como a su círculo cercano, entre los que se encuentra su propia familia.

El consorcio coordinado por la francesa Forbidden Stories destapó que gobiernos de varios países espiaron mediante el programa ‘Pegasus’ de la firma israelí NSO Group a 50.000 números telefónicos de activistas, periodistas y políticos. México encabeza la lista con unos 15,000 números.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como una «vergüenza» que él y su entorno cercano fueran blanco de espionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, esto luego de que una investigación fuera dada a conocer por medios como The Washington Post o The Guardian.

El mandatario aprovechó el tema para asegurar que su administración acabó con prácticas del pasado y ahora no espía a nadie.

Ayer, se dio a conocer que el círculo más cercano al mandatario, además de periodistas y políticos, fueron objetivos de espionaje por parte de un cliente gubernamental de la empresa israelí NSO Group entre 2016 y 2017, antes de que AMLO llegara al poder.

«Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un gobierno, o estábamos sometidos a un gobierno, autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos», sostuvo López Obrador.

Y es que se informó que al menos 50 personas cercanas al ahora mandatario fueron eventualmente seguidas durante parte la administración de Peña Nieto, incluidos su esposa, hijos y hermanos, y hasta uno de los médicos que lo atendían.

El informe periodístico se basa en una filtración de más de 50,000 números de teléfono supuestamente seleccionados para un posible espionaje de clientes gubernamentales de NSO Group en todo el mundo. En México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) habrían contratado sus servicios con el programa ‘Pegasus’.

«Ya esto no sucede, el gobierno (actual) no espía a nadie, los opositores no son espiados, no hay censura para los medios de información, a nadie se le limitan sus libertades», añadió López Obrador, quien denunció haber sido espiado desde los años 1970.

El mandatario señaló que no iba a instruir ni solicitar ninguna investigación sobre el caso, aunque no descartó que, de existir, se investigue el uso de programas de espionaje.

«No sé si pueda existir el contrato (con NSO Group), y lo voy a revisar, y hoy mismo vanos a informar, de lo que estoy absolutamente seguro es que no se espía a nadie», dijo AMLO.

La investigación corrió a cargo del consorcio coordinado por la francesa Forbidden Stories; en dicho trabajo se refirió que de los 50,000 números telefónicos alcanzados en la red de espionaje, México encabeza la lista con unos 15,000 contactos.

AMLO afirmó que en el pasado se gastaba «dinero del presupuesto» para espiar a los dirigentes de oposición y periodistas y a «muchísima» gente. Refirió que se tenían «equipos sofisticados» para escuchar todas las llamadas telefónicas, tanto del «blanco» del espionaje como de «todo su entorno».

La empresa israelí NSO Group calificó este lunes de «endeble» la investigación que implica a su software ‘Pegasus’ en el espionaje de activistas, políticos, empresarios y nombres destacados, entre los que se menciona distintos casos en México.

Y es que una investigación del diario The Washington Post reveló este fin de semana una lista de 50,000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software espía ‘Pegasus’ de la empresa israelí.

Según la investigación, al menos 37 contactos, fueron infiltrados con el programa de software, y este habría alcanzado a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de países como México, India, Hungría y Marruecos.

1,000 contactos habrían sido identificados, entre ellos, 65 altos cargos de empresas, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos, incluidos jefes de Estado y de gobierno.

En el listado de teléfonos espiados con ‘Pegasus’ presuntamente por gobiernos están, por ejemplo, la esposa y a la prometida del periodista disidente saudí Yamal Jashogi, asesinado en el Consulado saudí en Estambul. También están periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, ‘The New York Times’, ‘The Wall Street Journal’, Bloomberg, ‘Le Monde’, ‘Financial Times’ o Al Yazira.

La investigación está a cargo del consorcio de medios Forbidden Stories, con sede en París, que asegura que las pruebas han sido obtenidas de los propios teléfonos a través de un análisis forense realizado por el laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional.

