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Un juez de control del Reclusorio Preventivo Sur determinó que Rosario Robles continuará enfrentando su proceso en prisión preventiva justificada.

El abogado defensor de la exfuncionaria federal, Julio Hernández, consideró que se trató de una resolución con el hígado, producto del resentimiento que la familia viene arrastrando de años.

El juez que se encargó de ratifidcar la medida contra Robles fue Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien fue el encargado de imponerle la pena en agosto pasado. Delgadillo Padierna es sobrino de la diputada de Morena, Dolores Padierna, por lo que se ha señalado un claro conflicto de interés.

El juez insistió  en que el peligro de que Robles se fuge de la justicia “es elevado”.

“Ustedes vinieron aquí a mentir, a decir mentiras”, dijo Delgadillo en la audiencia de esta tarde en las instalaciones del reclusorio Sur.

Ante su decisión, la defensa de Robles le recordó al juez su parentesco con la diputada de Morena, y le exigieron que por “congruencia y ética profesional” se excusara del caso.

La próxima audiencia en el caso será el 13 de diciembre próximo, por lo que Robles sumará 4 meses recluida en Santa Martha Acatitla.

La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un posicionamiento respecto a la decisión del magistrado Ricardo Paredes Calderón del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal, quien ordenó reponer el procedimiento en contra de Rosario Robles.

Dicha reposición le permitiría a Robles Berlanga obtener su libertad y seguir el proceso fuera del penal de Santa Martha Acatitla, donde lleva dos meses recluida.

La FGR señaló que el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la falsedad de un imputado, al señalar su domicilio, constituye una presunción de riesgo de fuga y, por lo tanto, procede la prisión preventiva justificada, medida que se le impuso a Robles.

“Cuando ese imputado ha declarado falsamente ante un Juez Federal, que ha habitado los últimos veintidós años de su vida en un domicilio, y con pruebas públicas irrefutables se demuestra que esa afirmación es falsa, el peligro de sustracción y la necesidad de la prisión preventiva es justificada y obligatoria por ministerio de ley. Si, además en este caso, el máximo de la pena de los delitos patrimoniales que más han agraviado a la población más necesitada de esta nación es de veintiún años; todos estos elementos obligan a ratificar la decisión del Juez que determinó la prisión preventiva justificada, la cual está impidiendo el encubrimiento y la impunidad de quienes posiblemente se coludieron en esta maquinación”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía indicó que su posicionamiento llega debido a que el equipo defensor de la exsecretaria federal ha declarado falsamente y de manera constante ante los medios, descalificando dolosamente los documentos legales y ratificando las declaraciones falsas de su clienta.

El futuro de Rosario Robles se decidirá dentro de los próximos tres días, luego que el juez Ricardo Paredes Calderón, titular del Quinto Tribunal Unitario en materia Penal, fijó ese plazo para tomar su decisión sobre revocar o no la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante la audiencia de este martes en el Reclusorio Preventivo de Santa Martha Acatitla, Robles Berlanga reiteró su inocencia y afirmó que “el daño que me han hecho es muy grave”.

“Soy inocente, he actuado con respeto y confiado en el Poder Judicial, y sin embargo he sido sometida a una medida cautelar que debe ser excepcional y en este caso no se justifica. Solo pido justicia su señoría”, sostuvo la exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio pasado.

La medida de prisión preventiva fue impuesta por el juez de control Jesús Delgadillo Padierna el pasado 13 de agosto, bajo el argumento de que había el riesgo de fuga de la exfuncionaria vinculada con la llamada “Estafa Maestra” durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Robles señaló además que no tiene recursos ni tiene interés de huir, por lo que ponía a consideración del juez seguir su proceso en libertad.

“Le dije (al juez Delgadillo Padiera) que siempre he vivido de mi trabajo y que no tengo recursos para estar huyendo, y, sobre todo, que no tengo el menos interés de hacerlo”, expuso Robles.

El magistrado del Quinto Tribunal Unitario en materia penal de la Ciudad de México llevará a cabo hoy una audiencia para resolver si continúa su proceso en libertad la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, acusada de participar en el desvío de recursos públicos.

Sus abogados apelaron la decisión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien el pasado 13 de agosto fijó prisión preventiva oficiosa en contra de la exfuncionaria, por el riesgo de una eventual fuga.

El juez argumentó en su resolución que Robles “tiene los medios y los contactos” para darse a la fuga, razón por la que se le impuso la prisión preventiva.

