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Zeus, testigo protegido en el juicio oral contra Juan Carlos García Rivera, presunto operador del software Pegasus para el corporativo KBH, relató que se espió con Pegasus a empresarios de alto perfil como Carlos Slim y Germán Larrea, así como a un número nutrido de periodistas.

KBH Aplied Technologies Group es una red de empresas fantasma que se utilizó para comercializar en nuestro país el programa espía propiedad de la empresa israelí NSO Group.

El portal Aristegui Noticias reveló que durante el primer del juicio, Zeus refirió que el dueño de KBH, Uri Ansbacher Bendrama, recibía órdenes directamente del ex presidente Enrique Peña Nieto, sobre a quién se debía espiar.

El testigo protegido indicó que los nombres de los espiados con Pegasus se concentraron en un archivo, que contenía más de 1,500 registros, mismo que fue enviados al CISEN; incluía números telefónicos, llamadas de entrada y salida, ubicaciones, fotografías y grabaciones.

Según Zeus, el dueño de KBH recibía órdenes del expresidente “El Patron”, como se le conocía a Peña Nieto, además de Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación y de Eugenio Imaz Gispert, director del Cisen, para hacer las intervenciones sin importar si había orden judicial o no.

Entre los empresarios espiados por ordenes directas de Peña Nieto, aparecen Carlos Slim y Germán Larrea, dos de los hombres más ricos del país, así como directivos de Televisa, de los cuales no se especificó su identidad.

En cuanto a los periodistas, se reconfirmó el seguimiento que sufrieron Carmen Aristegui, Jenaro Villamil, Carlos Loret, Héctor de Mauleón o Pedro Ferriz de Con.

Al respecto, esta mañana el presidente habló sobre el espionaje revelado por Zeus. Dijo que su administración no cuenta con información sobre el tema, aunque dijo, “puede que el CISEN” tenga algo.

“Siempre hemos padecidos nosotros de espionaje. Nosotros no lo hacemos, aquí se terminó eso. No espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie, pero hay muchos que se acostumbraron a eso”, dijo el mandatario.

Investigación completa en Aristegui Noticias

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) deslindó al gobierno federal del presunto uso del software Pegasus, con el que se ha reportado han sido espiados defensores de derechos humanos y periodistas, así como el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, caso que fue revelado la semana pasada por The New York Times.

La Comisión detalló que se inició una investigación por el presunto espionaje en contra de organizaciones civiles de derechos humanos, en donde no se encontraron “elementos que presuman que el Gobierno federal, o alguna entidad del mismo, se encuentre actualmente utilizando el sistema Pegasus, ni realice espionaje”.

La semana pasada, The New York Times publicó un reportaje en el que, citando varias fuentes en contacto directo con Encinas, aseguró que este había sido víctima de espionaje con el sistema Pegasus por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Un día después, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que habló con Encinas sobre el supuesto espionaje a quien le dijo que no le diera “importancia, porque no había ninguna intención de espiar”.

Además, reconoció que Encinas le comunicó que había sido contactado por el diario neoyorquino para consultarle si había sido espiado y que contestó que “probablemente sí”.

No obstante, López Obrador negó que el posible espionaje fuese realizado por el Ejército, que es hoy en día la única dependencia que cuenta con Pegasus para sus labores de inteligencia.

Al respecto, la CNDH expresó su extrañamiento sobre los trascendidos de que Encinas haya sido espiado, y afirmó que sería importante esclarecer quién o quiénes estarían ejerciendo este tipo de prácticas, “a todas luces condenables e inadmisibles en un Estado democrático, pero sobre todo a qué intereses sirven”.

Asimismo, hizo un llamado a los involucrados a aportar todos los elementos con que cuenten para que se trasciendan las especulaciones y se investigue debidamente.

Refirió que “llama la atención” el hecho de que este tipo de prácticas pudieran estarse dando, no solamente contra un alto funcionario gubernamental, como el subsecretario Encinas, sino contra cualquier ciudadano.

Recordemos que las agencias gubernamentales, y no los individuos, pueden comprar Pegasus, una herramienta de software desarrollada por la empresa israelí NSO que permite infiltrar un teléfono y tener acceso al historial digital completo de un individuo, incluyendo todas sus conversaciones.

En octubre del año pasado, el grupo Guacamaya Leaks publicó documentos que hackeó de la Sedena, en los que se revelaba que el Ejército había espiado, ya con el presidente López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.

Antes de ello, una investigación de medios internacionales destapó en 2021 que varios países intervinieron 50,000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15,000 fueron en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra más alta del mundo.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, considerado el máximo responsable de Derechos Humanos dentro del gobierno federal, ha sido “espiado repetidamente” a través del programa Pegasus, según una investigación del diario The New York Times (NYT),

En caso de confirmarse la información que publica el diario, Encinas sería el más alto cargo espiado en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien Encinas mantiene una amistad personal que no ha impedido que se produjeran entre ellos varios desencuentros, sobre todo por el papel de las Fuerzas Armadas en distintos abusos y atropellos.