El software ‘Pegasus’ de NSO se utiliza para lograr acceso a teléfonos móviles de terroristas, traficantes o pedófilos, pero Amnistía y otras organizaciones de Derechos Humanos aseguran que también se ha usado para otros fines por parte de gobiernos.

El programa de espionaje se instala cuando el usuario da click en un enlace desde su teléfono y sirve para recopilar correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto. En ocasiones se puede instalar sin el enlace, según The Washington Post, que indicó que se revelará más información en los tres próximos días.

El análisis que se realizó, se indicó que el mayor número, 15,000, estaban en México y pertenecían a políticos, periodistas y sindicalistas, entre otros.

Al respecto, el diario británico The Guardian, asegura que al menos 50 personas cercanas al presidente López Obrador, incluyendo su esposa e hijos, aparecen en la lista de números a los que se espió. La lista incluye a colaboradores e incluso a un médico de AMLO, pero también a políticos de todos los partidos, periodistas, activistas, diplomáticos, académicos y hasta sacerdotes.

El mes pasado NSO publicó su primer Informe Anual de Transparencia y Responsabilidad, en el que asegura que sus productos son utilizados por los estados para frustrar atentados terroristas de envergadura y desmantelar organizaciones del narcotráfico.

Recordemos que NSO ya protagonizó un escándalo en 2019 por el uso de sus equipos para espiar a periodistas, disidentes y activistas en varios países, tras lo cual se comprometió a respetar los Derechos Humanos e impedir el uso de sus productos para estos fines.

Además, NSO ha sido demanda por la empresa estadounidense de mensajería instantánea WhatsApp, propiedad de Facebook, que asegura que se utilizó ‘Pegasus’ contra 1,400 usuarios en 2019 durante un periodo de dos semanas. La empresa israelí niega la acusación y asegura que son sus clientes estatales los que son responsables en última instancia por el uso de esta tecnología.

Al respecto, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) han denunciado este lunes el uso ‘Pegasus’ para «atacar» de forma «abusiva» a periodistas y activistas, por lo que han instado a proteger y respetar los Derechos Humanos.

En un comunicado, la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, señaló que, tras una serie de investigaciones, ha quedado al descubierto que el software es «el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a
periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas», ha aseverado.

«Estas revelaciones echan por tierra cualquier afirmación de NSO de que tales ataques son poco frecuentes y obedecen a un uso fraudulento de su tecnología», precisó antes de matizar que «aunque la empresa afirma que su software espía sólo se utiliza en investigaciones penales y de terrorismo legítimas, está claro que su tecnología facilita la comisión de abusos sistemáticos».

Hasta el momento, la investigación ha identificado al menos a 180 periodistas de 20 países que fueron seleccionados como posibles objetivos de ataques con el software espía de NSO entre 2016 y junio de 2021.

NSO Group rechazó la información obtenida por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, y difundida ayer por The Washington Post.

«Los editores decidieron seguir adelante con esta historia, incluso después de que quedó claro que sus fuentes no identificadas los habían engañado, probablemente intencionalmente», dijo la empresa en un comunicado publicado ayer.

Aclaró que los gobiernos o agencias de seguridad que usaron ‘Pegasus’ para infiltrar los teléfonos de periodistas, activistas y otros políticos habrían supuestamente violado la licencia de uso creada. La compañía aseguró que «continuará investigando todas las denuncias creíbles de uso indebido y tomará las medidas adecuadas en función de los resultados de estas investigaciones» lo que incluye «apagar el sistema de un cliente».

‘Pegasus’ fue diseñado para perseguir a criminales y terroristas y está restringido a un número limitado de gobiernos y agencias gubernamentales.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) consideró necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con las investigaciones sobre el caso Pegasus y finque las responsabilidades correspondientes.