Durante la diligencia de “aclaración de agravios, el magistrado podría confirmar, modificar o revocar el fallo del juez Delgadillo Padierna”, informó el abogado de la excolaboradora de Enrique Peña Nieto, Julio Hernández.

Recordemos que Robles cumple dos meses de estar en el Reclusorio Preventivo de Santa Martha Acatitla. Luego de la audiencia de hoy, se tiene prevista otra audiencia hasta diciembre, por lo que lo que se resuelva hoy le podría significar otros dos meses de prisión o su libertad.

Nueve líderes independentistas catalanes fueron condenados este lunes a penas que alcanzan los 13 años por el fracasado intento de secesión de 2017.

En la sentencia del Tribunal Supremo, el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, recibió 13 años de prisión por sedición y malversación, la más dura de las penas contra los doce separatistas procesados de febrero a junio por el máximo tribunal en Madrid.

Otros ocho independentistas, en algunos casos encarcelados desde hace casi dos años, recibieron condenas de 9 a 12 años de prisión por sedición, y algunos por malversación. Entre los condenados figura la ex presidente del parlamento catalán, Carme Forcadell, sentenciada a 11 años y medio.

Después del anuncio de la sentencia del Tribunal Supremo, decenas de catales salieron a las calles para manifestar su rechazo a la decisión.

Los jueces descartaron la acusación de rebelión elevada por la fiscalía, que había solicitado 25 años de prisión contra Junqueras, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), principal acusado en este juicio histórico en ausencia de Carles Puigdemont, expresidente catalán huido en Bélgica.

Junqueras aprovechó el fallo para llamar a la movilización, en una carta publicada en la web de su partido: “Volveremos, y volveremos más fuertes (…) no tengáis ninguna duda, volveremos y ganaremos”.

Además de Junqueras y Forcadell fueron condenados el expresidente y presidente de las influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixar, 9 años para cada uno) y cinco antiguos ministros regionales.

Los tres restantes condenados son exmiembros del gobierno catalán de Puigdemont, que estaban en libertad condicional y fueron condenados cada uno a una multa de 60.000 euros por el delito de desobediencia.

Los doce fueron juzgados por haber organizado el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación ilegal, y la proclamación el 27 de ese mes en el Parlamento regional de una “República catalana” que nunca se materializó.

Poco después de conocerse la sentencia, el Supremo emitió una nueva orden internacional de detención contra Puigdemont, por sedición y malversación de fondos.

El aún abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, acusó este jueves que la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México incurrió en contradicciones sobre la expedición de dos licencias de conducir a nombre de su cliente, emitidas con domicilios diferentes.

El defensor dijo que su defendida debe enfrentar su proceso en libertad, pues la dependencia capitalina primero negó que haya confirmado la autenticidad de las licencias, pero luego reconoció haberlas certificado a petición de los abogados y que ambas se encuentran en sus registros.

Indicó que la dependencia dijo carecer de los elementos para afirmar que la interesada acudió a realizar los trámites de manera personal, al tiempo que estableció que el trámite de expedición del documento “es personal e intransferible.

El jurista cuestionó que la Semovi confirme que ambas licencias fueron tramitadas el 28 de marzo de 2018, así como la posibilidad de que la dependencia pueda registrar dos licencias a nombre de la misma persona, por lo que dijo que con dichas irregularidades, el gobierno capitalino se prestara a la “persecución contra su defendida”.

Señaló que el Ministerio Público de la Federación mencionó sin exhibir una licencia de conducir a nombre de Rosario Robles con un domicilio diferente al señalado por la exfuncionaria, y que el juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, tomó como ciertos los dichos de la Fiscalía General de la República, sin verificar la existencia, veracidad y legalidad del documento.

“Con este documento como ‘única’ prueba, el juzgador impuso prisión preventiva a Rosario Robles Berlanga porque concluyó que con esa licencia no podía demostrar su arraigo en la Ciudad de México”, dijo Hernández Barros.

En diversas ocasiones, la defensa de Robles Berlanga, acusada de ejercicio indebido de la función pública, ha señalado que la supuesta licencia falsa tiene una fotografía tomada de Internet, y un domicilio inexistente, pues la calle de Tennnyson está en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, y no en la colonia Axotla, en Álvaro Obregón.

El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, seguirá detenido en Estados Unidos hasta noviembre cuando se retomen las audiencias preliminares para determinar si procede un juicio contra él por trata de personas, pornografía infantil, violación de menores, entre otros delitos.