NYT reconoce que no hay una prueba definitiva de quién llevó a cabo la infiltración en el teléfono de Encinas, pero inmediatamente añade que el Ejército “es la única entidad en México con acceso a este programa de espionaje”, y que ha intervenido más teléfonos que ningún otro cliente en el mundo.

Solo las agencias gubernamentales, y no los individuos, pueden comprar Pegasus, una herramienta de software desarrollada por la empresa israelí NSO que permite infiltrar un teléfono, desde una fotografía, mensaje de correo electrónico o WhatsApp, y desde ahí tener acceso al historial digital completo de un individuo, incluyendo todas sus conversaciones.

La última infiltración en el teléfono de Encinas se habría producido el pasado año, mientras dirigía la Comisión de la Verdad para esclarecer el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que llevó a Encinas a señalar la responsabilidad del Ejército.

El diario indicó en su publicación que contactó con la Presidencia, con la Secretaría de la Defensa y con el propio Alejandro Encinas, que declinaron hacer comentario sobre el presunto espionaje.

Encinas se enteró de la intervención a su teléfono por Citizen Lab, una organización basada en la Universidad de Toronto que investiga abusos en el mundo digital y casos de censura, y que efectuó un “análisis forense” en el celular de Encinas, aunque él no lo hizo público.

También dos funcionarios más que trabajaban con el subsecretario en temas relacionados al papel de las Fuerzas Armadas, han sido víctimas de este espionaje a través de sus celulares, añade NYT.

Encinas es uno de los pocos funcionarios que públicamente ha denunciado el creciente poder de las Fuerzas Armadas y su influencia en la política y en enormes contratos de obras públicas, como la construcción del Trne Maya, la distribución de medicinas o la gestión de puertos y aduanas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que mantiene abierta una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema de espionaje, Pegasus en 2014, por parte de la Agencia de Investigación Criminal dirigida por Tomás Zerón.

Recordemos que Tomás Zerón es acusado de ocultar pruebas y torturar testigos en el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con la FGR, esta sistema habría sido adquirido para uso de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, hoy recluido por su probable participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Las carpetas incluyen delitos por peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades.

Todos ellos en contra de Zerón; Judith Aracely Gómez, exoficial mayor; Vidal Diazleal, exjefe de la Policía Federal Ministerial, y de Rigoberto “G”, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

La FGR indicó que el monto de la operación ilegal fue por 460 millones de pesos.

Además, explicó que es “un sistema que no lo tiene esta nueva Administración; que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente”.

La aclaración se da en medio de señalamientos al Ejército por una presunta estructura secreta de espionaje que usa el software Pegasus para interferir en investigaciones relacionadas con activistas que denuncian violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. La investigación es denominada “Ejército espía”.

La FGR también detalló que a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) ha solicitado la celebración de la audiencia inicial hasta en tres ocasiones ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, y espera respuesta.

“Esta investigación es independiente de la ya judicializada por la FGR, en razón de diversas intervenciones ilegales que Pegasus” realizó en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso, de lo cual se ha informado oportunamente”, aclaró la FGR.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también se refirió a Tomás Zerón, extitular de la AIC, pues pidió al gobierno de Israel su extradición, ya que también se le involucra con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Aprovecho para pedirle al primer ministro de Israel que ya se cumpla con el compromiso de que lo van a extraditar, a Tomás Zerón, que está demostrado que participó en la fabricación de delitos, de tortura”, dijo el mandatario.

Anteriormente, la FGR también había informado que perseguía una segunda línea de investigación por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos con esta misma tecnología.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunció este martes que Estados Unidos está espiando a su país, por lo que dijo que aumentará la protección de la información militar.

Los comentarios de Andrés Manuel López Obrador se producen después de que el diario The Washington Post reveló la semana pasada la existencia de supuestas tensiones entre el Ejército y la Marina, citando filtraciones de comunicaciones militares secretas estadounidenses.

“Tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional (…) y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono”, dijo el mandatario.

“Tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos ni se va a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho”, añadió López Obrador, quien ha asegurado varias veces que las Fuerzas Armadas realizan tareas de inteligencia, no de espionaje.

El gobernante agregó que no se va a quedar de brazos cruzados ante lo que calificó de “plan injerencista” de Washington y también acusó a la agencia antidroga estadounidense (DEA) de filtrar información a medios mexicanos para perjudicar a su administración.

La reacción de AMLO surge n medio de nuevos señalamientos sobre el uso del programa de spyware Pegasus por parte de la Secretaría de Defensa mexicana contra defensores de derechos humanos.

