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Standard & Poor’s (S&P) confirmó la tarde de ayer las calificaciones crediticias soberanas para México de largo plazo en moneda extranjera en «BBB» y en moneda local de «BBB+», aunque ratificó la perspectiva negativa, por los riesgos presupuestarios provenientes principalmente de Pemex.

En un comunicado, la agencia señaló que «las elecciones del 6 de junio mostraron un sólido apoyo al presidente López Obrador y a sus aliados, quienes con una mayoría simple en el Congreso se mantienen bien posicionados para impulsar la agenda política en la segunda parte de su sexenio”.

La firma explicó que las calificaciones de México se basan en las fortalezas y debilidades de su democracia, la cual ha generado estabilidad política y cambios regulares de gobierno en las últimas dos décadas.

Dijo que la perspectiva negativa indica el riesgo de que la calificación baje más en los próximos 12 meses, esto ante el debilitamiento de las finanzas públicas, probablemente derivado del manejo de los complejos desafíos fiscales relacionados con Pemex o ante la posibilidad de que algunas iniciativas gubernamentales puedan presionar aún más el entorno empresarial.

Al respecto, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, señaló en redes sociales que con la calificación de S&P se acumulan siete ratificaciones de la deuda soberana de México en la primera mitad de 2021, lo que «beneficia a la economía mexicana en su totalidad al permitir acceso a financiamiento”.

La agencia también dijo que espera que la actual Administración «mantendrá una gestión macroeconómica cautelosa», con una deuda neta del gobierno general que se mantendrá estable en torno a 48% del Producto Interno Bruto (PIB) durante los próximos tres años.

Apuntó que el crecimiento se desaceleraría tras un repunte en 2021, debido a presiones en el entorno para hacer negocios, algunas antiguas y otras asociadas con políticas recientes, que pesan sobre la inversión.

Tras conocer la postura de S&P, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en el que señaló que la decisión mantiene la calificación soberana «en una cómoda posición, dos escalones por encima del grado de inversión».

La dependencia dijo que calificadora destacó que la recuperación económica ha estado enmarcada por una priorización de la estabilidad macroeconómica y financiera y en ese contexto S&P mejoró su estimación de crecimiento de 4.9% a 5.8% en 2021 guiado por el dinamismo de la actividad económica de Estados Unidos y de las remesas.

Foto: S&P

La agencia Moody’s bajó la calificación de riesgo de las obligaciones senior no garantizadas de Deer Park Refining Limited Partnership, a Baa3 desde Baa2, y colocó las notas en revisión para rebajarlas, luego de que se anunciara que Pemex compraría la totalidad de sus acciones.

Una subsidiaria de Royal Dutch Shell acordó vender su 50% en la refinería ubicada en Texas a Pemex en 596 millones de dólares, para convertirse la estatal en la dueña absoluta de la instalación. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de este año.

«La rebaja de las calificaciones senior no garantizadas de Deer Park a Baa3 refleja la expectativa de Moody’s de que la recuperación total en las ganancias de la compañía y el perfil de apalancamiento se extenderá más allá de 2021», dijo Moody’s en un comunicado la noche de ayer.

La calificadora espera que Deer Park administre proactivamente sus requisitos de liquidez y refinanciamiento en 2021, incluido el de una línea de crédito renovable a corto plazo de 130 millones de dólares con vencimiento en julio de 2021 con los ingresos de los préstamos de los socios.

La agencia también explicó que la revisión a la baja de las calificaciones de Baa3 «refleja aún más la expectativa de Moody’s de que luego de la venta, las calificaciones de Deer Park serán impulsadas principalmente por su dinámica crediticia independiente y el perfil de deuda mucho más débil de Pemex».

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que se recuperaría en dos o tres años la inversión realizada para hacerse del control de la refinería Deer Park.

La evaluación crediticia independiente de Deer Park está limitada por su configuración de refinería única que, según el comunicado, Moody’s no considera acorde con la calificación de grado de inversión, a pesar de la alta complejidad, la escala significativa y alto nivel de flexibilidad en las materias primas.

Un tribunal holandés resolvió este miércoles que la petrolera Shell “puede” y “debe” adherirse al Acuerdo Climático de París y bajar de forma más acelerada sus emisiones con una reducción neta del 45% en 2030, en un respaldo sin precedentes a la denuncia de la organización Amigos de la Tierra (Milieudefensie).

Un tribunal del distrito de La Haya sentenció que la compañía Royal Dutch Shell tiene una responsabilidad directa en la lucha contra el cambio climático, incluido a través de sus políticas empresariales, lo que la obliga también a buscar relaciones con los consumidores que reduzcan las emisiones de CO2.

Shell debe cumplir con el límite establecido por el Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que recomienda reducir las emisiones para mantener el objetivo del Acuerdo de París de no superar un aumento de la temperatura del planeta de 1.5 grados a final de siglo.