En voz de su comisionado presidente, Francisco Javier Acuña, el INAI recordó que el Instituto inició una investigación de oficio y un procedimiento de verificación sobre el caso, cuyas conclusiones fueron enviadas a la FGR, notificando que se detectaron irregularidades en el manejo del software por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

“El INAI, aquí, patentiza al señor Fiscal General de la República la necesidad democrática de continuar las investigaciones; nosotros las hicimos, estrictamente, en el acotado ángulo de la protección de datos personales porque no tenemos otras potestades y, al menos, nosotros sí activamos una denuncia para que se hicieran las investigaciones y se localicen las responsabilidades de quienes hubiesen sido partícipes en cualquier forma del ominoso pasaje de haber hecho posible una indebida vigilancia digital ”, sostuvo Acuña Llamas.

El comisionado presidente del INAI afirmó que en una democracia es inaceptable que herramientas como el software Pegasus, adquirido por el Estado para combatir ilícitos, haya sido utilizado sin el debido protocolo y “burlando la legalidad” para vigilar a periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil organizada.

El llamado del INAI llega luego de que se informara que Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), deberá comparecer en la investigación por el uso de Pegasus, toda vez que una juez le negara un amparo para evitar la comparecencia, prevista para el 20 de marzo.

 

Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la antigua PGR, debe comparecer en la investigación por espionaje a periodistas con el malware Pegasus.

Esa investigación, radicada en el expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, se inició por denuncia de algunas de las víctimas quienes señalaron como presunto responsable a Jesús Murillo Karam, quien fue procurador de la República con Enrique Peña Nieto.

La comparecencia de Tomás Zerón se concretará luego de que una juez le negó un amparo que interpuso para evitar la comparecencia, prevista para el 20 de marzo y la cual deberá reagendarse.

En una resolución dictada el pasado viernes 22 de marzo, Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, dijo que la comparecencia no viola los derechos de Zerón de Lucio.

“El 4 de marzo de 2019, la autoridad ministerial ordenó citar al quejoso en las oficinas a su cargo para que a las 12:00 del 20 de marzo comparezca a una entrevista en su calidad de testigo”, recordó la Juez Ortega Tlapa.

Explicó que, de acuerdo con el citatorio, la comparecencia es para que declare la verdad de lo que conozca y le pregunten respecto a la información relacionada a la contratación y funcionamiento del sistema denominado Pegasus, adquirido en octubre de 2014, a través de la AIC, a un precio de 32 millones de dólares.

“Actuaciones que, por sí mismas, no causan un daño o perjuicio al justiciable, pues éstas son de orden público”, señaló la juez.

Recordó que en el citatorio no se advierte de ningún tipo de apercibimiento hacia Zerón de Lucio para que asista a esa diligencia a realizarse en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

La Fiscalía General de la República entregó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) dos contratos que confirman que la dependencia anterior, la Procuraduría General de la República, pagó por el uso de licencias de Pegasus en 2016 y 2017.

Pegasus es el software con el que fueron espiados al menos 15 defensores de derechos humanos, legisladores y periodistas.

Esto quiere decir que la PGR lo utilizó, por lo que el INAI pidió a la Fiscalía y a la Auditoria Superior de la Federación que investiguen quiénes usaron este programa que permite obtener información detallada, así como audio y video en tiempo real, de los celulares de las víctimas.

Y también que garanticen que ya fue desinstalado de las áreas de espionaje.

“Nos hizo llegar de último momento, de última hora, que había evidencias, que había encontrado dos contratos, por un monto, uno en 2016 y otro en 2017, por un monto de 200 millones de pesos, que se suman a los 600 y tantos millones de pesos que el Estado mexicano, a través de la PGR invirtió en el 2014. Durante toda la fase de investigación, hubo una negación de la PGR a que hubiera vestigios de algo más”, señaló Javier Acuña, presidente del INAI.

El INAI encontró indicios de que funcionarios de la otrora Procuraduría General de la República (PGR) hicieron mal uso de dicho programa e incumplieron la protección de datos personales.