“Ahora resulta que el Pentágono le informa al Washington Post”, respondió al ser consultado sobre un reciente análisis realizado por el grupo de vigilancia digital con sede en Toronto Citizen Lab, que corroboró que la Sedena había espiado a dos activistas de la ONG CentroProdh con Pegasus.

El espionaje se habría dado en junio, julio y septiembre de 2022, “en momentos clave vinculados a la labor de acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas”, informó más temprano la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), al presentar la investigación.

Pegasus, que puede ser utilizado para irrumpir remotamente teléfonos celulares, proporcionando acceso a su memoria o convirtiéndolos en dispositivos de grabación, es vendido normalmente a gobiernos o a fuerzas de seguridad para investigar grupos criminales e incluso terroristas.

Este martes, el diario New York Times informa que desde 2019 hasta hoy, la Secretaría de la Defensa ha continuado usando Pegasus, pese a la promesa de López Obrador de no espiar a nadie ni mantener las prácticas que tanto criticó en el pasado.

“Durante ese tiempo, el programa malicioso se ha seguido usando contra periodistas, defensores de derechos humanos y un político de oposición, según los análisis de Citizen Lab”, reportó NTY, quien asegura que

La investigación del diario estadounidense, revela que México fuese el primer cliente de Pegasus, y que nuestro país se convirtió en el usuario más prolífico del programa espía más conocido del mundo.

Luego de conocerse la investigación especial en la que se acusaba al gobierno federal, específicamente a la Secretaría de la Defensa, de espiar al activista Raymundo Ramos en 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció la obtención de dichas grabaciones.

“Este ciudadano (Raymundo Ramos) estaba hablando por teléfono con un presunto narcotraficante”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina. “Como el presunto narcotraficante estaba siendo investigado, obtuvimos esta grabación”, agregó.

El Centro Nacional de Inteligencia estuvo involucrado en el caso, comentó el mandatario, y agregó que la entidad de gobierno se enfoca en investigar presuntos delincuentes por lo que puede intervenir sus teléfonos, simepre con la autorización de un juez.

AMLO no dio más detalles sobre el caso de Ramos, pero aseguró que se proporcionaría mayor información, esto a más de una semana de que el tema llegó a Palacio Nacional y se había dicho que desde ese día se proporcionarían los detalles.

Recordemos que López Obrador ha rechazado que su gobierno espíe a activistas, periodistas y opositores, y por el contrario, sostiene que su gobierno únicamente realiza labores de inteligencia para combatir el crimen.

Ramos alega haber sido espiado a través del polémico software Pegasus en 2020, el software que utilizó el gobierno de Enrique Peña Nieto y que fue condenado por el propio presidente.

Por varios años, Ramos ha representado legalmente a víctimas de abusos militares en Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos, donde grupos criminales a menudo libran enfrentamientos por el control territorial.

“Quieren matar al mensajero”, dijo Ramos en una llamada telefónica con la agencia Reuters. “Ellos quieren que deje de señalar los abusos y masacres de las fuerzas armadas los cuales no han parado con el gobierno de López Obrador, pero no lo van a lograr”, afirmó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que el Ejército realiza labores de “inteligencia” más no de “espionaje”, esto en respuesta una investigación de organizaciones civiles y medios de comunicación, que documentaron que las Fuerzas Armadas usan softwar’s para monitorear a activistas.

“Que quede claro: nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales. Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor”, afirmó el mandatario en su conferencias de prensa al ser cuestionado sobre el tema.

Sus declaraciones se producen después de la investigación “Ejército Espía”, que denunció esta semana una estructura secreta de espionaje ilegal con el software Pegasus para interferir en las investigaciones de abusos de activistas que denuncian violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas.

La investigación, realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic, demostró que, de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dicha estructura militar espió con Pegasus al activista Raymundo Ramos en el estado de Tamaulipas.

Pero, al citar que Ramos está acusado de presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, López Obrador justificó que el Ejército necesita hacer investigación.

“Se tiene que hacer investigación, que no espionaje. Es distinto. Y el instituto de inteligencia del Gobierno hace investigación”, defendió. Además, insistió en que su gobierno no comete “ninguna ilegalidad”.

“Nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad”, remarcó.

No es el primer señalamiento de este tipo. En octubre del año pasado, el grupo Guacamaya Leaks publicó documentos que hackeó de la Sedena, en los que se revelaba que el Ejército había espiado, ya con el presidente López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.

Antes de ello, una investigación de medios internacionales destapó en 2021 que varios países intervinieron 50,000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15,000 casos fueron en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra más alta del mundo.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que el propio Andrés Manuel López Obrador respaldó el uso de este tipo de software en el gobierno, por parte de las instituciones que tengan permitido utilizar la inteligencia.