Esto da la razón a Milieudefensie, que solicitó en diciembre a la Justicia holandesa que exija a la petrolera Royal Dutch Shell reducir sus emisiones de CO2 en un 45% para 2030 en comparación con 2019, porque «emite sustancialmente más que todas las empresas y ciudadanos neerlandeses juntos», lo que la compañía consideró un tema para los gobiernos y no los tribunales.

“Esto se aplica a todo el mundo, incluido a Shell”, consideró la jueza, en referencia al porcentaje de reducción de emisiones, un objetivo para el que la empresa dispone de medios y conocimientos, según la Justicia neerlandesa.

La Corte recordó el impacto que tiene Shell en el cambio climático por su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que va contra la responsabilidad indirecta de la compañía al respeto de los derechos humanos, independientemente de las acciones del Estado, según las directrices de la OCDE y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGPs), señaló el tribunal.

Esta sentencia puede tener consecuencias directas en otras compañías porque sirve de precedente judicial para futuras denuncias de ONG que decidan llevar a los tribunales a empresas con altas emisiones de CO2, tanto en Países Bajos como en el extranjero.

Seis organizaciones, entre ellas Greenpeace, además de más de 17,000 ciudadanos se habían sumado a la denuncia. Consideran este caso como “único” porque es el “primer juicio legal que ordena a una corporación transnacional contaminante reducir sus emisiones de acuerdo con los objetivos climáticos globales”.

La petrolera, que admite los peligros del cambio climático, ha defendido que está ya invirtiendo en proyectos verdes y que ha formulado objetivos para reducir emisiones de CO2 causadas por sus actividades, pero considera que no son los tribunales, sino los gobiernos, a través de acuerdos internacionales, los que deben contrarrestar el calentamiento global.

El año pasado, en una sentencia revolucionaria, el Tribunal Supremo de Países Bajos dio la razón a la ONG Urgenda, condenando al Estado holandés a reducir a finales de 2020 las emisiones en un 25% con respecto a 1990.

A la par de que la corte holandesa resuelve que Shell debe recortar sus emisiones de CO2, se da a conocer la venta de sus acciones de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas en Estados Unidos a Pemex.

En tanto, un inversor y activista con una pequeña participación en Exxon Mobil, obtuvo dos lugares en la junta directiva de la compañía, con lo que se prevé que la compañía comience a virar hacia temas que estén alineaos con la lucha contra el cambio climático.

Engine No. 1, firma con tan solo una participación de 0.02% en la compañía, exigió a Exxon en diciembre pasado elaborar un plan más ambicioso para combatir el calentamiento global y fue así que propuso incluir a cuatro nuevos miembros en la junta directiva.

Después de una atropellada reunión, la que incluso se suspendió por cerca de una hora, Engine No. 1 logró dos de esos asientos, mientras que los otros espacios están pendientes de definir. Así, Gregory Goff y Kaisa Hietala would se unirán a la junta de gobierno.

En el video que subió el lunes a redes sociales el presidente López Obrador anunciando que Pemex había comprado a Shell el 50% de las acciones de la refinería de Deer Park, en Texas, fue un triunfo político del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, sobre la Secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Al hacer el anuncio el presidente dijo con emoción que el 50% de la refinería se estará comprando por $600 millones de dólares y se podrán refinar 340 mil barriles al día. La construcción de la refinería de Dos Bocas, cuya principal promotora es Nahle, va a costar entre 9 y 12 mil millones de dólares y se refinará la misma cantidad de barriles si es que se logra terminar algún día. Con esto, Romero le demostró al presidente que por un costo mucho menor a la construcción de Dos Bocas se puede refinar la misma cantidad de barriles.

Ahora, aunque Romero le ganó a Nahle esta partida política, el anuncio demuestra una enorme ignorancia del gobierno de López Obrador en materia energética. ¿Por qué es para el presidente digno de presumir que se está tirando tanto dinero a la basura en Dos Bocas?

El anuncio es también una trampa con una enorme mentira. Según dice AMLO en su video, para el año 2023 vamos a lograr la autosuficiencia energética gracias a esta compra; la construcción de Dos Bocas y la modernización de las seis refinerías existentes. Pues ahí AMLO está asumiendo, primero, que las refinerías van a estar operando al 100 por ciento de su capacidad, cosa que no sucede. Segundo, que Dos Bocas va a estar lista en menos de dos años cuando actualmente lleva un avance del 15%. También está haciendo un cambio importante en la definición de soberanía energética. Si la gasolina que se compra a una refinería en Texas, aunque sea propiedad de México, se considera parte de la producción nacional de gasolinas ¿por qué no mejor opta Pemex por comprar otras refinerías en Estados Unidos en lugar de construir Dos Bocas? Sale más barato.

