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Tres heridos fue el saldo preliminar este miércoles luego de un enfrentamiento entre policías antimotines que lanzaron gases contra empleados que mantienen una huelga en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, según denunciaron los propios  trabajadores.

El desalojo ocurrió a las 6:00 hora local cuando los empleados que reclaman aumento salarial y otras prestaciones intentaron ingresar a las instalaciones por uno de los accesos principales. Los tres empleados heridos fueron trasladados al hospital del municipio de Cárdenas.

«La Policía empezó a repartir toletazos a todos lados y una granada de gas lacrimógeno me rozó, incluso, estaba transmitiendo en vivo y me volvió a rozar otra en la cabeza. A varios compañeros los golpearon y se los llevaron. También dispararon balazos y nos tuvimos que alejar», narró uno de los obreros que registró en cámara la agresión.

Hasta el momento las autoridades de Tabasco no han informado sobre si hubo detenciones durante la protesta, ni el número oficial de heridos.

«La Guardia Nacional informa que al momento no participa en ninguna diligencia relacionada con la refinería de Dos Bocas en Tabasco», informó a su vez la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Twitter.

Los más de 1,500 trabajadores inconformes, pertenecientes a la empresa ICA Fluor, se mostraron preocupados tras la agresión y la falta de respuesta de las autoridades. «No sabemos si vamos a trabajar o qué acuerdos se vayan a tomar. Mañana sigue esto y viene toda la gente», expresó otro trabajador.

La huelga inició la tarde-noche de ayer, por lo que cumple su segundo día.

A través de las redes sociales, los obreros dieron cuenta de su manifestación y denunciaron que son objeto de explotación laboral. Aseguran que no retomarán sus labores en tanto no cumplan sus demandas.

En un boletín, la empresa ICA Fluor aseguró que cumple con las «obligaciones patronales, salariales, seguridad social, física e integral» de los trabajadores y conforme a lo acordado con el sindicato. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, se encargo de compartir la postura de empresa, asegurando que los trabajadores «son lo más importante» en la megaobra.

La SSPC emitió un comunicado en el que indicó que elementos de seguridad de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina resguardaban las instalaciones federales para «proteger a los trabajadores» ante las protestas y provocaciones que se han presentado, organizadas por personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con la empresa.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que todo se trata de un conflicto entre sindicatos que se disputan la titularidad de contratos. Además, afirmó que el paro de labores era «momentáneo».

«Es un paro momentáneo, transitorio, espero; porque se están disputando la titularidad del contrato, es un asunto entre los sindicatos», explicó en su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

El mandatario añadió que no es que se esté pagando mal a los trabajadores, y por el contrario, aseguró que se tienen todas las prestaciones, y que el problema es que se pelean los sindicatos para tener el control. Explicó que las manifestaciones se están dando por parte de un grupo reducido de trabajadores, pues dijo, en la construcción de la refinería participan cerca de 25,000 obreros.

Foto: Twitter 

El grupo de alcaldes electos de la oposición en la Ciudad de México, fueron agredidos este lunes, cuando se presentaron en el Congreso capitalino. Ante las agresiones, la alcaldesa electa de la delegación Álvaro Obregón, Lía Limón, resultó herida.

«Dijimos que íbamos a dialogar de manera pacífica y esta apertura fue la agresión de un policía instruido para eso. Esta fue la agresión de un policía que me dio con el escudo», expresó Limón en un video publicado en sus redes sociales, donde se dejó ver con una herida abierta en la nariz.

La alcaldesa electa responsabilizó directamente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,  y al secretario de Gobierno, Martí Batres, al afirmar que «estas no son formas» de tener acercamientos entre el gobierno capitalino y los alcaldes electos.

La también integrante de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA CDMX), exigió que la dejen «gobernar porque es el derecho de los ciudadanos» a pesar de las agresiones y los golpes.

Y es que los nueve alcaldes electos de la Ciudad de México de la coalición ‘Va por México’ se habían concentrado frente al Congreso capitalino, fuertemente protegido por un dispositivo policial, para protestar pedir que fueran recibidos por los diputados locales.

En su protesta, acusaron a Morena de querer aprobar en un período de leyes extraordinario una legislación que resta atribuciones a los diferentes alcaldes de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Martí Batres aseguró que la administración capitalina «respeta a los manifestantes de todo tipo y que jamás agrediría a ningún manifestante de ninguna fuerza política».

«No hemos sido nosotros los que hemos buscado la confrontación esta mañana», expresó Batres, quien recordó que su «mesa de diálogo» está abierta para todos los alcaldes, sean de la corriente que sean (afines u opositores).