El magistrado George G. Lomeli estableció que García, de 50 años, Alondra Ocampo, y Susana Oaxaca, acusados de cerca de 30 cargos graves, regresen al Tribunal Superior de Los Ángeles el próximo 7 de noviembre en respuesta a una petición de la defensa, y mientras tanto permanecerán detenidos.

Mientras la Fiscalía ha manifestado que está lista para realizar el juicio en contra del líder y las dos detenidas, la defensa ha logrado ganar tiempo al interponer varias mociones.

Este jueves, con una sala repleta de feligreses y periodistas, la defensa de García, dijo que apelará la decisión de la corte que negó un pedido para desestimar la acusación.

En la audiencia, García parecía estar de acuerdo con quedarse más de un mes sin regresar al tribunal, y completar así cinco meses detenido.

La defensa del líder y de las otras dos acusadas también buscó tener acceso directo a las menores que son testigos clave en el caso. Sin embargo, tras una charla a puerta cerrada con las dos partes, el magistrado Lomeli negó la petición.

El juez reiteró que García y Ocampo se encuentran sin derecho a fianza y que la defensa ya tiene acceso a las evidencias recolectadas por la Fiscalía, entre las que se encuentran cientos de fotos y videos que contienen lo que la acusación considera son imágenes de índole sexual y con menores de edad.

La iglesia reunió a 600,000 personas en agosto pasado en Guadalajara, en las que fueron las primeras celebraciones de su fiesta mayor sin presencia de su líder espiritual. Se calcula que la iglesia de la Luz del Mundo puede tener entre
uno y cinco millones de devotos en todo el mundo.

Julio Hernández, el abogado de Rosario Robles, reveló que tienen indicios de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud de licencia de conducir falsa como prueba en el caso contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social.

En entrevista con Grupo Fórmula, explicó que esta prueba sirvió para que le dictaran prisión preventiva oficiosa en el penal de Santa Martha Acatitla.

El defensor aclaró que Rosario Robles pidió una solicitud de licencia de conducir el 18 de marzo con el domicilio de Coyoacán, pero “la otra licencia no la solicitó ella”.

El defensor dijo que la prueba le llegó en la noche a su oficia por debajo de la puerta en un sobre y refirió: “de comprobarse (esto) tendría que ir a prisión el Ministerio Público, porque toda la evidencia que utilizaron para que (Rosario Robles) estuviera en una prisión justificada, es un encarcelamiento indebido, no tendría un sólo elemento para estar en prisión preventiva”.

Este jueves un juez se negó a frenar el proceso penal que enfrenta la extitular de Sedesol, Rosario Robles, por lo que la exfuncionaria permanecerá en prisión, acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público.

“Se niega la suspensión definitiva solicitada por María del Rosario Robles, por los motivos expuestos es los considerandos Tercero y Quinto”, señala una notificación publicada este jueves.

Mediante los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón notificó también que la autoridad responsable ya entregó su informe justificado.

En su escrito de demanda, Robles impugnó la “resolución judicial consistente en el auto de vinculación a proceso, dictado en la continuación de la audiencia inicial de 13 de agosto de 2019 y su ejecución”, en la causa penal 314/2019, dictada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

La defensa de Robles pidió dicha suspensión definitiva para que se frene el proceso judicial contra su cliente con el argumento del “efecto corruptor”, pues consideró que la decisión del juez estuvo plagada de irregularidades.

Con la negativa del juez, dentro del amparo 723/2019, el proceso contra Robles continuará hasta que dicte su sentencia.

Rosario Robles se presentó el lunes a su segunda declaración ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna confiada en que cumplía con su deber y no era candidata para prisión preventiva ya que el delito que se le imputa no amerita prisión de oficio y no cumplía con ninguno de los justificantes para que se le detuviera de acuerdo con lo que mandata el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Su defensa y ella pensaban que rendirían una segunda declaración y que, si acaso tendría que acudir a firmar una vez por semana al juzgado, utilizar una tobillera o, en el peor de los escenarios, tendría que cubrir la garantía económica de 5 mil millones de pesos para garantizar que no saldría del país para evitar su juicio, como ya lo hizo Emilio Lozoya.

Pero el juez tomó por sorpresa a Rosario Robles y a su defensa. Determinó la prisión preventiva justificada en un delito que no amerita prisión preventiva de oficio argumentando que había peligro de que Robles huyera del país por haber presentado datos falsos en el domicilio que presentó para demostrar, de acuerdo con el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ella tiene arraigo en la Ciudad de México y por ello no había porque presumir riesgo de fuga.

¿Qué datos falsos de domicilio encontró el juez? Que los recibos de comprobante de domicilio presentados ante el juez apuntan a su residencia en Calle de las Flores en Coyoacán y que éstos no coinciden con el domicilio de su licencia de conducir, cuya renovación dejó el domicilio de Tennyson, en Polanco, también en la Ciudad de México, que tenía desde hace más de 20 años.

Por ello el juez determinó prisión preventiva justificada y Rosario Robles pasó ya su primer noche en la cárcel de Santa Martha Acatitla como la primer Secretaria de Estado en hacerlo en la historia de México.

¿Merece prisión Rosario Robles por lo que imputa la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, mejor conocida como la Estafa Maestra? No lo se. Robles ha argumentado que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, los Convenios de SEDESOL y SEDATU que se celebraron con universidades públicas son legales y que si hubo desvíos, los responsables serían las propias universidades que fueron, dado el caso, los que los desviaron después de haberlos recibido y las secretarías a su cargo no podían conocer de esos desvíos.

Pero lo que sí queda claro de la detención que se le hizo a Rosario Robles y la forma como fue llevada a cabo es que, el sistema penal acusatorio sigue permitiendo detenciones arbitrarias que a ningún mexicano nos conviene que sigan vigentes.

La defensa de Rosario Robles no deja lugar a dudas que el actuar del juez fue motivado con fines políticos y no jurídicos. Primero porque las medidas cautelares no fueron solicitadas desde la primer audiencia, el 8 de agosto, cuando jurídicamente era el momento de hacerlo.

Segundo porque, de acuerdo con los presentes en la audiencia del lunes, el juez puso palabras en la boca de Rosario Robles al decir que ella había confesado haber informado al entonces presidente Enrique Peña Nieto que había irregularidades en recursos de SEDESOL y SEDATU.

Tercero, porque el nuevo Sistema Penal Acusatorio está hecho para que prevalezca la presunción de inocencia. Ante cualquier duda razonable de culpabilidad, el juez no puede meter en prisión al acusado. Debe probar hasta eliminar cualquier duda respecto de la inocencia del inculpado. Ese fue el espíritu de la reforma. No le conviene a nadie en México que crea en un auténtico Estado de Derecho que este espíritu sea vulnerado.

Lejos de haber sido un buen día para la justicia, el de ayer augura que ni con el nuevo sistema penal acusatorio podemos salvarnos de juicios hechos a modo. Y esto no va a parar en Rosario Robles.

Columna completa en EL UNIVERSAL

Este miércoles la Fiscalía General de Ecuador solicitó prisión reventiva para el expresidente, Rafael Correa y su ex vicepresidente Jorge Glas, entre otras personas, por los supuestos delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.

La Fiscalía General hizo la solicitud a la jueza Daniela Camacho, quien investiga una supuesta solicitud de fondos y aportes irregulares para el movimiento político Alianza País, del cual Correa fue líder durante sus dos mandatos (2007-2017).

Además requirió otras medidas cautelares como la prohibición de enajenar bienes y salir del país para cinco de los 22 procesados, entre ellos Correa -que vive en Bélgica desde mediados de 2017. Entre los acusados también se encuentran los exministros Walter Solís y Vinicio Alvarado, así como el asesor ministerial Jamil Massuh.

La fiscal general Diana Salazar presentó casi una docena de pruebas, entre ellas un depósito de 6 mil dólares en la cuenta personal del exmandatario proveniente de un presunto fondo partidario al que aportaban las empresas.

En su cuenta de Twitter, Correa adujo que “tenía un recurrente sobregiro y pedí prestado 6 mil dólares del fondo solidario que teníamos en la presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo”.

Este domingo, un juez de control vinculó a proceso a dos de los implicados en el secuestro y homicidio del estudiante de la Universidad del Pedregal Norberto Ronquillo Hernández, ocurrido en junio pasado.

El juez decretó la prisión preventiva oficiosa a los dos imputados misma que deben cumplir en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México hasta que se dicte sentencia del caso.

Se trata de Oscar N y José Emmanuel N, el ‘Puebla’ o el ‘Ovni’, señalados de participar en el secuestro y homicidio de Norberto Ronquillo. Supuestamente lo habrían llevado a una casa de seguridad en Xochimilco.

En una audiencia celebrada este domingo y que se prolongó por más de cuatro horas, el Juez dio un plazo de cuatro meses para la conclusión de la investigación complementaria.

Jorge Cuadra uno de los abogados de la familia de Ronquillo aseguró que en la audiencia los implicados trataron de desvirtuar la declaración inicial que rindieron ante la procuraduría capitalina.

En dicha declaración se ubican en tiempo, lugar y espacio en los diferentes escenarios donde ocurrieron los hechos iniciados el 4 de junio cuando levantaron al estudiante y hasta el 9 de junio cuando su cuerpo fue abandonado en un paraje ubicado en la alcaldía Xochimilco.

“Ellos dijeron que esa primera declaración no debe ser considerada como válida ya que dijeron que no fueron debidamente asesorados, pero el juez desestimó esa pretensión y por eso los vinculó a proceso”, dijo el abogado Cuadra.

Norberto Ronquillo, fue secuestrando el 4 de junio pasado minutos después de que salió de clases y su cuerpo fue localizado cinco días después, el 9 de junio, en un baldío ubicado en la alcaldía de Xochimilco.

Ernestina Godoy, titular de la dependencia capitalina aseguró en días pasados que uno de los detenidos aseguró que el plagio se planeó debido a una deuda que la víctima tenía con una persona, versión que a la fecha no se ha confirmado.

Los otros detenidos son Fernando N, alias el Lagarto, presunto autor material del homicidio de Norberto; así como Daniel N, chofer de la unidad de Uber placas E58AGG, donde se llevaron al estudiante.

Daniel N proporcionó información para la identificación de otros participantes. Entre ellos Óscar N, quien fue detenido la noche del 17 de julio con base en órdenes de cateo realizadas en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Óscar fue ubicado el 4 de junio, día del plagio, en las inmediaciones de la Universidad del Pedregal y días después cerca del lugar donde la familia pagó 500 mil pesos de rescate y luego donde se halló el cuerpo sin vida.

Luego fue detenido José Emmanuel N, a quien se le ubica como participante en el secuestro y traslado de la víctima.

Las mentes son identificadas como Yuri, la ex estudiante de la Universidad del Pedregal, quien habría dado la información sobre Norberto; así como Elvira, dueña de la casa de seguridad donde llevaron a Norberto, la cual se ubica en Xochimilco.

El congreso de Tabasco aprobó en comisiones un dictamen que busca imponer penas de hasta 20 años de prisión a personas que realicen bloqueos, impidan la realización de obras públicas o cierren el paso a zonas petroleras.

Esta reforma propuesta por el gobernador, Adán Augusto López Hernández, será votada en el Pleno el próximo lunes y cuenta con el aval de la bancada mayoritaria de Morena, pero los legisladores del PRI anticiparon su voto en contra con el argumento de que es “incongruente” castigar una práctica que promovió hace más de dos décadas el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, aprobó por mayoría de votos los cambios al Código Penal en donde se aumentan las penas de 10 a 20 años para las personas que cometan “delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación”.

El dictamen señala que el delito contra la libertad de tránsito existirá cuando “cualquier persona que carezca de facultad legal, impida total o parcialmente libre tránsito de personas”.

Por la comisión de este delito, se impondrán prisión de uno a cinco años. La pena se incrementará el doble cuando el responsable se haga acompañar de menores de edad.

Si alguien incurre en el delito de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, se le podrá aplicar una pena que puede ir de seis hasta los 13 años de prisión.

Sobre el delito de interrupción o dificultad del servicio público de comunicación, se sancionará con prisión de seis meses a cuatro años. La persona que dificulte el servicio público local de comunicación, obstaculice las vías, retenga unidades o les impida el paso de algún modo, podría estar encarcelado de uno a 8 años.

Se consideran multas económicas de 168 mil 980 pesos a quienes cometan estos delitos, y si son realizados por un servidor público o ex servidor público, por miembros o exmiembros de alguna cooperación policial, se impondrá una inhabilitación de cinco a 10 años para desempeñar un cargo o comisión pública.

Entre 2012 y 2018, Tabasco registró casi 2 mil protestas, de acuerdo con datos del Gobierno del estado y el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab). Petróleos Mexicanos (Pemex) es uno de los entes que más acciones de este tipo acumula.

Luego de que se le dictara sentencia el miércoles pasado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión, su equipó legal apeló el veredicto el jueves pasado según documentos revelados este lunes.