Al presentarse la resolución sobre el proceso de verificación de oficio que inició el 23 de noviembre pasado a la Procuraduría, dijo que dará vista al Órgano Interno de Control de la Fiscalía y a la Auditoría Superior de la Federación para que se investigue y sancione a los funcionarios involucrados en la operación del software.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló este miércoles sobre el espionaje que se llevaba a cabo por parte del gobierno federal en contra de opositores y líderes de opinión.

Dijo que desde el primer día de su administración, «ya no hay (espionaje). Ya pueden ustedes hablar tranquilamente por teléfono, ya no hay golondrinas en el alambre. Por lo que corresponde al gobierno federal no hay».

Adelantó que de acuerdo a un reporte que se conoció hoy, de los tres mil 700 elementos de la Policía Ministerial, alrededor de mil 500 estaban asignados a funciones de guardaespaldas, no sólo de servidores públicos, sino también de privados.

Al respecto dijo que sólo van a tener escoltas, protección,  los que tengan responsabilidad en asuntos de seguridad pública y  quienes necesiten protección por estar recibiendo amenazas, entre los que podrían haber ciudadanos o periodistas, pues subrayó, es obligación del gobierno federal brindarles protección.

Sobre las víctimas de espionaje del sofware ‘Pegasus’, el cual estaba en poder de la Secretaría de Gobernación, AMLO reconoció que en el pasado la dependencia tenía mala fama; lo que dijo, ahora en los hechos, es una Secretaría de la defensa de  los derechos humanos.

Remató diciendo que la Sebog tiene la encomienda de dar protección completa a todos los ciudadanos y a periodistas.  «Por eso está ahí Alejandro Encinas, la licenciada Olga Sánchez Cordero, que por convicción tienen la decisión de defender, de proteger derechos humanos, que serían incapaces de prestarse a un acto que signifique violar derechos humanos o desproteger a los ciudadanos».

 

Una nueva investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela cómo un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) en tiempos de Jesús Murillo Karam estuvo involucrado con el consorcio que cobró a esa dependencia 32 millones de dólares por el malware espía.

 

Un funcionario de la Procuraduría fue socio fundador de una compañía ligada al grupo empresarial que vendió en 32 millones de dólares el malware espía Pegasus a la propia PGR.

 

Luis Fernando Ayala Puente, quien trabajaba en la oficina encargada de custodiar los bienes decomisados a delincuentes, fue socio fundador de la empresa CITELAE del Centro SA de CV, la cual registró el nombre y el logotipo de Balam Seguridad Privada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), revela la investigación de MCCI.

 

Balam nació como empresa el 15 de mayo de 2012, mientras transcurría la pasada campaña presidencial, y el trámite de inscripción de su nombre comercial fue realizado por intermediación de CITELAE el 3 de julio del mismo año.

 

En octubre de 2014, una empresa filial de Balam, de nombre Grupo Tech Bull SA de CV, obtuvo de la PGR un contrato por 32 millones de dólares (equivalente a 450 millones de pesos de entonces) para surtir el malware de espionaje Pegasus, el cual ha sido utilizado para infectar teléfonos inteligentes de defensores de los derechos humanos, políticos de oposición y periodistas.

 

Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, uno de los accionistas de Balam, tiene vínculos con encumbrados personajes de la política. Un hermano de su papá es Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, Coordinador de Puertos y Marina Mercante, cercano al círculo político del senador Emilio Gamboa, y su primo Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal trabajaba en la oficina de la Presidencia de la República cuando se asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull.

 

El accionista de Balam ha negado reiteradamente el vínculo con Tech Bull, pese a que una cadena de correos filtrados por Wikileaks ha mostrado los nexos empresariales.

 

Además, en esta investigación se corroboró que el hermano de uno de los presuntos prestanombres de Tech Bull trabaja para Balam. Cuando se asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull, el socio fundador de CITELAE –la empresa ligada a Balam- tenía ocho meses de haberse incorporado como funcionario de segundo nivel en la PGR.