Explicó que el periodo extraordinario que se realiza en el Congreso fue convocado con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios, desmintiendo que la convocatoria haya sido unilateral, o convocado por un solo partido (Morena); aclaró que tenía el aval del PRI, del PAN, del PRD, así como del PT y del PES.

Señaló que fue la Presidenta de la Mesa Directiva, Ana Patricia Báez Guerrero del PAN, quien solicitó que la fuerza pública resguardara las afueras del recinto legislativo.

Dijo que en el momento en que ocurrieron las agresiones denunciadas, él se encontraba reunido con los coordinadores parlamentarios de los partidos de oposición. «No había necesidad de ningún forcejeo, bastaba con una llamada que nos hicieran, ya sea a mí o a los propios coordinadores, para que pudieran acceder los alcaldes a la sesión del Congreso local».

Recordemos que en la pasada elección, del 6 de junio, la coalición opositora se impuso en 9 demarcaciones, más de la mitad de la ciudad, lo que significó un resultado histórico para los partidos de oposición que hasta entonces solo gobernaban dos alcaldías, y un fuerte descalabro para Morena.

Martí Batres aprovechó para informar que los alcaldes electos están citados con la Jefa de Gobierno los próximos días, 2 y 3 de septiembre, por lo que dijo «nos extraña mucho esta situación; yo los he recibido, a todos los que han querido, he recibido a alcaldes del PRI, del PAN, de otras fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas, en reuniones preliminares previas».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió este lunes que habrá justicia para José Eduardo Ravelo, joven de 23 años presuntamente asesinado y violado por policías de Mérida, Yucatán.

«Que se castigue a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo este caso, si se demuestra, si se comprueba, que hubo estas violaciones graves que llevaron hasta el homicidio, hasta el asesinato de este joven», dijo López Obrador en su conferencia matutina al ser cuestionado sobre el tema.

Policías de Yucatán detuvieron a Ravelo el pasado 21 de julio, y tras el arresto pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres en su ano, según ha denunciado la madre de la víctima.

Pese a las denuncias, el viernes pasado los cuatro agentes acusados quedaron libres porque el juez afirmó que no hay pruebas suficientes.

El alcalde de Mérida, Renán Barrera, ha justificado la detención del joven, originario del estado de Veracruz, porque «estaba intoxicado» y por «alteración del orden pública»; incluso aseguró que no había evidencia de abuso policial.

Sin embargo, el caso ha tomado fuerza, luego de que el  fin de semana se difundiera un video de la detención en el que seis policías someten a Ravelo e, incluso, uno coloca su rodilla sobre su pecho mientras está en el suelo.

Ante los crecientes reclamos, agrupados en el movimiento #JusticiaParaJoséEduardo, que se ha hecho viral en las redes sociales, López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atender el asunto.

«Que se vea la posibilidad de que el Gobierno de la República, el Ejecutivo federal, presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que no se quede en el ámbito local este asunto y que se vaya al fondo», sostuvo.

María Ravelo ha denunciado que el alcalde de Mérida le ofreció 2.5 millones de pesos para desistirse de sus denuncias. Ante esa situación, la madre ha pedido una audiencia con López Obrador, quien este lunes afirmó que no hace falta. «Es lo que puedo mandarle decir a la señora, que voy a intervenir», declaró.

El mandatario también ha criticado al Poder Judicial por la liberación de los policías acusados. «Si las instituciones encargadas de impartir justicia no están a la altura de las circunstancias, si están echadas a perder, pues es solo una legalidad ficticia, la legalidad sirve para legitimar la injusticia», sentenció.

Las fuerzas de seguridad de Haití se enfrentaron la tarde noche de ayer con el grupo armado que asesinó al presidente Jovenel Moïse.

La policía mató a cuatro de los «mercenarios» y capturó a otros dos, dijo el director general de la fuerza, Leon Charles, en comentarios televisados la noche de ayer, en los que añadió que las fuerzas de seguridad no descansarían hasta que se atrape a todos.

«Los bloqueamos en el camino cuando salían de la escena del crimen», señaló. «Desde ese momento hemos estado luchando con ellos». «Los mataremos o los detendremos», agregó.

Recordemos que Moïse fue asesinado a tiros por hombres que irrumpieron en su residencia con armas de gran calibre durante la madrugada de este miércoles, en un «acto inhumano y barbárico» que provocó una condena internacional.

El asesinato, repudiado por Washington y países de América Latina, coincidió con una ola de violencia de pandillas en Puerto Príncipe, avivada por una grave crisis humanitaria y por el caos que ha llevado a muchos distritos de la capital a convertirse en zonas prohibidas.