Todo esto es asumiendo que Pemex logrará la misma eficiencia en Deer Park que actualmente logra Shell. Al comprar Pemex el 100 por ciento de Deer Park, la operación de la refinería dejará de estar en manos de Shell y recaerá en Pemex. La regulación de las refinerías en Estados Unidos es muy diferente a la que existe en México. Allá Pemex tendrá que competir con las demás petroleras como un jugador más, no como el consentido que es en México.

Este anuncio muestra además que el presidente sigue empecinado en llegar a una fiesta que ya se está acabando. Basta ver la votación que se dará hoy en ExxonMobil. Esta es la más grande de las petroleras occidentales y también la más reacia a la transformación hacia energías renovables y limpias. El actual director de ExxonMobil, Darren Woods, se enfrentará hoy a una brutal junta de consejo en la cual fondos de inversión están exigiendo que el consejo se integre por cuatro personas que lleven a la empresa hacia la transición a energías renovables y limpias porque saben que ahí está el futuro.

Lo mismo saben en Shell. Este mes, los accionistas de la empresa aprobaron el plan para ser una empresa de cero emisiones, incluyendo a los usuarios finales de sus productos, para el año 2050. Recibir dinero y deshacerse de la refinería, que es de las áreas que menos ayudan a esta meta, es un doble hit para Shell.

Romero le ganó a Nahle pero México sale perdiendo porque esta realidad de transformación energética está lejos de permear en el ideario del presidente López Obrador.

 

Columna completa en El Universal

México pagará unos 600 millones de dólares para adquirir el 50% de participación de Shell en la refinería Deer Park cuya propiedad comparten cerca de Houston, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La medida forma parte de las políticas de López Obrador de construir, adquirir o renovar refinerías en un momento en que la mayoría de los países intentan reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

«Vamos a dejar de comprar combustibles en el extranjero. Vamos a ser autosuficientes para 2023», dijo el mandatario en un mensaje compartido en sus redes sociales.

En un comunicado, Shell escribió que «Shell Chemical L.P. continuará operando la instalación adyacente Deer Park Chemicals, que posee al 100%».

«Shell no tenía planeado vender su participación en la refinería de Deer Park», declaró Huibert Vigeveno, director de refinación de la compañía. «Sin embargo, luego de una oferta no solicitada por parte de Pemex, hemos llegado a un acuerdo para transferirles nuestra participación».

López Obrador se había quejado recientemente de que Deer Park no había rendido beneficios para el país desde 1993, aparentemente debido a que la mayoría de las ganancias se habían reinvertido. Sin embargo, también reconoció que la refinería procesa 340,000 barriles de crudo al día, la mayoría de ellos de origen mexicano.

Pemex se comprometió a operar la planta de manera responsable con el medio ambiente.

López Obrador considera que la industria petrolera es un sector clave para la soberanía del país y para su futuro económico, y ha promulgado reglas que limitan el uso de energías renovables como la solar o la eólica.

Aunque un pago de 600 millones de dólares por media refinería parece ser un buen acuerdo para México, también genera interrogantes sobre la decisión del país de invertir 9,000 millones de dólares en la construcción de una instalación nueva y similar a la recién adquirida, la de Dos Bocas.

El beneficio añadido de Deer Park es que puede refinar el crudo mexicano más pesado sin producir combustóleo como derivado. Las refinerías mexicanas actuales difícilmente pueden lograr eso, por lo que las reservas de combustóleo (combustible altamente contaminante con un mercado de exportación reducido) se han acumulado en el país, y el gobierno lo consume cada vez con mayor frecuencia en las plantas eléctricas del Estado.

La decisión de Shell parece formar parte de una estrategia internacional a gran escala para consolidar sus refinerías e iniciar una transición hacia los recursos energéticos renovables.

El objetivo es que las refinerías estén más integradas con los complejos químicos y produzcan más biocombustibles, hidrógeno y combustibles sintéticos.

La compra, que está sujeta a aprobaciones regulatorias, podría consolidarse hasta el cuarto trimestre del 2021.

Un juez concedió una suspensión provisional contra algunas partes de la recién aprobada Ley de Hidrocarburos, con la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca aumentar el control del Estado en el sector.

“La suspensión provisional que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, así como de los artículos transitorios cuarto y sexto del Decreto reclamado”, señaló el juez.

La suspensión se otorgó en contra de la posibilidad establecida de que permisos relacionados con el sector hidrocarburos puedan ser cancelados o las instalaciones de permisionarios ocupadas temporalmente.

También impide que la autoridad pueda revocar permisos que incumplan con el almacenamiento mínimo requerido por la Secretaría de Energía a la entrada en vigor de la Ley, que cobró vigencia la semana pasada, o que infrinjan cualquier disposición de la norma.