 

Investigación completa aquí

El dueño legal de Grupo Tech Bull SA de CV, la empresa intermediaria mexicana que vendió a la PGR el malware espía Pegasus en 32 millones de dólares, vive en un asentamiento irregular ubicado en una barranca.

 

Al otro lado de esa cañada, en una habitación del pueblo de Santa Lucía, vivía el apoderado legal de la misma empresa y quien firmó el contrato con Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).

 

De acuerdo a una investigación divulgada por la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ubicó los domicilios del dueño, así como del operador de Grupo Tech Bull y constató que ambos residían en inmuebles ubicados en colonias populares de la delegación Álvaro Obregón, al poniente de la ciudad de México.

 

Uno de ellos, Carlos Cayetano Miguel, quien en actas apareció como dueño y administrador único de Tech Bull al momento de realizarse la venta de Pegasus a la PGR, aseguró en entrevista que no supo de esa transacción millonaria y que, además , no recibió ni un peso de ganancia.

 

– ¿Sabías que la empresa que fundaste vendió al Gobierno un malware por 32 millones de dólares?- se le preguntó cuando salía de su casa en la barranca de Guadalupe. «La verdad es que casi no veo noticias, ni sabía», indicó Cayetano Miguel».

 

Según Cayetano, no tuvieron encargado de ventas mientras él fue socio y tampoco realizaron ventas, ninguna. Aún más, dijo que ni siquiera supo que Pegasus se utilizó para espiar a periodistas y activistas.

 

Cayetano Miguel creó la empresa, pero ya no recuerda dónde vivió su socio y se le ha borrado de la memoria algún otro dato que sirviera para localizarlo. “Hace como tres o cuatro años vendí mis acciones”, comentó, aunque «no recuerda» a quien las vendió, «mi aportación fue de tres mil pesos en aquel tiempo, en 2013. Ya después no tengo idea de qué se hizo; se vendió o no se vendió, a quién se le vendió «

 

Con información de MCCI / Foto: Archivo APO

En su más reciente informe, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, se confirma que uno de los teléfonos móviles de)reunidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sufrió intentos de infección con el software Pegasus, tal como se había revelado la semana pasada.

 

 

En el informe se detalla que los ataques ocurrieron al principios de marzo de 2016, fecha previa a la publicación del informe final del grupo de expertos sobre su investigación relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 

Si bien la institución aclara que no puede adjudicar dichos ataques a un individuo o institución de gobierno específica, lo que si afirma es que el software que ha sido adquirido por instituciones de gobierno en México para investigar casos de terrorismo y de seguridad nacional, ha sido utilizado para espiar a figuras públicas, periodistas y más. 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Luego de que el programa de Televisa «En Punto» revelara los contratos por los que la PGR, con José Murillo Karam al frente de la dependencia, compró en 2014 el software «Pegasus»,  y por el que pagó  más de 32 millones de dólares, los responsables de la investigación #Gobiernoespía alertó que dicha filtración urge a tomar medidas inmediatas. 

 

Según el programa televisivo, la compra se hizo a través de una transacción entre la empresa Tech Bull y la PGR, en el que se ampara la compra de 500 objetivos del sistema»Pegasus» y que está firmado por Tomás Zerón, quien en dicho periodo fungía como director de la agencia de investigación criminal de la dependencia.

 

 

Este jueves, a través de un comunicado de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los autores del reporte #GobiernoEspía, indicó que si bien la información revelada no es prueba suficiente para excluir la posible adquisición del software por parte de otras instancias del Gobierno Federal, «los documentos sí comprueban que PGR adquirió y cuenta con esa tecnología (…) por lo que se confirma la necesidad de investigar y aclarar los procesos de contratación y el uso que la institución le dio al malware adquirido».