El primer ministro interino, Claude Joseph, dijo que el gobierno había declarado el estado de emergencia en medio de la confusión sobre quién tomaría las riendas del país y que se inició una operación para capturar a los responsables.

Las autoridades del país, donde la mayoría habla francés o creole, dijeron que los pistoleros hablaban inglés y español, y parecían ser extranjeros.

«Mis compatriotas, mantengan la calma porque la situación está bajo control», dijo Joseph. «Este golpe ha herido a nuestro país, pero no quedará impune».

La esposa de Moïse, Martine Moïse, quien recibió un disparo durante el ataque, y que fue encontraba gravemente herida, se mantiene estable y recibe tratamiento médico en un hospital de Miami, a donde fue trasladada la tarde de ayer; así lo confirmó el embajador de Haití en Washington.

El embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond, dijo que los asesinos se habían identificado falsamente como agentes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

Mucha gente en Haití quería que Moïse dejara el cargo. Desde que asumió en 2017, enfrentó pedidos de dimisión y protestas masivas, primero por acusaciones de corrupción y su gestión de la economía, y después por su creciente control del poder.

Joseph dijo que la Policía y el Ejército tenían la situación bajo control, aunque en general se considera que las fuerzas de seguridad de Haití carecen de personal y equipamiento suficiente en comparación con las poderosas bandas. Varios policías han muerto en las últimas semanas en intentos de recuperar el territorio de los bandidos fuertemente armados.

El Consejo de Seguridad de la ONU expresó su profunda conmoción por la muerte de Moïse antes de una reunión a puerta cerrada que se celebra este jueves, solicitada por Estados Unidos y México, para evaluar la situación.

 

Nueve personas, entre ellas dos policías, fueron asesinadas en dos hechos distintos este miércoles en Zacatecas, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad.

En un comunicado, la SSP reportó el asesinato de dos policías estatales, provenientes de San Luis Potosí, en la capital del estado, y la ejecución de siete personas más en Fresnillo, ambos hechos ocurridos este miércoles.

En el reporte se incluye la muerte de dos agentes, cuyos cuerpos fueron localizados colgados en un puente vehicular de la capital del estado.

Luego de establecer comunicación con autoridades del estado de San Luis Potosí, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) confirmó que se trataba de dos policías estatales reportados como no localizados en la dicha entidad.

Las autoridades dijeron que desde que se conoció la desaparición de los agentes, autoridades de ambos estados trabajaron de manera conjunta para dar con su ubicación, pero lamentablemente aparecieron sin vida este día.

La SSP de Zacatecas refirió que el segundo hecho se registró en el municipio de Fresnillo, en donde una agresión con armas de fuego cobró la vida de siete personas: cuatro mujeres y tres hombres, cuya edad y datos quedaron reservados hasta que sean identificados.

Tras el ataque se localizó a una mujer y a un hombre lesionados, quienes fueron trasladados para recibir atención médica.

En el sitio, las autoridades también encontraron a cinco menores de edad, que resultaron ilesas y quienes fueron resguardadas de inmediato, con la atención que por su edad requieren.

El colectivo #SeguridadSinGuerra criticó el anunció del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre su intención de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), bajo el argumento de que si queda en manos de otra dependencia, se ‘echará a perder’, tal como ocurrió con la Policía Federal.

Recordaron que cuando López obrador propuso la creación de la Guardia Nacional, no quería una corporación civil, quería una institución militar a cargo de los militares, que permitirán su uso irrestricto en tareas de seguridad pública; sin embargo, destacaron que en ese momento la oposición en el Congreso no lo permitió, y por el contrario, dieron voz a los colectivos de víctimas, y organizaciones que expusieron los riesgos de tener una organización militar a cargo de la seguridad pública.

Destacaron que la Guardia Nacional nació como una corporación de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo cual evitó que tuviera fuero militar.

Señalaron que la reforma de 2019 contempló un plan de desmilitarización para que las fuerzas armadas, es decir el Ejército y la Marina, continuaran haciendo labores de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, aunque de forma extraordinaria, acotada, fiscalizada y subordinada al poder civil.

Con el paso de los meses, señalan que López Obrador ha ignorado la Constitución y las obligaciones internacionales, al grado de que hoy la Guardia Nacional está formada en 80% por soldados y marinos, además de que más del 90% de los elementos desplegados en el país no están certificados como policías. Lamentaron que la capacitación, reclutamiento y mando de la Guardia Nacional están a cargo de la Sedena.

Enfatizaron que con el anuncio del pasado martes, López Obrador dejó claro que buscará una reforma constitucional que le permita concretar su plan original: entregar el control de la Guardia Nacional a la Sedena, y con ello la seguridad pública.

Ante sus intenciones, exigieron a AMLO respetar la Constitución, y le recordaron que las leyes no pueden modificarse a discreción bajo una lógica reduccionista de construcción de mayorías, y con ello pasar por encima de los principios y obligaciones internacionales de que la seguridad pública debe estar en manos de civiles.

Pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver a la brevedad las acciones de inconstitucionalidad y las controversias relacionadas con la participación militar en ámbitos que no les corresponden. Acotaron que se debe escuchar la voz de víctimas, organizaciones y expertos.

Finalmente, solicitaron a los líderes de los partidos políticos suscribir una «boleta civil de seguridad» para rechazar cualquier intento de reformar la Constitución. Les exigieron el cumplimiento de lo establecido en la reforma vigente de 2019, que señala un uso acotado de las fuerzas armadas, la construcción de una Guardia Nacional civil, y de cuerpos de seguridad locales civiles.

«Tanto quienes prometieron transformación, como quienes prometieron ser un freno de lo autoritario, tiene la oportunidad de demostrar que no todo eran promesas de campaña. El presidente ha mostrando su desprecio por la constitución, las víctimas y la evidencia».

Advirtieron que si la seguridad pública queda, desde la Constitución, en manos de militares, no habrá retorno en la vía civil: habrá fuero militar, opacidad y cuerpos militares que operen más allá del poder civil.

El gobierno de la Ciudad de México informó este jueves que, a partir de las 05:30 horas del próximo domingo 6 de junio, se desplegarán en un operativo 18 mil 856 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), además de 160 equipos de trabajo para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que los policías serán desplegados en las 16 Alcaldías y se instalará un Puesto de Mando en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) a cargo de la Secretaría de Gobierno (SECGOB), para atender cualquier denuncia.

«Estamos convencidos que van a ser unas elecciones participativas y en paz; pero, pues es nuestra obligación tener este despliegue para que se pueda garantizar la seguridad y la paz durante la jornada electoral del domingo», dijo la mandataria capitalina.

Por su parte el secretario de gobierno, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, explicó que el Puesto de Mando estará conformado por la SSC y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Precisaron que se estará atento al apoyo del traslado del material electoral, además de que habrá  un operativo reforzado posterior a la elección, cuando los paquetes electorales vayan hacia las distintas sedes.

Detalló que se instalarán 13 mil 175 casillas de votación en 7 mil 465 inmuebles; de ellas, mil 754 son escuelas públicas; 582 son espacios públicos; 339 instituciones de gobierno; 4 mil 534 domicilios particulares; las 24 Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), los 33 Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), así como las sedes del INE e IECM.

Se informó que como parte del operativo, desde el 5 de junio habrá Ley Seca  en las 16 Alcaldías, con excepción de los restaurantes donde se podrá vender al copeo sólo acompañado de alimentos.

La sede del Congreso de Estados Unidos fue blindada este viernes y está bajo alerta máxima después de que un vehículo embistiera a dos policías en un punto de acceso al inmueble.

El conductor del coche murió, según medios estadounidenses, y la policía informó que los dos agentes resultaron heridos y fueron llevados a un hospital. Algunas medios reportan que uno de ellos perdió la vida.

«Hay un sospechoso detenido. Ambos oficiales resultaron heridos», informó en Twitter el Departamento de Policía del Capitolio.

Las imágenes de televisión mostraron un coche azul que se había estrellado contra la barrera de seguridad de unas de las calles que lleva al Congreso de Estados Unidos. También mostraron a dos personas en camillas, que parecían ser los oficiales heridos.

Las autoridades todavía no han publicado ninguna información sobre la identidad del conductor del vehículo y, según medios estadounidenses, en el momento de la detención del sospechoso se escucharon disparos. La cadena NBC informó que el individuo salió del vehículo con un cuchillo.

Tras el incidente de este viernes, el Capitolio y los edificios adyacentes fueron cerrados. De todas formas el Congreso estaba en receso por Semana Santa, por lo que había menos personal en el lugar.

Este incidente se produce después del violento asalto del edificio del Capitolio perpetrado el 6 de enero por partidarios de Trump que querían interrumpir la certificación de las elecciones.

El grupo buscaba impedir la oficialización de los resultados de las elecciones de noviembre en las que Joe Biden se impuso a Trump, después de que el exmandatario republicano clamara sin aportar pruebas que hubo fraude en los comicios. En los incidentes de enero murieron cinco personas, incluido un agente de la policía del Capitolio.

Las autoridades han citado a una conferencia de prensa, que se espera comience en breve para dar mayores detalles y confirmar o desmentir las versiones que circulan en los medios y redes sociales.

Foto: C-SPAN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó este martes sobre la atracción del caso de Victoria Esperanza Salazar, de nacionalidad salvadoreña, que murió al ser sometida por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum, Quintana Roo.

Se indicó que la atracción del caso se da debido a los presuntos hechos violatorios de derechos humanos que fueron difundidos desde el fin de semana pasado.

La CNDH indicó que los hechos, ocurridos el sábado 27 de marzo, ameritaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, por probable uso excesivo de la fuerza, hechos por los que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició una investigación por el delito de homicidio.

«Con la finalidad de investigar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, así como de la Fiscalía General de Justicia de ese estado, que por su naturaleza pudieran resultar de especial gravedad y constituir violaciones a los derechos humanos, la CNDH integrará el expediente de queja respectivo y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda», indicó la oficina de la titular de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra.

Enfatizó que el Estado tiene la obligación de garantizar a las mujeres una vida libre de agresiones y poner en marcha acciones y políticas para garantizar sus derechos humanos.

Aseguró que el referido acuerdo de radicación de oficio y atracción ya fue notificado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, a la Fiscalía General del mismo Estado, así como a la Dirección Municipal de Seguridad Pública en Tulum, Quintana Roo.

Por su parte Amnistía Internacional (AI) indicó que las autoridades de nuestro país deben garantizar justicia y reparación del daño en el caso de Victoria Salazar, además de garantizar la protección de las dos hijas de la víctima.

En un comunicado conjunto, AI, el Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi) y el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES) coincidieron en que se deben garantizar los derechos de la familia a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño y la repatriación digna de su cuerpo.

«Ellos sometieron demasiado a mi hija, le torturaron en pocas palabras. Ahí se oye cuando ella grita. Yo creo que fueron los últimos gritos cuando le quebraron el cuello y le quebraron muchas costillas. Yo pienso que como seres humanos nadie merece esta muerte», dijo Rosibel Emérita Arriaza, madre de Victoria, a AI.

La madre dijo que ninguna autoridad mexicana se ha comunicado con ella y que solo se enteró del asesinato de su hija por alguien que vio las noticias.

Recordemos que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) confirmó que Victoria Salazar se encontraba en México en calidad de refugiada desde el 2018.

La necropsia concluyó que había «una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la perdida de la vida» de Victoria», dijo en un vídeo Oscar Montes de Oca, fiscal general de Quintana Roo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo ayer sentir «vergüenza» por lo ocurrido y garantizó que no habrá impunidad. Su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, pidió justicia y prometió ayuda a las dos hijas de la víctima.

Según el fiscal, las lesiones «son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención» y demuestran que hubo un uso «desproporcionado» de la fuerza, por lo que se inició el proceso contra los cuatro agentes involucrados, tres hombres y una mujer, por el delito de feminicidio.

Además, Lucio Hernandez, secretario de Seguridad Pública del estado, anunció la destitución del jefe de policía de Tulum, Nesguer Ignacio Vicencio Méndez.

Salazar salió de Sonsonate, una localidad al oeste de San Salvador, hace cinco años debido a la violencia y para buscar mejores oportunidades para su hijas.

El Universal informó que la familia de Victoria Salazar confirmó que prepara una demanda internacional en contra de México por su homicidio, mismo que se hará con respaldo de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo dio a conocer este lunes que después de cumplir con el protocolo médico legal y la práctica de la necropsia, peritos del Servicio Médico Forense concluyeron que Victoria Esperanza Salazar, murió debido a una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra.

Recordemos que la mujer de origen salvadoreño fue sometida y finalmente perdió la vida durante una detención por parte de elementos de la policía municipal de Tulum, caso que ha causado indignación en México y el extranjero, además de que las imágenes del arresto se han viralizado

«Las lesiones referidas, de acuerdo a los dictámenes en materia de criminalística, medicina forense y al material videográfico, que forman parte de la carpeta de investigación, son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se le aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer», enfatizó la Fiscalía.

La dependencia reconoció que la técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado, se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima lo que ocasionó una desaceleración con rotación del cuello, violándose con ello lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza.

Al llegar a dichas conclusiones, el fiscal del Ministerio Público ejerció acción penal en contra de los cuatro policías municipales, una mujer y tres hombres, por su probable participación en el feminicidio de Victoria Salazar.

Por ello, este lunes fueron detenidos los agentes municipales y fueron ingresados al centro de detención correspondientes, donde fueron puestos a disposición de un juez de control.

Sobre el crimen, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que su gobierno se hará cargo de la manutención y estudios de las dos hijas que se sabe dependían de Victoria Salazar, así como de todo lo que necesiten.

«Solo pedimos justicia. Que a los que hicieron esto les caiga todo el peso de la ley», dijo el mandatario, quien recordó que «no fue el pueblo mexicano quien cometió este crimen, sino unos crimínales en la policía de Tulum».

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que la víctima tenía residencia permanente en el país tras obtener una visa por razones humanitarias

«El INM lamenta el homicidio de la mujer migrante originaria de El Salvador, Victoria Esperanza Salazar Arriaza, ocurrido en Tulum, Quintana Roo», indicó el organismo en un boletín.

Precisó que de acuerdo con el registro de la autoridad migratoria, se autorizó su estancia en territorio nacional como residente permanente por razones humanitarias el pasado 6 marzo de 2018, cuando le dieron condición de «refugiado».

El INM refrendó en este boletín su compromiso por el «respeto irrestricto a los derechos humanos de la personas migrantes», independientemente de su origen, condición migratoria, social o económica.

Adicional, e informó que tras un encuentro entre el alcalde de Tulum, Víctor Mas, y el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, se tomó la decisión de destituir al director de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, Nesguer Ignacio Vicencio Méndez.

Hernández Gutiérrez propuso a Carlos Lázaro Caraveo Vázquez, como nuevo director general de Seguridad Pública en el municipio, lo cual deberá ser analizado y, en su caso, ratificado por el Cabildo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó esta mañana el homicidio de una mujer salvadoreña, quien fue detenida y sometida en Tulum, Quintana Roo, cuyo caso ha dado la vuelta al mundo y se ha viralizado en redes sociales.

«Un lamentable hecho ocurrido antier en Tulum, Quintana Roo, México; una mujer: Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña, fue sometida por la policía, por cuatro elementos de la policía de Tulum y de Quintana Roo, fue brutalmente tratada y asesinada; es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza», dijo el mandatario.

Envío un mensaje a los familiares de la víctima, asegurando que se va a castigar a los responsables. Incluso dijo que los responsables ya están en proceso de ser enjuiciados. Prometió que no habrá impunidad.

Y es que este fin de semana, un familiar de la mujer salvadoreña pidió que se investigue el caso y se haga justicia; el caso ha sido comparado con el crimen del afroamericano George Floyd, en Estados Unidos, en 2020.

Las imágenes que se han difundido en redes sociales muestran a una uniformada colocando su rodilla sobre la nuca de Salazar y presionándola contra el pavimento mientras otros tres elementos observan la escena, junto a una patrulla. Minutos más tarde, los agentes suben su cuerpo inerte a la parte trasera de la camioneta.

René Olivares, hermanastro de la víctima, dijo el domingo a la agencia Reuters que sintió «impotencia» al ver los videos y cuestionó a la policía. «Para mí hay un abuso de poder y lo único que (se) busca es que se haga justicia, que se juzgue a los que están implicados en eso».

Desde El Salvador, Olivares detalló que su hermanastra emigró a México hace tres años desde el municipio de San Antonio del Monte, 66 kilómetros al oeste de la capital salvadoreña, y logró una visa humanitaria en su destino. Dos hijas, una de 17 años y otra de 15, vivían con ella.

En su cuenta de Twitter, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que espera se haga justicia por el caso y expresó sus condolencias a la familia de la fallecida. «Estoy seguro que el Gobierno Mexicano aplicará todo el peso de la ley a los responsables».

Por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, condenó lo sucedido y señaló que «actos como estos no deben quedar impunes». La Fiscalía de Quintana Roo informó este lunes que abrió una investigación por homicidio e indaga las causas de la muerte de Salazar.

Se detalló que son cuatro policías municipales los que son investigados por la muerte de Salazar: tres hombres y una mujer. La Fiscalía precisó que las huellas dactilares y las pruebas forenses están siendo examinadas en el caso.

«No habrá impunidad para quienes participaron en el fallecimiento de la víctima y se actuará con toda la fuerza de la ley para llevar ante tribunales a quienes sean imputados por estos hechos», dijo la Fiscalía en un comunicado.

Foto: Twitter

Miles de mujeres salieron esta tarde a las calles de la Ciudad de México para manifestarse en contra la violencia de género, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Tal como se había anunciado, fue alrededor de las 15:00 que diversos contingentes comenzaron a llegar hasta el Monumento a la Revolución, desde donde se dirigirían al Zócalo capitalino. En el punto de reunión, algunos grupos derribaron las vallas de madera instaladas para proteger el Monumento.

En su camino al Zócalo, los contingentes fueron pintando y rompiendo algunas de las barreras que fueron montadas por los locales comerciales y edificios públicos. Con gritos, pancartas y música, las mujeres avanzaban hacia Palacio Nacional.

Gracias a las redes sociales, y diversos colectivas de mujeres, se supo de  varios encapsulamientos en las inmediaciones del Centro Histórico, algunos en la calle Juárez e Hidalgo. Tras varios minutos de enfrentamiento con los cuerpo policiales, se lograron dispersar.

También se informó sobre las detenciones y agresiones de periodistas por parte de policía al interior del Metro Hidalgo. Las colectivas demandaron respeto al derecho a informar durante las movilizaciones de esta tarde, y exigieron garantizar la integridad de las comunicadoras y periodistas que se encontraban en la zona haciendo su trabajo.

El contingente entró al primer cuadro de la Ciudad, y desde ahí, se reportó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comenzaron a utilizar granadas de gas pimienta contra las manifestantes.

También se documentó cómo desde la zona de policías se lanzaron cohetones, piedras y palos en contra de las manifestantes. Algunos de los proyectiles hirieron a las presentes. Las colectivas denunciaron que el uso de gas lacrimógeno contravenía el protocolo de actuación policial en contexto de protesta.

Más tarde, algunas de mujeres que se concentraron frente a Palacio Nacional lograron derribar algunas de las vallas metálicas que desde el fin de semana se montaron alrededor del inmueble. Otros de los reportes fue la utilización por parte de elementos de la SSC de balas de goma y balas de gotcha directamente contra manifestantes.

Uno de los momentos más álgidos de la tarde fue cuando se comenzó a reportar la presencia de hombres en la azotea de Palacio Nacional, a quienes las presentes en la concentración señalaban de portar armas de fuego. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Al respecto, autoridades federales y de la Ciudad negaron que se tratara de armas de fuego. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, indicó que no había ninguna persona con armas de fuego. Explicó que se trataba de personal de resguardo que usó inhibidores de drones para evitar vuelos de estos aparatos sobre Palacio Nacional, ya que se trata de una zona reservada.

Fue el mismo Ramírez Cuevas quien compartió una imagen de las armas que se utilizaron. Fuentes consultadas por El Universal en el gobierno capitalino, confirmaron la información, y detallaron que dicho personal es el encargado del resguardo del Palacio.

Indicaron que al apuntar hacia el drone detectado con la mira telescópica del arma, «dispara un rayo invisible que neutraliza los sensores del dron». En redes sociales se denunció el uso de dicha arma como un acto intimidatorio, pues se apuntaba directamente contra las manifestantes.

Foto: Twitter @Somoselmedio

Luego de la manifestación de mujeres la tarde de ayer, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,  aseguró que el movimiento feminista merece el nuestro respeto y simpatía, aunque rechazó los actos de violencia en las movilizaciones que se presenten en la capital.

Recordó que el aborto es legal desde 2007 en la Ciudad, y dijo que incluso durante la pandemia han estado funcionando nueve clínicas y hospitales que atienden la salud sexual y reproductiva de las mujeres, incluyendo la Interrupción Legal del Embarazo.

Sheinbaum Pardo dijo que siempre ha estado de acuerdo con que no se debe penalizar el aborto y que se deben dar las condiciones para el derecho a decidir.

Señaló que en la movilización que se presentó la tarde de ayer en las inmediaciones del Centro Histórico, venía un grupo de mujeres «muy violentas, con bombas molotov, martillos, pistolas con gasolina, cohetones, spray con gas y otros artefactos peligrosos».

Explicó que pese a que el objetivo del grupo era llegar al Zócalo, elementos de la policía les contuvo, siempre con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Incluso aseguró que se les invitó a que continuaran caminando si entregaban los objetos peligrosos que portaban aunque se negaron a hacerlo.

La mandataria capitalina refirió que como saldo de la movilización de ayer, hay 44 policías mujeres lesionadas, además de los daños a mobiliario urbano.

Indicó que en ocasiones anteriores, a los grupos de mujeres se les ha permitido entrar al Zócalo, sin embargo, en esta ocasión recordó el plantón de FRENAAA en el Zócalo, por lo que considerando el antecedente de agresión de algunos de los grupos feministas y el uso de objetos peligrosos, no había condiciones para que coexistieran las dos protestas en la plancha.

«El movimiento feminista merece todo nuestro respeto y simpatía. Yo me reconozco como feminista, lo que no estamos de acuerdo es con la violencia, no podemos aceptar la violencia de ningún tipo; siempre vamos a estar del lado de las víctimas, de las mujeres violentadas. Siempre vamos a estar del lado de la justicia», sostuvo la Jefa de Gobierno.

Sheinbaum Pardo dijo que cuando se ha presentado abuso policial, ha sido sancionado, por lo que ahora no se puede justificar la agresión de una persona a otra, específicamente de una mujer a otra mujer. Al respecto, la morenista reconoció la labor de las mujeres policías por su «entereza» en la movilización de ayer.

A las y los manifestantes les reiteró que siempre estará abierta la puerta del Gobierno de la Ciudad para dialogar, construir acciones y agendas de Gobierno.

«Todo protocolo se puede mejorar, pero pido, como Jefa de Gobierno, que entre todas y todos construyamos la paz en la ciudad; podemos no estar de acuerdo, pero no podemos justificar estos niveles de violencia», remató.

El presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva para reformar los sistemas policiales del país, esto luego de varias semanas de protestas contra el racismo desatadas por la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que murió tras ser detenido por policías.

La medida estipula mejores prácticas policiales y la creación de una base de datos de policías que tengan un largo historial de abusos.

Desde La Casa Blanca, Trump enfatizó la necesidad de estándares más estrictos para los policías y expresó su solidaridad con familiares de víctimas de abusos policiales, aunque al mismo tiempo hizo hincapié en su lema de ley y orden y criticó a la oposición demócrata.

«La reducción de la delincuencia y el mejoramiento de los estándares policiales no son metas contradictorias», declaró Trump antes de firmar el decreto.

Trump ha insistido en su apoyo a los cuerpos policiales durante toda la crisis e incluso, previo a la firma del decreto, se lanzó contra quienes han provocado violencia en las protestas, que han sido mayormente pacíficas.

La orden ejecutiva firmada por Trump crea una base de datos de policías que tengan un historial de denuncias de abusos. Además, dará un incentivo financiero a los departamentos policiales que mejoren su actitud hacia la ciudadanía y que incluyan a trabajadores sociales en sus respuestas a personas con problemas psiquiátricos, adicción a las drogas o desamparados.

Trump declaró que los nuevos parámetros prohibirán sujetar por el cuello a un sospechoso «a menos que la vida del oficial esté bajo riesgo». La táctica ya está prohibida en la mayoría de los departamentos policiales del país.

El presidente trató de posicionar su medida como una alternativa a los reclamos de muchos manifestantes y activistas de quitarle fondos a las agencias policiales, algo que según Trump es «radical y peligroso».

«Los estadounidenses saben la verdad: sin la policía hay caos. Sin ley hay anarquía y sin seguridad hay catástrofe», expresó.

El evento se organizó luego que Trump se reunió en La Casa Blanca con familiares de personas que murieron en interacciones con la policía. «A todas las familias de luto, quiero que sepan que todo el país está de luto junto con ustedes, sus seres queridos no murieron en vano», indicó el mandatario.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Jalisco, indicó este viernes en un informe, que hay elementos para acreditar que la muerte de Giovanni López se trata de una ejecución extrajudicial.

«Es evidente, que, de acuerdo con los derechos humanos violentados, y acorde a la línea jurisprudencial  internacional y demás lineamientos, se está ante un caso de una ejecución extrajudicial, en la que se privó de la vida a Alejandro Giovanni López Ramírez», pues, precisa, su fallecimiento ocurrió cuando se encontraba bajo la custodia de elementos policiales y en  instalaciones del gobierno municipal.

Giovanni López, de 30 años, murió tras ser detenido por la policía municipal el pasado 4 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, por cometer una falta administrativa y presuntamente por agredir a los policías, según la versión oficial; aunque familiares y vecinos afirman que fue por no llevar cubrebocas, esto como parte de las medidas emitas por el gobierno estatal.

El organismo estatal afirma que López fue golpeado de manera excesiva  por parte de los agentes de la Policía municipal al momento de detenerlo, por lo que todo indica que su fallecimiento fue a consecuencia de las lesiones que sufrió.

Para la CEDHJ, «todos los golpes y lesiones ocasionados fueron de  manera consciente y desproporcionada», por lo que al golpear en repetidas ocasiones a López, los agentes policiales generaron actos de tortura, violando su derecho a la integridad personal.

Añade que los actos cometidos por los agentes de la Policía Municipal en contra de Giovanni, fueron realizados con la total intención de someterlo, causarle sufrimientos e intimidarlo. Señala que la intención de causarle sufrimiento e intimidarlo mediante los golpes es «clara y notoria».

Mientras la autopsia señala como causa de la muerte un «trauma craneoencefálico», la Comisión indica en su informe que «lo más razonable de la causa de muerte de Alejandro Giovanni López Ramírez fue el uso de la fuerza pública».

La muerte de López ha provocado una ola de protestas que empezó en Jalisco y se ha extendido hasta Ciudad de México. La represión de las  manifestaciones ha provocado más movilizaciones.

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