«Los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por cinco quejosas que son titulares de un permiso que las faculta para realizar una actividad regulada en el sector de hidrocarburos, debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para las promoventes del amparo, este Juzgado de Distrito estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, lo que ocasionaría distorsiones en la industria de hidrocarburos, afectando la competencia y el desarrollo de dicho sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar», añade la resolución del juez.

Según analistas, en la práctica los cambios en la Ley de Hidrocarburos, creada tras la reforma energética del 2014, fortalecen a Pemex, pues es la empresa dominante del sector y es la única con la capacidad de almacenamiento suficiente de petrolíferos para cumplir las nuevas reglas del juego.

La nueva ley podría tener repercusiones para empresas multinacionales con operaciones en México como Shell, BP, Exxon y Total, que entraron en el mercado de combustibles del país tras la reforma, a la que tanto ha criticado AMLO.

Llama la atención que el juez que concedió la suspensión es el titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha sido duramente señalado por el gobierno federal, el presidente López Obrador y sus seguidores, por haber suspendido  la reforma eléctrica impulsada por AMLO, así como por haber otorgado amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió 35,606 millones de pesos en el primer trimestre de 2021, de acuerdo con información oficial enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Este es un dato 70% menor a las pérdidas de 121,800 millones de pesos del mismo periodo del pasado año.

La CFE celebró los resultados de este periodo «a pesar de los efectos ocasionados en la infraestructura que afectó el suministro de gas natural por las bajas temperaturas originadas por la onda ártica en el estado de Texas en febrero de 2021».

La compañía aseguró que se mostró la capacidad operativa y financiera que tiene para cumplir con su compromiso de suministrar energía eléctrica a la población mexicana.

Los ingresos acumulados de la CFE al cierre del primer trimestre de 2021 ascienden a 152,578 millones de pesos, que en comparación con el primer trimestre de 2020, representan un incremento de 22%. Dicho incremento obedece a un aumento en los ingresos por venta de combustibles a terceros, como resultado de la contingencia en Texas.

Al primer trimestre de 2021, los costos de operación de la CFE sumaron 158,413 millones de pesos, lo que significó un incremento del 68% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según el reporte financiero, la utilidad antes de impuestos marcó una pérdida 32,802. millones de pesos, una cifra negativa pero 269% menor al resultado de 121,81 millones de pesos de los primeros tres meses del pasado año.

Finalmente, el patrimonio de la empresa registró una reducción del 6.6% respecto al cierre del año anterior, generado principalmente por la pérdida del ejercicio. Recordemos que CFE perdió 78.919 millones de pesos en 2020.

De igual forma, este viernes se informó que tras sufrir en 2020 la peor crisis de su historia, Pemex redujo sus pérdidas durante el primer trimestre del año, en un 93.4% respecto al mismo periodo del año anterior.

«Para Petróleos Mexicanos, el primer trimestre fue un excelente trimestre», resumió el director financiero de la compañía, Alberto Velázquez, durante una llamada con inversores para presentar los resultados.

Entre enero y marzo, la petrolera perdió 37,358 millones de pesos, un recorte del 93.4% respecto a los 562,251 millones de pesos que perdió en el primer trimestre del año anterior.

Además, Velázquez justificó que las pérdidas del primer trimestre no se deben a la gestión de la compañía, sino a las variaciones en el tipo de cambio de la deuda de Pemex, que en más del 90% está contratada en divisas extranjeras.

El directivo destacó como un logro que el beneficio bruto de la compañía se ubicó en 145,731 millones de pesos, un 116.3% más frente al mismo periodo del año anterior.

Descontados los gastos de administración y distribución, la compañía «triplicó» su rendimiento de operación, con 11408 millones de pesos, un 268,9 % más. En parte, los rendimientos se explican por «la eficiencia operativa» que permitió una «reducción sustantiva» del costo de extracción de petróleo, al pasar de 14.06 dólares por barril en 2019 a los 11.15 dólares actuales.

Pemex perdió 21.417 millones de dólares en 2020 por la pandemia de la COVID-19, en lo que fue «la mayor crisis» de su historia, según admitió la propia compañía.

«Tenemos muy buenas noticias. En este primer informe, Petróleos Mexicanos da a conocer el quinto mes consecutivo de crecimiento en la producción de petróleo», dijo el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

Además destacó que a pesar de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que en 2013 abrió el sector a la inversión privada, Pemex sigue produciendo «prácticamente la totalidad de la producción» en México, con casi el 99%.

En el mes de marzo, Pemex extrajo 1.76 millones de barriles diarios, encadenando así incrementos desde el pasado mes de octubre. No obstante, en el comparativo trimestral, la empresa extrajo entre enero y marzo 1.71 millones de barriles y todavía no ha alcanzado los 1.74 millones del mismo periodo del año pasado.

De momento, Pemex sigue exportando y en el primer trimestre de 2021 ganó 148.970 millones de pesos (7.230 millones de dólares) gracias a las ventas al exterior, un 19 % más.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó este jueves una controversia constitucional contra la polémica reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Cofece considera inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promulgada el pasado 9 de marzo, al indicar que viola la libre competencia al favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en detrimento de las privadas, extranjeras y generadoras renovables.

«(Las medidas) eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico, lo que se traduciría en una perturbación en las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general», argumentó la Cofece.

Y es que la reforma eléctrica elimina el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

La controversia de la Cofece se suma a la acción de inconstitucionalidad que presentaron los senadores de oposición en la Suprema Corte el 8 de abril.

Recordemos que adicional, los dos juzgados federales especializados en competencia económica suspendieron de forma indefinida la reforma el mes pasado en lo que el Poder Judicial se pronuncia sobre su constitucionalidad.

La Cofece consideró que la reforma es contraria a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que ordenan un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad. «Quebranta la regla de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de distribución y transmisión, lo que reduce la capacidad de competir de ciertos generadores y comercializadores», sostuvo la comisión.

La reforma eléctrica es parte de las medidas de López Obrador para «rescatar» a la CFE y Pemex del «saqueo» de las empresas privadas y extranjeras.

El Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) calculó que están en riesgo más de 451,000 millones de pesos invertidos en 105 proyectos privados de generación de energías renovables en nuestro país. Además, 28 empresas con un conjunto de 8,904 millones de dólares en inversiones están en posición de exigir indemnizaciones.

Ahora, la Suprema Corte tendría que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma mientras el presidente López Obrador ha acusado a algunos jueces de estar «al servicio» de intereses «particulares y extranjeros».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este martes el acuerdo al que llegó la Fiscalía General para liberar al empresario Alonso Ancira, a cambio de pagar 216.6 millones de dólares como reparación del daño a Pemex.

«Celebro que se haya llegado a este acuerdo. Es un hecho posiblemente inédito o llevaba mucho tiempo que no se registraba», dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Ayer, el expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), quedó libre tras acordar que realizará tres pagos anuales a partir del 30 de noviembre próximo para que la FGR no lo lleve a juicio por lavado de dinero.

Esto, luego de estar acusado de vender una planta chatarra de fertilizantes a Pemex en 2013 por un monto de 275 millones de dólares.

«Nosotros desde el principio sostuvimos que necesitábamos que se devolviera el dinero, la reparación del daño. Nos importa mucho», aseveró López Obrador.

El mandatario agradeció a la FGR por su intervención y al poder judicial por lograr el acuerdo en el que Pemex aceptó la devolución de 216 millones de dólares.

Sin embargo, recordó que esta resolución no significa que se cancele el proceso judicial, solo «se suspende y queda condicionado a que se pague la reparación del daño», dijo. Indicó que el dinero que sea devuelto servirá para que Pemex lo invierta en los fertilizantes «que se están entregando a campesinos a productores en Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos».

Señaló que la compra de esta planta chatarra y de otras instalaciones inservibles causó una deuda a Pemex «enorme».

Ancira estaba acusado de vender a Pemex, con un sobreprecio de 500 millones de dólares, la planta inservible de fertilizantes de Agronitrogenados en 2013, cuando el entonces director de la petrolera era Emilio Lozoya, principal detenido en México por los sobornos de Odebrecht.

Ancira Alonso abandonó el reclusorio Norte vestido de traje y abordo de una camioneta MercedesBenz, desde donde se dejó ver con un puro en la mano.

Foto: Twitter @ProyectoPuente

La Fiscalía General de la República (FGR) acordó este lunes la liberación del empresario Alonso Ancira, conocido como el «Rey del Acero», a cambio de pagar 216.6 millones de dólares como reparación del año a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

La defensa de Ancira, antiguo dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), informó que realizará tres pagos anuales a partir del 30 de noviembre próximo para que la FGR no lo lleve a juicio por lavado de dinero por estar acusado de vender una planta chatarra de fertilizantes a Pemex en 2013.

«Quedó suspendida la acción penal y se firmó el acuerdo reparatorio que le da la libertad. La FGR se desistió de la acción penal, se suspende hasta que se pague, él está bien de salud, no hay necesidad que use brazalete electrónico», declaró su abogado Antonio Frank a los medios.

Recordemos que Ancira estaba en prisión preventiva en el Reclusorio Norte desde el pasado 4 de febrero, un día después de su extradición desde España, donde estuvo detenido desde mayo de 2019 a su llegada al aeropuerto de Palma de Mallorca.

El empresario estaba acusado de vender a Pemex, con un sobreprecio de 500 millones de dólares, la planta de fertilizantes de Agronitrogenados en 2013, cuando el director de la petrolera del Estado era Emilio Lozoya.

Fuentes del Gobierno de México indicaron que la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a Pemex, además de que todavía no funciona por estar obsoleta.

Tras asumir la Presidencia en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exigió reparar el daño, por lo que Pemex y la FGR acordaron en febrero pasado este pago, que se confirmó hoy.

Con el acuerdo de este día, también se ordenó suspender la ficha de búsqueda de Interpol, por lo que Ancira podrá salir del país sin problemas, agregó su defensa.

En el acuerdo participaron Pemex, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda; el  juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, suspendió todas las medidas cautelares y concluyó el caso.

Tras cerca de 12 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Hidrocarburos, que según el planteamiento del gobierno federal, busca fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y combatir el robo de combustibles.

El dictamen aprobado deriva de una iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió a la Cámara de Diputados el pasado 26 de marzo.

Con lo aprobado, se actualiza y regula el almacenamiento mínimo de petrolíferos. «También, robustece el marco jurídico en materia de contrabando de combustibles, y suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional», indicó el comunicado.

Además, se incluye como causal de revocación de permisos emitidos por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, el contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y que haya sido así determinado por resolución firme de autoridad competente.

Incorpora la posibilidad de que las autoridades puedan llevar a cabo la suspensión de los permisos que emitieron, «a fin de garantizar los intereses de la nación y dejar a salvo los derechos de terceros».

Morena y partidos aliados defienden que la iniciativa tiene como eje central devolver a Pemex un mayor control de precios y llevar a cabo cambios en la transportación, distribución, comercialización, venta y almacenamiento de combustibles.

El diputado de Morena, Diego Eduardo Del Bosque Villarreal, afirmó que la reforma ayudará a recuperar la soberanía energética. “La política energética neoliberal ha sido un auténtico pillaje y nos ha llevado al fracaso; somos un país petrolero y a pesar de eso tenemos cifras alarmantes de importación de gasolina».

Sin embargo, la oposición consideró que el dictamen sepulta todo intento y esfuerzo de tener un sector energético competitivo, sostenible, sustentable y la atracción de inversiones, y pone en riesgo a los pequeños y medianos empresarios que no cuentan con la capacidad de almacenamiento.

El diputado del PAN, Marco Antonio Adame Castillo, mencionó que la iniciativa genera incertidumbre jurídica, monopolios estatales, aumento de precios y ahuyentará las inversiones en el sector energético.

Por el PRI, la diputada Soraya Pérez Munguía indicó que el dictamen es inconstitucional; busca expropiar los recursos e instalaciones de empresas privadas que participan en el mercado de hidrocarburos de manera desproporcionada; podría resultar en el incremento de los precios de los bienes y servicios ofrecidos, con impacto en el poder de compra de los consumidores, aumento de costos y pérdidas de competitividad de las empresas.

De la misma manera que la Ley de la Industria Eléctrica, suspendida judicialmente, esta normativa ha recibido críticas de la oposición, del sector empresarial y de analistas que consideran que es inconstitucional y abre la puerta a la expropiación.

«Esta propuesta de reforma busca desplazar al sector privado que participa en dichas actividades al correr el riesgo de la expropiación de sus instalaciones bajo criterios poco transparentes como el de seguridad nacional, seguridad energética y afectaciones a la economía nacional», denunció en días pasado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Mientras que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió este miércoles que dicha ley podía afectar la competencia al no dar suficiente «certidumbre» a las empresas públicas y privadas.

El dictamen fue remitido al Senado para su discusión y eventual aprobación.

Al ser cuestionado sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps, exlíder sindical de Pemex, y otras contra los gerentes de las seis refinerías.

«Hay dos denuncias en la fiscalía, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por depósitos de 309 millones de pesos, esta es la información (de Romero Deschamps)», informó López Obrador en su conferencia matutina.

Recordemos que Romero Deschamps, acusado de corrupción, abandonó su cargo como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en 2019 tras 26 años, pero se mantuvo como trabajador activo de Pemex hasta el pasado 16 de marzo.

Romero Deschamps continuaba como empleado de Pemex con un salario de más de 1.2 millón de pesos anuales, entre sueldo neto y compensaciones.

López Obrador recordó también que fue él quien exhortó a Romero Deschamps a renunciar a Pemex al considerar «inmoral» su permanencia.

Una investigación periodística dejó al descubierto que se mantenía como trabajador pero gozando de las vacaciones que no disfrutó durante años, para que en 2024, cuando AMLO deje el poder, pudiera regresar a la dirigencia del sindicato.

«Es la fiscalía la que va a decidir si las pruebas son contundentes, si el dinero es producto de ilícitos, todo lo que tiene que hacer la autoridad, no podemos condenar a nadie sin pruebas», matizó López Obrador.

A pregunta expresa, el mandatario también reconoció la existencia de denuncias contra los gerentes de las seis refinerías activas de Pemex por robo de combustible, el llamado huachicoleo. «Están abiertas las investigaciones, no solo en este caso, son cientos de investigaciones, todas relacionadas con el huachicol, porque se está combatiendo el huachicol», dijo.

Y es que la lucha contra el huachicoleo, vinculado al crimen organizado, es una de las principales promesas de López Obrador.

Aunque negó que sea «un caso generalizado», el presidente afirmó que el gabinete de seguridad, encabezado por la secretaria Rosa Icela Rodríguez, realiza una investigación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó esta tarde el 83 aniversario de la Expropiación Petrolera desde Tabasco, en donde anunció el descubrimiento de un nuevo complejo petrolero que aportará hasta 1,800 millones de barriles de crudo.

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, anunció el descubrimiento del «campo gigante» Dzimpona-1, que aportaría entre 500 y 600 millones de barriles, además de los yacimientos de Racemosa-1 y Valeriana-2, que sumarían otros 900 y 1,200 millones, respectivamente.

El nuevo complejo, que se llamará «General Francisco J. Múgica», consiste en 65 pozos que entre 2021 y 2023 permitirán extraer 138,000 de aceite y 1,349 millones de pies cúbicos de gas.

El directivo aseguró que la nueva política energética del presidente López Obrador ha permitido a Pemex descubrir un «campo gigante» por año, desde que asumió el poder en diciembre de 2018.

“La nueva estrategia de inversión se ha focalizado en aguas someras, donde Pemex es líder mundial, así como en cuencas terrestres del sureste del país, con los resultados que hoy estamos entregando se demuestra el éxito del cambio de la política de exploración de Petróleos Mexicanos», afirmó Romero Oropeza.

El «éxito exploratorio», añadió, se traduce en una incorporación de reservas 3P (probadas, probables y posibles) por 4,800 millones de barriles en este sexenio, con la expectativa de incorporar al menos 2,385 millones para este año.

Recordemos que López Obrador ha prometido «rescatar» a Pemex y detener la «privatización» del sector, que se abrió a la inversión privada en 2013 con la reforma energética de su predecesor, Enrique Peña Nieto.

Pese a los apoyos que la 4T le ha dado a Pemex, ésta sufrió en 2020 la «peor crisis de su historia» con una pérdida neta de 21,417 millones de dólares, un 38.2% más que el resultado también negativo de 2019, según sus últimos resultados financieros.

“Debido a la crisis del Covid el año pasado ha sido el de mayor reto para Pemex en todos los sentidos, con un desplome inédito de los precios del petróleo y una caída en la demanda de los combustibles en el país», reconoció esta tarde el director de Pemex.

El nuevo complejo «Francisco J. Múgica», llamado así en honor a uno de los militares ideólogos de la expropiación, está ubicado en el municipio de Centro, cuya cabecera es la ciudad de Villahermosa, capital de Tabasco, de donde es originario López Obrador.

“En Tabasco hay agua en los riñones y petróleo en nuestras venas, por eso, con ese petróleo en nuestras venas es como Tabasco y los tabasqueños acompañamos y respaldamos al Gobierno de México”, expresó el gobernador Adán Augusto López, quien estuvo presente en el evento.

López Obrador aseguró, sin dar mayores detalles, que la Secretaría de Hacienda seguirá reduciendo impuestos a Pemex, lo que llevó al director Pemex a señalar que a partir de este año el gobierno federal absorberá los pagos de amortizaciones de la deuda que Petróleos Mexicanos tiene.

Dichos compromisos representarán más de 6,000 millones de dólares en 2021, precisó Romero. «El presidente de la República ofreció desde la campaña rescatar a Pemex y con acciones lo está demostrando», dijo Romero.

Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), renunció a ser trabajador activo de Pemex, lo que implicaba que siguiera percibiendo un salario; así lo informó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Quiero informarle al pueblo de México que a partir del día de hoy el señor Romero Deschamps ya presenta su renuncia. Es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos», informó AMLO en su conferencia de prensa matutina.

Recordemos que Romero Deschamps, quien es acusado de corrupción, dejó su cargo como líder del STPRM en 2019 tras 26 años en el puesto, pero se mantenía como trabajador de Pemex.

Sin embargo según diversos reportes periodísticos, pese a abandonar su cargo sindicalista, Romero Deschamps continuaba como trabajador de Pemex percibiendo un alto salario de más de 1,2 millón de pesos anuales, entre su salario neto y las compensaciones.

La renuncia al cargo la llevó a cabo «por voluntad propia y también por un exhorto que le hicimos de que, aunque fuese legal y que así estuviese acordado en las condiciones laborales, considerábamos que era inmoral» mantener el empleo en esas condiciones, enfatizó AMLO.

En ese sentido, López Obrador reiteró que se está revisando el contrato colectivo de Pemex para beneficiar a los trabajadores y no a los altos directivos ni a los cargos de confianza.

Cuestionado sobre posibles investigaciones en contra de Romero Deschamps, el presidente se limitó a decir que cualquier investigación corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los «ciudadanos que tienen interpuestas denuncias».

El anuncio de AMLO se da luego de que la semana pasada, un reportero expuso en una de las mañanera que Romero Deschamps seguía como miembro activo de la empresa, debido a que estaba haciendo valer las vacaciones que, supuestamente, no tomó durante todo su periodo al frente del sindicato, con lo que el tiempo le daba para seguir en esa modalidad hasta 2024, cuando tenía planes de regresar a la dirigencia del sindicato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana un acuerdo con Braskem-Idesa, filial de Odebrecht, por el contrato suspendido entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la planta petroquímica Etileno XXI en Nanchital, Veracruz.

“Una muy buena noticia que queremos compartir con ustedes: se llegó a un acuerdo con la famosa empresa o sus socios Odebrecht que es famosa porque sobornaba en países y llevó a la cárcel ese procedimiento, para decirlo amablemente esas irregularidades, a presidentes de naciones y a funcionarios del más alto nivel», sostuvo AMLO.

El acuerdo, alcanzado el 26 de febrero por el contrato que se canceló en diciembre pasado, permitirá un ahorro de 13 mil 749 millones de pesos, informó Octavio Romero Oropeza, director de Pemex.

Con el acuerdo, Pemex no tendrá que pagar las penalizaciones de 147 millones de dólares por incumplir el contrato en los primeros dos años de la presidencia de López Obrador, quien argumentaba que Pemex le vendía el gas a menor precio del mercado y le «subsidiaba».

«A partir de esta Administración, el presidente de la República nos instruyó a no pagar penalidades derivados de ese contrato leonino», aseveró Romero al intervenir en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

La negociación se produce después de que en diciembre López Obrador anunció que no renovaría el «contrato leonino» de suministro de gas que se suscribió en 2010, durante la presidencia del expresidente derechista Felipe Calderón.

La brasileña Braskem, mayor petroquímica de América Latina, anunció entonces que adoptaría las medidas legales por la rescisión «unilateral» del contrato de la planta, que produce cerca de 1.05 millones de toneladas de polietileno al año.

La petroquímica es una asociación controlada por la brasileña Braskem, mayor productora de resinas termoplásticas y líder en América Latina, y el Grupo Idesa, uno de los principales grupos empresariales mexicanos.

El director de Pemex detalló este miércoles que, tras el acuerdo, Braskem-Idesa le pagará a Pemex el 100% del precio del gas etano. Asimismo, la obligación de Pemex de suministrar gas se reduce a la mitad desde ahora y se eliminará por completo en 2024.

«Ahora que ya se tiene este nuevo convenio, de nuevo va a haber abasto de gas natural, porque tampoco es nuestro propósito que cierren una planta de esta naturaleza, estamos hablando de una inversión, no sé, de 8,000 o 10,000 millones de dólares», manifestó el presidente.

La negociación se da en medio de la investigación del caso de Odebrecht, que estalló hace un año con la detención en España de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, acusado de recibir más de 10 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña.

Pese al acuerdo, López Obrador advirtió de que aún habrá una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la planta.

«Hay una denuncia presentada, siguen las investigaciones, porque además hay que ver quién autorizó la firma de este contrato a todas luces leonino, contrario al interés nacional», expresó López Obrador, quien añadió que se debe castigar a quienes permitieron estos contratos.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este martes que a partir del 4 de marzo de 2021, la empresa calificadora Fitch Ratings dejará de prestarle sus servicios de calificación de valores tanto a nivel local como global.

Así, Pemex da por terminado el Contrato de Calificación de Valores vigente entre PEMEX y Fitch México S.A. de C.V.

La compañía indicó que dicha decisión se toma debido a la optimización en la contratación de servicios de calificación de valores adoptada anteriormente, para hacer frente al complejo contexto económico actual.

«Esta decisión no representa ningún obstáculo o riesgo para futuras emisiones de valores de PEMEX, ya sea en el mercado nacional o internacional, toda vez que la empresa seguirá contando con los servicios de calificaciones crediticias necesarios que exige el marco regulatorio nacional e internacional para la emisión de valores, proporcionando con ello certidumbre a los inversionistas», esgrimió Petróleos Mexicanos.

El especialista Luis Gonzali indicó que era Fitch Ratings la calificadora que peor tenía calificado a Pemex, por lo que con su decisión, «de un plumazo, mejoran su perfil crediticio».

No descartó que en el futuro PEMEX finalice también su contrato con otra de las calificadoras más importantes, Moody’s, para así evitar supervisiones externas.

Por su parte el periodista especializado en energía y negocios, Édgar Sígler, coincidió con Gonzali al señalar que si bien todas las calificadoras tienen diferentes escalas, Fitch Ratings  es la que más baja calificación le ponía a  PEMEX según su propia escala.