 

MCCI indicó que dado que es la misma PGR la que está a cargo de la investigación de las practicas de espionaje, «esta revelación corrobora y hace más relevante la necesidad de generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un Panel de Expertos y Expertas Independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos»

 

Pidieron que los funcionarios de la PGR que firmaron los documentos así como aquellos que fungieron como sus superiores (procurador) «sean llamados a declarar para que aclaren el uso que dieron al sistema Pegasus». Adicional solicitaron que se transparenten todos los contratos de tecnologías de espionaje realizados por PGR con NSO Group y otros proveedores similares, además de los realizados por otras dependencias que pudieron haber adquirido el software. Indicaron que El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) debe ejercer sus facultades para acelerar dicho proceso.

 

Con información de MCCI / Foto: Twitter

La asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en coordinación con la revista Proceso, han revelado detalles de Balam Seguridad Privada, empresa que se encuentra detrás de la venta del software Pegasus, que en las últimas semanas ha tomado notoriedad luego de que se indicara que a través de él se realizaban practicas de espionaje en contra de líderes de opinión en México.
 
 
 
La investigación que presenta, detalla que Balam es una empresa nacida en mayo de 2012, justo cuando la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto estaba en marcha y para sorpresa de muchos, le bastaron dos años para convertirse en la proveedora número uno de sistemas de inteligencia y seguridad del Gobierno federal, entre los que se incluye el software espía Pegasus, desarrollado por NSO Group.
 
 
 
https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/879039959876993024
 
 
 
Para llegar a posicionarse de tal manera, sus dos jóvenes socios adoptaron una exitosa estrategia comercial: mientras Asaf Zanzuri conseguía las tecnologías con empresas de Israel –país del que es originario–, mientras que Rodrigo Ruiz Treviño abría las puertas de las agencias de seguridad, sin embargo es aquí donde se ha encontrado uno de los mayores conflictos de interés, pues es Ruiz Treviño quien tiene conexiones con la élite priista: su tío Guillermo Ruiz de Teresa es coordinador de Puertos y Marina de la SCT, exlíder del sector popular del PRI y junto con Emilio Gamboa, su padrino político, fue protagonista del desvío millonario del Pemexgate.
 
 
 
MMCI y Proceso revelan que antes de fundar Balam Seguridad Privada, Rodrigo Ruiz de Teresa sólo tenía experiencia en el negocio de los restaurantes y los bares, además de que presumía en las redes sociales su vida de “Mirrey”. Zanzuri, por su parte, había trabajado en la industria del espionaje en Israel y Europa, según su currículum.
 

 
Por su parte la revista Proceso reveló en julio de 2015 que Balam Seguridad Privada –y su filial Grupo Tech Bull– surtieron a diversas agencias de seguridad mexicana con material de intercepción, e incluso un centro de mando desarrollado por Elbit, una de las principales compañías de Defensa de Israel. Estas agencias incluían la Secretaría de Marina (Semar), la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal (PF) y “una gran cantidad de Procuradurías, incluyendo el Estado de México”.

 
El 6 de febrero de 2014, Balam Security incluso sirvió de intermediario en la venta de dos aviones de espionaje Dominator XP –fabricados por Aeronautics Ltd– a las Fuerzas Armadas de México. El negociador del contrato fue Zanzuri.
 
 
Con información de MCCI / Foto: Twitter
 

El titular de  la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, indicó que «en caso de ser necesario» se abriría una revisión del proceso de adquisición del software Pegasus, que presuntamente fue usado por el Gobierno para espiar a periodistas y activistas.

 

En el marco de la Primera Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, Portal indicó que supo de la posibilidad de que autoridades federales recurran a la ASF para investigar la compra del software Pegasus. «Tenemos una solicitud que, tengo entendido, nos la van a enviar para que podamos intervenir en esto», dijo.

 

«La Cuenta Pública de 2016 ya está avanzada, ya estamos a medias de la revisión, difícilmente la podríamos incorporar, pero si fuera el caso, si fuera necesario, cambiaríamos el programa para incorporarla», sostuvo el titular del organismo.

 

Detalló que lo que corresponde´ria a la Auditoría sería revisar el proceso de adquisición del software para comprobar que su compra se ajustó a las normas establecidas.

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter