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Este jueves, la dirigencia nacional del PRD, junto con su excandidato a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz, presentaron a la Fiscalía General de la República un paquete de pruebas de la corrupción que precedió al proceso de la reforma constitucional en el Congreso de Baja California para la “ampliación arbitraria” del periodo del Gobierno de Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

El excandidato a la gubernatura de Baja California informó que entregó un video al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en el que el presidente del Congreso de Baja California reconoce que le ofrecieron una fuerte cantidad de dinero para avalar la ampliación del periodo de Gobierno de Bonilla, lo que constituye una prueba más de los sobornos que, dijo, se hicieron con autoridades y diputados de Baja California.

Además dijo que solicitó al titular de la FGR pedir más videos a un hotel de la localidad de Mexicali para verificar a las personas que estuvieron presentes durante los ofrecimientos de dinero por parte de un funcionario cercano a Jaime Bonilla, que iban desde 200 mil hasta 400 mil dólares.

Luego de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicara que gracias a las grabaciones se había identificado a presuntos infiltrados en las movilizaciones de mujeres que se llevaron a cabo el lunes pasado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría capitalina, fue el PRD quien respondió a los señalamientos.

“El PRD se deslinda de cualquier acto de vandalismo que pudo haber tenido lugar en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX)”, dijo el partido.

Indicó que reprobaban los hechos de violencia y hacían un llamado a la manifestación pacífica a fin de no permitir que el gobierno utilice el discurso del ‘golpeteo’ en su contra y se enfoquen en dar resultados.

El partido condenó que se quiera vincular al PRD en los hechos violentos y exigieron a funcionarios del Gobierno de la CDMX y Gobierno Federal a realizar acciones eficientes para prevenir y sancionar la violencia y abuso de autoridad por parte de elementos de la SSC-CDMX.

La dirigencia del PRD adelantó que presentará una denuncia contra el gobierno capitalino y contra Jesús Orta, titular de la SSC-CDMX, por su inacción y complicidad en el caso de la presunta violación de policías a una menor de edad.

“Exhortamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum a tomar cartas en el asunto y que no pretenda desvirtuar una demanda legítima de seguridad. Como encargada del ejecutivo local no puede ser permisiva con estas actitudes por parte de sus policías”.

Los dirigentes del partido señalaron que era contradictorio que hace un par de años la jefa de gobierno era muy crítica desde el ámbito académico y apoyaba los llamados de justicia y defensa de los derechos de las mujeres, ahora parece que se ha olvidado de ello y prefiere solapar las conductas delictivas, subrayaron.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por actos violatorios de la normatividad electoral federal y por la realización de actos de promoción personalizada cometidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los llamados “Servidores de la Nación”.

El PRD indicó que el Gobierno Federal está destinando cerca de 3 mil 500 millones de pesos anuales a la nómina y gastos de operación del Coordinador General, Delegados Estatales, Coordinadores Regionales y toda la estructura diseñada para operar los recursos públicos del programa para el desarrollo, lo que calificaron como un daño a la vida democrática del país.

Indicaron que el gasto equivale, por ejemplo, a un año del Fondo Nacional de Desastres naturales o 10 veces del presupuesto destinado para los refugios de las mujeres víctimas de la violencia; acusó que “es un despilfarro ilegal e inconstitucional al hacer uso indebido del dinero público destinado a los programas de asistencia social”.

Líderes del partido del sol azteca señalaron que los “Servidores de la Nación, quienes repartirán este año 190 mil millones de peso, es una estructura electoral que va a jugar un papel relevante en las elecciones del 2021, sobre todo cuando le dicen a la gente que el dinero va de parte del Presidente de la República y no de parte de un programa federal.

Los dirigentes del PRD exigieron que se frene la intervención personalizada, que se le quite el nombre de López Obrador a la propaganda y que los “Servidores de la Nación” se apeguen a la legalidad, especificando que los apoyos son parte de los programas sociales que el Gobierno de la República tiene la obligación de dar a la ciudadanía.

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados hizo un llamado a respetar lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General para que se rote la presidencia de la Mesa Directiva.

Indicó que el hecho de que la presidencia se rote entre las fuerzas políticas es para mantener la pluralidad que existe en la Cámara.

“Esperamos que se cumplan lo que ahora está establecido en la propia ley, en el artículo 17 (…) y que la pluralidad pueda verse reflejada en las presidencias de la Mesa Directiva”, dijo la coordinadora de la bancada del PRD, Verónica Juárez Piña.

Hasta ahora, aseguró que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ha acordado respetar el acuerdo establecido.

Cuestionada sobre la iniciativa que impulsa la diputada Dolores Padierna Luna  de Morena, para reformar la Ley Orgánica del Congreso General, para que el grupo parlamentario con mayoría absoluta, es decir Morena, presida la Mesa Directiva los tres años de la Legislatura, la perredista indicó que continuarán “pugnando porque la pluralidad de los distintos grupos parlamentarios se vea representada en la Mesa Directiva”.

Consideró que dicha modificación que Morena busca podría “ser un atentado” al ambiente generado en la Cámara de Diputados, que recordó, permitió al PRD aun siendo oposición, presidir la Mesa Directiva en otras legislaturas.

La diputada Claudia Reyes Montiel (PRD) demandó al gobierno federal aclarar para qué sirven realmente los militantes de Morena denominados “siervos de la nación” y cómo se justifica su adscripción a la Secretaría del Bienestar.

Acusó que el actual gobierno “pretende reproducir viejas prácticas del corporativismo electoral autoritario con el uso de estas personas, bajo la figura de siervos de la nación”.

La legisladora indicó que es de reconocerse que una de las prioridades de cualquier gobierno sea revertir y abatir la pobreza, como supuestamente busca la administración que encabeza AMLO; sin embargo dijo, es lamentable que esto sólo sea un pretexto para utilizar personal pagado con recursos públicos con miras a favorecer electoralmente al partido en el poder, es decir, a Morena.

Sostuvo que que hay muchos indicios al respecto y van desde el hecho de que la misma Secretaría del Bienestar carece de control sobre esta estructura de 17 mil supuestos empleados suyos, hasta la evidencia documentada de que estas personas organizan giras del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dependen directamente.

“Como prueba del control directo del Presidente de la República sobre esta estructura partidista de Morena, está una solicitud ciudadana de información, según la cual, la dependencia desconoce metodología, objetivos, procesamientos de información y principales resultados del Censo del Bienestar que los siervos de la nación hacen para inscribir beneficiarios a los programas sociales” dijo.

La diputada perredista reiteró su exigencia de que el gobierno federal aclare el proceso que se hizo para implementar el llamado Censo de Bienestar y las funciones de los “siervos de la nación”.

El candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz y la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer una denuncia de hechos contra de quien resulte responsable, por lo que consideraron la “ampliación arbitraria” del periodo de gobierno de Jaime Bonilla de dos a cinco años.

El integrante de la DNE, Ángel Ávila Romero, destacó que la denuncia se sustenta en posibles sobornos a los diputados que avalaron la reforma, “se especula que se pudo dar de a un millón de dólares por voto, por cada uno de los legisladores, esto a propia voz del presidente del Congreso del estado de Baja California”.

Advirtió que harán todo lo posible para detener la contrarreforma político-electoral, “nos queda muy claro que es un laboratorio para el partido de Morena”.

Señaló que la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky está detrás de esta ilegalidad, “lo que quieren hacer es conocer cómo respondería la opinión pública si se lograra pasar esa reforma y lo que estamos haciendo es combatiendo eso”.

En ese sentido, destacó que la Fracción del PRD en la Cámara de Diputados ya interpuso un juicio político en contra de cada uno de los diputados que avalaron dicha reforma y este partido en todo momento ha denunciado que la candidatura de Bonilla violentó la normatividad electoral desde el momento que es residente norteamericano.

En tanto, el dirigente nacional Fernando Belaunzarán aseveró que es difícil pensar que no hubo un acuerdo con el gobierno del estado, ya que nombraron al “contralor carnal” en la misma sesión en que prolongaron el mandato de Jaime Bonilla.

“El presidente del congreso tendrá que explicar el ofrecimiento que le hicieron de un millón de dólares y cómo fue que le llegaron al precio”, expresó.

En ese sentido, pidió “congruencia al Gobierno Federal y a la Secretaría de Gobierno para que la dependencia no sea florero frente a ésto, que tenga una postura clara para bajar esta iniciativa anticonstitucional, no se puede lavar las manos”.

La Dirección Nacional Extraordinaria del PRD afirmó que la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda debe llamar la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y darse cuenta que el proyecto económico de la 4T va directo al barranco y le está haciendo daño al país.

Pidieron al Gobierno Federal rectificar la política económica, abandonar los grandes y costosos proyectos y dar certidumbre a la inversión, confianza a los empresarios para invertir en la agenda social. “el austericidio económico de este Gobierno alcanzó al propio Secretario de Hacienda”.

Consideraron que la salida del Secretario de Hacienda, así como de otros funcionarios federales en semanas anteriores demuestra que no hay claridad de proyecto. “Vemos que a la 4T el Gobierno Federal les quedó grande por eso hoy vemos arrepentimientos y renuncias, porque muchos no quieren seguir caminando sin sentido”.

En ese sentido, recordaron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acerca de que gobernar no requería mucha ciencia; con los cambios en Hacienda, dijeron, se demuestra cómo no es sólo con esperanza es que el país va a salir adelante, pues se necesita proyecto, estrategia y planes muy específicos para dar rumbo y certidumbre a la nación.

Sobre la designación de Arturo Herrera en sustitución de Urzúa, el PRD indicó que no representa ningún cambio de fondo, pues es un incondicional de la 4T.

Por ello, advirtieron que los problemas económicos se mantendrán en el país si no se cuenta con un proyecto basado en las necesidades y realidad del país y no en las exigencias personales del presidente.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD cuestionó el hecho de que en México no se haya castigado a nadie por el caso internacional de sobornos de Odebrecht, cuando en otros países se ha procesado a servidores de alto nivel, incluso se destituyó y detuvo a un presidente.

El partido exigió congruencia, y que no solo se proceda en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, sino también al propio Enrique Peña Nieto.

Recordó que desde la administración anterior, su partido presentó las pruebas que demostraban los actos ilegales y presentó la denuncia ante Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra de  Lozoya, por supuestos sobornos de aproximadamente 10 millones de dólares para la adjudicación de contratos, por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Sin embargo, dijo que se debe de investigar al ex presidente Peña Nieto, pues Lozoya recibía órdenes de su entonces jefe, el priísta.

Luego de que esta mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión solicitadas contra Lozoya; su esposa, Marielle “E”; su mamá Gilda “A”; su hermana, Gilda “L” y Nelly “A”, por presuntos sobornos de la constructora brasileña, el PRD indicó que todos deben de ir a la cárcel por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y defraudación fiscal.

El PRD lamentó que se tardaran mucho para emitir las órdenes de aprehensión, pues ya existían todas las pruebas para su captura, y lo único que se permitió fue que Lozoya se amparara y ahora esté prófugo de la justicia.

A nombre de la bancada del PRD, la diputada Mónica Almeida López señaló que los despidos en la administración pública federal generarán altos costos y dificultará su gestión, ya que el gobierno no se está considerando la eficiencia de los empleados en el sector.

En un comunicado, los perredistas indicaron que hasta el momento los despidos se han realizado sin evaluar las capacidades, experiencias y conocimientos de los empleados, por lo que se corre el riesgo de tener personal poco eficiente.

Enfatizzaron que se debe priorizar y garantizar una gestión y un sistema profesional del servicio público de calidad, donde las decisiones sobre ascensos correspondan al grado de responsabilidad, escolaridad, experiencia y capacidad de desempeño.

Almeida López comentó que “la austeridad no debería ser sinónimo de desempleo, sino todo lo contrario, poder hacer más con menos y de mejor manera”.

Al respecto, recordó que este 30 de junio vence el plazo para que se cumpla el recorte de cinco mil servidores públicos de carrera de la administración pública federal bajo el concepto de “retiro voluntario”.

“Estas personas se sumarán a las filas del desempleo al igual que lo han hecho trabajadores de otras instancias gubernamentales”, sostuvo la legisladora.

Finalmente alertó sobre que los despidos se seguirán presentando durante el primer año de la administración.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenar la suspensión de la difusión y realización del evento al que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para este lunes , ya que  violenta la Constitución.

El partido señaló que dicho evento viola los artículos 134 Constitucional y 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al no ajustarse a las reglas de difusión que se limitan una vez al año y al exceder los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.

El PRD insistió en que la realización del informe de AMLO viola el artículo 134 constitucional ya que se está utilizando recursos públicos con parcialidad para realizar una promoción personalizada del titular del ejecutivo federal

El partido del Sol Azteca solicitó al INE “se adopten las medidas cautelares con el fin de evitar un daño irreparable contra el principio de imparcialidad, legalidad y certeza que debe regir en materia electoral, y se ordene al Presidente de la República se abstenga de realizar y difundir eventos públicos en los cuales tenga como objetivo la difusión de su informe o gestión de Gobierno”.

Señaló que si bien es cierto que el evento pareciera no tener elementos como el llamado al voto o cualquier otra vinculada de manera directa a algún proceso electoral, se trata del Presidente de la República, quien ostenta un cargo de servidor público.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, pidió que se aplique la ley “sin distingo” en el caso del presunto soborno en la compra-venta de Fertinal, realizada por Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Consultado sobre la investigación que realiza Estados Unidos al ex presidente por recibir un presunto soborno de esta empresa de fertilizantes, Cortés Mendoza celebró que se esté avanzando en la investigación y pidió que “caigan todos los responsables”.

“Nosotros pedimos una aplicación de la ley sin distingo. Incluyendo a cualquier servidor público”, señaló el panista.

Sobre el mismo tema, Ángel Ávila Romero, integrante de la dirección nacional extraordinaria del PRD, confió en que se realicen las investigaciones correspondientes conforme a derecho.

“Nosotros somos los principales interesados en que los hechos del pasado y de la corrupción empiecen a tener un castigo para que no haya impunidad”, señaló.

Los dirigentes también fueron cuestionados sobre el caso de Carlos Lomelí, delegado de programas integrales de desarrollo en Jalisco, quien pretende vender medicamento a dependencias de gobierno.

Cortés Mendoza indicó que la Cuarta Transformación habla de combatir la corrupción en el discurso, pero no en los hechos.

“Ahí tienen a su ‘superdelegado’ en Jalisco que es servidor público y proveedor de medicamentos del gobierno en esta crisis de desabasto y de desatención en todo el sector salud”, abundó.

Ávila Romero confió en que se aplique la ley y se realicen las respectivas investigaciones. Dijo que en el caso de Carlos Lomelí, es algo muy claro.

“Ha sido señalado, investigado el crecimiento de sus empresas, de su riqueza, del monopolio que hay de los fármacos, pero cuando eres aliado de la ‘4T’, pareciera ser que no aplica el tema de que nadie por encima de la ley”, remató.

Los dirigentes del PRI, PAN, PRD y MC ofrecieron este miércoles una conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, en la que fijaron postura respecto a la reforma electoral que se analiza en el Congreso.

Marko Cortés, dirigente de Acción Nacional, rechazó dar paso a la reforma electoral impulsada desde el gobierno, pues sostuvo que puede dar lugar a una peligrosa contra-reforma que dañe todo lo avanzado.

Planteó cinco temas que se deben contemplarse en una eventual reforma en la materia, con el fin de mejorar la calidad de la democracia.

  • Proporcionalidad, es decir, que el porcentaje de votación que obtenga un partido se refleje fielmente en el número de representantes en la Cámara de Diputados
  • Coaliciones, porque no posible que los partidos que ya desaparecieron, como el PES, tengan casi el 6% de representación, gracias a un convenio de coalición.
  • Programas sociales, evitar que se degeneren en clientelismo electoral y que se utilicen las estructuras de los partidos políticos para repartir o prometer las ayudas sociales.
  • Segunda vuelta electoral para gobernadores y para presidente de la República, con el fin de que el ganador de la elección presidencial o de gobernador tenga una mayor legitimidad y apoyo ciudadano.
  • Tiempos oficiales, flexibilizar los métodos de comunicación de los tiempos oficiales, para permitir que la gente pueda contrastar mejor las ideas.

Sobre la propuesta de revocación de mandato, el panista dijo que “lo decimos con total claridad: no estamos de acuerdo en que el Presidente de la República aparezca en la boleta en la Elección Federal del 2021, con el pretexto de la revocación de mandato”.

Los dirigentes alertaron en que no se debe permitir atentar contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), y coincidieron en que sí se pueden hacer ahorros, pero sin debilitar a la autoridad electoral. Por ejemplo, reconocieron que el INE puede funcionar con 7 Consejeros sin perder su autonomía.

Por su parte, la dirigente del PRI, Claudia Ruiz Massieu, indicó que la reforma electoral que hoy se plantea carece de consensos, por lo que era necesario abordarla desde un punto de vista integral, buscando proteger y garantizar el pluralismo democrático.

“Si se trata de reducir el costo de nuestra democracia, abordemos el tema desde una perspectiva integral, estudiando cómo podemos hacer más eficientes los distintos órganos del sistema político-electoral mexicano”, subrayó la dirigente.

Tras el proceso electoral del pasado fin de semana, la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD afirmó que pese a dichos de analistas y opositores, el partido obtuvo resultados satisfactorios.

Indicaron que tras la jornada electoral, empezarán a trabajar para dibujar todos los escenarios posibles para el 2021, en donde estarán abiertos a participar en alianza con los distintos partidos políticos, sin dar nombres de con cuáles podrían tender puentes.

El integrante de la DNE, Ángel Ávila Romero, señaló que los resultados fueron buenos para el instituto político, “estamos y seguimos estando como una parte importante del sistema político nacional”.

Sin embargo, el perredista denunció que se vivió una elección de Estado en todas las entidades donde se llevaron a cabo elecciones, además de que se cometieron diversos delitos electorales, los cuales fueron documentados por el partido. Al respecto dijo, se analizan posibles impugnaciones.

“No se ha logrado quitar el tema de fraude, Morena insistió tanto tiempo para que no se actuara como el viejo régimen y lo está haciendo igual; vimos elecciones de Estado y aun así la oposición demostró que juntos podemos ser un factor determinante en la próxima elección”, expresó.

El partido dijo que pese al alto abstencionismo que se registró, en Puebla el PRD obtuvo 33 mil votos y en términos de porcentaje logró 3%. “El PRD se mantiene; en la elección del 2018, el PRD había obtenido el 2.8%”. En Baja California, dijo, pese a la intervención y operación política del gobierno federal para apoyar al superdelegado Jaime Bonilla, el PRD se situó como la tercera fuerza política con un crecimiento de casi 8.5% con alrededor de 63 mil votos.

Los dirigentes del partido adelantaron que se realizará un análisis con los representantes del PRD ante los órganos electorales de los estados donde hubo elecciones, con el fin de defender los votos y recurrir a los tribunales para interponer los juicios de inconformidad que correspondan, y hacer valer una elección limpia.

Luego de que la tarde de ayer se confirmara la renuncia de la senadora Leonor Loyola a la bancada del PRD en la Cámara de Senadores, la Dirección Nacional Extraordinaria del partido afirmó que su bancada continuará legislando en beneficio de la ciudadanía.

Los integrantes de la DNE advirtieron que en el partido no tienen cabida las personas que solo buscan intereses personales y facciosos frente al bien común de la sociedad.

“A pesar de la burda estrategia de querer desaparecer al PRD seguimos firmes y caminando. Ninguna renuncia es más fuerte que la institución. Somos millones de perredistas en el país que seguiremos defendiendo las causas sociales y una agenda de izquierda”, advirtió Ángel Ávila Romero.

Con la salida de Loyola, la bancada quedó integrada por cuatro legisladores. Por su parte la ahora ex perredista decidió integrarse a la fracción parlamentaria del Partido Verde.

Aprovecharon para asegurar que el PRD seguirá siendo la mejor alternativa para la ciudadanía, porque así lo han demostrado los resultados de los gobiernos perredistas.

Incluso dijeron que serán el partido que dé la sorpresa en estas elecciones, pues tendrá resultados significativos al contar con candidatos “ciudadanos y honestos, respaldados por la sociedad”.

La dirigencia nacional del PRD acusó que con el refinanciamiento de la deuda de Pemex con tres principales instituciones de la banca internacional y la renovación de dos de sus líneas de crédito revolvente, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recurrió a la misma fórmula neoliberal aplicada por Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

El partido del sol azteca indicó que, con dicha decisión, AMLO endeuda y agudiza la crisis financiera que enfrenta Pemex.

Afirmaron que el presidente López Obrador engañó una vez más a los electores que votaron por él, pues durante su campaña ofreció sanear, mejorar la estabilidad financiera y hacer crecer a la paraestatal.

“Contrariamente a sus promesas, el día de hoy, firma una ampliación de la deuda y una renegociación”, señaló la dirigencia del PRD.

Los perredistas recordaron que apenas en febrero pasado, el gobierno anunció una serie de apoyos económicos y un plan de ahorros para la paraestatal, con lo que dispondría de 107 mil millones de pesos para este año; además de que se comprometió a no contraer una nueva deuda y a aumentar el monto destinado para sus actividades de producción en 36 por ciento.

Resaltaron que incluso el propio Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, había declarado que Pemex no debía adquirir mayor endeudamiento.

“El PRD considera que la intervención de AMLO en las direcciones corporativas de la paraestatal ha generado un debilitamiento en la empresa y que en esta no exista una directriz en sus estrategias comerciales”, remató el partido.

Senadores de oposición informaron este martes que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad para impugnar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

En conferencia de prensa los coordinadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, informaron que el recurso se presentó la noche de ayer, el cual fue suscrito por 44 senadores.

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que con esta acción se pretende evitar que un poder vulnere a otro, “no nos oponemos a bajar los salarios, a que se tengan salarios justos, pero eso es determinación de cada poder”.

Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, refirió que lo importante es que la Corte entre al fondo del asunto, pues el Poder Legislativo se excedió en sus tareas competenciales y no se vulnere el pacto federal y la división de poderes.

“De lo que se trata es que en México exista una verdadera, una auténtica división de poderes y no podemos permitir que desde el Ejecutivo traten, ni de cooptar ni de someter al Poder Judicial de la federación”, añadió Dante.

Por su parte, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, explicó que la Ley Federal de Remuneraciones es un producto normativo que tiene en varios artículos “contravenciones frontales” con la Constitución, entre ellas “la violación a los límites competenciales del legislador federal, precisamente, al establecer la remuneración del Poder Judicial de la federación”.

Los coordinadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron que el bloque opositor se mantendrá para frenar la reforma a la Constitución en materia de revocación de mandato, con el que Morena busca que este ejercicio se realice el mismo día de las elecciones intermedias federales de 2021.