Cuestionado si este respaldo sería para usar Pegasus, el presidente dijo que Pegasus “es una marca, que es un sistema que incluye aparatos para espiar y para intervenir teléfonos. Pero el Pegasus existe desde antes de Pegasus y después de Pegasus. Es una tecnología creo que lo de Pegasus, está vinculado a lo que antes hacía con (Felipe) Calderón. Garcia Luna fue el rey del manejo del Pegasus”, lanzó el mandatario.

Dudó que sea Pegasus lo que el gobierno esté contratando, aunque dijo: “de que se tiene un sistema de investigación, para la inteligencia, sí”.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de que existen dos carpetas de investigación relacionadas con la adquisición injustificada del equipo de espionaje “Pegasus”, así como por la presunta intervención ilegal de comunicaciones privadas de periodistas y defensores de derechos humanos.

En dichas carpetas también se incluye a otros servidores públicos “que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identifican en este momento”, indicaron las autoridades.

En la investigación se indica que dicho equipo de inteligencia se adquirió con recursos públicos de una partida para “Gastos de Seguridad Pública y Nacional” por la cantidad de 456 millones 843 mil 149 pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hizo esta compra pública “sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública” y un uso irregular de partidas presupuestales.

“Actualmente, se está gestionando la solicitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal”, detalló la FGR.

Sobre el uso del equipo Pegasus, se mencionó que “se estará en posibilidad de ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto”.

En una segunda investigación, la Fiscalía procede judicialmente por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos.

La FGR recordó que su primer pesquisa fue contra Juan Carlos García, miembro de la empresa Proyectos y Diseños VME, que comercializaba en México el software de espionaje Pegasus de la tecnológica NSO Group.

“En este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema ‘Pegasus’ mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas”, remató la Fiscalía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que el Ejército espíe a periodistas o a opositores a través de Pegasus, tal como lo documentó la investigación reciente “Ejército Espía”, realizada por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores (gobiernos), no es cierto”, sostuvo el mandatario durante su conferencia matutina.

López Obrador recordó que hizo el compromiso de que nadie iba a ser espiado, “ningún opositor”, por lo que negó las acusaciones que se hacen, y pidió que si alguien tiene pruebas de lo contrario, se presenten ante las autoridades correspondientes.

Al respecto, organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas presentaron ayer una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que esclarezca el espionaje ilegal.

“He estado leyendo sobre esta denuncia y no hay elementos, no tendríamos por qué. Además de ser indebido, contrario a nuestros principios, nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo”, aseveró.

Y es que la investigación “Ejército Espía” documenta los casos de Raymundo Ramos, defensor de los derechos humanos en Tamaulipas; del periodista Ricardo Raphael y un periodista del medio de comunicación Animal Político, cuyos teléfonos móviles fueron intervenidos con el software durante la actual administración.

“Uno de los que se quejan es el señor Ricardo Raphael. ¿Qué caso tendría espiarlo? La verdad, él no es un criminal. Ni siquiera leo sus artículos y no es desprecio porque es predecible. ¿Qué interés vamos a tener de estarlo espiando? Yo creo que sería una pérdida de tiempo”, intentó justificar AMLO.

El mandatario sostuvo que las labores del Ejército son de inteligencia más no de espionaje. “Ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto”, sostuvo.

Según la investigación de Artículo 19 junto con Proceso, Animal Político y Aristegui Noticias, con apoyo de organizaciones como Citizen Lab de Toronto, el Ejército habría comprado en 2019, ya con López Obrador en la presidencia, el software Pegasus para espiar a periodistas y otras personas.

Los reportajes publicados el domingo pasado revelaron cómo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) escondió un contrato que celebró en 2019 con la empresa Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., que contaba con la representación exclusiva de la empresa israelí NSO Group para vender Pegasus en México.

Recordemos que en julio de 2021 una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50,000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15,000 casos fueron en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Tras estas revelaciones, el presidente prometió que en su gobierno no se contratarían sistemas de espionaje aunque la investigación “Ejército Espía” dejó al descubierto que sí se adquirió y dejaría ver que las prácticas de espionaje por parte de las Fuerzas Armadas continúan.

Los teléfonos de al menos dos periodistas y un defensor de derechos humanos fueron infiltrados con el sistema Pegasus durante la actual administración, que encabeza l presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a pesar de las promesas de que su gobierno no espiaba a nadie como se supo se hizo en el sexenio pasado.

Los investigadores de Citizen Lab, un grupo de vigilancia digital de la Munk School of Global Affairs and Public Policy de la Universidad de Toronto, analizaron los teléfonos de dos periodistas y un activista de derechos humanos, encontrando que los dispositivos fueron infectados entre 2019 y 2021 con Pegasus, software que se usó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que pertenece a la empresa israelí NSO Group.

Sus hallazgos fueron publicados en un informe del grupo mexicano de defensa de los derechos digitales R3D, que señaló que las tres víctimas documentaron presuntos abusos de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.

López Obrador, que llegó al poder en diciembre se 2018, se comprometió a detener el este tipo de tecnología para espiar a adversarios, periodistas y activistas, después del escándalo que sacudió el gobierno de su predecesor.

En 2021 aseguró que que “ya no existe ninguna relación” con Pegasus. Fuentes en el gobierno aseguraron que la administración de la autollamada Cuarta Transformación no había firmado contratos con las empresas utilizadas para adquirir el software.

Grupo NSO dijo que no podía verificar los hallazgos del Citizen Lab sin ver los datos encontrados, aunque recordemos que suele rescinde los contratos cuando encuentra irregularidades en el uso de su software.

El software espía, que puede ser utilizado para irrumpir remotamente en los teléfonos, proporcionando acceso a su memoria o convirtiéndolos en dispositivos de grabación, normalmente sólo se vende a los gobiernos y a las fuerzas de seguridad.

El presunto uso de Pegasus plantea nuevas preguntas sobre si López Obrador ha cumplido su promesa de no espiar a opositores. También reaviva la preocupación por lo que deben soportar los periodistas y los defensores de los derechos humanos, quienes siguen siendo atacados incluso desde la tribuna presidencial.

Según Citizen Lab y R3D, el activista Raymundo Ramos, que ayuda a las víctimas de presuntos abusos militares en el estado de Tamaulipas, fue blanco de Pegasus entre agosto y septiembre de 2020.

El periodista Ricardo Raphael, columnista de Proceso y Milenio, además de conductor del canal ADN40, también fue víctima de espionaje entre octubre y noviembre de 2019, y diciembre de 2020. También detectaron que un teléfono de un periodista de Animal Político, que pidió el anonimato, fue infectado en 2021.

Apple pidió este martes a sus usuarios a actualizar los dispositivos tras anunciar una solución para una importante falla de software que permitía que el programa espía Pegasus se instalara en los teléfonos sin siquiera hacer clic.

Expertos en ciberseguridad del Citizen Lab, un centro de investigación de la Universidad de Toronto, descubrieron la falla mientras analizaban el teléfono de un activista saudita.

El saudita se halla entre las decenas de miles de personas que se sospecha que fueron atacadas con el software Pegasus, de fabricación israelí, que según informes de medios se ha utilizado en todo el mundo para interceptar las comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas e incluso jefes de estado.

Apple dijo que había desarrollado “rápidamente” una actualización de software después de que Citizen Lab lo alertó sobre la vulnerabilidad en su software iMessage el 7 de septiembre.

“Ataques como los descritos son altamente sofisticados, cuestan millones de dólares desarrollarlos, a menudo tienen una vida útil corta y se utilizan para atacar a individuos específicos”, dijo la compañía.

Citizen Lab dijo que estaba instando a la gente a “actualizar inmediatamente todos los dispositivos de Apple”.

Recordemos que desde julio han circulado escandalosas revelaciones de que los gobiernos han espiado a las personas utilizando ese software altamente invasivo, que fue desarrollado por NSO Group, una firma de inteligencia israelí.

Una vez que Pegasus se instala en un teléfono, puede usarse para leer los mensajes del dispositivo, mirar sus fotos, rastrear sus movimientos e incluso encender su cámara.

La falla corregida por Apple el lunes se conoce como “zero-click exploit”, lo que significa que se puede instalar en un dispositivo sin que su dueño haga nada, ni siquiera apretar un botón. Citizen Lab dijo que creía que la falla, que bautizó FORCEDENTRY, se había utilizado para instalar Pegasus en dispositivos desde febrero de 2021 o tal vez incluso antes.

La India, México y Azerbaiyán están entre los que encabezaron la lista de países donde una gran cantidad de números de teléfono fueron presuntamente identificados como posibles objetivos de clientes de NSO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este jueves considerar el escándalo del espionaje de ‘Pegasus’, cometido durante los dos sexenios anteriores, en la Consulta Popular del próximo 1 de agosto que él mismo promovió en in inicio para juzgar a los exmandatarios del “periodo neoliberal”.

López Obrador evadió pedir la comparecencia del expresidente Enrique Peña Nieto por el espionaje de unos 15,000 números telefónicos con el programa de origen israelí, al señalar que “para eso es la Consulta”.

“Yo considero que debe expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos, y para eso es la Consulta, que se va a llevar a cabo en 15 días, menos”, respondió el mandatario.

El fin de semana pasada, una investigación de medios internacionales reveló  que gobiernos de varios países espiaron 50,000 teléfonos a través del software ‘Pegasus’, de los que 15,000 fueron en México durante el gobierno de Peña Nieto, la cifra más alta de cualquier país.

Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció una investigación, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que los gobiernos anteriores, desde el de Felipe Calderón, pagaron un contrato de 32 millones de dólares a la empresa israelí NSO.

Aunque López Obrador y su familia fueron víctimas de espionaje, el mandatario ha rechazado investigar a sus predecesores, y en su lugar ha pedido que los ciudadanos participen en la Consulta del 1 de agosto.

“Que se tome en cuenta todo, yo envié esta iniciativa con este propósito para que las autoridades competentes actúen, que se respeten los derechos humanos, no haya linchamientos y que de manera democrática los ciudadanos decidan”, añadió.

Posteriormente, el presidente criticó que el Instituto Nacional Electoral (INE), no promueva, a su juicio, suficientemente la Consulta.

Recordemos que López Obrador impulsó la Consulta, la primera en la historia del país bajo la Ley Federal de Consulta Popular, para que los ciudadanos decidieran sobre enjuiciar a sus predecesores. Y aunque la pregunta original mencionaba por nombre y apellido a cada uno de sus antecesores: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y pedía indagar la “presunta comisión de delitos”, la Suprema Corte cambió la pregunta..

“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que avaló la Corte en octubre pasado y que aparecerá en la boleta a usarle el próximo domingo 1 de agosto.

La votación ha despertado críticas de la oposición, porque la tachan de propaganda, por someter a la voluntad popular la justicia o porque opinan que el gobierno miente sobre la pregunta.

Incluso esta mañana el mandatario cuestionó a intelectuales como el historiador Enrique Krauze por hablar de “una dictadura plebiscitaria”. “Sí a la consulta, sí al plebiscito en todos los casos, y no tenerle miedo al pueblo, lo otro es seguir apostando por que sean las élite las que decidan”, dijo.

El extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) con Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, negó tener conocimiento sobre la adquisición y uso del programa de espionaje Pegasus durante la pasada administración.

Osorio Chong afirmó desconocer cualquier sistema de espionaje: “nosotros seguíamos a criminales y siempre se pedía la autorización de un juez para poder hacer el seguimiento respectivo, y lo hacía el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) o lo hacían las áreas correspondientes”.

Y es que el pasado domingo pasado, una investigación de un consorcio de medios internacionales destapó que gobiernos de varios países, espiaron 50,000 teléfonos mediante el programa ‘Pegasus’, desarrollado por una empresa israelí, de los cuales 15,000 casos fueron en México durante el gobierno pasado.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas, del entonces líder opositor y actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como de sus colaboradores, familiares y hasta de su cardiólogo.

Peña Nieto negó “categóricamente” en 2017 espiar a periodistas y activistas tras un reportaje que reveló que su gobierno había intervenido el teléfono de la periodista Carmen Aristegui, entre otros.

Osorio Chong, actual senador de la República, insistió que en el Cisen tenían otros sistemas con los que trabajaban. “Tuve varias reuniones allá, pero se trabajaba en el marco de la ley y con órdenes judiciales, solo así”, insistió el priísta.

Reiteró que no tuvo conocimiento de que existiera algún otro programa dedicado al espionaje, y afirmó que ya rindió su declaración respecto al caso, aunque dijo que ahora estará pendiente de lo que surja a partir de las nuevas investigaciones.

“No reconozco ningún sistema de espionaje (…) No hay lugar al comentario de espionaje, de mi parte no tengo conocimiento al respecto de nada”, reiteró.

Sobre el tema, el presidente López Obrador dijo que a diferencia de lo que ocurría antes, en su gobierno ya “no se espía a nadie”. Descartó tomar medidas judiciales contra quienes lo espiaron en el pasado.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó esta mañana que el gobierno federal firmó contratos desde 2012, con los entonces presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con la empresa vinculada al escándalo de espionaje del programa ‘Pegasus’.

En la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, Nieto Castillo dio detalles sobre el caso Pegasus en México, uno de los países con más periodistas, políticos y activistas espiados.

“Se entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus”, explicó el funcionario.

Nieto detalló que Grupo Tech Bull, una empresa fachada constituida por la firma Balam Seguridad Privada y relacionada con la israelí NSO Group, tuvo un contrato en 2014 con la entonces PGR y particularmente con Tomás Zerón, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, hoy prófugo en Israel, para ‘Pegasus’.

“Este contrato es de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group a la que terminó transfiriéndose los recursos”, dijo.

El colaborador de AMLO, considerado el responsable de la mano dura al interior del gobierno, detalló que de 2012 a 2018, se destinaron 5 mil 914 millones de pesos en servicios de espionaje. “Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas son 5 mil 914 millones de pesos y en retiros 2 mil 889  millones de pesos”.

Señaló que este no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de ‘malware’, pues dijo que en el gobierno de Felipe Calderón se contrató un servicio parecido, bajo el mando de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad, quien hoy se encuentra preso en Estados en espera de su juicio por narcotráfico.

Además, agregó que las contrataciones con las empresas vinculadas a Tech Bull “se remontan” a 2012, con la administración de Calderón, aunque detalló si se contrató en ese entonces el servicio Pegasus.

Esta empresa recibió fuertes montos a lo largo de los años, de cuentas concentradas del gobierno federal. A través de una red de empresas, continuó Nieto, se enviaban recursos a Israel e Italia.

“No solamente se trata de montos incongruentes. Sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del Gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al Gobierno de la República del año 2012 al 2018”, apuntó.

Sobre los periodos de contratación, indicó que van del 2012 al 2018 y pertenecen tanto a la PGR pero también con órgano desconcentrado de prevención y gobiernos estatales como el de Veracruz o el Estado de México.

Santiago Nieto afirmó que durante la presente administración “estos grupos no han sido contratados”, apuntando que las contrataciones concluyeron el 31 de diciembre de 2018, días después del arribo al poder de López Obrador.

Indicó que Balam transaccionaba a través de empresas fachadas como Tech Bull para enviar recursos a personas físicas y empresas en varios países.

En este contexto, continuó, “se presentará la información ante la FGR y se dará aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los posibles temas vinculados con evasión fiscal, cabe señalar que no se localizaron transacciones de dichas empresas en al presente administración”.

Adelantó que se ejecutará el “acuerdo de bloqueo” contra los sujetos involucrados si se ha advertido lavado de dinero.

Por su parte el presidente dijo que además de que espiar es un delito, dichas prácticas cuestan mucho, por lo que señaló que se usaba “mucho dinero del presupuesto con esos propósitos”.

Recordemos que en los últimos días se ha dado a conocer, por investigaciones periodísticas aunadas a las ya existentes de años atrás, que el gobierno de Peña Nieto espió a través del programa ‘Pegasus’ a periodistas, activistas e incluso al entonces líder opositor y actual presidente, así como a su círculo cercano, entre los que se encuentra su propia familia.

El consorcio coordinado por la francesa Forbidden Stories destapó que gobiernos de varios países espiaron mediante el programa ‘Pegasus’ de la firma israelí NSO Group a 50.000 números telefónicos de activistas, periodistas y políticos. México encabeza la lista con unos 15,000 números.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como una “vergüenza” que él y su entorno cercano fueran blanco de espionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, esto luego de que una investigación fuera dada a conocer por medios como The Washington Post o The Guardian.

El mandatario aprovechó el tema para asegurar que su administración acabó con prácticas del pasado y ahora no espía a nadie.

Ayer, se dio a conocer que el círculo más cercano al mandatario, además de periodistas y políticos, fueron objetivos de espionaje por parte de un cliente gubernamental de la empresa israelí NSO Group entre 2016 y 2017, antes de que AMLO llegara al poder.

“Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un gobierno, o estábamos sometidos a un gobierno, autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos”, sostuvo López Obrador.

Y es que se informó que al menos 50 personas cercanas al ahora mandatario fueron eventualmente seguidas durante parte la administración de Peña Nieto, incluidos su esposa, hijos y hermanos, y hasta uno de los médicos que lo atendían.

El informe periodístico se basa en una filtración de más de 50,000 números de teléfono supuestamente seleccionados para un posible espionaje de clientes gubernamentales de NSO Group en todo el mundo. En México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) habrían contratado sus servicios con el programa ‘Pegasus’.

“Ya esto no sucede, el gobierno (actual) no espía a nadie, los opositores no son espiados, no hay censura para los medios de información, a nadie se le limitan sus libertades”, añadió López Obrador, quien denunció haber sido espiado desde los años 1970.

El mandatario señaló que no iba a instruir ni solicitar ninguna investigación sobre el caso, aunque no descartó que, de existir, se investigue el uso de programas de espionaje.

“No sé si pueda existir el contrato (con NSO Group), y lo voy a revisar, y hoy mismo vanos a informar, de lo que estoy absolutamente seguro es que no se espía a nadie”, dijo AMLO.

La investigación corrió a cargo del consorcio coordinado por la francesa Forbidden Stories; en dicho trabajo se refirió que de los 50,000 números telefónicos alcanzados en la red de espionaje, México encabeza la lista con unos 15,000 contactos.

AMLO afirmó que en el pasado se gastaba “dinero del presupuesto” para espiar a los dirigentes de oposición y periodistas y a “muchísima” gente. Refirió que se tenían “equipos sofisticados” para escuchar todas las llamadas telefónicas, tanto del “blanco” del espionaje como de “todo su entorno”.

La empresa israelí NSO Group calificó este lunes de “endeble” la investigación que implica a su software ‘Pegasus’ en el espionaje de activistas, políticos, empresarios y nombres destacados, entre los que se menciona distintos casos en México.

Y es que una investigación del diario The Washington Post reveló este fin de semana una lista de 50,000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software espía ‘Pegasus’ de la empresa israelí.

Según la investigación, al menos 37 contactos, fueron infiltrados con el programa de software, y este habría alcanzado a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de países como México, India, Hungría y Marruecos.

1,000 contactos habrían sido identificados, entre ellos, 65 altos cargos de empresas, 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas y más de 600 políticos, incluidos jefes de Estado y de gobierno.

En el listado de teléfonos espiados con ‘Pegasus’ presuntamente por gobiernos están, por ejemplo, la esposa y a la prometida del periodista disidente saudí Yamal Jashogi, asesinado en el Consulado saudí en Estambul. También están periodistas de la CNN, The Associated Press, Voice of America, ‘The New York Times’, ‘The Wall Street Journal’, Bloomberg, ‘Le Monde’, ‘Financial Times’ o Al Yazira.

La investigación está a cargo del consorcio de medios Forbidden Stories, con sede en París, que asegura que las pruebas han sido obtenidas de los propios teléfonos a través de un análisis forense realizado por el laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional.

El software ‘Pegasus’ de NSO se utiliza para lograr acceso a teléfonos móviles de terroristas, traficantes o pedófilos, pero Amnistía y otras organizaciones de Derechos Humanos aseguran que también se ha usado para otros fines por parte de gobiernos.

El programa de espionaje se instala cuando el usuario da click en un enlace desde su teléfono y sirve para recopilar correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto. En ocasiones se puede instalar sin el enlace, según The Washington Post, que indicó que se revelará más información en los tres próximos días.

El análisis que se realizó, se indicó que el mayor número, 15,000, estaban en México y pertenecían a políticos, periodistas y sindicalistas, entre otros.

Al respecto, el diario británico The Guardian, asegura que al menos 50 personas cercanas al presidente López Obrador, incluyendo su esposa e hijos, aparecen en la lista de números a los que se espió. La lista incluye a colaboradores e incluso a un médico de AMLO, pero también a políticos de todos los partidos, periodistas, activistas, diplomáticos, académicos y hasta sacerdotes.

El mes pasado NSO publicó su primer Informe Anual de Transparencia y Responsabilidad, en el que asegura que sus productos son utilizados por los estados para frustrar atentados terroristas de envergadura y desmantelar organizaciones del narcotráfico.

Recordemos que NSO ya protagonizó un escándalo en 2019 por el uso de sus equipos para espiar a periodistas, disidentes y activistas en varios países, tras lo cual se comprometió a respetar los Derechos Humanos e impedir el uso de sus productos para estos fines.

Además, NSO ha sido demanda por la empresa estadounidense de mensajería instantánea WhatsApp, propiedad de Facebook, que asegura que se utilizó ‘Pegasus’ contra 1,400 usuarios en 2019 durante un periodo de dos semanas. La empresa israelí niega la acusación y asegura que son sus clientes estatales los que son responsables en última instancia por el uso de esta tecnología.

Al respecto, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) han denunciado este lunes el uso ‘Pegasus’ para “atacar” de forma “abusiva” a periodistas y activistas, por lo que han instado a proteger y respetar los Derechos Humanos.

En un comunicado, la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, señaló que, tras una serie de investigaciones, ha quedado al descubierto que el software es “el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a
periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas”, ha aseverado.

“Estas revelaciones echan por tierra cualquier afirmación de NSO de que tales ataques son poco frecuentes y obedecen a un uso fraudulento de su tecnología”, precisó antes de matizar que “aunque la empresa afirma que su software espía sólo se utiliza en investigaciones penales y de terrorismo legítimas, está claro que su tecnología facilita la comisión de abusos sistemáticos”.

Hasta el momento, la investigación ha identificado al menos a 180 periodistas de 20 países que fueron seleccionados como posibles objetivos de ataques con el software espía de NSO entre 2016 y junio de 2021.

NSO Group rechazó la información obtenida por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, y difundida ayer por The Washington Post.

“Los editores decidieron seguir adelante con esta historia, incluso después de que quedó claro que sus fuentes no identificadas los habían engañado, probablemente intencionalmente”, dijo la empresa en un comunicado publicado ayer.

Aclaró que los gobiernos o agencias de seguridad que usaron ‘Pegasus’ para infiltrar los teléfonos de periodistas, activistas y otros políticos habrían supuestamente violado la licencia de uso creada. La compañía aseguró que “continuará investigando todas las denuncias creíbles de uso indebido y tomará las medidas adecuadas en función de los resultados de estas investigaciones” lo que incluye “apagar el sistema de un cliente”.

‘Pegasus’ fue diseñado para perseguir a criminales y terroristas y está restringido a un número limitado de gobiernos y agencias gubernamentales.