La sentencia al capo mexicano llegó tras haber sido declarado culpable de ocho cargos de crimen organizado y narcotráfico y dos mas por portación de armas y lavado de dinero.

Marc Fernich, nuevo abogado de “El Chapo”, quien es experto en apelaciones, presentó el recurso un día después de conocerse su sentencia.

Según los documentos judiciales, la decisión que  deberá de tomar un juez de apelaciones, podrá demorar hasta un año.

El Chapo” Guzmán se encuentra ya en la prisión de máxima seguridad Supermax (ADX) en Florence, Colorado, conocida como “El Alcatraz de las Rocosas”, donde cumplirá con su sentencia de cadena perpetua.

Al respecto, esta mañana, el canciller Marcelo Ebrard comentó sobre la petición de la defensa del capo de repatriarlo a nuestro país.

“Regresar al ‘Chapo’. No lo podemos regresar procesal y jurídicamente después de ya concluido el juicio (…) sería muy difícil para México en este momento, ahí sí dependería de que Estados Unidos aceptara algo así. Yo lo veo muy cuesta arriba ahora a esta altura”, dijo el canciller.

El mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, uno de los narcotraficantes más célebres del mundo, fue condenado este miércoles por un juez de Nueva York a pasar el resto de sus días en prisión.

El capo mexicano probablemente será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Colorado, donde también están alojados peligrosos terroristas y rivales narcotraficantes con los que se ha enfrentado en sangrientos choques.

El Chapo, se ha fugado en dos ocasiones de prisiones de máxima seguridad, en una de ellas a través de un túnel de un kilómetro y medio desde su celda.

Las autoridades no han dicho dónde será encarcelado Guzmán después de ser sentenciado por un juez federal en Brooklyn, pero es probable que vaya a la prisión federal estadounidense ADX Florence en Colorado, la cárcel más segura del país y la única con la etiqueta ‘Supermax’.

Nadie se ha escapado de esta prisión desde su apertura en 1994, y Guzmán se unirá a la larga lista de los criminales más riesgosos de Estados Unidos que ya residen allí.

Está muy bien diseñada para su propósito, retener a los delincuentes más peligrosos del sistema penitenciario federal”, Martin Horn, profesor del John Jay College of Criminal Justice y excomisario del Departamento Correccional de la ciudad de Nueva York.

Situada a unos 185 kilómetros al sur de Denver, la prisión ADX Florence es apodada como la “Alcatraz de las (Montañas) Rocosas” en honor a la célebre prisión de San Francisco, entre cuyos reclusos figuraron gánsters como Al Capone y George “Machine Gun” Kelly, o Robert Franklin Stroud, conocido como el Hombre Pájaro de Alcatraz.

Actualmente, ADX Florence aloja a 376 reclusos que pueden verse como el “quién es quién” de los criminales más notorios del país.

Entre ellos se encuentran Ted Kaczynski, alias “Unabomber”, el conspirador de los atentados del 11 de septiembre, Zacarias Moussaoui; Terry Nichols, que perpetró el atentado con bomba de 1995 en Oklahoma, Richard Reid, alias “Shoe Bomber”; Dzhokhar Tsarnaev, que puso una bomba en la maratón de Boston; y Ramzi Yousef, uno de los participantes en el atentado de 1993 contra el World Trade Center de Nueva York.

Estos reclusos permanecen por lo general confinados durante 23 horas al día en celdas solitarias, cada una de ellas con una ventana estrecha de poco más de un metro de alto y en ángulo hacia arriba para que solo se pueda ver el cielo.

Un juez de control del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México negó la suspensión definitiva a la dueña del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, contra la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso.

Con esto, García Villegas seguirá en prisión el proceso por los delitos de homicidio culposo, derivado de la muerte de 26 personas, entre ellas 19 menores, luego que la escuela de la que era propietaria y directora colapsó durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. El otro delito es responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsable propietario que permita la edificación sin apego a licencia.

“Se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, por las consideraciones expuestas en el considerando CUARTO de esta interlocutoria”, señala la resolución del juez federal.

La directora del colegio que colapsó en el sismo de 2017 estuvo prófuga por casi dos años, razón por la cual se le impuso la prisión preventiva, pese a que los delitos por los que se le acusa están tipificados como no graves.

Tras ser destinada en mayo pasado en un restaurante de la Ciudad de México, García Villegas fue vinculada a proceso y trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla.